Ley Núm. 57 del año 2020
(P. de la C. 2468);
2020, ley 57
Ley Complementaria para Atender los Efectos de la Economía
Puertorriqueña Provocados por la Emergencia del Covid-19.
Ley Núm.
57 de 14 de junio de 2020
Para establecer la “Ley Complementaria para Atender los
Efectos de la Economía Puertorriqueña Provocados por la Emergencia del Covid-19”;
establecer política pública específica; establecer programas gubernamentales,
medidas económicas o contributivas tales como: programa para el pago expedito
de cuentas por pagar a proveedores del Gobierno de Puerto Rico; programa de arrastre de
pérdidas netas en operaciones hacia años anteriores; pérdida neta en
operaciones a arrastrarse en años contributivos siguientes; exención temporera de
servicios rendidos a otros comerciantes y a servicios profesionales designados;
posponer temporeramente la contribución
mínima tentativa a corporaciones; posponer la radicación de las declaraciones informativas requeridas en las Secciones 1063.01 a la
1063.16 de la Ley Núm. 1-2011, según enmendada, conocida como el “Código de
Rentas Internas para un Nuevo Puerto Rico”; posponer temporeramente el Informe de
Procedimientos Previamente Acordados o Informe de Cumplimiento; establecer una extensión
automática de licencias o permisos que autorizan una actividad comercial; exclusión del ingreso bruto para propósitos de contribución sobre ingresos e
ingreso sujeto al pago de patente municipal por cancelación de deuda y recibo de subsidios; cumplimiento
automático con requisitos elegibles de decretos de incentivos; eximir del requisito de declaraciones juradas ante notario público; extender
radicación de planillas de contribución sobre ingresos para el año contributivo
2019; extender fechas límites de la planilla mensual del impuesto sobre ventas y usos; eliminar el pago
de impuesto sobre ventas y usos en la importación y compra de partidas
tributables para la reventa; eliminar la retención por servicios profesionales;
prohibir desahucios de arrendamientos sobre vivienda principal; programa para usar tarjeta del programa de
asistencia nutricional en restaurantes; establecer
facultades especiales de reglamentación; y para otros fines relacionados.
EXPOSICIÓN
DE MOTIVOS
El
mundo moderno está viviendo un escenario nunca antes conocido, una pandemia de
proporciones apocalípticas: el coronavirus o COVID-19 como comúnmente se le
conoce.
La
Organización Mundial de la Salud (OMS), luego de haber declarado al COVID-19
como una pandemia, está muy preocupada ante los alarmantes niveles de
propagación y la inacción de algunos países. De igual manera, reconoció que
algunos países están teniendo dificultades para lidiar con la primera pandemia de
la historia provocada por un coronavirus. Algunos, por “falta de capacidad”,
otros por “falta de recursos” y el resto por “falta de decisión”.
Por otro lado, ante el crecimiento exponencial del
COVID-19, el Centro para el Control y Prevención de Enfermedades de los Estados
Unidos (“CDC”, por sus siglas en inglés) ha tomado medidas de seguridad y salud
pública que nos afectan a nivel nacional. El CDC estableció que el
distanciamiento social y la cuarentena ayudan a prevenir la exposición con
personas afectadas o que pudiesen estar afectadas con el COVID-19.
En Puerto Rico hemos
tomado medidas inmediatas y drásticas dirigidas a reducir la propagación de
este mortal virus. Para ello, la Gobernadora de Puerto Rico declaró un estado
de emergencia el 12 de marzo de 2020 con el fin de llevar a cabo todos los esfuerzos necesarios que permitan
salvaguardar la salud, la vida y la seguridad de todos los puertorriqueños.
Luego, tras cinco (5) casos confirmados del COVID-19, y considerando las guías
nacionales emitidas por el CDC y la recomendación del Departamento de Salud del
Gobierno de Puerto Rico, la Gobernadora de Puerto Rico firmó la Orden Ejecutiva 2020-23 (“OE 2020-23”) para controlar la propagación del virus. Aquí se
establecieron medidas rigurosas de aislamiento social y de cuarentena. Se
ordenó un toque de queda para todos los ciudadanos empezando a las 9:00 pm
hasta las 5:00 am, desde el 15 de marzo hasta el 30 de marzo de 2020.
La OE 2020-23, además, ordenó el cierre de todos los
comercios en Puerto Rico y de las operaciones gubernamentales, excepto de
aquellas relacionadas a servicios esenciales. De igual manera, limitó a los
ciudadanos a transitar o caminar por las vías públicas de 5:00 am a 9:00 pm,
salvo algunas excepciones, a saber: adquisición
de alimentos, productos farmacéuticos y de primera necesidad; citas médicas, asistir a hospitales,
laboratorios o centros de servicio médico, hospitalarios; acudir al lugar de
trabajo para los empleados públicos y privados que realicen trabajos
esenciales; retorno al lugar de residencia habitual en una actividad permitida;
acudir a instituciones financieras; entre otras.
