Jurisprudencia
del Tribunal Supremo de P. R. del año 2003
2003 DTS 007 PIAZZA
VELEZ V. ISLA DEL RIO 2003TSPR007
Continuación
Opinión Disidente emitida por
la Juez Asociada señora Naveira de Rodón.
San
Juan Puerto Rico a 31 de enero de 2003
Por entender que la mayoría se
equivoca al determinar que no procedía la moción de relevo de sentencia por
haber sido ésta presentada pasado el término de naturaleza fatal de seis (6)
meses[1]
que establece la Regla 49.2, disentimos.
Bco. Santander P.R. v. Fajardo Farms Corp., 141 D.P.R.
237, 243 (1996); Sánchez Ramos v. Troche Toro, 111 D.P.R. 155
(1981); Mun. Coamo v. Tribunal Superior, 99 D.P.R. 932, 937
(1971).
El presente caso nos permite analizar las
funciones de los foros apelativos, y cómo éstas se entrelazan y complementan
con las que realizan los tribunales de instancia, para llevar a cabo el
propósito cardinal del sistema judicial de hacer justicia. Para una mejor comprensión de los problemas
procesales que pueden surgir y la forma en que se deben confrontar, creemos
necesario hacer una relación detallada de los procedimientos llevados a cabo en
el caso de autos.
I.
HECHOS
El asunto ante nos se originó con una
demanda de incumplimiento de contrato presentada el 21 de junio de 1993, por los
Sres. Ángel Amador Piazza Vélez y Elseis Piazza Vélez, contra Isla del Río,
Inc. (en adelante Isla), Vidal Farms, Inc. (en adelante Vidal Farms) y El Caño
Development, Inc. (en adelante El Caño), entre otros.[2] El codemandante Elseis Piazza Vélez alegó
que suscribió un contrato de compraventa de una parcela de terreno con Empresas
Vidal Valdivieso (en adelante Empresas Vidal)[3]. De otra parte, el codemandante Ángel Amador
Piazza Vélez alegó que suscribió un contrato de servicios profesionales con
dicha empresa. Ambos alegaron que
Empresas Vidal incumplió con estos contratos y solicitaron se ordenase su
cumplimiento.[4]
Luego de una serie de trámites
procesales, incluyendo varias mociones relacionadas con el descubrimiento de
prueba y dos (2) sentencias parciales, la última dictada el 9 de octubre de
1996 y notificada el 23 de octubre de ese mismo año, el 25 de agosto de 1997,
el tribunal dictó una orden al amparo de la Regla 39.2(b) de Procedimiento
Civil. Mediante la misma, le dio
término a las partes para que expusieran las razones por las cuales, habiendo
transcurrido más de seis (6) meses sin que se efectuase trámite alguno, el
tribunal no debiera desestimar el caso y decretar su archivo por
inactividad. Esta orden se notificó
sólo a la parte demandante. El 10 de
septiembre la parte demandante compareció y adujo como excusa para la
inactividad del caso, que las partes habían estado negociando la solución total
del mismo. Añadió que la parte
demandante ahora se encontraba evaluando una oferta de transacción para
terminar el caso. Esta moción se le
notificó sólo a Isla que era la única parte con quien los demandantes estaban
negociando la transacción.
Así las cosas, el 5 de noviembre de 1997,
el tribunal de instancia dictó sentencia al amparo de la Regla 39.2(b)
desestimando el caso por inactividad. Expresó que “[l]as vagas referencias a
una alegada oferta de transacción, no justifica[ba] mantener el caso en el
calendario del tribunal.” La sentencia
se notificó el 13 de noviembre a los
demandantes y a los codemandados Isla, Vidal Farms y El Caño.[5]
Inconforme con esta determinación, el 9
de diciembre de 1997, los demandantes presentaron escrito de apelación ante el
Tribunal de Circuito de Apelaciones (en adelante Tribunal de Circuito). La apelación se notificó solamente a la
codemandada Isla. Con el escrito de
apelación acompañaron dieciséis (16) exhibits[6],
entre los cuales incluyeron tres (3) planos
sobre ofertas de transacción, todos ellos suscritos sólo por la
codemandada Isla. Ninguno de estos
planos fue presentado en el foro de instancia.
El 12 de marzo de 1998, la codemandada
apelada Isla, presentó ante el Tribunal de Circuito una moción informativa en
la cual expresó que con respecto a la apelación no tenía planteamiento alguno
que hacer y que deseaba informar que estaba preparada para proceder con la
defensa del caso de ser éste reabierto.
Nada mencionó con respecto a la falta de notificación del escrito de
apelación a Vidal Farms y El Caño, ni a la necesidad de realizar dicha
notificación, ni de las consecuencias por no hacerlo. Isla notificó esta moción sólo al tribunal y a los demandantes.
De un análisis de los documentos que
obran en los expedientes del caso a nivel de instancia y en el Tribunal de
Circuito, surge con meridiana claridad, que ya para esta etapa de los
procedimientos, la controversia, de facto, se había limitado a uno sólo de los
demandados, Isla. Cabe puntualizar que
las negociaciones de transacción se llevaron a cabo sólo con Isla.[7]
El 31 de marzo de 1998 el Tribunal
de Circuito emitió una sentencia mediante la cual resolvió que en el caso de
autos los demandantes no habían incurrido en un abandono total de la acción que
justificase su desestimación. En vista
de ello, revocó el dictamen del tribunal de instancia y devolvió el caso para
que continuasen los procedimientos. La
sentencia se le notificó sólo a los demandantes y a Isla.
El
mandato fue remitido y el caso fue devuelto a instancia para que continuaran
los procedimientos a tenor con lo resuelto.
Luego de una serie de trámites procesales, incluyendo mociones de ambas
partes relacionadas con el descubrimiento de prueba, ninguna de las cuales fue
notificada a Vidal Farms o a El Caño, poco más de un año después de haberse
devuelto el caso al tribunal de instancia, la representación legal de Isla, el
Lcdo. Rafael E. Torres Torres, le informó al tribunal que al estudiar el
expediente se percató que Vidal Farms y El Caño nunca fueron notificadas del
escrito de apelación KLAN9701329 que dio lugar a la revocación de la sentencia
desestimatoria de instancia. Cabe
señalar, que el licenciado Torres Torres representó a Isla durante
prácticamente todo este caso.[8]
El 9 de abril de 1999, poco
más de un año después de haberse archivado el recurso de apelación en el
tribunal apelativo y remitido el mandato, Isla presentó una moción dentro del
mismo recurso (apelación KLAN9701329).
