Ley Núm. 162 del año 2012
(P. de la C. 4049);
2012, ley 162
(Conferencia)
Para enmendar los Artículos 5, 6, 7 y 8, el inciso (c) del
Artículo 9, y los Artículos 10 y 13 de la Ley Núm. 80 de 1991, Ley del Centro
de Recaudación de Ingresos Municipales.
LEY
NUM. 162 DE 8 DE AGOSTO DE 2012
Para enmendar los Artículos 5, 6, 7 y 8, el inciso
(c) del Artículo 9, y los Artículos 10 y 13 de la Ley 80-1991, según enmendada,
conocida como “Ley del Centro de Recaudación de Ingresos Municipales”, a los
fines de aumentar el número de miembros de la Junta de Gobierno del Centro;
para modificar la manera en que son electos los miembros de la Junta de
Gobierno y las condiciones del término de vigencia; para añadir facultades y
funciones de la Junta de Gobierno del Centro; para aclarar las condiciones que
rigen el nombramiento, facultades y deberes del Director Ejecutivo; para
modificar el que la Oficina de Auditoría Interna responda directamente a la
Junta de Gobierno en lugar de al Director Ejecutivo; y para modificar las
condiciones y las delegaciones de funciones mediante convenios de trabajo mutuo
entre el Centro y los Municipios, entre otros; y para añadir un Artículo 2.11 a
la Ley 83-1991, según enmendada, mejor conocida como “Ley de Contribución
Municipal sobre la Propiedad de 1991”, a los fines de aumentar la compensación
anual provista a los municipios por el Secretario de Hacienda por las
contribuciones sobre la propiedad dejadas de cobrar por los municipios por la
exoneración provista a los dueños de propiedades inmuebles residenciales.
EXPOSICION DE MOTIVOS
La Ley 80 fue creada el 30 de agosto de 1991 como parte de un grupo
de medidas legislativas encaminadas a una Reforma Municipal. La Ley 80
establece el Centro de Recaudación de Ingresos Municipales (Centro) como la
entidad de gobierno que de manera centralizada tendría a cargo la
administración del catastro de Puerto Rico y la imposición de las
contribuciones sobre la propiedad, recaudación de las contribuciones impuestas,
el pago de la deuda y la distribución de ingresos a los municipios, según lo
dispuesto en la Ley 83 y Ley 80, ambas de 30 de agosto de 1991, según
enmendadas.
El Centro es una entidad de servicio a los municipios creada para
maximizar el uso de los recursos y ejercer la administración adecuada de las
disposiciones de ley, en particular de las imposiciones contributivas a la
propiedad mueble e inmueble y las exoneraciones a estas propiedades, las cuales
se dan dentro de un marco del catastro insular y no municipal. El Centro
maneja, además, un sinnúmero de funciones centralizadas como es el manejo de la
redención de deuda estatal y municipal, y su repago, el control de la Ley de Contribuciones
sobre la Propiedad, la recaudación de todas las contribuciones sobre la
propiedad impuestas y la distribución de la contribución básica y otros
ingresos suplementarios a los municipios.
Es obligación de los miembros de la Junta de Gobierno del Centro
proveerles periódicamente a los alcaldes más información sobre el resultado de
las operaciones del Centro y mantenerlos informados de asuntos importantes que
requieran el análisis y consideración de éstos antes de tomar una decisión
sobre los mismos. Además, en la Junta debería haber una mejor representación
de los municipios y de todas las regiones de Puerto Rico. Para lograr estos
objetivos, esta Ley propone aumentar la composición de los miembros de la Junta
de nueve (9) a once (11) miembros, de los cuales nueve (9) serán alcaldes y dos
ex-oficio, el Presidente del Banco Gubernamental de Fomento para Puerto
Rico y el Comisionado de Asuntos Municipales, quienes funcionarán como asesores
de la Junta. En la Ley se establecen los mecanismos para realizar la elección
de los miembros de la Junta de Gobierno. Además, se provee para que cada
entidad que los represente pueda revocar el nombramiento de cualquiera de sus
Alcaldes miembros de la Junta si el(los) mismo(s) no cumple(n) con los
criterios establecidos en la Ley.
El Director Ejecutivo es el empleado de más alto rango bajo el
mandato de la Junta de Gobierno del Centro y debe quedar claro que tanto su
nombramiento como su remoción deben estar amparados en el principio de
confianza afín a la implantación de la política pública de la Junta de
Gobierno. Además, en esta Ley se reclasifica la estructura de la organización
del Centro para que la Oficina de Auditoría Interna responda directamente a la
Junta de Gobierno, de manera que las intervenciones al Centro sean unas de
total independencia con respecto al Director Ejecutivo. De esta forma, las
intervenciones de la Oficina de Auditoría Interna servirán como un instrumento
de trabajo para la evaluación del desempeño del Centro en todos sus niveles de
funcionamiento.
