Jurisprudencia
del Tribunal Supremo de P. R. del año 2002
2002 DTS 129 IN RE: GONZALEZ PORRATA 2002TSPR129
EN EL TRIBUNAL SUPREMO
DE PUERTO RICO
In re: Ricardo J. González Porrata Doria
Juez del Tribunal de Primera
Instancia
Sala de
Guayama
2002
TSPR 129
157 DPR
___
Número
del Caso: AD-2001-1
Fecha:
24/septiembre/2002
Oficina
de Administración de los Tribunales: Lcda.
Ivonne Díaz Pérez
Directora
Lcda. Nilsa L. García Cabrera
Oficina de Asuntos Legales
Abogado
de la Parte Querellada: Lcdo.
Héctor M. Varela Riestra
Materia:
Conducta Profesional, Juez, No entregar documentos de matrimonio celebrado al
Registro Demográfico
ADVERTENCIA
Este documento constituye un
documento oficial del Tribunal Supremo que está sujeto a los cambios y
correcciones del proceso de compilación y publicación oficial de las decisiones
del Tribunal. Su distribución electrónica se hace como un servicio público a la
comunidad.
PER CURIAM
San Juan, Puerto Rico, a 24 de septiembre de
2002
No existe controversia sobre los hechos de este caso. Las partes
sometieron un Informe de Conferencia Conjunto a la Comisión de Disciplina y de
Separación del Servicio por Razón de Salud de Jueces del Tribunal de Primera
Instancia y del Tribunal de Circuito de Apelaciones, en adelante la Comisión,
en el cual estipularon los mismos. A su
vez, mediante otro escrito, renunciaron a la vista evidenciaria.
El
Honorable Ricardo J. González Porrata-Doria fue juramentado como Juez Municipal
del Tribunal de Primera Instancia el 2 de enero de 1996. Posteriormente, el 19
de junio de 2000, recibió nombramiento de Juez Superior del Tribunal de Primera
Instancia.
Al momento de
los hechos que originaron esta querella, el Juez querellado estaba asignado a
la Sala del Tribunal de Primera Instancia, Región Judicial de Guayama.
El Sr. Edward S. Mitchell contrató los servicios del Juez González
Porrata-Doria para celebrar su matrimonio con la Sr. Leslie Renee Wallace. Se
estipularon los honorarios a ser percibidos por el juez en la suma de ciento
cincuenta (150) dólares.
El rito matrimonial se celebró en San Juan, el 9 de julio de 1999.
Celebrado el acto, el juez indicó a los contrayentes que en cinco (5) días
podían recoger en el Registro Demográfico de San Juan, en adelante el Registro,
el Certificado de Matrimonio.
Así las cosas, en algún momento a finales del mes de julio, o principios
del mes de agosto de 1999, el esposo acudió a las oficinas del Registro a
recoger el Certificado de Matrimonio. Allí le indicaron que los documentos de
inscripción para dicho matrimonio no habían sido presentados ni entregados.
Ante tal situación, el Sr. Mitchell se comunicó con el Juez querellado y
le inquirió sobre la presentación de los documentos de inscripción del
matrimonio ante el Registro. El juez respondió que los documentos habían sido
devueltos por un error de su secretaria. El Juez querellado expidió una
certificación dando fe de la celebración del matrimonio Mitchell-Wallace, con
fecha de 1 de agosto de 1999.
En el transcurso de las siguientes tres (3) semanas, el Sr. Mitchell
visitó nuevamente el Registro para obtener el certificado matrimonial. Una vez
más le informaron que los documentos de inscripción no se habían presentado.
Por segunda vez se comunicó con el Juez querellado. Éste le prometió enviar los
documentos nuevamente, lo cual no ocurrió.
En definitiva, en un período de once (11) meses, el Sr. Mitchell se
comunicó en cinco (5) oportunidades con la Oficina del mencionado Juez y le
envió dos (2) facsímiles sin obtener respuestas a dichas comunicaciones, ni una
solución al problema.
El 5 de enero
de 2000, seis meses después de haber celebrado el matrimonio Mitchell-Wallace,
el querellado rindió el Índice de Affidávits o Declaraciones Juradas por Jueces
correspondientes a la semana del 4 al 10 de julio de 1999, haciendo constar el
matrimonio celebrado el 9 de julio de 1999.
El 22 de
junio de 2000, el Sr. Mitchell acudió a la Oficina de la Administracion de los
Tribunales, (en adelante O.A.T.), en donde recibió orientación sobre el asunto.
