Ley de la Policía Municipal

Ley Núm. 19 del 12 de mayo de 1977, según enmendada.


Sec. 1 Título corto. (21 L.P.R.A.sec. 1061)

Esta ley se denominará "Ley de la Policía Municipal". 

(Enmendada en el 1996, ley 45)

Sec. 2 Definiciones. (21 L.P.R.A.sec. 1062)

Los siguientes términos y frases tendrán el significado que a continuación se expresa: 

(a) Cuerpo. Significa la Policía Municipal cuyo establecimiento se autoriza en virtud de esta ley. 

(b) Miembro o miembros de la Policía Municipal. Significa el personal que directamente desempeña las tareas encaminadas a mantener el orden y proteger la vida y propiedad de los ciudadanos y del municipio, así como aquellas otras asignadas al Cuerpo en virtud de esta ley y su reglamento.  

(c) Alcalde. Significa los alcaldes de los municipios de Puerto Rico. 

(d) Oficial u oficiales. Significa los comandantes, los capitanes, inspectores, los tenientes y los sargentos. 

(e) Comisionado. Significa el Comisionado de la Policía Municipal. 

(f) Guardia Municipal. Significa todo aquel personal miembro de la Guardia Municipal que haya sido debidamente certificado por el Superintendente de la Policía. 

(g) Guardia Auxiliar. Significa todo aquel miembro que pertenecía a la Guardia Municipal antes de la aprobación de esta ley y que no ha sido certificado por el Superintendente como miembro del Cuerpo de la Policía Municipal. 

(Enmendada en el 1985, ley 8; 1996, ley 45)

Sec. 3 Facultades y obligaciones generales. (21 L.P.R.A.sec. 1063)

No obstante lo dispuesto en el art. 10 de la Ley de Agosto 22, 1974, Núm. 26, Parte 2, cualquier municipio podrá establecer un cuerpo de vigilancia y protección pública que se denominará  "Policía Municipal", cuya obligación será compeler la obediencia a las ordenanzas y reglamentos promulgados por el municipio correspondiente, a las disposiciones sobre estacionamiento ilegal de vehículos y prevenir, descubrir y perseguir los delitos que se cometan en su presencia dentro de los límites jurisdiccionales del municipio correspondiente, o aún fuera de éstos cuando sea necesario para culminar una intervención iniciada en el municipio de su jurisdicción. Se faculta al Superintendente de la Policía de Puerto Rico a emitir la certificación correspondiente a los miembros del Cuerpo de la "Policía Municipal" que cumplan o hayan cumplido con los requisitos de adiestramiento que se le ofrece a la "Policía Estatal", ya sea mediante la convalidación de todos los adiestramientos o cursos que equiparen con estos requisitos. Entendiéndose, que la certificación que emitirá el Superintendente no implicará responsabilidad para el Estado Libre Asociado de Puerto Rico por actos u omisiones cometidos por un miembro del Cuerpo. El Superintendente no acogerá solicitud alguna de certificación de aquellos municipios cuyas Guardias Municipales y demás componentes relacionados con la salud, seguridad y protección pública, no estén integrados a las disposiciones de las [25 LPRA secs. 1911 et seq.]. 

Una vez certificados, los  "Guardias Municipales" por el Superintendente se conocerán como Policías Municipales y podrán actuar con la misma autoridad y facultad como agentes del orden público que tiene la Policía Estatal en todos aquellos poderes y responsabilidades contenidos en esta sección y los incisos (a), (b), (c) y (d) del art. 25 de la Ley de Agosto 22, 1974, Núm. 26, Parte 2; en adición al contenido de la [21 LPRA sec. 1066] de esta ley. Los municipios que al momento de aprobarse esta ley tengan operando Cuerpos de Guardias Municipales tendrán dos (2) años para someter a éstos al adiestramiento establecido en esta medida, de tenerse que extender este término el mismo deberá ser hecho por el Alcalde con el consejo del Superintendente de la Policía de Puerto Rico. Aquellos Guardias Municipales que no estén certificados como Policías Municipales tendrán las facultades, responsabilidades, funciones, deberes y derechos que ostentaban antes de la creación de los Cuerpos de la Policía Municipal. Hasta tanto no sean certificados por el Superintendente, les serán de aplicabilidad las disposiciones reglamentarias vigentes antes de las enmiendas contenidas en esta ley. Entendiéndose, que tales disposiciones se harán formar parte del reglamento que por virtud de esta ley se promulgue. El [descargo] de las nuevas autoridades y funciones del Cuerpo de la Policía Municipal, una vez certificados, serán definidas por el Superintendente de la Policía y se incluirán en el Reglamento de la Policía Municipal. Una vez aprobado dicho Reglamento, el Alcalde podrá solicitar al Superintendente de la Policía [el otorgamiento] de poderes y facultades adicionales. 

