LEY PARA CREAR EL TRIBUNAL EXAMINADOR DE MEDICOS Y OTRAS

Ley Núm. 22 del 22 de abril de 1931, según enmendada.


Art. 1 . Tribunal Examinador de Médicos - Constitución. (20 L.P.R.A. sec. 31)

Al empezar a regir esta ley, el Gobernador de Puerto Rico, por y con el consejo y consentimiento del Senado de Puerto Rico, nombrará un Tribunal Examinador de Médicos adscrito a la Oficina de Reglamentación y Certificación de los Profesionales de la Salud del Departamento de Salud y compuesto de nueve (9) médicos. Inicialmente, los miembros del Tribunal serán nombrados en la siguiente forma: cinco (5) miembros por el término de cinco (5) años y cuatro (4) por el término de cuatro (4) años. Los incumbentes actuales seguirán en el desempeño de sus cargos hasta que expire el término de los mismo y el Gobernador nombre los nuevos incumbentes de forma tal que prevalezca el sistema escalonado aquí provisto. Las asociaciones de profesionales médicos podrán someter candidatos al Gobernador para cubrir vacantes en el Tribunal. No más de cuatro (4) médicos miembros del Tribunal serán residentes del área metropolitana. 

Los miembros del Tribunal deberán ser personas mayores de edad, ciudadanos de los Estados Unidos de América, residentes permanentes de Puerto Rico, poseer un título de Doctor en Medicina y una licencia regular expedida por el Tribunal Examinador de Médicos para ejercer su profesión en Puerto Rico, haber practicado activamente su profesión en Puerto Rico por lo menos durante siete (7) años y estar familiarizados con los programas de educación médica. Por lo menos uno de los miembros del Tribunal debe haberse dedicado durante cinco (5) años o más a la enseñanza de cualquier rama de la medicina a tiempo completo en una escuela de medicina acreditada por el Consejo de Educación Superior y por el Comité de Enlace de Educación Médica, este último integrado por representantes de la Asociación Médica Americana y la Asociación Americana de Colegios de Medicina. 

Una vez nombrado, ningún miembro del Tribunal podrá ser accionista o pertenecer a la Junta de Síndicos o de Directores de una universidad, colegio o escuela de medicina. Ningún miembro del Tribunal podrá ser nombrado por más de dos (2) términos consecutivos. 

Las vacantes que surjan en el Tribunal, que no sean por razón de la expiración del término establecido por ley, serán cubiertas hasta la expiración del nombramiento de las personas sustituidas, según el procedimiento establecido en esta sección. 

Los miembros del Tribunal ocuparán sus cargos hasta que sus sucesores hayan sido nombrados y tomen posesión de los mismos. 

El Gobernador de Puerto Rico podrá destituir a un miembro del Tribunal por negligencia en el desempeño de sus funciones, por negligencia crasa en el desempeño de su profesión, por haber sido convicto de delito grave, o por suspensión, cancelación o revocación de su licencia, previa notificación y audiencia. 

(Enmendada en el 1935, ley 46; 1961; 1980, ley 112; 1980, ley 11;1986, ley 1)

Art. 2. Organización. (20 L.P.R.A. sec. 32)

Dicho Tribunal se proveerá de un sello oficial. Elegirá de su seno, en la primera sesión, un Presidente por el término de un (1) año el cual podrá ser reelecto anualmente. También elegirá un Presidente Alterno que sustituirá al Presidente en caso de ausencia temporal de éste. El Tribunal celebrará por lo menos doce (12) sesiones ordinarias anuales para resolver sus asuntos oficiales y podrá celebrar, además, las reuniones adicionales que fueren necesarias para el mejor desempeño de sus funciones. Cinco (5) miembros del Tribunal constituirán quórum y las decisiones se tomarán por mayoría de los miembros presentes; Disponiéndose, que al momento de votación se constatará el quórum. Cuando se trate de una orden de suspensión, cancelación o revocación de una licencia regular, o de una fijando un período de prueba a un médico por tiempo determinado, según se dispone en las [20 LPRA secs. 31 et seq.] de esta ley, la decisión se tomará mediante el voto afirmativo de por lo menos cinco (5) miembros. El Secretario del Tribunal será nombrado por el Presidente en consulta con el Secretario de Salud y prestará sus servicios como un empleado de confianza de conformidad con lo dispuesto por las [3 LPRA secs. 1301 a 1431], conocidas como "Ley de Personal del Servicio Público de Puerto Rico". 

El Tribunal Examinador establecerá los mecanismos de consulta y coordinación y adoptará los acuerdos necesarios para llevar a cabo sus respectivas funciones. Igualmente, el Tribunal establecerá relaciones de consulta recíproca y de coordinación con el Secretario de Salud y con las organizaciones de reglamentación y evaluación profesional creadas por las [24 LPRA secs. 3001 et seq.]. 

(Enmendada en el 1931, ley 22; 1961; 1946, ley 320; 1980, ley 112; 1986, ley 1)

Art. 3. Firmas de documentos oficiales. (20 L.P.R.A. sec. 33)

El Presidente y el Secretario del Tribunal firmarán todo documento oficial emanado del Tribunal y cualquier otro documento autorizado por leyes y reglamentos relacionados. Disponiéndose, que toda certificación de copia de documentos existentes en el Tribunal podrá firmarse solamente por su Secretario, de conformidad con lo que el Tribunal disponga por reglamento interno para su funcionamiento. 

(Abril 22, 1931, Núm. 22, p. 205, art. 3; Junio 4, 1980, Núm. 112, p. 392, sec. 1.)

Art. 4. Autoridad. (20 L.P.R.A. sec. 34)

El Tribunal tendrá a su cargo la autorización, en el Estado Libre Asociado de Puerto Rico, de acuerdo con las disposiciones de las [20 LPRA secs. 31 et seq.] de esta ley, del ejercicio de la profesión de médico cirujano y osteólogo. El Tribunal también autorizará el ejercicio de la acupuntura a los médicos legalmente admitidos al ejercicio de la profesión en Puerto Rico que presenten credenciales ante el Tribunal Examinador de Médicos de Puerto Rico, quien mediante reglamentación al efecto determinará los requisitos de entrenamiento y experiencia para autorizar esta práctica en Puerto Rico. Se registrará tal evidencia en los libros del Tribunal Examinador y se archivará copia de la misma en el expediente del solicitante. Se aplicarán las penalidades establecidas en la [20 LPRA sec. 39] de esta ley a las personas convictas de practicar ilegalmente la acupuntura. 

El Tribunal tendrá facultad para denegar, suspender, cancelar o revocar cualquier licencia y para emitir una orden fijando a un médico un período de prueba por un tiempo determinado, según se establece más adelante en las [20 LPRA secs. 31 et seq.] de esta ley. 

El Tribunal proveerá en su reglamento para el desarrollo de un programa de orientación vigoroso y amplio dirigido a los que aspiran a estudiar medicina, en términos de, entre otros, las necesidades de médicos en Puerto Rico, los requisitos establecidos por ley para tomar la reválida de médico y para obtener una licencia permanente en Puerto Rico, y las implicaciones y consecuencias de asistir a escuelas no reconocidas por el Tribunal. 

El Tribunal desarrollará un sistema de información que permita establecer una relación estadística entre los resultados de la reválida, y las características de los aspirantes. También deberá establecer un registro que contenga datos básicos sobre los aspirantes a la reválida, tales como: edad, sexo, escuela de donde proviene, índice académico al entrar a la escuela de medicina. 

El Tribunal realizará de tiempo en tiempo, sin que transcurra un período mayor de tres (3) años entre un censo y otro, y con la colaboración del Departamento de Salud, un censo de los egresados de escuelas de medicina que no hayan aprobado la reválida. 

En tal censo se incluirá, sin que se entienda como una limitación, el nombre del egresado, la escuela de medicina de la cual se graduó, la fecha de graduación y si estuviere trabajando en el área de la salud, el sitio de trabajo y las funciones que desempeña. 

