Jurisprudencia
del Tribunal Supremo de P.R. del año 2001
Cont. 2001
DTS 149 RUIZ RAMOS V. ALCAIDE PENITENCIARIA ESTATAL 2001TSPR149
Opinión
Disidente emitida por el Juez Asociado señor Hernández Denton
San Juan, Puerto Rico, a 30 de octubre de
2001.
En esta ocasión una
mayoría de este Tribunal resuelve que el plazo máximo de seis (6) meses de
detención preventiva que establece la Sección 11 de la Carta de Derechos de la
Constitución de Puerto Rico sólo es de aplicación a acusados que no pueden
prestar fianza. Entendemos que esta disposición constitucional está basada en
el principio fundamental de la presunción de inocencia y, como tal, es mucho
más abarcadora. Disentimos.
I
El peticionario, Ramón Ruiz Ramos, fue
acusado de maltrato bajo la Ley Núm. 54 del 15 de agosto de 1989, 8 L.P.R.A.
secs. 601 et seq. El Tribunal de
Primera Instancia encontró causa probable en su contra en vista preliminar, y
fijó fianza de $10,000.00. Luego, se le imputó además por infracción al
Artículo 404 de la Ley de Sustancias Controladas, 24 L.P.R.A. sec. 2404. El 5
de noviembre de 1998 el Tribunal de Primera Instancia determinó causa probable
para el arresto y se fijó una segunda fianza de $10,000.00. Por no poder
prestar dichas fianzas, Ruiz Ramos fue encarcelado ese mismo día.
Antes de celebrarse
vista preliminar en cuanto a la segunda imputación, su representación legal
presentó moción solicitando una evaluación sobre su condición mental. En vista
celebrada al respecto el 15 de marzo de 1999, se determinó que Ruiz Ramos no
reunía los criterios médicos legales de procesabilidad. El Tribunal de Primera
Instancia ordenó, pues, su traslado inmediato al Hospital de Psiquiatría
Forense para que fuera evaluado y recibiera tratamiento.
El 11 de mayo de
1999, pasados ya seis meses de su detención, su representación legal presentó
recurso de hábeas corpus argumentando que él se encontraba recluido en
violación del término máximo de seis meses de detención preventiva establecido
por la Sección 11 de la Carta de Derechos de la Constitución de Puerto Rico. El
Tribunal de Primera Instancia denegó el recurso por entender que, aunque Ruiz
Ramos estaba privado de su libertad, éste no se encontraba en una institución
correccional, y que la privación de su libertad no respondía a su inhabilidad
para prestar la fianza fijada en el caso. Además, decidió que dicha privación
no contraviene la presunción de inocencia, ya que su ingreso en el referido
hospital no guarda relación con su condición de sumariado.
Inconforme, Ruiz
Ramos acudió ante el Tribunal de Circuito de Apelaciones. Dicho foro confirmó
la determinación del Tribunal de Primera Instancia. Concluyó que el propósito
de la detención preventiva es garantizar la comparecencia del acusado a
cualquier procedimiento posterior al arresto, mientras que el ingreso en el
Hospital de Psiquiatría Forense sólo pretende proveerle tratamiento al imputado
hasta que se encuentre procesable, por lo que la referida cláusula
constitucional no es aplicable en este caso. Inconforme aún, Ruiz Ramos acude
ante nos.
II
La Regla 240 de las
de Procedimiento Criminal, 34 L.P.R.A. Ap. II R. 240, establece un procedimiento
mediante el cual un acusado puede solicitar que se le encuentre mentalmente
incapacitado. El debido proceso de ley obliga al Estado a suspender la
celebración del juicio de un acusado hallado improcesable bajo dicha Regla. La
misma provee para la reclusión del acusado en una institución adecuada. Id.
No se establece un periodo máximo de tiempo para dicha internación
involuntaria. Id. Por otro lado, la Sección 11 del Artículo II de
nuestra Constitución establece un término máximo de seis (6) meses para la
detención preventiva antes del juicio. Surge, pues, la interrogante de si un
acusado hallado improcesable e internado involuntariamente bajo la Regla 240
puede estar recluido en exceso de dicho periodo máximo de seis meses dispuesto
por nuestra Constitución.
III
“My guiding principle is this: Guilt is never to be doubted.”
Franz Kafka, “In the Penal Colony”.
La presunción de inocencia nos ha permitido escapar de la paranoia,
claustrofobia, crueldad y morbosidad que tan crudamente encarnan las realidades
en las que se desplazan los personajes de Franz Kafka. Nuestro pasado está
repleto de memorias de sistemas penales que brindaban garantías míseras a los
acusados de crímenes. Así pues, los antiguos anglosajones sometían a los
acusados a ordalías por fuego y por agua en las cuales se presumía la
culpabilidad del acusado. Sólo la intervención divina que salvara al acusado de
la muerte o del daño corporal podía probar la inocencia del desdichado.