Como se puede constatar, la Orden Ejecutiva 2020-23 forzó
un distanciamiento social para evitar que se siga propagando el virus en
nuestra tierra. De igual manera, el 30 de marzo de 2020, la Gobernadora,
mediante la Orden Ejecutiva 2020-29
extendió hasta el 12 de abril del corriente año las medidas tomadas para
controlar el riesgo de contagio de este virus COVID-19. Posteriormente, la
Gobernadora extendió la fecha de cierre total (lockdown)
mediante la Orden Ejecutiva 2020-33.
Esta Asamblea Legislativa concurre
con las acciones de la Gobernadora en proteger la salud y el bienestar de
nuestra población, y más cuando se trata de proteger a nuestros adultos
mayores.
Acciones drásticas similares a las que hemos tomado en
Puerto Rico, se han empezado a tomar en otros estados de la Nación. Ahora
bien, estos cierres totales tienen un efecto directo y devastador en nuestra
economía. Así lo ha reconocido el
Presidente del Banco de la Reserva Federal de San Luis, el cual estimó
que la tasa de desempleo en los Estados Unidos alcanzará un treinta (30) por
ciento en el segundo trimestre del 2020 debido a los cierres (“shutdowns”).
Esto provocará una caída de más de un cincuenta (50) por ciento en el Producto
Interno Bruto (“GDP”, por sus siglas en inglés).
Ante esta proyección, el Presidente de la Reserva Federal de San Luis
le solicitó al Gobierno Federal una respuesta fiscal poderosa (“powerful fiscal
response”) para reemplazar $2.5 trillones de dólares en pérdidas que se estiman
para el segundo trimestre del 2020. Sugiere, además, que la meta general
de este estímulo gubernamental debe ser el sostener a todos los negocios e
industrias y a las familias estadounidenses.
Ante todo este
escenario poco alentador, el Congreso Federal aprobó un histórico paquete de
medidas de estímulo económico de más de dos (2) trillones de dólares para
atender esta crisis provocada por el COVID-19, al aprobar la
Ley de Ayuda, Alivio y Seguridad Económica de Coronavirus (“CARES Act”). Según expertos, esta legislación es
el paquete de medidas más grande que se ha aprobado en la historia de los
Estados Unidos. Entre el paquete de medidas, se resaltan las siguientes: $250
billones de dólares para pagos directos a las familias y a los individuos; $350
billones para préstamos a pequeños negocios; $250 billones en beneficios de
seguro de desempleo; $500 billones para compañías severamente afectadas, $130
billones para hospitales, $150 billones para gobiernos locales y estatales, entre
otras.
En
Puerto Rico, la Gobernadora anunció en días recientes diversas propuestas y
acciones ejecutivas dirigidas a usar los recursos públicos para atender la
crisis en nuestro Archipiélago como parte del Plan Estratégico para Reactivar
Nuestra Economía, Apoyar a Nuestros Comerciantes y Proteger a Nuestros
Trabajadores. La expectativa es que estas medidas económicas estatales de $787
millones puedan reactivar a corto plazo nuestra economía. Para ello, esta
Asamblea Legislativa aprobó la Resolución Conjunta 23-2020 donde asignó la
cantidad de $500 millones con cargo al Fondo General. Además, la Gobernadora
podrá utilizar de la Reserva de Emergencia $160 millones para la compra de
equipos, materiales y suplidos para atender la crisis del COVID-19. Por
último, del Presupuesto del año vigente se estarán reasignado $156.8 millones
como parte de esta primera fase del Plan Estratégico. Ciertamente, esto es un
primer paso para aliviar los estragos de esta pandemia.
Esta
Asamblea Legislativa entiende necesario establecer un segundo paquete de
medidas que será complementario al paquete inicial presentado por la
Gobernadora. En este segundo paquete se atienden varios asuntos. Primero, se
crea un mecanismo para pagar de forma expedita las obligaciones a los
contratistas y proveedores del Gobierno de Puerto Rico. De esta manera, las
deudas acumuladas actualmente se deben pagar dentro de 15 días calendarios. Las
obligaciones nuevas contraídas por el Gobierno se deben pagar dentro de 30 días
calendarios. Esta medida, sin duda, ayudará al flujo de efectivo de muchas
compañías, contratistas y empresarios que le sirven bien a nuestro Gobierno
pero que se tardan en cobrar.
Para
aumentar el flujo de efectivo de nuestros negocios, se permite el mecanismo de retrotraer
las pérdidas a años anteriores (“carry back”), aumentando así la posibilidad de
recibir inmediatamente reintegros por contribuciones pagadas en años anteriores.
