Jurisprudencia del Tribunal
Supremo de P. R. del año 2005
2005 DTS 180 IN RE: ARROYO RIVERA
Y OTROS 2005TSPR180
EN
EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
In
re:
Elías
Arroyo Rivera
Stella
Caballero Bastard
Guidette
Laracuente Sánchez
Celeste
J. Mattina Canales
George
A. Polish Matos
Antonio
Vergne Mirabal
2005 TSPR 180
166 DPR ____
Número del
Caso: TS-12938
TS-3735
TS-9538
TS-4695
TS-10778
TS-12133
Fecha: 22 de
noviembre de 2005
Colegio de
Abogados de Puerto Rico: Lcdo. José M. Montalvo Trías
Lcdo.
Israel Pacheco Acevedo
Secretario
Ejecutivo
Fondo
de Fianza Notarial
Materia: Conducta Profesional, Falta de Pago de
Cuota al Colegio de Abogado
ADVERTENCIA
Este documento constituye un documento oficial del
Tribunal Supremo que está sujeto a los cambios y correcciones del proceso de
compilación y publicación oficial de las decisiones del Tribunal. Su
distribución electrónica se hace como un servicio público a la comunidad.
ORDEN
San Juan, Puerto Rico, a 22 de noviembre
de 2005.
Debido a la no intervención de los Jueces Asociados señores
Rebollo López, Fuster Berlingeri y Rivera Pérez, se constituye una Sala
Especial integrada por el Juez Presidente señor Hernández Denton y las Juezas
Asociadas señoras Fiol Matta y Rodríguez Rodríguez, para entender en los casos
Núms. TS-12938, TS-3735, TS-9538, TS-4695, TS-10778 y TS-12133, In re: Arroyo
Rivera, Elías; Caballero Bastard, Stella; Laracuente Sánchez, Guidette; Mattina
Canales, Celeste J.; Polish Matos, George A. y Vergne Mirabal, Antonio.
Lo
decretó y firma.
Federico
Hernández Denton
Juez Presidente
CERTIFICO:
Dimarie Alicea
Lozada
Secretaria del
Tribunal Supremo Interina
EN
EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
In re
Elías Arroyo Rivera
TS-12938
Stella Caballero Bastard
TS-3735
Guidette Laracuente Sánchez TS-9538
Celeste J. Mattina Canales TS-4695
George A. Polish Matos TS-10778
Antonio Vergne Mirabal
TS-12133
Sala Especial integrada por el Juez Presidente señor
Hernández Denton y las Juezas Asociadas señoras Fiol Matta y Rodríguez
Rodríguez
PER CURIAM
San Juan, Puerto
Rico, a 22 de noviembre de 2005.
I
El 14 de julio de 2005 el Director
Ejecutivo del Colegio de Abogados compareció ante nos solicitando la suspensión
al ejercicio de la abogacía de los licenciados Elías Arroyo Rivera, Stella
Caballero Bastard, Guidette Laracuente Sánchez, Celeste J. Mattina Canales,
George A. Polish Matos y Antonio Vergne Mirabal por no haber satisfecho el pago
de la cuota de colegiación. En vista de ello, mediante Resolución del 30 de
agosto de 2005, les concedimos a los abogados querellados un término de veinte
(20) días para mostrar causa por la cual no debían ser suspendidos del
ejercicio de la abogacía.
Dichas Resoluciones fueron notificadas por correo certificado a la
dirección de record de los abogados querellados y personalmente a través de la
Oficina del Alguacil General.
Además, el 15 de septiembre de 2005 el Secretario Ejecutivo del
Fondo de Fianza Notarial del Colegio de Abogados presentó una Moción en la que
informó que los licenciados Arroyo Rivera, Caballero Bastard, Polish Matos y
Vergne Mirabal también estaban al descubierto en el pago de sus fianzas
notariales desde enero, febrero y marzo de 2005.
Así las cosas, el término concedido expiró y los abogados no han
comparecido ante el Tribunal, ni han satisfecho sus deudas. En vista de lo
anterior, procedemos a consolidar estos casos y resolverlos sin ulteriores
trámites.
II
El Artículo 9 de la Ley Num. 43 del 14 de mayo de 1932, 4 L.P.R.A.
sec. 780, establece la obligación de los miembros del Colegio de Abogados de
satisfacer una cuota anual. Véase Colegio de Abogados v. Fajardo, 51
D.P.R. 528 (1937). Hemos resuelto, en reiteradas ocasiones, que el
incumplimiento con dicha obligación demuestra una total indiferencia hacia las
obligaciones mínimas de la abogacía y conlleva la suspensión inmediata e
indefinida del ejercicio de la abogacía. In Re: Delgado, res. el 29 de
mayo de 2003, 2003 TSPR 96; In Re: Alemañy Enríquez, res. el 21 de enero
de 1999, 99 TSPR 4; In Re: Reyes Rovira, 139 D.P.R. 42 (1995); Col.
de Abogados P.R. v. Pérez Padilla, 135 D.P.R. 94 (1994); In Re: Duprey
Maese, 120 D.P.R. 565 (1998); In Re: Serrallos III, 119 D.P.R. 494
(1987); Colegio de Abogados v. Sneider, 117 D.P.R. 504 (1986); In Re:
Vega González, 116 D.P.R. 379, 381 (1985). No obstante, toda vez que un
letrado es un funcionario del tribunal, corresponde al Tribunal Supremo, al
amparo de su poder inherente de reglamentar la profesión, el poder de decretar
la suspensión de un abogado por su incumplimiento con el pago de las cuotas
anuales.