La información recopilada a través del censo será utilizada por los organismos correspondientes en la planificación del desarrollo de los recursos humanos de la salud, en las proyecciones de oferta y demanda de estos recursos, en la planificación de los servicios del Tribunal y en las proyecciones de recursos humanos, materiales y económicos para la reorientación o capacitación académica y clínica de aquellos aspirantes a practicar la medicina que reúnen los requisitos de ley para tomar el examen de reválida. 

El Tribunal preparará y promulgará, en consulta con el Secretario de Salud, un reglamento estableciendo las normas y procedimientos para realizar el censo dispuesto en esta sección. 

También promulgará un reglamento para la evaluación periódica y la autorización de aquellos Programas del Internado en Puerto Rico que no hayan sido acreditados por el Comité de Enlace de Educación Médica a que se hace referencia en [20 LPRA sec. 31] de esta ley. 

El Tribunal establecerá la reglamentación para el desarrollo de programas de educación médica clínica para estudiantes domiciliados en Puerto Rico y matriculados en escuelas de medicina extranjeras acreditadas por el Tribunal. 

Estos programas de educación médica clínica se llevarán a cabo en hospitales no participantes de programas de educación médica clínica de escuelas acreditadas por el Comité de Enlace de Educación Médica. 

La reglamentación que se adopte deberá disponer los criterios a considerarse para el desarrollo del programa, las obligaciones que deben asumir y los procedimientos que deben seguir las escuelas de medicina extranjeras reconocidas por el Tribunal para poder participar en el programa. Asimismo, deberá disponer los requisitos que deberán poseer los estudiantes que deseen participar en dicho programa en adición de haber aprobado la primera parte del examen de reválida para médico de Puerto Rico y estar cursando estudios de medicina en los grados equivalentes al séptimo y octavo semestre[s] de las escuelas de medicina en Puerto Rico, en escuelas extranjeras reconocidas cuyos requisitos de admisión y programa académico sean análogos a las escuelas de medicina de Puerto Rico acreditadas por el Consejo de Educación Superior y el Comité de Enlace de Educación Médica. 

El Tribunal promulgará los reglamentos requeridos en los párrafos anteriores dentro de un período no mayor de noventa (90) días de la aprobación de las secs. 31 et seq. de esta ley. 

(Enmendada en el 1961, ley 97; 1974, ley 9; 1980, ley 112; 1986, ley 1; 1986, ley 3; 1988, ley 131)

Art. 5. Funciones del Secretario. (20 L.P.R.A. sec. 35)

El Secretario del Tribunal certificará la asistencia por sesiones de los miembros del Tribunal; llevará un libro de actas de las sesiones, las que deberán ser aprobadas por el Tribunal y firmadas por el Presidente y el Secretario del Tribunal. El Tribunal establecerá los mecanismos necesarios para el registro, cada tres (3) años, de las licencias regulares que expida. También mantendrá un registro de las licencias provisionales que expida. Además, tendrá a su cargo y bajo su custodia y responsabilidad todos los documentos, libros de registros y archivos pertenecientes al Tribunal. 

(Enmendada en el 1980, ley 112; 1983, ley 4)

Art. 6. Informe anual. (20 L.P.R.A. sec. 36)

El Tribunal presentará [al] Gobernador de Puerto Rico un informe anual demostrativo de sus trabajos, dando cuenta del número de solicitudes recibidas y licencias expedidas; de las cuentas de gastos e ingresos; cuentas de las dietas y millaje reembolsadas a los miembros del Tribunal y a favor de quiénes se hicieron tales reembolsos, así como los demás datos que el Gobernador solicitare, o que a juicio del Tribunal Examinador de Médicos sean pertinentes plantearle. Copia de dicho informe será enviado al Secretario de Salud y a las organizaciones bona fide  de médicos que así lo soliciten. 

El Tribunal deberá establecer los procedimientos y mecanismos para lograr intercambiar información con otras jurisdicciones sobre licencias para ejercer la práctica de la medicina concedidas, suspendidas o revocadas. 

(Enmendada en el 1976, ley 7; 1980, ley 112; 1986, ley 1)

Art. 7. Servicios legales; citaciones; reglamentación. (20 L.P.R.A. sec. 37)

El Tribunal contratará los servicios legales que estime necesarios y los honorarios serán satisfechos de los fondos del Tribunal Examinador de Médicos. Si éstos no fueren suficientes, se sufragarán de cualesquiera otros fondos existentes en el Tesoro Estatal no destinados para otras atenciones. También podrá cuando lo estime necesario solicitar la asistencia legal al Secretario de Justicia. 

El Tribunal tendrá facultad para citar testigos y obligarlos a comparecer ante él para tomar declaraciones y juramentos y para recibir las pruebas que le fueren sometidas en todo asunto que esté dentro de su jurisdicción. Así mismo, podrá exigir que se le envíen copias de libros, documentos o extractos de ellos, en todos los casos en que tenga derecho a examinar los originales o a exigir la presentación de los mismos. Toda citación bajo apercibimiento expedida por el Tribunal deberá llevar el sello del mismo y estar firmada por el Presidente de éste, pudiendo ser notificada por cualquier adulto en cualquier parte del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. 

El Tribunal fijará por reglamento las cantidades a pagarse por la comparecencia de testigos y por cada milla recorrida por los mismos, de acuerdo a la reglamentación aplicable. Los desembolsos que se hagan para el pago de dichos honorarios se sufragarán con cargo al presupuesto de gastos del Tribunal. 

Si cualquier individuo que hubiere sido citado para comparecer ante el Tribunal o ante cualquiera de sus miembros no compareciere, o se negare a prestar juramento o a declarar o a contestar cualquier pregunta pertinente, o a presentar cualquier documento pertinente cuando así lo ordenare el Tribunal, éste podrá invocar la ayuda de cualquier sala del Tribunal de Primera Instancia de Puerto Rico para obligar dicha comparecencia, la declaración de los testigos y la presentación de documentos; y dicho tribunal, por causa justa demostrada, expedirá una orden a cualquier persona para que comparezca ante el Tribunal o ante cualquiera de sus miembros y presente los documentos requeridos, si así se le ordenare, y para que preste declaración en cuanto al asunto de que se trate; y la falta de obediencia a dicha orden constituirá desacato y podrá ser castigada como tal. 

El Tribunal deberá aprobar las reglas y reglamentos internos que estime convenientes para la buena marcha de dicho organismo. Tales reglas y reglamentos, una vez aprobados y publicados por el Tribunal tendrán fuerza de ley. 

(Enmendada en el 1972, ley 18; 1980, ley 112; 1986, ley 1)

Art. 8. Dieta y millaje de los miembros. (20 L.P.R.A. sec. 38)

A cada miembro del Tribunal Examinador de Médicos, inclusive los funcionarios públicos, por la presente se le asigna la suma de cincuenta (50) dólares por cada día o fracción que prestare sus servicios y, además, cobrará millaje según lo establecido en los reglamentos del Departamento de Hacienda. A partir del 1 de enero de 1997 los miembros del Tribunal Examinador recibirán dietas equivalentes a la dieta mínima establecida en la [2 LPRA sec. 29], para los miembros de la Asamblea Legislativa por asistencia a sesiones o reuniones de comisión, por cada sesión, reunión extraordinaria o de comité u otro organismo o realización de encomienda autorizada por el Presidente del Tribunal Examinador a la que asistan, excepto aquellos que sean jefes de agencias del Estado Libre Asociado de Puerto Rico y sus instrumentalidades, salvo el Presidente del Tribunal Examinador, quién recibirá una dieta equivalente al ciento treinta y tres por ciento (133%) de la dieta que reciban los demás miembros del Tribunal Examinador. 