Estos métodos han
quedado en desuso por el consenso general en cuanto a su carácter injusto. En
nuestra jurisdicción, pues, hemos decidido reemplazar el mandato del oficial de
la colonia penal de Kafka y dejar firmemente plantado como principio rector uno
que entendemos es más sabio: la inocencia siempre se presume.
Y
para que no quedase duda alguna, la Convención Constituyente decidió dejar
plasmado tan importante principio en la Carta de Derechos de nuestra
Constitución: “En todos los procesos criminales, el acusado disfrutará del
derecho... a gozar de la presunción de inocencia.” Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, Art. II,
Sec. 11. La presunción de inocencia es piedra angular de nuestro ordenamiento
jurídico. Garantiza la preeminencia del derecho individual a la libertad sobre
el poder acusatorio del Estado. Dicho precepto constitucional no se limita a
ser sólo una regla de derecho probatorio, sino que es más bien una ideología
que debe empapar todo nuestro sistema de justicia criminal. De la presunción de
inocencia surgen muchas de las demás garantías que le brinda nuestra
Constitución a un acusado. Sobre este particular expresó el Juez Asociado señor
Negrón Fernández:
El
derecho a la libertad provisional bajo fianza, el derecho a que éstas no sean
excesivas, y el derecho a salir en libertad transcurridos seis meses de
encarcelación por defecto de fianza en espera de juicio, son derechos
correlativos, dirigidos todos a salvaguardar el superior derecho –constante
también como garantía constitucional- de la presunción de inocencia. Las disposiciones sobre libertad provisional
bajo fianza, y sobre fianzas excesivas, no surgen como un acto de gracia del
Estado: su existencia es coextensiva con la necesidad de efectivar el
fundamental derecho a la presunción de inocencia, sin que sufra menoscabo
la protección que a la sociedad debe, en un válido y razonable ejercicio de
poder público, el Estado. Sánchez v. González, 78 D.P.R. 849, 856 (1955)
(Sentencia) (Opinión del Juez Asociado señor Negrón Fernández, con la cual
concurrieron el Juez Presidente señor Snyder y el Juez Asociado señor Sifre) (énfasis
suplido).
Así
pues, nuestra Constitución garantiza el derecho de un acusado a quedar en
libertad bajo fianza antes de mediar un fallo condenatorio. Id. Esta
disposición surge de la necesidad de limitar el poder del Estado de encarcelar
a un acusado antes que el mismo sea enjuiciado. Antes del juicio, todo acusado
es inocente. Por lo tanto, el acusado debe tener la oportunidad de garantizar
su comparecencia al juicio de un modo que no coarte su libertad.
De
igual manera, la Convención Constituyente entendió que un acusado presuntamente
inocente no puede ser encarcelado antes del juicio por un periodo irrazonable
de tiempo. Un inocente no puede ser privado de su libertad sin mediar una razón
de gran peso. No podemos olvidar que: “In our society liberty is the
norm, and detention prior to trial or without trial is the carefully limited
exception.” United States v. Salerno, 481 U.S. 739, 755 (1987). Véase además, Foucha v. Louisiana, 504
U.S. 71 (1992).
La encarcelación de un
acusado antes del juicio está autorizada por el interés legítimo y apremiante
del Estado de asegurar la comparecencia de todo acusado al proceso. Pueblo
v. Negrón Vázquez, 109 D.P.R. 265, 266-67 (1979). Sin embargo, esta
facultad del Estado está estrictamente limitada por la presunción de inocencia
y el debido proceso de ley. A estos efectos, el Tribunal Supremo de los Estados
Unidos reiteró recientemente que: “‘[the] maximum length of pretrial detention
is limited’ by ‘stringent’ requirements”. Zadvydas v. Davis, 533
U.S.__ (2001), citando Carlson v. Landon, 342 U.S. 524, 545-546 (1952).
Estas exigencias surgen de la firme creencia en que: “No society is free where
government makes one person’s liberty depend upon the arbitrary will of
another.” Shaughnessy v. United States ex rel. Mezei, 345 U.S. 206, 217 (1953) (Opinión Disidente
del Juez Asociado señor Black).
En reconocimiento de
estos principios, la Sección 11 de la Carta de Derechos dispone que “[l]a
detención preventiva antes del juicio no excederá de seis meses.” Const.,
supra, Art. II, Sec.
11.
La
Opinión del Tribunal resuelve que esta limitación constitucional sólo aplica a
los acusados encarcelados por no haber podido prestar fianza. Reconocemos que
los únicos casos que se han litigado ante este Tribunal sobre dicha cláusula
constitucional envolvían acusados que no habían podido prestar fianza. Sin duda
alguna, la mayoría de los casos en los cuales surge esta situación (la
detención preventiva por más de seis meses) están relacionados a la
fianza. Sin embargo, esto no quiere
decir que estos sean los únicos ciudadanos a los cuales le aplica esta
protección constitucional. Esto sólo significa que el caso de autos plantea una
cuestión novel y poco usual.
