Jurisprudencia
del Tribunal Supremo de P. R. del año 2001
2001
DTS 053 SANTOS V. LEDERLE PIPERACILLIN 2001TSPR053
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO
RICO
Lilliam Santos Berríos y otros
Demandantes-Recurridos
v.
Lederle Piperacillin, Inc. y
otros
Demandados-Peticionarios
Certiorari
2001
TSPR 53
Número
del Caso: CC-1999-113
Fecha:
17/abril/2001
Tribunal
de Circuito de Apelaciones:Circuito Regional VI
Juez
Ponente: Hon. Rafael Ortiz Carrión
Abogados
de la Parte Peticionaria: Lcdo.
José L. Verdiales Morales
Lcdo.
Javier Rivera Carbone
Abogados
de la Parte Recurrida: Lcdo.
Luis E. Pabón Roca
Lcdo. Raquel Torres Laureano
Materia: Discrimen en el Empleo, Accidente en el trabajo, Art. 5(a) de
la Ley de Compensaciones, Art. 1802 Código Civil
ADVERTENCIA
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Opinión del Tribunal emitida por el Juez Asociado señor CORRADA DEL
RÍO
San Juan,
Puerto Rico, a 17 de abril de 2001.
Tenemos la ocasión de expresarnos nuevamente sobre el Art. 5(a) de la
Ley del Sistema de Compensaciones por Accidentes del Trabajo (en adelante Ley
de Compensaciones), según enmendada, 11 L.P.R.A. sec. 7. En la situación de
autos, American Home Products, Inc., Lederle Parenterals, Inc. y Lederle
Piperacillin, Inc. (en lo sucesivo Lederle) recurren ante nos impugnando una
sentencia del Tribunal de Circuito de Apelaciones (en adelante TCA) que revocó
al Tribunal de Primera Instancia (en lo sucesivo TPI). Éste, mediante dos (2)
sentencias parciales, desestimó una causa de acción bajo el Art. 5(a) de la Ley
de Compensaciones, supra, y otra bajo el Art. 1802 del Código Civil, 31
L.P.R.A. sec. 5141.
I
A continuación exponemos los hechos que, luego de evaluar la Solicitud
de Sentencia Sumaria Parcial,[1]
y la Oposición a Solicitud de Sentencia Sumaria Parcial y Solicitud de
Sentencia Sumaria Parcial del Demandante,[2]
el TPI estimó no controvertidos.
El 10 de febrero de 1993 la señora Lilliam Santos Berríos (en adelante
Sra. Santos) tuvo un accidente en Lederle,[3]
su lugar de trabajo desde el 30 de septiembre de 1980. Ésta le notificó dicho
accidente a su supervisora inmediata, la Sra. Lilliam Pérez.[4]
No obstante, por entender que los dolores serían temporeros y no darle
importancia al asunto, la Sra. Santos no le solicitó a su supervisora que la
refiriese al Departamento Médico de Lederle o al Fondo del Seguro del Estado
(en adelante Fondo). Lederle era patrono asegurado, mas no le dio orientación
alguna a la Sra. Santos sobre sus derechos referentes al Fondo.
El 22 de febrero de 1993, mientras trabajaba, la Sra. Santos padeció
fuertes dolores en la espalda y en las extremidades. Debido a ello, no acudió
al trabajo por tres (3) días consecutivos. El 18 de marzo de 1993 la Sra.
Santos le pidió, por primera vez, al médico de Lederle, Dr. Edwin Bossolo, que
la enviara al Fondo. Posteriormente, en mayo de 1993, la Sra. Santos sufrió una
recaída asociada con el percance del 10 de febrero. Los dolores le causaron una
parálisis, la cual se extendió por casi dos (2) semanas.
Cabe señalar que, pese a solicitárselo en tres ocasiones distintas, el
Dr. Bossolo no refirió a la Sra. Santos al Fondo.[5]
De igual forma, los empleados del Departamento de Beneficios no se lo permitieron.