(Enmendada en el 1972, ley 18; 1980, ley 112; 1996, ley 100)

Art. 9. Práctica ilegal de la medicina, penalidades. (20 L.P.R.A. sec. 39)

Toda persona que fuere convicta de ejercer ilegalmente la medicina o cirugía, o la osteología, conforme a las disposiciones de las [20 LPRA secs. 31 et seq.] de esta ley, incurrirá en delito grave y convicta que fuere será castigada con pena de reclusión por un término fijo de tres (3) años; de mediar circunstancias atenuantes podrá ser reducida hasta un mínimo de dos (2) años y de existir agravantes la pena podrá ser aumentada hasta un máximo de cinco (5) años de reclusión. 

El Tribunal podrá solicitar al Tribunal de Primera Instancia de Puerto Rico que expida un auto de injunction  para impedir que la persona acusada de ejercer ilegalmente la medicina u osteología en el Estado Libre Asociado de Puerto Rico, continúe el ejercicio de dicha profesión hasta tanto se resuelva la acusación. El Tribunal podrá radicar y promover dicho recurso mediante su abogado o a través del Secretario de Justicia de Puerto Rico. 

Para los efectos de las [20 LPRA secs. 31 et seq.] de esta ley, se considerará como ejerciendo ilegalmente la medicina y cirugía o la osteología, cualquier persona que sin poseer una licencia expedida por el Tribunal escribiere, redactare o publicare un aviso o anuncio pretendiendo estar capacitada legalmente para ejercer la medicina o la osteología; ofreciere servicios de medicina u osteología por medio de algún aviso, anuncio o cualquier otra forma; o que pretendiere estar capacitado para examinar, diagnosticar, tratar, operar o recetar para cualquier enfermedad, dolor, lesión, deformidad, o condición física y/o mental o que lleve a cabo o se ofrezca por cualesquiera medios o métodos para examinar, diagnosticar, tratar, operar o recetar para cualquier enfermedad, dolor, lesión, deformidad o condición física y/o mental, reciba o no remuneración por tales servicios. Para los efectos de lo aquí antes dispuesto se entenderá que no se posee una licencia expedida por el Tribunal cuando ésta ha sido suspendida o revocada por el tribunal, aun cuando se establezca procedimiento de reconsideración o revisión de la decisión del Tribunal; disponiéndose, que este efecto inmediato de la decisión del Tribunal podrá dejarse sin efecto por el Tribunal de Circuito de Apelaciones en auxilio de su jurisdicción cuando se radique ante él un recurso de revisión sólo después de un minucioso escrutinio dirigido a proteger adecuadamente el interés público y la salud de los residentes de Puerto Rico. Asimismo se considerará como ejerciendo ilegalmente la medicina y cirugía o la osteología cuando un médico debidamente licenciado por el Tribunal, a sabiendas y en concierto y común acuerdo, acepte un contrato, se convierta en empleado o se asocie en la práctica de la medicina junto a, bajo la supervisión de o supervisando personas no licenciadas en Puerto Rico para la práctica de la medicina y cirugía o la osteología; conspire para, incite a o acepte ejercer la práctica de la medicina conjuntamente o de cualquier otro modo ayude o facilite a otra persona no licenciada para ello por el Tribunal. No obstante, los estudiantes de medicina matriculados en escuelas de medicina debidamente autorizadas a operar en Puerto Rico por el Consejo de Educación Superior y los estudiantes de medicina, domiciliados en Puerto Rico matriculados en escuelas de medicina extranjeras debidamente reconocidas por el Tribunal Examinador de Médicos participantes en programa de educación clínica conforme se autoriza en la [20 LPRA sec. 34] de esta ley, podrán, sujeto a las condiciones impuestas por el Tribunal y bajo la supervisión docente de un médico autorizado para ejercer la medicina en Puerto Rico, llevar a cabo exámenes en seres humanos, ayudar en operaciones, dar anestesia, atender casos de cirugía menor y atender casos de parto como parte de sus estudios, mientras asisten a la escuela de medicina. Constituirán, además, delito grave sujeto a las penalidades establecidas en el primer párrafo de esta sección las siguientes prácticas: 

(1) El uso del título de "Doctor en Medicina", o de la abreviatura "M.D.", usada ésta sola, o asociada a otros términos, con el propósito de solicitar pacientes, excepto en los casos de personas que estuvieren legalmente autorizadas para ejercer la medicina en Puerto Rico. 

(2) Anunciarse como especialista o ejercer como tal, sin estar debidamente certificado por el Tribunal Examinador de Médicos conforme a lo dispuesto en la [20 LPRA sec. 52d] de esta ley. 

(3) Contratar o emplear a cualquier persona como médico u osteólogo sin estar debidamente autorizado por el Tribunal o cuando se le haya suspendido, revocado o cancelado la licencia. 

(4) Anunciarse como, o usar el título de osteólogo a menos que sea un osteólogo debidamente autorizado a ejercer como tal en el Estado Libre Asociado de Puerto Rico. 

(5) Someter documentos falsos o fraudulentos al tribunal con el propósito de obtener una licencia de médico, osteólogo o la certificación de una especialidad. 

(Enmendada en el 1945, ley 304; 1961, ley 97; 1972, ley 18; 1980, ley 112; 1986, ley 1; 1988, ley 131; 1998, ley 30)

Art. 10. Fecha para la celebración de exámenes. (20 L.P.R.A. sec. 40)

El Tribunal ofrecerá exámenes de reválida totales o parciales en Puerto Rico por lo menos dos (2) veces al año y de acuerdo con las normas que establezca el Tribunal Examinador. 

Luego de que un aspirante sea suspendido en el examen de reválida en cinco (5) ocasiones no podrá volver a tomar dicho examen. 

(Enmendada en el 1969, ley 127; 1972, ley 18; 1980, ley 112; 1986, ley 1; 1996, ley 74)

Art. 11. Exámenes de reválida. (20 L.P.R.A. sec. 41)

Los exámenes de reválida de médicos cirujanos u osteólogos se efectuarán por escrito, exceptuando los exámenes prácticos, según las reglas que dicte el Tribunal y siempre que conste evidencia gráfica de la evaluación hecha en cada caso. Dichos exámenes incluirán, pero sin limitarlos, aquellas materias sobre ciencias básicas, disciplinas clínicas y destrezas prácticas que el Tribunal estime conveniente evaluar. El Tribunal podrá delegar la administración del examen práctico en médicos autorizados para ejercer la medicina en Puerto Rico de conocida experiencia y acreditados por el Tribunal Examinador para tales fines. 

Los exámenes podrán ser contestados en los idiomas inglés o español a elección del examinado. 

El Tribunal proveerá en su reglamento para que, antes de presentarse al examen, el aspirante reciba orientación que lo familiarice con el procedimiento de reválida, las normas que rigen la administración del examen, el tipo de examen y el método de evaluación del mismo, así como la reglamentación del Tribunal. A tales efectos deberá preparar y publicar un manual contentivo de toda la información relativa al examen de reválida, copia del cual deberá estar a la disposición y entregarse previa presentación de un comprobante de rentas internas por la cantidad de diez (20) dólares a toda persona que solicite ser admitida para tomar el examen. El Tribunal podrá revisar el costo de este manual de reválida de tiempo en tiempo, tomando como base los gastos de preparación y publicación del manual, pero la cantidad a cobrarse no podrá exceder del costo real que tales gastos representen. Así mismo, adoptará normas que garanticen a los aspirantes suspendidos en una o más partes de la reválida el derecho a examinar su hoja de contestaciones, a recibir el desglose de la puntuación obtenida por preguntas y a solicitar la reconsideración de la calificación de su examen. 

El Tribunal obtendrá el asesoramiento de profesionales expertos en las técnicas de confeccionar exámenes para asegurar la validez de los mismos como instrumentos para medir conocimientos y destrezas. 