Las funciones de investigación especializada serán de competencia exclusiva de las Unidades de la Policía Estatal, el Departamento de Justicia u otras agencias y el Gobierno federal. Disponiéndose, que bajo ningún concepto la Policía Municipal podrá crear unidades de agentes encubiertos para el desempeño de los deberes y obligaciones que esta ley le impone. Los poderes y facultades adjudicados a la Policía Municipal no restringen los poderes y obligaciones de la Policía de Puerto Rico, por lo que en casos de conflicto de jurisdicción o competencia, siempre prevalecerá la Policía Estatal. 

Estos cuerpos denominados "Policía Municipal" se establecerán a solicitud del Alcalde mediante resolución aprobada al efecto por la Asamblea Municipal. Todo cuerpo de "Policía Municipal" que se establezca a partir del requisito de certificación y [otorgamiento] de los poderes y responsabilidades como Guardia Municipal requerirá la ratificación del Superintendente de la Policía de Puerto Rico. Lo establecido en esta sección no afectará derechos adquiridos conforme a la los reglamentos adoptados por legislación. Respecto a la administración de los recursos humanos el Cuerpo de la Policía Municipal, se regirá por lo dispuesto en esta ley y la reglamentación que en virtud de la misma se adopte. 

(Enmendada en el 1985, ley 8; 1991, ley 12; 1996, ley 45)

Sec. 4 Comisionado; alcalde. (21 L.P.R.A.sec. 1064)

La autoridad superior en cuanto a la dirección de la Policía Municipal residirá en el alcalde, pero la dirección inmediata y la supervisión del Cuerpo estará a cargo de un Comisionado que será nombrado por el alcalde, con el consejo y consentimiento de la Asamblea Municipal. Para cumplir con lo establecido en la sec. 1077 de esta ley, el alcalde podrá delegar en el Comisionado, quien responderá a estos efectos al Superintendente de la Policía. 

El Comisionado desempeñará su cargo a voluntad del alcalde y recibirá la remuneración que éste fije por ordenanza. El Comisionado deberá ser una persona que posea el grado de bachiller otorgado por un colegio o universidad certificada o acreditada por el Consejo de Educación Superior de Puerto Rico y que haya completado un curso de entrenamiento para oficiales en una academia de policía o militar, o en su defecto, que se haya desempeñado como oficial de un cuerpo de policía o de un cuerpo militar. 

El Comisionado será el jefe ejecutivo de la Policía Municipal y responderá a la oficina del alcalde. 

Cuando ocurriere una vacante en el cargo de Comisionado producida por muerte, renuncia, destitución o incapacidad total y permanente, o cuando el  Comisionado se hallare disfrutando de licencia por enfermedad, vacaciones o de cualquier otra naturaleza, o cuando por cualquier otra razón el Comisionado no pudiera desempeñar sus funciones, será sustituido por el oficial designado por el alcalde, quien ejercerá como Comisionado Interino todas las funciones, obligaciones y responsabilidades inherentes al cargo de Comisionado y continuará desempeñándose como tal hasta que se reintegre el Comisionado o hasta que el Alcalde cubra la vacante y tome posesión el nuevo incumbente. 

La organización de cada cuerpo de la Policía Municipal se determinará por esta ley y por el reglamento para cuya aprobación más adelante se dispone. 

