Jurisprudencia
del Tribunal Supremo de P.R. del año 2001
Cont.
2001 DTS 114 VIRELLA ARCHILLA V. PROCURADORA DE FAMILIA 2001TSPR114
Opinión Disidente
emitida por el Juez Asociado señor Hernández Denton, a la cual se une la Juez
Asociada señora Naveira de Rodón
San Juan, Puerto Rico, a 7 de agosto de
2001.
Debemos decidir si, a tenor con el
artículo 133 del Código Civil de Puerto Rico, 31 L.P.R.A. sec. 534 (Supl.
2000), una persona casada puede adoptar a una menor individualmente, sin que en
la solicitud de adopción comparezca de forma conjunta su cónyuge, y sin que
necesariamente opere una de las excepciones estatuidas por la ley para permitir
la adopción individual por persona casada.
Resuelve
el Tribunal que cuando dos personas estén casadas, una de ellas no podrá
adoptar individualmente salvo que sea aplicable alguna de las excepciones
establecidas taxativamente por el mencionado artículo. Por entender que el texto de la ley nos
confiere discreción para permitir la adopción independiente de una persona
casada siempre que ello responda al mejor bienestar y conveniencia del
adoptando menor, disentimos.
I
Karla Lucianne es hija de Eric Noel
Virella Santos y de Brunilda Enid Sierra Torres. Nació el 26 de noviembre de 1983 y desde principios de 1984 ha
residido continuamente y sin interrupción con sus abuelos paternos, el Sr.
Ángel Rafael Virella Archilla y la Sra. Carmen Luz Santos Sifonte. Estos últimos se han ocupado de todos los
aspectos de la crianza, educación y demás decisiones importantes atinentes a la
menor. De otra parte, a pesar de estar
bajo la custodia de facto de sus abuelos paternos, Karla mantiene una
estrecha relación con su madre, mas no así con su padre.
Por iniciativa de la propia menor,
los abuelos presentaron ante el Tribunal de Primera Instancia una petición de
adopción conjunta en el 1998. El padre
de Karla dio su anuencia a la misma, pero la madre biológica se opuso a la
adopción de forma conjunta por no querer renunciar a la patria potestad
sobre su hija ni que la menor deje de llevar su apellido. La madre manifestó,
sin embargo, no tener objeción a que el abuelo realice la adopción como
adoptante individual. Por lo anterior,
Virella Archilla presentó, con la autorización de su esposa, una solicitud de
adopción ante el Tribunal de Primera Instancia en la que compareció como único
peticionario.
La Procuradora de Relaciones de
Familia se opuso a la adopción por entender que es contraria a las
disposiciones del artículo 133 del Código Civil, supra. De otro lado, el
Departamento de la Familia presentó un Informe Social Pericial recomendando
desfavorablemente la adopción individual por el Sr. Virella pero favoreciendo
la adopción de manera conjunta por entender que, habiendo sido ambos abuelos
los padres psicológicos y reales de la menor por quince años, la adopción
individual crearía una relación familiar “atípica”.
A pesar de la oposición de la
Procuradora y del mencionado Informe Social, y luego de celebrada una vista en
su fondo, el 4 de mayo de 1999 el Tribunal de Primera Instancia dictó Sentencia
concediendo al Sr. Virella Archilla la adopción solicitada y reteniendo la
madre biológica la patria potestad sobre la menor. Dicho foro concluyó que “es beneficioso para esta menor de edad
concederle al peticionario su adopción, el no hacerlo así derrotaría el
principio cardinal de velar por los mejores intereses y bienestar de esta menor
que claramente están en el hogar del peticionario y su relación de padre e
hija.” Relación del Caso, Determinaciones de Hechos, Conclusiones de Derecho
y Sentencia, 4 de marzo de 1999, pág. 9.
Sostuvo, además, dicho tribunal,
que:
la adopción de un menor no debe dejarse al arbitrio
único de un estatuto sino a la evaluación que nuestros tribunales puedan
hacer de si es o no beneficiosa la adopción para dicho menor. Este tribunal está convencido y tiene la
certeza moral y convicción de que la adopción solicitada debe concederse no
solamente por la prueba desfilada y requisitos estatutarios sino también porque
no hay razón moral ni social para denegarla. Id. (énfasis en el
original).