Respecto
a las ayudas que reciban los individuos o las entidades jurídicas, se aclara
que cualquier cantidad que sea condonada o cantidades que se reciban como
subsidios o estímulos estarán excluidas del ingreso bruto para propósitos de contribución
sobre ingresos, incluyendo la contribución básica alterna o la contribución
alternativa mínima, en Puerto Rico o el ingreso sujeto al pago de patente
municipal. Esta disposición es análoga a la Sección 1106(i) de la Ley Federal
CARES, la cual exime de tributación la condonación de la deuda bajo el Código
de Rentas Internas Federal; por lo cual, se deberá interpretar liberalmente a
favor del contribuyente.
De
igual manera, se elimina por tres (3) meses el impuesto del cuatro (4) por
ciento de toda facturación que se presente durante el periodo de exención por
los servicios rendidos a otros comerciantes, comúnmente conocido como B2B, y
servicios profesionales designados, y se le da la facultad al Secretario de
Hacienda de extender esta exención por periodos adicionales de tres (3) meses.
También, se elimina temporeramente la contribución mínima tentativa a
corporaciones de $500 que establece el Código de Rentas Internas. Para el año
contributivo 2019, en caso de que la corporación haya pagado la contribución
mínima tentativa de $500, podrá solicitar un reembolso al Departamento de
Hacienda.
Además,
como anunció la Gobernadora, la radicación de las planillas de contribución
sobre ingresos se va a posponer para el 15 de julio de 2020. También, se anunciaron
otras medidas que atienden el Impuesto sobre Ventas y Uso en los muelles, la
radicación de la planilla del IVU, la retención del diez (10) por ciento por
servicios profesionales, entre otros. Esta Asamblea Legislativa eleva a fuerza
de ley estas acciones administrativas tomadas por el Ejecutivo. De igual
manera, esta pieza legislativa pospone la radicación de las declaraciones
informativas, requeridas a los negocios y empresarios, para el 31 de mayo de
2020. Otro de los beneficios a nuestros empresarios pequeños y medianos es que
se le elimina el requisito de incluir junto a sus planillas de contribución
sobre ingresos el Informe de Procedimientos Previamente Acordados o Informe de
Cumplimiento preparado por un Contador Público Autorizado. En sintonía con lo
anterior, reconociendo que el cierre total decretado por la Gobernadora
desde el 15 de marzo de 2020, pone al país en una pausa donde se detiene toda
la actividad comercial, afectando directamente a todos los negocios y los
individuos y que la gran mayoría de las oficinas gubernamentales se mantienen
cerradas, incluyendo el Departamento de Hacienda, esta Asamblea Legislativa
entiende prudente y necesario flexibilizar las fechas límites de vencimientos
de las licencias de rentas internas, licencias o permisos expedidas por el
Gobierno de Puerto Rico, sus agencias, instrumentalidades o municipios, cuyas
fechas de vencimiento caigan a partir del 1 de marzo de 2020.
Con el ánimo de promover la
actividad económica, para el año contributivo 2020 (para empresas con año
natural o en el caso de años económicos, para años comenzados luego del 31 de
diciembre de 2019 y antes del 1 de enero de 2021), se reconoce un cumplimiento
automático a los Negocios Exentos que tienen decretos con ciertos requisitos
establecidos en el Código de Incentivos de Puerto Rico, en otras leyes de
incentivos anteriores y en el propio decreto con el fin de garantizar la
continuidad de dichos decretos de exención. Los requisitos o métricas que se entenderán
como cumplidos durante este año 2020 o hasta que dure la vigencia de esta Ley,
son: creación y retención de empleos, ingreso bruto o volumen de ventas e
inversión en maquinaria y equipo. Esto ayudará a que las empresas con decretos
de exención se puedan recuperar del impacto económico que ha provocado el
COVID-19.
Conforme
lo anterior, esta Asamblea Legislativa, y en el ejercicio de su poder de razón
de Estado, y de conformidad con la Sección 18 del Artículo III de la
Constitución de Puerto Rico, entiende necesario tomar medidas urgentes de
acción para atender la prevención, contagio y tratamiento del coronavirus en la
Isla.
DECRÉTASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:
Artículo
1.-Título.
Esta Ley se
conocerá y podrá ser citada como “Ley Complementaria para Atender los Efectos
de la Economía Puertorriqueña Provocados por la Emergencia del Covid-19”.
Artículo 2.-Política
pública.
La pandemia del
Covid-19, está devastando el mundo. Ésta no sólo tiene implicaciones de salud y
seguridad pública (y privada), sino además en cuanto al impacto económico y
social de sus consecuencias. Por lo tanto, el Gobierno de Puerto Rico declara y
reconoce la necesidad de esta legislación especial, debido al estado de
necesidad en el que se encuentra nuestra gente.
Se declara como
política pública del Gobierno de Puerto Rico, permitir el mejor uso de sus
recursos para atender la pandemia del COVID-19 y sus consecuencias en nuestra
economía.
El uso de los
recursos públicos para propósitos de proveer mejores condiciones a nuestra
economía es una necesidad de nuestra razón de estado, en momentos en que toda
nuestra sociedad se enfrenta a las consecuencias de esta pandemia. Una vez ha
sido controlada la crisis de salud pública, debemos evitar el colapso de
nuestras instituciones, de nuestra economía y de los sectores productivos. Con
estas medidas procuramos proteger los empleos y desde luego a quienes dependen
de ellos: la familia puertorriqueña.
