98 DTS 087 RIVERA V. SUPERINTENDENTE DE LA POLICIA 98TSPR87

Número del Caso: AA-96-4

Revisamos, vía apelación1, una resolución de la Comisión de Investigación, Procesamiento y Apelación, en adelante "C.I.P.A.", dictada el 5 de octubre de 1995. Mediante la misma, dicha agencia administrativa confirmó la determinación del Superintendente de la Policía de Puerto Rico de expulsar permanentemente de dicho Cuerpo al apelante Israel Rivera Rivera. Confirmamos.

El 3 de octubre de 1994, personal del Instituto de Ciencias Forenses tomó muestras de orina a un grupo de miembros de la Policía de Puerto Rico, entre los que se encontraba el apelante Rivera Rivera, con el fin de detectar la presencia de sustancias controladas.2 El muestreo se llevó a cabo en el tercer piso del Cuartel General de la Policía de Puerto Rico monitoreado por el señor Denis Nuñez Salas, quien recibió trescientas diecinueve (319) muestras de orina correspondientes al mismo número de miembros de la fuerza policiaca del País.

Según surge de las determinaciones de hechos contenidas en el Informe del Oficial Examinador de la Policía de Puerto Rico, que presidió la vista administrativa celebrada con anterioridad a la expulsión decretada, el 17 de marzo de 19953, el apelante entregó su muestra a las 4:00 p.m. La misma fue entregada al monitor del control por el propio apelante, tras haber éste escrito sus iniciales en el frasco. La referida muestra fue sellada, identificada con el número de control E/P-87119 y cotejada con la hoja de control por el monitor encargado.4

Como consecuencia del resultado positivo de la prueba de sustancias controladas realizada al apelante, el Superintendente de la Policía le notificó, mediante carta fechada el 26 de octubre de 1994, su decisión de suspenderlo sumariamente de su empleo desde la fecha de recibo de la comunicación. Ello a base de que los hechos reseñados en la carta5 constituían una violación a las disposiciones del Reglamento de Personal de la Policía de Puerto Rico, a saber: Reglamento Núm. 4216, de 3 de julio de 1981, según enmendado6: Artículo 14, Sección 14.5, Faltas Graves Números 15 y 27 y Artículo 5, Sección 5.2, referente a los Deberes y Responsabilidades, en sus incisos 3, 5 y 9.7

Inconforme con esta resolución del Superintendente de la Policía, el apelante radicó petición de revisión ante la C.I.P.A. el 11 de mayo de 1995. Alegó, en síntesis, violación a su derecho a no ser privado de su propiedad sin un debido proceso de ley y al Artículo 3 (b) de la Orden Ejecutiva emitida por el Gobernador de Puerto Rico el 9 de octubre de 1986, contenida en el Boletín Administrativo Núm. 4784, sobre la administración de pruebas para detectar el uso de sustancias controladas en funcionarios y empleados públicos8.

La Ley de la Policía de Puerto Rico aplicable a los hechos, Ley Núm. 26 de 22 de agosto de 1974, según enmendada9, establecía como objetivo y obligación básica de este Cuerpo, "... proteger a las personas y a la propiedad, mantener y conservar el orden público, observar y procurar la más absoluta protección de los derechos civiles del ciudadano, prevenir, descubrir y perseguir el delito y, dentro de la esfera de sus atribuciones, compeler obediencia a las leyes y ordenanzas municipales, y reglamentos que conforme a ésta se promulguen..." (Énfasis suplido).10

Por otro lado, la Ley de Personal del Servicio Público de Puerto Rico, Ley Núm. 5 de 14 de octubre de 1975, según enmendada11, establece, como política pública del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, que el principio de mérito debe regir el sistema de servicio público, de forma que todos los empleados se hallen capacitados física y mentalmente para desempeñar sus funciones.12

En ese contexto, y tomando como fundamento las dos disposiciones anteriores, el ex-Gobernador de Puerto Rico, Rafael Hernández Colón, aprobó, el 9 de octubre de 1986, una Orden Ejecutiva dirigida a decretar y reglamentar la administración de pruebas tendentes a detectar el uso de sustancias controladas por determinados funcionarios públicos encargados de velar por el orden y la seguridad pública del Estado. Dicha Orden fue publicada en el Boletín Administrativo Núm. 4784. La exposición de motivos de la referida Orden tomó en consideración la gravedad del problema del uso y tráfico ilegal de sustancias controladas en Puerto Rico y estableció la necesidad de combatir el mismo. En específico se entendió que el uso de drogas por los miembros de las fuerzas de seguridad, no sólo sería contrario al principio de mérito que rige todo el servicio público, sino que podría representar un grave riesgo para la seguridad de la ciudadanía, menoscabaría la diligencia y el cuidado que requieren estos puestos y convertiría a tales personas en sujetos vulnerables a influencias indebidas y a otras actuaciones impropias e ilegales.13