Por aproximadamente dos décadas, los municipios vienen realizando
ciertos trabajos de contribuciones sobre la propiedad de índole operacional a
modo de una extensión de ciertas funciones operacionales del Centro, para sus
respectivos municipios, en un intento de mejorar la capacidad de fuerza laboral
del Centro y por consiguiente, mejorar la imposición contributiva y recaudación
de las mismas. Mediante los convenios de trabajo mutuo se ha logrado adelantar
el trabajo de campo en lo que respecta a la realización de gestiones de cobro a
los contribuyentes, a la identificación de residencias que disfrutan
indebidamente de una exoneración contributiva para revocar la misma y lograr su
tributación, que se realicen las tasaciones de propiedades nuevas o con mejoras
o adiciones que no han sido tasadas, y que se identifiquen deficiencias,
evasiones contributivas de radicaciones y pagos de las planillas de propiedad
mueble. Sin embargo, algunos municipios, en particular aquéllos que a través
de los años han ido organizando Oficinas Municipales de Contribución sobre la
Propiedad, mejor conocidas como el Centro Municipal, han establecido una
operación sólida de conocimiento, experiencia y recursos que los llevan a
realizar un nuevo reclamo al Centro para que los convenios vigentes pasen a
otro nivel, y sea posible ampliar el nivel de competencias al presente
autorizadas.
Uno de los propósitos de esta Ley es atender el reclamo de los
municipios que estén interesados en asumir las funciones autorizadas por esta
Ley para realizarlas en sus municipios. Los municipios que han estado
participando en los convenios de trabajo con el Centro, no le están facturando
al Centro por dichos trabajos. Sin embargo, el Centro le ha continuado
cobrando a estos municipios hasta el cinco por ciento (5%) de sus
recaudaciones anuales correspondientes a la Contribución Básica sin otorgarles
un descuento por la aportación sustancial de recursos humanos y otros gastos
relacionados que éstos están incurriendo. Esta Ley establece que aquellos
municipios que elijan entrar en un convenio de trabajo mutuo con el Centro en
el que asuman las funciones autorizadas por esta Ley, tendrán una disminución
proporcional en su aportación para los gastos operacionales del Centro.
Esta modificación a la Ley 80, no trastoca elementos esenciales en
la organización del Centro como la custodia y control del catastro, el
establecimiento de normas y reglamentos de aplicación general para la Ley 83,
la realización de vistas administrativas, la custodia y mantenimiento de los
sistemas de información y base de datos, la emisión de la facturación de las
contribuciones y la distribución de los cobros en conformidad con la Ley.
Por otro lado, La Ley 83-1991, según enmendada, dispone ciertas
excepciones en la imposición de contribuciones sobre la propiedad mueble e
inmueble. Algunas de estas excepciones, las cuales son denominadas como
exoneraciones y exenciones, no necesariamente representan la pérdida de
ingresos por este tipo de contribución, sino una subvención del Gobierno
Central a las contribuciones impuestas y pagaderas por los contribuyentes.
Entre
las subvenciones del Gobierno Central a los contribuyentes se encuentra la
exoneración del pago por concepto de la contribución básica sobre la propiedad
inmueble residencial hasta $15,000 de su valor tributable, cuando ésta es
utilizada por su dueño como residencia principal. Las contribuciones sobre la
propiedad dejadas de cobrar por los municipios como resultado de esta
exoneración hasta el Año Fiscal 1991-92, eran remitidas en su totalidad al
Banco Gubernamental de Fomento para Puerto Rico por el Secretario de Hacienda,
para ser distribuidas a los municipios. La Ley 83 limitó la cantidad a ser
remitida a los municipios por este concepto durante el Año Fiscal 1991-92 y
para los años siguientes, a una cantidad igual a la contribución no cobrada de
las residencias cuya exoneración fue solicitada al 1ro de enero de 1992. Esta
cantidad ascendió a $86, 109,750 y ha sido la cantidad remitida anualmente a
los municipios desde el 1991-92 al presente. Esta legislación ha limitado
sustancialmente la cantidad que por este concepto pudieran haber recibido y
estar recibiendo los municipios desde el 1991-92, ya que las propiedades
inmuebles residenciales construidas desde el 1991-92, con derecho a la
mencionada exoneración, han aumentado sustancialmente. Como resultado de este
aumento, la cantidad que el Secretario de Hacienda debiera remitir actualmente
a los municipios por este concepto debería ser sustancialmente mayor a los $86
millones que éstos están recibiendo desde el 1991-92.
Otra
disminución sustancial en los ingresos que recibían los municipios del Gobierno
Central, como resultado de la Reforma Municipal del 1991, fue la reducción del
Subsidio Municipal de las Rentas Internas Netas del Fondo General del Gobierno
de Puerto Rico de un cinco punto cinco por ciento (5.5%) a un dos punto dos por
ciento (2.2%). Este porciento fue posteriormente aumentado a dos punto cinco
por ciento (2.5%). Además de esta disminución, en la última década los fondos
provenientes del Subsidio Municipal, los cuales forman parte del estimado de
ingresos remesado mensualmente a los municipios, ha estado muy por debajo del
estimado original, creando deficiencias en la equiparación y la liquidación
anual de las remesas que el Centro le adelanta a los municipios.
