Jurisprudencia del Tribunal Supremo de
P.R. del año 1999
99
DTS 161 SANDOVAL V. CARIBE HILTON 99TSPR161
En el Tribunal Supremo de Puerto
Rico
Alberto E. Sandoval Rivera
Recurrido
v.
Caribe Hilton International etc.
Peticionarios
Certiorari
99 TSPR 161
Número del Caso: CC-1997-445
Abogados de la Parte Peticionaria: Lcda.
Anabelle Rodríguez
Lcda. Graciela J. Belaval
Abogados de la Parte Recurrida: Lcdo.
Juan Rafael González Muñoz
Tribunal de Circuito de Apelaciones: Circuito Regional I
Juez Ponente: Hon. Dolores Rodríguez de Oronoz
Fecha: 25/10/1999
Materia: Daños y Perjuicios
ADVERTENCIA
Este documento constituye un documento oficial
del Tribunal Supremo que está sujeto a los cambios y correciones del proceso de
compilación y publicación oficial de las decisiones del Tribunal. Su
distribución electrónica se hace como un servicio público a la comunidad.
SENTENCIA
(En Reconsideración)
San Juan,
Puerto Rico, a 25 de octubre de 1999.
El 24 de abril de 1991, el peticionario
en reconsideración, Alberto Sandoval Rivera, presentó una demanda sobre
discrimen por razón de edad y otras causas de acción contra su patrono, Caribe
Hilton International.
Luego
de los trámites de rigor, el foro de instancia determinó que Sandoval había
sido despedido sin justa causa, por lo que le concedió los beneficios de la Ley
Núm. 80 de 30 de mayo de 1976, 29 L.P.R.A. sec. 185 et. seq. Dicho foro, sin embargo, denegó la
reclamación por despido discriminatorio por razón de edad.
El 30 de junio de 1997, el Tribunal de
Circuito de Apelaciones confirmó el dictamen de instancia en cuanto al despido injustificado
de Sandoval, pero revocó su dictamen de desestimación de la causa de acción por
discrimen por razón de edad. Determinó que Sandoval tenía derecho a la
indemnización que provee la Ley Núm. 100 de 30 de junio de 1959, 29 L.P.R.A.
sec. 148 et. seq. por despido discriminatorio por razón de edad.
El 29 de junio de 1998, mediante una
Sentencia, revocamos el dictamen del foro apelativo en lo relativo a la causa
de acción por discrimen y reinstalamos el del foro de instancia.
Sandoval entonces acudió ante nos en
reconsideración.
Luego de un re-examen cuidadoso de
todo el expediente del caso, una mayoría del Tribunal coincide en cuanto a que
en el caso de autos: (1) quedó debidamente activada una presunción de despido
por discrimen por razón de edad a favor de Sandoval; y, (2) que el patrono
Caribe Hilton International no rebatió la presunción referida. Por lo anterior, el juzgador venía obligado
a aceptar la existencia del hecho presumido y dictar sentencia conforme a ello.
Por los fundamentos expuestos, se
reconsidera nuestro dictamen anterior, se deja sin efecto nuestra Sentencia del
29 de junio de 1998, y se confirma la del Tribunal de Circuito de Apelaciones
del 30 de junio de 1997. Se devuelve el
caso al foro de instancia para que continuen los procedimientos conforme a lo
aquí resuelto.
Lo pronunció, manda el Tribunal y
certifica la Secretaria del Tribunal Supremo.
El Juez Asociado señor Fuster
Berlingeri emitió opinión de conformidad, a la que se une el Juez Asociado
señor Hernández Denton. La Juez Asociada señora Naveira de Rodón emitió opinión
concurrente, a la que se une el Juez Presidente señor Andréu García. El Juez
Asociado señor Negrón García emitió opinión disidente. Los Jueces Asociados
señores Rebollo López y Corrada del Río disienten sin opinión escrita.