Por lo tanto,
el objetivo específico de esta legislación es servir como puente de rescate
para distintos sectores productivos de nuestra economía, para poco a poco ir
recuperando la normalidad del intercambio de bienes y servicios al que ha
estado acostumbrado la sociedad puertorriqueña en la era moderna. Por lo tanto,
se crean programas gubernamentales cuyo propósito fundamental es servir de
estímulo económico para impedir una recesión y las gravísimas consecuencias
sociales que esta traería. Sirve a su vez para concretizar la aspiración de
nuestro Pueblo de tener la más robusta y vibrante economía para procurar un
desarrollo socioeconómico de primer orden, a la altura del Siglo XXI.
Artículo 3.- Definiciones.
Para propósitos
de esta Ley, los siguientes términos tendrán el significado que se expresa a
continuación, teniendo presente que las palabras en masculino pueden
interpretarse en el género femenino, según corresponda:
(a) “Código de Rentas Internas para un Nuevo Puerto Rico” o “Código de
Rentas Internas”. - Se refiere a la Ley Núm. 1-2011, según enmendada, conocida como
el “Código de Rentas Internas para un Nuevo Puerto Rico”.
(b) “Comisionado de Instituciones Financieras”. -
Significa el Comisionado de Instituciones Financieras de Puerto Rico, según se
define por la Ley Núm. 4 de 11 de octubre de 1985, según enmendada, conocida
como “Ley de la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras.”
(c) “Gobierno de Puerto Rico” o “Gobierno”. - Significa la Rama
Ejecutiva de conformidad con el Artículo IV de la Constitución de Puerto Rico,
todos sus departamentos, agencias, oficinas, juntas, comisiones, y toda
dependencia que ésta controle. Significará también todas las corporaciones
públicas e instrumentalidades del Gobierno de Puerto Rico. No obstante, dicho
término no incluirá a la Rama Legislativa, ni a la Rama Judicial, ni a los
Municipios.
(d) “Hospital”.
– Significa las facilidades privadas de cuidado de salud, centros de
diagnóstico y tratamiento, facilidades de diálisis, y cualquiera otra facilidad
que pueda ofrecer cuidado y tratamiento médico de urgencia y/o de emergencia.
(e) “Médicos”. – Significa los facultativos que realizan una labor
mediante remuneración, debidamente licenciados y autorizados a ejercer la
medicina y telemedicina en Puerto Rico por sí o por sus respectivas
corporaciones profesionales.
(f) “Personal de Enfermería”. - Significa todo aquel personal de salud
que labora como empleado de una institución hospitalaria o centro de
diagnóstico y tratamiento, debidamente autorizado para ejercer la profesión en
Puerto Rico y que recibe compensación por su trabajo.
(g) “Secretario del Departamento de Asuntos al Consumidor”. – Significa
el Secretario del Departamento de Asuntos al Consumidor, según se define por la
Ley Núm. 5 de 23 de Abril de 1973, según enmendada, conocida como “Ley Orgánica
del Departamento de Asuntos del Consumidor”.
(h) “Secretario del DDEC”. — Significa el Secretario del Departamento de Desarrollo Económico y
Comercio del Gobierno de Puerto Rico, según se define por la Ley Núm. 60-2019,
según enmendada, conocida como “Código de Incentivos de Puerto Rico”.
(i) “Secretario de Hacienda”. - Significa el
Secretario del Departamento de Hacienda del Gobierno de Puerto Rico.
Artículo 4.
Responsabilidad Ejecutiva.
Corresponderá al
Secretario del Departamento de Hacienda cumplir y hacer cumplir las
disposiciones de esta Ley Especial. Para este propósito podrá requerir la
colaboración del Secretario del DDEC, la Junta de Planificación, del Departamento
Trabajo, la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras, el Departamento
de Asuntos al Consumidor la Oficina de Gerencia y Presupuesto y de cualquier otra
entidad de la Rama Ejecutiva cuya información sea necesaria para poder cumplir
con los propósitos aquí señalados.
Artículo 5.-
Determinaciones específicas de política contributiva y económica.
Para lograr los
propósitos de esta Ley se determinan la creación de los siguientes programas
específicos y medidas económicas o contributivas:
(a)
Programa para el Pago Expedito de Cuentas por Pagar
a Proveedores del Gobierno de Puerto Rico. -Las obligaciones o cuentas por
pagar a los contratistas, suplidores y proveedores (“proveedor”), ya acumuladas
previo a la aprobación de esta Ley y que ya hayan sido certificadas por la
agencia o instrumentalidad gubernamental para la cual se le ofreció el servicio
o entregado los bienes, deberán ser pagadas durante un término que nunca
excederá de quince (15) días calendario, luego de la firma de esta Ley.