Para
cubrir la deficiencia en el fondo de equiparación de los municipios durante los
últimos años fiscales, creada por la sostenida reducción del Subsidio
Municipal de las Rentas Internas Netas del Fondo General del Gobierno de Puerto
Rico y de la Lotería Adicional, el Gobierno de Puerto Rico ha tenido que
hacerle asignaciones especiales sustanciales al Centro.
Debido
a la situación expuesta previamente y a la condición financiera precaria de la
mayoría de los municipios, es menester que se aumente la cantidad que el
Secretario de Hacienda le remite a los municipios anualmente por las
contribuciones sobre la propiedad dejadas de cobrar por los municipios como
resultado de la exoneración del pago por concepto de la contribución básica
sobre la propiedad inmueble residencial hasta $15,000 de su valor tributable,
cuando ésta es utilizada por su dueño como residencia principal.
Si
se aumenta la compensación a los municipios, establecida en el Año Fiscal
1991-92, por las contribuciones sobre la propiedad dejadas de cobrar por los
municipios como resultado de la exoneración del pago por concepto de la
contribución básica sobre la propiedad inmueble residencial, según provisto en
esta Ley, la compensación que recibirían los municipios por este concepto sería
más equitativa. Además, el Gobierno de Puerto Rico no tendría que recurrir a
crear asignaciones especiales para compensar a los municipios por ingresos que
vistos desde otra perspectiva les corresponden y se eliminaría la aportación
que ha hecho el Gobierno Central durante los últimos años para permitir la
equiparación de los municipios en la liquidación anual que hace el Centro.
La aprobación de esta Ley, que no afecta de forma alguna a los
empleados actuales del Centro, va orientada a fortalecer la autonomía municipal
y a incrementar los ingresos municipales, a la vez que fortalece la estructura
del Centro.
DECRETASE POR LA CAMARA DE REPRESENTANTES DE PUERTO RICO:
Artículo 1.-Se enmienda el Artículo 5 de la Ley 80-1991, según
enmendada, para que se lea como sigue:
“Artículo 5.-Junta de Gobierno - Integración
El Centro será dirigido por una Junta de Gobierno
integrada por once (11) miembros, de los cuales nueve (9) serán alcaldes en
representación de todos los municipios de Puerto Rico y los restantes dos (2)
miembros, lo serán el Presidente del Banco Gubernamental de Fomento y el
Comisionado de Asuntos Municipales.
(a)
Elección de alcaldes miembros de la Junta. Los
alcaldes miembros de la Junta serán electos mediante voto secreto, por todos
los alcaldes incumbentes a la fecha de la elección en una asamblea debidamente
convocada a esos fines por el Secretario de Estado. Cinco (5) de los
alcaldes miembros de la Junta deberán pertenecer al partido y a la entidad
representativa de la agrupación de alcaldes que hubiere ganado el mayor número
de municipios en las elecciones generales inmediatamente precedentes. Los
restantes cuatro (4) miembros se seleccionarán de entre los demás alcaldes que
hayan ganado municipios en dicha elección general y que pertenezcan a las
entidades representativas de los alcaldes de minoría, excepto que en caso de
éstos no ser suficientes para cubrir dichos cuatro (4) cargos, el partido que
haya ganado el mayor número de municipios elegirá los miembros que falten para
completar el total de los miembros de la Junta. Para lograr una representación
equitativa de los municipios en la Junta, de los cinco (5) y cuatro (4)
alcaldes a ser miembros de la Junta pertenecientes a la entidad representativa
que hubiere ganado el mayor número de municipios y a la entidad representativa
de los alcaldes de minoría, respectivamente, uno debe ser de un municipio con
una población de 75,000 o más habitantes, uno debe ser de un municipio con una
población de más de 40,000 y menos de 75,000 habitantes y uno debe ser de un
municipio con una población de menos de 40,000 habitantes. Cada entidad
representativa de los alcaldes determinará, mediante reglamentación, las áreas
geográficas a las cuales pertenecerán sus municipios.
(b) Asamblea de elección. La asamblea para la
elección de los alcaldes miembros de la Junta deberá celebrarse no más tarde de
los treinta (30) días siguientes al segundo lunes del mes de enero siguiente a
cada elección general. El quórum para dicha asamblea quedará constituido por
dos terceras (2/3) partes del total de alcaldes incumbentes a la fecha en que
se celebre la misma y se requerirá el voto afirmativo de la mayoría de los
presentes en la asamblea para declarar electos a los alcaldes miembros de la
Junta. Si en la primera asamblea no se logra el quórum requerido, el Secretario
de Estado citará nuevamente la celebración de la asamblea, no más tarde de
quince (15) días después de la fecha citada originalmente para la asamblea. El
quórum quedará constituido por el cincuenta por ciento (50%) del total de alcaldes
incumbentes a la fecha de la asamblea. El Secretario de Estado, previa
consulta con las entidades u organizaciones que representen a los municipios,
adoptará las reglas y los procedimientos para la nominación y elección de los
alcaldes miembros de la Junta.