Inclusive, una vez, tras cumplimentar la Sra. Santos el formulario de
reclamación al seguro por incapacidad a corto plazo y seleccionar en el
encasillado provisto que la incapacidad ocurrió en el transcurso del trabajo,
un agente de Lederle utilizando líquido corrector borró la marca hecha por
ésta.[6]
En vista de ello, Prudential Insurance Company (en adelante Prudential),
aseguradora de Lederle, amenazó con demandar a la Sra. Santos “por
reclamaciones fraudulentas.”[7]
Así las cosas, el 17 de mayo de 1995, mediante carta dirigida a la Sra.
Santos, Lederle declaró vacante la plaza de ésta. Lederle expuso como causa
para ello que la Sra. Santos agotó las veintiséis (26) semanas que tenía como
licencia por incapacidad.[8]
Posteriormente, el 22 de junio de 1995, la Sra. Santos acudió, por
primera vez, ante el Fondo con el informe patronal correspondiente. El Fondo
estimó que la Ley de Compensaciones, 11 L.P.R.A. sec. 1 et seq.,
cobijaba el accidente ocurrido y, por ende, le concedió a la Sra. Santos el
máximo de los beneficios y tratamiento. La Sra. Santos recibió tratamiento
médico hasta el 20 de diciembre de 1995, “fecha en que el Fondo la dio de alta
definitiva con un 20% de incapacidad permanente en sus funciones
fisiológicas generales.” (Subrayado en el original.)[9]
No conforme con dicho dictamen, la Sra. Santos acudió ante la Comisión
Industrial en apelación.[10]
II
El 8 de mayo de 1996, la Sra. Santos, su esposo y la sociedad de
gananciales compuesta por ambos (en adelante recurridos) instaron un pleito
contra Lederle y Prudential alegando discrimen en el empleo, despido
injustificado e incumplimiento de contrato.[11]
Invocando varias causas de acción,[12]
reclamaron los salarios y beneficios dejados de devengar y aquéllos a que tendría
derecho de no ser por su despido, mesada, daños y angustias mentales por el
despido discriminatorio, daños sufridos y gastos médicos como consecuencia del
accidente, y, por último, cantidades
adeudadas por Prudential. Al
contestar la demanda, Lederle negó su responsabilidad y esgrimió como defensas,
inter alia, la ausencia de hechos que justifiquen la concesión de un
remedio y la prescripción.
El 16 de octubre de 1997, tras la conclusión del descubrimiento de
prueba, Lederle presentó Solicitud de Sentencia Sumaria Parcial.
Sostuvo, en síntesis, que, incluso bajo el supuesto de negarse a referir a la
Sra. Santos al Fondo, ésta carecía de una causa de acción ya que recibió los
beneficios y tratamiento establecidos en la Ley de Compensaciones, supra,
o, en la alternativa, que tal causa de acción prescribió. Ese mismo día,
Lederle presentó una moción de desestimación al amparo de la Regla 10.2(5) de
Procedimiento Civil –los hechos alegados no justifican la concesión de un
remedio bajo la Ley Núm. 100 de 30 de junio de 1959, supra-, 32 L.P.R.A.
Ap. III.[13]
Los recurridos se allanaron a esta última.
No obstante, el 7 de enero de 1998, los recurridos se opusieron a la
petición de Lederle y, a su vez, solicitaron sentencia sumaria a su favor.
Fundaron su contención en que, debido a la falta de orientación por parte de
Lederle sobre los derechos y beneficios en caso de accidentes y la omisión de
ésta de informar el percance al Fondo, el término prescriptivo empezó a
decursar desde que la Sra. Santos acudió al Fondo y advino en conocimiento de
los beneficios no obtenidos.
El 21 de abril de 1998, luego de obtener el permiso correspondiente,
los recurridos presentaron una demanda enmendada, a los fines de incluir una causa
de acción al amparo del Art. 5(a) de la Ley de Compensaciones, supra.
Ante ello, Lederle se opuso y solicitó la desestimación de dicha enmienda.
El 2 de junio de 1998 el TPI, mediante sentencia sumaria parcial,
desestimó la reclamación de daños y perjuicios contra Lederle porque entendió
que el incumplimiento de ésta en reportar el accidente no impidió que la Sra.
