Jurisprudencia
del Tribunal Supremo de P. R. del año 2004
2004 DTS 024 IN RE APONTE BERDECIA 2004TSPR024
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
In re: Efraín Aponte Berdecía
Querella
2004 TSPR 24
160 DPR ____
Número del Caso: CP-1998-5
Fecha: 22 de enero de 2004
Oficina del Procurador General: Lcda. Yvonne Casanova Pelosi
Procuradora
General Auxiliar
Abogado del Querellado: Lcdo.
Elí B. Arroyo
Materia: Conducta
Profesional, Suspensión por Violación a la Ley de Notaría, Mintió en Instrumento
Público.
(La suspensión
del abogado advino final y firme el día 17 de febrero de 2004.)
ADVERTENCIA
Este documento constituye un documento oficial del Tribunal
Supremo que está sujeto a los cambios y correcciones del proceso de compilación
y publicación oficial de las decisiones del Tribunal. Su distribución
electrónica se hace como un servicio público a la comunidad.
PER CURIAM
San Juan, Puerto Rico, a 22 de enero 2004.
El 18 de
noviembre de 1965, el Lcdo. Efraín Aponte Berdecía
(en adelante, “Lcdo. Aponte Berdecía”) fue admitido
al ejercicio de la profesión de abogado y, el 3 de diciembre de 1965, le fue
expedida la autorización para ejercer como notario.[1]
El
5 de febrero de 1997, el Tribunal de Circuito de Apelaciones (en adelante,
“TCA”) nos remitió su sentencia, en el caso Autoridad de los Puertos v. Sucn. Luis Fojo Beltrán y otros
v. Municipio de Arecibo, KLCE90-01006, con el fin de que tomáramos la
acción correspondiente sobre una aparente violación a la Ley Notarial de Puerto
Rico, 4 L.P.R.A.§§ 2001 et
seq., por parte del Lcdo. Aponte Berdecía. Asimismo,
nos remitió una copia de la Escritura Pública Número veinticuatro (24), sobre
“Ratificación de Cesión de Derechos y Acciones” otorgada por el Lcdo. Aponte Berdecía el 21 de agosto de 1989.[2]
Mediante resolución de 7 de
marzo de 1997, referimos el asunto a la atención del Procurador General de
Puerto Rico y de la Oficina de Inspección de Notarías para investigación e
informe.
Luego
de varios incidentes procesales, el 7 de noviembre de 1997, la Oficina de
Inspección de Notarías nos presentó su Informe en el cual concluyó que
el Lcdo. Aponte Berdecía violó la fe pública
notarial, así como los Cánones 18, 35 y 38 del Código de Ética Profesional, 4 L.P.R.A. Ap. XX, C.18, 35 y
38. Nos recomendó que el caso se
refiriera al Procurador General para la presentación de una querella.
Por su parte, el 13 de
noviembre de 1997, el Procurador General nos presentó su Informe, en el
cual recomendó la imposición de una acción disciplinaria contra el Lcdo. Aponte
Berdecía.
En razón de ello, mediante
Resolución de 5 de diciembre de 1997, ordenamos al Procurador General que
presentara la correspondiente querella.
Conforme a lo ordenado, el 5 de marzo de 1998, dicho funcionario
presentó ante este Tribunal una querella en contra del Lcdo. Aponte Berdecía imputándole los siguientes cargos:
CARGO I
El abogado Efraín Aponte Berdecía violó las disposiciones del Artículo 2 de la Ley
Notarial de 1987, Ley Núm. 75 del 2 de julio de 1987, 4 L.P.R.A.
2002 las cuales obligan a todo notario a dar fe y autenticidad conforme a las
leyes de los negocios jurídicos y demás actos y hechos extrajudiciales que ante
él se realicen.
CARGO II
El abogado Efraín Aponte Berdecía violentó la disposición del Canon 18 de Ética
Profesional el cual obliga a todo abogado a que en el descargue de su función,
actúe con cuidado y diligencia.
CARGO III
El abogado Efraín Aponte Berdecía violentó las disposiciones del Canon 35 de Ética
Profesional el cual obliga a todo abogado a ser sincero y honrado utilizando
siempre medios consistentes con la verdad en su labor de redacción de
instrumentos públicos y de documentos notariales.
Mediante una breve
contestación de 21 de abril de 1998, el Lcdo. Aponte Berdecía
negó los cargos imputados.