(c) Término de desempeño del cargo. Los alcaldes
electos como miembros de la Junta desempeñarán sus cargos por un término de
cuatro (4) años o hasta que su sucesor sea nombrado y tome posesión del cargo. Los
alcaldes electos a la Junta inicialmente servirán hasta que sus sucesores sean
electos, conforme a lo dispuesto en el inciso (b) de esta Sección. Ningún
alcalde podrá ser miembro de la Junta por más de dos (2) términos
consecutivos.
(d) Vacantes. Toda vacante que ocurra entre los
alcaldes miembros de la Junta será cubierta dentro de los treinta (30) días
siguientes a la fecha de efectividad de la misma. El nuevo miembro ocupará el
cargo por el término no cumplido del miembro sustituido. Para cubrir dicha
vacante solamente se convocarán y considerarán aquellos alcaldes pertenecientes
a la misma entidad que represente al miembro que ocasionó la vacante. El
quórum para dicha asamblea quedará constituido por dos terceras (2/3) partes
del total de alcaldes incumbentes pertenecientes a la misma entidad. Se
requerirá el voto afirmativo de la mayoría de los presentes en la Asamblea para
declarar electo al alcalde miembro de la Junta. El resultado de esta elección
se le remitirá al Secretario de Estado dentro de los próximos tres (3) días de
llevada a cabo la asamblea para que juramente al nuevo miembro electo. Cuando
un alcalde que sea miembro de la Junta cese en su cargo de alcalde, por
cualquier causa, o sea destituido de su puesto como miembro de la Junta,
quedará vacante automáticamente la posición que ocupaba en la Junta.
(e) En cualquier momento, durante la incumbencia
del término de los miembros de la Junta, se podrá convocar una asamblea
extraordinaria, a petición de más del cincuenta por ciento (50%) de los
alcaldes de mayoría o minoría o de cualquier miembro de la Junta perteneciente
a cada entidad, para presentar justa causa para la destitución de un miembro de
la Junta elegido por ellos, a tenor con los criterios que establezcan mediante
reglamentación cada entidad. En caso de que se proceda a revocar un
nombramiento de algún miembro de la Junta, se hará una nueva elección bajo los
términos que aplican para cubrir una vacante.”
Artículo
2.-Se enmienda el Artículo 6 de la Ley 80-1991, según enmendada, para que se
lea como sigue:
“Artículo 6.-Junta de Gobierno - Organización interna
La Junta elegirá su Presidente de entre los alcaldes
miembros de la misma, mediante el voto afirmativo de la mayoría del total de
los alcaldes miembros de la Junta.
La Junta se reunirá en sesión ordinaria por lo menos una
vez al mes y podrá celebrar las reuniones extraordinarias que sean necesarias
para atender los asuntos del Centro, previa convocatoria de su Presidente o a
petición de, por lo menos, dos terceras (2/3) partes de sus miembros. Toda
convocatoria a sesión extraordinaria deberá hacerse por escrito y notificarse a
todos los miembros con no menos de cuarenta y ocho (48) horas de antelación a
la fecha de la reunión de que se trate.
Cinco (5) miembros alcaldes de la Junta constituirán
quórum. Excepto en los casos que se disponen en este capítulo, los acuerdos de
la Junta se tomarán por una mayoría de los miembros de la misma. Cuando no se
obtenga el voto afirmativo de la mayoría de los miembros de la Junta, el
asunto, proposición, resolución o propuesta de que se trate, se entenderá
derrotado.
Los acuerdos sobre determinaciones contributivas
requerirán el consentimiento de dos terceras (2/3) partes de los alcaldes
miembros de la Junta. La Junta adoptará un reglamento para su funcionamiento
interno. Los miembros de la Junta no recibirán remuneración o compensación
alguna por el desempeño de sus funciones.”
Artículo
3.-Se enmienda el Artículo 7 de la Ley 80-1991, según enmendada, para que se
lea como sigue:
“Artículo 7.-Junta de Gobierno - Facultades y
funciones
La Junta tendrá las siguientes facultades y funciones,
además de otras dispuestas en esta Ley y en cualquier otra ley aplicable:
(a) Establecer la política pública,
administrativa y operacional del Centro.
(b) Asegurarse de que el Centro cumpla en forma
efectiva las funciones y responsabilidades que se le delegan por esta Ley.
(c) Aprobar la organización interna del Centro,
el presupuesto anual de ingresos y gastos, las transferencias entre partidas,
el sistema de contabilidad, de personal, de compras y suministros, así como
todas las reglas y reglamentos para su funcionamiento, incluyendo todos los
aspectos administrativos, operacionales y fiscales.
(d) Nombrar al Director Ejecutivo del Centro y
adoptar un plan de clasificación y retribución para los funcionarios, agentes y
empleados necesarios para el adecuado cumplimiento de las disposiciones de esta
Ley.
(e) Nombrar al Secretario de la Junta, quién
estará a cargo de administrar la Oficina de la Junta y asesorar a los miembros
de la misma. Este puesto estará clasificado dentro del Plan de Clasificación
y Retribución como un puesto de confianza, por lo que será de libre selección y
remoción por la Junta.
(f) Aprobar contratos de servicios profesionales
y técnicos para uso exclusivo de la Junta que permita a los miembros obtener
asesoramiento independiente al que pueda proveer el Director Ejecutivo.
(g) Aprobar los planes de trabajo para actualizar
y mantener al día el catastro general de propiedad inmueble.
(h) Establecer mediante reglamento los
requisitos, condiciones y procedimientos que regirán los convenios o acuerdos
de servicios para el recibo del pago de la contribución sobre la propiedad con
agencias públicas, instituciones financieras y cooperativas de ahorro y
crédito.
(i) Fijar, con el voto unánime de los
alcaldes miembros de la Junta, las tarifas que podrían imponer y cobrar
los municipios por el recogido de desperdicios sólidos en áreas residenciales
urbanas y rurales.
(j) Rendir al Gobernador de Puerto Rico, a la
Asamblea Legislativa, a la Legislatura Municipal y al Alcalde de cada
municipio, no más tarde del 30 de enero de cada año, un informe anual sobre
todas las actividades, operaciones y logros del Centro, acompañado de los
informes financieros anuales que someta el Director Ejecutivo del Centro.
Rendir, además, como parte del informe anual a los Alcaldes y legislaturas
municipales, un informe detallado y minucioso a cada alcalde, de las
contribuciones muebles e inmuebles estimadas, cobradas, por cobrar y ajustadas,
que originan el cuadre final de remesas en su municipio. Además, este informe
debe contener elementos gerenciales adicionales tales como experiencia de cobro
en el municipio versus deuda, nueva imposición contributiva realizada en el año
económico versus el total impuesto, número de tasaciones realizadas en el
municipio y su impacto económico entre exoneradas y no exoneradas, comparativa
de cantidad de negocios rindiendo planilla de contribución sobre la propiedad
mueble que incluya un desglose de sus componentes, tales como valoración,
exoneración, exención, y otros que se consideren necesarios, y cualquier otro
informe que cada entidad mediante aprobación le exija a la Junta. El Centro
también estará obligado a enviar anualmente a todos los alcaldes, el detalle
del cálculo del estimado de ingresos de su municipio.
(k) Establecer mediante reglamento los
requisitos, condiciones y procedimientos para autorizar la declaración de
cuentas incobrables, cancelar y liquidar cualquier deuda de contribución sobre
la propiedad existente a favor de los municipios, incluyendo recargos,
intereses y penalidades. Dicho reglamento deberá regirse, entre otros, por los
siguientes criterios:
(1) Tiempo de vencimiento de la deuda, que
en ningún caso será menor de diez (10) años.
(2) Insolvencia e imposibilidad del deudor o su
sucesión hereditaria de pagar dicha deuda y posibilidad razonable de
cobrarla.
(3) Esfuerzo realizado por el deudor para pagar
la deuda. Para la declaración de deudas como incobrables donde exista una
porción que afecte al Fondo General o al Fondo de Redención Estatal, se deberá
contar con el consentimiento del Secretario de Hacienda.
(l) No obstante a lo dispuesto en el inciso (k)
de esta Sección, la Junta autorizará al Centro, mediante reglamento, las
condiciones y procedimientos para formalizar acuerdos finales y compromisos de
pago por escrito, según lo disponen los Artículos 3.49 y 3.50 de la Ley 83-1991,
según enmendada.
(m) Aprobar la contratación de los servicios de
auditoría externa para los informes financieros anuales certificados que deberá
incluir, además de los estados financieros auditados del Centro, el análisis,
la auditoría y la certificación de las liquidaciones anuales de las remesas del
Centro a los municipios. Esta contratación requerirá que el/los auditor(es)
externo(s) remitan a la Junta la carta a la gerencia cuando los resultados de
la auditoría reflejen fallas, irregularidades o desviaciones de las medidas de
control fiscal que estén vigentes.
(n) Los miembros de la Junta vendrán obligados a
informar periódicamente a cada entidad sobre los resultados de las operaciones
del Centro y todas las determinaciones de la Junta, tales como presupuesto
aprobado por la Junta, revisiones a los estimados de ingresos, anticipos a
municipios, demandas en proceso y cualquier otra situación que afecte al Centro
y/o a cualquier municipio. Cada entidad vendrá obligada a asignar en la agenda
un tiempo para que los miembros de la Junta hagan una presentación de los
resultados de operaciones del Centro.”
Artículo
4.-Se enmienda el Artículo 8 de la Ley 80-1991, según enmendada, para que se
lea como sigue:
“Artículo 8.-Director Ejecutivo - Nombramiento
El Centro será dirigido por un Director Ejecutivo
nombrado por la Junta. El Director será el jefe ejecutivo del Centro, ejercerá
aquellas funciones y facultades dispuestas en esta Ley o en cualquier otra ley
bajo la administración del Centro, al igual que aquéllas que le delegue la
Junta o su Presidente. La Junta fijará el sueldo o remuneración del Director
Ejecutivo de acuerdo a las normas acostumbradas para cargos de igual o similar
naturaleza y nivel de responsabilidades en el sector del servicio público.
Este puesto estará clasificado dentro del Plan de Clasificación y Retribución
como un puesto de confianza, por lo que será de libre selección y libre remoción
por la Junta.
El Director Ejecutivo desempeñará su cargo a voluntad de
la Junta y deberá poseer, por lo menos, un grado de bachillerato de una
institución de educación superior reconocida por el Consejo de Educación
Superior, no haber ocupado el cargo de alcalde durante los cuatro (4) años
precedentes a la fecha de su nombramiento y ser una persona de reconocida
capacidad administrativa y probidad moral. El Director Ejecutivo podrá acogerse
a los beneficios de la Ley Núm. 447 de 15 de mayo de 1951, según enmendada,
conocida como "Ley del Sistema de Retiro para los Empleados del Gobierno
de Puerto Rico y sus Instrumentalidades".
El Director Ejecutivo nombrará un Subdirector quien le
sustituirá interinamente en todo caso de ausencia temporal. Cuando por
cualquier causa quede vacante el cargo del Director Ejecutivo, el Subdirector
asumirá todas las funciones, deberes y facultades del cargo, hasta que el
sucesor del Director sea nombrado y tome posesión del cargo. El Subdirector
deberá reunir los mismos requisitos que se disponen en esta Sección para el
Director Ejecutivo y ejercerá su cargo a voluntad de éste.”
Artículo
5.-Se enmienda el inciso (c) del Artículo 9 de la Ley 80-1991, según enmendada,
para que se lea como sigue:
“Artículo 9.-Director Ejecutivo-Facultades y deberes
El Director Ejecutivo tendrá las siguientes facultades y
deberes, entre otros:
(a)
…
(b)
…
(c) Contratar los servicios profesionales y
técnicos que fueren necesarios para el cumplimiento de las funciones del
Centro. Cuando los honorarios, compensación o remuneración excedan de treinta
y seis mil dólares ($36,000.00), el Director Ejecutivo deberá obtener el
consentimiento de la Junta.
(d) ….”
Artículo
6.-Se enmienda el Artículo 10 de la Ley 80-1991, según enmendada, para que se
lea como sigue:
“Artículo 10.-Personal
El Centro será un administrador individual según el
término se define en la Ley Núm. 5 de 14 de octubre de 1975, según enmendada,
conocida como "Ley de Personal del Servicio Público", y adoptará las
reglas y reglamentos necesarios para la administración de su sistema de
personal, previa aprobación de la Junta. Dichas reglas garantizarán a cualquier
persona, que con anterioridad a sus servicios como empleado de confianza del
Centro fuere empleado en el servicio de carrera en cualquier otra agencia o en
un municipio, el derecho a que se le reinstale en un puesto de igual o similar
naturaleza y categoría al que ocupaba en el servicio de carrera al momento en
que pasó a ocupar un puesto de confianza. A esos fines, se podrán utilizar los
mecanismos reglamentarios disponibles para garantizarle una retribución cónsona
con su competencia y conocimiento especial.
Ninguna persona que tenga deudas contributivas o por
cualquier otro concepto con un municipio podrá desempeñar cargo alguno en el
Centro, a menos que haya acordado y esté al día en los plazos de un plan de
pagos para la liquidación de la deuda de que se trate. Los funcionarios y
empleados del Centro estarán sujetos a la Ley 1-2012, según enmendada, conocida
como "Ley de Etica Gubernamental de Puerto Rico de 2011".
Los
funcionarios y empleados del Centro tendrán derecho a acogerse a los beneficios
de la Ley Núm. 447 de 15 de mayo de 1951, según enmendada, conocida como
"Ley del Sistema de Retiro de los Empleados del Gobierno de Puerto Rico y
sus Instrumentalidades".
Todo
funcionario, empleado y examinador del Centro prestará un juramento de que
cumplirá fielmente las funciones de su cargo y no divulgará ninguna información
obtenida en el curso de su gestión oficial.
El Director de la Oficina de Auditoría Interna del
Centro, y los empleados directamente asignados a dicha Oficina, responderán
directamente a la Junta. El Director de la Oficina de Auditoría Interna
elaborará un plan de trabajo anual, el cual tendrá que aprobar la Junta, que
responda a la evaluación de la aplicación de leyes y reglamentos de aplicación
al Centro, así como de los sistemas de controles internos, que aseguren la
correcta aplicación de los mismos, y la intervención oportuna y el desarrollo
de planes de acción correctiva. El Director Ejecutivo podrá referir a la
Oficina de Auditoría Interna solicitudes, a través de un pedido a la Junta,
para la intervención de asuntos que lleguen a su atención. Este puesto estará
clasificado dentro del Plan de Clasificación y Retribución como un puesto de
confianza, por lo que será de libre selección y remoción por la Junta.”