Santos recibiese los beneficios provistos por la ley. De igual forma, desestimó
la causa de acción por discrimen en el empleo ya que los recurridos se
allanaron a la solicitud de Lederle.[14]
El 29 de junio de 1998, tras tomar en consideración las determinaciones
de hecho previamente esbozadas, el TPI estimó que la Sra. Santos no tenía
derecho a la reinstalación en su puesto y, por tanto, desestimó la causa de
acción bajo el Art. 5(a) de la Ley de Compensaciones, supra.[15]
No conformes, los recurridos acudieron ante el TCA impugnando, en un
mismo escrito, ambos dictámenes. Luego de acoger el recurso como de certiorari,
el foro apelativo intermedio revocó. Razonó que, al faltar un patrono a su
obligación de informarle al Fondo un accidente ocurrido en el trabajo, el plazo
de reserva de empleo empieza a correr cuando el patrono reporta tal incidente
al Administrador. De igual forma, concluyó que los hechos no controvertidos dan
base “a una causa de acción de reinstalación e indemnización de los daños
causados bajo el Artículo 5(a) de la Ley de Compensaciones por Accidentes del
Trabajo y el Artículo 1802 del Código Civil de Puerto Rico.”[16]
Oportunamente, Lederle presentó una moción de reconsideración, la cual el TCA
denegó.
En vista de ello, Lederle, recurrió ante nos, vía certiorari,
señalando la comisión de los siguientes errores:
A.
Incidió manifiestamente el Tribunal
Apelativo al resolver que la demandante tiene derecho a presentar una
reclamación en daños y perjuicios en contra de su patrono, por la tardanza de
éste en informar al Fondo del Seguro del Estado el accidente del trabajo que
ésta sufriera, a pesar [de] que ella recibió los beneficios y compensación
del Fondo. Esta determinación conflige [sic] abiertamente con lo resuelto
por este Honorable Tribunal en los casos de Torres v. Municipio, 62
D.P.R. 711 (1943), y Alonso v. Comisión Industrial, 103 D.P.R. 751
(1975). (Subrayado en el original.)
B.
Incidió manifiestamente el Tribunal
Apelativo al resolver que el período de reserva de doce meses dispuesto
en el Artículo 5A de la Ley Compensatoria comienza a contar desde la fecha
en que la demandante se reportó al Fondo (22 de junio de 1995) y no desde la
fecha de su accidente (10 de febrero de 1993). Esta interpretación es contraria
al propio texto del Artículo 5A y al caso de Torres v. Star Kist Caribe[,
Inc.], [134 D.P.R. 1024 (1994)], 94 J.T.S. 5. (Subrayado en el original.)
Contando con el beneficio de los alegatos de ambas partes, resolvemos.
III
A los fines de facilitar el análisis de las controversias ante nos,
atendemos en primer lugar el señalamiento de error relacionado con el Art. 5(a)
de la Ley de Compensaciones, supra.
El Art. 5(a) de la Ley de Compensaciones, supra, preceptúa que:
“[e]n los casos de inhabilitación para el
trabajo de acuerdo con las disposiciones de este Capítulo, el patrono vendrá
obligado a reservar el empleo que desempeñaba el obrero o empleado al momento
de ocurrir el accidente y a reinstalarlo en el mismo, sujeto a las siguientes
condiciones:
(1)
Que el obrero o empleado requiera al
patrono para que lo reponga en su empleo dentro del término de quince días,
contados a partir de la fecha en que el obrero o empleado fuere dado de alta, y
siempre y cuando que dicho requerimiento no se haga después de transcurridos
doce meses desde la fecha del accidente;
(2)
que el obrero o empleado esté mental y
físicamente capacitado para ocupar dicho empleo en el momento en que solicite
del patrono su reposición, y
(3)
que dicho empleo subsista en el momento
en que el obrero o empleado solicite su reposición. (Se entenderá que el empleo
subsiste cuando el mismo está vacante o lo ocupe otro obrero o empleado. Se
presumirá que el empleo estaba vacante cuando el mismo fuere cubierto por otro
obrero o empleado dentro de los treinta días siguientes a la fecha en que se
hizo el requerimiento de reposición.)