 

 

(Enmendada en el 1996, ley 45)

Sec. 5 Reglamento. (21 L.P.R.A.sec. 1065)

El alcalde queda facultado para determinar por reglamento, la organización y administración de la Policía Municipal, las obligaciones, responsabilidades y conducta de sus miembros, el cumplimiento con lo dispuesto en la sec. 1077 de esta ley y cualquier otro asunto necesario para su funcionamiento. 

El Superintendente de la Policía Estatal ratificará el reglamento en un término no mayor de 60 días. Cuando el reglamento no sea ratificado por el Superintendente, éste tendrá que exponer las razones y acciones correctivas para que el mismo pueda ser ratificado. El alcalde tendrá un término no mayor de 30 días para introducirle enmiendas al reglamento y someterlo al Superintendente para su ratificación. La Asamblea Municipal aprobará en un término no mayor de treinta (30) días y con el voto de dos terceras (2/3) partes de sus miembros, el reglamento que someta el alcalde para estos propósitos. Disponiéndose, que hasta tanto dicho reglamento no sea aprobado y ratificado por el Superintendente, no podrá entrar en vigor el Cuerpo denominado como Policía Municipal. El alcalde queda autorizado para introducir enmiendas al reglamento siguiendo las mismas normas y procedimientos anteriormente establecidos para la aprobación del mismo. El Superintendente notificará de tiempo en tiempo al alcalde aquellos cambios que deben ser incorporados al Reglamento de la Policía Municipal para conformarlos con los cambios realizados mediante orden general o especial, con respecto a los procedimientos que estén autorizados a realizar los Policías Municipales. El alcalde tendrá 30 días para incorporar los cambios correspondientes, someterlos al Superintendente y a la Asamblea Municipal dentro de los términos establecidos en los párrafos [sic ] anteriores. 

(Enmendada en el 1996, ley 45)

Sec. 6 Poderes y responsabilidades. (21 L.P.R.A.sec. 1066)

Además e los otros deberes que se impongan en virtud de otras leyes, el Cuerpo de la Policía Municipal tendrá, dentro de los límites territoriales del municipio correspondiente, los deberes que por reglamento y que en virtud de esta ley se aprueben, así como los siguientes poderes y responsabilidades: 

(a) Cumplir y hacer cumplir la ley, proteger la vida y la propiedad de los ciudadanos, velar por la seguridad y el orden público, prevenir la comisión de actos delictivos y perseguir los delitos que se cometan en su presencia y aquellos que se le sometan por información y creencia en coordinación con la Policía Estatal. 

(b) Compeler la obediencia a las ordenanzas y reglamentos promulgados por el municipio correspondiente y ofrecer la debida orientación de las ordenanzas relacionadas con la seguridad y el orden público. 

(c) Hacer cumplir las disposiciones de las [9 LPRA secs. 301 et seq.], conocidas como "Ley de Vehículos y Tránsito de Puerto Rico", y expedir los correspondientes boletos de faltas administrativas de tránsito en caso de infracción a dichas disposiciones y relativas a los límites de velocidad. 

(d) Ofrecer adecuada protección y vigilancia a la propiedad municipal, sus edificios, oficinas y dependencias. 

(e) Establecer, en coordinación con la Policía Estatal, un servicio de patrullaje preventivo. 

(f) Mantener la debida vigilancia en las áreas de estacionamiento y zonas de cruces de escolares y, en coordinación con la Policía Estatal, dirigir el tránsito en las áreas de mayor congestión vehicular. 

(g) Prestar la debida protección al público reunido en las actividades recreativas, deportivas, sociales, cívicas y religiosas que se celebren en el municipio y velar por el mantenimiento del orden en tales actividades. 

La Policía Municipal no podrá intervenir ni prestar servicios como tal en ningún conflicto huelgario u obrero patronal, excepto cuando el Superintendente de la Policía Estatal requiera sus servicios o a tenor con lo dispuesto en la sec. 1076 de esta ley. 

(h) Hacer cumplir las disposiciones de las [33 LPRA secs. 1401 et seq.], que impone penalidades por arrojar basura a las vías públicas o privadas. 