(Enmendada en el 1961, ley 97; 1972, ley 18; 1974, ley 114; 1980, ley 112; 1986, ley 1)

Art. 12. Derechos. (20 L.P.R.A. sec. 42)

Todo médico u osteólogo que interese se le conceda una licencia para el ejercicio de su profesión deberá someter, debidamente cumplimentado, el formulario que a tales efectos proveerá el Tribunal acompañado de un giro postal o cheque certificado a nombre del Secretario de Hacienda por la cantidad correspondiente, según se indica a continuación: 

(a) Licencia con examen, ciento cincuenta (150) dólares. Esta cantidad incluirá las tres (3) partes de la reválida. 

(b) Licencia por reciprocidad, doscientos (200) dólares. 

(c) Licencia provisional, veinticinco (25) dólares. 

(d) Recertificación y registro de profesionales, setenta y cinco (75) dólares. 

(e) Duplicados de licencia, setenta y cinco (75) dólares. 

(f) Reexamen cada parte, cincuenta (50) dólares. 

(g) Licencias especiales para los médicos u osteólogos de las fuerzas armadas de los Estados Unidos de América, del servicio de salud pública federal y de la Administración de Veteranos, cincuenta (50) dólares. 

(h) Certificados de especialidades, cien (200) dólares. 

El importe de estos derechos no será devuelto al solicitante por dejar de presentarse a examen o por haber sido desaprobado. 

Los derechos que paguen los solicitantes ingresarán al Fondo de Salud en una cuenta especial para uso exclusivo del Tribunal Examinador de Médicos. 

(Enmendada en el 1961, ley 97; 1972, ley 18; 1980, ley 112; 1980, ley 11; 1986, ley 1; 1991, ley 44)

Art. 13. Requisitos para obtener licencia. (20 L.P.R.A. sec. 43)

Toda persona que aspire a obtener licencia para ejercer en el Estado Libre Asociado de Puerto Rico la profesión de médico cirujano o la de osteólogo deberá cumplir con los siguientes requisitos: 

(1) Ser mayor de edad y haber residido ininterrumpidamente en Puerto Rico por un período mínimo de seis (6) meses, excluyendo salidas esporádicas del país con fines médicos, de negocios o de placer y excluyendo adicionalmente toda salida del país con fines de realizar estudios en universidades, colegios o escuelas de medicina en el extranjero. 

(2) Poseer un diploma, título de médico cirujano u osteólogo, o certificado acreditativo de haber completado satisfactoriamente todos los estudios académicos de la carrera de médico cirujano u osteólogo expedido por alguna universidad, colegio o escuela cuyo curso de estudios esté aceptado y registrado por el tribunal. En el caso de instituciones educativas que estén operando en Puerto Rico dicho curso de estudios deberá estar previamente autorizado por el Consejo de Educación Superior de Puerto Rico, creado por las [18 LPRA secs. 601 et seq.].  El tribunal no reconocerá la validez de un título de médico u osteólogo en aquellos casos en que el aspirante no haya cursado por lo menos los dos (2) últimos años del currículo oficial de la escuela en la Escuela de Medicina que lo expide. Tampoco aceptará la validez de un diploma, certificado o título si la escuela, universidad o colegio que lo expide excusó al aspirante de tomar cualquier asignatura incluida en el currículo aceptado y registrado por el tribunal. 

(3) Haber aprobado los exámenes de reválida ofrecidos por el Tribunal Examinador a los que se refiere la [20 LPRA sec. 41] de esta ley o haber aprobado, irrespectivamente de que se haya graduado de una escuela o universidad reconocida o no por el Tribunal Examinador de Médicos, el United States Medical Licensing Examination   (USMLE ) o algún otro examen equivalente, existente o que surja en el futuro, que a discreción del Tribunal obedezca a los mismos fines que el USMLE, siempre y cuando cumpla con todos los demás requisitos aplicables exigidos en ley.  Disponiéndose, que sujeto a las demás disposiciones aplicables establecidas en esta ley, el Tribunal Examinador de Médicos establecerá mediante reglamentación al efecto, los exámenes o examen que tendrá que aprobar los aspirantes a obtener una licencia de médico cirujano que hayan cursado total o parcialmente sus estudios de medicina en una escuela no reconocida por el Tribunal. 

Se dispone, además, que para ser admitido a cualquiera de las partes del examen de reválida que se establecen en la [20 LPRA sec. 41] de esta ley será necesario cumplir con las disposiciones del inciso (1) de esta sección y someter evidencia de ello a satisfacción del Tribunal. El Tribunal establecerá por reglamento los requisitos para ser aceptado a tomar el examen de reválida que comprenda las ciencias básicas. Disponiéndose, que el candidato a cualquier parte del examen deberá acompañar una transcripción de créditos que acredite que dicho candidato aprobó un grado de bachiller en ciencias, curso de premédica o cursos equivalentes a la premédica, según lo establezca el Tribunal mediante Reglamento y con un índice académico no menos de dos punto cinco (2.5) o su equivalente. El Tribunal podrá eximir del requisito de examen a aquellas personas que hayan obtenido licencia para ejercer dicha profesión mediante exámenes aprobados ante el Tribunal correspondiente en los estados de la Unión Americana, con los cuales el Tribunal haya establecido relaciones de reciprocidad y a aquellos médicos cirujanos que posean un diploma expedido por el Tribunal Nacional de Examinadores Médicos (National Board of Medical Examiners of the United States of America ), o haber aprobado el examen de licenciatura de la Federación de Juntas Médicas Estatales (FLEX). En estos casos dichos médicos deberán cumplir con los demás requisitos exigidos en esta sección. El Tribunal podrá otorgar licencias provisionales a petición del Secretario de Salud a los médicos u osteólogos de otros estados de Estados Unidos de América que vengan a ejercer su profesión a Puerto Rico en facilidades médico-hospitalarias de fines no lucrativos hasta tanto dichos profesionales cumplan con los seis (6) meses de residencia que exige el inciso (1) de esta sección. 

(4) El aspirante a una licencia de médico cirujano suministrará evidencia satisfactoria al Tribunal de que después de haberse graduado de una escuela o colegio de medicina ha completado un adiestramiento como interno o residente por no menos de un (1) año en un hospital aprobado por el Tribunal. 

Disponiéndose, que el Tribunal acreditará a todo médico que hubiese servido como interno en las fuerzas armadas de los Estados Unidos el tiempo servido en la misma forma y con el mismo efecto que si hubiese hecho este servicio en forma de internado en un hospital reconocido por dicho Tribunal. 

(5) [Derogada por la Ley 109, art. 2 del 11 de Agosto de 1996] 

(6) En el caso de médicos u osteólogos de buena reputación científica reconocida nacional o internacionalmente y que presenten prueba al efecto, que vinieren al Estado Libre Asociado de Puerto Rico y desearen ejercer la medicina, el Tribunal podrá, a petición del Secretario, después de aquilatar los méritos y autoridad científica del interesado, librarle una licencia provisional para ejercer la medicina u osteología en Puerto Rico, por el término de un (1) año, prorrogable por un (1) año adicional. Si estos médicos u osteólogos desearen continuar indefinidamente ejerciendo su profesión en Puerto Rico deberán obtener la licencia regular según lo establecido en esta ley. La concesión de esta licencia será aprobada en cada caso por dos terceras (2/3) partes de la totalidad de los miembros del Tribunal. Disponiéndose, además, que en el caso de médicos extranjeros deberán presentar evidencia de que han obtenido los correspondientes permisos o visas de la Oficina de Inmigración y Naturalización del Departamento de Justicia de los Estados Unidos. 

(7) Ser persona de buena reputación, acreditada con un certificado de buena conducta expedido por la Policía de Puerto Rico y cualquier otra credencial que el Tribunal establezca por reglamento. 