Isabel Llompart Zeno
Secretaria del Tribunal Supremo
Opinión de
Conformidad emitida por el Juez Asociado señor FUSTER BERLINGER, a la que se
une el Juez Asociado señor HERNANDEZ DENTON.
(En Reconsideración)
San Juan,
Puerto Rico, a 25 de octubre de 1999.
Nos toca precisar qué prueba debe presentar
un patrono para rebatir la presunción de discrimen que obra en su contra en
virtud de la Ley Núm. 100 de 30 de junio de 1959, 29 L.P.R.A. sec. 148, en
casos de despido injustificado. En particular, debemos examinar el uso para tal
fin del contrainterroga- torio de testigos adversos al patrono.
I
El peticionario en reconsideración,
Alberto Sandoval Rivera, fue despedido de su empleo en el Hotel Caribe Hilton en
1990, después de aproximadamente 32 años de servicio en dicha empresa. A través de esos años de servicio, Sandoval
desempeñó sus funciones de manera satisfactoria para el Hotel. Recibió aumentos de sueldo y fue
repetidamente ascendido. Durante esos años ocupó varias posiciones, la última
de las cuales fue la de Gerente de Banquetes.
Sandoval fue despedido supuestamente
por haber distribuido de manera indebida unas propinas generadas en banquetes
celebrados en el hotel, recibiendo alegadamente una cantidad de esas propinas
mayor que la que le correspondía.
Sandoval impugnó el despido
referido. Presentó una querella contra el hotel por discrimen por razón de
edad, ante la Unidad Antidiscrimen del Departamento del Trabajo del Estado
Libre Asociado de Puerto Rico. Eventualmente, la Directora de la Unidad
Antidiscrimen referida autorizó a Sandoval a presentar su reclamación ante los
tribunales del país, lo que éste hizo.
Para impugnar su despido, Sandoval
adujo que a finales de 1988, luego de un cambio en la gerencia, el Hotel Caribe
Hilton comenzó a desplegar una política de eliminar a los empleados de muchos
años de servicio. Indicó que su patrono implantó un plan de retiro temprano del
hotel e instruyó a los supervisores a que ejercieran presión sobre tales
empleados para lograr que se retiraran.
Alegó, además, que en virtud de la política aludida, sus funciones
fueron reducidas; se le trasladó a una oficina más pequeña e incómoda; y se le
sustituyó en la dirección real de su departamento por una empleada mucho más
joven que él. Finalmente, Sandoval
alegó que fue despedido discriminatoriamente, por razón de su edad; y que la
cuestión de las propinas fue sólo una excusa para encubrir la verdadera razón
del despido discriminatorio.
Luego de los procedimientos de
rigor, el foro de instancia resolvió que Sandoval había sido despedido sin justa causa. Determinó que la investigación por el hotel
de la cuestión de las propinas había sido defectuosa
y que el informe del hotel sobre el particular en el cual se imputaba una
distribución desproporcionada en las propinas era erróneo, por lo que no podía servir de fundamento para el
despido de Sandoval.
En cuanto a la cuestión del
discrimen, sin embargo, el foro de instancia resolvió que “no estaba convencido” de que el patrono discriminara contra
Sandoval por razón de edad. Fundamentó
su decisión esencialmente sobre sólo tres elementos de la amplia prueba que
tuvo ante sí. Primero, que el
testimonio de una testigo de Sandoval, quien alegó haber escuchado a representantes
gerenciales mientras discutían la implantación de la política patronal de
despedir los empleados de mucha antigüedad, “tenía que ser tomado con suma
sospecha”, porque el esposo de dicha testigo también tenía una demanda de
discrimen por razón de edad en contra del Hotel Caribe Hilton. Segundo, que otro testimonio de un
ex-empleado del hotel, quien dijo haber escuchado a un alto funcionario de
dicha empresa decir que había que despedir los empleados viejos del hotel, no
le merecía credibilidad. Señaló el foro de instancia que dicho testimonio no
sólo le parecía insólito sino, además, que era contrario a lo declarado por el
funcionario aludido, quien negó haber hecho tal manifestación. Tercero, que el plan de retiro temprano que
el hotel le ofreció a sus empleados de más antigüedad en el trabajo “no
contribuía en lo absoluto a demostrar” que el despido fue discriminatorio. Sobre estas únicas bases, el foro de
instancia resolvió que Sandoval no
había demostrado que el verdadero motivo de su despedido era
discriminatorio. Sin embargo, el
Tribunal de instancia no expresó nada sobre el resto de la extensa prueba sobre
el alegado discrimen introducida por Sandoval, quien presentó numerosos
testigos sobre los hechos que alegó, además de presentar su propio
testimonio. En particular, dicho foro
no expresó juicio alguno sobre el testimonio del propio Sandoval. Aunque hizo una breve mención de una parte
del testimonio de éste en su sentencia, no expresó de modo alguno si lo
declarado por Sandoval le merecía poca o ninguna credibilidad.