Así las cosas, el 22 de mayo
de 1998, designamos al Lcdo. Enrique Rivera Santana, en calidad de Comisionado
Especial, para que oyera y recibiera la prueba presentada por las partes, en
apoyo de sus respectivas posiciones, y nos rindiera un informe con sus
determinaciones de hechos. El
Comisionado Especial encontró que el Lcdo. Aponte Berdecía
había infringido las disposiciones de las Ley Notarial de Puerto Rico, supra,
así como los Cánones 18 y 35 del Código de Ética Notarial, supra.
A continuación, exponemos un
breve resumen de los hechos relevantes que motivaron la interposición de la
presente querella.
II
El 30 de junio de 1980, el señor Serafín Jiménez Mercado
y su esposa, la señora María Díaz, suscribieron, reconocieron y ratificaron un
contrato de compraventa mediante el cual vendieron al señor Luis Fojo Beltrán y a su esposa, la señora Carmen Mercado, una
cafetería ubicada en el sector la Poza del Obispo en el Municipio de Arecibo. El contrato de compraventa fue reconocido
ante el notario Sixto Román Alonso mediante el affidávit número 638 de 30 de
junio de 1980.
En el mes de agosto de 1988, la Autoridad de los Puertos
de Puerto Rico (en adelante, “Autoridad de los Puertos”) ofreció al señor Fojo Beltrán una compensación por las mejoras hechas a la
cafetería, la cual estaba ubicada en sus terrenos. El abogado del señor Fojo
Beltrán, el Lcdo. Aponte Berdecía, contestó que no
conocía la razón por la cual se intervenía con su cliente, que no había nada
por qué compensarle y negó que los terrenos perteneciesen a la Autoridad de los
Puertos.
Así las cosas, el 29 de agosto de 1989, el Lcdo. Aponte Berdecía autorizó la escritura pública número veinticuatro
(24), sobre “RATIFICACIÓN DE CESIÓN DE DERECHOS Y ACCIONES”. En la referida escritura, comparecieron el
señor Luis Fojo Beltrán y su esposa Carmen Mercado,
como parte “cedente”, y Luis Fojo Mercado y su esposa
Luz Celeste Valentín, como parte “cesionaria”.
En el expositivo PRIMERO, de la parte dispositiva de dicha escritura, el
Lcdo. Aponte Berdecía hizo constar que “la Parte
Cedente es dueña del siguiente inmueble”:[3]
---“Rural: Parcela de terreno
localizada en el-
Barrio Vigía de Arecibo, Puerto
Rico, con una -
Cabida superficial de cuatro cuerdas y
ocho mil
trescientos cuarenta diez milésimas de
otra –--
((4.8340 cdas.)
equivalentes a diecinueve mil--
novecientos noventa y nueve metros
cuadrados y-
quinientos cinco milésimas de otra
------------
(19,995.505 m/c). En lides
por el NORTE con la
[fin página 1]
[inicio página
2]
OESTE, con terrenos de la International P.C.E. Inc.”
---Enclava en dicha finca un edificio
dedicado a comercio.------------------------------------
---No consta inscrito, por lo cual este
documento no es inscribible ante el Registro de la
Propiedad.----------------------------------
---Libre de cargas y
gravámenes.”--------------
[Corchetes añadidos]
Además, en el referido documento público, el Lcdo. Aponte
Berdecía hizo constar que la parte cedente había
adquirido el inmueble en controversia, a título de compraventa, mediante
contrato privado de 22 de julio de 1978.[4] Asimismo, expresó que el contrato fue
reconocido casi dos años más tarde (el 30 de junio de 1980), ante el notario
Sixto Román Alonso mediante el affidávit número 638. Ese affidávit, no obstante, solo da
constancia de que la parte cedente había adquirido solamente la cafetería; no
el terreno.
Más adelante, en los expositivos TERCERO y CUARTO de la
escritura, el Lcdo. Aponte Berdecía señaló que la
parte cesionaria estuvo en posesión del “inmueble descrito en el párrafo
primero” (solar y edificación) y que la “[p]arte Cedente le transfi[rió] el título de
dicho inmueble sin reserva ni limitación de clase alguna para que lo posean,
gocen y disfruten como sus únicos y legítimos dueños”.