Le solicitó al Tribunal de Circuito que pidiese al tribunal de instancia
la devolución del mandato y que una vez recibido dictaminase la nulidad por
falta de jurisdicción de la sentencia dictada por dicho foro apelativo el 31 de
marzo de 1998. Esta fue la sentencia
que revocó la emitida por el foro de instancia que a su vez había desestimado
el caso por inactividad al amparo de la Regla 39.2. Confrontado con esta solicitud, el Tribunal de Circuito asumió
nuevamente jurisdicción sobre el recurso de apelación. Acogió el planteamiento de Isla y el 8 de
julio de 1999, dictó sentencia dejando sin efecto su sentencia del 31 de marzo
de 1998 por ésta haber sido emitida sin jurisdicción. Fundamentó la falta de jurisdicción en el hecho de que el escrito
de apelación no se le notificó a todas las partes, específicamente se omitió
notificar a las codemandadas Vidal Farms y El Caño. Al remitir al tribunal de instancia el mandato, esta
determinación tuvo el efecto de reactivar en dicho foro la sentencia
desestimatoria emitida por este el 5 de noviembre de 1997.
De
la nueva determinación del Tribunal de Circuito, los demandantes no solicitaron
revisión ante esta Curia. Optaron por
presentar una moción de relevo de sentencia al amparo de la Regla 49.2 ante el
foro de instancia solicitando se dejara sin efecto la sentencia de dicho
tribunal emitida el 5 de noviembre de 1997 que fuera reactivada por la
sentencia de 8 de julio de 1999 del Tribunal de Circuito. Isla se opuso a esta moción alegando que la
misma había sido presentada tardíamente, o sea, fuera del plazo de seis (6)
meses de haberse registrado la sentencia o llevado a cabo el procedimiento,
según dispone la Regla 49.2. El
tribunal de instancia acogió este planteamiento y el 18 de octubre de 1999,
denegó la solicitud de relevo de sentencia por haber sido presentada
tardíamente.
Este
dictamen fue revocado por el Tribunal de Circuito. El tribunal apelativo resolvió que el término para solicitar el
relevo de sentencia en el foro de instancia comenzó a decursar el 8 de julio de
1999, fecha en que se dejó sin efecto la sentencia del Tribunal de Circuito que
había revocado la sentencia desestimatoria del foro de instancia. En consecuencia concluyó que la moción de
relevo de sentencia fue presentada en tiempo, o sea dentro del plazo
establecido por la Regla 49.2.
Inconforme, Isla acudió ante nos alegando en síntesis y como único
error, que el Tribunal de Circuito erró al determinar que el término de seis
(6) meses para solicitar el relevo de sentencia se contaba desde la fecha del
registro de la sentencia dictada por el tribunal apelativo que dejó sin efecto
su sentencia anterior y que, por lo tanto, reactivó la sentencia de instancia
que desestimó el caso por inactividad al amparo de la Regla 39.2.
Pasemos
ahora a esbozar la posición de la mayoría.
II. POSICIÓN DE LA MAYORÍA
La mayoría sostiene que erró el Tribunal
de Circuito al determinar que el término fatal de seis (6) meses que establece
la Regla 49.2 para presentar una moción de relevo de sentencia, en el caso de
autos comenzó a decursar a partir del 15 de julio de 1999. Ésta fue la fecha en que se archivó en autos
copia de la sentencia de dicho foro apelativo que reactivó la sentencia de
desestimación por inactividad dictada por el tribunal de instancia el 5 de
noviembre de 1997 y notificada el 13 de ese mismo mes. Entiende la mayoría que el término de seis
(6) meses que establece la Regla 49.2 comenzó a transcurrir cuando se registró
la sentencia de desestimación por inactividad, el 13 de noviembre de 1997, y
que por lo tanto, la moción de relevo de sentencia que está ante nuestra
consideración fue presentada fuera del término fatal de seis (6) meses. De esto concluye, que actuó correctamente el
tribunal de instancia al denegar el relevo de sentencia.
La mayoría utiliza básicamente dos
fundamentos para apoyar su posición.
Primero que la sentencia dictada por el Tribunal de Circuito el 31 de
marzo de 1998, que revocó la sentencia del tribunal de instancia que desestimó
la acción por inactividad, era nula por haberse dictado sin jurisdicción al no
haberse notificado el escrito de apelación a El Caño y Vidal Farms que aún
permanecían como partes demandadas en el caso.
De lo anterior, concluye la mayoría que
la posición adoptada por el Tribunal de Circuito le atribuyó a esta sentencia
nula el efecto de interrumpir, durante quince meses y medio (15 1/2), el
término de seis (6) meses de la Regla 49.2.
Esto a su entender resulta insostenible, porque no se le puede atribuir
a una sentencia que es nula, o sea, que es inexistente, efecto alguno.
Como segundo argumento, rechazan la
contención de que el procedimiento a que se refiere la Regla 49.2 pueda ocurrir
a nivel apelativo. Por lo tanto, la
moción de relevo fue presentada tardíamente y siendo el término para
presentarla uno fatal procedía denegarla.
Arguye además la mayoría que lo que se
perseguía con la moción de relevo era realmente revisar la corrección de la
sentencia de desestimación por inactividad.
Agrega que esto sólo se podía hacer, en instancia, mediante la
utilización de una moción de reconsideración y en alzada mediante la
presentación ante el Tribunal de Circuito de un recurso de certiorari. De todo lo anterior concluye que se equivocó
el foro apelativo al determinar que el mecanismo procesal utilizado, el de la
moción de relevo, era el apropiado para lograr el relevo de los efectos de la
sentencia de desestimación por inactividad.