Inconforme con esta determinación,
la Procuradora Especial de Relaciones de Familia presentó un recurso de certiorari
ante el Tribunal de Circuito de Apelaciones. Dicho foro confirmó la
determinación del foro de instancia y resolvió que el listado de excepciones
que prescribe el Código Civil a la norma general -que los cónyuges deben
adoptar conjuntamente-, no es una enumeración taxativa, sino que el foro de
instancia puede ejercer su discreción y, en ciertos casos, permitir a una
persona casada adoptar individualmente a un menor. (Sentencia del
28 de abril de 2000, KLAN9900778, Panel Integrado por el Juez Sánchez Martínez,
la Jueza Ramos Buonomo y la Jueza Cotto Vives).
En el día de hoy este Tribunal revoca la Sentencia del
Tribunal de Circuito de Apelaciones. Resuelve
que la enumeración de excepciones a la norma de adopción conjunta para los
cónyuges, establecidas en el artículo 133 del Código Civil, es taxativa y que
fuera de esas excepciones el Tribunal de Primera Instancia no puede aprobar
adopciones independientes de personas casadas aunque ello redunde en el mejor
bienestar y beneficio de la menor. Disentimos, pues entendemos que la lectura
que el Tribunal realiza de la ley ignora su claro texto e intención
legislativa.
II
En concreto, los hechos de este caso requieren que
consideremos si, el artículo 133 del Código Civil de Puerto Rico, supra,
permite que el Sr. Virella Archilla, casado con la Sra. Carmen Luz Santos Sifonte,
adopte de forma independiente a su nieta menor de edad cuando la madre
biológica de la adoptada así lo ha solicitado; y tanto el padre biológico, la
abuela (esposa del adoptante) y la menor misma consienten a ello. Entendemos que, tomando en consideración el bienestar y conveniencia de
la menor, esta cuestión ha de resolverse en la afirmativa.
El derecho sustantivo puertorriqueño en materia de
adopción se encuentra en los artículos 130-138 del Código Civil de Puerto Rico,
31 L.P.R.A. secs. 531-39 (Supl.
2000). Su propósito
primordial “es dar padres a niños que no los tienen, o cuyos padres no
les quieren, o no los pueden atender debidamente.” Ex Parte J.A.A., 104 D.P.R. 551, 557 (1976).
Antes del 1948, el artículo
134 del Código Civil de 1930 establecía que solamente podían adoptar de manera conjunta aquellas
personas que estuvieran casadas entre sí. No obstante, dicho artículo permitía
ampliamente que una persona casada adoptara a otra individualmente siempre que
para ello contara con el consentimiento de su cónyuge.[1]
Posteriormente, la Ley núm.
100 de 6 de mayo de 1948 enmendó dicho artículo e incluyó el requisito de
adopción conjunta cuando los adoptantes se encontraran casados. Permitió, sin
embargo, que un cónyuge adopte individualmente solamente cuando el adoptando
fuere el hijo de su consorte.[2] Véase, Héctor Ceinos, Leyes Enmendando los Artículos 130, 134,
139, 140, 141, 131 del Código Civil, 19 Rev. Jur. U.P.R. 142, 145
(1949-50).
Luego, mediante la Ley Núm.
86 de 15 de junio de 1953, se enmendó de forma integral nuestro derecho de
adopción y se mantuvo, por vía del artículo 131 del Código Civil, la adopción
conjunta por parejas casadas. En dicho
artículo, no obstante, se autorizó la adopción individual por persona casada siempre
que se cumpliese con una de las varias excepciones allí estatuidas.
Este artículo, vigente hasta
principios del año 1995 y cuyo texto es similar al actual artículo 133, supra,
disponía que:
Nadie podrá ser adoptado por
más de una persona, salvo el caso en que los adoptantes estuviesen casados
entre sí. Los cónyuges deberán adoptar conjuntamente, salvo [1] los
casos en que estén separados o [2] uno de ellos esté incapacitado, en cuyos
casos habrá que notificar la solicitud al otro cónyuge.
