99TSPR15

Número del Caso: CE-93-0240

Abogados de la Parte Peticionaria: Lcdo. José Enrique Ayoroa Santaliz

Abogados de la Parte Recurrida: Hon. Pedro A. Delgado Hernández

Procurador General

Lcda. Eunice Amaro Garay

Procuradora General Auxiliar

Abogados de la Parte Interventora:

Tribunal de Instancia: Superior, Ponce

Juez del Tribunal de Primera Instancia: Hon. Francisco Ortiz Rivera

Tribunal de Apelaciones, Sección Sur

Juez Ponente: Hon. López Vilanova

Panel Integrado Por: Presidente Juez Fiol Matta y los Jueces González Román y López Vilanova

Fecha: 2/17/1999

San Juan, Puerto Rico, a 17 de febrero de 1999

El sentido de injusticia que inquieta a veces la conciencia en su busca de la verdad, y que como fuente espontánea de la formación del derecho contribuye con su corriente a la integración activa del acervo jurídico, marca una diferencia fundamental en la actitud práctica de los tribunales al convertirse en criterio adecuado para llegar a un verdadero sentido de justicia en las controversias judiciales.... Las leyes se hacen por los hombres y se interpretan para los hombres. Por eso, en su interpretación, debe ser factor preeminente la realidad humana de la vida, no la abstracción dogmática de reglas eternas e inmutables.... En esta época de justicia social debemos marchar hacia la humanización de la justicia y el derecho, dejando atrás en su decadencia rigorista el sentido dogmático del derecho y la justicia. (Énfasis nuestro y citas omitidas.) Figueroa v. Díaz, 75 D.P.R. 163, 175 (1953).

I

El Ministerio Público consignó su oposición a la suspensión de la sentencia impuesta por la infracción al Art. 8 de la Ley de Armas de Puerto Rico. Adujo que, a tenor con el Art. 2 de la Ley de Sentencia Suspendida y Libertad a Prueba, Ley Núm. 259 de 3 de abril de 1946, según enmendada por la Ley Núm. 8 de 30 de noviembre de 1989, 34 L.P.R.A. sec. 1027 (en adelante, Ley de Sentencia Suspendida), las personas que resultaban convictas bajo el Art. 8 de la Ley de Armas de Puerto Rico, estaban excluidas del privilegio de la sentencia suspendida.

En atención a lo anterior, el tribunal de instancia emitió una resolución mediante la cual resolvió que la Ley Núm. 8 de 30 de noviembre de 1989, que a su vez enmendó la Ley de Sentencia Suspendida, supra, no excluyó de los beneficios de la libertad a prueba a las personas convictas por violación al Art. 8 de la Ley de Armas de Puerto Rico. Según el tribunal, excluir a estas personas de los beneficios de la ley es actuar en contra de la intención legislativa consignada en la Exposición de Motivos de la misma. Señaló también que la inclusión de dicho Art. 8, supra, fue un acto "no contemplado en el propósito de la ley".

El Ministerio Público acudió al entonces Tribunal de Apelaciones, Sección Sur. Mediante sentencia de 12 de mayo de 1992, dicho foro revocó la resolución recurrida y concluyó lo siguiente:

Inconforme, el peticionario Zayas Rodríguez acudió ante nos y alegó el siguiente error:

II

La Ley de Sentencia Suspendida y Libertad a Prueba, Ley Núm. 259 del 3 de abril de 1946, según enmendada, 34 L.P.R.A. sec. 1026 et seq. (en adelante Ley de Sentencia Suspendida), estableció en nuestra jurisdicción un sistema mediante el cual se le confiere a un convicto la oportunidad de cumplir su sentencia o parte de ésta fuera de las instituciones carcelarias, siempre y cuando éste observe buena conducta y cumpla con todas las restricciones que el tribunal le imponga. Véanse, Pueblo v. Molina Virola, Op. de 22 de octubre de 1996, 141 D.P.R.___(1996), 96 JTS 133, pág. 201 Pueblo v. Pacheco Torres, 128 D.P.R. 586, 589 (1991); Vázquez v. Caraballo, 114 D.P.R. 272, 275 (1983). El disfrute de una sentencia suspendida es un privilegio y no un derecho. Pueblo v. Molina Virola, supra. La concesión de tal privilegio a un convicto que cualifica prima facie descansa en la sana discreción del tribunal. Pueblo v. Ortega Santiago, 125 D.P.R. 203, 210 (1990).