De otra parte, el Juez
Asociado señor Hernández Denton en su opinión de
conformidad señala que la segunda sentencia emitida por el Tribunal de
Circuito cambió radicalmente la situación
procesal de las partes al dejar sin efecto su sentencia anterior. Por lo tanto, “[e]stos procedimientos
[deben] evaluarse para poder precisar la norma justa que atendiera estas
situaciones particulares.” El Juez
Hernández Denton está conforme con la conclusión a la cual llega la mayoría,
porque entiende que el segundo dictamen del Tribunal de Circuito mediante el
cual se dejó sin efecto el que había revocado la sentencia desestimatoria del
foro de instancia, no modificó sustantivamente la decisión apelada, la
sentencia desestimando por inactividad.
Entiende que esto tuvo el efecto de que la moción de relevo fuese
presentada tardíamente.
Pasemos ahora a esbozar los
principios de derecho procesal aplicables a la situación ante nuestra
consideración.
III. PRINCIPIOS PROCESALES GENERALES
A. FINALIDAD DE LAS SENTENCIAS Y
DETERMINACIONES JUDICIALES
El
análisis de cualquier problema procesal en un caso en particular tiene que
partir de la base de que una vez finalizado el caso o una etapa de éste o hecha
una determinación por el tribunal, sin que la validez de estas actuaciones haya
sido oportunamente impugnada mediante los mecanismos procesales apropiados,
éstas, como regla general, no pueden ser cuestionadas por las partes, en esa
etapa del proceso. Cabe señalar,
sin embargo, que las determinaciones interlocutorias, que no hayan sido
previamente revisadas en alzada, podrán ser revisadas por los tribunales
apelativos una vez finalice el caso, si éstas afectan el resultado del mismo.
En cuanto a los
tribunales de instancia, una vez registrada y notificada la sentencia, éstos
pueden actuar para reconsiderar si alguna de las partes solicita, en tiempo,
alguno de los remedios post sentencia, o, claro está, si se trata de un error
de forma y bajo las condiciones dispuestas en la Regla 49.1 de Procedimiento
Civil.
Sin
embargo, antes de que finalice el caso, esto es, antes de que se registre y
notifique la sentencia, el tribunal, sua sponte, puede reconsiderar sus
propias determinaciones si se convence que éstas son erróneas y pueden causar
una grave injusticia. Reiteradamente
hemos resuelto que a fines de velar por el trámite ordenado y la pronta
solución de los litigios, así como por la estabilidad, finalidad y certeza de
los procedimientos judiciales, un tribunal, como cuestión de sana práctica y no
como regla inviolable, debe resistirse a alterar los procedimientos dentro de
un mismo caso, salvo cuando se convenza de que los mismos son erróneos y pueden
causar una grave injusticia. Nuñez
Borges v. Pauneto Rivera, 130 D.P.R. 749, 755 (1992); Noriega
v. Gobernador, 130 D.P.R. 905, 930-931 (1992); Torres Cruz v. Mun.
De San Juan, 103 D.P.R. 217, 222 (1975).
B.
LA FUNCIÓN APELATIVA DE LOS TRIBUNALES
En
nuestro sistema judicial el funcionamiento del tribunal de instancia es
distinto al del foro apelativo. Aún
después de resuelto un caso, el tribunal de instancia conserva jurisdicción
sobre éste para entender en una serie de asuntos procesales que podrían surgir
post sentencia, tales como, las solicitudes de reconsideración,[9]
de determinaciones de hechos adicionales o de nuevo juicio, la ejecución de
sentencia, o el relevo de sentencia entre otros. De otra parte, en los foros apelativos, una vez éstos resuelven
el recurso y remiten el mandato, como regla general, salvo en circunstancias
excepcionales, pierden facultad para ordenar su devolución. La remisión procederá si trata de la
corrección de meros errores clericales,[10] para evitar que ocurra una grave injusticia; o
cuando la remisión de éste ha sido por fraude o error. Fuentes v. Aponte, 63 D.P.R.
759, 760 (1944); Vaillant v. Santander, 147 D.P.R. 338 (1998); Pueblo
v. Tribunal de Distrito, 97 D.P.R. 241, 246 (1969). También, a manera de excepción, en auxilio de
una apelación, el tribunal apelativo “tiene el poder de ordenar la devolución
del mandato porque al así hacerlo en ninguna forma interviene o altera la
sentencia apelada.” Fuentes
v. Aponte, supra.
El
mandato es el medio oficial que tienen los tribunales apelativos para comunicar
al tribunal apelado o a la agencia administrativa apelada, la disposición que
ha hecho de la sentencia o resolución que fue objeto de revisión y de ordenarle
el cumplimiento con los términos de su actuación. Una vez recibido el mandato el tribunal apelado tiene que
limitarse a darle cumplimiento a lo ordenado.
Véase Regla 54.7 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. III, Reglas
54.7 y 84(E) del Reglamento del Tribunal de Circuito de Apelaciones; 4 L.P.R.A.
Ap. XXII-A.
Los
tribunales de Puerto Rico constituyen un sistema judicial unificado en lo
concerniente a jurisdicción, funcionamiento y administración. Art. V, Sec. 2 de
la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Ahora bien, dentro del esquema organizacional
judicial los foros de instancia y apelativos tienen funciones distintas, siendo
la de los apelativos una limitada dirigida
primordialmente a la revisión de las
determinaciones, finales o interlocutorias, de los tribunales de menor
jerarquía o las finales de los foros administrativos. A manera de excepción, también pueden resolver aquellos casos en
jurisdicción original que la Constitución o las leyes les han encomendado. Con respecto a su función apelativa, una vez
resuelto el recurso que está ante su consideración, ya fuere éste uno de
apelación, revisión o certiorari, y remitido el mandato, como regla general el
foro apelativo pierde jurisdicción sobre el caso. O sea, no conserva facultad para continuar entendiendo en el
asunto, carece de jurisdicción sobre la materia para reconsiderar o alterar su
dictamen. Vaillant v. Santander,
supra; Pueblo v. Tribunal de Distrito, supra; Fuentes
v. Aponte, supra. Puede, como ya expresamos, bajo circunstancias
excepcionales, a solicitud de parte o sua sponte, solicitar la
devolución del mandato y asumir nuevamente jurisdicción sobre el caso.