Inconforme con este dictamen,
Sandoval recurrió ante el Tribunal de Circuito de Apelaciones. En lo
pertinente, este foro revocó el dictamen de instancia. Resolvió que como el despido de Sandoval
había sido injustificado, había
surgido una presunción de que dicho despido había sido discriminatorio;
y que el patrono no había derrotado
tal presunción. Determinó que
la prueba considerada por el foro de instancia era insuficiente para poder
concluir que se había refutado la presunción referida.
Inconforme con el dictamen del foro
apelativo, el hotel patrono acudió ante nos.
Inicialmente, mediante sentencia, revocamos el dictamen del Tribunal de
Circuito de Apelaciones.1 En esencia, confirmamos la sentencia de
instancia.
En reconsideración, sin embargo,
luego de estudiar más a fondo las cuestiones ante nos, resolvimos dejar sin
efecto nuestra sentencia anterior, y emitir en su lugar el dictamen de autos.
II
Es menester comenzar señalando que
la sentencia de instancia adolece de un defecto que es pertinente a uno de los
planteamientos del peticionario. Como
se ha indicado ya, el foro de instancia fundamentó su determinación sobre la
cuestión de discrimen en sólo una parte de la prueba presentada por el empleado
despedido. Nada dijo sobre el resto de
la prueba. En particular, nada expresó el tribunal sentenciador sobre el
testimonio del propio Sandoval de que su patrono le había solicitado que
ejerciera presión para lograr el retiro temprano de los empleados de mucha
antigüedad que Sandoval supervisaba. Aunque dicho tribunal en su sentencia
evaluó detalladamente la credibilidad que le merecían dos testigos, nada así
hizo sobre el testimonio del propio despedido, ni sobre la otra prueba
desfilada. No sabemos con certeza,
pues, si el juzgador de instancia no creyó estos elementos de la prueba, o si
los consideró poco pertinentes, o si fue que los estimó insuficientes.
La omisión aludida del foro de
instancia nos hace difícil la labor de considerar a cabalidad el planteamiento
del peticionario de que la determinación de ese foro es contraria a la prueba
que él desfiló, sobre todo en vista de que en estos casos de alegado despido
discriminatorio cuestiones como la de la credibilidad de los testigos son de
particular importancia, según hemos indicado antes. En Soto v. Hotel Caribe Hilton, opinión de 17 de octubre
de 1994, 137 D.P.R. ___, 94 JTS 128, expresamente indicamos que en casos de
alegado despido discriminatorio “el factor credibilidad juega un papel
importantísimo en el resultado de la reclamación”. La adjudicación de credibilidad, como se sabe, es una función
propia del juzgador de los hechos, que prevalece siempre salvo que haya mediado
prejuicio o error manifiesto de su parte. López Vicil v. ITT Intermedia,
infra; Pueblo v. Bonilla Romero, 120 D.P.R. 92 (1987).
Por lo anterior, si el juzgador de
los hechos no adjudica la credibilidad de testigos importantes en un caso como
el de autos, se dificulta mucho la labor de aquilatar el peso de la prueba
pertinente.