La legislación tiene el propósito de hacer viable la política pública de rehabilitación enunciada en la Sec. 19 del Art. VI de la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, a los efectos de "‘propender, dentro de los recursos disponibles, al tratamiento adecuado de los clientes para hacer posible su rehabilitación moral y social’". Pueblo v. Vega Vélez, 125 D.P.R. 188, 200 (1990).

Así pues, el objetivo del estatuto es precisamente mitigar, conforme a las circunstancias particulares del convicto, las consecuencias de la imposición de una pena. En este aspecto, evita los efectos negativos en el individuo que la reclusión produce, reduce el impacto de la reclusión sobre dependientes y familiares. También promueve el interés social en la prevención y corrección del crimen, minimiza los costos sociales y económicos de la reclusión. Además, propende a que el convicto se convierta en un miembro útil de la sociedad. Vázquez v. Caraballo, supra. El logro de ese objetivo depende en gran medida de la facultad del tribunal sentenciador de poder individualizar cada caso, imponiendo las condiciones pertinentes y necesarias que en su opinión la situación particular ante su consideración requiera. Pueblo v. Vega Vélez, supra, a la pág. 201.

Es dentro de este marco conceptual que examinaremos la controversia que hoy nos ocupa. En particular debemos auscultar, a la luz de su historial legislativo, cuál es el fin último de la Ley Núm. 8, supra, que enmendó la Ley de Sentencia Suspendida. Comenzaremos nuestro análisis examinando los principios de hermenéutica legal.

III

Sabido es que los tribunales, a fin de resolver las controversias ante su consideración y adjudicar los derechos de las partes, deben interpretar las leyes aplicables a la situación de hechos que tienen ante sí, de forma tal que se cumpla cabalmente con la intención legislativa. R. E. Bernier y J.A. Cuevas Segarra, Aprobación e interpretación de las leyes en Puerto Rico, 2da ed. rev., Publicaciones JTS, 1987, Vol. 1, pág. 241.

El legislador, en su misión de aprobar leyes que fomenten el bienestar del país,

Reiteradamente hemos resuelto que las leyes hay que interpretarlas y aplicarlas en comunión con el propósito social que las inspira, sin desvincularlas de la realidad y del problema humano que persiguen resolver. Col. Ing. Agrim. P.R. v. A.A.A., 131 D.P.R. 735, 756 (1992). Véase, además, Pueblo v. Pizarro Solís, 129 D.P.R. 911, 918 (1992).

El proceso de interpretar las leyes, la hermenéutica jurídica, consiste en auscultar, averiguar, precisar, determinar, cuál ha sido la voluntad legislativa, o sea, qué es lo que ha querido decir el legislador. Bernier y Cuevas Segarra, supra, pág. 241. "Las reglas de hermenéutica legal no son arbitrarias o caprichosas. Todas descansan en sanos principios de lógica". Central Boca Chica, Inc. v. Tesorero de P.R., 54 D.P.R. 424, 432 (1939). Desde temprano en este siglo expresamos que, en cuanto a la interpretación de las leyes, sólo existe una regla absolutamente invariable: debe descubrirse y hacerse cumplir la verdadera intención y deseo del poder legislativo. Lange v. El Pueblo, 24 D.P.R. 854, 858 (1917).

En Passalacqua v. Mun. de San Juan, 116 D.P.R. 618 (1985), resolvimos, por unanimidad, que cierto artículo de ley debía leerse con la inclusión de una frase que por error o inadvertencia fue omitida en la versión final aprobada por la legislatura. Sobre este particular, expresamos lo siguiente:

En el proceso de indagar la intención del legislador es necesario examinar el historial legislativo. Si la ley tiene un exposición de motivos, generalmente ésta recoge el propósito que inspiró su creación. En los casos en que la ley carece de una exposición de motivos o, cuando aún teniéndola, no contiene la intención legislativa, es útil consultar otros documentos tales como los informes de las comisiones que estudiaron el proyecto de ley y los debates celebrados cuando la medida fue discutida en el hemiciclo según aparecen en el Diario de Sesiones. "Son también pertinentes y es propio utilizarlos en la búsqueda de la intención legislativa, los anteproyectos y los informes alrededor de los mismos que son preparados fuera de la Asamblea Legislativa, cuando ésta los tiene ante sí y adopta sustancialmente esos anteproyectos". (Énfasis suplido.) Bernier y Cuevas Segarra, supra, pág. 243.