Los
errores que pueda haber cometido un tribunal apelativo, como regla general, se
pueden corregir mediante la oportuna presentación de una solicitud de
reconsideración o una solicitud de certiorari a un tribunal de mayor jerarquía
si se trata de un tribunal apelativo intermedio.[11] Con las excepciones previamente indicadas,
los procedimientos o incidentes que puedan surgir con posterioridad a la
remisión del mandato, usualmente son atendidos por el foro de instancia, cuyas
determinaciones a su vez, pueden luego ser revisadas por los foros apelativos
mediante recursos distintos al ya resuelto, aunque se trate del mismo caso.
C. JURISDICCIÓN DE LOS TRIBUNALES –
PRINCIPIOS GENERALES
Con
relación a los tribunales en general hemos expresado que éstos “tienen el
ineludible deber de auscultar su propia jurisdicción [y que] los tribunales
apelativos, además, deberán examinar la jurisdicción del foro [o foros] de
donde procede el recurso... el planteamiento de falta de jurisdicción sobre la
materia puede hacerse en cualquier etapa del procedimiento por cualquiera de
las partes o por el tribunal motu proprio.” Vázquez v. A.R.P.E., 128 D.P.R. 513, 537
(1991); López Rivera v. AFF, 89 D.P.R. 414, 419 (1963).
Respecto
a la jurisdicción sobre la persona y a la jurisdicción sobre la materia y al
balance que hay que realizar entre la validez y la finalidad de los
pronunciamientos judiciales, los distinguidos comentaristas de derecho
procesal, Wright, Miller y Cooper han expresado lo siguiente:
[I]t now is held that if a party appears before a court to contest its in personam jurisdiction, an explicit finding that the jurisdiction exists will bind the party and he cannot later collaterally attack that court’s judgment on the basis of court’s lack of personal jurisdiction. The finding of jurisdiction is considered to be res judicata of the issue.
More
difficult theoretical problems are encountered when the question relates to a
court’s subject matter jurisdiction. The
rule has been that the court’s determination that it has subject matter
jurisdiction is res judicata of the issue, if the jurisdictional question was
litigated and expressly decided and full faith and credit must be given to the
judgment, this is true, even if the court is mistaken on its decision.[12]
(Énfasis suplido.)
También
hemos resuelto que las cuestiones de jurisdicción por ser privilegiadas deben
ser resueltas con preferencia, y de carecer un tribunal de jurisdicción lo
único que puede hacer es así declararlo”, no puede entrar a resolver en los
méritos. Autoridad Sobre Hogares v. Sagastivelza, 71 D.P.R. 436,
439 (1950); González Santos v. Bourns P.R., Inc., 125 D.P.R. 48,
63 (1989); Pagán v. Alcalde Mun. de Cataño, 143 D.P.R. 314
(1997).
También
hemos establecido que una vez el foro apelativo resuelve el caso y lo devuelve
remitiendo el mandato para que continúen los procedimientos, las
determinaciones del tribunal apelativo controlan los procedimientos
ulteriores. Tartak v. Tribunal
de Distrito, 74 D.P.R. 862, 869 (1953).
Las
determinaciones de un tribunal apelativo constituyen la ley del caso en todas
aquellas cuestiones consideradas y decididas y dichas determinaciones, como
regla general, obligan tanto al tribunal de instancia como al que las dictó si
el caso vuelve ante su consideración.
Ahora bien, si el caso, mediante los mecanismos apropiados,
vuelve ante la consideración del tribunal apelativo y éste entiende que sus
determinaciones previas son erróneas y pueden causar grave injusticia, dicho
foro puede aplicar una norma de derecho distinta y resolver así de forma
justa. Noriega v. Gobernador,
supra, pág. 931; Pueblo v. Lebrón Lebrón, 121 D.P.R. 154,
159 (1998); Don Quixote Hotel v. Tribunal Superior, 100 D.P.R.
19, 29-30 (1971). El mismo caso podría volver
ante la consideración del tribunal apelativo cuando, por ejemplo, lo resuelto
fue una cuestión interlocutoria y el caso fue devuelto para que continuasen los
procedimientos; o aún cuando se tratara de una sentencia, el nuevo asunto
dentro del mismo caso tiene que ver con alguna determinación del foro de
instancia relacionada con algún remedio post sentencia o con la ejecución de la
sentencia. A nivel apelativo el caso
tendría otro número por ser un asunto y recurso distinto el que se está
trayendo ante la consideración de dicho foro, aunque se trate del mismo caso.
D.
LA FALTA DE JURISDICCIÓN SOBRE LA MATERIA, LA FALTA DE JURISDICCIÓN SOBRE LA
PERSONA, EL DEBIDO PROCESO DE LEY Y LA NULIDAD DE LA SENTENCIA
La
falta de jurisdicción sobre la materia puede levantarse en cualquier etapa de
los procedimientos, por cualquiera de la partes o por el tribunal motu proprio.
Vázquez v. A.R.P.E., supra, a la página 537. Según expresáramos, “[u]na vez el tribunal
determina que no tiene jurisdicción sobre la materia, viene obligado a
desestimar el caso.” Pagán v. Alcalde
Mun. de Cataño, supra, a la página 326. En lo que respecta a los tribunales apelativos, pasado el término
improrrogable para presentar una reconsideración o un recurso de certiorari o
una apelación, según fuere el caso, y remitido el mandato, como regla general,
los tribunales apelativos carecen de jurisdicción para reconsiderar sus
dictámenes. Claro está, bajo
circunstancias excepcionales o cuando se trate de meros errores clericales,
podrían solicitar la devolución del mandado y asumir jurisdicción sobre el caso
nuevamente.