Como se puede apreciar, esta enmienda eliminó la prohibición absoluta que impedía que el jefe de la agencia tomara medidas disciplinarias contra un empleado que arrojara, por primera vez, resultados positivos en las pruebas de control de uso de sustancias controladas. La enmienda introduce la potestad del jefe de la agencia para tomar las medidas disciplinarias que correspondan contra el funcionario que dio resultados positivos en tales pruebas, aun cuando fuera por primera vez; pero ello, únicamente, cuando la condición detectada resultare incompatible con el desempeño efectivo de las funciones y deberes del puesto que ocupa.15

Al amparo de toda la normativa analizada y en virtud de la facultad que el Reglamento de Personal de la Policía le concede16, el Superintendente de la Policía de Puerto Rico aprobó, el 1 de abril de 1990, la Orden General Núm. 90-1, la cual está dirigida a regular específicamente el procedimiento para detectar la presencia de sustancias controladas en los empleados de la Policía. Tanto su exposición de motivos como la descripción de la política pública que se pretende implementar abundan en las consideraciones tomadas para la aprobación de las órdenes ejecutivas del Gobernador contenidas en los Boletines Núms. 4784 y 5111-A.

De la lectura de todos los fundamentos señalados en la exposición de motivos de la Orden General 90-1, se desprende con claridad que el Superintendente de la Policía consideró que el uso de sustancias controladas por miembros de la Policía, aun cuando fuera detectado por primera vez, resulta incompatible con el desempeño efectivo de las funciones y deberes de dicho Cuerpo. Como reconocimos anteriormente, el Boletín Núm. 5111-A faculta a los Jefes de las agencias para imponer medidas disciplinarias a los funcionarios que usen sustancias controladas por primera vez, cuando ello resulte incompatible con la naturaleza del cargo. A base de esa disposición, el Superintendente de la Policía estableció en el apartado I de la Orden General Núm. 90-1 que las faltas, medidas disciplinarias y procedimientos contenidos en la Ley y el Reglamento de Personal de la Policía serían aplicables a los miembros del Cuerpo que arrojaran un resultado positivo en la prueba de sustancias controladas.18

El Artículo 4 de la Ley de la Policía, aplicable al presente caso, creó la figura del Superintendente de la Policía de Puerto Rico. Dicho Artículo establecía que "la administración y dirección inmediata de la organización [de la Policía de Puerto Rico] estaría a cargo del Superintendente". Así mismo, disponía que "el Superintendente determina[ría] por Reglamento la organización funcional de la Policía"19. En ese sentido, el Artículo 7 de la misma ley disponía:

Tomando como base legal el Artículo anterior y las Secciones 5.7 y 5.13 de la Ley de Personal del Servicio Público de Puerto Rico21, el Superintendente aprobó el Reglamento de Personal de la Policía de Puerto Rico22. Ejerciendo su facultad para regular las obligaciones, responsabilidades y conducta de los miembros de la Policía, el Superintendente incorporó en el Reglamento de Personal diferentes secciones relativas al procedimiento disciplinario. Así, la Sección 14.3 dispone, en su apartado 2(a), lo siguiente:

El propio Reglamento de Personal, en su Sección 22.1 concede al Superintendente la facultad para aprobar las Ordenes Administrativas, Ordenes Generales o Especiales necesarias para conseguir el mejor y más eficiente funcionamiento de la Policía de Puerto Rico; siempre acordes a la Ley de la Policía, la ley de Personal del Servicio Público y sus respectivos reglamentos. De acuerdo con esta disposición, el Superintendente aprobó la Orden General 90-1, donde estableció que la sanción aplicable a aquellos miembros de la Policía que arrojen un resultado positivo en las pruebas de sustancias controladas es la expulsión. Como ya hemos discutido, esta disposición no es contraria a la Ley ni al Reglamento de la Policía de Puerto Rico; tampoco lo es a la Ley de Personal del Servicio Público23.