Es pues, a la luz de estos principios de hermenéutica, que interpretaremos el Art. 2 de la Ley de Sentencia Suspendida, supra.

IV

Como resultado de un análisis mecánico y una interpretación literal, el entonces Tribunal de Apelaciones resolvió que tanto la exposición de motivos de la ley que nos ocupa como su texto reflejan claramente el propósito legislativo de excluir expresamente de los beneficios de la sentencia suspendida a los infractores del Art. 8 de la Ley de Armas de Puerto Rico. No podemos refrendar esta interpretación ni este resultado. La letra de la ley no debe ser seguida ciegamente en casos que no caen dentro de su espíritu y fin. (Énfasis suplido.) Cardona v. Comisión Industrial, 57 D.P.R. 397, 399 (1940). Comencemos, pues, nuestro análisis.

En su escrito el peticionario sostiene que la inclusión del Art. 8 de la Ley de Armas de Puerto Rico en la enumeración de los artículos excluidos del beneficio de la sentencia suspendida constituye un non sequitur y, por ende, un error. Aduce que la intención del legislador al redactar la Ley Núm. 8 de 30 de noviembre de 1989, supra, fue castigar con mayor severidad a quienes almacenan armas largas, particularmente ametralladoras, escopetas, carabinas y rifles, con el propósito de facilitarlas y ponerlas a disposición de otros delincuentes para con ellas cometer sus crímenes y fechorías. De ahí concluye que la legislatura no tuvo la intención de excluir del privilegio de una suspensión de sentencia los casos aislados de ciudadanos convictos por infracción al Art. 8 de la Ley de Armas. Le asiste la razón.

El texto del Art. 2, en lo pertinente, establece lo siguiente:

La Exposición de Motivos de la Ley Núm. 8, reza:

De entrada, salta a la vista que la enmienda al Art. 2 de la Ley de Sentencia Suspendida se aprobó para intentar contrarrestar el alza en los delitos cometidos mediante la utilización de armas de alta capacidad destructiva con el potencial de atentar en gran escala contra la seguridad de la ciudadanía, tales como ametralladoras, carabinas, escopetas de cañón cortado y rifles, entre otras. También se aprobó para evitar el almacenamiento ilegal de armas de fuego, particularmente las antes mencionadas, con el fin de facilitar actividades de crimen organizado. Esta fue la realidad social que motivó la aprobación del estatuto en cuestión.

Así pues, de la Exposición de Motivos, de forma clara y directa, surge que la motivación o intención del legislador al aprobar la enmienda fue imponer "un castigo más severo a toda persona que, ... almacena armas de fuego ilegalmente [en particular, ametralladoras carabinas, escopetas de cañón cortado y rifles] con el propósito de facilitarlas y ponerlas a disposición de otros delincuentes para que éstos cometan sus crímenes y fechorías ...." Es por ello que excluye tajantemente del privilegio de la sentencia suspendida al Art. 5, el cual se refiere específicamente a la posesión de ametralladoras, carabinas, rifles o escopetas de cañón cortado. Al igual que también excluye el uso de silenciadores de armas de fuego (Art. 10) y la posesión ilegal de dos o más armas de fuego (Art. 6A), ambas exclusiones acordes con su propósito de combatir el crimen organizado.

Lo antes dicho se ratifica en el Informe de 22 de junio de 1989 de la Comisión de lo Jurídico del Senado, el cual, sobre el particular, dispone lo siguiente:

El Informe de la Comisión de lo Jurídico Penal de la Cámara de Representantes con respecto a P. del S. 468 contiene prácticamente idénticos señalamientos.

Ciertamente, éste no es el caso del aquí convicto y peticionario. De acuerdo a la prueba aquilatada por el foro de instancia, se trata de un caso aislado de quien, en el fragor de una pelea, recibe una puñalada en el vientre y en forma súbita dispara contra su victimario, agresión fatal. La prueba también demostró que el agresor era una persona de reputación y carácter intachables.