(1)
Durante la vigencia de esta Ley, toda nueva
obligación o cuenta por pagar a algún proveedor que sea certificada por la
agencia o instrumentalidad gubernamental, para la cual se le ofreció el servicio
o entregado los bienes, deberá ser pagada durante un término que nunca excederá
de treinta (30) días calendario desde que se certifique.
(b) Programa para Retrotraer Pérdidas Netas en Operaciones Hacia
Años Anteriores (“Carry Back”). -El Departamento de
Hacienda permitirá una deducción especial de pérdidas netas en operaciones
incurridas, provocadas directamente por la emergencia del COVID-19, para el año
contributivo 2020 a retrotraer a cada uno de los dos (2) años contributivos anteriores, comenzando por
el año anterior más antiguo. Dicho arrastre de pérdidas no
estará sujeta a la limitación de uso establecida en el
inciso (D) del párrafo (1) del apartado (b) de la Sección 1033.14 del Código de
Rentas Internas. Nada de lo aquí
dispuesto limitará el arrastre de pérdidas dispuesto en la Sección 1033.14 de
la Ley Núm. 1-2011, según
enmendada, conocida como “Código de Rentas Internas para un Nuevo Puerto Rico”.
(1)
El retrotraer pérdidas netas en operaciones hacia
años anteriores (“Carry Back”) será una elección para
aquellas industrias o negocios con un volumen de negocios de diez millones
(10,000,000) de dólares o menos.
(2)
En el caso de contribuyentes
que sean Grandes Contribuyentes, según definidos en el párrafo (35) del
apartado (a) de la Sección 1010.01 del Código de Rentas Internas, no se le
permitirá retrotraer pérdidas hacia años anteriores.
(3)
Limitaciones. -El
contribuyente tendrá hasta la fecha de radicación de la planilla de
contribución sobre ingresos para el año contributivo 2020, incluyendo
prórrogas, para beneficiarse de la retrotracción (“carry-back”) establecida en
este apartado.
(A) La
cantidad máxima de pérdidas netas en operaciones a
retrotraer hacia años anteriores (“Carry Back”) será de doscientos mil
(200,000) dólares y el reintegro máximo por las contribuciones pagadas en años
anteriores será de cincuenta mil (50,000) dólares.
(4)
La deducción especial de la retrotracción de las
pérdidas aplicará también para computar la contribución básica alterna y la
contribución alternativa mínima.
(c) Pérdida Neta en Operaciones a Arrastrarse En Años Contributivos
Siguientes. –Para pérdidas netas incurridas,
provocadas directamente por la emergencia del COVID-19, en el año contributivo
2020, el monto a arrastrarse a los años contributivos siguientes no le aplicará
la limitación establecida en el inciso (D) del párrafo (1) del apartado (b) de
la Sección 1033.14 del Código de Rentas Internas.
(1) Orden de la Aplicación de las Pérdidas Neta en Operaciones.
(i) El contribuyente reclamará primero las pérdidas incurridas en
año contributivos anteriores al año contributivo 2020 sujeto a las limitaciones
establecidas en el inciso (D) del párrafo (1) del apartado (b) de la Sección
1033.14 del Código de Rentas Internas.
(ii) Si luego de aplicar las pérdidas del sub-inciso (i) del inciso
(1) de este apartado la planilla reflejase ingreso neto, podrá tomar una
deducción de la pérdida arrastrada generada en el año contributivo 2020, sin
las limitaciones establecidas en el inciso (D) del párrafo (1) del apartado (b)
de la Sección 1033.14 del Código de Rentas Internas.
(iii) Si luego de aplicar las pérdidas del sub-inciso (i) y (ii) del
inciso (1) de este apartado la planilla reflejase ingreso neto, podrá tomar una
deducción de la pérdida arrastrada generada en los años contributivos posteriores
al 2020, conforme a lo dispuesto en este apartado.
(d) Exención Temporera a Servicios Rendidos a Otros
Comerciantes y Servicios Profesionales Designados. – La facturación de los
servicios prestados a otros comerciantes y servicios profesionales designados,
según definidos en el Subtítulo D del Código de Rentas Internas, no estará
sujeta a la tasa de cuatro (4) por ciento durante los meses de abril, mayo y junio
de 2020. El Secretario de Hacienda podrá extender esta exención por periodos
adicionales de tres (3) meses cada uno, mientras dure el periodo de emergencia,
pero nunca será mayor a la fecha en que finaliza la vigencia de esta Ley.
(e) Posposición Temporera de la Contribución
Mínima Tentativa a Corporaciones de $500. -Para años contributivos comenzados
luego del 31 de diciembre de 2018 y antes del 1 de enero de 2020 (año contributivo 2019),
la contribución mínima tentativa de
quinientos dólares ($500) requerida en el apartado (g) de la Sección 1022.03 del
Código de Rentas Internas, no estará en vigor.