Por último, la cláusula
final de la escritura incluía la dación de fe del notario Aponte Berdecía, la cual, según redactada, alcanzaría la totalidad
del contenido del referido instrumento público.
Entre los hechos determinados por el Comisionado
Especial, surge que al momento de otorgarse la escritura pública número
veinticuatro (24), el Lcdo. Aponte Berdecía tuvo ante
sí copia del affidávit número 638 que había sido reconocido ante el notario
Sixto Román Alonso y un plano preparado por el ingeniero Miguel Roa que
contenía la descripción de la finca.
Como la parte cedente había adquirido el inmueble por contrato privado,
el Lcdo. Aponte Berdecía asumió que éste no estaba
inscrito en el Registro de la Propiedad, y así lo hizo constar en el documento.
El 5 de marzo de 1990, la Autoridad de los Puertos de
Puerto Rico, alegando ser propietaria de los terrenos en los que estaba
enclavada la aludida cafetería, instó un recurso de Injunction,
el cual luego enmendó para aducir como causa de acción el desahucio en precario,
en contra de los señores Luis Fojo Beltrán y Jorge
Luis Fojo Mercado.[5] En el pleito incoado,
ambos demandados fueron representados originalmente por el Lcdo. Aponte Berdecía, según surge de la contestación a la petición de injunction, y de la contestación a la demanda
enmendada. De esta última, surge que el
Lcdo. Aponte Berdecía negó que la Autoridad de los
Puertos fuera la dueña de los terrenos y alegó como defensa afirmativa que la
parte demandada había ocupado el “predio de terreno alrededor de veinte (20)
años pública, pacíficamente y en calidad de dueños.” No se hizo mención en esta etapa a la
escritura número veinticuatro (24) otorgada ante el querellado.
Al morir el señor Fojo Beltrán,
se enmendó la demanda para incluir a los miembros de su sucesión. En la contestación a la demanda enmendada,[6] el 16 de julio de 1991,
se trae al pleito como tercero demandado al Municipio de Arecibo. En esta ocasión, los demandados alegaron como
defensa afirmativa que “adquirieron la parcela de terreno de 4.834 cuerdas a
través de la [sic] escritura pública..” No aclararon
cuál era la escritura pública, pero la cabida coincide con la que se hizo
constar en la escritura número veinticuatro (24). El Comisionado Especial concluyó como un
hecho que los allí demandados siempre reclamaron ser dueños de los terrenos y
que el inmueble objeto de la escritura pública controvertida comprendía tanto
el terreno como la estructura, contrario a la posición que asumió el querellado
en la vista de este caso.[7] Por su parte, la Directora
de la Oficina de Inspección de Notarías, concluyó en su Informe que el
querellado trató de justificar la titularidad del cedente, tanto del inmueble
(parcela de 4.8340 cuerdas), como de la estructura allí exigida dedicada a
comercio. Para tal fin, utilizó, el
affidávit número 638, el cual no hace referencia alguna a dicha parcela.
El Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de
Arecibo (en adelante, “TPI”), mediante sentencia parcial de 16 de junio de
1995, concluyó que los terrenos pertenecían a la Autoridad de los Puertos. De ese dictamen no se recurrió a foro
apelativo alguno. Se recurrió
posteriormente de otra sentencia parcial dictada en el mismo caso, mediante la
cual el TPI reconocía que los demandados habían sido constructores de buena fe
y ordenó que se le compensara lo edificado.
El foro apelativo intermedio revocó ese dictamen a través de la referida
sentencia de 31 de enero de 1997.
En dicha sentencia, el TCA
expresó que obraba en su expediente copia de la escritura pública número
veinticuatro (24) de 21 de agosto de 1989 otorgada por el Lcdo. Efraín Aponte Berdecía, donde el señor Luis Fojo
Beltrán traspasó a su hijo, el señor Jorge Luis Fojo
Mercado, un bien inmueble que le pertenecía a la Autoridad de los Puertos.
El TCA nos envió esa sentencia junto con una copia de la
referida escritura número veinticuatro (24) para que ejerciéramos nuestra
jurisdicción disciplinaria ante una aparente violación a la Ley Notarial de
Puerto Rico, supra, por parte del Lcdo. Aponte Berdecía.