Allí se comunicaron con el querellado, quien se comprometió a someter los
documentos ante el Registro ese mismo día.
El 6 de julio
de 2000, los mencionados documentos fueron presentados al Registro.
El 10 de
julio de 2000, el Sr. Mitchell presentó la queja, debidamente juramentada, que
dio origen al presente procedimiento disciplinario.
En la
correspondiente querella se le imputa al Juez González Porrata-Doria haber
violado el Canon I de los de Ética Judicial, al dejar de someter los documentos
del matrimonio Mitchell-Wallace a pesar de los múltiples requerimientos
realizados por el Sr. Mitchell para lograr la inscripción de su matrimonio. En
el segundo cargo, se le imputa violación al Canon V, al esperar hasta el 5 de
enero de 2000 para remitir el informe semanal conteniendo la relación de ritos
matrimoniales celebrados en la semana correspondiente del 4 a 10 de julio de
1999, incumpliendo sus deberes administrativos en el ejercicio de las funciones
no judiciales en la celebración de matrimonios. En el tercer cargo, se le
imputa al querellado haber incurrido en conducta contraria al Art. 24 de la Ley
del Registro Demográfico, 24 L.P.R.A. § 1163, al no entregar al encargado del
Registro los documentos para inscribir el matrimonio en el término de diez (10)
días. Finalmente, como cuarto cargo, se le imputa incurrir en conducta impropia
e ilegal al no enviar ni entregar en el plazo de diez (10) días establecido en
la ley, los documentos matrimoniales de Mitchell-Wallace celebrado el 9 de
julio de 1999. Tal conducta contradice los incisos (c) y (e) del Art. 42 de la
Ley del Registro Demográfico de Puerto Rico, 24 L.P.R.A § 1301, y la Regla 16
inciso (c) de las Reglas de Administración del Tribunal de Primera Instancia, 4
L.P.R.A. Ap.II-A.
Al responder
a la querella, el querellado aceptó los hechos descritos anteriormente y trató
de justificar la tardanza en la inscripción del matrimonio aduciendo que los
testigos instrumentales firmaron el acta en el espacio equivocado, y que dicho
error no permitía la entrada del documento al Registro hasta que fuera
corregido. Según él, la situación se complicó porque los testigos no eran
residentes de Puerto Rico, sino de los Estados Unidos. Alega que el querellado
trató de corregir el defecto con otro formulario, en donde el Juez, como medida
preventiva, había tomado las firmas de las partes, pero que éste había sido
archivado en otro expediente y no se podía localizar. Finalmente, arguye que
cuando dicho documento apareció pudo subsanar el defecto e inscribir el
matrimonio. No obstante explicó que para minimizar los daños expidió a favor de
los contrayentes una certificación provisional del acto matrimonial.
Señalada la
vista evidenciaria para el 16 de noviembre de 2001, las partes sometieron a la
Comisión el Informe de Conferencia Conjunto, en el cual se estipula la prueba y
los hechos relatados. Además, las partes solicitaron que se sometiera el caso
de acuerdo al expediente y se obviara la vista evidenciaria. La Comisión aceptó
las solicitudes de las partes.
El 14 de
marzo de 2002, la Hon. Comisión rindió su informe ante este Tribunal.
I
El Canon I de
los de Ética Judicial, 4 L.P.R.A. Ap. IV-A, dispone:
La fe de un pueblo en la justicia, como valor esencial de la
democracia, debe ser mantenida por los tribunales a los más altos niveles de la
responsabilidad pública.
En el ejercicio de su delicada función, aquellas personas
llamadas a impartir justicia, conscientes de la posición que ocupan en la
sociedad y de la trascendencia de su misión, deben velar por que sus
actuaciones respondan a normas de conducta que honren la integridad e
independencia de su ministerio y estimulen el respeto y confianza en la judicatura.
(Énfasis suplido.)
La relación
de hechos nos exigen concluir que efectivamente este canon fue violado. La
conducta desplegada por el Juez querellado merece ser reprochada y reprendida.
En el curso
de la espera por la radicación de los documentos requeridos, el Juez querellado
reiteradamente le afirmó falsamente al Sr. Mitchell que todo estaba
arreglado, a sabiendas de que no era así.
Su actuación fue irresponsable y exhibió una conducta carente de la
verticalidad y honradez que se espera de todo miembro de la judicatura.