[3] Si la persona a quien se propone
adoptar fuere hijo menor de uno de los cónyuges, su consorte podrá adoptarlo y
la persona así adoptada será considerada hija de ambos. A este último efecto no
será considerado incapacitado un cónyuge por el hecho de ser menor de edad si
el otro reúne los requisitos de edad que fija el Artículo 130. 31 L.P.R.A. sec.
532 (1993).
Se observa que el texto de
este artículo disponía, en primer lugar, la norma general de que sólo una
persona podrá adoptar a otra. En
segundo término, al indicar que la adopción será individual “salvo el caso en
que los adoptantes estuviesen casados entre sí”, establecía que de forma conjunta
solamente podrían adoptar aquellas personas casadas entre sí. Ahora bien, y en tercer lugar, establecía
como norma general que “los cónyuges deberán adoptar conjuntamente” y,
a continuación, establecía tres situaciones en las que, a modo de excepción,
permitía la adopción de manera individual por parte de un solo cónyuge.
Estas excepciones eran: (1) cuando los cónyuges estén separados; (2) cuando uno
de ellos se encuentre incapacitado y; (3) si el adoptando fuere hijo menor de
uno de los cónyuges.
Ahora bien, mediante las
Leyes 8 y 9 de 19 de enero de 1995 la legislatura enmendó sustancialmente y de
manera general nuestro ordenamiento en materia de adopción. El interés
legislativo presente en estos estatutos fue facilitar y viabilizar que los
niños puertorriqueños encuentren la protección que en cierto modo garantiza el
seno familiar. Así, la legislatura optó por flexibilizar en muchos aspectos
el procedimiento y requisitos en este campo, dotando a los tribunales con los
mecanismos necesarios para cumplir con esta política pública.
De esta forma, el artículo 1
de la Ley Núm. 9 de 19 de enero de 1995, establece que la política pública del
Estado en materia de adopción es “facilitar en la forma más liberal y amplia
posible dentro del esquema jurídico que rige en Puerto Rico los procedimientos
de adopción, . . . además de simplificar y liberalizar sustancialmente
los requisitos de ley para la emisión de decretos de adopción.” 32 L.P.R.A.
sec. 2699 (énfasis suplido). Establece, también, que las determinaciones de los
tribunales en cuanto a las solicitudes de adopción se harán “de acuerdo a
las circunstancias particulares del caso tomando en consideración las
recomendaciones del informe sobre estudio pericial, pero ello no constituirá
una limitación a su autoridad para decidir sobre la adopción” Id.
(énfasis suplido).[3]
De otra parte, la Exposición
de Motivos de la Ley Núm. 8 de 19 de enero de 1995 específicamente estableció
que la misma es “una de las legislaciones más avanzadas y liberales de
todos los países occidentales en materia de adopción siendo su espíritu
claramente autóctono, ajustado a la realidad de la vida actual de la sociedad
puertorriqueña, y protector del bienestar y conveniencia del adoptando.” Exposición
de Motivos, Ley Núm. 8 de 19 de enero de 1995, Leyes de Puerto Rico, pág.
47 (1995, Parte 1) (énfasis suplido). Asimismo, expresa dicha Exposición que “es
imperativo flexibilizar la institución de la adopción para que ésta pueda ser
utilizada ampliamente por personas que deseen adoptar menores de edad” y de
esta forma “brindarle a esos niños la oportunidad de formar parte de un seno
familiar.” Id. (énfasis suplido).
Lo anterior debe asumirse,
además, bajo el reiterado principio de que “la institución de la adopción como
está reglada en Puerto Rico es producto de nuestra autoctonía”, Ex parte
J.A.A., supra, pág. 556 (1976), por lo que este Tribunal debe
enmarcar sus interpretaciones de esta legislación “acorde a los principios
generales que la inspiran”. Id.
Fue bajo el marco de este
espíritu legislativo, y a la luz de la antedicha política pública, que la
Asamblea Legislativa enmendó en el 1995 el artículo del Código Civil pertinente
al número y estatus civil de los adoptantes.
Así, en lo que nos
concierne, el actual artículo 133, supra, dispone lo siguiente:
Nadie podrá ser adoptado por más de
una persona, salvo que los adoptantes estuvieren casados entre sí en cuyo
caso se deberá adoptar conjuntamente.
