Jurisprudencia
del Tribunal Supremo de P.R. del año 2001
2001 DTS 162 JARRA V. AXXIS CORPORATION
2001TSPR162
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO
RICO
Jarra Corporation
Recurrida
v.
Axxis Corporation
Peticionaria
Certiorari
2001
TSPR 162
155 DPR
____
Número
del Caso: CC-2000-318
Fecha:
30/noviembre/2001
Tribunal
de Circuito de Apelaciones:Circuito Regional I
Juez
Ponente: Hon.
Guillermo Arbona Lago
Abogado
de la Parte Peticionaria: Lcdo.
Antonio J. Amadeo Murga
Abogado
de la Parte Recurrida: Lcdo.
Hiram Martínez López
Materia: Acción Civil,
Cancelación de Contrato de Distribución, Conducta temeraria.
ADVERTENCIA
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distribución electrónica se hace como un servicio público a la comunidad.
Opinión del Tribunal emitida por el Juez
Asociado señor Rivera Pérez.
San Juan, Puerto Rico, a 30 de noviembre de
2001.
El presente recurso versa sobre un
contrato de distribución que fue cancelado por el principal, quien alegó justa
causa para ello. Nos corresponde
determinar si el distribuidor está obligado a pagar una deuda que contrajo con
su principal por concepto de compra de un equipo, y si éste impidió
voluntariamente que se cumpliera la condición suspensiva a la cual estaba
sujeta tal obligación. Debemos, además,
determinar si el distribuidor aquí recurrido incurrió en conducta temeraria que
conlleve la imposición de honorarios de abogado. Veamos.
I
Jarra Corporation,
en adelante Jarra, es una corporación organizada bajo las leyes de Puerto Rico,
con oficinas en San Juan, Puerto Rico.[1] Axxis Corporation, en adelante Axxis, es una corporación
organizada bajo las leyes del estado de Florida.[2] Originalmente se llamaba Southeast Information Retrieval Systems,
Co. (SIRS) y sus productos se mercadeaban bajo el nombre de "Archival
Express".[3] El 31 de agosto de 1992, Jarra y SIRS otorgaron un contrato de
distribución, al amparo del cual Jarra se convirtió en distribuidor exclusivo
en Puerto Rico, República Dominicana, Islas Vírgenes y San Martín de los
sistemas de almacenaje y recuperación de datos producidos por SIRS.[4] Jarra entró en esta relación contractual, porque entendió que el
"Archival Express" era un producto innovador, con tecnología avanzada
y que, según sus estudios de mercado, en Puerto Rico habían cerca de cuatro mil
(4,000) clientes potenciales.[5] Como parte del contrato de distribución, Jarra adquirió uno de
los equipos de Axxis por el precio de treinta y cinco mil dólares
($35,000). Jarra realizó un pago
inicial de veinte mil dólares ($20,000) y pactó con Axxis el pago del
remanente, ascendente a la suma de quince mil dólares ($15,000), cuando
vendiera la primera unidad del equipo.[6] El equipo comprado por Jarra era el más avanzado en el
mercado. El mismo podía utilizarse para
promoción y para cualquier otro uso.[7] Jarra utilizó tal equipo desde 1992 hasta luego de la terminación
de la relación contractual entre las partes.
En el año 1996 ofreció devolverlo a Axxis, pero nunca lo hizo.[8]
El
contrato estableció un estándar mínimo de cumplimiento, que consistía en la
venta de al menos cinco (5) equipos, entre el 1 de septiembre de 1992 y el 31
de agosto de 1993.[9] Jarra no pudo adiestrar a su personal en el uso del sistema
producido por SIRS, porque tenía un compromiso contractual con la Comisión
Estatal de Elecciones relacionado con las elecciones generales celebradas en el
mes de noviembre de 1992.[10] El equipo de SIRS llegó a Puerto Rico a principios de noviembre
de 1992. Para esa fecha, los empleados de
Jarra no habían recibido adiestramiento alguno sobre el uso y la promoción de
ese tipo de equipo.[11] Las partes hicieron un arreglo para que el personal de SIRS
viniera a Puerto Rico a adiestrar los empleados de Jarra, lo cual se llevó a
cabo los días 14, 15 y 16 de febrero de 1993.