Es
significativo, que no fue hasta que el Sr. Mitchell presentó su queja ante la
O.A.T., y desde allí lo interrogaron por dicha falta, cuando el Juez querellado
finalmente completó el trámite de presentación de los documentos al Registro.
Al faltar a
la verdad en su función pública, desde o fuera del escaño judicial, el juez no
sólo deshonra la integridad del sistema de justicia, sino que genera
desconfianza de la sociedad en la función judicial.
Las
actuaciones de nuestros jueces, quienes tienen la misión de juzgar a sus
semejantes, deben estar desprovistas de cualquier atisbo de mentira, de
iniquidad y de injusticia. Ellos deben velar porque su desempeño, tanto en sus
funciones judiciales como ministeriales y hasta en la esfera privada, sean
dignas del lugar que en la sociedad ocupan.
Dentro de nuestra organización política, social y jurídica,
la figura del juez ocupa un lugar de singular importancia. Su nombramiento es
producto del consenso habido entre las Ramas Legislativa y Ejecutiva de
gobierno, las cuales depositan en ellos la confianza de nuestro Pueblo con la esperanza de que la administración de la
justicia se llevará a cabo por personas cuya conducta sea intachable. A
esas ramas de gobierno les corresponde el primer e importantísimo cedazo para
nombrar candidatos idóneos. Nos corresponde a nosotros, la Rama Judicial,
cerciorarnos que esa idoneidad sea la expresión constante en la conducta de los
jueces. (Subrayado nuestro.) In re Martínez González, res. el 26 de
junio de 2000, 2000 TSPR 96.
II
Los últimos
tres cargos los discutiremos en conjunto pues están íntimamente relacionados.
Es sabido que
el matrimonio es una institución civil claramente protegida y establecida en
nuestro orden social y jurídico, por lo cual, ocupa un lugar predominante y
fundamental en la sociedad puertorriqueña.[1] Pérez Vega v. Procurador Especial de
Relaciones de Familia, res. el 27 de abril de 1999, 99 TSPR 64; Sostre
Lacot v. Chelín of P.R., Inc., 126 D.P.R. 781 (1990).
El Art. 68 de
nuestro Código Civil, 31 L.P.R.A. 221,
con relación al matrimonio dispone:
El matrimonio es una institución civil que procede de un
contrato civil en virtud del cual un hombre y una mujer se obligan mutuamente a
ser esposo y esposa, y a cumplir el uno para con el otro los deberes que la ley
les impone. Será válido solamente cuando se celebre y solemnice con arreglo a
las prescripciones de aquélla, y sólo podrá disolverse antes de la muerte de
cualquiera de los cónyuges, en los casos expresamente previstos en este título.
Como
institución genera entre los contrayentes un estado civil que es fuente de
importantes deberes y obligaciones, tanto jurídicos como sociales.[2] Pérez
Vega v. Procurador Especial de Relaciones de Familia, res. el 27 de abril
de 1999, 99 TSPR 64.
Los
contrayentes ingresan a la institución matrimonial de forma solemne y
ponderadamente conscientes de su importancia, y esperanzados de lograr sus más
altos propósitos.
El Certificado
de Matrimonio otorgado por el Registro es la prueba por excelencia de las
circunstancias que constan en dicho certificado, ya que por disposición
estatutaria constituye evidencia prima facie del matrimonio. Pueblo
v. Jordán Tarraza, 118 D.P.R. 592 (1987); Pueblo v. Ramírez, 65
D.P.R. 680 (1946).
A petición de parte interesada,...
el Secretario de Salud o la persona autorizada por él, suministrará copia
certificada de cualquier certificado de nacimiento, casamiento o defunción que
se haya inscrito o registrado en el Registro General...La copia del récord de
cualquier nacimiento, casamiento o defunción, después que sea certificada por
el Secretario de Salud o por la persona autorizada por él, constituirá
evidencia prima facie ante todas las cortes de justicia de los hechos que consten en la misma. 24
L.P.R.A. § 1237.
Nos hacemos eco de lo que ya pronunciamos una vez en Pueblo v. Jordán
Tarraza, supra, pág. 596:
Según hemos visto, aquí la Ley Núm.