Lo anterior no obstante, existe otro
problema más grave en relación al dictamen del foro de instancia, también
planteado por el peticionario, que sí
nos permite adjudicar con certeza el recurso ante nos. Veamos.
III
El Art. 3 de la Ley Núm. 100 de 30
de junio de 1959, 29 L.P.R.A. sec. 148, dispone que en casos de despidos
como el de autos, que han sido realizados sin justa causa, se presumirá que dicho despido fue cometido por razón de
discrimen. Así lo hemos interpretado reiteradamente. Belk Arce v. Martínez,
opinión de 30 de junio de 1998, 146 D.P.R. ___, 98 JTS 92; López Vicil v.
ITT Intermedia, Inc., opinión de 4 de abril de 1997, 142 D.P.R. ___, 97 JTS
42; Soto v. Hotel Caribe Hilton, supra; Rodríguez Meléndez v.
Sup. Amigo, Inc., 126 D.P.R. 117 (1990); Odriozola v. S. Cosmetic Dist.
Corp., 116 D.P.R. 485 (1985); Ibáñez v. Molinos de P.R. Inc., 114
D.P.R. 42 (1983). Incluso hemos
resuelto de manera clara y explícita que la particular presunción de discrimen
por edad que establece nuestra Ley 100 es distinta
de la presunción parecida de discrimen por edad que establece la legislación
federal, el Age Discrimination in Employment Act (ADEA). Para que la presunción referida surja conforme
al ADEA, el empleado despedido tiene que establecer cuatro elementos
previamente, a saber: 1) que pertenecía
a la clase protegida; 2) que estaba cualificado para ocupar la posición; 3) que
fue despedido; y 4) que fue sustituido por una persona más joven. En cambio,
conforme a nuestra Ley 100, la presunción de discrimen surge una vez se
establece que el despido se realizó sin justa causa. Se trata de dos maneras
distintas de activar la presunción referida, y la que fija la Ley 100 es
indudablemente más favorable al trabajador despedido que su contraparte
federal. Así lo hemos resuelto
reiteradamente y constituye la doctrina vigente en nuestra jurisdicción. López Vicil v. I.T.T. Intermedia,
supra; Soto v. Caribe Hilton, supra;
y, Ibañez v. Molinos de Puerto Rico, supra. Conforme a la jurisprudencia referida, una
vez el empleado demandante establece que su despido fue sin justa causa, entra
en vigor a su favor la presunción de despido discriminatorio, y le corresponde
al patrono refutar la presunción de discrimen que obra en su contra. Lo explicamos así en Ibáñez v. Molinos de
P.R., Inc., supra, a la pág. 53:
“la presunción establecida por nuestra
Ley Núm. 100, contra discrimen, significa que el patrono demandado viene obligado a probar que el despido no fue discriminatorio. Nuevamente es preciso señalar la diferencia
con la doctrina federal. En nuestra
jurisdicción no es necesario que el patrono afirmativamente “articule” una
explicación razonable para el despido, aunque en la práctica ésta sería la
forma más certera y conveniente de destruir la presunción. Basta con que pruebe, aun mediante evidencia
circunstancial, que la razón para el despido no fue discriminatoria para que la presunción quede destruida. Esto último, sin embargo, ha de hacerse
mediante preponderancia de la prueba, lo que representa un quantum mayor de prueba que el exigido
en la jurisdicción federal.” (Enfasis suplido).
En el caso de autos, el foro de instancia no resolvió en
ningún momento que el patrono demandado había logrado rebatir la presunción que
existía en su contra de que el despido de Sandoval había sido discriminatorio. Dicho foro no explicó de modo alguno cómo
dicho patrono había probado, mediante preponderancia de la prueba, que el
despido no fue discriminatorio. Lo único que resolvió el tribunal sentenciador
fue que de la prueba desfilada por el
empleado demandante, no estaba convencido que el hotel hubiese discriminado en
contra de Sandoval. Como hemos
indicado antes, el foro de instancia en su sentencia se limitó a señalar que en
cuanto al testimonio de dos testigos presentados por Sandoval, uno era
sospechoso, y el otro no le merecía credibilidad; y que la existencia de un
plan de retiro temprano no era prueba de discrimen. En lo pertinente, nada más discutió el tribunal en su sentencia;
ni siquiera aludió a la presunción que obraba a favor de Sandoval, en su examen
de lo relativo a la prueba de autos.