Si el patrono no cumpliere con las disposiciones
de esta sección vendrá obligado a pagar al obrero o empleado o a sus
beneficiarios los salarios que dicho obrero o empleado hubiere devengado de
haber sido reinstalado, además le responderá de todos los daños y perjuicios
que le haya ocasionado. El obrero o empleado, o sus beneficiarios, podrán
instar y tramitar la correspondiente reclamación de reinstalación y/o daños en
corte por acción ordinaria o mediante el procedimiento para reclamación de
salarios, establecido en las secs. 3118 a 3132 del Título 32 [Ley Núm. 2 de 17
de octubre de 1961]. (Énfasis nuestro.) Véase, además, Sec. 44 del Reglamento
Núm. 3966 de 9 de agosto de 1989, conocido como Reglamento sobre Derechos de
Obreros y Empleados, 11 R.P.R. sec. 300.292.
De una lectura de dicho artículo surge claramente que el mismo le
impone dos obligaciones al patrono, las cuales a su vez son protecciones a
favor del obrero, a saber: (1) el patrono tiene que reservar el puesto o
posición por un término de doce (12) meses, contados a partir de la fecha del
accidente; y (2) el patrono tiene que reinstalar al obrero, de éste así
solicitárselo, en tal posición, siempre y cuando se cumplan ciertos requisitos.[17]
El Art. 5(a) de la Ley de Compensaciones tiene como objetivo prevenir
que un patrono despida sin justa causa a un trabajador acogido a dicho
estatuto, mediante la creación de la referida reserva. García v. Darex P.R.,
Inc., res. el 20 de mayo de 1999, 99 TSPR 79, 148 D.P.R. ___ (1999), 99 JTS
84, pág. 1056; Carrón Lamoutte v. Compañía de Turismo, 130 D.P.R. 70, 78
(1992). A través de este artículo, el legislador armonizó, de un lado, la
protección y seguridad del obrero lesionado, y, por otro lado, los intereses
pecuniarios del patrono. No estableció una reserva de empleo indefinida -Soc.
de Gananciales v. Royal Bank de P.R., res. el 1 de abril de 1998, 98 TSPR
36, 145 D.P.R. ___ (1998), 98 JTS 37, pág. 750; Torres v. Star Kist Caribe,
Inc., supra, pág. 1033-[18]
sino que, al considerar la carga que la misma podría constituir para el
patrono, la limitó a sólo doce (12) meses. Cuevas v. Ethicon Div. J&J
Prof. Co., supra, pág. 1316; Torres v. Star Kist Caribe, Inc.,
supra; Santiago v. Kodak Caribbean, Ltd., 129 D.P.R. 763, 770-771
(1992). Este término de doce (12) meses, el cual por ser uno de caducidad no es
objeto de interrupción, comienza a correr desde el momento del accidente o
enfermedad laboral.[19]
Cuevas v. Ethicon Div. J&J Prof. Co., supra; Soc. de Gananciales
v. Royal Bank de P.R., supra; Alvira v. SK & F Laboratories Co.,
res. el 4 de abril de 1997, 142 D.P.R. ___ (1997), 97 JTS 40, pág. 818. Véase,
además, García v. Darex, supra. pág. 1057.
“La reserva de doce (12) meses logra que el obrero no tenga que
enfrentarse a la incertidumbre indeseable de que por haber sufrido un accidente
de trabajo su patrono lo despida, a la vez que promueve un ambiente de
tranquilidad en el cual el obrero puede recuperarse con mayor celeridad.”
Íd., pág. 1056. Véase, Rodríguez v. Méndez & Co., supra, pág.
693. Dicha reserva es independiente de si el obrero solicita o no su
reinstalación dentro del período estatuido. Si el patrono no cumple con dicha
reserva “respond[e] por todos los daños y perjuicios que su incumplimiento
produzca.” García v. Darex, supra, pág. 1057. No obstante, una vez transcurrido
dicho término, el patrono está en la libertad de despedir al obrero. Soc. de
Gananciales v. Royal Bank de P.R., supra; Carrón Lamoutte v. Compañía de
Turismo, supra.[20]
Por otra parte, la reserva de empleo no cobija a un obrero que, tras
ser despedido, reporta al Fondo un accidente ocurrídole previo al despido. Ello
debido a que “la reserva de empleo supone la continuación y existencia de la
relación obrero-patronal, al menos durante doce (12) meses consecutivos (360
días) a partir de la fecha del accidente.” Santiago v. Kodak Caribbean, Ltd.,
supra, pág. 771, citando la Consulta Núm. 13310 del Procurador del Trabajo.