En cuanto al relevo de una sentencia por alegada falta de jurisdicción sobre la materia, hemos destacado que existen dos mecanismos procesales para lograr el relevo y que la Regla 49.2 alude a ambos. El primero es mediante la presentación de una moción de relevo dentro del mismo caso no más tarde del término fatal de seis (6) meses siguientes al registro de la sentencia u orden o de haberse llevado a cabo el procedimiento. Ahora bien, si la cuestión jurisdiccional fue cuestionada y adjudicada en el pleito, una vez transcurrido este término de seis (6) meses, la parte afectada por la sentencia que considera nula por falta de jurisdicción sobre la materia, sólo en muy limitadas ocasiones podrá atacar dicho dictamen en un pleito colateral independiente.[13] Los fundamentos que se utilicen en apoyo de este ataque colateral a la sentencia tienen que ser unos que no se pudieron haber utilizado en apelación para lograr la revocación de la sentencia. Bell v. Eastman Kodak Co., 214 F3d 798, 801 (7th Cir. 2000). No obstante, estos ataques colaterales se permitirán si el error jurisdiccional fue uno craso o “atroz” (“egregious”). En otras palabras, si la situación resulta ser una clara usurpación de poder por parte del tribunal. In re Edwards, 962 F2d 641, 644 (7th Cir. 1992); U.S. v. Tittjung, 235 F3d 330, 335 (7th Cir. 2000); Kocher v. Dow Chemical Co., 132 F2d 1225, 1230 (8th Cir. 1997).[14]
No prosperará una acción independiente impugnando una sentencia por nulidad por falta de jurisdicción sobre la persona, si este asunto se litigó y adjudicó expresamente en el pleito anterior, aunque al comparecer la parte haya indicado que estaba haciendo una “comparecencia especial sin someterse a la jurisdicción del tribunal.” Esto es así aunque dicha determinación esté equivocada. A una parte no se le va a permitir litigar el planteamiento jurisdiccional en dos ocasiones. El remedio que la parte tiene para corregir el error es solicitar la revisión de la determinación jurisdiccional en alzada, ante un tribunal apelativo. Tampoco prosperará una acción colateral independiente de nulidad de sentencia, si pudiendo haber litigado la falta de jurisdicción sobre la persona en el caso anterior la parte optó por no hacerlo. Wright, Miller and Kane, Federal Practice and Procedure, Civil 2nd, sec. 2862, pág. 331, West Pub. 1995; Bell v. Kodak Eastman, supra; Nemaizer v. Baker Co. 793 F2d 58, 61 (2nd Cir. 1986).
De otra parte, si se trata de la falta de notificación en tiempo a una
parte o al tribunal apelado o a la agencia apelada, según fuere el caso, de un
recurso presentado, se estaría ante una actuación inconsistente con el debido
proceso de ley (“in a manner inconsistent with due process of law”), no ante un
problema jurisdiccional. Wright,
Miller and Kane, supra, sec. 2862, págs 329-331. Esto es así, aunque de inmediato, en el caso de que se trate, podría
producirse una falta de perfeccionamiento del recurso dentro del término
jurisdiccional dispuesto por ley. Para
propósitos de nulidad de sentencia estamos ante una falta de debido proceso de
ley en el trámite procesal del caso, que sólo en circunstancias donde
efectivamente se afecte el derecho de la parte, podría conllevar la nulidad de
la sentencia. Al analizar esta
situación hay que utilizar los criterios de equidad. Obviamente la posible nulidad de la sentencia no es de la misma
naturaleza que las previamente discutidas, o sea, la falta de jurisdicción
sobre la materia o la falta de jurisdicción sobre la persona por la falta de
emplazamiento.
Aunque de naturaleza
distinta, la falta de notificación se asemeja a la falta de jurisdicción sobre
la persona, ya que ambos procedimientos persiguen el propósito de darle
conocimiento a una parte sobre algún procedimiento judicial que pudiera
afectarla para que ésta pueda comparecer y defenderse si así lo desea. Sin embargo, el efecto procesal de la falta
de notificación de la presentación de un recurso apelativo a una parte que ya
está válidamente en el pleito, o sea que ha sido debidamente emplazada, no
puede tener el mismo alcance, ni el análisis de la situación puede ser igual al
que se hace cuando se está frente a una falta de jurisdicción sobre la persona
por falta de emplazamiento.
Estamos ante una norma
que emana del debido proceso de ley en el trámite interno del caso. Habiendo transcurrido el término para
utilizar los mecanismos procesales que se tienen disponibles para solicitar la
revisión de la actuación u omisión equivocada, para que este incumplimiento
amerite la aplicación del remedio extraordinario de relevo de sentencia, es
necesario que haya afectado adversamente a la parte que solicita el
remedio. Después de todo, estamos ante
una posible falta de debido proceso de ley en el trámite interno del caso, que
emana de las normas de equidad. Los
procedimientos no tienen vida propia o fin propio, su razón de ser es
asegurarle a las partes que se cumpla con el debido proceso de ley en la
consecución ante los tribunales del derecho sustantivo reclamado por
éstas. Si el procedimiento de que se
trata, ya ha perdido su razón de ser, si no sirve propósito alguno, no debe
implantarse, simplemente porque existe. Las normas procesales hay que
interpretarlas de forma tal que se logre su propósito básico: obtener un
adecuado balance entre el promover la estabilidad y finalidad de la
determinaciones judiciales, preservar las decisiones dictadas con autoridad y
el lograr la obtención de una solución justa, rápida y económica de la
controversia.
Con relación a la falta
de notificación de un recurso que ha sido presentado ante un tribunal
apelativo, esto significa que si la falta de notificación no es traída en
tiempo ante la consideración del tribunal y confiando en la corrección de los
procedimientos, el caso prosigue su curso culminando finalmente en la emisión
de una sentencia, resulta obvio que esta no podrá ejecutarse contra la parte
que por no haber sido notificada podría quedar afectada. Esto es así ya que dicha parte al no ser
notificada quedó desprovista de su derecho a defenderse. Se le violentó el debido proceso de
ley. La sentencia que se dicte no podrá
afectarla. Esto no necesariamente
significa que la sentencia no podría surtir efecto y hacerse valer en cuanto a
otras partes que sí fueron notificadas, participaron activamente en el proceso
y se cruzaron de brazos y dejaron transcurrir todos los términos para solicitar
los remedios apropiados para traer ante el tribunal la falta de
notificación. La ejecución de la
sentencia contra estas partes podrá llevarse a cabo, siempre y cuando, en nada
afecte a las partes que no fueron notificadas.
Este tipo de situación requiere se haga un detallado análisis de los
hechos y un fino balance entre los principios cardinales procesales que entran
en juego: el otorgarle estabilidad y finalidad a las decisiones de los
tribunales, el derecho de las partes a tener una oportunidad de defenderse y el
velar por que los tribunales cumplan con los preceptos jurisdiccionales y de
equidad que exige el debido proceso de ley.