(1) Para aquellas corporaciones que hayan
pagado la contribución mínima tentativa de $500 para el año contributivo 2019,
podrán solicitar un reembolso por esta cantidad al Departamento de Hacienda, el
cual se desembolsará en o antes de cuarenta y cinco (45) días calendarios desde su solicitud. El Secretario de Hacienda
adoptará los formularios necesarios para solicitar dicho reembolso, si aplica.
(f) Posposición de Declaraciones
Informativas. -Para años contributivos comenzados luego del 31 de diciembre de
2018 y antes del 1 de enero de 2020, las declaraciones informativas requeridas en las Secciones 1063.01 a la 1063.16 del Código de Rentas
Internas podrán ser rendidas en o antes del 31 de
mayo de 2020.
(g) Posposición Temporera
del Informe de Procedimientos
Previamente Acordados o Informe de Cumplimiento. -Para
años contributivos comenzados luego del 31 de diciembre de 2018 y antes del 1
de enero de 2020, se elimina el requisito de incluir junto a la planilla
de contribución sobre ingresos un Informe de Procedimientos Previamente
Acordados (Agreed Upon Procedures) o Informe de Cumplimiento (Compliance
Attestation) preparado por un Contador Público Autorizado (CPA) con licencia
vigente para ejercer la profesión en Puerto Rico, según establecido en el inciso (D) del párrafo (2) del apartado (a) de
la Sección 1021.02 y en el inciso (B) del párrafo (7) del apartado (a) de la
Sección 1022.04 del Código de Rentas Internas.
(h) Extensión Automática de Licencias Para
Actividad Comercial. -Quedan extendidas automáticamente, por un periodo
de seis (6) meses, todas las licencias y fianzas bajo el Código de Rentas Internas,
licencias o permisos expedidos por la Oficina de Gerencia de Permisos o
cualquier otra agencia, instrumentalidad gubernamental o municipio del Gobierno
de Puerto Rico, que venzan a partir del 1 de marzo de 2020. Toda licencia o
permiso será aquella aprobación escrita autorizando el comienzo de una acción o
actividad comercial, expedida por el Gobierno, sus agencias, instrumentalidad
gubernamental o municipios.
(i) Exclusión del
Ingreso Bruto e Ingreso Sujeto al Pago de Patente Municipal por Cancelación de
Deuda y Recibo de Subsidios. - Se excluirá del ingreso bruto para propósitos
de contribución sobre ingresos, incluyendo la contribución básica alterna o la
contribución alternativa mínima, y del ingreso sujeto al pago de patente
municipal la cancelación de deuda y las cantidades recibidas por concepto de
cualquier subsidio o estímulo federal bajo la Ley de Ayuda, Alivio y Seguridad
Económica de Coronavirus (“CARES Act”) o bajo cualquier otra legislación federal para atender el COVID-19 o bajo un cualquier subsidio o estímulo estatal
otorgado a consecuencia del COVID-19, incluyendo los créditos contributivos
reembolsables, y otras ayudas económicas dispuestas en esta Ley.
(1) Disponiéndose, además, que el contribuyente podrá reclamar como
deducción al ingreso neto los gastos ordinarios y necesarios incurridos en la
operación del negocio, aun cuando dichos gastos sean pagados con fondos
recibidos por concepto de cualquier subsidio o estímulo federal bajo el CARES
Act o bajo cualquier otra legislación federal para atender el COVID-19 o bajo
un cualquier subsidio o estímulo estatal otorgado a consecuencia del COVID-19,
incluyendo la cancelación de deuda y créditos contributivos reembolsables, y
otras ayudas económicas dispuestas en esta Ley.
(j) Programa de Cumplimiento Automático con Requisitos de Decreto
bajo el Código de Incentivos de Puerto Rico o Leyes de Incentivos
Anteriores. –Para el año contributivo 2020, todo beneficiario de un decreto de
exención bajo la Ley 60-2019, según enmendada, conocida como “Código de
Incentivos de Puerto Rico”, bajo leyes de incentivos anteriores o bajo una ley
especial de incentivos en Puerto Rico, se entenderá que ha cumplido con los siguientes
requisitos o métricas contenidos en un Decreto, siempre y cuando la posible falta
de cumplimiento se deba directamente a la emergencia provocada por el COVID-19:
(1) creación y retención de empleos;
(2) ingreso bruto o volumen de ventas;
(3) inversión en maquinaria y equipo.
Las disposiciones de este apartado no impedirán que el
Secretario del DDEC verifique el cumplimiento de otros requisitos contenidos en
el Código de Incentivos, las leyes de incentivos anteriores o bajo una ley
especial de incentivos en Puerto Rico o en el propio Decreto de Exención. El
alcance de las disposiciones contenidas en este apartado se interpretará de manera análoga con los fines promulgados por la Ley 91-2018,
conocida como “Ley de Cumplimiento Automático con las Leyes de Incentivos por
Emergencia”. Para ello, el Secretario del DDEC determinará, para la consecución de los objetivos de apartado, los términos y
condiciones aplicables a este programa mediante orden administrativa, carta
circular, memorando, documento interpretativo o cualquier otro comunicado de
carácter general.