En el adiestramiento participaron los empleados de Jarra, incluyendo
técnicos y vendedores.[12]
En febrero de 1993, Jarra
comenzó algunos esfuerzos de promoción del sistema distribuido por SIRS, que
incluyeron anuncios en periódicos y una actividad social en que se invitó a
clientes potenciales. La misma se
celebró el 16 de febrero de 1993 en el restaurante El Zipperle, ubicado en Hato
Rey.[13] Surge de los autos de este caso que Jarra gestionó algunos
comunicados de prensa sobre el producto y participó en algunas subastas con
agencias del gobierno. En marzo de
1993, Jarra fue informado de que SIRS cambió su nombre a Axxis y que el equipo
que se distribuía como "Archival Express" también cambió su nombre
por el de Axxis.[14] A pesar de ser el distribuidor de tales equipos desde septiembre
de 1992, Jarra no realizó venta alguna del sistema Axxis durante los años 1992,
1993, 1994 y 1995. Durante la segunda
parte del año 1994 y el 1995, Jarra no realizó esfuerzo promocional alguno para
ese sistema y tuvo una escasa comunicación con Axxis.[15] Durante dicho período de tiempo, los distribuidores de Axxis en
otras jurisdicciones lograron vender el producto. Jarra no demostró haber podido vender el producto ni haber desarrollado
una clientela para el mismo.[16] El 25 de mayo de 1995, Axxis le notificó a Jarra la cancelación
del contrato de distribución, efectivo el 31 de agosto del mismo año.[17]
Axxis le propuso a Jarra la
otorgación de un contrato de "master reseller license in agreement renewal",
mediante el cual Axxis podría vender directamente, o a través de otros
distribuidores, sus productos en la región comprendida en el contrato, pero
pagando una comisión a Jarra por cada venta.[18] Jarra rechazó la oferta y radicó una demanda por violación a la
Ley Núm. 75 de 24 de junio de 1964,[19] el 29 de agosto de 1996,[20] alegando que Axxis le había
cancelado el contrato de distribución sin justa causa. Por su parte, Axxis contestó la demanda y
presentó una reconvención contra Jarra el 31 de enero de 1997.[21] En la contestación a la demanda negó las alegaciones y sostuvo
que tenía justa causa para la cancelación del contrato. Mediante la reconvención solicitó el pago
por los quince mil dólares ($15,000) adeudados por Jarra y el resarcimiento por
daños. El 5 de febrero de 1997, Axxis
le solicitó al Tribunal de Primera Instancia que dictara una orden provisional
contra Jarra para que continuara durante la vigencia del pleito la relación
contractual entre las partes.[22] Jarra se opuso a dicha solicitud alegando que le había perdido la
confianza a Axxis.[23] Luego de celebrarse el juicio, el Tribunal de Primera Instancia
dictó sentencia el 8 de marzo de 1999, archivándose en autos copia de su
notificación el 7 de abril de 1999.[24] Concluyó el foro de primera instancia que no procedía la demanda
presentada por Jarra y declaró con lugar la reconvención de Axxis, en cuanto al
pago de los quince mil dólares ($15,000) adeudados. Determinó dicho foro que Axxis tenía justa causa para cancelar el
contrato ante la falta de ventas y esfuerzos promocionales por parte de Jarra
durante el tiempo que duró la relación contractual, y que la cantidad adeudada
a Axxis por la compra del equipo debía ser pagada, ya que tal obligación era
una sujeta a condición suspensiva, la cual no se cumplió por las acciones del
obligado, o sea, Jarra.[25]
Ambas
partes recurrieron oportunamente al Tribunal de Circuito de Apelaciones vía
recurso de apelación. Ese foro
apelativo intermedio dictó sentencia el 29 de febrero de 2000, archivándose en
autos copia de su notificación el 8 de marzo de 2000.[26] Dicha sentencia revocó la dictada por el Tribunal de Primera
Instancia, en aquella parte que condenó a Jarra al pago de los quince mil
dólares ($15,000), y confirmó el resto.
El
4 de abril de 2000, Axxis recurrió ante este Tribunal mediante recurso de Certiorari
imputándole al foro apelativo intermedio la comisión de los errores siguientes:[27]
I. ERRÓ EL HONORABLE TRIBUNAL
DE CIRCUITO DE APELACIONES AL REVOCAR LA PARTE DE LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE
PRIMERA INSTANCIA QUE HABÍA ESTIMADO LA RECONVENCIÓN DE AXXIS POR EL BALANCE
DIFERIDO DE $15,000.00 QUE ADQUIRIÓ JARRA DE AXXIS Y QUE DEBÍA SER PAGADO AL
CONSUMAR JARRA LA PRIMERA VENTA DE LOS EQUIPOS DE AXXIS A SER DISTRIBUIDOS POR
JARRA, A PESAR DE QUE JARRA NO HIZO ESFUERZOS RAZONABLES POR CASI TRES AÑOS
PARA VENDER EL PRODUCTO DE AXXIS.