En vista de lo anterior, es
evidente, como bien resolvió el foro apelativo, que el tribunal de instancia actuó bajo la premisa errónea de que le
correspondía a Sandoval probar su caso de discrimen. Lo que el foro de instancia no hizo fue precisamente lo que
debió haber hecho: determinar que
existía una presunción de discrimen a favor de Sandoval; y entonces, si tal
fuese el caso, explicar cómo y porqué esa presunción había sido en efecto
derrotada por el patrono mediante la preponderancia de la prueba.
El erróneo curso de decisión del
foro sentenciador requiere que nosotros hagamos lo que éste debió haber hecho. Pasemos, pues, al análisis probatorio sobre
si hubo refutación por el patrono de la presunción de discrimen que obraba a
favor de Sandoval en el caso de autos.
V
Es una norma bien establecida en
nuestro ordenamiento jurídico evidenciario que la parte contra quien va
dirigida una presunción no sólo tiene la obligación de presentar evidencia para
impugnarla, so pena de que el juzgador quede obligado a inferir el hecho
presumido, sino que tiene el peso de la prueba para persuadir al juzgador de
que no ocurrió el hecho presumido. Hawayek v. A.F.F., 123 D.P.R. 526 (1989). El profesor Chiesa explica lo anterior de la siguiente manera:
Así,
pues, la parte contra quien va dirigida la presunción no sólo tiene la
obligación de presentar evidencia—-so pena de que el juzgador quede obligado a
inferir el hecho presumido—-sino que, además, tiene el peso de la prueba para
persuadir al juzgador de que no ocurrió el hecho presumido.
Si
[dicha parte] presenta prueba en apoyo de que no ocurrió el hecho presumido, entonces
el juzgador resolverá la cuestión a la luz de toda la evidencia, pero teniendo
presente que el peso de la prueba lo tiene la parte que pretende establecer que
el hecho presumido no ocurrió. E.L.
Chiesa, Práctica Procesal Puertorriqueña:
Evidencia, San Juan, Pubs. J.T.S., 1983, Vol. I, a la pág. 44.
La norma aludida está establecida de
modo expreso en la vigente Regla 14 de Evidencia de Puerto Rico. Dicha Regla dispone lo siguiente:
Regla 14. Efecto de las Presunciones en Casos Civiles
En
una acción civil una presunción impone a la parte contra la cual se establece
la presunción el peso de la prueba para demostrar la inexistencia del hecho presumido. Si la parte contra la cual se
establece la presunción no ofrece evidencia para demostrar la no existencia del
hecho presumido, el juzgador debe aceptar la existencia de tal hecho. Si se presenta evidencia en apoyo de la
determinación de la no existencia de tal hecho, la parte que interesa
rebatir la presunción debe persuadir al juzgador de que es más probable la no
existencia que la existencia del hecho presumido. (Enfasis suplido).
El profesor
Emmannuelli, en su obra Prontuario de Derecho Probatorio Puertorriqueño,
(1994), nos señala lo siguiente en lo pertinente:
La
Regla 14 dispone que en los casos civiles, las presunciones son mandatorias
y fuertes. Bajo esta disposición
las presunciones son fuertes porque imponen a la parte contra la cual se
establece la presunción el peso de la prueba para demostrarle al juzgador la
inexistencia del hecho presumido. El
peso de la prueba consiste en persuadir al juzgador de que es más probable la
no existencia que la existencia del hecho presumido. Es decir, debe rebatir la presunción mediante la
preponderancia de las pruebas. Son
mandatorias, porque si la parte contra la cual se establece la presunción no
ofrece evidencia para demostrar la no existencia del hecho presumido o no
puede convencer al juzgador a base de la preponderancia de la prueba sobre la
no existencia del mismo, el juzgador tiene que aceptar la existencia de tal
hecho en forma concluyente.