Por otro lado, la acción confirmatoria de la C.I.P.A. respecto a la determinación del Superintendente también recae dentro de su ámbito jurisdiccional. Así, el Artículo 2 de la Ley de la C.I.P.A.24 dispone que dicha agencia constituye un cuerpo apelativo con jurisdicción exclusiva para oír y resolver apelaciones interpuestas por los funcionarios públicos cuando el jefe de la agencia de que se trate les haya impuesto cualquier medida disciplinaria. Del mismo modo, establece que la C.I.P.A. podrá confirmar, revocar o modificar la determinación apelada.25

Como hemos descrito en la relación de hechos, las pruebas de sustancias controladas realizadas al apelante ofrecieron un resultado positivo a cocaína y metabolito de cocaína. No tenemos duda de que tal resultado constituye una violación de las disposiciones sobre faltas graves imputadas por el Superintendente al aquí apelante, y confirmadas por la C.I.P.A..26 Además, de los mismos hechos se desprende que se concedió al apelante el debido proceso de ley que las normas legales y jurisprudenciales exigen. Por un lado, el procedimiento para obtener los resultados de las pruebas realizadas fue el que establecen los Artículos 5, 6 y 8 de la Orden General 90-1, la cual se aprobó con el propósito de establecer el procedimiento a seguir para detectar la presencia de sustancias controladas en los empleados de la Policía27. Por otro lado, el procedimiento administrativo disciplinario que provocó el despido fue el establecido en la normativa aplicable28. El Superintendente suspendió sumariamente de su empleo al apelante de acuerdo con la norma de Díaz Martínez v. Policía de Puerto Rico, ante; es decir, procedía la suspensión sumaria puesto que el uso de sustancias controladas por un miembro de la Policía pone en peligro la seguridad de sus compañeros así como de la ciudadanía en general. Posteriormente se celebró la vista administrativa solicitada por el apelante y el oficial examinador que presidió la misma recomendó la expulsión definitiva del cuerpo por considerar probados los cargos señalados en la resolución de suspensión sumaria. Por último, tal como hemos discutido ampliamente, la sanción impuesta al apelante por el Superintendente, la expulsión permanente del puesto que ocupaba en la Policía, es acorde con la normativa aplicable.29

De todo lo anterior se desprende que la acción del Superintendente, al expulsar al apelante de su puesto en la Policía, y de la C.I.P.A., al confirmar esa determinación, no constituyeron una actuación arbitraria, ilegal o irrazonable que supusieran un abuso de discreción. Por ello, ambas decisiones merecen nuestra total deferencia.30

1. Acogemos esta apelación al amparo de la Ley de la Judicatura de 1994, Plan de Reorganización Núm. 1(a) de la Rama Judicial, de 28 de julio de 1994, antes de ser enmendada por la Ley Núm. 248 de 25 de diciembre de 1995, 4 L.P.R.A. sec. 22 et seq. El Artículo 3.002 inciso (e) de dicha ley, disponía que el Tribunal Supremo revisaría, mediante recurso de apelación, las decisiones, resoluciones y providencias dictadas por organismos, funcionarios y agencias administrativas y por subdivisiones políticas del Estado Libre Asociado de Puerto Rico.

2. Dicha acción se realizó al amparo de la Orden Ejecutiva del Gobernador del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, promulgada el 9 de octubre de 1986 y contenida en el Boletín Administrativo Núm. 4784, la cual autoriza, en su Artículo 4, al Instituto de Ciencias Forenses a establecer un procedimiento de pruebas para detectar la presencia de sustancias controladas en los empleados y funcionarios especificados en su Artículo 2, entre los que se encuentran los miembros de la Policía de Puerto Rico.

3. Tales determinaciones de hechos fueron acogidas en su esencia por la C.I.P.A. en su resolución de 5 de octubre de 1995, la cual se halla hoy bajo nuestra consideración.

4. De los datos que preceden, así como de las declaraciones vertidas en la vista administrativa celebrada el 17 de marzo de 1995, el Oficial Examinador concluyó en su informe que "existía la certeza absoluta que la muestra que se analizó fue la que entregó el [guardia] Rivera Rivera".

5. Tales hechos reseñados en la carta de 26 de octubre de 1994 coinciden, en su esencia, con los expuestos en nuestra Sentencia.

6. 25 R.P.R. secs. 1401 et seq.

7. Los artículos citados del Reglamento de Personal de la Policía de Puerto Rico, leen como sigue:

Artículo 14, Sección 14.5.- "Se consideraran faltas graves las siguientes:

. . . .

8. Cabe resaltar que, a la fecha de los hechos, el Artículo alegado había sido enmendado, en lo pertinente a la reclamación por la Orden Ejecutiva del Gobernador contenida en el Boletín Administrativo Núm. 5111-A de fecha 26 de mayo de 1988. Sin embargo, el apelante fundamenta su posición en el referido artículo tal como constaba con anterioridad a la enmienda.

9. 25 L.P.R.A. secs. 1001 et seq. La citada Ley es la aplicable al caso de autos puesto que era la vigente al momento de los hechos. Sin embargo, cabe resaltar que la misma fue derogada y sustituida por la Ley Núm. 53 de 10 de junio de 1996, 25 L.P.R.A. secs. 3101 et seq., vigente en la actualidad.

10. Artículo 3 de la Ley Núm. 26 de 22 de agosto de 1974, según enmendada, 25 L.P.R.A. sec. 1003.

11. 3 L.P.R.A. secs. 1311 et seq.