Un cónyuge podrá adoptar
individualmente en cualquiera de los siguientes casos:
(1) Cuando desee adoptar al hijo
menor de edad del otro cónyuge.
(2) Cuando esté separado de su
cónyuge, por lo menos durante los dos (2) meses anteriores a la fecha de la
presentación de la petición, en cuyo caso habrá de notificarse dicha solicitud
al otro cónyuge.
. . .
(3) Cuando por decreto judicial el
cónyuge del adoptante tenga restringida su capacidad jurídica, mientras dure
dicha restricción, en cuyo caso habrá de notificarse dicha solicitud al otro
cónyuge.
El tribunal tendrá discreción para
resolver situaciones como las dispuestas en este artículo, teniendo siempre
como guía para su decisión el bienestar y conveniencia del menor. Art. 133, supra, (énfasis
suplido).
En términos generales, este
artículo preservó las mismas condiciones que tenía el anterior artículo 131
para la adopción individual por un cónyuge. Establece la norma general de que
las personas casadas deberán adoptar conjuntamente y, luego, establece una
serie de excepciones a esta norma general.
Ahora bien, y de esencial
importancia para el caso de autos, al establecer en su último párrafo que el
tribunal tendrá discreción “para resolver situaciones como las dispuestas en
este artículo”, el legislador optó por matizar las situaciones previstas por
dicho artículo y, específicamente, conferir a los tribunales un ámbito de
discreción mayor no contemplado anteriormente. Así, la Asamblea Legislativa
nos confirió la facultad para que sentemos la pauta en aquellas situaciones no
previstas por la ley, pero que pudiesen surgir en el futuro. De esta forma, una
situación como la presente -no específicamente contemplada en la ley- quedaría
adecuadamente atendida pues, como bien estimó el foro de instancia, la
aprobación de la solicitud de adopción aquí instada resguardaría el mejor
bienestar y conveniencia de la menor así como el cumplimiento con la política
pública del Estado en materia de adopción.
Este cambio en perspectiva y
mayor amplitud en el marco de acción de los tribunales responde, reiteramos, al
mencionado espíritu flexible y liberal que inspiró nuestra más reciente
legislación en materia de adopción y al loable interés por que los requisitos
de ley para la emisión de decretos de adopción sean sustancialmente liberales
de tal modo que este mecanismo pueda ser ampliamente utilizado por personas que
deseen adoptar menores de edad.
En vista de lo anterior
recalcamos que el listado de instancias en las que el referido artículo permite
la adopción individual por un cónyuge, no debe ser considerado como una
enumeración taxativa. La regla de hermenéutica expressio unius est exclusio
alterius, según la cual la mención específica de una cosa implica la
exclusión de otras no nombradas, es inaplicable cuando la intención legislativa
surge de otra manera; cuando su aplicación conflige con el pensamiento del
legislador; y cuando seguirla puede conducir a situaciones incompatibles o
injustas. Véase, R. Elfrén Bernier y José Cuevas Segarra, Aprobación e
Interpretación de las Leyes en Puerto Rico, pág. 345-46 (2da. Ed.
1987). Ello se debe a que esta regla de
hermenéutica “constituye únicamente una ayuda para fijar el significado de la
ley y debe ceder cuando surge una intención contraria de parte del legislador” Id.,
pág. 346.[4]
No debe olvidarse, además,
lo resuelto en Pueblo v. Tribunal Superior, 104 D.P.R. 363
(1975), por voz del Juez Presidente señor Trías Monge, en cuanto a la necesidad
de una interpretación estatutaria sensible a la realidad social que motiva la
letra de la ley:
Las palabras no habitan un universo
propio, desvinculado del mundo que las genera y al que se refieren. . . El
lenguaje es tan sólo inteligible en función de ese mundo. El lenguaje jurídico
en especial deriva su significado de las realidades que lo forjan y alteran. .
. Aun cuando el idioma en su interpretación literal contradiga el propósito
de una disposición estatutaria, lo que debe ceder es el idioma y no la realidad
que motiva el estatuto. Importa en consecuencia penetrar la superficie
verbal del problema ante nos, precisar el diseño y la razón de ser de las
disposiciones legales que aquí nos ocupan, sopesar los intereses en juego, para
intentar acercarnos a la interpretación más justiciera. Id. pág. 366.