III
Con relación al primer cargo imputado, es menester
señalar que los notarios, como únicos funcionarios capacitados para dar fe
notarial, están obligados a cumplir a cabalidad con las disposiciones de la Ley
Notarial de Puerto Rico, supra, los Cánones del Código de Ética
Profesional y el contrato entre las partes.
Partido Acción Civil v. E.L.A., res. el 25 de febrero de 2000, 2000 T.S.P.R.
29; In re Martínez, Odell I, 148
D.P.R. 49 (1999); In re Torres Olmeda, 145 D.P.R. 384 (1998); In re Sánchez Ruiz, 105 D.P.R. 848 (1977).
El derecho notarial vigente recoge a través del Artículo
2 de la Ley Notarial, supra, lo siguiente:
El notario es el profesional del
Derecho que ejerce una función pública, autorizado a dar fe y
autenticidad conforme a las leyes de los negocios jurídicos y demás actos y
hechos extrajudiciales que ante él se realicen, sin perjuicio de lo dispuesto
en las leyes especiales. Es su función
de recibir e interpretar la voluntad de las partes, dándole forma legal,
redactar las escrituras y documentos
notariales a tal fin y conferirle[s] autoridad a los mismos. La fe pública al notario es plena respecto
a los hechos que, en el ejercicio de su función personalmente ejecute o
compruebe y también respecto a la forma, lugar, día y hora del
otorgamiento.[8]
(Énfasis suplido)
Un
abogado viola la fe pública notarial al dar fe de hechos falsos y al incumplir
con su deber de informar adecuadamente a los otorgantes de la necesidad de
realizar un estudio de los antecedentes registrales de la propiedad antes de
proceder a autorizar cualquier escritura de compraventa. In re Ortiz Gutierrez
res. el 18 de enero de 2001, 153 D.P.R. ___ (2001); 2001 T.S.P.R.
22, 2001 J.T.S. 23.
El
notario ejerce una función clave de inestimable importancia en los negocios
jurídicos, toda vez que es custodio de la fe pública. Al autorizar un documento presuntivamente
da fe pública y asegura que ese documento cumple con todas las formalidades de
la Ley, formal y substantivamente, que el documento es legal y verdadero, y que
se trata de una transacción válida y legítima.
In Re Feliciano Ruiz, 117 D.P.R. 269
(1986); Véase además, In re Vera Vélez, 148 D.P.R.
1 (1999).
Reiteradamente
hemos resuelto que “[l]a fe pública notarial, como elemento objetivo que se
concretiza a través de la persona del notario con la presencia del
compareciente, es la espina dorsal de todo el esquema de autenticidad
documental. Cuando se quiebra, todo el
sistema se afecta.” In re Feliciano Ruiz, supra. Véase además, In re Median Lugo,
136 D.P.R. 120 (1994); In re Vargas Hernández,
135 D.P.R. 603 (1994); In re Rodríguez Gerena I, 132 D.P.R. 693
(1993); In re González González, 119 D.P.R. 496 (1987).
Faltar
a la verdad en los hechos es, por tanto, una de las faltas más graves que como
custodio de la fe pública puede cometer un notario. In re Vargas Hernández, supra; In re Landing y Aulet, 107 D.P.R. 103 (1978).
En
el caso de autos, no existe la menor duda de que el Lcdo. Aponte Berdecía violó la fe pública notarial. De los hechos surge que el querellado
conocía, o debió conocer, el estado registral del inmueble objeto de la
escritura, pues éste había actuado como representante legal del señor Fojo Beltrán ante los requerimientos realizados por la
Autoridad de los Puertos para compensarle por la estructura erigida en un
terreno de su propiedad. Además, para
acreditar la titularidad del inmueble utilizó únicamente un affidávit y, para
identificar los contornos de la propiedad, un plano de mensura. Basarse como el querellado ha admitido, en un
plano de mensura, que solo describe el inmueble, es totalmente inapropiado para
conocer la titularidad de un inmueble.
Al
así hacerlo, dio fe pública notarial a una escritura pública que no cumplía en
modo alguno con los requisitos de ley que confieren validez al negocio jurídico
en ella expresado. La parte “cedente” no
tenía título para transmitir el dominio del inmueble descrito en la
escritura. Además, el modo mediante el
cual los “cedentes” justificaron su titularidad no constituía un
documento público. Como se sabe, un
affidávit no es inscribible en el Registro de la Propiedad ni concede título de
propiedad. El affidávit utilizado por el
querellado solo hacía mención a la estructura de la cafetería y no al inmueble
en sí como se consignó en la escritura.