E.
RELEVO DE SENTENCIA – REGLA 49.2
El
mecanismo procesal que se tiene disponible para solicitarle al foro de
instancia el relevo de los efectos de una sentencia esta regulado por la Regla
49.2. Esta Regla proviene de la Regla
60 (b) de Procedimiento Civil Federal.
Es un remedio extraordinario discrecional. Hernández Colón, Práctica Jurídica de Puerto Rico, Cap.
48, págs. 302-311, Michie, 1997. En Ortiz
Serrano v. Ortiz Díaz, 106 D.P.R. 445, 449 (1977), expresamos que
dicha Regla establece “un mecanismo procesal post sentencia para impedir que
tecnicismos y sofisticaciones frustren los fines de la justicia. Nada es más frustrante para el logro de ese
propósito que negar a una parte su día en corte.” En Dávila v. Hosp. San Miguel, Inc., 117 D.P.R.
807, 817 (1986), hicimos hincapié en que al presentarse una moción de relevo al
amparo de los incisos (1), (5) o (6) de la Regla 49.2, “el tribunal de[bía]
hacer un análisis y balance racional y justiciero de todo el expediente del
caso para determinar si bajo las circunstancias específicas del caso hubo ‘[e]rror,
inadvertencia, sorpresa, o negligencia excusable’ o `no sería equitativo que la
sentencia continuara en vigor’ o existe ‘[c]ualquier ... razón que justifique
la concesión de remedio contra los efectos de una sentencia.’”
También hemos resuelto
que la Regla 49.2 debe “interpretarse liberalmente y cualquier duda debe
resolverse a favor del que solicita que se deje sin efecto una anotación de
rebeldía o una sentencia, a fin de que el proceso continúe y el caso pueda
resolverse en sus méritos.” Díaz
v. Tribunal Superior, 93 D.P.R. 79, 87 (1966). En armonía con lo anterior hemos resuelto
que si se da alguna de las situaciones esbozadas en la Regla 49.2 se puede
considerar una moción de reconsideración como una de relevo aún pasado el
término para presentar una moción de reconsideración. Cabe señalar, sin embargo, que no se puede utilizar una moción de
relevo como sustituto de un recurso de revisión o de una moción de
reconsideración. Pagán v. Alcalde
Mun. de Cataño, supra, pág. 328; Olmedo Nazario v. Sueiro
Jiménez, 123 D.P.R. 294, 299 (1989); Cuevas Segarra, supra, págs.
783-799.
El apartado (1) de la
Regla 49.2 dispone que se podrá relevar a una parte de una sentencia cuando
haya mediado “[e]rror, inadvertencia, sorpresa o negligencia excusable.” De otra parte el apartado (5) entre otras
cosas dispone que se puede relevar a una parte de los efectos de una sentencia
cuando la sentencia anterior en que se funda “ha sido revocada o de otro modo dejada
sin efecto, o no sería equitativo que la sentencia continuara en vigor.” (Énfasis suplido.) Con relación a este apartado el comentarista Moore observa que
para que sea de aplicación, la sentencia anterior tiene que ser necesaria para
la segunda sentencia. Expresa
Moore: “ Thus, the prior judgment must be a necessary element of the second
.... the rule is limited to cases in which the present judgment is based on
the prior judgment.” Moore, supra,
sec. 26.45[2], págs. 26-43. (Énfasis
suplido.)
En lo que respecta el
inciso (6) de la Regla 49.2 el respetado procesalista Moore expresa que este
inciso le da a un tribunal amplios poderes en equidad para hacer justicia
cuando existan circunstancias extraordinarias en un caso en particular que
ameritan el ejercicio de esta facultad.
Dicho comentarista indica que el inciso (6) es una disposición que
recoge cualquier situación no prevista, un “catch all”. Comenta que “there must always be an
articulate valid reason justifying the relief from a judgment.” Moore, supra, sec. 2646, págs. 26-46. Los procesalistas Wright, Miller y Kane por su parte expresan que
esta disposición le concede amplios poderes al tribunal para dejar sin efecto
una sentencia cuando las circunstancias del caso así lo ameritan para hacer
justicia. Wright, Miller y Kane, supra,
sec. 2864, págs. 350-355.
Finalmente quisiéramos
recordar que cualquier análisis que hagamos en relación con la validez de una
sentencia o resolución tiene que tomar en consideración el hecho de que un
defecto en la solicitud del remedio o suplica, no será óbice para que el
tribunal conceda el remedio que en derecho proceda de acuerdo con las
alegaciones y la prueba. Regla 70 de Procedimiento Civil.
Tomando en consideración
las normas procesales previamente discutidas, pasemos a analizar la aplicación
de éstas a los hechos particulares del caso de autos.
IV. APLICACIÓN DEL DERECHO A LOS HECHOS
Una serie de errores procesales, cometidos tanto por las partes como por
el tribunal de instancia y el Tribunal de Circuito han convertido un caso
relativamente sencillo en una verdadera pesadilla que tendrá como desenlace una grave injusticia (“miscarriage of
justice”). El tortuoso camino procesal
comenzó cuando los demandantes, al ser requeridos por el tribunal de instancia
para que al amparo de la Regla 39.2 mostraran causa por la cual no se debía
desestimar el caso por inactividad, presentaron una escueta moción indicando
que habían estado negociando una posible transacción con los demandados y que
estaban en el proceso de evaluar la última oferta. No especificaron en que consistían las negociaciones, ni
acompañaron con la moción documento alguno.
Tampoco indicaron que todas las negociaciones las estaban llevando a
cabo sólo con la codemandada Isla, que ésta era la única codemandada contra la
que se interesaba obtener un remedio y que por sus actuaciones, así
aparentemente lo entendía Isla también.
Se limitaron a solicitar se les permitiera terminar de evaluar la última
oferta de transacción y que de no lograr transigir el caso se señalara el mismo
para vista en su fondo. La orden del
tribunal para mostrar causa, dictada al amparo de la Regla 39.2 sólo se le
notificó a los demandantes.
El 5 de noviembre de 1997 el foro de instancia dictó sentencia
desestimando la acción por inactividad.