El artículo 133 no establece
que un cónyuge podrá adoptar individualmente exclusivamente en las
circunstancias contempladas. Más bien, establece que un cónyuge “podrá adoptar
individualmente en cualquiera” de los casos allí enumerados. La falta de tal
exclusividad en la enumeración, unida a la concesión especial de discreción al
Tribunal en este particular artículo, así como al espíritu liberal de la ley de
adopción en general, y al interés en promover el mejor bienestar del menor
mediante la facilitación institucional de la adopción, indican concluyentemente
que fue la intención legislativa dejar a la discreción de los tribunales la
resolución de casos como el presente.
Es decir, reconociendo
precisamente que los escenarios adoptivos son por naturaleza muy distintos
entre sí y, por ende, susceptibles de un trato particularizado, la legislatura
prefirió ensanchar el marco de acción judicial con el último párrafo del
artículo 133, supra, “para resolver situaciones como las dispuestas en
este artículo, teniendo siempre como guía para su decisión el bienestar y
conveniencia del menor” y así permitir la adopción en casos como éste.
Lo anterior, además, se
realza cuando el adoptando es un menor de edad, pues tanto el supremo propósito
de propender al bienestar y mejoramiento del adoptando menor, así como el
entendido hermenéutico de que nuestros estatutos sobre adopción deben ser
siempre interpretados liberalmente a favor del adoptando, son ineludibles
principios guías en la adjudicación de casos en esta materia. Véanse, Ex
parte Feliciano Suárez, 117 D.P.R. 402, 408 (1986); Ex parte J.A.A.;
supra, pág. 559 (1976); Valladares v. López,89 D.P.R. 254,
261 (1963); Ex parte Ortiz y Lluberas, 42 D.P.R. 350, 256 (1931). Véase además, Exposición de Motivos,
Ley Núm. 9 de 19 de enero de 1995, Leyes de Puerto Rico, pág. 61. (“el fin
primordial que anima todo el procedimiento de adopción, y el que sirve de norte
al Tribunal para autorizar la misma, es el bienestar y conveniencia del
adoptado”).
Enfatizamos también que, en
materia de interpretación estatutaria, los tribunales no podemos presumir que
la Asamblea Legislativa realiza actos inútiles. Talcott Inter-American Corp.
v. Registrador, 104 D.P.R. 254, 262 (1975). Por tanto, y en vista del
espíritu liberal que animó esta legislación, entendemos que la legislatura
quiso con la adición de este último párrafo ampliar sustancialmente las
facultades judiciales en estos casos. Interpretar lo contrario equivaldría a
suponer que, además de pura retórica, nada quiso añadir la legislatura con esta
disposición, pues la discreción de modo general en cuanto a la concesión de las
solicitudes de adopción siempre ha recaído en manos de los tribunales. M.J.C.A.
v. J.L.E.M., 124 D.P.R. 910, 932-33 (1989); Peña et al. v. Corte,
32 D.P.R. 936, 938 (1924).
En fin, concluimos que en el ejercicio de
esta amplia discreción conferida por la legislatura, un tribunal puede permitir
que un cónyuge adopte de manera individual según los hechos particulares de
cada caso, condicionado ello a que se promueva el mejor bienestar y
conveniencia del adoptando menor, y no limitada esta discreción a las instancias
en que la ley permite explícitamente la adopción individual por parte de un
cónyuge.[5]
III
En el presente
caso, el bienestar y conveniencia de la menor estribaría en conceder lo que
ella misma ha solicitado y a lo que ha consentido, a tenor con la realidad que
todas las partes concernidas viven diariamente, y de acuerdo a las
circunstancias particulares del caso.
Entendemos, pues, que la única forma de hacer cumplir la intención
legislativa y los importantes intereses del artículo 133 del Código Civil, es
permitiendo la adopción solicitada. Resolver lo contrario, además de provocar
una situación injusta, contravendría el claro texto de la ley y el espíritu
liberal de la misma.
