Sección 1.- Se
enmiendan los incisos (x) y (z) del Artículo 1.008 de la Ley 107-2020, conocida
como “Código Municipal para Puerto Rico”, para que lea como sigue:
“Artículo
1.008 — Poderes de los Municipios
Los municipios
tendrán los poderes naturales y cedidos que le correspondan para ejercer las
facultades inherentes a sus fines y funciones. Además de lo dispuesto en este
Código o en cualesquiera otras leyes, los municipios tendrán los siguientes
poderes:
(a) …
(x) Proveer
servicios de centros de cuidado diurno a sus empleados y funcionarios de manera
compatible con los establecidos por la reglamentación estatal y federal vigente
para programas similares. El Alcalde o funcionario autorizado por este, tendrá
la obligación de notificar a la Administración de Familias y Niños el
establecimiento de dicho centro.
(y) …
(z) Conceder y
otorgar auspicios de bienes y/o servicios a cualquier persona natural o
jurídica, natural o jurídica privada, agencia pública del Gobierno Central y
del Gobierno Federal y administrar y cumplir con las condiciones y requisitos a
que estén sujetos a tales auspicios. Solamente podrá otorgarse el auspicio
cuando no se interrumpa, ni afecte adversamente las funciones, actividades y
operaciones del municipio. Dichas concesiones estarán condicionadas a que la
situación presupuestaria del municipio así lo permita.
(aa) …”
Sección 2.- Se
enmienda el inciso (t) del Artículo 1.010 de la Ley 107-2020, conocida como
“Código Municipal para Puerto Rico”, para que lea como sigue:
“Artículo
1.010 — Facultades Generales de los Municipios
Corresponde a
cada municipio ordenar, reglamentar y resolver cuanto sea necesario o
conveniente para atender las necesidades locales y para su mayor prosperidad y
desarrollo. Los municipios estarán investidos de las facultades necesarias y
convenientes para llevar a cabo las siguientes funciones y actividades:
(a)
…
(t) Se
autoriza a los municipios, previa aprobación de sus respectivas Legislaturas
Municipales, a crear, adquirir, vender y realizar toda actividad comercial
relacionada a la operación y venta de empresas y franquicias comerciales, tanto
al sector público, como privado. Los municipios podrán operar franquicias
comerciales, además de todo tipo de empresa o entidades corporativas con fines
de lucro que promuevan el desarrollo económico para aumentar los fondos de las
arcas municipales, crear nuevas fuentes de empleo y mejorar la calidad de vida
de sus constituyentes. No obstante, los municipios no crearán corporaciones con
o sin fines de lucro que compitan con otras empresas existentes dentro de sus
límites territoriales. Estas franquicias y/o empresas municipales podrán
establecerse en facilidades o estructuras gubernamentales, así como en
facilidades privadas mediante arrendamiento, subarrendamiento, cesión,
usufructo, uso y otras modalidades de posesión de propiedad que contempla el
ordenamiento jurídico en Puerto Rico. Disponiéndose, que se dará prioridad a
aquella propiedad que sea pública, siempre y cuando esté disponible y sea
viable para esos fines. Estas franquicias, empresas municipales o entidades
corporativas con fines de lucro estarán exentas del pago de arbitrios,
patentes, aranceles y de contribuciones cuando el municipio sea el propietario
u operador de la franquicia. La creación de estas corporaciones municipales
con fines de lucro, se hará mediante Ordenanza Municipal. Una vez aprobada la
Ordenanza Municipal que autoriza la creación de la corporación municipal con
fines de lucro y de la Junta de Directores, aprobada por la Legislatura
Municipal y firmada por el Alcalde, será registrada en la Secretaría Municipal
y en la Secretaría de la Legislatura Municipal para publicidad y conocimiento
del público en general. A estos efectos, se establecerá la Junta de Directores
que habrá de regir dichas corporaciones. La Junta de Directores tendrá la
facultad para promulgar y aprobar los reglamentos necesarios para la operación
y administración de las corporaciones municipales con fines de lucro para que
puedan llevar a cabo y realizar los propósitos para los cuales fueron creadas.
La Junta de Directores estará compuesta por cinco (5) miembros, todos nombrados
por el Alcalde, y será miembro compulsorio el Director de Finanzas. Uno de los
cuatro (4) miembros restantes lo será un representante del interés público. Los
otros tres (3) miembros serán funcionarios municipales. Ninguno de los miembros de la Junta de Directores ni miembro alguno
de su unidad familiar tendrán interés personal o económico, directo o indirecto
con la empresa municipal; franquicia, o negocio que realice la corporación
municipal. En caso de surgir tales conflictos, el miembro de la Junta deberá
dar cumplimiento estricto con el Artículo 4.5 de la Ley 1-2012, según
enmendada, conocida como “Ley Orgánica de la Oficina de Ética Gubernamental de
Puerto Rico”. Estas corporaciones municipales con
fines de lucro tendrán personalidad jurídica propia e independiente para
demandar y ser demandada. En ningún momento, el municipio responderá por
reclamaciones que se lleven a cabo en contra de la corporación municipal con
fines de lucro una vez creada.