Como
expusiéramos anteriormente, la limitación constitucional al periodo de
detención preventiva nace de la presunción de inocencia. Todo acusado se
presume inocente; no solamente los que no pueden prestar fianza. Por lo tanto, esta limitación constitucional
al periodo de detención preventiva es de aplicación a todo acusado. El
texto constitucional no establece ninguna distinción ni sugiere que el plazo
máximo sea de aplicación sólo a los que no pueden prestar fianza. Id. De
igual manera, las discusiones de la Convención Constituyente no indican que
dicho plazo sea de aplicación limitada.
El señor delegado
Arcilio Alvarado describió el plazo de la siguiente manera durante los debates
de la Convención: “Este término que estamos fijando es tan y tan perentorio que
si llegan los seis meses y el acusado no ha sido sometido a juicio, la corte
tiene que ponerlo en la calle por un hábeas corpus inmediatamente que hayan
pasado los seis meses.” 3 Diario de Sesiones de la Convención Constituyente de
Puerto Rico 1595 (1962).
Por su parte, el señor
delegado Héctor González Blanes explicó que “[l]o que se quiere evitar con esta
disposición es que un individuo esté preventivamente detenido por tiempo
ilimitado, como acontece muchas veces en los tribunales.” Id. en la pág. 1596. Lo que preocupaba a los miembros de la
Asamblea Constituyente era que una persona presuntamente inocente estuviera bajo
custodia del Estado por más de seis meses sin el debido proceso de ley
correspondiente. No se hace, pues,
referencia en ningún momento a que el plazo sólo aplique a aquellos que
no pueden prestar fianza.
Nuestras
decisiones han reconocido que la Convención Constituyente “[c]onsideró
preferible rendir la custodia de un acusado después de ese periodo [de seis
meses], antes que hacer vulnerable la integridad de su derecho a la presunción
de inocencia –que también consagraba en la propia Constitución- si dejaba
ilimitado el ejercicio de[l] poder de custodia [del Estado] por la mera
utilidad de que el Estado le tuviera disponible para llevarle al
tribunal.” Sánchez, supra,
en la pág. 856-57 (énfasis suplido). Por estar en juego la presunción de
inocencia aplicable a todas las personas, dicho límite a la detención
preventiva debe aplicarse a todos los acusados.
Por
otro lado, en su obra sobre recursos extraordinarios, el Profesor David Rivé
Rivera ha comentado que “irrespectivamente de la causa por la cual no se
haya podido celebrar el juicio el acusado se hace acreedor a su
excarcelación al transcurrir 6 meses desde su detención preventiva.” David Rivé
Rivera, Recursos Extraordinarios 147 (1996) (énfasis suplido). El
plazo máximo es de aplicación aun cuando el acusado mismo ha causado la
posposición del juicio al solicitar prórrogas meritorias y de buena fe. Sánchez, supra.
La propia Opinión mayoritaria
correctamente señala que:
“El
referido precepto constitucional sobre la limitación de la detención preventiva
constituye una restricción al poder de custodia del Estado. La referida protección constitucional
instituye una garantía procesal contra posibles excesos de autoridad por parte
del Estado, evitando que la restricción efectiva de la libertad, una vez
determinada causa probable para arresto, resulte en un castigo anticipado por
un delito que no se ha juzgado.”
Opinión mayoritaria, en la pág. 13 (énfasis suplido).
Como tal, entendemos que la
limitación es relevante siempre que un acusado está bajo la custodia del
Estado por el mero hecho de ser acusado.[1]
IV
Por
otro lado, a modo ilustrativo, examinaremos el derecho estadounidense relativo
al asunto medular del caso de autos. Como correctamente expone la Opinión
mayoritaria, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos, en Jackson v.
Indiana, 406 U.S. 715 (1972), resolvió que el Estado no puede internar
involuntariamente a un acusado improcesable por un periodo irrazonable de
tiempo. La razonabilidad de dicho periodo depende de la probabilidad sustancial
de que el imputado advenga mentalmente capaz para enfrentar los procedimientos
criminales. Id. En caso de que la capacidad mental del acusado
permanezca en un estado de improcesabilidad, y no exista probabilidad
sustancial de que advenga a estar capaz mentalmente, se debe liberar de la
institución adecuada del Estado. Id. El Tribunal Supremo de los Estados
Unidos en Jackson, supra, no estableció ningún límite para dicho
periodo razonable.
Sabido
es que las protecciones constitucionales que le extienden los estados a sus
ciudadanos pueden ser de una factura más ancha que las garantizadas por la
Constitución federal. A estos efectos, algunos de los estados han establecido
mecanismos para responder a las exigencias de Jackson, supra.