Ésta fue notificada a todas las partes el 13 de ese mismo mes. Los demandantes, en vez de solicitar el
relevo de dicha sentencia, acompañando su moción con los documentos que
avalaran su aseveración de que habían estado activamente negociando con la
codemandada Isla para transigir el caso,[15]
optaron por apelar la sentencia.
Acompañaron el escrito de apelación con dieciséis (16) documentos,[16]
entre los cuales incluyeron tres (3) planos que contenían las ofertas de
transacción hechas por Isla. Éstos
nunca fueron presentados al foro de instancia.
De éstos surge, con meridiana claridad, que efectivamente los demandantes
habían estado negociando activamente con Isla para transigir el caso.[17]
El escrito de apelación se le notificó sólo a Isla y claro
está al tribunal apelado. Isla, a pesar
de haber sido informada de esta falta de notificación a todas las partes,
compareció sólo para indicar que no tenía planteamiento alguno que hacer en
cuanto a la apelación de los demandantes y que estaba preparada para proceder
con la defensa del caso si éste se reabría. Nada mencionó sobre la falta de notificación a las otras dos
codemandadas, El Caño y Vidal Farms, que técnicamente aún permanecían como
partes demandadas en el pleito. De esta
forma Isla tácitamente reconoció que realmente ella era la única codemandada con
verdadero interés en el caso. Así las
cosas, el 31 de marzo del 1998, el Tribunal de Circuito dictó sentencia
revocando la emitida por el foro de instancia el 5 de noviembre de 1997, que
había desestimado el caso por inactividad. Esta sentencia sólo se le notificó a
Isla. Isla no solicitó ni la
reconsideración al Tribunal de Circuito, ni la revisión al Tribunal Supremo.
El Tribunal de Circuito remitió el mandato, archivó el caso y lo
devolvió a instancia para que continuasen los procedimientos de forma
consistente con lo resuelto. Los
procedimientos continuaron, llevándose a cabo pero sólo entre los demandantes e
Isla. Ni a Vidal Farms, ni a El Caño,
se le volvió a notificar documento alguno, ni por el tribunal ni por Isla o los
demandantes. Los demandantes tampoco
solicitaron formalmente desistir de su reclamación contra Vidal Farms y El
Caño, ni Isla trajo a la atención del foro de instancia la falta de inclusión y
participación en esta etapa de los procedimientos de las codemandadas Vidal
Farms y El Caño. Tanto Isla como los
demandantes simplemente ignoraron la existencia de Vidal Farms y El Caño como
codemandados. Aparentemente los
demandantes entendían que ya no tenían reclamación alguna contra estas
codemandadas, y de otra parte Isla parecía entender que sería ella la que le
pudiera tener que responder por las reclamaciones de los demandantes. Así, con sólo los demandantes e Isla,
prosiguió el pleito en instancia, hasta que, poco más de un año después de
haberse dictado por el Tribunal de Circuito la sentencia revocatoria y devuelto
el caso al foro de instancia, Isla compareció ante el Tribunal de Circuito
dentro del mismo recurso de apelación que había sido previamente resuelto y
archivado. Pretendió reabrir el caso a
nivel apelativo mediante la presentación de una moción en la que simplemente
alegó de que acababa de darse cuenta de la falta de notificación del escrito de
apelación a todos los demandados.[18]
Se refería a que se había omitido
notificar a Vidal Farms y a El Caño. Le
solicitó al tribunal apelativo que reclamase la
devolución del mandanto y volviese a asumir jurisdicción sobre el
recurso de apelación previamente resuelto y que luego procediese a relevarlo de
los efectos de la sentencia dictada por dicho foro poco más de un año antes, el
31 de marzo de 1998. De esta sentencia
no había solicitado ni reconsideración ni revisión. Lo antes expuesto refleja una crasa e inexcusable negligencia de
parte de Isla al plantear tan tardíamente la falta de notificación del escrito
de apelación a las codemandadas El Caño y Vidal Farms, cuando ella estaba
conciente, o debió de haber estado
conciente de este hecho desde que el mismo sucedió. También denota un craso desconocimiento de los trámites
apelativos.
El Tribunal de Circuito acogió
el planteamiento de Isla y procedió a dejar sin efecto la sentencia que había
dictado hacía poco más de un año, mediante la cual había revocado la sentencia
del tribunal de instancia que desestimó el caso por inactividad. Los demandantes, en vez de solicitar la
revisión ante el Tribunal Supremo de esta nueva sentencia del Tribunal de
Circuito, optaron por aceptar esta determinación y regresar a instancia en
busca de un remedio. En instancia
solicitaron que al amparo de la Regla 49.2 se les relevara de los efectos de la
sentencia reactivada, la que había desestimado el caso por inactividad, o sea,
atacaron la validez de la sentencia desestimatoria. Con la moción no acompañaron documento alguno. Sin embargo, hay que tomar en consideración
que en esta etapa de los procedimientos, en el expediente de instancia
constaban los tres (3) planos que contenían las ofertas de transacción de
Isla. Éstos se habían acompañado como
parte de la copia del escrito de apelación, que se le había notificado a dicho
tribunal. Los demandantes no atacaron
la validez de la sentencia del Tribunal de Circuito que había reactivado la
sentencia desestimatoria, a pesar de que ésta última dependía de la otra para
su existencia.
Es ante este estado procesal
algo convulsionado que el tribunal de instancia decide que la solicitud de
relevo de la sentencia que desestimó el caso por inactividad fue presentada
tardíamente. Entendió que el término
fatal de seis (6) meses que establece la Regla 49.2 comenzó a decursar cuando
se registró la sentencia de desestimación por inactividad, el 5 de noviembre de
1997. Inconforme con esta determinación
los demandantes recurrieron nuevamente ante el Tribunal de Circuito. Éste
revocó a instancia determinando que el término para presentar la moción de
relevo comenzó a decursar cuando se notificó la segunda sentencia del Tribunal
de Circuito que dejó sin efecto la primera y por ende reactivó la sentencia de
desestimación por inactividad. Como
fundamento alterno para su decisión, resolvió que era a esta segunda sentencia
a la que se refería la Regla 49.2 cuando disponía que el término comenzaba a
discurrir después de haberse llevado a cabo “el procedimiento”. Esta es la situación procesal con la que hoy
nos confrontamos.