(i) No obstante lo dispuesto en las [9 LPRA secs. 301 et seq.], conocidas como "Ley de Vehículos y Tránsito de Puerto Rico", y sus reglamentos, o lo indicado por luces y señales, cualquier miembro de la Policía Municipal, de ser necesario a su juicio para despejar el tránsito congestionado de una vía pública, podrá variar lo que en las mismas [se] indicare, o impedir o variar el tránsito y será la obligación de todo conductor de vehículo de motor o peatón obedecer dicha orden o señal. 

(j) Los miembros de la Policía Municipal podrán usar cualquier aparato electrónico o mecánico de reconocida exactitud a los fines de determinar y comprobar la velocidad de los vehículos de motor que transitan por las vías públicas. 

(k) Ninguna persona podrá voluntariamente desobedecer o negarse a cumplir una indicación u orden legal que se imparta en la forma dispuesta en esta ley por un miembro de la Policía Municipal con autoridad legal para dirigir, controlar o regular el tránsito. 

(l ) Hacer cumplir las disposiciones dirigidas a prevenir y combatir la violencia doméstica en Puerto Rico, contenidas en las [8 LPRA secs. 601 et seq.], conocidas como "Ley de Prevención e Intervención con la Violencia Doméstica", conforme los parámetros dispuestos en la misma. 

(m) Los miembros del Cuerpo no podrán intervenir en ningún caso donde se investigue a otro Guardia Municipal que esté adscrito al mismo municipio. 

Previo a la realización de los poderes y responsabilidades contenidas en esta sección, los miembros de la Guardia Municipal tendrán que haber completado los cursos básicos del adiestramiento que ofrece el Colegio de Ciencias Policiales de la Academia de la Policía de Puerto Rico. Una vez completado el adiestramiento, el Superintendente de la Policía certificará dichos miembros de la Guardia Municipal como Policías Municipales. 

La Policía Municipal podrá ejecutar las nuevas facultades y poderes contenidas en esta ley, en el Reglamento que se promulgue al efecto y en la Ley de Agosto 22, 1974, Núm. 26, Parte 2, excepto en las áreas en las que explícitamente estén excluidos por esta ley y/o por el Reglamento que se promulgue, una vez completados todos los requisitos de adiestramientos igual al de la Policía Estatal y el Superintendente de la Policía certifique tal hecho al Alcalde. Cuando los miembros de un Cuerpo de la Guardia Municipal hayan cumplido, y así lo hagan constar, con todos los requisitos vigentes con antelación [al otorgamiento] de las mismas facultades y autoridad de la Policía Estatal, el Superintendente de la Policía Estatal podrá convalidar los adiestramientos y certificar, o en su lugar, requerirá que se completen los mismos antes de certificar. 

Será responsabilidad del Alcalde cubrir todos los gastos relacionados con el adiestramiento inicial y subsiguientes para capacitar los miembros de la Policía Municipal cuando sea necesario para equipararlos con los adiestramientos de la Policía Estatal. 

(Enmendada en el 1978, ley 22; 1979, ley 73; 1991, ley 12; 1991, ley 64; 1996, ley 45)

Sec. 7 Nombramientos; normas de personal; período probatorio; rangos. (21 L.P.R.A.sec. 1067)

(a)  Los nombramientos de los miembros de la Policía Municipal y del personal civil del Cuerpo serán hechos por el Alcalde, a propuesta del Comisionado. 

(b)  El alcalde determinará mediante reglamento y de conformidad con lo dispuesto en esta ley, las normas de ingreso, reingreso, adiestramiento, cambios y ascensos para los miembros de la Policía Municipal, utilizando un sistema de exámenes, evaluación e investigación similar al utilizado por la Policía Estatal. Al establecer las normas de reclutamiento se regirá por los requisitos establecidos mediante reglamento por el Departamento de la Policía del Estado Libre Asociado y a tenor con lo establecido en la sec. 1066 de esta ley. 

(c)  Con respecto a aquellos candidatos que no sean admitidos a la Policía Estatal por no haber aprobado los requisitos de este Cuerpo, no podrán solicitar ingreso al Cuerpo de la Policía Municipal hasta tanto haya transcurrido el término de impedimento establecido por la Ley de Agosto 22, 1974, Núm. 26, Parte 2. 