Dieciocho estados han dispuesto cortos periodos máximos de tratamiento para los acusados improcesables.[2] Véase, Grant H. Morris y J. Reid Meloy, Out Of Mind? Out of Sight: The Uncivil Commitment of Permanently Incompetent Criminal Defendants, 27 U.C. Davis L. Rev. 1, 14 (1993). Estos fluctúan entre un mínimo de sesenta (60) días (en dos estados), hasta un máximo de dieciocho (18) meses (en otros dos estados). Id. El periodo más frecuente es de seis (6) meses (cuatro estados) o un año (cuatro estados). Id. Cabe también mencionar que la legislación federal dispone que un acusado improcesable no puede permanecer bajo custodia federal, sólo por ser improcesable, por más de cuatro (4) meses a menos que el tribunal encuentre que es probable que el acusado advenga procesable dentro de un periodo razonable. U.S. v. Baker, 807 F.2d 1315, 1320 (6th Cir. 1986).
Otros cuatro estados
han eliminado completamente los procedimientos para internar a los acusados
improcesables.[3] Morris y Meloy, supra, en las págs. 13-14. Dichos acusados
sólo pueden ser internados a través del procedimiento de internación civil. Id.
en la pág. 14.
Trece (13) otros estados y el Distrito de Columbia han decidido ignorar el mandato de Jackson, supra, y no han establecido términos máximos para la internación involuntaria de los acusados improcesables. Morris y Meloy, supra, en la pág. 14. Esta negativa ha sido criticada por algunos comentaristas. Id. Los quince (15) estados restantes han instituido periodos que son considerados muy extensos para ser razonables bajo Jackson, supra, según estos mismos académicos. Id. Sin embargo, incluso estos estados imponen algún tipo de límite al periodo de internación. Véanse e.g., People v. Burton, 166 Ill. App. 3d 143, 145 (Ill. App. Ct. 1988) (“If after one year from the date of the original finding of unfitness, the court finds that the defendant continues to be unfit, the State shall request the court to conduct a discharge hearing.”); People v. McBrien, 144 Ill. App. 3d 489, 493 (Ill. App. Ct. 1986) (término limitado a la sentencia máxima que se hubiese podido imponer al acusado de ser éste convicto); Lockhart v. Armistead, 351 So. 2d 496, 498 (La. 1977) (término limitado a la sentencia máxima); In re Polk, 84 Cal. Rptr. 2d 389 (Cal. Ct. App. 1999) (término limitado a 3 años o a la sentencia máxima, lo que sea menor). Es importante destacar que el Tribunal Federal de Circuito de Apelaciones para el Primer Circuito ha resuelto que recluir a un acusado, sólo con el propósito de determinar su procesabilidad, por un periodo mayor a la sentencia máxima que podría ser impuesta de éste ser convicto, viola la Constitución Federal. U.S. v. DeBellis, 649 F.2d 1 (1st Cir. 1981).
En un importante
estudio sobre procesabilidad, Ronald Roesch y Stephen Golding discutieron doce
(12) propuestas para establecer límites al tratamiento de acusados
improcesables. Morris y Meloy, supra, en la pág. 15 citando
Ronald Roesch y Stephen L. Golding, Competency to Stand Trial 116-20
(1980). La mayoría de las
propuestas recomendaban un periodo máximo de seis meses con una posible
extensión de otros seis meses si existía una probabilidad sustancial de que el
acusado advendría procesable. Id.
Finalmente, debemos
mencionar lo resuelto recientemente por el Tribunal Supremo de los Estados
Unidos en un caso que, por su similitud al asunto de autos, resulta sumamente
persuasivo. En Zadvydas, supra, dicho Tribunal resolvió que
cuando un inmigrante se encuentra legalmente en los Estados Unidos, pero está
bajo un procedimiento de remoción, sólo puede mantenerse detenido por un
periodo razonable de tiempo. El Tribunal Supremo estableció una presunción de
irrazonabilidad para cualquier detención de este tipo por más de seis (6)
meses. Id. Inclusive, el Tribunal expresó sus dudas sobre la
constitucionalidad de un periodo mayor de detención: “We do have reason to
believe, however, that Congress previously doubted the constitutionality of
detention for more than six months. See Juris. Statement of United States
in United States v. Witkovich, O. T. 1956, No. 295, pp. 8-9.
Consequently, for the sake of uniform administration in the federal courts, we
recognize that period.” Id. (énfasis suplido). La más
reciente jurisprudencia del Tribunal Supremo federal brinda apoyo, pues, a la
conclusión de que una detención por más de seis meses es irrazonable.