12. Artículo 1 de la Ley Núm. 5 de 14 de octubre de 1975, según enmendada, 3 L.P.R.A. sec. 1311.

13.En específico, la exposición de motivos de dicha Orden establecía, entre otros, los siguientes fundamentos acreditativos de la necesidad de la regulación instituida:

14. Hemos destacado mediante subrayado las importantes matizaciones introducidas en la disposición al amparo de la consideración de que era necesario autorizar a los jefes de las agencias gubernamentales a tomar las medidas disciplinarias apropiadas contra los funcionarios que ofrezcan resultados positivos en sus pruebas de sustancias controladas cuando tal uso sea incompatible con la naturaleza del cargo.

15. El 14 de agosto de 1997 se aprobó la Ley Núm. 78 que requiere pruebas para la detección de sustancias controladas como requisito previo a la obtención de un empleo en las agencias del Gobierno de Puerto Rico. Esta ley es acorde a la norma que incorporó la Orden Ejecutiva de 26 de mayo de 1988 publicada en el Boletín Núm. 5111-A, ya que en su Artículo 14 establece:

16. Específicamente, la Sección 22.1 del Reglamento de Personal de la Policía de Puerto Rico, Reglamento Núm. 4216, 25 R.P.R. sec. 1488 establece:

17. La propia exposición de motivos establece además que:

". . . .

18. El apartado I de la Orden General 90-1 aprobada por el Superintendente de la Policía establece lo siguiente:

19. Ley Núm. 26 de 22 de agosto de 1974, 25 L.P.R.A. sec. 1004.

20. Ley Núm. 26 de 22 de agosto de 1974, 25 L.P.R.A. sec. 1007.

21. Ley Núm. 5 de 14 de octubre de 1975, según enmendada, 3 L.P.R.A. secs. 1347 y 1353.

22. Reglamento Núm. 4216 de 3 de julio de 1981, 25 R.P.R. secs. 1401 et seq. La exposición de motivos del citado reglamento dispone que el propósito del mismo es "propiciar el desempeño eficiente de las funciones asignadas a la Policía de Puerto Rico garantizando una administración de personal basada en el principio de mérito".

23. El Artículo 8 de la Ley de Personal de Servicio Público, Ley Núm. 5 de 14 de octubre de 1975, 3 L.P.R.A. sec. 1336, dispone en su apartado 3:

24. Ley Núm. 32 de 22 de mayo de 1972, según enmendada, 1 L.P.R.A. sec. 172.

25. A este respecto, en Arocho Hernández v. Policía de Puerto Rico, Opinión y Sentencia de 4 de febrero de 1998, resolvimos que "la facultad de la C.I.P.A. para aumentar la sanción impuesta al apelante es incuestionable".

26. Las faltas graves imputadas leen como sigue:

1. Observar una conducta lesiva, inmoral o desordenada en

27. Orden General del Superintendente de la Policía Núm. 90-1, de 1 de abril de 1990.

28. Véase el Artículo 14 de la Ley de la Policía, Ley Núm. 26 de 22 de agosto de 1974, según enmendada, 25 L.P.R.A. sec. 1014, y el apartado 2 (b) de la Sección 14.3 del Reglamento de personal de la Policía, Reglamento Núm. 4216 de 3 de julio de 1981, 25 R.P.R. sec. 1447.

29. Véanse: el Artículo 14 (d) de la Ley Núm. 26 de 22 de agosto de 1974, según enmendada, 25 L.P.R.A. sec. 1014; la Sección 14.3, apartado 2 (a) del Reglamento de Personal de la Policía de Puerto Rico, Reglamento Núm. 4216, 25 R.P.R. sec. 1447; y el apartado I (1) de la Orden General del Superintendente Núm. 90-1, de 1 de abril de 1990.

30. Por último, sólo nos resta discutir brevemente el único caso citado por el apelante en su alegato, traído a colación de la siguiente forma:

De dicha afirmación hecha por este Tribunal en el caso de Hernandez Cruz v. Sria. De Instrucción, ante., no surge ningún fundamento que nos haga retractarnos de todo el análisis realizado en esta sentencia. Bien al contrario, de la misma se desprende que podría destituirse de un cargo público a su titular si se justifica la necesidad de proteger al servicio público. De todas las exposiciones de motivos contenidas en los fundamentos de esta sentencia, podemos derivar que en el caso de autos está suficientemente justificada la expulsión del apelante en la necesidad de proteger el servicio público.

Presione Aquí para regresar al Menú Anterior y seleccionar otro caso.

| Contenido | Información | Agencias | Servicios Futuros | Publicidad | Directorios | Compras | | Noticias | Entretenimiento |