La
Regla 14 tiene el efecto de cambiar el peso de la prueba una vez la parte que
interesa la aplicación de la presunción ha establecido los hechos básicos. La parte perjudicada por la presunción
entonces debe presentar prueba y convencer al juzgador de la no existencia del
hecho presumido. En los casos
civiles una presunción es suficiente para que la parte que se apoya en la misma
prevalezca en una acción. (Enfasis
suplido).
Debe señalarse que en la
jurisdicción federal, de donde proceden en parte nuestras reglas de evidencia,
una presunción como la de autos no puede derrotarse fácilmente. Así pues,
Wright y Graham en su cardinal obra Federal Practice and Procedure, Vol.
21, pág. 608 (1977), citando a Maguire, Evidence: Common Sense and Common
Law, señalan que presunciones como las que aquí nos conciernen, que están
investidas “de tan alto interés público”, Soto v. Caribe Hilton, supra,
sólo pueden derrotarse por prueba que sea amplia
y vigorosa (“wide and forceful”).
Destacan estos eminentes eruditos del derecho de prueba que:
“...the evidence that is
supposed to contradict the presumed fact must not only be sufficient in weight,
but must also be broad enough to cover the whole of the presumed fact.” (Nota 19).
Nosotros mismos, al reiterar que en
casos de despido injustificado corresponde al patrono rebatir la presunción de
discrimen que obra en su contra, hemos señalado que el patrono debe demostrar “con preponderancia de
la prueba, que
el despido no fue
discriminatorio” y que para ello el patrono debe presentar “evidencia de calidad suficiente para
convencer al juzgador...”. Belk Arce
v. Martínez, supra.
A la luz de las normas referidas,
¿presentó el patrono en este caso prueba preponderante, de calidad suficiente
para rebatir la presunción de discrimen que obraba en su contra?
De un examen cuidadoso de los autos
de este caso, surge claramente que el patrono demandado no presentó prueba propia alguna dirigida concretamente a
derrotar la presunción de discrimen aludida. El grueso de la prueba del patrono
estuvo dirigida a tratar de establecer que el despido de Sandoval no fue injustificado. Giraba en torno al asunto del alegado manejo
impropio de las propinas. Fuera de esta
evidencia, la prueba del patrono referente al presunto despido discriminatorio
se limitó al contrainterrogatorio de Sandoval y de sus testigos. Aparentemente,
el patrono estimó que de activarse la presunción de discrimen a favor de
Sandoval, ésta podía derrotarse mediante el contrainterrogatorio de Sandoval y
de los mismos testigos presentados por éste, por lo que no era necesario
presentar prueba propia adicional para ello.
En efecto, en su recurso ante nos el patrono hace hincapié en que para
adjudicar la cuestión del discrimen es necesario aquilatar la impugnación de la
prueba de Sandoval, que el patrono realizó mediante el contrainterrogatorio.2
En principio, nada le impedía al
patrono demandado confiar sólo en el contrainterrogatorio aludido para rebatir
la presunción de discrimen que podía activarse y en efecto se activó en su
contra. El testimonio que surgiese de
dicho contrainterrogatorio ciertamente podía constituir prueba adecuada para
los fines del demandado, debido a que, como se sabe, en nuestra jurisdicción,
el testimonio de cualquier testigo sobre un hecho material, que merezca entero
crédito, es prueba suficiente de ese hecho, salvo que por ley otra cosa se
disponga. Regla 10 (D) de Evidencia de
Puerto Rico, 32 L.P.R.A. Ap. IV.
Nuestro ordenamiento jurídico no dispone una forma evidenciaria
específica mediante la cual el patrono en casos como el de autos debe probar
que no discriminó. La presunción puede
ser destruida incluso mediante evidencia circunstancial. Ibáñez v. Molinos de P.R., Inc., supra,
a la pág. 53. Nada le impedía al
demandado, pues, utilizar prueba del propio demandante para realizar su
cometido. Lo importante era que la prueba que surgiese del
contrainterrogatorio aludido fuese preponderamente suficiente para demostrar
que no hubo discrimen.