Entendemos que el límite
de seis meses impuesto por nuestra Constitución a la detención preventiva
precisamente lo que hace es establecer un máximo al periodo razonable que
requiere la Constitución Federal bajo Jackson, supra. El Diario de Sesiones de la Convención
Constituyente ofrece sustento a la razonabilidad de dicho periodo: “El término
de seis meses es prudente, es razonable, corresponde a la legislación actual y
podría funcionarse con él.” 3 Diario de Sesiones de la Convención Constituyente
de Puerto Rico 1595 (1962). Seis meses nos parece un periodo perfectamente
razonable para que el Estado tenga como límite al tratar a un acusado
improcesable antes de tener que internarlo bajo el procedimiento civil. El
derecho estadounidense brinda gran apoyo a esta conclusión.
V
La Opinión del Tribunal
distingue entre los acusados que se encuentran encarcelados por defecto de
fianza y los que se encuentran internados involuntariamente por estar
improcesables. Resuelve que los acusados improcesables no se encuentran en
detención preventiva para efectos del plazo máximo de seis meses. Esta
distinción nos parece excesivamente formalista y esencialmente discriminatoria
pues excluye de la protección constitucional a los acusados improcesables.
En primer lugar, esta
interpretación parece basarse en el hecho que un acusado que no presta fianza
se encuentra sumariado porque se encontró causa probable en su contra y está
esperando que se le celebre juicio. Como de ordinario está detenido porque el
Estado no ha sido diligente, la Constitución dispone un término para la
celebración de dicho juicio. Por otro lado, un acusado improcesable está internado
recibiendo tratamiento. En estos casos, no se le celebra juicio porque se
“pretende evitar la injusticia de requerirle a un acusado que enfrente un
proceso criminal, cuando éste no está mentalmente capacitado para ayudar en su
defensa; lo cual podría culminar en una convicción errónea. Mediante la
referida suspensión [del juicio], se promueve la confianza de la ciudadanía en
el sistema judicial criminal, conservando su dignidad e integridad.” Opinión mayoritaria en la pág. 10. La
Opinión mayoritaria sugiere, pues, que el internamiento involuntario del
acusado improcesable es un favor que le está haciendo el Estado a dicho acusado
en aras de la integridad del sistema judicial. Respetuosamente, pero de manera
enfática, disentimos de esta interpretación.
La
única razón por la cual, en un caso como el de autos, el acusado se encuentra
internado involuntariamente es porque se encontró causa probable en su contra,
pero no se le puede celebrar juicio. La razón por la cual no se le puede
celebrar juicio es que el acusado está mentalmente incapacitado y no se puede
procesar por consideraciones de debido proceso de ley. Su condición mental está
tan fuera de su control como la condición económica del que no puede prestar
fianza. No es culpa del acusado el que esté incapacitado mentalmente. Por lo
tanto, su situación es idéntica a la del acusado que no presta fianza. Se
encontró causa probable en su contra y no se le puede celebrar juicio por
razones que están fuera de su control.
La
Opinión del Tribunal, en segundo lugar, intenta distinguir el caso del acusado
improcesable basándose en que el mismo no está “sumariado en espera de juicio”
sino que está en una institución psiquiátrica en espera de su mejoría. Sin embargo, como correctamente menciona
dicha Opinión, “[u]no de los efectos de una determinación de improcesabilidad,
conforme a lo dispuesto en la Regla 240 de Procedimiento Criminal, supra,
es que el acusado permanecerá bajo la jurisdicción del Tribunal.” Opinión
mayoritaria en la pág. 10. El acusado, pues, está bajo el poder de custodia del
Estado. Al respecto, expone el Prof. Rivé Rivera:
El
confinamiento de una persona dentro de unos ciertos límites definidos, por un
período considerable de tiempo, sin autoridad legal para ello y sin su
consentimiento, constituye encarcelamiento ilegal. Dobbins v. Hato
Rey Psychiatric Hospital, 87 D.P.R. 30, 34-35 (1962). Dice este caso que: ‘Aunque usualmente se asocie con la
detención ilegal en una prisión, no es indispensable que medie una
encarcelación propiamente dicho; es suficiente con que ocurra una restricción
de la libertad del perjudicado.’
Dobbins, supra, pp. 34-35... Dobbins reconoce que la reclusión
involuntaria de una persona en una institución para enfermos mentales en
violación de las disposiciones estatutarias sobre higiene mental constituye un
encarcelamiento ilegal. El hábeas corpus es el recurso preciso para cuestionar
la reclusión, o detención, de una persona en un hospital o a manos de personas
particulares. David Rivé Rivera, Recursos Extraordinarios 152-53 (1996).