(d)  El ingreso de toda persona como miembro del Cuerpo, excepto el Comisionado, estará sujeto a un período probatorio de dos (2) años durante el cual la persona podrá ser separada del servicio en cualquier momento por el Alcalde, si la evaluación hecha por el Comisionado demuestra ineptitud, incapacidad manifiesta, descuido, parcialidad o negligencia para ser miembro de la Policía Municipal, o sus hábitos y confiabilidad no ameritan que continúe en el Cuerpo. Dicho período probatorio no incluirá ningún período de ausencia del servicio activo que excediere de treinta (30) días en forma ininterrumpida, independientemente de la causa que motive tal ausencia. El Comisionado hará una evaluación semestral de la labor realizada por los miembros del Cuerpo en el período probatorio. En caso de que el miembro así separado por el Alcalde de su cargo alegue que hubo otras razones para su separación, tendrá derecho a apelar, dentro de los diez (10) días de haber sido notificado por escrito ante la Junta de Apelaciones del Sistema de Administración de Personal, establecida por las [3 LPRA secs. 1301 et seq.]. 

(e)  Los miembros del Cuerpo deberán aprobar un curso preparatorio intensivo que deberá ser diseñado en coordinación con la Policía Estatal y deberá ser administrado por la Academia de la Policía Estatal. 

(f)  Los rangos de los miembros del Cuerpo serán los siguientes: Comandante, Capitán, Inspector, Teniente, Sargento, Guardia Municipal, Guardia Auxiliar y Cadete. 

(g)  Una vez certificados, los miembros de la Guardia Municipal se clasificarán e identificarán de acuerdo a lo dispuesto en esta ley, conservando los rangos establecidos en el inciso (f) de esta sección. El personal que forma parte del Cuerpo de la Guardia Municipal al momento [del otorgamiento] de los nuevos poderes y el requisito de certificación, conservarán los derechos y rangos adquiridos antes de la aprobación de esta ley. 

(h)  Una vez terminado su adiestramiento, todos los miembros del Cuerpo deberán prestar servicios en el municipio por un término no menor de dos (2) años antes de solicitar traslado para otro municipio o para el Cuerpo de la Policía Estatal, excepto cuando aplique el inciso (d) de esta sección. 

(i)  Si dentro de un período de dos (2) años, contados a partir de la fecha de graduación de la Academia, un miembro de la Guardia Municipal se traslada a prestar servicios a un municipio distinto al que lo nombró originalmente, el municipio que lo incorpore en su Guardia Municipal vendrá obligado a reemborsarle al otro municipio, aquellos costos incurridos en la preparación de dichomiembro, en un período no mayor de seis (6) meses a partir de la fecha de efectividad del traslado. 

(j)  Si dentro del período establecido en el inciso (i) de esta sección, contado a partir de la fecha de graduación de la Academia, un miembro de la Guardia Municipal renuncia a su nombramiento, ningún municipio podrá extenderle un nombramiento en su Cuerpo de Guardia Municipal, a menos que el Municipio que le extiende el nombramiento, le reembolse al Municipio, del cual el Guardia Municipal renunció, aquellos costos incurridos en la preparación de dicho miembro, en un término no mayor de seis (6) meses a partir de la fecha de efectividad del reclutamiento en el Cuerpo al cual ingresa. 

(k)  Las disposiciones de los incisos (h) y (j) de esta sección aplican a los casos de Guardias Municipales que vayan a prestar servicios a la Policía Estatal. 

(Enmendada en el 1996, ley 45; 1996, ley 146)

Sec. 8 Faltas, clasificación. (21 L.P.R.A.sec. 1068)

El reglamento determinará, entre otros, las faltas de los miembros del Cuerpo que conlleven acción disciplinaria. Dichas faltas estarán clasificadas en graves o leves y se dispondrá para las correspondientes sanciones o penalidades. El reglamento prescribirá la acción correspondiente con arreglo a lo dispuesto en esta ley. 