El contundente y claro historial de la legislación en controversia, apoya incondicionalmente nuestra posición de que la misma no se promovió con el propósito de incluir el Art. 8 de la Ley de Armas de Puerto Rico.

Cabe señalar además que interpretar la ley como lo hizo el Tribunal de Apelaciones, podría tener desastrosas consecuencias para ciudadanos comunes no previstas por el legislador. Por ejemplo, aquellos que no son delincuentes, pero que por olvido o error involuntario, se les expiró el plazo para renovar su licencia de portación de armas cargadas, podrían ser convictos, sin derecho a sentencia suspendida. Estos ciudadanos simplemente por haber incurrido en una conducta negligente quedarían excluidos del beneficio, mientras que otros que comenten delitos más graves, disfrutarían de este privilegio. Ciertamente, ésta no fue la intención del legislador al enumerar las exclusiones de los beneficios de la sentencia suspendida.

V

Es propio destacar que de la consideración y análisis de la Ley Núm. 8, supra, aflora una interrogante adicional. Elaborada la pieza legislativa con los motivos ya descritos, ¿cómo entonces se explica el que también se omitiera en la parte dispositiva el excluir de los beneficios de la sentencia suspendida otras disposiciones de la Ley de Armas de Puerto Rico tan afines y en consonancia con dichos objetivos ya expuestos? Nos referimos específicamente a la exclusión del Art. 8A de la Ley de Armas de Puerto Rico, 25 L.P.R.A. sec. 418A, que prohibe la portación ilegal de ametralladoras, escopetas de cañón cortado, rifles, carabinas y cualquier modificación de estas armas.

Es obvio que lo anterior fue el resultado de una lamentable confusión plasmada en el anteproyecto de administración que fue enviado por el Gobernador a la Asamblea Legislativa. En dicho anteproyecto, por un aparente error, se dejó fuera la letra "A" para designar el artículo que prohibe la portación o transporte de cualquier pistola o revólver cargado o que transporte dicha arma junto con las municiones. La letra "A" se incluyó en su lugar en el artículo que prohibe la portación ilegal de ametralladoras. Así pues, es este último el que aparenta haber quedado excluido del privilegio de la sentencia suspendida. Tal como ocurre con muchos proyectos enviados al inicio de un cuatrienio cuyo contenido recoge promesas de campaña del partido que obtuvo el mandato para gobernar, el texto del anteproyecto original enviado por la Fortaleza fue repetido mecánicamente en todos los documentos de la Cámara y el Senado, perpetuando así el error de omitir la letra "A" del Art. 8. El P. del S. 468 fue aprobado por ambos cuerpos sin enmiendas, excepto por cambios de estilo menores. Más aún, sin éste debatirse fue aprobado casi por unanimidad en la Cámara de Representantes (40-1) y, con sólo dos votos en contra, en el Senado.

En nuestro ordenamiento jurídico hemos reconocido que una interpretación literal de una ley penal que trae consecuencias absurdas debe ser evitada siempre que se pueda dar a ésta una interpretación razonable, de acuerdo con el propósito legislativo. Pueblo v. Mantilla, 71 D.P.R. 36, 44 (1950). Véase, además, Pueblo v. Arandes De Celis, 120 D.P.R. 530, 547 (1988). Cónsono con lo anterior, también hemos expresado, que, aunque los estatutos penales deben ser interpretados restrictivamente, una interpretación restrictiva no puede ser contraria a una evidente intención legislativa. Pueblo v. Mantilla, supra.

"El profundo respeto que nos merece la intención del legislador nos obliga en determinadas ocasiones a suplir las inadvertencias en que éste pueda haber incurrido". Hull Dobbs Co. v. Tribunal Superior, 82 D.P.R. 77, 84 (1961). Para evitar un resultado absurdo o irrazonable, en el pasado no hemos vacilado en aclarar el texto de una ley conforme a la intención legislativa. Pacheco v. Vargas, Alcaide, 120 D.P.R. 404, 409 (1988); Díaz Marín v. Mun. de San Juan, 117 D.P.R. 334 342 (1986); Torres v. Castillo Alicea, 111 D.P.R. 792 801 (1981).