Así pues, ha expresado el Tribunal Supremo de los
Estados Unidos que: “The loss of liberty produced by an involuntary commitment
is more than a loss of freedom from confinement.” Vitek v. Jones,
445 U.S. 480, 492 (1980). Véase
además, Foucha,
supra. No hace ningún sentido decir que el imputado improcesable “no se
encuentra sumariado en espera de la celebración del juicio”. Opinión
mayoritaria en la pág. 15. La única razón por la cual el Estado está ejerciendo
su poder de custodia sobre el acusado improcesable es porque quiere celebrarle
un juicio. Por lo tanto, dicho acusado está recluido en espera de juicio. Esta reclusión está limitada por nuestra
Constitución a un plazo máximo de seis meses.
Nos
preocupan además las consecuencias inconsistentes que podría tener este
pronunciamiento. Por ejemplo, si el imputado se escapara del hospital
psiquiátrico en el cual esté internado involuntariamente, este acto se podría
considerar una fuga bajo el Artículo 231 del Código Penal, 33 L.P.R.A. sec.
4428. Ahora bien, si el imputado está “bajo custodia del Estado” para los
efectos del delito de fuga, pues también debe estarlo para los propósitos de la
cláusula constitucional que establece el límite de seis meses de detención preventiva.
VI
Entendemos, además, que la distinción hecha por la Opinión mayoritaria no está justificada por las buenas intenciones que pueda tener el Estado al internar a un acusado improcesable en contra de su voluntad. El hecho que dicho acusado esté recibiendo tratamiento, y no se le pueda celebrar juicio en aras de proteger sus derechos conforme al debido proceso de ley, no justifica que el Estado pueda privarle de su libertad de forma excesiva. Mediante la suspensión del juicio, el tribunal cumple con su deber de respetar los derechos del acusado. Esta acción no inviste la actuación del Estado al internarlo con un aura benefactora que justifique la privación de su libertad en exceso del plazo constitucional de seis meses. “Of all tyrannies a tyranny sincerely exercised for the good of its victims may be the most oppressive.” C.S. Lewis, “The Humanitarian Theory of Punishment”.
Es evidente la
inconsistencia lógica de la idea que, al internar al acusado involuntariamente
por un periodo en exceso de seis meses para “curarlo” y así poderlo procesar
conforme con las exigencias del debido proceso de ley, lo que se hace es
protegerlo del poder de custodia del Estado.
Al acusado improcesable se le está privando de su libertad en exceso del
plazo constitucional para que el Estado no le pueda privar de su libertad sin
debido proceso de ley. Esto no tiene
ningún sentido. La intención bondadosa del Estado al no procesar al acusado
mentalmente incapacitado no nos puede cegar ante la inconsistencia de esta
posición. “Experience should
teach us to be most on our guard to protect liberty when the government’s
purposes are beneficent.” Olmstead v. United States, 277 U.S. 438, 479 (1928) (Opinión
Disidente del Juez Asociado señor Louis D. Brandeis).
También
se podría argumentar que el Estado tiene un interés legitimo en internar a un
acusado improcesable para brindarle tratamiento. Sin embargo, el Estado no
tiene el poder de proveer tratamiento compulsorio a todos los
ciudadanos. Esto nos lleva a reflexionar sobre cuál es el interés que
verdaderamente se sirve al internar a un acusado improcesable que no
cualifica para un procedimiento de internación civil. Estamos hablando,
pues, de un acusado improcesable que no es peligroso ni para sí mismo ni para
los demás. Esta persona sólo estaría bajo la custodia del Estado por concepto
de que se encontró causa probable en su contra. El único interés legítimo que
tiene el Estado para brindarle tratamiento compulsorio sería lograr que el
acusado advenga procesable para así poder enjuiciarlo y castigarlo por su
alegada conducta criminal.
Nos preocupa que el efecto de la decisión
del Tribunal sea otorgarle un cheque en blanco al Estado para internar y tratar
involuntariamente a un acusado con el único propósito de poder castigarlo. Este
ímpetu altamente retributivo no nos parece cónsono con la filosofía
pro-rehabilitación que establece la Sección 19 del Artículo VI de nuestra
Constitución. Incluso la Opinión del Tribunal comenta en el contexto de la
internación civil, que “[e]l Estado no tiene un interés en internar
involuntariamente a personas que realmente no constituyen un peligro o
representen un riesgo inminente de causar daño, por razón de trastorno mental.”
Opinión mayoritaria en las págs. 18-19. De igual modo se ha expresado el Tribunal
Supremo de los Estados Unidos: “[W]e have upheld preventive detention based on
dangerousness only when limited to specially dangerous individuals and subject
to strong procedural protections.” Zadvydas,
supra. Véase además, Foucha, supra, (invalidando un
sistema de detención basada en incapacidad mental que le imponía al detenido el
peso de probar que no era peligroso).Entendemos que el Estado sí tiene un
interés generalizado de procesar criminalmente a todos los que infrinjan los
estatutos penales, pero nos parece prudente limitar el poder del Estado para
fines tan esencialmente retributivos. Es más que razonable proveerle seis meses
al Estado para que brinde tratamiento al acusado improcesable cuando el único
interés legítimo de dicha custodia involuntaria es el procesarlo penalmente y
castigarlo. Insistir en tratar a un
imputado improcesable por más de seis meses, e incurrir en el correspondiente
gasto de fondos públicos, sólo para poderlo castigar y dejar caer sobre él toda
la fuerza y poder del Estado nos parece excesivamente cruel y vengativo.