Asimismo,
el inmueble no estaba inscrito en el Registro de la Propiedad, lo que
significaba que la escritura otorgada no era inscribible por sí
sola. Tal dato debió conocerse de una
simple investigación de los antecedentes registrales del inmueble. El Lcdo. Aponte Berdecía
expresó que no hizo estudio de título ni gestión alguna para verificar el
estado registral de la finca porque “no lo creyó necesario” y no estaba
“obligado” a ir al Registro.[9] Como mencionáramos anteriormente, en
reiteradas ocasiones hemos puntualizado el importante deber de todo abogado de
informar a sus clientes, al momento de otorgar una escritura pública, de la
imperiosa necesidad de llevar a cabo una investigación de los antecedentes
registrales del inmueble que es objeto del negocio jurídico. In re López Maldonado, 130 D.P.R. 863 (1992); In re Ramos Meléndez y Cabiya Ortiz, 120 D.P.R. 796
(1988); Chévere v. Cátala, 155 D.P.R. 432
(1984). Sin embargo, el Lcdo. Aponte Berdecía incumplió con tan significativo deber.
Por
tales razones, resolvemos que el Lcdo. Aponte Berdecía
infringió el Artículo 2 de la Ley Notarial de Puerto Rico, supra.
IV
Con
relación al segundo cargo imputado, sobre una posible violación al Canon 18 del
Código de Ética Profesional, supra, debemos mencionar que todo
abogado-notario deberá ser especialmente puntual y diligente en el cumplimiento
de sus obligaciones, voluntariamente asumidas, como depositario de la fe
pública. Además, todo notario tiene
el deber ineludible de cumplir con las disposiciones éticas contenidas en el
Canon 18 del Código de Ética Profesional, 4 L.P.R.A. Ap. IX, C.18, relativas a la competencia del abogado y
consejo al cliente.[10]
En
pronunciamientos anteriores relativos al canon 18, supra, hemos
enfatizado en que “[e]l ejercicio de la práctica de la profesión de abogado,
requiere en todo momento celo, cuidado y prudencia.” In re Rodríguez Torres,
104 D.P.R. 748, 765 (1976); Véase además, In
re Martínez Ramírez, 142 D.P.R. 329 (1997); In
re Siverio Orta, 117 D.P.R.
14, 18 (1986). Por ello, “[l]a sociedad
debe tener en cada Notario una garantía de certeza y limpieza en los actos y
contratos cuya autenticación se encomienda...”. In re Hernández Rivera,
104 D.P.R. 770, 776 (1976).
Sin
duda alguna, en la situación que se nos presenta, el Lcdo. Aponte Berdecía infringió el Canon 18 del Código de Ética
Profesional, supra, al violar las disposiciones de la Ley Notarial, supra. Una vez un notario contraviene la ley
vigente, está incurriendo en una práctica notarial indeseable y contraviene el
canon mencionado. In re Rivera Arvelo, 132 D.P.R. 840
(1993).
Asimismo,
con sus actuaciones, el Lcdo. Aponte Berdecía no
mostró la honradez ni la mínima capacidad necesaria para defender adecuadamente
los intereses de su cliente, desempeñando con tal proceder una labor claramente
incompetente.
V
Para
finalizar, en cuanto al tercer cargo imputado, cuando un notario viola la fe
pública notarial al no exponer la veracidad de unos hechos,[11] automáticamente incumple
con las disposiciones del Canon 35 del Código de Ética Profesional, supra,
que impone a los abogados el deber de “ajustarse a la sinceridad de los hechos
[...] al redactar un affidávit u otros documentos.” Véase In re Peña Clos, 135 D.P.R. 590 (1994); In
Re Flores Torres, 119 D.P.R. 578 (1987); In re
Landing y Aulet, 107 D.P.R. 103 (1978).
Como
hemos intimado en las secciones precedentes, el notario es un profesional del
Derecho que ejerce una función pública para robustecer, con una presunción de
verdad, los actos en que interviene, para colaborar en la formación correcta
del negocio jurídico y para solemnizar y dar forma legal a los negocios
jurídicos privados. In re Torres
Olmeda, supra, a la pág. 392.