Lo antes expuesto ratifica nuestra conclusión de que no fue el propósito del legislador excluir del beneficio de la sentencia suspendida a los infractores del Art. 8, portación ilegal de pistola o revólver. Interpretar la ley de otra manera sería desvirtuar su claro propósito.

Como ya expresáramos, en materia de hermenéutica legal sólo hay una regla que es "absolutamente invariable" y ésta es la de que debe describirse y hacerse cumplir la verdadera intención y deseo del poder legislativo. En otras palabras, la regla de oro en materia de interpretación de leyes es que el objeto principal de todas las reglas de hermenéutica no es conseguir un objetivo arbitrario preconcebido sino dar efecto al propósito del legislador. De igual modo, debemos tomar en cuenta el principio de hermenéutica de estatutos penales que postula la interpretación restrictiva en cuanto a lo que desfavorezca al acusado y liberalmente en cuanto a lo que le favorezca. Pueblo v. Sierra Rodríguez, Op. de 8 de febrero de 1995; 137 D.P.R.____ (1995); 95 JTS 11, pág. 609.

En esa misma línea y en situaciones semejantes a la controversia del caso de autos, precisamente donde estaba envuelta la interpretación y aplicación de disposiciones tanto de la Ley de Sentencia Suspendida como de la Ley de Armas de Puerto Rico, este Tribunal pasó por alto el lenguaje específico del estatuto y puso en vigor el evidente y claro propósito e intención del legislador. Véase, Pueblo v. Avilés, 54 D.P.R. 272 (1939), y Pueblo v. Emmanuelli, 67 D.P.R. 667 (1947). Igual validez tienen en la esfera criminal nuestras expresiones en Figueroa v. Díaz, supra, pág. 176 en el sentido de que, para lograr el propósito para el cual el estatuto fue concebido es menester tener presente que "`[l]o que está en el espíritu de un estatuto, está en el estatuto, aunque no esté en su letra; y lo que está en su letra no está en el estatuto a menos que esté en su intención.’"

La legislación ante nuestra consideración sobre sentencia suspendida es una esencialmente reparadora. Esta arroja beneficios tanto para los acusados de delitos como para la comunidad que recibe protección a través de la rehabilitación de quienes en una circunstancia en particular han delinquido. No existe base, ni en su letra ni en su espíritu, para interpretaciones restrictivas inmeritorias.

VI

Dentro del contexto del recurso ante nos, al peticionario Zayas Rodríguez convicto por el Art. 8 de la Ley de Armas de Puerto Rico, se le ha negado el beneficio de la sentencia suspendida por entender el Tribunal de Apelaciones que la ley lo excluye de sus beneficios. No podemos estar de acuerdo. Los argumentos de derecho antes reseñados demuestran con meridiana claridad que no fue la intención del legislador excluirlo de los beneficios de la sentencia suspendida.

No se requiere mayor fatiga ni esfuerzo mental para ver transparentemente que, mediante la enmienda al Art. 2 de la Ley de Sentencia Suspendida, supra, el legislador, lo que ha hecho es, atacar el problema de la empresa criminal colectiva, enfocando el problema del almacenaje de armas largas de alta capacidad destructiva, sumamente peligrosas que en forma concertada llevan a cabo delincuentes habituales. No podemos desvirtuar este propósito excluyendo de los beneficios de una suspensión de sentencia a ciudadanos que en casos aislados y en una situación particular pudieran resultar convictos por infracción al Art. 8 de la Ley de Armas de Puerto Rico, lo que pudiera constituir una clara injusticia.

VII

En virtud de todo lo antes expuesto, revocamos la determinación del Tribunal de Apelaciones y en su lugar confirmamos la decisión del foro de instancia.

Miriam Naveira de Rodón

Juez Asociada

SENTENCIA

San Juan, Puerto Rico, 17 de febrero de 1999

Por los fundamentos antes expresados, se expide el auto solicitado y se dicta sentencia revocando la dictada contra el peticionario Raymond Zayas Rodríguez por el anterior Tribunal de Apelaciones, Sección Sur. Se confirma la sentencia del entonces Tribunal Superior, Sala de Ponce.