II. ERRÓ EL HONORABLE TRIBUNAL
DE CIRCUITO DE APELACIONES AL CONFIRMAR LA DENEGATORIA DE HONORARIOS A LA PARTE
DEMANDADA RECURRENTE POR PARTE DEL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA A PESAR DE QUE
LA DEMANDANTE RECURRIDA HABÍA ACTUADO TEMERARIAMENTE AL INOCAR LA ACCIÓN DE
DAÑOS BAJO LA LEY 75 SIN HABER VENDIDO UN SÓLO (SIC) PRODUCTO DE SU PRINCIPAL,
SIN HABER HECHO GESTIONES RAZONABLES PARA VENDER EL PRODUCTO POR CASI TRES AÑOS
Y HABIENDO RECHAZADO LAS OFERTAS HECHAS POR LA DEMANDADA RECURRENTE ANTES DEL
PLEITO DE QUE CONTINUARA COMO DISTRIBUIDOR ASÍ COMO LAS QUE SE HICIERON LUEGO
DE COMENZADO EL PLEITO.
Estando
perfeccionado el recurso, resolvemos.
II
En
Puerto Rico rige la libertad de contratación.
Esto significa que, salvo las restricciones que establece la ley, las
partes contratantes pueden establecer los acuerdos que estimen convenientes. Esta libertad de contratación la establece
el Artículo 1207 del Código Civil,[28] el cual dispone lo siguiente:
Los
contratantes pueden establecer los pactos, cláusulas y condiciones que tengan
por conveniente, siempre que no sean contrarios a las leyes, a la moral, ni al
orden público.
De la
misma forma, una vez se perfecciona un contrato las partes quedan obligadas a
cumplir con los términos del mismo y con todas las consecuencias naturales de
dicho contrato que no sean contrarias a la ley, al uso y costumbre ni a la
buena fe.[29]
Jarra
alega que no está obligada a pagar la cantidad de quince mil dólares ($15,000)
adeudada a Axxis, porque no pudo vender ninguno de los equipos de dicha
compañía. Para la evaluación y
consideración de tal alegación, es menester analizar la naturaleza de la
obligación contraída por Jarra. Veamos.
El Artículo 1066 del Código Civil,[30] dispone lo siguiente:
Será
exigible desde luego toda obligación cuyo cumplimiento no dependa de un suceso
futuro o incierto, o de un suceso pasado, que los interesados ignoren.
También
será exigible toda obligación que contenga condición resolutoria, sin perjuicio
de los efectos de la resolución.
El
referido estatuto establece la norma general de que las obligaciones son
exigibles inmediatamente. Sin embargo,
existen excepciones a esta regla general que son las llamadas obligaciones
condicionales. En estas obligaciones
las partes adquieren o pierden derechos, dependiendo de la ocurrencia del
acontecimiento que constituya la condición.[31] El elemento característico de estas obligaciones condicionales es
la incertidumbre de si el vínculo jurídico adquirirá eficacia o la perderá por
razón de cumplirse un hecho futuro e incierto, o del conocimiento de un hecho
pasado, cuya ocurrencia se desconocía.[32] Dentro de las obligaciones condicionales se encuentran las llamadas
obligaciones sujetas a una condición suspensiva. Las mismas tienen la particularidad de que su eficacia depende de
que se cumpla un hecho futuro e incierto.
Si se cumple esa condición cobra eficacia la obligación, si no se
cumple, las partes quedan liberadas de la misma.[33] A esos efectos, el Artículo 1070 del Código Civil[34] dispone que "[l]a
condición de que ocurra algún suceso en un tiempo determinado extinguirá la
obligación desde que pasare el tiempo, o fuere ya indudable que el
acontecimiento no tendrá lugar".
Hemos resuelto que en el caso de las obligaciones sujetas a una
condición suspensiva, se extingue y desaparece el vínculo entre las partes si
no se cumple dicha condición, y no se pueden exigir las prestaciones hasta
tanto se haya cumplido la misma.[35]
Al
amparo de las disposiciones legales y principios doctrinales expuestos, pasemos
a determinar si la obligación contraída por Jarra era una sujeta a condición
suspensiva. Jarra se obligó a pagar a
Axxis la suma adeudada de quince mil dólares ($15,000), cuando vendiera el
primer equipo de los fabricados por Axxis.
