Ley
Núm. 130 del año 2002
(P. de la C. 597), 2002, ley 130
Para
enmendar las secciones 3.9 y 3.14 de la ley Núm. 170 de 1988: Ley de Procedimiento
Administrativo Uniforme del ELA.
LEY
NUM. 130 DE 8 DE AGOSTO DE 2002
Para enmendar las Secciones 3.9
y 3.14 de la Ley Núm. 170 de 12 de agosto de 1988, según enmendada, conocida
como la “Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme del Estado Libre Asociado
de Puerto Rico”, a fin de aclarar que las partes involucradas en procedimientos
adjudicativos ante agencias podrán comparecer exclusivamente por derecho propio
o asistidas de abogados, y disponer que la notificación de las órdenes o resoluciones
finales de las agencias se harán a las partes y a sus abogados.
EXPOSICION DE MOTIVOS
La Ley de Procedimiento
Administrativo Uniforme fue creada como un medio para garantizar unos
estándares de procesos dentro de los mecanismos gubernamentales. Su propósito principal es agilizar las
labores adjudicativas y de reglamentación que se llevan a cabo por las
agencias. No obstante, el problema que
ha surgido es en cuanto a quién debe y puede representar a un ciudadano común
ante la agencia.
Según el texto de Ley se faculta
para que aquél que tenga alegaciones ante la agencia lo haga por derecho propio
o mediante representación de un tercero.
Esto ha creado una serie de problemas dentro de las agencias. Por ello, varios jueces administrativos han
traído a nuestra atención, que se dificulta el procedimiento cuando el alegado
representante es un desconocedor de los principios del Derecho
Administrativo. La situación se empeora
cuando luego el representado sugiere que las acciones llevadas a cabo por el tercero
resultaron en deterioro de sus alegaciones, y que por éste no ser un abogado
sus derechos no fueron debidamente protegidos.
Ante esta situación las agencias
sugieren que se establezca como requisito que la persona querellada o
querellante acuda ante la agencia por derecho propio o mediante abogado. De esta forma las alegaciones ante la
agencia, aún cuando no tiene que revertirse de tecnicismos legales en cuanto a
la presentación de evidencia y a la ejecutoria procesal, garantizaría que el
proceso esté enmarcado de conocimiento eficiente. Además, la existencia de unas directrices éticas dentro de la
profesión de la abogacía aseguran al representado que las funciones llevadas a
cabo en su nombre serán revestidas de responsabilidad y sujetas a sanciones en
caso de incumplimiento.
DECRETASE POR LA ASAMBLEA
LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: