Ley Núm. 84 del año 2012
(P. del S. 2603); 2012, ley 84
Ley Habilitadora del Referéndum de Enmienda
Constitucional sobre la Fianza
Ley Núm. 84 de 14
de mayo de 2012
Para disponer la celebración de un Referéndum en el cual se someterá al
Pueblo de Puerto Rico, para su aprobación o rechazo, una propuesta de enmienda
a la Constitución de Puerto Rico a fin de otorgarle
discreción a los jueces para conceder o denegar el derecho a permanecer en
libertad bajo fianza a los acusados de asesinatos cometidos con premeditación,
deliberación o acecho; los acusados de asesinatos cometidos en medio de un robo
en el hogar, en el curso de una agresión sexual o secuestro; los acusados de
asesinatos cometidos al disparar un arma de fuego desde un vehículo de motor o
en un lugar abierto al público, poniendo en riesgo la vida de más de una
persona; o cuando la víctima del asesinato sea un agente del orden público que
se encuentre en el cumplimiento de su deber; asignar fondos para la celebración
del referéndum; y para otros fines relacionados.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Por
décadas Puerto Rico ha sido una de las jurisdicciones con mayor nivel de
crímenes per cápita en nuestra Nación. Por ello, esta administración ha
luchado incansablemente para mejorar la seguridad de nuestras comunidades y
proveerle una mejor calidad de vida a nuestras futuras generaciones. Como parte del compromiso continuo e inquebrantable que
esta administración posee, se han aprobado una serie de leyes para ayudar en la
lucha contra el crimen y brindarle a nuestro sistema de justicia criminal más
herramientas para que el mismo se fortalezca y cumpla su misión de lograr una
sociedad donde se respeten y se hagan cumplir las leyes y el orden social
establecido.
El
historial legislativo y programático de esta administración demuestra
claramente nuestro compromiso con la seguridad de nuestros ciudadanos. En ese
sentido, estamos confiados en los resultados positivos que las iniciativas tomadas
tendrán para reducir el crimen en la Isla. Si bien es cierto que las medidas
aprobadas durante los pasados años han sido implantadas exitosamente y han
ayudado a reducir muchos de los índices del crimen tales como robo,
escalamiento y hurto de auto, la ola de asesinatos
que nos azota continúa siendo inaceptable. Dicha violencia es provocada, en
gran medida, por el trasiego de drogas y la lucha de distintas organizaciones
criminales por controlar tal actividad.
En la
jurisdicción federal, los jueces tienen a su disposición una herramienta
poderosa para mantener a los criminales peligrosos alejados de nuestras calles
mientras culmina el procedimiento criminal en su contra. Se trata de la
discreción para concederle o negarle el derecho a la fianza. Ello permite a
los jueces federales evaluar la peligrosidad de los acusados y, en caso de
determinar que éstos representan riesgo de fuga o riesgo a otras personas o la
comunidad, negarle la fianza y mantenerlos encarcelados hasta la celebración
del juicio. Esto evita que los criminales cometan delitos, destruyan evidencia
que puede ser utilizada en su contra, intimiden potenciales testigos o pongan
en riesgo la seguridad de nuestras familias mientras se mantienen en la libre
comunidad bajo fianza.
En vista de todo lo anterior, esta
Asamblea Legislativa entiende conveniente y necesario dotar a nuestros jueces
con la misma herramienta con que cuentan sus contrapartes en la jurisdicción
federal para poder mantener alejados de las calles a aquellos acusados de
asesinato cuya presencia en la libre comunidad representa un peligro para miles
de ciudadanos inocentes. Esto es, dar a nuestros jueces la discreción para
conceder o denegar el derecho a libertad bajo fianza a: (a) los acusados de asesinato
cometido con premeditación, deliberación o acecho; (b) los acusados de
asesinato cometido en medio de un robo en el hogar; acusado de asesinato
cometido en el curso de una agresión sexual o secuestro; (c) los acusados de
asesinato cometido al disparar un arma de fuego desde un vehículo de motor o en
un lugar abierto al público, poniendo en riesgo la vida de más de una persona; o
(d) cuando la víctima del asesinato sea un agente del orden público que se
encuentre en el cumplimiento de su deber. En estos casos el juez tendrá
discreción para conceder o denegar la fianza, tras evaluar si el acusado
representa riesgo de fuga, riesgo de destrucción de evidencia o riesgo para la
seguridad de otras personas o la comunidad. Toda vez que el derecho absoluto a
la fianza es de carácter constitucional, es necesario consultar al Pueblo si
desea enmendar nuestra Constitución para dar a nuestros jueces dicha
discreción.
Debemos recordar que la
Constitución de Puerto Rico se adoptó en 1952. Desde ese momento la actividad
criminal en nuestra Isla se ha transformado radicalmente. El crimen
organizado, especialmente aquel relacionado con el narcotráfico, ha generado
unos niveles de violencia inesperados e intolerables. La presente proposición
de enmienda se enmarca en la necesidad de proveerle al Estado las herramientas
necesarias para enfrentar los nuevos contornos de la actividad criminal en
Puerto Rico, estableciendo un balance entre el derecho de todo acusado a quedar
en libertad bajo fianza y el interés apremiante del Estado de garantizar la
seguridad y vida a sus ciudadanos.
Para
lograr limitar el derecho a la fianza es necesario enmendar la Sección 11 del
Artículo II de la Constitución de Puerto Rico. Por su parte, la Sección 1 del Artículo VII de nuestra
Constitución establece que la Asamblea Legislativa podrá proponer enmiendas a
la Constitución mediante resolución concurrente aprobada por no menos de dos
terceras (2/3) partes del número total de los miembros de cada cámara. Luego
de pasar por el cedazo de la Asamblea Legislativa, toda proposición de enmienda
constitucional tiene que someterse a los electores capacitados a través de un
referéndum especial y deberá ser apoyada por el voto de la mayoría de los
electores que se expresen sobre el particular.
Ante la
necesidad y el interés apremiante de garantizar la seguridad y vida a
sus ciudadanos, esta Asamblea Legislativa aprobó una
resolución concurrente autorizando que todo acusado tendrá derecho a
quedar en libertad bajo fianza antes de mediar un fallo condenatorio excepto: los
acusados de asesinato cometido con premeditación, deliberación o acecho; los
acusados de asesinato cometido en medio de un robo en el hogar; acusado de
asesinato cometido en el curso de una agresión sexual o secuestro; los acusados
de asesinatos cometidos al disparar un arma de fuego desde un vehículo de motor
o en un lugar abierto al público, poniendo en riesgo la vida de más de una
persona; o cuando la víctima del asesinato sea un agente del orden público que
se encuentre en el cumplimiento de su deber. En estos casos el juez tendrá
discreción para conceder o denegar la fianza, tras evaluar si el acusado
representa riesgo de fuga, riesgo de destrucción de evidencia o riesgo para la
seguridad de otras personas o la comunidad.
No
podemos permitir que criminales peligrosos aprovechen el período que se
encuentran bajo fianza para crear el terror sobre potenciales testigos o para
que atenten contra la vida de otros ciudadanos. Por tal motivo, esta Asamblea
Legislativa estima necesario consultar a nuestro Pueblo, conjuntamente con la
consulta ya legislada sobre la composición de la Asamblea Legislativa a
celebrarse al 19 de agosto de 2012, una propuesta de enmienda a la Constitución
de Puerto Rico a los fines antes descritos. Realizar esta consulta
conjuntamente con la consulta ya legislada sobre la composición de la Asamblea
Legislativa, es cónsono con la política de esta administración de identificar
maneras de obtener ahorros en los recursos que se asignen del Fondo General.
DECRÉTASE POR
LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:
Artículo
1.- Esta Ley se conocerá como la “Ley Habilitadora del Referéndum de Enmienda
Constitucional sobre la Fianza”.
Artículo
2.- El día 19 de agosto de 2012 se efectuará un referéndum en el cual se
someterá a votación del Pueblo de Puerto Rico la propuesta de enmienda a la
Sección 11 del Artículo II de la Constitución de Puerto Rico, a los fines de otorgarle
discreción a los jueces para conceder o denegar el derecho a permanecer en libertad
bajo fianza a los acusados de asesinato cometido con premeditación,
deliberación o acecho; los acusados de asesinato cometido en medio de un robo
en el hogar; acusado de asesinato cometido en el curso de una agresión sexual o
secuestro; los acusados de asesinato cometido al disparar un arma de fuego
desde un vehículo de motor o en un lugar abierto al público, poniendo en riesgo
la vida de más de una persona; o cuando la víctima del asesinato sea un agente
del orden público que se encuentre en el cumplimiento de su deber. En estos
casos el juez tendrá discreción para conceder o denegar la fianza, tras evaluar
si el acusado representa riesgo de fuga, riesgo de destrucción de evidencia o
riesgo para la seguridad de otras personas o la comunidad.
La
Comisión Estatal de Elecciones anunciará el referéndum, mediante proclama, la
cual se publicará con no menos de noventa (90) días de antelación al
referéndum, en tres (3) periódicos de circulación general en Puerto Rico.
Artículo
3.- La Comisión Estatal de Elecciones diseñará e imprimirá, en español y
en inglés, la papeleta a utilizarse, la cual deberá ser de tamaño uniforme,
impresa en tinta negra y en papel grueso, de manera que lo impreso en ésta no
se trasluzca al dorso. La Comisión Estatal de Elecciones deberá adaptar la
papeleta a los mecanismos de escrutinio electrónico, de estar disponibles para
la fecha de la celebración de este referéndum. En la papeleta aparecerá lo
siguiente:
En la
parte superior izquierda, la frase “Papeleta Oficial” en letras mayúsculas, al
centro el logo oficial de la Comisión Estatal de Elecciones, y en la parte
superior derecha, la frase “Referéndum” en letras mayúsculas. En la línea
inferior aparecerá centralizado la fecha, “domingo, 19 de agosto de 2012”, en
letras mayúsculas. Debajo aparecerá, a todo lo ancho de la papeleta, lo
siguiente: “Referéndum de Enmienda a la Constitución sobre la Fianza”.
Debajo
aparecerá, a todo lo ancho de la papeleta, una línea negra gruesa.
Debajo
de la línea aparecerá lo siguiente:
“De aprobarse esta
enmienda, todo acusado tendrá derecho a quedar en libertad bajo fianza antes de
mediar un fallo condenatorio excepto: los acusados de asesinato cometido con
premeditación, deliberación o acecho; los acusados de asesinato cometido en
medio de un robo en el hogar; acusado de asesinato cometido en el curso de una
agresión sexual o secuestro; los acusados de asesinato cometido al disparar un
arma de fuego desde un vehículo de motor o en un lugar abierto al público,
poniendo en riesgo la vida de más de una persona; o cuando la víctima del
asesinato sea un agente del orden público que se encuentre en el cumplimiento
de su deber. En estos casos el juez tendrá discreción para conceder o denegar
la fianza, tras evaluar si el acusado representa riesgo de fuga, riesgo de
destrucción de evidencia o riesgo para la seguridad de otras personas o la
comunidad.”
Debajo
aparecerá, a todo lo ancho de la papeleta, una línea negra gruesa.
Debajo
de dicha línea la papeleta se dividirá en dos columnas.
La
columna izquierda leerá como sigue:
“Marque
una sola alternativa:”
Debajo,
en la columna izquierda, aparecerá lo siguiente:
“Favorezco
la enmienda a la Constitución de Puerto Rico sobre la Fianza”.
Al
lado de lo anterior, en la columna derecha, aparecerá lo siguiente:
“Sí”
seguido por un encasillado para que el elector marque su voto.
Debajo
aparecerá “No” seguido por un encasillado para que el elector marque su voto.
Debajo
aparecerá, a todo lo ancho de la papeleta, una línea negra gruesa.
Debajo
de dicha línea aparecerá el texto correspondiente a la sección que sería
enmendada de aprobarse la propuesta de enmienda, conforme a la Resolución
Concurrente del Senado Núm. 60.
La Comisión Estatal de
Elecciones imprimirá, en una misma papeleta, la consulta aquí dispuesta y la
que dispone el Artículo 3 de la Ley 12-2012, conocida como “Ley Habilitadora
del Referéndum sobre la Reforma Legislativa de 2012”. Ambas consultas
aparecerán una al lado de la otra, apareciendo primero, de izquierda a derecha,
la consulta sobre la reducción de la Asamblea Legislativa y luego la consulta
sobre la fianza, conforme al orden que ambas fueron legisladas.
Artículo
4.- La Comisión Estatal de Elecciones tendrá la responsabilidad de organizar,
dirigir, implantar y supervisar el proceso de referéndum dispuesto en esta Ley,
así como cualesquiera otras funciones que en virtud de ésta se le confieran.
Artículo
5.- La Comisión Estatal de Elecciones instrumentará una campaña de información
y orientación a los electores debidamente calificados sobre el contenido de la
propuesta de enmienda a la Constitución que se somete a votación; la forma en
que deberán marcar su papeleta para consignar en ella su voto; y para exhortar
al electorado a que se inscriba y participe en la votación, utilizando para
ello todos los medios de comunicación y técnicas de difusión pública a su
alcance. Dicha campaña debe iniciarse con no menos de sesenta (60) días de
antelación al referéndum. Como parte de su fase de información y orientación,
esta campaña reproducirá en los medios de comunicación el texto íntegro de la
propuesta de enmienda a la Constitución. La Comisión Estatal de Elecciones,
además, publicará por lo menos una vez en todos los periódicos de circulación
general el texto íntegro de la propuesta de enmienda, según determinada y
acordada por la Décimo Sexta Asamblea Legislativa mediante la Resolución
Concurrente del Senado Núm. 60. Copias de la propuesta de enmienda a la
Constitución de Puerto Rico estarán disponibles el día del referéndum en las
unidades electorales.
Todos
los fondos utilizados conforme a esta Ley para campañas de información y
orientación serán para uso exclusivo de la Comisión Estatal de Elecciones.
Ningún partido político, grupo o individuo recibirá fondos públicos de los
dispuestos en esta Ley para los propósitos de información y orientación a los
electores.
Artículo
6.- Los electores que, según la Ley 78-2011 (en adelante el “Código Electoral),
tienen derecho al voto ausente o a voto adelantado, podrán ejercer este derecho
conforme a los procesos adoptados por la Comisión Estatal de Elecciones para
las elecciones generales de 2012.
Artículo
7.- La Comisión Estatal de Elecciones adoptará, con por lo menos sesenta (60)
días de antelación al referéndum, las reglas para realizar el mismo. Toda
enmienda propuesta a dicho reglamento deberá traerse a la Comisión Estatal de
Elecciones por uno de los Comisionados Electorales y deberá ser aprobada por
unanimidad de los votos de los Comisionados presentes al momento de efectuarse
la votación. Cualquier enmienda sometida ante la consideración de la Comisión
Estatal de Elecciones que no recibiere tal unanimidad de votos será decidida,
en pro o en contra, por el Presidente, cuya decisión se considerará como la
decisión de la Comisión Estatal de Elecciones y podrá apelarse en la forma
provista en el Código Electoral. Disponiéndose, que cualquier enmienda durante
los últimos veinte (20) días previos a la votación, y hasta que termine el
escrutinio, se hará por unanimidad de votos de los Comisionados Electorales.
Artículo
8.- El día del referéndum, la Policía de Puerto Rico proveerá personal regular
suficiente para velar por el mantenimiento del orden público.
En
aquellos municipios donde existan Cuerpos de Guardias Municipales, éstos
deberán colaborar con la Policía de Puerto Rico en las funciones de mantener el
orden y la seguridad en los colegios de votación.
Artículo
9.- La Comisión Estatal de Elecciones determinará el momento de entrega de las
listas electorales y el cierre de los listados. La fecha del último cierre del
registro electoral nunca será mayor de cincuenta (50) días previos a la
celebración del referéndum. La Comisión Estatal de Elecciones proveerá medidas
y remedios a los fines de garantizar el derecho al voto de cualquier elector
que por razones no atribuibles a éste, sea indebidamente omitido del registro
electoral.
Artículo
10.- El Presidente de la Comisión Estatal de Elecciones deberá enviar una
certificación de los resultados del referéndum al Gobernador de Puerto Rico y
al Secretario de Estado no más tarde de cuarenta y ocho (48) horas después de
terminado el escrutinio.
Artículo
11.- Se entenderá que el Pueblo de Puerto Rico ha expresado su voluntad a favor
o en contra de la propuesta de enmienda aquí consultada a base de la mayor
cantidad de votos válidamente emitidos por separado a favor o en contra de la
propuesta de enmienda.
Artículo
12.- La Comisión Estatal de Elecciones conservará todas las papeletas y actas
de escrutinio correspondientes al referéndum por un término no menor de noventa
(90) días a partir de la certificación de los resultados y los podrá destruir a
partir de entonces, a menos que estuviere pendiente algún recurso judicial, en
cuyo caso, se conservarán hasta que recaiga la decisión y ésta advenga final y
firme.
Artículo
13.- Para propósitos de llevar a cabo la votación y escrutinio necesario para
realizar el referéndum habilitado por esta Ley, se autoriza al Presidente de la
Comisión Estatal de Elecciones a ordenar la compra o arrendamiento de
materiales e impresos, maquinaria y equipo directamente a los suplidores, según
las leyes y reglamentos aplicables. De igual forma, se autoriza al Presidente
de la Comisión Estatal de Elecciones a contratar el uso de máquinas
electrónicas, o de cualquier otro tipo, para llevar a cabo los propósitos de
esta Ley.
Será
obligación del Gobierno de Puerto Rico, sus agencias, instrumentalidades,
municipios, corporaciones públicas y las corporaciones subsidiarias de éstas,
ceder gratuitamente para su uso a la Comisión Estatal de Elecciones, durante un
término de tiempo razonable, y siempre que con ello no se entorpezcan
indebidamente las actividades públicas que las mismas realizan, aquel equipo de
oficina y demás equipos mecánicos, electrónicos, de transportación, personal u
otros recursos de que dispongan, que resulten necesarios para desempeñar
adecuadamente los deberes que por la presente Ley se le imponen a la Comisión
Estatal de Elecciones.
Artículo
14.- La regulación de la apertura de locales de propaganda se regirá conforme
a los artículos aplicables del Código Electoral.
Artículo
15.- Los partidos políticos, agrupaciones bona fide de ciudadanos y comités de
acción política podrán recibir contribuciones y realizar gastos para hacer
campaña para este referéndum. A los gastos realizados y a las
contribuciones recibidas por los partidos políticos, agrupaciones bona fide de
ciudadanos o comités de acción política les aplicarán las disposiciones
establecidas en la Ley 222-2011, conocida como “Ley para la Fiscalización del
Financiamiento de Campañas Políticas en Puerto Rico”.
No obstante, los fondos
recaudados para este referéndum por los partidos políticos no serán
contabilizados con cargo al fondo de pareo establecido en el Capítulo X de la
Ley 222-2011, conocida como “Ley para la Fiscalización del Financiamiento de
Campañas Políticas en Puerto Rico”. Los fondos recaudados por los partidos
políticos para este referéndum serán depositados en una cuenta aparte, en la
cual sólo podrán depositarse dichos fondos, los cuales serán utilizados
exclusivamente para gastos relacionados a la campaña de este referéndum.
Para efectos de la
agregación establecida en el Artículo 6.2 de la Ley para la Fiscalización del
Financiamiento de Campañas Políticas en Puerto Rico, este referéndum se considerará
una elección especial.
Artículo
16.- La regulación de los medios de difusión se regirá
conforme a las disposiciones de la Ley para la Fiscalización del
Financiamiento de Campañas Políticas en Puerto Rico.
Artículo
17.- Regirán en toda su fuerza y vigor las disposiciones sobre prohibiciones y
delitos establecidos en el Código Electoral aplicables a la celebración del
referéndum dispuesto en esta Ley. No se podrán utilizar fondos recaudados para
este referéndum para las campañas políticas de las futuras elecciones
generales.
Artículo
18.- Toda persona que violare las disposiciones de esta Ley, y que fuere
convicta, será sancionada con pena de reclusión no mayor de seis (6) meses o
multa que no excederá de quinientos (500) dólares, o ambas penas a discreción
del Tribunal.
Artículo
19.- Se asignará la cantidad total de seiscientos mil dólares ($600,000)
del Fondo General a la Comisión Estatal de Elecciones para sufragar los gastos
de celebración del referéndum que incluyen los gastos organizacionales, operacionales
y para la campaña de orientación e información. Disponiéndose, que al menos el
cincuenta por ciento (50%) de esta asignación deberá ser utilizado en la
campaña de orientación.
Artículo
20.- Si cualquier disposición, parte, inciso, o artículo de esta Ley fuera
declarada inconstitucional por un tribunal competente, la sentencia a tal
efecto dictada se limitará a la disposición, parte, inciso o artículo declarado
inconstitucional, y no afectará ni invalidará el resto de las disposiciones de esta
Ley.
Artículo
21.- Esta Ley comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación.
Notas Importantes:
1. Esta ley es copia de la ley
original cuando fue aprobada, no incluye enmiendas posteriores.
2. Presione
Aquí para buscar enmiendas posteriores de tener alguna.
Debe buscar desde la fecha de esta ley al presente.
3. Presione
Aquí para ver la Ley Completa, con sus enmiendas integradas y
Actualizada (Socios
Solamente)
Presione Aquí para
regresar al Menú anterior y seleccionar otra ley.
Ver índice por años hasta el presente
Para Búsquedas
Avanzadas de todas las Leyes de Puerto Rico Actualizadas y Jurisprudencia
(Solo Socios)
ADVERTENCIA
Este documento constituye un documento de
las leyes del Estado Libre Asociado de P.R. que está sujeto a los cambios y
correcciones del proceso de compilación y publicación oficial de las leyes de
Puerto Rico. Su distribución electrónica se hace como un servicio público a la
comunidad. Siempre busque leyes posteriores para posibles enmiendas a esta ley.
Visite nuestro Club de
LexJuris de Puerto Rico.
LexJuris de Puerto Rico siempre está
bajo construcción.