(Enmendada en el 1996, ley 45)

Sec. 9  Acción disciplinaria. (21 L.P.R.A.sec. 1069)

(a)  La acción disciplinaria por faltas leves se fijarán en el reglamento, el cual determinará los oficiales y demás miembros del Cuerpo que tendrán facultad para investigar y recomendar al Comisionado la acción disciplinaria que se recomienda en cada caso. 

(b)  El miembro del Cuerpo que no esté conforme con el castigo o sanción impuesta por falta leve, podrá radicar ante el Comisionado el correspondiente escrito de apelación. El escrito deberá radicarse dentro de un plazo de diez (10) días contados desde la fecha de la notificación del castigo. 

(c)  El Comisionado, luego de examinar y analizar el expediente, queda facultado para dejar sin efecto el castigo, confirmarlo o imponer aquel castigo que estimare razonable de acuerdo con las disposiciones de esta ley o de los reglamentos adoptados en virtud del mismo. 

(Enmendada en el 1996, ley 45)

Sec. 10 Faltas graves, informe, resolución del caso, castigo, suspensión. (21 L.P.R.A.sec. 1070)

(a)  En toda acción disciplinaria por faltas graves, el Comisionado preparará un informe completo al alcalde en torno a las imputaciones hechas contra el miembro o miembros del Cuerpo. 

(b)  El alcalde, luego de examinar y analizar el expediente y de dar al querellado la oportunidad de ser oído, resolverá el caso absolviendo al querellado o imponiendo el castigo que estime razonable según lo dispone el inciso (d) de esta sección. Si se declara culpable el miembro o miembros del Cuerpo concernidos así lo harán constar por escrito bajo su firma. El Comisionado entregará copia al querellado del documento contentivo de la decisión, lo que se comprobará por medio de la firma del alcalde e indicando la fecha y la hora de la decisión. El procedimiento para estos casos se determinará mediante reglamento. 

(c)  Los cargos por faltas graves serán formulados por escrito y firmados por el Comisionado entregando copia de éstos al miembro del Cuerpo a quien corresponda. 

(d)  El castigo a imponerse por faltas graves podrá ser uno de los siguientes: expulsión permanente del Cuerpo, degradación o suspensión del Cuerpo, sin sueldo, por un período no mayor de tres (3) meses. 

(e)  El Comisionado, con la autorización previa del alcalde, tendrá facultad para suspender temporalmente de empleo y sueldo a cualquier miembro del Cuerpo mientras se practica cualquier investigación que se ordene relativa a incompetencia, mala conducta o crimen de que se acuse a dicho miembro. En tal caso, el Comisionado hará que se formulen los correspondientes cargos sin demora innecesaria; investigará e informará al alcalde tales casos a la mayor brevedad posible, para que éste imponga el castigo que estime razonable dentro de los límites de esta ley y sus reglamentos o disponiendo la reinstalación al servicio de dicha persona con devolución de los sueldos devengados o sin ellos durante el período de la suspensión, si a su juicio los hechos lo justificaren conforme lo dispuesto en el inciso (d) de esta sección. En el caso de que el miembro así sancionado, no esté de acuerdo con tal determinación, tendrá derecho a apelar, dentro de los diez (10) días de haber sido notificado por escrito, ante la Junta de Apelaciones del Sistema de Administración de Personal, establecida por las [3 LPRA secs. 1301 et seq.]. 

(f)  Cuando un miembro del Cuerpo estuviere suspendido de empleo y sueldo por cualquier concepto estará inhabilitado para ejercer sus funciones como tal. Tampoco disfrutará de los derechos y privilegios que por ley se conceden a miembros del Cuerpo mientras dure dicha suspensión. 

(Enmendada en el 1996, ley 45)

Sec. 11 Representación legal. (21 L.P.R.A.sec. 1072)

Cuando un miembro del Cuerpo fuere demandado en una acción civil que tenga su origen y surja de actuaciones mientras cumpla con su deber o de un incidente que se origine en su capacidad oficial y dentro del marco de sus funciones, el Comisionado solicitará y el alcalde asignará un abogado para que le asista durante el proceso o lo represente en la acción, o en la alternativa, el miembro del Cuerpo, a expensas suyas, podrá gestionar representación legal. Esta disposición no será aplicable cuando se instituya un procedimiento disciplinario contra un miembro del Cuerpo. 