IV
El TCA, en el presente caso, concluyó que como Lederle no informó el
accidente al Fondo, conforme el Art. 11 de la Ley de Compensaciones, 11
L.P.R.A. sec. 14,[21]
el término de reserva se interrumpió y se reactivó tan pronto se le informó el
accidente al Administrador del Fondo.
No podemos suscribir tal interpretación. Veamos.
De entrada, es menester indicar que, pese a tener un “carácter remedial
[sic]” e interpretarse liberalmente a favor del obrero, Art. 2 de la Ley de
Compensaciones, 11 L.P.R.A. sec. 2, la Ley de Compensaciones es clara; por
tanto, su letra “no debe ser menospreciada bajo el pretexto de cumplir con su
espíritu.” Art. 14 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 14; Cuevas v. Ethicon
Div. J&J Prof. Co., supra, pág. 1317; Rojas v. Méndez & Co.,
Inc., 115 D.P.R. 50, 53 (1984). Además, “en aras de la liberalidad no
podemos ir más allá de la ley.” Rojas v. Méndez & Co., Inc., supra,
pág. 54.
En primer lugar, la ley no sujeta la obligación del patrono -de
reservar el puesto de un obrero lesionado- a la eventualidad de si el primero
informa o no el accidente. Es decir, no depende de que el patrono someta el
informe del accidente al Administrador del Fondo. El deber del patrono de
someter el referido informe dentro del término de cinco días de ocurrido el
accidente, Art. 11 de la Ley de Compensaciones, supra, es uno
independiente, cuyo propósito es “que el Administrador del Fondo pueda
investigar los hechos a la mayor brevedad posible después de ocurrido el
accidente.” Torres v. Municipio, supra, pág. 714. Además, el mismo
artículo provee la penalidad o consecuencia de rehusarse o no informar la
ocurrencia de un accidente, a saber, una multa de cien (100) dólares.[22]
Segundo, a pesar de que el patrono no informe el percance, la ley le
impone al obrero la obligación de acudir al Fondo en un término de cinco (5)
días luego del accidente. Art. 5 de la Ley de Compensaciones, 11 L.P.R.A. sec. 6;
Sec. 6 del Reglamento sobre Derechos de Obreros y Empleados, 11 R.P.R. sec.
300.253. Al igual que el deber del patrono de informar el accidente, el
objetivo de este artículo es la realización de una investigación adecuada por
el Fondo a los fines de determinar si el accidente es compensable o no. Padín v. Cía. Fom. Ind., res. el 25
de febrero de 2000, 2000 TSPR 32, 150 D.P.R. ___ (2000), 2000 JTS 44, pág. 761;
González Saldaña v. Comisión Industrial, 89 D.P.R. 267, 276 (1963); Guzmán
Muñoz v. Comisión Industrial, 85 D.P.R. 700, 703 (1962). Inclusive, tal
como ocurrió en la situación de autos, si el Administrador establece que el
accidente está cubierto por la ley puede otorgar la debida compensación, pese a
la tardanza en presentar el informe. González Saldaña v. Comisión Industrial,
supra.[23]
Tercero, conforme a lo
expresado, el término de doce (12) meses de la reserva no es objeto de
interrupción ya que es de caducidad. Por lo que, la falta de notificación al
Fondo no puede interrumpirlo.
En la situación de autos, según surge de los hechos no controvertidos,
la Sra. Santos sufrió el accidente ocupacional el 10 de febrero de 1993. En
vista de ello, la obligación de Lederle de reservarle su plaza cesó el 5 de
febrero de 1994. Ello implica que, al momento en que la Sra. Santos disfrutaba
de los beneficios de la licencia por incapacidad, Lederle no tenía que reservar
el referido puesto en virtud del Art. 5(a) de la Ley de Compensaciones, supra.
Incluso, la Sra. Santos no solicitó su reinstalación dentro de dicho término.
Por lo tanto, la Sra. Santos no tenía derecho a reclamar bajo el Art. 5(a) de
la Ley de Compensaciones, supra.