Lo pronunció, manda el Tribunal y certifica la Secretaria del Tribunal Supremo. El Juez Asociado señor Negrón García disiente con opinión escrita a la cual se unen los Jueces Asociados señores Rebollo López y Corrada del Río.

San Juan, Puerto Rico, a 17 de febrero de 1999

I

Como jurista, "[e]l Derecho no es una mera glosa o exégesis de textos legales. Va más lejos, tratando de aprehender y captar los fenómenos jurídicos, descubriendo su carga de humanidad, su significación e influencia en la vida social. La ley aparece como versión puntual y ocasional del Derecho, permanentemente alerta a las exigencias sociales. El Derecho se configura como elemento constitutivo de la sociedad participando como un ser vivo de sus conquistas y de sus decadencias. Con razón advierte Carbonnieri en su excelente monografía Derecho Flexible, que el Derecho de nuestro país pasa a

En los méritos, carece de razón argumentar que la Asamblea Legislativa no excluyó de tales beneficios los convictos del Art. 8. Elaboremos.

II

Sabido que la Ley de Sentencias Suspendidas es un mecanismo alterno para que un convicto cumpla su sentencia fuera de prisión. Se trata de un privilegio, no un derecho. Pueblo v. Texidor Seda, 128 D.P.R. 578 (1991), Pueblo v. Martínez Rivera, 99 D.P.R. 568 (1971); Pueblo v. Álvarez Maurás, 100 D.P.R. 620 (1972). Dicha ley faculta discrecionalmente al tribunal sentenciador para suspender las sentencias, excepto los delitos expresamente excluidos.

Una lectura del texto de la ley aplicable revela de forma clara, que está excluido el Art. 8 de la Ley de Armas (sec. 418).

Reza:

Aún así, la mayoría avala la tesis de Zayas Rodríguez, y sostiene que la intención legislativa de la Ley Núm. 8 de 30 de noviembre de 1989, enmendatoria de la Ley de Sentencias Suspendidas, fue sólo atacar el problema de la empresa criminal colectiva sobre almacenaje de armas largas sumamente peligrosas en forma concertada por delincuentes habituales. De ahí deduce que la Asamblea Legislativa no tuvo el propósito de excluir el privilegio de una suspensión de sentencia en casos aislados de ciudadanos convictos por infracción al Art. 8 de la Ley de Armas. Se trata de una interpretación que mata la letra y espíritu de la ley.

Ciertamente, uno de los propósitos de la aludida enmienda del 1989 fue afrontar la empresa criminal colectiva sobre almacenaje de armas largas por delincuentes habituales. Sin embargo, es un absurdo pensar que la Asamblea Legislativa estuviera ajena a la alta incidencia criminal individual en la portación y uso ilegal de armas de fuego. Un tribunal no debe descartar la existencia de otros propósitos legislativos al aprobar una ley o enmienda. Interpretar que sólo respondió al limitado propósito propuesto por el peticionario Zayas Rodríguez, conllevaría ignorar la letra clara plasmada en la Ley de Sentencias Suspendidas. El legislador fue muy claro en su exclusión como parte de una amplia política pública integral. La Exposición de Motivos de la Ley Núm. 8, reza:

No podemos pues, convenir con el argumento mayoritario de que la exclusión del Art. 8 del privilegio de sentencia suspendida, no se ajusta a la intención de la Asamblea Legislativa; significa alterar lo que muy claramente el legislador aprobó como ley. A fin de cuentas, "[e]l texto claro de la ley es la expresión por excelencia de la intención legislativa". Pueblo v. Martínez Yanzanis, res. en 8 de abril de 1997; Pueblo v. Villafañe Fabián, res. en 10 de octubre de 1995; Pueblo v. Sierra Rodríguez, res. en 8 de febrero de 1995; Ojeda Ojeda v. El Vocero, res. en 26 de octubre de 1994; Ferretería Matos, Inc. v. P.R. Tel. Co., 110 D.P.R. 153, 157 (1980), citando a Rodríguez Rodríguez v. Gobernador, 91 D.P.R. 101, 107 (1964).

Disentimos. Confirmaríamos la Sentencia del reputado Tribunal de Circuito de Apelaciones.

ANTONIO S. NEGRÓN GARCÍA

Juez Asociado

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