(k) Exención del Uso de Notario Público para Declaraciones Juradas. –A
partir del 1 de abril de 2020 y hasta que termine la emergencia provocada por
el COVID-19, las personas o negocios quedarán exentos de presentar cualquier
declaración jurada y suscrita ante un notario público de Puerto Rico, que sea
requerida por el Código de Renta Internas, por reglamento, por cualquier
pronunciamiento administrativo emitido por el Departamento de Hacienda o que
sea requerida para solicitar cualquier ayuda o subsidio para atender la
emergencia del COVID-19. La persona o negocio presentará, en lugar de la
declaración jurada y suscrita ante el notario público, una afirmación bajo pena
de perjurio que incluya toda la información que de ordinario hubiese estado en
la declaración jurada.
(l) Planillas de Contribución sobre Ingresos para el Año Contributivo
2019. –A todo tipo de contribuyente, incluyendo entidades conductos, se le extiende
la fecha límite hasta el 15 de julio de 2020 para la radicación de la planilla
de contribución sobre ingresos requerida bajo el Código para el año
contributivo 2019, cuya fecha original de vencimiento sea entre el 15 de marzo
y el 15 de junio de 2020. Disponiéndose, además, que cualquier pago de
contribución sobre ingresos de dichas planillas quedará extendido hasta la
fecha de vencimiento aquí establecida. Se elimina la imposición de intereses,
recargos y penalidades siempre y cuando las planillas de contribución sobre
ingresos y el pago de la contribución adeudada con dichas planillas sean
sometidas en la fecha límite aquí establecida.
(1) Todo
contribuyente que tenga la obligación de radicar una planilla de contribución
sobre ingresos para el año contributivo 2019, y que a la fecha de radicación
establecida para la misma no cuente con los recursos económicos para remitir el
balance pendiente de pago que se refleja en dicha planilla, podrá solicitar un
plan de pago para liquidar el total de dicha contribución.
(2) Para poder
acogerse al pago a plazos, el contribuyente deberá estar al día en sus otras
responsabilidades contributivas ante el Departamento de Hacienda.
(3) Todo
contribuyente que solicite el pago a plazos deberá comprometerse a pagar la
contribución adeudada en plazos mensuales y saldar el monto total adeudado no
más tarde del 31 de marzo de 2021. Una vez el contribuyente salde la deuda, el
Departamento de Hacienda procederá a eliminar los intereses, recargos y
penalidades correspondientes.
(4) Se ordena
al Departamento a emitir las reglas, términos y condiciones y el proceso de
solicitud que deberá seguir todo contribuyente que interese acogerse al pago a
plazos.
(m) Extensión de Fechas Límites de la Planilla Mensual del Impuesto
sobre Ventas y Usos. –
Para planillas y
pagos relacionados con el impuesto sobre ventas y usos no se impondrán
intereses, recargos y penalidades, siempre y cuando se cumplan los siguientes
requisitos:
(1) Planilla
Mensual del Impuesto sobre Ventas y Uso. - La fecha límite de radicación de la
planilla mensual del impuesto sobre ventas y uso, y su pago correspondiente,
para los periodos de febrero, marzo, abril y mayo de 2020 serán el 20 de abril
de 2020, 20 de mayo de 2020, 22 de junio de 2020 y 20 de julio de 2020,
respectivamente.
(2) Planilla
Mensual de Impuesto sobre Importaciones.- La fecha límite de radicación de la
planilla mensual de impuesto sobre importaciones, y su pago correspondiente,
para los periodos de marzo, abril y mayo de 2020, serán el 10 de mayo de 2020,
el 10 de junio de 2020 y el 10 de julio de 2020, respectivamente.
(3) Pagos del
Impuesto sobre Ventas y Usos Quincenal – No se impondrá penalidades por
incumplimiento con los pagos del impuesto sobre ventas y uso (IVU) quincenal
para los meses de marzo, abril, mayo y junio de 2020, siempre y cuando el total
del IVU adeudado para dichos meses sea pagado en su totalidad con la radicación
de la Planilla Mensual de IVU de dichos periodos.
(n) Requisito de Pago de Impuesto sobre Ventas y Usos en la Importación
y Compra de Partidas Tributables para la Reventa. —Durante el periodo de
emergencia se faculta al Secretario de Hacienda a establecer lo siguiente:
(1) Otorgar un
certificado de exención que permita durante el periodo de exención temporero
importar o adquirir partidas tributables para la reventa libre del pago de
impuesto sobre ventas y uso (IVU) a todo comerciante que sea un revendedor
(según dicho término se define en la Sección 4010.01(ww) del Código), que tenga
vigente un Certificado de Revendedor emitido conforme a lo dispuesto en la
Sección 4050.04(c) del Código. Para propósitos de este apartado, el “Periodo
de Exención Temporero” comprende desde el lunes, 6 de abril de 2020 hasta el
martes, 30 de junio de 2020.