De igual forma, conforme a lo antes expresado, el referido artículo no
cobijaba a la Sra. Santos porque ésta acudió al Fondo posterior a su despido.
El 17 de mayo de 1995 Lederle declaró vacante la plaza que ocupaba la Sra.
Santos, quien se reportó al Fondo el 22 de junio de 1995. Es decir, al momento
de acudir al Fondo, no existía el vínculo obrero-patronal necesario entre la
Sra. Santos y Lederle.
En vista de lo anterior, erró el TCA al determinar que la Sra. Santos,
al amparo del Art. 5(a) de la Ley de Compensaciones, supra, tenía
derecho a la reserva de empleo.
V
Por otra parte, Lederle aduce que el TCA actuó incorrectamente al determinar
que la Sra. Santos tenía una causa de acción bajo el Art. 1802 del Código
Civil, supra, por su [de Lederle] omisión de informar el accidente
ocupacional al Fondo. Le asiste la razón.
En Torres v. Municipio, supra, reconocimos la existencia de una
causa de acción por la omisión del patrono en informarle al Fondo la ocurrencia
de un accidente. Ello fue reiterado en Alonso García v. Comisión Industrial,
supra, donde dispusimos lo siguiente:
[n]o
hacerlo [presentar un informe escrito al Administrador del Fondo dentro de los
cinco (5) días siguientes a la ocurrencia del accidente], además de constituir
un delito bajo dicho artículo, es base para una acción civil del obrero contra
el patrono si ello tiene el efecto de privarle de los beneficios dispuestos en
la Ley. Véase, Torres v. Municipio de Ponce, 62 D.P.R. 711 (1943).
(Bastardillas en el original.)
Esta causa de acción tiene como propósito el que el obrero perciba los
beneficios provistos por la Ley de Compensaciones, supra, los cuales no
recibió debido a la tardanza u omisión del patrono en cumplimentar el informe
correspondiente reportando la ocurrencia del accidente.
Un obrero que presente una causa de acción bajo este supuesto debe
alegar y probar los siguientes: (1) que le notificó a su patrono el accidente
ocurrídole; (2) que reportó dicho accidente al Fondo; (3) que el Fondo le
denegó la compensación porque el patrono no informó el accidente o porque no
explicó satisfactoriamente su tardanza en presentarse al Fondo; y (4) que apeló
la denegatoria del Fondo. Torres v. Municipio, supra.[24]
Aplicando dichos requisitos al caso de autos, colegimos que, pese a
notificar el accidente luego del término de cinco (5) días, la Sra. Santos
cumple con los primeros dos, mas no así con los otros requisitos señalados ya
que recibió los beneficios por parte del Fondo. Por lo que, la Sra. Santos
carecía de tal causa de acción.
En vista de lo anterior, erró el TCA al concluir que la Sra. Santos
tenía derecho a dicha reclamación y, a su vez, al revocar al TPI, que determinó
que los hechos no justificaban la concesión de un remedio.
VI
Por los fundamentos antes expuestos, se
dicta sentencia revocando la emitida por el Tribunal de Circuito de Apelaciones
el 30 de noviembre de 1998 y se dejan en vigor las pronunciadas por el Tribunal
de Primera Instancia, Sala Superior de Caguas, el 2 y el 29 de junio de 1998.
BALTASAR CORRADA DEL RÍO
JUEZ ASOCIADO
SENTENCIA
San
Juan, Puerto Rico, a 17 de abril de 2001.
Por
los fundamentos antes expuestos en la Opinión que antecede, la cual se hace
formar parte íntegra de la presente, se dicta sentencia revocando la emitida
por el Tribunal de Circuito de Apelaciones el 30 de noviembre de 1998 y se
dejan en vigor las pronunciadas por el Tribunal de Primera Instancia, Sala
Superior de Caguas, el 2 y el 29 de junio de 1998.
Lo
pronunció, manda el Tribunal y certifica la Secretaria del Tribunal Supremo. El
Juez Asociado señor Fuster Berlingeri disiente sin opinión escrita. El Juez
Presidente señor Andréu García no intervino.
Isabel
Llompart Zeno
Secretaria
del Tribunal Supremo