(Enmendada en el 1935, ley 11; 1938, ley 96; 1945, ley 304; 1958, ley 61; 1961, ley 97; 1965, ley 17; 1969, ley 135; 1970, ley 75; 1972, ley 18; 1974, ley 114; 1976, ley 14; 1977, ley 127; renumerado como art. 13 y enmendado en el 1980, ley 112; 1986, ley 1; 1986, ley 3; 1996, ley 109; 1996, ley 211)

Art. 14 . Exenciones. (20 L.P.R.A. sec. 44)

Los médicos u osteólogos de las fuerzas armadas de los Estados Unidos y servicio de salud pública federal quedan dispensados de los exámenes establecidos en la [20 LPRA sec. 41] de esta ley y podrán ejercer la medicina en Puerto Rico mientras se encuentren en el ejercicio activo de sus funciones oficiales, para lo cual deben obtener una licencia especial expedida por el Tribunal además de cumplir con lo establecido en los incisos (2), (4) y (7) de la [20 LPRA sec. 43] de esta ley. Este derecho se entenderá que ha cesado tan pronto como cesaren en el ejercicio de sus funciones oficiales. 

(Renumerado como art. 14 y enmendado en el 1980, ley 112; 1986, ley 1)

Art. 15. Licencia especial; internos o residentes. (20 L.P.R.A. sec. 46) (20 L.P.R.A. sec. 46)

El Tribunal expedirá una licencia provisional autorizando la práctica de la medicina y cirugía en Puerto Rico a todo médico cirujano que muestre evidencia de haber sido aceptado [en] un programa de internado o residencia en un hospital aprobado por el Tribunal, que haya aprobado aquella parte del examen de reválida que el Tribunal tenga a bien exigir, y que cumpla con todos los demás requisitos que exija esta ley; disponiéndose, que en el caso de médicos cirujanos extranjeros deberán presentar evidencia de que han obtenido los permisos correspondientes de la Oficina de Inmigración y Naturalización del Departamento de Justicia de los Estados Unidos de América. 

Dicha licencia provisional especial será expedida en el caso de internado por el término de un (1) año y podrá renovarse por un (1) año adicional; disponiéndose, que este término, en el caso de residencia, podrá extenderse hasta un séptimo año en aquellos casos especiales en que el Tribunal así lo considere necesario por ser requisito de la especialidad. 

En el caso de ciudadanos extranjeros que deseen hacer su entrenamiento post graduado en Puerto Rico, deben presentar evidencia de que han obtenido los permisos correspondientes de la Oficina de Inmigración y Naturalización del Departamento de Justicia de los Estados Unidos de América. 

No obstante lo dispuesto anteriormente, todo aspirante a una licencia para ejercer en el Estado Libre Asociado de Puerto Rico la profesión de médico cirujano o la de osteólogo deberá cumplir con todos los requisitos dispuestos en la [20 LPRA sec. 43] de esta ley que le sean aplicables. 

La omisión o el incumplimiento de estos requisitos constituirá práctica ilegal de la medicina en Puerto Rico y estará sujeta a las penalidades dispuestas en la [20 LPRA sec. 39] de esta ley. 

(Enmendada en el 1945, ley 304; 1972, ley 18; 1974, ley 114; 1976, ley 14; 1977, ley 127; renumerado como art. 15 y enmendado en el 1980, ley 112; 1986, ley 1)

Art. 16. Reciprocidad. (20 L.P.R.A. sec. 47)

El Tribunal estará autorizado para establecer, mediante las condiciones y requisitos que juzgue necesarios, relaciones de reciprocidad de dispensa de examen, directamente con los estados de Estados Unidos de América o con cualquier otro país, cuyos tribunales exijan el más alto grado de excelencia profesional; Disponiéndose, que el Tribunal podrá conceder a los médicos u osteólogos que sean ciudadanos de otros países los mismos privilegios y derechos que esos países concedan a los médicos u osteólogos de los Estados Unidos y de Puerto Rico. En el caso de revocación de licencias por cualquier estado de los Estados Unidos con el cual el Tribunal tenga convenio de reciprocidad, ipso facto quedará revocada también la licencia que haya sido expedida en Puerto Rico al mismo interesado. 

(Renumerado como art. 16 y enmendado en el 1980, ley 112; 1980, ley 1)

Art. 17. Licencias; investigaciones; denegación, suspensión, cancelación y revocación. (20 L.P.R.A. sec. 52)

(a)  El Tribunal o el Secretario de Salud, por su propia iniciativa o a virtud de una querella o denuncia debidamente fundada de cualquier persona natural o jurídica, podrá en cualquier momento solicitar del Departamento de Justicia que investigue la identidad de cualquier persona que pretenda ser, se anuncie o haga pasar como médico u osteólogo o como especialista en cualquier rama de la medicina. Si de la investigación resulta que el denunciado no tiene licencia para practicar, convicto que fuere, se le impondrán las penalidades establecidas en la [20 LPRA sec. 39] de esta ley. 

(b)  El Tribunal tendrá poder para denegar una licencia para ejercer la profesión de médico u osteólogo a toda persona que: 

(1) Trate de obtener la misma mediante fraude o engaño. 

(2) No reúna los requisitos establecidos en la [20 LPRA sec. 43] de esta ley. 

(3) Haya sido declarado mentalmente incapacitado por un tribunal competente. 

(4) Sea adicto a drogas narcóticas o ebrio habitual. 

(5) Haya sido convicto de delito grave o delito menos grave que implique depravación moral. El Tribunal podrá denegar una licencia bajo este inciso cuando pueda demostrar que el delito cometido está sustancialmente relacionado con las cualificaciones, funciones y deberes de la profesión reglamentada en las [20 LPRA secs. 31 et seq.] de esta ley, o 

(6) haya sido convicto de practicar ilegalmente cualquier profesión reglamentada por ley en Puerto Rico o en cualquier otra jurisdicción. 

(c)  El Tribunal podrá suspender una licencia por el término que crea conveniente, dependiendo de los hechos en cada caso, a todo médico u osteólogo que no someta la información requerida para el registro cada tres (3) años, que se dispone en las [24 LPRA secs. 3001 et seq.]. Una vez la persona cumpla con el requisito de someter dicha información, su licencia será activada por el Tribunal Examinador. 

(d)  El Tribunal podrá suspender, cancelar o revocar una licencia, censurar, reprender, o imponer a un médico u osteólogo un período de prueba para el ejercicio de la profesión por un tiempo determinado y las condiciones probatorias que mejor se adapten a la protección de la salud pública, la seguridad y que entienda más adecuadas para la rehabilitación del médico u osteólogo sujeto a prueba, previa notificación de los cargos y la celebración de vista administrativa donde se le garantice al médico u osteólogo afectado el debido procedimiento de ley, por las siguientes razones: 

(1) Haber sido convicto de practicar ilegalmente cualquier profesión reglamentada por ley en Puerto Rico. 

(2) Haber sido convicto por cualquier sala del Tribunal de Primera Instancia, o por la Corte de Distrito Federal para Puerto Rico u otro tribunal del sistema judicial federal, o de cualquier estado de los Estados Unidos, o de cualquier jurisdicción en la cual se haya cumplido con el debido proceso de ley de delito grave o menos grave que implique depravación moral. 

(3) Haber sido declarado mentalmente incapacitado por cualquier sala del Tribunal de Primera Instancia, o por la Corte de Distrito Federal para Puerto Rico u otro tribunal del sistema judicial federal, o de cualquier estado de los Estados Unidos, o de cualquier jurisdicción en la cual se haya cumplido con el debido proceso de ley. 

(4) Anunciarse o practicar como especialista en una de las ramas de la medicina sin estar debidamente certificado como tal por el Tribunal Examinador de Médicos. 

(5) Ser adicto a drogas narcóticas o ebrio habitual. 

(6) Negociar u ofrecer la venta de una licencia para la práctica de cualquier profesión reglamentada por ley en Puerto Rico. 