Concluimos que la obligación del distribuidor (Jarra) quedó sujeta a una
condición de naturaleza suspensiva, ya que al momento de establecerse la misma
las partes desconocían si éste podría vender alguno de los equipos. Por lo tanto, había incertidumbre en cuanto
a la ocurrencia del evento. Y, además,
era futura, porque el mismo podría ocurrir luego de contraerse la
obligación. Ahora bien, ¿se libera de
su obligación Jarra por no haberse cumplido la condición suspensiva? Contestamos dicha interrogante en la
negativa.
Como
mencionáramos anteriormente, si la condición suspensiva no se concretiza la
obligación no cobra eficacia y las partes quedan liberadas. No obstante, según nuestro Código Civil, una
obligación sujeta a una condición suspensiva será nula si el cumplimiento de la
condición queda al arbitrio de uno de los obligados. A esos efectos, el Artículo 1068 del Código Civil[36] dispone lo siguiente:
Cuando
el cumplimiento de la condición dependa de la exclusiva voluntad del deudor, la
obligación condicional será nula. Si
dependiere de la suerte o de la voluntad de un tercero, la obligación surtirá
todos sus efectos con arreglo a las disposiciones de este título.
Aunque la letra de este artículo
menciona que la obligación sujeta a condición suspensiva es nula cuando su
cumplimiento queda al arbitrio del deudor, autores como Puig Brutau y Vélez
Torres sostienen que esta disposición se extiende también al acreedor, porque
el cumplimiento de los contratos no puede quedar al arbitrio de uno de los
contratantes.[37] El Artículo 1068 del Código Civil, supra, se refiere a lo
que reconoce la doctrina como condiciones potestativas, las cuales se dividen
en las rigurosamente potestativas y las simplemente potestativas. Las primeras dejan al arbitrio del obligado
el cumplimiento de la obligación y, por lo tanto, la obligación es nula, porque
no se establece un verdadero vínculo obligacional.[38] Sobre este tema señala Puig Brutau[39] lo siguiente:
Es
natural que el hecho incierto del que depende la eficacia de la obligación
tenga que producirse con independencia de la voluntad de las partes. Si sólo dependiera de la voluntad de una de ellas,
la incertidumbre recaería sobre la decisión de esta parte. En consecuencia, si se tratara del deudor,
éste en realidad no estaría obligado, pues no cabe afirmar que lo esté una
persona cuya obligación depende de que efectivamente manifieste querer estar
obligada.
Hemos
expresado que la eficacia de un contrato no puede quedar a merced de la
voluntad de una de las partes, porque se trataría de una condición potestativa,
las cuales están vedadas por el Artículo 1068 del Código Civil, supra.[40]
Sin embargo, debemos tener en cuenta que la doctrina delinea una
distinción entre las condiciones rigurosamente potestativas, las cuales dejan
la validez de la obligación al exclusivo arbitrio de una de las partes, y las
simplemente potestativas, en las cuales el cumplimiento de la condición no está
sujeto al total arbitrio de una de las partes.[41]
La doctrina postula que las condiciones simplemente potestativas no
tienen el efecto de anular la obligación que está sujeta a las mismas.[42]
La razón para
esto es que el arbitrio de la parte, a cuya merced se
encuentra el cumplimiento de la obligación, no es absoluto.[43]
A esos efectos, señala Puig Brutau[44] lo siguiente:
Pero
otra cosa sin duda ha de suceder cuando la obligación depende de que el
obligado adopte una decisión que suponga cierto esfuerzo o sacrificio para el
mismo. Aunque la condición dependa del
deudor, si no es puramente potestativa, sino que depende de que su conducta se
sujete a un curso determinado, la condición no ha de producir el mismo efecto
de anular la obligación que de ella dependa.
No existirá obligación cuando una persona se limite a decir a otra que
le venderá su casa si se decide hacerlo, pero otra cosa sucederá si lo que la
primera dice a la segunda es que le venderá su casa si le trasladan de
residencia. En este caso, como dice Castán, la condición potestativa se
aproxima a la llamada condición mixta.