Artículo 7.-Se enmienda el Artículo 13 de la Ley 80-1991,
según enmendada, para que se lea como sigue:
“Artículo 13.-Convenios con
municipios
Cualquier municipio podrá solicitar
al Centro desarrollar programas para llevar a cabo directamente trabajos
relacionados con la tasación de propiedad mueble e inmueble ubicada dentro de
sus límites territoriales. El convenio especificará los requisitos y normas
que deberán cumplir los empleados municipales y el personal por contrato que
utilice el municipio para realizar dichos trabajos, de acuerdo a la Ley de
Contribución Municipal sobre la Propiedad de 1991 y sus reglamentos, así como
con las normas y procedimientos que disponga la Junta por reglamento,
incluyendo aquellas tareas de servicio al contribuyente relacionadas con
procesamiento de exoneraciones contributivas, emisión de certificaciones
contributivas, oficialización de planes de pago, procesamiento de cambios de
dueño y de dirección, y ajustes y correcciones, para los cuales el municipio
tendrá acceso remoto a los sistemas de información del Centro para realizar las
actualizaciones de datos y entrar información sobre las tasaciones efectuadas
para la contribución sobre la propiedad mueble e inmueble. El Reglamento antes
mencionado se aprobará con la participación de los Municipios Autónomos dentro
de los primeros sesenta (60) días contados desde la aprobación de esta Ley. El
Centro tendrá la responsabilidad de velar mediante programas de control de
calidad y auditorías coordinadas con la Junta, que se cumplan con los
requisitos de ley para tasar las propiedades y realizar las correcciones de
tasación para imponer la contribución sobre la propiedad mueble e inmueble, y
a la entrada de datos, antes de que las tasaciones sean registradas y
facturadas al contribuyente.
Asimismo, cualquier municipio podrá
convenir con el Centro para realizar gestiones de cobro, realizar cobros y la
aplicación de los cobros a la contribución sobre la propiedad mueble e
inmueble facturada. Los fondos recaudados por cualquier municipio, que esté
autorizado a cobrar mediante convenio, deberán ser depositados en la cuenta
provista para estos fines por el Centro. Los informes de recaudación
relacionados deberán ser presentados al Centro de conformidad con las
disposiciones del reglamento del convenio. Dichos convenios deberán ajustarse
a las disposiciones de la Ley de Contribución Municipal sobre la Propiedad de
1991, así como a los requisitos, procedimientos y normas que disponga la Junta
mediante reglamento al efecto. Los convenios incluirán una cláusula expresando
claramente que la facultad del municipio se limitará a realizar diligencias de
acuerdo a la ley y reglamentos aplicables para lograr que el contribuyente
pague cualquier cantidad adeudada por concepto de dicha contribución en el
lugar que el Centro determine por reglamento o a través de cualquier municipio,
agencia pública, institución financiera o cooperativa de ahorro y crédito
contratada como recaudador. Además, los municipios autónomos podrán convenir
procesos de vistas administrativas, emisión de la facturación de contribuciones
sobre la propiedad mueble e inmueble, y realizar trabajos de cartografía y
segregación, de conformidad con los requisitos y normas que disponga la Junta
mediante reglamento al efecto y en el caso de las vistas administrativas, de
conformidad con la Ley Núm. 170 de 12 de agosto de 1988, según enmendada,
conocida como “Ley de Procedimientos Administrativos Uniforme”.
De conformidad con el Reglamento
aprobado por la Junta, el Centro, previa presentación de una solicitud de un
municipio para entrar en un convenio, evaluará las condiciones de trabajo,
infraestructura del municipio y conocimiento y experiencia de los recursos
humanos disponibles para llevar a cabo trabajos mediante convenio, y le
notificará al municipio solicitante su determinación sobre cuáles facultades y
delegaciones podrán ser convenidas. Los convenios otorgados podrán ser
disueltos a solicitud del municipio o por orden del Centro cuando, mediante los
programas de control de calidad y auditorías del Centro, se determinen
irregularidades mayores en la ejecución de los trabajos. La disolución de un
convenio con un municipio bajo unas circunstancias particulares no limitará el
que dicho municipio, una vez subsanadas las deficiencias, pueda nuevamente
solicitar y entrar en un convenio de trabajo con el Centro.
Las funciones relacionadas al manejo
y mantenimiento del catastro y los sistemas integrados de información
contributivos, manejo y distribución de las recaudaciones a los municipios, y
la reglamentación y procesos administrativos que sean propios del ente rector
de conformidad con esta Ley, serán intransferibles, indelegables e inseparables
del Centro. En el caso de la reglamentación y procesos administrativos estos
serán adoptados de acuerdo a la Ley Núm. 170 de 12 de agosto de 1988, según
enmendada, conocida como “Ley de Procedimientos Administrativos Uniforme”.