(Renumerado como sec. 11 y enmendado en el 1996, ley 45)

Sec. 12 Uniforme oficial. (21 L.P.R.A.sec. 1073)

Mediante reglamento se establecerá la vestimenta que habrá de constituir el uniforme oficial del Cuerpo y el equipo destinado al mismo. El color del uniforme y la insignia serán diferentes a aquéllos autorizados para la Policía Estatal. Disponiéndose, además, que el Superintendente deberá aprobar un distintivo o elemento del uniforme que diferencie al Guardia Auxiliar del Guardia Municipal ya certificado. Todas las prendas y equipo que constituyan el uniforme oficial serán suministradas por el municipio correspondiente, libre de costo para los miembros del Cuerpo. 

Ningún Cuerpo de Guardia Municipal, así como sus miembros, podrán utilizar insignia o distintivo que lo acredite como Policía Municipal, sin haber sido debidamente certificado como tal por el Superintendente de la Policía. Además, queda prohibido el uso del uniforme o de cualquier combinación de las prendas de vestir que sean parte del mismo por cualquier persona que no sea miembro de la Policía Municipal. Toda violación a lo anteriormente dispuesto será considerada delito menos grave. Se considerará delito grave cuando estas prendas sean utilizadas en la Comisión de un delito contra la vida y/o la propiedad. 

(Renumerado como sec. 12 y enmendado en el 1996, ley 45)

Sec. 13 Portación de armas. (21 L.P.R.A.sec. 1074)

Todo miembro del Cuerpo que haya aprobado el entrenamiento en el uso y manejo de armas de fuego que ofrece la Academia de la Policía de Puerto Rico, podrá tener, poseer, portar, transportar y conducir, como armas de reglamento, aquella que le asigne el Comisionado. Esta determinación se hará en todo caso previa autorización del Superintendente de la Policía Estatal. 

La autorización que expida el Superintendente de la Policía de Puerto Rico para la portación del arma de reglamento para los miembros de la Policía Municipal, contendrá una alusión expresa a que el arma podrá portarse en cualquier lugar dentro de los límites jurisdiccionales del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. 

Ninguna de las disposiciones de esta ley se entenderá que por sí autoriza a los miembros del Cuerpo de la Policía Municipal a portar armas prohibidas. 

(Enmendada en el 1990, ley 30; renumerado como sec. 13 y enmendado en 1996, ley 45)

Sec. 14 Actividades prohibidas, penalidades. (21 L.P.R.A.sec. 1075)

En atención a la naturaleza especial de los servicios que habrán de prestar los miembros del Cuerpo de la Policía Municipal, se establece como norma invariable del Estado Libre Asociado de Puerto Rico y se hacen formar parte de esta ley las siguientes disposiciones: 

(a) Los miembros del Cuerpo, en el ejercicio de su derecho al sufragio, no deberán demostrar ni ostentar preferencia por ningún partido político o candidato ni podrán hacer propaganda ni ninguna gestión a favor o en contra de tales partidos o candidatos mientras se encuentren en el ejercicio de sus funciones. 

(b) Los miembros del Cuerpo no podrán formar uniones obreras ni afiliarse a organizaciones que tengan el carácter de unión obrera, ni tendrán derecho a huelga ni a establecer piquetes. Esta prohibición no tiene el alcance de proscribir la afiliación de los miembros del Cuerpo en organizaciones propias de su profesión para cualquier fin lícito en armonía con lo dispuesto en las leyes. 

(c) Se prohíbe toda gestión de parte de miembros del Cuerpo para que, mediante el uso o empleo de influencias extrañas, se les concedan traslados, ascensos o cualquier otro beneficio personal para lo cual haya[n] normas establecidas mediante reglamento o ley. 

(d) Toda falta por violación a los incisos (a), (b) y (c) anteriores será considerada de naturaleza grave. 