(2) Que el
Certificado de Exención Temporero le permita al comerciante revendedor importar
o adquirir mediante compra en Puerto Rico, partidas tributables que sean
adquiridas exclusivamente para la reventa.
(o) Retención Por Servicios Profesionales – Desde el 23 de marzo al 30
de junio de 2020, ninguna empresa, agencia o patrono retendrá el diez (10) por
ciento de las cantidades pagaderas a contratistas o personas que reciban
compensación por servicios profesionales, según dispuesto en la Sección 1062.03
del Código de Rentas Internas.
(1) El relevo
de retención dispuesto en este apartado, no exime al receptor del pago de su
obligación de tributar sobre dicho ingreso en su planilla de contribución sobre
ingresos. Además, el agente retenedor deberá informar dichos pagos en su
declaración informativa por servicios prestados.
(2) Para el año
contributivo 2019, el individuo, o corporación o
cualquier otra entidad, podrá optar por la contribución
opcional aunque tenga un balance de contribución a pagar con su planilla de
contribución sobre ingresos, siempre y cuando dicho balance sea pagado en su
totalidad no más tarde de la fecha límite para radicar la planilla de
contribución sobre ingresos, sin considerar solicitud de prórroga.
(3) En el caso
de contribuyentes que se acogerán a la Contribución Opcional para el año
contributivo 2020, deberán asegurarse de cumplir con su responsabilidad
contributiva no más tarde de la fecha límite para radicar la planilla de
contribución sobre ingresos, sin considerar solicitud de prórroga.
(p) Uso de
Tarjeta del Programa de Asistencia Nutricional (PAN) en Restaurantes. – Se le
ordena a la Secretaria del Departamento de la Familia para que, dentro de diez
(10) días calendarios siguientes a la firma de esta Ley, solicite al
Departamento de Agricultura de Estados Unidos que, durante la vigencia de esta
Ley o hasta que dure la emergencia provocada por el COVID-19, lo que sea menor,
se permita que los beneficiarios de la tarjeta del PAN
puedan comprar alimentos preparados en restaurantes.
Artículo 6.-Reglamentación.
Para cumplir con
los propósitos de esta Ley se autoriza al Departamento de Hacienda a emitir
todas las normas, cartas circulares, reglas y reglamentos que entienda
prudentes y necesarias. Dicha facultad especial de reglamentación se ejercerá
sin sujeción a las disposiciones de la Ley Núm. 38-2017, según enmendada,
conocida como “Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme del Gobierno de Puerto
Rico”. No obstante las mismas deberán entrar en vigor no más tarde de diez (10)
días laborables, contados a partir de la aprobación de esta Ley. Las mismas,
así como cualesquiera enmiendas posteriores deberán publicarse en las páginas
cibernéticas del Gobierno de Puerto Rico.
Artículo 7.-Revisión
Judicial.
Para revisar las
disposiciones de la presente Ley, así como para los procedimientos de disputa
de facturas o para resolver controversias sobre las disposiciones contributivas
especiales que ésta crea, tendrá jurisdicción exclusiva, en primera instancia, la
Sala Superior de San Juan del Tribunal General de Justicia.
Artículo 8.-Separabilidad.
Esta Ley se
interpretará de acuerdo a la Constitución de Puerto Rico y la Constitución de
Estados Unidos de América. Si cualquier cláusula, párrafo, subpárrafo, oración,
palabra, letra, artículo, disposición, sección, subsección, título, capítulo,
subcapítulo, acápite o parte de esta Ley fuera anulada o declarada
inconstitucional, la orden a tal efecto dictada no afectará, perjudicará, ni
invalidará el remanente de esta Ley. El efecto de dicha orden quedará limitado
a la cláusula, párrafo, subpárrafo, oración, palabra, letra, artículo,
disposición, sección, subsección, título, capítulo, subcapítulo, acápite o
parte de la misma que así hubiere sido anulada o declarada inconstitucional.
Artículo 9.-Supremacía
Las
disposiciones de esta Ley prevalecerán sobre cualquier otra disposición general
o específica de cualquier otra ley o reglamento del Gobierno de Puerto Rico que
sea inconsistente con esta Ley.
Artículo 10.-Vigencia
Esta Ley entrará
en vigor inmediatamente después de su aprobación. Los programas gubernamentales
que se crean mediante la presente estarán en vigor mientras sean necesarios
para poder mitigar los efectos en la economía que ha producido la pandemia del
Covid-19, pero nunca se extenderán más allá del 31 de diciembre de 2021.
Notas Importantes:
1. Este
documento es una copia de la ley original cuando fue aprobada, no incluye
enmiendas posteriores.
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las Leyes del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, esta sujeto a las enmiendas
posteriores y a la integración de las enmiendas a la ley principal de las Leyes
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