Ya no se trata de algo que dependa del puro arbitrio del obligado, sino
de un acto cuya realización limita la libertad jurídica de quien entonces ha de
considerarse verdaderamente obligado.
En
casos en que el cumplimiento de la condición potestativa no dependa del puro
arbitrio de una de las partes, esa condición no anula la obligación. Según
mencionáramos anteriormente, la disposición del Artículo 1068 del Código Civil,
supra, establece la nulidad de las obligaciones cuando están
exclusivamente sujetas a una condición rigurosamente potestativa.[45]
Esta conclusión se desprende de la segunda oración de dicho artículo que
dispone que la obligación sujeta a condición suspensiva es válida si el
cumplimiento de la condición depende del azar o de la voluntad de un
tercero. Por lo tanto, en el texto de
dicha disposición estatutaria está reconocida de manera implícita la validez de
las obligaciones que están sujetas a una condición simplemente
potestativa.
Concluimos
que la obligación contraída por Jarra a favor de Axxis contiene una condición
suspensiva que se clasifica como simplemente potestativa. A pesar de que la venta de los productos de
Axxis quedó al arbitrio de Jarra, su curso de acción estuvo limitado por la
demanda que pudiera existir para dichos productos. Después de realizadas por Jarra las escasas gestiones
promocionales, no logró vender ninguna unidad.[46]
Aún cuando Jarra tuvo alguna intención de vender los equipos de Axxis,
sería imposible lograrlo si los compradores no presentan interés a sus
acercamientos. Jarra tuvo la intención
de quedar obligado y, como consecuencia de su obligación, estaba forzada a
realizar los esfuerzos necesarios y razonables para cumplirla. El
Artículo 1072 del Código Civil[47] dispone que "[s]e tendrá
por cumplida la condición cuando el obligado impidiese voluntariamente su
cumplimiento". ¿Impidió
voluntariamente Jarra el cumplimiento de la obligación suspensiva? Entendemos que sí. Veamos.
Nos persuade lo resuelto por el Tribunal
Supremo del estado de Luisiana, en el caso de Alliance Financial Services,
Inc. v. Cummings,[48] a los efectos de que las partes
sujetas a una obligación con condición suspensiva tienen que realizar esfuerzos
de buena fe suficientes para cumplir sus prestaciones. Si no lo hacen, no pueden invocar la no
ocurrencia de la condición como defensa para desligarse de su obligación. En iguales términos se había expresado dicho
Tribunal en el caso de Dapremont v. Crossley,[49] donde se resolvió que una de las
partes contratantes tenía la obligación de realizar los esfuerzos necesarios y
de buena fe para conseguir un préstamo hipotecario y que su incumplimiento con
esa obligación le impedía tratar de liberarse del contrato, a pesar de que la
obtención de dicho financiamiento era una condición suspensiva del mismo.
Nos corresponde determinar si
Jarra realizó esfuerzos razonables y de buena fe para cumplir con los términos
de su obligación. ¿Cuáles eran sus
obligaciones bajo el contrato?
No
podemos perder de vista que estamos ante un contrato de distribución existente
entre Axxis y Jarra, en el cual éste último es el distribuidor de los productos
fabricados por el primero. La esencia
de este contrato es el desarrollo de un mercado favorable y una clientela para
los productos del principal por parte del distribuidor.[50] De hecho, hemos resuelto que la función de un distribuidor es la
de crear un mercado favorable y desarrollar una clientela para los productos
que distribuye.[51] El incumplimiento con el desarrollo de esa clientela y del
mercado para el producto, constituye justa causa para la terminación de un
contrato de distribución.[52] Para la creación de ese mercado favorable es esencial la
publicidad, la promoción y la coordinación del mercadeo de dichos productos.[53]
Jarra no cumplió cabalmente su
obligación bajo el contrato de distribución.
De las determinaciones de hechos del Tribunal de Primera Instancia, con
las cuales no intervendremos por no haberse alegado ni existir indicios de
pasión, prejuicio o parcialidad de parte de dicho foro,[54] surge que los esfuerzos
promocionales realizados por Jarra para vender los productos de Axxis fueron
mínimos, llegando al punto de abandonar su promoción durante los años 1994 y
1995. No se reclutó nuevo personal para
encargarse de las ventas, y la publicidad se limitó a algunos anuncios en los
periódicos. Tratándose de un producto
nuevo y costoso, los esfuerzos de mercadeo debieron ser agresivos, acción que
Jarra no realizó. Según la prueba
desfilada, otros distribuidores en los Estados Unidos lograron vender el
producto durante ese período de tiempo.