VII
¿Qué ha de suceder, entonces,
con los imputados improcesables que sí presentan un peligro para sí mismos o
para los demás? Entendemos que existe una genuina y justificada preocupación en
este sentido. Dejar libres a personas mentalmente incapacitadas que sean
peligrosas y que no puedan ser procesadas penalmente conllevaría un alto riesgo
para el público en general y sería un descuido irresponsable del deber del
Estado de proteger a la ciudadanía. Sin embargo, nuestra posición no compromete
este deber en lo más mínimo.
Como acertadamente menciona la
Opinión mayoritaria, nuestra Ley de Salud Mental, Ley Núm. 408 de 2 de octubre
de 2000, provee un procedimiento de internación civil. Mediante dicho procedimiento, el Estado
puede internar involuntariamente a personas mentalmente incapacitadas que sean
peligrosas. Id. La diferencia importante que existe entre este tipo de
internación involuntaria y la internación de un acusado improcesable en espera
de juicio bajo la Regla 240 es que el procedimiento civil requiere prueba clara
y convincente de los requisitos y la necesidad de la internación. Art. 12 de la
Ley Núm. 408, supra. La Ley de Salud Mental requiere que se pruebe la
peligrosidad de la persona.
Así pues, se requiere un debido proceso de ley más riguroso al privarle a estas personas de su libertad. En el caso de la internación involuntaria bajo la Regla 240 no se requiere que se pruebe nada con respecto a la peligrosidad del acusado. Este estándar diferente al de los demás incapacitados mentales, al aplicarse de manera ilimitada para internar involuntariamente a un acusado por un periodo indefinido de tiempo, nos parece injustificado. “‘The basic and unifying thread which runs throughout our recommendations is a rejection of the notion that the mere fact of a criminal charge or conviction is a proper basis upon which to build other unnecessary, unprofitable, and essentially unfair distinctions among the mentally ill.’” Jackson, supra, en la pág. 725 n. 4 citando Association of the Bar, City of New York, Special Committee on the Study of Commitment Procedures and the Law Relating to Incompetents, Second Report, Mental Illness, Due Process and the Criminal Defendant 1 (1968).
Además, el único debido proceso de ley
que se le ha dado al acusado en detención preventiva que justifica su reclusión
es el haber encontrado causa probable en su contra. Para los acusados que no
prestan fianza, el hallazgo de causa probable sólo justifica su encarcelación
por un máximo de seis meses. No vemos razón para que en el caso de los acusados
improcesables se justifique una reclusión por más tiempo. Para recluir a los
improcesables peligrosos por más tiempo, el Estado debe recurrir al
procedimiento de internación civil y probar su peligrosidad.
Nuestra conclusión
se sustenta si consideramos lo que se requiere al imponer una medida de
seguridad. La Regla 241 de las de Procedimiento Criminal, 34 L.P.R.A. Ap. II R.
241, establece el procedimiento para su imposición. Este procedimiento es de
aplicación cuando el imputado de un crimen es absuelto por razón de incapacidad
mental. Id. Dicha Regla también
requiere que se pruebe la peligrosidad del imputado o la efectividad del
tratamiento antes de imponer la internación involuntaria de dicho imputado. Id. No vemos por qué se deben requerir menos
garantías a la hora de internar a un acusado improcesable.
Cabe mencionar,
además, que entendemos que probar la peligrosidad de los imputados
improcesables no debe ser una carga onerosa en la grandísima mayoría de los
casos. Después de todo, el fiscal está
procesando al individuo porque existe evidencia de que cometió un crimen. En
los casos en los que el imputado sea verdaderamente peligroso, la evidencia
recopilada por el fiscal debe ser más que suficiente para probar la
peligrosidad del acusado e internarlo mediante el procedimiento civil. Los
únicos casos en los cuales la norma que esboza hoy una Mayoría de este Tribunal
verdaderamente hace diferencia es en los casos de acusados improcesables que
han cometido crímenes no-violentos y que no son peligrosos. Estas son
precisamente las personas que no deben ser internadas involuntariamente. La
Opinión mayoritaria hace posible la privación de la libertad de estas personas
sin el debido proceso de ley y sin justificación válida.
VIII
En
resumen, entendemos que la limitación de la detención preventiva a un plazo de
seis meses nace de la fundamental garantía constitucional de la presunción de
inocencia. Como tal, el límite es de aplicación a todos los acusados por igual,
y no sólo a aquellos que no han podido prestar fianza.