Por otra parte, el requisito de fianza notarial surge del art. 7 de
la Ley Notarial de Puerto Rico, 4 L.P.R.A. sec. 2011. Este artículo dispone que
para poder ejercer la profesión notarial en Puerto Rico se tiene que prestar
una fianza no menor de quince mil dólares ($15,000) para responder del buen
desempeño de las funciones de su cargo y de los daños y perjuicios que cause el
notario en el ejercicio de sus funciones. In Re Ribas Dominicci, 131
D.P.R. 491 (1992).
La Ley Notarial de Puerto Rico provee varios mecanismos para poder
cumplir con el requisito de la fianza notarial. Ésta puede ser hipotecaria o
prestada por una compañía de seguros o por el Colegio de Abogados de Puerto
Rico. De ser la fianza provista por el Colegio de Abogados, las primas pagadas
a dicha institución pasarán a formar parte del Fondo Especial de Fianza
Notarial, cuyas funciones y propósitos están regulados en el Art. 79 de la Ley
Notarial de Puerto Rico, 4 L.P.R.A. sec. 2141.
Un notario que no cuenta con la protección que ofrece la fianza
constituye un peligro no sólo para el tráfico jurídico de los bienes inmuebles
sino para las personas que a diario utilizan sus servicios en Puerto Rico.
Además, el no hacer gestiones para renovar la fianza notarial constituye una
falta de respeto a este foro. In re Díaz García, 104 D.P.R. 171 (1975).
Por dichas razones, el incumplimiento de la obligación de pagar las primas de
la fianza notarial requiere la intervención disciplinaria de este Tribunal. In
Re Ribas Dominicci, supra.
Asimismo, todo abogado tiene el deber y obligación de responder con
diligencia a los requerimientos y órdenes de este Tribunal, particularmente
cuando se trata de procedimientos sobre su conducta profesional. Anteriormente
hemos señalado que procede la suspensión del ejercicio de la abogacía cuando un
abogado no atiende con diligencia nuestros requerimientos y se muestra
indiferente ante nuestros apercibimientos de imponerle sanciones
disciplinarias. In Re: Quintero Alfaro, res. el 9 de febrero de 2004,
2004 TSPR 20; In Re: Osorio Díaz, ante; In Re: Serrano Mangual, 139
D.P.R. 602 (1995); In Re: Bonaparte Rosaly, 131 D.P.R. 908
(1992); In Re: Colón Torres, 129 D.P.R. 490 (1991).
En vista de lo anterior, y al amparo de nuestro poder inherente de
reglamentar la profesión, se suspende inmediata e indefinidamente del ejercicio
de la abogacía a los licenciados Arroyo Rivera, Caballero Bastard, Laracuente
Sánchez, Mattina Canales, Polish Matos y Vergne Mirabal. Además, se suspende
inmediata e indefinidamente del ejercicio de la notaría a los licenciados
Arroyo Rivera, Caballero Bastard, Polish Matos y Vergne Mirabal.
Se les impone a los abogados querellados el deber de notificar a
todos sus clientes de su inhabilidad para continuar representándolos,
devolverles cualesquiera honorarios recibidos por trabajos no realizados e
informar oportunamente de su suspensión a los foros judiciales y administrativos.
Además, tienen la obligación de acreditar y certificar ante este Tribunal el
cumplimiento con lo anterior dentro del término de treinta (30) días a partir
de la notificación de esta opinión Per Curiam y Sentencia.
Finalmente, el Alguacil de este Tribunal deberá incautar la obra y
sello notarial de los licenciados Arroyo Rivera, Caballero Bastard, Polish
Matos y Vergne Mirabal; y entregar los mismos a la Directora de la Oficina de
Inspección de Notarías para la correspondiente investigación e informe.
Se dictará Sentencia de conformidad.
EN
EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
In re
Elías Arroyo Rivera
TS-12938
Stella Caballero Bastard
TS-3735
Guidette Laracuente Sánchez TS-9538
Celeste J. Mattina Canales TS-4695
George A. Polish Matos TS-10778
Antonio Vergne Mirabal
TS-12133
Sala Especial integrada por el Juez
Presidente señor Hernández Denton y las Juezas Asociadas señoras Fiol Matta y
Rodríguez Rodríguez
SENTENCIA
San Juan, Puerto Rico, a 22 de noviembre de
2005.
Por los fundamentos expuestos en la Opinión Per Curiam que
antecede, se dicta sentencia decretando la suspensión inmediata e indefinida
del ejercicio de la abogacía de los licenciados Arroyo Rivera, Caballero
Bastard, Laracuente Sánchez, Mattina Canales, Polish Matos y Vergne Mirabal.
Además se suspende inmediata e indefinidamente del ejercicio de la notaría a
los licenciados Arroyo Rivera, Caballero Bastard, Polish Matos y Vergne
Mirabal.
El Alguacil de este Tribunal deberá incautar la obra y sello
notarial de los licenciados Arroyo Rivera, Caballero Bastard, Polish Matos y
Vergne Mirabal.
Se les impone a los abogados querellados el deber de notificar a
todos sus clientes de su inhabilidad para continuar representándolos,
devolverles cualesquiera honorarios recibidos por trabajo no realizado e
informar oportunamente de su suspensión a los foros judiciales y
administrativos. Además, deberán acreditar a este Tribunal el cumplimiento con
lo anterior dentro del término de treinta (30) días a partir de la
notificación de esta Opinión Per Curiam y Sentencia.
Así lo pronuncia y manda el Tribunal y certifica la Secretaria del
Tribunal Supremo interina.
Dimarie Alicea Lozada
Secretaria del Tribunal Supremo Interina
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