Primero que nada quisiéramos
dejar claramente establecido que estamos de acuerdo con la mayoría en que el
segundo fundamento utilizado por el Tribunal de Circuito en apoyo a su
determinación de que la moción de relevo fue presentada en tiempo, no
procede. El procedimiento a que se
refiere esta Regla 49.2 no es el que ocurre en alzada, es uno que ocurre en
instancia. También estamos de acuerdo
en que bajo circunstancias excepcionales y extraordinarias un tribunal
apelativo puede reclamar la devolución de un mandato y reasumir jurisdicción
sobre un caso.
Pasemos ahora a analizar
detenidamente la situación procesal en el caso de autos a la luz de las normas
de derecho procesal antes expuestas.
Distinto a lo esbozado en la opinión mayoritaria, entendemos que en este
caso no están presentes las circunstancias excepcionales y extraordinarias que
se requieren para que un tribunal apelativo pueda válidamente reclamar la
devolución del mandato y reasumir jurisdicción sobre un caso. Estamos claramente ante un error de debido
proceso de ley cometido durante la tramitación de un caso. Se trata de la falta de notificación a unas
partes, El Caño y Vidal Farms, de la presentación de un escrito de apelación
ante el foro apelativo cuando, como cuestión de hecho, ya éstas partes habían
cesado de tener interés en el caso; y por lo tanto, en forma alguna quedarían
afectadas por la continuación del mismo o por su disposición final.
Hemos examinado con gran detenimiento los expedientes de
instancia y del tribunal apelativo, y no nos cabe duda que efectivamente no se
le notificó el escrito de apelación ni a Vidal Farms ni a El Caño. Tampoco nos
cabe duda que aunque técnicamente éstas aún eran partes en el pleito, contra
ellas no existía en esta etapa de los
procedimientos realmente una reclamación.
Una vez devuelto el caso a instancia los procedimientos continuaron
entre los demandantes e Isla, sin que la intervención de Vidal Farms y El Caño
fuese necesaria. Es más, la ausencia de
estas codemandadas aparentemente ni siquiera fue notada por los demandantes e
Isla. Isla tardó más de un año en
percatarse de que éstas no estaban siendo consideradas como partes en el
pleito. Bajo estas circunstancias,
aunque con la notificación del escrito de apelación a estas partes sí hubiera
cumplido con un requisito procesal técnico, su incumplimiento ya había dejado de
tener importancia, toda vez que dicha falta de notificación no podía en
equidad, producir una violación del debido proceso de ley, ni la nulidad de la
determinación del tribunal apelativo.
De lo anteriormente expresado surge con meridiana claridad que
los problemas procesales que hoy confrontan los demandantes, aunque se
originaron con una omisión procesal de su parte, el no haberle notificado a
Vidal Farms y a El Caño el escrito de apelación, decididamente se agravaron por
la selección poco acertada de los mecanismos procesales que tenían a su
disposición para reclamar sus derechos y los errores de tipo jurisdiccional
cometidos por el tribunal apelativo.
Primero que nada
quisiéramos reiterar que los tribunales concederán el remedio que en derecho
procede que puede o no ser el que las partes solicitan. En el caso de autos la moción de relevo la
debieron haber basado en el inciso (6) de la Regla 49.2, que dispone que el
tribunal podrá conceder el relevo de una sentencia por “cualquier otra razón
que justifique la concesión de un remedio.”
Debemos tener presente que esta regla debe interpretarse liberalmente y
cualquier duda se debe resolver a favor del que solicita el relevo de
sentencia. Estamos ante una disposición
cuya función es viabilizar la consecución de la justicia. En otras palabras, el uso apropiado de esta
regla evita el que tecnicismos procesales produzcan una injusticia.
Pasemos ahora a auscultar si la moción de relevo al amparo de
la Regla 49.2(6) se presentó en tiempo. Veamos. La “razón que justifi[ca] la concesión de un remedio contra los
efectos de una sentencia”, Regla 49.2(6), en el caso de autos, no ocurrió hasta
que el tribunal apelativo asumió, indebidamente, jurisdicción nuevamente sobre
el recurso de apelación que previamente había resuelto. Entonces procedió a dictar sentencia el 8 de
julio de 1999 mediante la cual dejó sin efecto la previamente emitida el 31 de
marzo de 1998, y desestimó el recurso de apelación. El 15 de julio de 1999 remitió el mandato al foro de instancia. En cumplimiento de ese mandato es que en instancia
se lleva a cabo el procedimiento de reactivar la sentencia de desestimación por
inactividad, lo que a su vez motiva la presentación de la moción de relevo que
es objeto de esta revisión. Antes de
que ocurriesen estos eventos procesales en instancia no había necesidad de
solicitar relevo de sentencia alguno, ni había razón que justificara la
concesión de un remedio contra los efectos de una sentencia. Por lo tanto, no podía haber comenzado a decursar
el término que establece la Regla 49.2 para solicitar el relevo, que no se
necesitaba, de los efectos de una sentencia.
A una parte no se le puede exigir que solicite lo que no es necesario,
ni se le puede penalizar porque no lo hizo.
Tomando en
consideración que un tribunal debe otorgar el remedio que proceda en derecho no
el que se le solicita, Regla 70, entendemos que bajo los hechos particulares de
este caso procedía una moción de relevo de sentencia al amparo de la Regla
49.2(6) y que ésta no se presentó tardíamente, ya que los procedimientos que
dieron base a la necesidad de solicitarla no ocurrieron en instancia hasta el
15 de julio de 1999, fecha en que se remitió el mandato en relación con la
segunda sentencia emitida por el Tribunal de Circuito el 8 de julio de 1999 y
que en instancia reactivó la sentencia de desestimación por inactividad.
Por las razones antes
expuestas disentimos de la mayoría en este caso. Por fundamentos distintos entendemos, que en bien de la justicia,
la sentencia emitida por el Tribunal de Circuito debe ser confirmada y el caso
devuelto al foro de instancia para que continúen los procedimientos de forma
compatible con lo aquí resuelto, de forma tal que el caso pueda ser resuelto en
los méritos y no a base de tecnicismos procesales.
Miriam
Naveira de Rodón
Juez
Asociada
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