Como medida para viabilizar el
desarrollo de los convenios de trabajo entre el Centro y los municipios, se
autoriza al Banco Gubernamental de Fomento a proveer los recursos necesarios
para financiar los mismos, mediante el otorgamiento de préstamos garantizados
con el C.A.E. Municipal, con los fondos del Impuesto sobre Ventas y Uso (IVU)
Municipal o a través de una retención de la remesa mensual del Municipio.
El Centro podrá retener hasta un
cinco por ciento (5%) de la totalidad de las deudas cobradas correspondientes a
la Contribución Básica como resultado de la implantación de los convenios de
trabajo. Los mismos serán utilizados para gastos operacionales relacionados
con la implantación de los proyectos. Cuando un municipio solicite y le sean
concedidas todas las competencias que pudieran ser concedidas a un municipio
mediante convenios, durante el primer año fiscal el Centro podrá retenerle
hasta un cuatro por ciento (4%) de la totalidad de las deudas cobradas durante
dicho año fiscal (deudas cobradas durante el año fiscal base) como resultado de
la implantación de estos convenios de trabajo. En los dos (2) años fiscales
siguientes al año fiscal base, el Centro podrá retenerle, además de la cantidad
determinada durante el año fiscal base, hasta un por ciento (1%) del exceso del
monto de las deudas cobradas en el año fiscal base. Desde el cuarto año fiscal
y años siguientes, el Centro podrá retenerle hasta un dos punto cinco por
ciento (2.5%) de la totalidad de las deudas cobradas durante cada año fiscal.
Previa notificación por parte del
Centro, el Banco podrá reembolsar a los municipios los fondos que correspondan
a los mismos por concepto de cobros y depuración de deudas atrasadas que
resulten de los Proyectos por los Convenios, sin que medien los criterios de distribución
de fondos que se establecen en el Artículo 18 de esta Ley.
El Centro podrá realizar convenios y
acuerdos con agencias públicas, instituciones financieras y cooperativas para
que presten servicios de recaudación de la contribución municipal sobre la
propiedad. Dicho convenio o acuerdo se realizará de conformidad a las normas y
procedimientos que disponga la Junta, mediante reglamento. En el caso de
instituciones financieras y cooperativas, solamente podrán formalizarse
convenios con aquéllas cuyos depósitos estén asegurados y cualifiquen como
depositarlas de fondos públicos de acuerdo a las leyes locales y federales
aplicables.
El Centro ofrecerá adiestramiento
sobre los procedimientos, sistemas y normas relativos a la tasación de
propiedad, a las gestiones de cobro de la contribución sobre la propiedad y a
la recaudación de la misma.”
Artículo
8.- Se añade el Artículo 2.11 a la Ley 83-1991, según
enmendada, para que se lea como sigue:
“Artículo 2.11-Compensación adicional por contribuciones
sobre la propiedad exonerada
Los municipios serán resarcidos en una cantidad adicional
a la suma de las contribuciones sobre la propiedad exoneradas determinadas a
base de los límites máximos dispuestos para las contribuciones sobre la
propiedad no cobradas como resultado de exoneraciones concedidas en virtud de
lo dispuesto en el Artículo 2.06. Esta cantidad adicional será igual a $25,000,000
para el Año Fiscal 2013-14 y años subsiguientes, o la cantidad determinada por
una auditoría independiente llevada a cabo por el Banco Gubernamental de
Fomento antes de finalizar cada año fiscal comenzado con el 2013-14.
El Secretario de Hacienda, con cargo a la asignación
provista en el Artículo 2.09, seguirá remitiendo anualmente al Banco
Gubernamental de Fomento para Puerto Rico, los $86, 109,750 de compensación
por contribuciones sobre la propiedad exonerada residencial establecida en el
Año Fiscal 1991-92 por concepto de contribución básica. La compensación
adicional establecida en este Artículo, no será incluida en el estimado de
ingresos anual de los municipios, y por ende, no será incluida como parte de
las remesas mensuales enviadas a los municipios. La compensación adicional
será utilizada de la siguiente manera y en el orden en que se enumera a
continuación:
(a)
Para cubrir cualquier deficiencia en la
equiparación del año fiscal anterior y el vigente.
(b)
Para cubrir cualquier deficiencia en los gastos
operacionales del Centro, luego de haber cubierto la deficiencia en la
equiparación dispuesta en el inciso (a) de este Artículo.
(c)
Cualquier balance disponible, luego de haber
satisfecho las deficiencias de equiparación y de gastos operacionales del
Centro, será distribuido como parte de la liquidación anual de fondos remesados
a los municipios, siguiendo las bases de distribución dispuestas en la Ley
80-1991, según enmendada.”
Artículo 9.- Esta Ley comenzará a regir inmediatamente después de
aprobación, excepto las disposiciones del Artículo 5, las cuales comenzarán a
regir a partir del segundo lunes del año 2013.
.................................................................
Presidenta de la Cámara
.................................................................
Presidente del Senado
Notas Importantes:
1. Esta ley es copia de la ley
original cuando fue aprobada, no incluye enmiendas posteriores.
2. Presione
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buscar desde la fecha de esta ley al presente.
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