De
igual forma, habrá de tener conciencia de que en el ejercicio de la abogacía y
de la notaría la verdad es el único camino y que el complejo sistema de
justicia va siempre orientado a su propósito central de que en los casos aflore
la verdad para así colocar al juzgador en posición de hacer justicia. Sarah Torres Peralta, El Derecho Notarial Puertorriqueño,
edición especial, San Juan, First Book
Publishing of P.R., 1995, sec. 4.90.
Ciertamente,
en el caso de marras, el Lcdo. Aponte Berdecía no se
ajustó a la verdad, y sinceridad que le requiere la ética profesional, cuando
al describir la propiedad inmueble objeto de transferencia en el instrumento
público que autorizó, consignó que el cedente era dueño del inmueble, lo cual
incluía el solar y no solamente la edificación, con previo conocimiento de que
no lo era. Por tanto, somos del criterio
que el Lcdo. Aponte Berdecía no actuó conforme a lo
preceptuado por el Canon 35 del Código de Ética Profesional, supra.
VI
En atención a lo previamente expuesto, y por considerar
que la grave actuación del querellado violentó el Artículo 2 de la Ley Notarial
de Puerto Rico, supra, así como los Cánones 18 y 35 del Código de Ética
Profesional, supra, menoscabando la confianza pública en él depositada,
se dictará sentencia ordenando su suspensión por tres (3) meses de la
práctica de la abogacía y lo apercibimos de que en el futuro deberá cumplir
a cabalidad con los principios y postulados de nuestro ordenamiento jurídico,
o, de lo contrario, se le impondrán sanciones disciplinarias más severas. Asimismo, le imponemos el deber de notificar
a todos sus clientes de su presente inhabilidad de continuar representándolos,
les devuelva cualesquiera honorarios recibidos por trabajos no realizados, e
informe oportunamente de su suspensión a los distintos foros judiciales y
administrativos del país. Deberá,
además, certificarnos dentro del término de treinta (30) días, a partir de su
notificación, el cumplimiento de estos deberes, notificando también al
Procurador General.
Se dictará sentencia de
conformidad.
SENTENCIA
San Juan, Puerto
Rico, a 22 de enero de 2004.
Por los fundamentos expuestos en la Opinión Per
Curiam que antecede, la cual se hace formar parte íntegra
de la presente, se dicta Sentencia ordenando la suspensión por tres (3)
meses del Lcdo. Efraín Aponte Berdecía de la práctica
de la abogacía y lo apercibimos de que en el futuro deberá cumplir a
cabalidad con los principios y postulados de nuestro ordenamiento jurídico, o,
de lo contrario, se le impondrán sanciones disciplinarias más severas. Asimismo, le imponemos el deber de notificar
a todos sus clientes de su presente inhabilidad de continuar representándolos,
les devuelva cualesquiera honorarios recibidos por trabajos no realizados, e
informe oportunamente de su suspensión a los distintos foros judiciales y
administrativos del país. Deberá,
además, certificarnos dentro del término de treinta (30) días, a partir de su
notificación, el cumplimiento de estos deberes, notificando también al
Procurador General.
Lo pronunció, manda el Tribunal y certifica la Secretaria del Tribunal
Supremo. El Juez Asociado señor Rivera Pérez está inhibido.
Patricia Otón Olivieri
Secretaria del Tribunal Supremo
Presione Aquí
para regresar al Menú anterior y seleccionar otro caso.
ADVERTENCIA
Este documento constituye un documento
oficial del Tribunal Supremo que está sujeto a los cambios y correcciones del proceso
de compilación y publicación oficial de las decisiones del Tribunal. Su
distribución electrónica se hace como un servicio público a la comunidad.
LexJuris de
Puerto Rico siempre está bajo construcción.
|Home| Abogados | Aspirantes
| Profesionales| Profesiones
| Leyes y
Jurisprudencia | Información | Agencias | Pueblos | Biografías | Historia |
Servicios | Publicidad | Directorios | Compras | Eventos | Noticias | Entretenimiento |Publicaciones
CD| Revista Jurídica |
La información, las
imágenes, gráficas u otro contenido en todos los documentos preparados por
LexJuris son propiedad de LexJuris. Otros documentos disponibles en nuestras
conexiones son propiedad de sus respectivos dueños. Derechos Reservados.
Copyright (c) 1995-2004 LexJuris de Puerto Rico y Publicaciones CD, Inc.