(7) Hacer cualquier testimonio falso en beneficio de una aspirante a examen de reválida ante el Tribunal o ante cualquier Junta Examinadora en Puerto Rico, o en cualquier investigación de querellas presentadas ante el Tribunal Examinador o ante dichos cuerpos por violaciones a las disposiciones de las leyes o de los reglamentos vigentes, someter información falsa; u omitir información esencial, sin exponer las razones justificadas para omitir la información en culaquier documento, solicitud, petición o informe ante el Tribunal Examinador. 

(8) Alterar o falsificar o someter información falsa o incorrecta en cualquier documento o material con la intención maliciosa de engañar a los miembros del Tribunal o de cualquier Junta Examinadora en el desempeño de sus funciones como tales. 

(9) Haber sido convicto de fraude, engaño o falsa representación en la obtención de una licencia para practicar cualquier profesión reglamentada por ley en Puerto Rico o en cualquier estado de los Estado Unidos o sus territorios o en cualquier otra jurisdicción en la cual se haya cumplido con el debido proceso de ley. 

(20) Habérsele suspendido permanentemente la licencia para prescribir y administrar sustancias controladas. 

(11) Efectuar prácticas médicas cuando la habilidad esté reducida por el uso del alcohol, drogas, sustancias controladas o por incapacidad física o mental. 

(12) Negarse a exponer y explicar en detalle ante el Tribunal un método, procedimiento, tratamiento, u operación que no esté generalmente reconocido en las ciencias médicas cuando el Tribunal así lo requiera como consecuencia de que el médico haya ofrecido, aceptado o accedido a curar mediante tales métodos, procedimientos, tratamientos u operaciones. 

(13) Haber sido sancionado por cualquier Junta Examinadora en cualquier estado de los Estados Unidos, o sus territorios o cualquier otra jurisdicción en la cual se haya cumplido con el debido proceso de ley, por actuaciones que sean sustancialmente similares a las que podrá ser sancionado disciplinariamente por el Tribunal Examinador bajo las disposiciones de esta ley. 

(14) Demostrar incompetencia manifiesta en el ejercicio de la profesión o incurrir en conducta no profesional. 

(e)  A los efectos de este inciso el término "conducta no profesional" significa lo siguiente: 

(1) Violar las reglas y reglamentos que en virtud de las [20 LPRA secs. 31 et seq.] de esta ley adopte el Tribunal para reglamentar la práctica de la medicina de Puerto Rico. 

(2) Divulgar datos que identifiquen a un paciente, cuando los mismos se obtengan en el curso de la relación entre médico y paciente, sin la previa autorización del paciente, excepto cuando tales datos sean parte necesaria o pertinente de las alegaciones del médico en contestación a una acción de reclamaciones de daños y perjuicios por impericia profesional incoada contra él y excepto cuando sea requerido o autorizado en virtud de ley. 

(3) Llevar a cabo la práctica de procedimientos médicos para los cuales el Tribunal no le hubiere autorizado o reconocido capacidad. 

(4) Garantizar incondicionalmente al paciente curaciones con la prestación de sus servicios médicos. 

(5) Anunciar el ejercicio de su práctica profesional de medicina u osteología mediante métodos falsos o engañosos. 

(6) Preparar, prescribir, distribuir o aconsejar el uso de sustancias controladas para reducir de peso, en actividades deportivas o para otros fines que no sean los terapéuticos aceptados. 

(7) Solicitar o recibir, directa o indirectamente, honorarios, compensación, reembolsos o comisiones por servicios profesionales no rendidos. 

(8) Causar por acción u omisión que el personal bajo su dirección y supervisión incurra en actos ilegales o que realice actos o prácticas médicos no permitidas bajo las disposiciones de las [20 LPRA secs. 31 et seq.] de esta ley, o de cualesquiera otras que reglamenten las profesiones y servicios de salud. 

(9) Emplear o delegar a personas no autorizadas, o ayudar e instigar a personas no autorizadas para que realicen trabajos que, de acuerdo con las disposiciones de las [20 LPRA secs. 31 et seq.] de esta ley, solamente pueden ser legalmente ejecutados por personas autorizadas para ejercer la medicina o la osteología en Puerto Rico. 

(20) Hostigar, abusar o intimidar a los pacientes. 

(11) Retirar sus servicios a un paciente sin darle notificación a éste de su intención, con un tiempo de antelación prudente y razonable para que el paciente afectado pueda obtener los servicios de otro médico. 

(12) Negar o impedir el acceso de un paciente a su expediente médico, cuando medie solicitud de éste o de su padre, tutor o encargado y cuando tal récord esté bajo la posesión o control del médico. Se exceptúan de lo anterior los casos cubiertos por las [24 LPRA secs. 4001 et seq.], conocidas como "Código de Salud Mental", conforme [con] las cuales el médico solamente está obligado a entregar un resumen de su intervención con el paciente. 

(f)  El Tribunal podrá suspender sumariamente una licencia, cuando exista una de las razones establecidas en esta sección para cancelación y revocación de la misma y cuando el daño que pueda ocasionarse fuera de tal magnitud que así lo justificare. De ser éste el caso se concederá una vista al perjudicado dentro de los quince (15) días inmediatos a la fecha de efectividad de la suspensión sumaria de la licencia con las garantías del debido procedimiento de ley. 

(g)  El Procedimiento a seguirse en la suspensión, revocación o cancelación de una licencia, o en la fijación de un período de una prueba a un médico u osteólogo por un tiempo determinado, será establecido por el reglamento que al efecto adoptará el Tribunal Examinador. 

(h)  El Tribunal Examinador, en adición a cualquier otra medida disciplinaria que estime procedente podrá imponer una multa administrativa, que no excederá de cinco mil dólares ($5,000.00) por cada violación a esta ley o a cualquier reglamento adoptado en virtud de la misma. 

(i)  Todo médico u osteólogo al que el tribunal le suspenda, cancele o revoque una licencia, o al que le fije un período de prueba por un tiempo determinado, o al que le imponga una multa administrativa o cualquier otra medida disciplinaria, podrá recurrir ante el Tribunal de Circuito de Apelaciones, en un procedimiento de revisión. 

(j)  La parte recurrente deberá solicitar primero al Tribunal la reconsideración de su resolución, dentro de un término de diez (20) días contados a partir de la fecha de notificación de tal resolución. Una vez resuelta la petición de reconsideración, si le fuere adversa, podrá recurrir al Tribunal de Circuito de Apelaciones dentro de un término de treinta (30) días de haber sido notificada de ésta. 

(Enmendada en el 1961, ley 97; renumerado como art. 17 y enmendado en el 980, ley 112; 1986, ley 1; 1986, ley 3; 1998, ley 189)

Sec. 18. Medidas disciplinarias por casos de daños por impericia profesional ( malpractice). (20 L.P.R.A. sec. 52a)

(a)  El Comisionado de Seguros de Puerto Rico, de conformidad a las facultades y deberes que le confieren la [20 LPRA secs. 701 et seq.] de esta ley, informará al Tribunal Examinador de todo caso finalmente adjudicado o transigido judicial o extrajudicialmente de impericia profesional contra un médico u osteólogo, dentro de los diez (20) días siguientes a la fecha de recibo de la información de las compañías o agentes de seguros. 

(b)  Asimismo, el Secretario de Salud y toda persona, funcionario o entidad que tenga a su cargo un programa de garantía de calidad en una institución o facilidad de salud que conozca de hechos constitutivos de impericia profesional médica, deberá notificarlo al Tribunal Examinador y solicitar que apliquen las sanciones disciplinarias dispuestas en esta sección. 

(c)  El Tribunal Examinador, tan pronto reciba cualquier información sobre actuaciones que constituyan impericia profesional se trate o no de un caso finalmente adjudicado o transigido iniciará una investigación y rendirá un informe dentro de los noventa (90) días siguientes recomendando si procede se le imponga al médico u osteólogo de que se trate, cualquiera de las sanciones disciplinarias que se enumeran más adelante. 

(d)  Si el Tribunal Examinador recomendara la imposición de sanciones disciplinarias, éstas serán impuestas dentro de los noventa (90) días siguientes de haberse rendido el informe recomendando las mismas. 

