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Rodríguez
Planell v. Overseas, 2003 TSPR 140
La controversia en este caso era resolver si un residente
de Puerto Rico puede solicitar los remedios que le provee el
Reglamento de Garantías de Vehículos de Motor ("el
Reglamento"), aprobado por el Departamento de Asuntos
del Consumidor ("DACO"), para reclamar por los
alegados desperfectos de un automóvil que adquirió de un
distribuidor autorizado a hacer negocios exclusivamente
dentro de bases militares. Mediante Opinión emitida
por el Juez Corrada del Río la controversia se contesta
afirmativamente.
El Tribunal Supremo evaluó una ley federal aplicable
("Ley Magnuson-Moss") y aclaró que no existe en
la letra o propósitos de dicho estatuto ánimo alguno de
desplazar la legislación estatal. Por el contrario,
la misma ley federal provee para su co-existencia con leyes
estatales, al disponer que: "[n]othing in this title
[15 U.S.C.S. § 2301 et seq.] shall invalidate or restrict
any right or remedy of any consumer under State law or any
other Federal law." Por tanto, determinó que la
Ley Magnuson-Moss establece unas normas y procedimientos que
constituyen la protección mínima que todo estado, según
definido en dicha ley, le debe proveer a sus consumidores,
pero que ésta no excluye la aplicación concurrente de
legislación estatal que se adhiera o supere
beneficiosamente a la protección federal mínima.
Al estudiar el Reglamento, el Tribunal Supremo observó que
éste obedece las garantías mínimas establecidas por la
Ley Magnuson-Moss; además de que contiene unas
disposiciones más precisas y detalladas que la ley del
Congreso, ofreciendo así mayores protecciones al consumidor.
Por consiguiente, debido a que el Reglamento no conflige con
la ley federal mencionada, ni con misión militar alguna o
algún interés federal de envergadura, ni tampoco el vehículo
transita exclusivamente dentro del "enclave militar",
el reclamante en este caso puede reclamar bajo el Reglamento,
y la agencia ("DACO") tiene jurisdicción sobre su
reclamación.
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