Debe recordarse que en este
caso surgió un mutuo y saludable reconocimiento de sensibilidades que debió
recibir la más entusiasta aprobación por este Foro. De un lado, la madre biológica -al consentir a la adopción
solicitada- reconoció que entre Karla y sus abuelos paternos existe una
afectividad muy especial nacida del esfuerzo realizado por estos últimos en
bienestar de la menor. Por otro lado,
los abuelos, padres al fin, han reconocido el dolor que debe representar para
una madre el tener que renunciar al vínculo jurídico-afectivo que tiene con
Karla, la hija que quiere y ama. Además, en medio de esta concreta realidad
social, se encuentra Karla. Ciertamente lo hoy resuelto por este Tribunal no le
privará del afecto que recibe de sus familiares cercanos. Pero lamentablemente
sí le robará la oportunidad de ver materializado lo que en justicia debemos
facilitar: la unión entre la saludable realidad social que esta menor vive en
lo cotidiano, y la representación de esta realidad en la esfera de lo
jurídico-legal. Esto es precisamente lo que el peticionario ha solicitado y es,
a su vez, lo que la Opinión del Tribunal en su más endurecido textualismo se ha
negado a reconocerle, no sólo al peticionario, sino a todas las figuras de este
drama humano.
Al presentarse la solicitud
de adopción, todos y cada uno de los miembros de esta familia habían prestado
su consentimiento. No se trata este caso, por ende, de una situación en que un
cónyuge intente adoptar individualmente en contra de la voluntad del otro.
Tampoco se trata de una situación en que se adopte a una menor de muy pocos
años, cuya estabilidad en su crianza encare un incierto porvenir. Todo lo
contrario, Karla ha expresado su interés en que se efectúe la adopción por sus
abuelos, padres de crianza. Por otro lado, la abuela, aunque inicialmente
deseaba adoptar conjuntamente, ha accedido a que sólo sea su esposo el
adoptante para armonizar sus intereses con los de la madre biológica.
Ciertamente, siendo ésta la solución sobre la cual todos se han puesto de
acuerdo concurren los elementos para que, con la adopción solicitada, se
propenda al bienestar de la menor mediante el ejercicio de la sana discreción
del Tribunal.
No
debe olvidarse que detrás del frío expediente de este caso y del texto de la
ley tomado aisladamente, existen personas de carne y hueso cuyas esperanzas
están cifradas en este Tribunal para que, a través de las categorías jurídicas
que la ley provee, canalicemos el afecto y amor que extra legem se
reciprocan.
Por
ello, los remedios alternativos que la Opinión del Tribunal ofrece a la
situación de marras son insuficientes. Sin dudas, un tribunal puede reconocerle
a una madre biológica la custodia compartida entre ella y los abuelos
adoptantes, así como, por causa justificada, ordenar la retención de los apellidos
biológicos. No obstante, en vista de la
terminante ruptura que provoca la adopción de todo vínculo jurídico entre el
adoptado y su familia biológica, 31 L.P.R.A. sec. 538 (Supl. 2000), el remedio
adecuado en este caso consistiría en permitir que la madre biológica preserve
la patria potestad sobre su hija en combinación con el abuelo paterno.[6] La Opinión del Tribunal, en lugar de lograr esta justicia
particularizada, descarta esta alternativa por el mero provecho de seguir una
interpretación errada de la letra de la ley, aun cuando el texto claramente se
preste para interpretaciones más razonables y flexibles. Además, el efecto
práctico de la Opinión del Tribunal es imponer innecesariamente un criterio
sobre lo que constituye una estructura familiar adecuada sin considerar que
nuestro derecho de adopción debe ser lo suficientemente amplio como para
acomodar los intereses y sensibilidades de todas las partes concernidas.
IV
A tenor con todo
lo anterior, y tomando en consideración la liberal intención legislativa en
nuestra legislación de adopción, el manifiesto interés por proteger el mejor
bienestar de la menor y el texto del artículo 133 del Código Civil de Puerto
Rico, supra, confirmaríamos la excelentemente fundamentada Sentencia del
Tribunal de Circuito de Apelaciones, la cual, a su vez, confirmó la
determinación del Tribunal de Primera Instancia al aprobar la adopción
individual solicitada por el
Sr. Ángel Rafael Virella Archilla. Por ende, respetuosamente disentimos de la
Opinión de este Tribunal al revocarlas.
Federico
Hernández Denton
Juez
Asociado
Decisión 4 a 3: Vea Opinión
del Tribunal
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