The practice of automatic commitment with release conditioned solely
upon attainment of competence has been decried on both policy and
constitutional grounds... One source of this criticism is undoubtedly the
empirical data available which tend to show that many defendants committed
before trial are never tried, and that those defendants committed pursuant to
ordinary civil proceedings are, on the average, released sooner than defendants
automatically committed solely on account of their incapacity to stand
trial. Related to these statistics are
substantial doubts about whether the rationale for pretrial commitment –that
care or treatment will aid the accused in attaining competency- is empirically
valid given the state of most of our mental institutions. Jackson,
supra en las págs. 734-35 (citas omitidas).
Si el Estado quiere internar
involuntariamente a un acusado improcesable en exceso de dichos seis meses,
debe cumplir con el debido proceso de ley, recurrir al procedimiento de
internación civil y establecer con prueba clara y convincente la peligrosidad
del acusado. La presunción de inocencia y el debido proceso de ley impiden
cualquier otra interpretación. “Executive imprisonment has been
considered oppressive and lawless since John, at Runnymede, pledged that no
free man should be imprisoned, dispossessed, outlawed, or exiled save by the
judgment of his peers or by the law of the land.” Shaughnessy, supra, en la pág. 218 (Opinión
Disidente del Juez Asociado señor Jackson).
En
este caso, el peticionario lleva dos años y medio bajo la custodia del Estado
porque se encontró causa probable en su contra y se le internó bajo la Regla
240 de las de Procedimiento Criminal por estar improcesable. Ni tan siquiera
surge del expediente que se haya celebrado una vista para determinar si el
tratamiento en el hospital psiquiátrico ha surtido algún efecto que pueda
indicar que el peticionario advendrá procesable dentro de un tiempo razonable. Entendemos
que el recurso de hábeas corpus procede por haber estado el peticionario bajo
la custodia del Estado en espera de juicio en exceso del plazo de seis meses
prescrito por nuestra Constitución.
La
acción del Estado no está justificada por su alegada intención benéfica. La
realidad es que el peticionario ha estado recluido en un hospital psiquiátrico
en contra de su voluntad, y en violación de sus fundamentales derechos
constitucionales. “Mercy, detached from Justice, grows unmerciful.” C.S. Lewis, supra.
De
igual manera, el miedo al prospecto de tener lunáticos corriendo por las calles
poniéndonos a todos en peligro mortal nos parece infundado y exagerado.
Concern that the civil commitment process may be inadequate to deal with
permanently incompetent criminal defendants appears exaggerated. As discussed above, four states use only the
civil commitment process to confine any incompetent defendant. An additional
eighteen states use the civil commitment process for permanently incompetent
criminal defendants. Although their experience has not been systematically
analyzed, the absence of legislative activity to replace the civil commitment
approach suggests that it is being used successfully. Morris and Meloy, supra, en las
págs. 21-22 (citas omitidas).
Entendemos que el procedimiento
de internación civil que dispone nuestra Ley de Salud Mental es el adecuado
para este tipo de situación.
Debemos
puntualizar que aun si el plazo de seis meses no fuera aplicable al
peticionario, entendemos que los dos años y medio que lleva el señor Ruiz Ramos
bajo la custodia del Estado es un periodo irrazonable, especialmente dado el
hecho que no se ha celebrado ningún tipo de vista consistente con el mandato de
Jackson, supra.
No podemos abandonar a los
incapacitados mentales y negarles las protecciones constitucionales de las
cuales gozan todas las demás personas bajo nuestro ordenamiento jurídico. Por esto extenderíamos el límite de seis
meses a una detención preventiva por razón de la improcesabilidad del imputado.
Además, siguiendo el precedente establecido en Jackson, supra, e
integrándolo con nuestra disposición constitucional, resolveríamos que un
imputado improcesable sólo puede internarse por un término razonable de un máximo
de seis meses. El periodo razonable, claro está, podría en algunos casos
ser menor que los seis meses, por imperativo tanto de Jackson, supra,
como de nuestra Constitución. La razonabilidad de dicho término debe depender
de la probabilidad sustancial de que el imputado advenga capaz mentalmente para
enfrentar los procedimientos criminales.
En caso de que la capacidad mental del acusado permanezca en un estado
de improcesabilidad, y no exista probabilidad sustancial de que advenga a estar
capaz mentalmente, se debe liberar de la institución adecuada del Estado, donde
recibe tratamiento, salvo que estén presentes circunstancias fácticas que
señalen que debe ser internado involuntariamente bajo un procedimiento de
internación civil.
Como la Opinión de este Tribunal
adopta una norma que entendemos menosprecia el principio constitucional de la
presunción de inocencia, y excluye a los incapacitados mentales de la
protección constitucional de juicio rápido, respetuosa, pero enérgicamente,
disentimos.
Federico
Hernández Denton
Juez
Asociado