(e)  Los anteriores términos podrán ser prorrogables cuando exista justa causa para ello. 

(f)  Sanciones disciplinarias.   

(1) Un decreto de censura contra el médico u osteólogo licenciado. 

(2) Una orden fijando al médico u osteólogo un período de prueba en el ejercicio de la profesión por un tiempo determinado y las condiciones probatorias que mejor se adapten a la protección de la salud pública, la seguridad y que entienda más adecuadas para la rehabilitación del médico u osteólogo sujeto a prueba. 

(3) Requerimiento al médico u osteólogo para que se someta a revisión periódica en su práctica profesional por otros médicos debidamente autorizados por el Tribunal, mediante resolución al efecto. 

(4) Exigir al médico u osteólogo el entrenamiento o educación profesional adicional que determine el Tribunal. 

(5) Suspender o revocar la licencia del médico u osteólogo y requerir a la institución para el cuidado de salud, si alguno, donde el médico presta servicios profesionales que le suspenda o revoque el privilegio de ejercer la práctica de su profesión en dicha facilidad de salud o que le suspenda o revoque cualesquiera otros de los privilegios relacionados con la práctica de la profesión que le haya otorgado. 

(6) Restringir o limitar la práctica del médico u osteólogo según lo requiera la circunstancia y como lo determine el Tribunal. 

(g)  Los miembros de un Comité de Garantía de Calidad, los proveedores de servicios de salud y cualquier ciudadano no serán responsables económicamente en acciones de daños y perjuicios por cualquier acto, procedimiento o testimonio realizado o prestado como parte de las funciones del Comité de Garantía de Calidad, siempre y cuando no actúen intencionalmente y a sabiendas del daño que razonablemente se puede ocasionar. 

(h)  Las impresiones mentales, conclusiones, opiniones o teorías de los miembros de los Comités de Garantía de Calidad que surjan como parte de las funciones de este Comité estarán fuera del alcance del descubrimiento de prueba. 

(i)  Oficial Investigador. No obstante lo dispuesto en la [20 LPRA sec. 37] de esta ley, el Tribunal Examinador podrá solicitar al Secretario de Justicia la designación de un Oficial Investigador para realizar las investigaciones que se le ordenen en la [20 LPRA sec. 31 et seq.] de esta ley en los casos de alegada impericia profesional médica. El Secretario de Justicia deberá, dentro de los cinco (5) días siguientes al recibo de tal solicitud, designar el Oficial Investigador y éste tendrá las siguientes funciones, facultades y deberes: 

(1) Dirigir y conducir todas las investigaciones que de conformidad con las [20 LPRA secs. 31 et seq.] de esta ley deben realizarse por alegada impericia profesional de los médicos u osteólogos. 

(2) Presentar sus hallazgos, el producto de sus investigaciones y cualquiera y toda prueba pertinente en las vistas celebradas por el Tribunal Examinador de Médicos. 

(3) Interrogar y contrainterrogar a todo testigo presentado ante el Tribunal Examinador de Médicos. 

(4) Defender y sostener las determinaciones del Tribunal ante los Tribunales de Justicia de Puerto Rico con todas las facultades y prerrogativas concedidas. 

(j)  En el desempeño de sus deberes el Oficial Investigador tendrá todos los poderes y facultades que las [3 LPRA secs. 90 et seq.] le confieren a los Fiscales del Departamento de Justicia en Puerto Rico y específicamente pero sin limitarse a ellos, los de: 

(1) Citar testigos y obligarlos a comparecer ante él. 

(2) Tomar declaraciones y juramentos. 

(3) Recibir pruebas que le fueren sometidas o que él requiera en todo asunto que éste dentro de sus funciones y deberes. 

(4) Exigir que se le envíen copias de libros, documentos o extractos de ellos en todo asunto que esté dentro de sus funciones y deberes. 

Las citaciones expedidas por el Oficial Investigador serán suscritas por éste y llevarán el sello del Tribunal pudiendo ser notificadas por cualquier persona mayor de dieciocho (18) años en cualquier parte del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. 

Si cualquier persona que hubiese sido citada para comparecer ante el Oficial Investigador no comparece o se niega a prestar juramento o a declarar, o a contestar cualquier pregunta pertinente, o a presentar cualquier documento pertinente ante dicho Oficial Investigador, éste podrá invocar la ayuda de cualquier Sala del Tribunal de Primera Instancia de Puerto Rico, para obligar dicha comparecencia, la declaración de los testigos y la presentación de documentos; y dicho Tribunal de Primera Instancia por causa justa demostrada expedirá una orden dirigida a cualquier persona requerida para que comparezca ante el Oficial Investigador y presente los documentos requeridos y/o para que preste declaración en cuanto al asunto de que se trate; y la falta de obediencia a dicha orden constituirá desacato y podrá ser castigada como tal por el Tribunal de Primera Instancia de Puerto Rico. 

(5) Requerir la colaboración de cualquier instrumentalidad u organismo del Estado Libre Asociado de Puerto Rico para que le provea cualquier recurso o ayuda que sea necesaria para el cumplimiento efectivo de su encomienda. 

El Tribunal, el Oficial Investigador, sus asesores y/o ayudantes no divulgarán aquella información que reciban con carácter de confidencialidad a menos que sean expresamente autorizados para ello por la persona que la ofreció o cuando por razón de interés público, sea necesario divulgar su contenido. 

El Oficial Investigador y el Tribunal estarán exentos de responsabilidad civil por sus actuaciones en el cumplimiento de las funciones que se le asignan en las [20 LPRA secs. 31 et seq.] de esta ley. 

El Oficial Investigador tendrá derecho a percibir honorarios en la misma forma que los servicios legales que se autoriza contratar al Tribunal en la [20 LPRA sec. 37] de esta ley y los mismos serán satisfechos de los fondos asignados al Departamento de Justicia de Puerto Rico. 

La cantidad a pagarse por la comparecencia de testigos citados por el Oficial Investigador y por cada milla recorrida por los mismos será fijada por el Tribunal en igual forma a lo dispuesto en la [20 LPRA sec. 37] de esta ley. 

El médico u osteólogo podrá solicitar primero ante el Tribunal la reconsideración de la resolución de éste, dentro del término de diez (20) días de haber sido notificada la misma. Una vez resuelta la reconsideración si le fuere adversa, podrá recurrir al Tribunal de Circuito de Apelaciones, en recurso de revisión dentro de un término de treinta (30) días de haber sido notificada ésta. A los efectos de lo aquí dispuesto el Tribunal se considerará parte interesada en el proceso de revisión de sus decisiones. 

(Enmendada en el 1986, ley 3; 1996, ley 168; 1998, ley 189)

Art. 19 Incumplimiento de la obligación de radicar prueba de responsabilidad financiera; efectos. (20 L.P.R.A. sec. 52b)

El Tribunal suspenderá la licencia del médico que no radique la prueba de responsabilidad financiera requerida por la [26 LPRA sec. 4105]. 

El Tribunal reinstalará dicha licencia tan pronto el médico radique la prueba de responsabilidad financiera. Se exime de las disposiciones de esta sección a los médicos que trabajan exclusivamente para el Gobierno de Puerto Rico. 

(Adicionado como art. 23B en el 1976, ley 7; renumerado como art. 19 y enmendado en el 1980, ley 112; 1986, ley 1; 1986, ley 3)

Art. 20. Licencias renovables cada tres años; certificación de especialidades. (20 L.P.R.A. sec. 52c)

El Tribunal establecerá los requisitos y mecanismos necesarios para la recertificación cada tres (3) años de los profesionales a base de educación continua y de las normas dispuestas por las Organizaciones de Reglamentación y Evaluación Profesional que se establecen en las [24 LPRA secs. 3001 et seq.]. Proveerán, además, para la certificación de especialidades, cuando sea aplicable. Disponiéndose, que los procedimientos para lo aquí establecido serán determinados por el reglamento y de acuerdo [con] las disposiciones de las [24 LPRA secs. 3001 et seq.]. 