(Renumerado como sec. 14 y enmendado en el 1996, ley 45)

Sec. 15 Coordinación con el Gobierno y la Policía Estatal. (21 L.P.R.A.sec. 1076)

Para lograr los propósitos para los cuales se autoriza la creación de estos Cuerpos, el alcalde deberá coordinar los esfuerzos que realiza la Policía Estatal para combatir y prevenir el crimen en todos sus aspectos. La Policía Estatal tomará aquellas medidas que sean necesarias para hacer efectiva la coordinación aquí dispuesta. En aquellos casos en que surja algún conflicto respecto a las áreas de jurisdicción de la Policía Estatal y aquéllas de la Policía Municipal, prevalecerá la Policía Estatal siempre. 

En el desempeño de sus funciones y deberes los miembros de los Cuerpos de Policías Municipales deberán seguir los procedimientos administrativos y operacionales vigentes en la Policía de Puerto Rico y confeccionar y utilizar todos los formularios aplicables al caso. Con sus intervenciones deberán informar al Centro de Mando de la Policía, requerir el correspondiente número de querella, en los casos en que esto sea necesario, referir los informes, datos, estadísticas y cualquier otra documentación que se le requiera por reglamento, de manera que en forma uniforme se pueda establecer un control efectivo de sus actuaciones. La Policía de Puerto Rico en coordinación con los respectivos Alcaldes establecerá los controles y coordinación necesarios mediante reglamentación y órdenes administrativas sobre la forma que se integrarán los trabajos. 

En aquellos casos en que el Gobernador certifique que debido a una emergencia tal como desastres naturales (huracán, tormenta, inundación, terremoto, incendio y otras causas de fuerza mayor), o en cumplimiento con la responsabilidad del Estado de proteger y velar por la seguridad y el orden público, se ordenará el servicio activo de la Policía Municipal como parte de la Policía Estatal, requiriéndose que copia de dicha certificación sea remitida al alcalde y a la Asamblea Municipal de los municipios afectados en un plazo no mayor de veinticuatro (24) horas. La activación por el Gobernador de la Policía Municipal no excederá de los quince (15) días calendarios a menos que medie una autorización mediante ordenanza o resolución aprobada por la Asamblea Municipal y firmada por el alcalde del municipio correspondiente. La autoridad suprema en cuanto a la dirección de la Policía Estatal y la Policía Municipal, cuando sea activado como un sólo Cuerpo, residirá en el Gobernador de Puerto Rico. Este podrá, además, ordenar la utilización de equipo, activos y personal de la Policía Municipal en las siguientes situaciones: 

(a) En apoyo a oficiales de la Policía Estatal, en actividades y funciones dirigidas al control de tráfico de narcóticos en su localidad y con anuencia del Alcalde. 

(b) Convocar, cuando sea necesario, un posse comitatus  a fin de impedir o suprimir cualquier grave perturbación del orden público, rebelión o invasión. 

(c) En cualquier otra circunstancia que se estime necesario. 

(Enmendada en el 1991, ley 12; renumerado como sec. 15 y enmendado en el 1996, ley 45)

Sec. 16 Ayuda económica. (21 L.P.R.A.sec. 1077)

El Alcalde tendrá facultad para aceptar ayuda económica de cualquier naturaleza, incluyendo donaciones, ya sea en metálico, servicios técnicos o equipo que provenga de instituciones con fines no pecuniarios, del Gobierno de los Estados Unidos de América, del Estado Libre Asociado de Puerto Rico o de cualquier instrumentalidad, agencia o subdivisión política de dichos gobiernos, con el propósito de lograr la consecución de los fines de esta ley. 

(Renumerado como sec. 16 y enmendado en el 1996, ley 45)

Art. 17 Empleados desempeñando funciones de vigilancia y seguridad. (21 L.P.R.A.sec. 1078)

Los empleados municipales que al momento de la creación de un Cuerpo de Policía Municipal, según autoriza esta ley, estén desempeñando funciones de vigilancia y seguridad, deberán cumplir, dentro del año siguiente a la aprobación de esta ley, con los requisitos de elegibilidad e ingreso que rijan para las personas que aspiran pertenecer al Cuerpo. 

(Renumerado como sec. 17 y enmendado en el 1996, ley 45)

 

Nota:

Revisado enero 2000. Vea Leyes de Puerto Rico en http://www.lexjuris.com  para enmiendas posteriores.

 

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