Concluimos que Jarra está obligada a pagar la cantidad adeudada a Axxis,
ante el incumplimiento de la condición suspensiva por razones atribuibles a su
desidia, falta de buena fe y de desplegar un esfuerzo razonable para viabilizar
la ocurrencia del referido evento futuro e incierto.
III
Nos resta determinar si
Jarra actuó de manera temeraria en la litigación de este caso y si procede la
imposición de honorarios de abogado por temeridad. La Regla 44.1 (d) de Procedimiento Civil[55] dispone lo siguiente:
(d) Honorarios de abogado.- En
caso que cualquier parte o su abogado haya procedido con temeridad o
frivolidad, el tribunal deberá imponerle en su sentencia al responsable el pago
de una suma por concepto de honorarios de abogado que el tribunal entienda
correspondan a tal conducta.
La temeridad
no está definida en la regla antes citada, pero hemos expresado que "la
temeridad es una actitud que se proyecta sobre el procedimiento y que afecta el
buen funcionamiento y la administración de la justicia".[56] De igual manera, hemos expresado que la imposición de honorarios
de abogado por temeridad persigue castigar aquellos litigantes que obligan a
otras personas a incurrir en gastos innecesarios al interponer pleitos
frívolos, o alargar innecesariamente aquellos ya radicados.[57] La imposición de honorarios por temeridad descansa en la
discreción del Tribunal.[58] Sin embargo, en aquellos casos en que los tribunales inferiores
abusen de su discreción, esta Curia podrá revisar su actuación.[59]
En Roberco, Inc. y Colón v.
Oxford Inds., Inc., supra, expresamos que una de las obligaciones
del distribuidor, bajo un contrato de distribución, es hacer esfuerzos
razonables y de buena fe para crear un mercado favorable para el producto de su
principal. Bajo las circunstancias
particulares de este caso, la presentación de una demanda ante el Tribunal de
Primera Instancia por Jarra, bajo ese estatuto, constituyó una actuación
temeraria y tiene como consecuencia la sanción judicial. Veamos.
Jarra entabló una demanda contra
Axxis por cancelarle sin justa causa su contrato de distribución. No obstante, de la prueba desfilada, y
creída por el foro de primera instancia, no surge que Jarra haya creado una
clientela ni que haya desplegado un esfuerzo razonable y de buena fe para la
promoción de los productos, encaminado a crear un mercado para los mismos. Todo ello, a pesar de que el contrato de
distribución entre las partes estuvo vigente desde el mes de agosto de 1992
hasta el mes de agosto de 1995. El
Tribunal de Primera Instancia determinó que los daños alegados en realidad
constituían gastos fijos, en los cuales Jarra hubiera incurrido de cualquier
manera, y que no estaban relacionados con el contrato de distribución. Con su acción, Jarra provocó que Axxis se
viera forzada a litigar este caso. Tal
actuación de Jarra interfirió con la maquinaria de la administración de la
justicia y le causó molestias y gastos innecesarios a Axxis. Procede la imposición a Jarra de honorarios
de abogado por temeridad.
IV
Por los fundamentos antes expuestos,
procede revocar la sentencia dictada por el Tribunal de Circuito de Apelaciones
y confirmar aquella dictada por el Tribunal de Primera Instancia. Además, procede condenar a Jarra al pago de
la suma de cinco mil dólares ($5,000) a Axxis en concepto de honorarios de
abogado por temeridad.
Se dictará sentencia de conformidad.
Efraín E.
Rivera Pérez
Juez
Asociado
SENTENCIA
San Juan, Puerto Rico, a 30 de noviembre de
2001.
Por
los fundamentos expuestos en la Opinión que antecede, la cual se hace formar
parte íntegra de la presente, se dicta sentencia revocando la emitida por el
Tribunal de Circuito de Apelaciones y se confirma aquella dictada por el
Tribunal de Primera Instancia. Se
condena a Jarra al pago de la suma de cinco mil dólares ($5,000) a Axxis en
concepto de honorarios de abogado por temeridad.
Lo
acordó el Tribunal y certifica la Secretaria del Tribunal Supremo. La Jueza Asociada señora Naveira de Rodón
concurre sin opinión escrita. El Juez
Asociado señor Fuster Berlingeri disiente sin opinión escrita.
Isabel
Llompart Zeno
Secretaria
del Tribunal Supremo