24 del Registro Demográfico autoriza la admisibilidad del certificado por
mandato expreso del Legislador. Ello se justifica en atención a los diversos
trámites que estatutaria y reglamentariamente tienen que cumplir los
interesados y el celebrante –antes, durante y después- de la
celebración de un matrimonio, a saber:
análisis de sangre y examen médico de la pareja para obtener la “Licencia
Matrimonial” previa; suministrar información personal y de sus progenitores
solicitada en el formulario impreso del “Certificado”; comparecencia ante la
persona autorizada para celebrarlo (juez, sacerdote, ministro o rabino;
realización de la ceremonia con la presencia de dos (2) testigos ante quienes
los contrayentes declaran su propósito de unirse; suscripción y firma
documental por los contrayentes, testigos y el celebrante, y remisión e
inscripción del certificado en el Registro Demográfico, por cuya omisión el
celebrante puede cometer delito menos
grave. Obviamente, estos requisitos rodean el acto de suficiente garantía
circunstancial de veracidad y confieren racionalmente al certificado, como
documento, presuntiva legitimidad. (Énfasis suplido.)
La autenticidad de un Certificado de Matrimonio expedido por el Registro
está fuera de toda discusión y constituye una excepción a la prueba de
referencia. Regla 79 y 65 de las de Evidencia de 1979, 32 L.P.R.A. Ap. IV.
La escueta certificación que el Juez querellado otorgó al Sr. Mitchell
el 1 de agosto de 1999, dando fe solamente de haber oficiado ese matrimonio, ni
siquiera satisface los requisitos de la Regla 65(L)de las de Evidencia[3], supra, ya que ni siquiera contiene los datos presentes en el
Certificado de Matrimonio que expide el Registro. De poco consuelo sirve a los
contrayentes que a lo largo de casi un año insistían que el Juez querellado
cumpliera con su obligación de inscribir el acta correspondiente para que el
matrimonio celebrado cumpliera con todos los requisitos de ley.
En cierto sentido, sin el
certificado oficial, la sola prueba testifical por quien presenció u
ofició el acto de celebración es más débil y dudosa.
Difícilmente, salvo un testigo de memoria prodigiosa –capaz de retener y
reproducir sin error en el tribunal toda la información requerida en el
certificado- podría demostrarse cabal e íntegramente que fueron satisfechos
todos los requisitos de ley para la validez del enlace. Sin dicho
certificado, básicamente tendríamos información fragmentada y solamente una
conclusión al efecto. (Énfasis suplido.) Pueblo v. Jordán Tarraza, supra,
598 (1987).
El Juez
querellado tardó casi un año en completar el trámite de una obligación
ministerial que debió haber concluido en los primeros diez (10) días de haber
oficiado en el matrimonio de la pareja Mitchell-Wallace. La justificación que
aduce para explicar la considerable dilación generada por su personal
negligencia al no revisar adecuadamente el documento que tenía que radicar con
la firma de los contrayentes, los testigos instrumentales y la suya propia no
nos convence. No nos ha detallado las gestiones que realizó para subsanar su
omisión o corregir el defecto para proceder a la presentación de los documentos
al Registro. Nos resulta inverosímil que al cabo de un año haya aparecido el
nuevo certificado que supuestamente se había extraviado, y en el cual, como
medida preventiva, se habían tomado las firmas de los contrayentes y testigos.
La actuación
de este funcionario público denota grave irresponsabilidad y menosprecio a sus
obligaciones y a la función social que ejecuta en la celebración de
matrimonios. Su comportamiento es contrario al Art. 24 de la Ley del Registro
Demográfico de Puerto Rico, 24 L.P.R.A. § 1163, que dispone:
Toda persona autorizada por la ley, ante la que se hubiere
celebrado el matrimonio, estará
obligada a entregar dentro de los diez días siguiente a la celebración del mismo, al encargado del registro del distrito en
que tuvo lugar dicha ceremonia, la licencia matrimonial y la declaración jurada
que hubiesen presentado los contrayentes de acuerdo con las disposiciones de la
ley, junto con la certificación de la celebración del matrimonio, que expresará
la fecha y lugar en que se hubiera celebrado el mismo y contendrá las firmas
del celebrante y contrayentes y de los testigos presenciales del acto.
Tal conducta
es a su vez constitutiva de delito según lo dispone el Art. 42, incisos (c) y
(e) de la Ley de Registro Demográfico, 24 L.P.R.A. § 1301:
Toda persona que por [de][sic] sí o actuando como oficial,
agente o empleado de otra, o de una corporación o sociedad:
...