En el caso de autos, sin embargo, es
claro que la presunción de discrimen
que nos concierne no quedó concretamente derrotada mediante el
contrainterrogatorio referido. Los testimonios adversos al patrono
sobre el discrimen alegado, que el patrono intentó impugnar mediante el
contrainterrogatorio, en sí sólo constituían prueba acumulativa en apoyo de la presunción de discrimen
que se activó a favor de Sandoval. Si en virtud del contrainterrogatorio
aludido, Sandoval o alguno de sus testigos hubiese admitido, declarado o
intimado que el patrono no tenía la intención de discriminar, entonces es
posible que dicho testimonio hubiese podido servir para refutar la fuerte
presunción de discrimen presente en este caso.
Pero evidentemente nada de
ello ocurrió aquí. No hay
evidencia alguna ante nos de que del contrainterrogatorio aludido se extrajo
testimonio a favor del patrono. En
su recurso ante nos, el patrono insiste una y otra vez en que debe tomarse en
cuenta su impugnación mediante el contrainterrogatorio de la prueba sometida
por Sandoval, a los fines de evaluar el asunto del discrimen; pero nada concreto señala que surgiese del
contrainterrogatorio referido que sirviese como prueba para derrotar la
presunción de discrimen. No
indica, por ejemplo, qué admisión, si alguna, surgió del contrainterrogatorio
de testigos adversos que demostrase la intención del patrono sobre el despido
de Sandoval. Nada en este sentido surge
tampoco de las sentencias de los foros de instancia y apelativo, ni de los numerosos
escritos y documentos que obran en autos.
Lo que sí es evidente es que los testimonios presentados por Sandoval no
incluían nada que fuese pertinente o que abonara algo a favor de la tesis de
que el patrono no tuvo intención de discriminar contra Sandoval. Por el contrario, dichos testimonios sólo
aludían a alegadas manifestaciones de la política discriminatoria del patrono, y el mero hecho de que el juzgador de
instancia no le hubiera otorgado credibilidad, no puede lógicamente
interpretarse como que dichos testimonios se convirtieron por ello en prueba
preponderante de la alegación contraria del patrono.
Debe destacarse que este Tribunal,
en una ocasión anterior, interpretando el alcance precisamente de la Regla 14 de
Evidencia, relativa al efecto de las presunciones en casos civiles, hizo valer
el hecho presumido en el caso en cuestión porque la parte contra quien obraba
la presunción, no presentó prueba
propia para derrotar la presunción, a pesar de que dicha parte sí contrainterrogó a los
testigos de la parte favorecida por la
presunción. Pueblo v. Vázquez Méndez,
117 D.P.R. 170 (1986). En ese caso,
como en el de autos, el contrainterrogatorio aludido no aportó prueba de
calidad suficiente para derrotar de modo preponderante la presunción presente
allí.
En resumen, pues, unos testimonios, cuyos contenidos en sí nada aportaron a
la tesis de que el patrono no discriminó contra Sandoval, no son
suficientes, sólo por su mera falta
de credibilidad, para derrotar una presunción jurídica de discrimen en
el despido, y para probar afirmativa y preponderantemente que no hubo
discrimen. No hay nexo lógico alguno
entre su mera falta de credibilidad y el hecho medular que el patrono venía
obligado a demostrar con preponderancia de prueba. La impugnación de lo declarado por estos testigos, aun si fue
exitosa, de por sí sólo demuestra que los testimonios referidos no tenían valor
como prueba acumulativa del presunto discrimen. No demuestra de modo alguno que no ocurrió el hecho presumido.
Por todo lo anterior, se debe
confirmar la sentencia del foro apelativo.
JAIME
B. FUSTER BERLINGERI
JUEZ
ASOCIADO
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