(Adicionado como art. 20 en el 1980, ley 112; 1980, ley 11; 1983, ley 4; 1984, ley 26)

Art. 21. Información adicional. (20 L.P.R.A. sec. 52c-1)

(a)  En adición a lo dispuesto en la [20 LPRA sec. 52a] de esta ley, los siguientes informes serán requeridos en las circunstancias que se expresan a continuación: 

(1) Cuando el Estado Libre Asociado de Puerto Rico sea demandado o reciba una reclamación extrajudicial por una actuación de alegada impericia profesional de un médico, cirujano u osteólogo el Secretario de Salud de Puerto Rico notificará de ello al Tribunal y al Comisionado de Seguros de Puerto Rico en un término que no excederá de treinta (30) días contados a partir de la fecha en que se demandado o reciba la reclamación extrajudicial. 

(2) Cuando un municipio sea demandado o reciba una reclamación extrajudicial por una actuación profesional de un médico cirujano u osteólogo, el alcalde de ese municipio notificará de ello al Tribunal y a la Administración del Fondo de Compensación al Paciente en un término que no excederá de treinta (30) días contados a partir de la fecha en que sea demandado o reciba la reclamación extrajudicial. 

(3) La Oficina de Administración de los Tribunales notificará toda sentencia contra un médico y/o contra una institución para el cuidado de la salud en que se hayan hecho una reclamación por culpa o negligencia al Tribunal y al Comisionado de Seguros de Puerto Rico en un término que no excederá de treinta (30) días contados a partir de la fecha en que se archive en autos copia de la notificación de la sentencia; Disponiéndose, que en esta disposición se incluirá adicionalmente toda sentencia de archivo, por desestimación, por desistimiento y sentencias por estipulación transaccional. 

(4) Toda persona que radique ante los tribunales de justicia de Puerto Rico o ante el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico, una demanda contra un médico, una institución para el cuidado de salud, el Estado Libre Asociado de Puerto Rico y/o municipio en la que se haga una reclamación por culpa o negligencia en la prestación de servicios médicos u hospitalarios tendrá que notificar con copia de la demanda al Tribunal y al Comisionado de Seguros de Puerto Rico al momento de radicar la demanda. 

(b)  El Tribunal Examinador de Médicos enviará al Comisionado de Seguros de Puerto Rico, dentro de los primeros quince (15) días de cada año natural una copia certificada del registro de médicos con licencias permanentes y licencias provisionales en vigor al primero de enero de cada año, la que se expedirá libre de derechos. 

(c)  Notificación de sanciones disciplinarias. El Tribunal Examinador de Médicos deberá notificar al Comisionado de Seguros de Puerto Rico, al Secretario de Salud, a la Asociación de Hospitales de Puerto Rico y a la institución para el cuidado de la salud donde el médico presta o prestaba servicios, toda resolución u orden imponiendo a un médico u osteólogo sanciones disciplinarias por impericia profesional médica. Tal notificación se hará no más tarde de los treinta (30) días siguientes a la fecha en que la orden o resolución imponiendo cualquiera de las sanciones disciplinarias dispuestas en las [20 LPRA secs. 52 y 52a] de esta ley advenga final y firme. 

(d)  Asimismo, el Tribunal Examinador, a requerimiento de cualquier persona natural o jurídica, deberá informarle sobre las resoluciones u órdenes finales y firmes que emita contra un médico u osteólogo por impericia profesional médica. 

(e)  Anualmente el Tribunal rendirá un informe al Gobernador de Puerto Rico sobre el número de querellas presentadas contra médicos u osteólogos licenciados, los casos transigidos judicial o extrajudicialmente y aquellos adjudicados por los tribunales en daños por culpa, negligencia e impericia profesional, al igual que la acción tomada por el Tribunal Examinador en cada caso respecto del médico u osteólogo. El Comisionado de Seguros proveerá al Tribunal Examinador de Médicos, cuando éste lo solicite, toda aquella información relacionada con los casos antes dichos y la que entienda necesaria a los efectos del estricto cumplimiento de las disposiciones de esta sección. 

(Adicionado en el 1986, ley 1)

Art. 22. Manual de reválida; producto de su venta. (20 L.P.R.A. sec. 52c-2)

Los fondos que se recauden por concepto de la venta del manual de reválida que se dispone en la [20 LPRA sec. 41] de esta ley y aquellos que se generen por concepto de recertificación y registro de profesionales y los demás derechos establecidos en la [20 LPRA sec. 42] de esta ley ingresarán al Fondo de Salud en una cuenta especial para uso exclusivo del Tribunal Examinador de Médicos. 

El Secretario de Salud pondrá estos fondos a la disposición del Tribunal Examinador de Médicos para que, conforme las leyes y reglamentos que rigen el desembolso de fondos públicos, se sufraguen los gastos de funcionamiento del mismo en la medida que sean suficientes. Los fondos adicionales que se requieran para el funcionamiento del Tribunal y para llevar a cabo los propósitos de las [20 LPRA secs. 31 et seq.] de esta ley se sufragarán con cargo a cualesquiera fondos disponibles en el Departamento de Hacienda. 

Anualmente el Tribunal Examinador de Médicos rendirá un informe al Gobernador y a la Asamblea Legislativa sobre el uso dado a tales fondos y remitirá copia del mismo al Secretario de Salud y a la Asociación Médica de Puerto Rico. 

(Adicionado como art. 22 en el 1986, ley 1; 1991, ley 44)

Art. 23. Definiciones. (20 L.P.R.A. sec. 52d)

Los siguientes términos tendrán los significados que se indican a continuación cuando sean usados o se haga referencia a los mismos en esta ley: 

(1) Secretario. Secretario de Salud de Estado Libre Asociado de Puerto Rico. 

(2) Secretario del Tribunal. Persona designada por el Presidente del Tribunal con el consentimiento de Secretario de Salud, para llevar a cabo las funciones establecidas en esta ley. 

(3) Tribunal. Tribunal Examinador de Médicos creado por las [20 LPRA secs. 31 et seq.] de esta ley. 

(4) Aspirante o solicitante. Aquella persona que reuniendo los requisitos establecidos en esta ley solicita del Tribunal Examinador de Médicos autorización para someterse al examen de reválida o gestiona del Tribunal Examinador de Médicos la expedición de una licencia provisional o permanente, según sea el caso, para ejercer la profesión de médico cirujano en Puerto Rico. 

(5) Especialista. Persona que además de poseer una licencia expedida por el Tribunal Examinador de Médicos de Puerto Rico para ejercer como médico cirujano, solicita y obtiene de dicho Tribunal una certificación como especialista, una vez haya cumplido con todos los requisitos establecidos por el reglamento que apruebe el Tribunal Examinador de Médicos, según se establece en la [20 LPRA sec. 52c] de esta ley. 

(6) Licencia. Documento expedido a todo solicitante después de cumplidos los requisitos exigidos por ley y a virtud de la cual se le autoriza a ejercer determinada profesión. 

(7) Persona que solicita y es autorizada para ejercer la medicina y cirugía en Puerto Rico previa la obtención de una licencia por el Tribunal Examinador de Médicos de acuerdo con las disposiciones de la ley. 

(8) Area metropolitana. Para los efectos de las [20 LPRA secs. 31 et seq.] de esta ley comprenderá los pueblos de San Juan, Bayamón, Cataño, Trujillo Alto, Carolina y Guaynabo. 

(Adicionado en el 1980, ley 112; 1980, ley 11; renumerado como art. 23 en el 1986, ley 1)

 

Nota:

 

Otras Leyes de los Médicos y el Tribunal Examinador de Médicos.

Revisado enero 2000. Vea Leyes de Puerto Rico en http://www.lexjuris.com  para enmiendas posteriores.

 

 

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