(c) estando obligada por las disposiciones de esta Parte a llevar
y presentar en el tiempo determinado un certificado de nacimiento, casamiento o
defunción para ser registrado en la oficina del registrador local deje de
hacerlo que al ser requerido para que lo remita a la persona encargada de
registrarlo, deje o rehúse cumplir sus deberes de acuerdo con lo que en la
presente se dispone, o
...
(e) que siendo persona autorizada por la ley para celebrar
matrimonios, celebre alguno sin el requisito de la licencia matrimonial, o que
deje de enviar o rehúse enviar al registrador local dicha licencia matrimonial
y el certificado de matrimonio de acuerdo con las disposiciones de esta Parte,
será culpable de delito menos grave y convicta que fuere, se le impondrá una
multa que no excederá de quinientos (500) dólares o reclusión por un término
que no exceda de seis (6) meses, o ambas penas a discreción del tribunal;
Dicha
actuación se agrava por su omisión en cumplir con su obligación de informar o
rendir el Índice de Affidávit o Declaraciones Autorizadas correspondiente a la
semana en que se celebró el referido
matrimonio, y no es hasta seis (6) meses más tarde que se rinde ese índice sin
mencionarse explicación alguna que justifique tan prolongada tardanza.
El Canon V de
los Cánones de Ética Judicial de Puerto Rico obliga a todo juez a cumplir cuidadosa
y diligentemente las obligaciones administrativas que le
imponen las leyes y los reglamentos aplicables a la Rama Judicial y las
instrucciones de la Oficina de la Administración de los Tribunales. 4 L.P.R.A.
Ap. IV-A.
La Regla 16,
Inciso (c) de las Reglas de Administración del Tribunal de Primera Instancia, supra,
establece que los jueces del Tribunal de Primera Instancia deberán remitir los
lunes de cada semana al Director Administrativo de los Tribunales el Informe sobre
el Índice de Affidávits o Declaraciones Autorizadas, expresando la labor
realizada en estos asuntos.
Por otra
parte, la Orden para Disponer las Normas que regirán los aspectos de las Funciones no Judiciales de los Jueces
que corresponde al inciso 2 D de la Orden Administrativa de 30 de julio de 1975
establece que semanalmente el juez deberá rendir un informe a la O.A.T.,
conteniendo una relación de los ritos matrimoniales celebrados en la semana,
incluyendo el número o números de
affidávits, el nombre de los contrayentes, fecha, hora y lugar de celebración,
honorarios percibidos, si algunos, y cualquier otra información que requiera el
Director Administrativo de los Tribunales en el formulario que prepara para
dicho Informe Semanal.
La conducta que
hoy nos toca juzgar en el comportamiento del Juez González Porrata-Doria, en
una ampliamente reñida con la ley, con los Cánones de Ética Judicial, y los
valores que los ciudadanos esperan que los jueces observen. Tal ausencia de
responsabilidad y de premura para cumplir con un mínimo de obligaciones que la
ley le exige, desvirtúa la imagen judicial.
En vista de
que la conducta del querellado fue impropia e ilegal, y denota grave
menosprecio hacia la función que desempeña, se hace necesario imponerle una
sanción disciplinaria al Juez Ricardo J. González Porrata-Doria.
Se dictará sentencia suspendiéndole de empleo y sueldo por el término de tres (3) meses.
SENTENCIA
San
Juan, Puerto Rico, a 24 de septiembre de 2002
Por los fundamentos expuestos en la
Opinión Per Curiam que antecede, la cual se hace formar parte íntegra de la
presente, se dicta sentencia decretando una sanción disciplinaria de tres meses
de suspensión de empleo y sueldo al Juez Ricardo J. González Porrata-Doria. Dicha suspensión será efectiva a partir de
la fecha de notificación de esta Sentencia.
Notifíquese a la Directora de la
Oficina de Administración de los Tribunales.
Lo pronunció y manda el Tribunal y
certifica la Secretaria del Tribunal Supremo.
La Jueza Asociada señora Naveira de Rodón y el Juez Asociado señor
Corrada del Río limitarían la sanción impuesta a un mes de suspensión. El Juez
Asociado señor Rivera Pérez disiente de la sanción disciplinaria impuesta, por
entender que no guarda proporción con la falta cometida por el Juez querellado;
limitaría la sanción disciplinaria a una censura, según fue recomendado por la
Comisión de Disciplina.
Patricia Otón Olivieri
Secretaria del Tribunal
Supremo
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