Asimismo, se
autoriza al municipio a establecer mediante reglamento el proceso a seguir en
lo relacionado a este Artículo, incluyendo cómo se otorgará el capital inicial,
la devolución del mismo, la cual constituirá la prioridad a ser considerada
cuando la franquicia genere ganancias y en caso de municipios con déficit, no
se podrá inyectar más del capital original en casos de que el negocio no se
materialice de conformidad al estudio de viabilidad, recomendándose la venta
inmediata del negocio. Por otro lado, las franquicias por considerarse empresas
privadas en caso de disminución de capital o insolvencia, y antes de la venta
de la misma, podrán reorganizarse de conformidad al Capítulo XI o el XIII,
según aplique, a base de la cuantía de su activo de capital, a las
disposiciones de la Ley de Quiebras Federal y de igual manera podrá acogerse a
los beneficios de la quiebra total. Previo a cualquier transacción relacionada
con la facultad aquí otorgada, los municipios deberán cumplir con las
siguientes disposiciones:
(1) Previo a
cualquier paso dirigido a adquirir una (1) o más franquicias, el municipio
realizará un estudio de viabilidad y mercadeo cuyos resultados indiquen tanto
el grado de éxito que podrían tener estas franquicias, así como el riesgo de
pérdida, agotamiento o cualquier otro factor negativo que pueda redundar en
pérdidas para los municipios. A tales efectos, se celebrará una vista pública.
Una copia de este estudio será enviada al Autoridad de Asesoría Financiera y
Agencia Fiscal de Puerto Rico (AAFAF) para que sea evaluada por su personal y
someta sus comentarios al respecto.
(2) Una vez se
reciban los comentarios de los funcionarios de la AAFAF, se preparará un
proyecto de resolución, el cual se someterá a la Legislatura Municipal para su
evaluación y aprobación con por lo menos dos terceras (2/3) partes de los
miembros de la Legislatura. Se incluirá con el proyecto de resolución un
borrador del reglamento que regulará las operaciones de las franquicias
adquiridas. Los municipios ejercerán cautela al momento de decidir qué concepto
de franquicia adoptar y la trayectoria de sus franquiciadores.
(3) Los
municipios no podrán denegar cualquier endoso o permiso a quienes interesen
establecer negocios u operar franquicias comerciales cuyos productos sean similares
a los que produce el municipio y cuya localización física sea extremadamente
cerca. Estos casos podrán referirse a la Oficina de Gerencia de Permisos para
recomendación de esta, o a la agencia estatal responsable de otorgar los
permisos. Los municipios con Planes de Ordenación Territorial aprobados de
conformidad con el Capítulo 13 de la Ley 81-1991, según enmendada, conocida
como “Ley de Municipios Autónomos de Puerto Rico”, podrán ceder de manera
discrecional su facultad legal, para la pureza de los procedimientos, cuando lo
estimen necesario o debido a la existencia de un claro conflicto de interés, en
la concesión de un permiso.
(4) Los
municipios establecerán planes de monitoría y programas de fiscalización
rigurosa para asegurar la sana administración y manejo correcto de las
operaciones de las empresas municipales y la transparencia fiscal y
administrativa de estas.
(5) Las
empresas de franquicias, autorizadas a crearse mediante este Código, mantendrán
en una cuenta especial o certificado de depósito que genere intereses a favor
del erario público, el veinticinco por ciento (25%) de las ganancias será
utilizado para expandir la franquicia y generar más empleos, o para garantizar
la operación de la misma, en caso de que ocurra una crisis económica que
encarezcan los costos de producción o reduzca el consumo. El restante se
depositará en las arcas Municipales para las obras pertinentes de conformidad
con la Ley 107-2020, conocida como “El Código Municipal de Puerto Rico”. Se
requerirá la preparación de un estado de cuenta auditado. De conformidad con lo
establecido en el Artículo 2.014(b), los resultados de las operaciones de las
empresas municipales creadas u organizadas conforme a este Artículo 1.010(t),
así como cualquier otra información financiera de dichas empresas serán
incorporadas en los estados financieros auditados de los municipios que hayan
creado u organizado dichas empresas municipales.
(6) Los
municipios deberán registrar las empresas, franquicias o corporaciones
municipales, así como sus nombres, marcas y logos, creadas por virtud de este
Código, en el Departamento de Estado de Puerto Rico, en el término de treinta
(30) días, contados a partir de que la correspondiente Ordenanza Municipal sea
aprobada y firmada por el Alcalde.
Las
franquicias comerciales y empresas o entidades corporativas con fines de lucro,
establecidas al amparo de este Código, podrán ser disueltas a petición de los
Alcaldes mediante la aprobación de una ordenanza municipal por la Legislatura
Municipal y firmada por el Alcalde.
…”
Sección 3.- Se
enmienda el inciso (h) del Artículo 1.011 de la Ley 107-2020, conocida como “Código
Municipal para Puerto Rico”, para que lea como sigue:
“Artículo
1.011 — Requisitos para el Cargo de Alcalde
Todo aspirante
a Alcalde deberá cumplir a la fecha de tomar posesión del cargo, con los
siguientes requisitos:
(a)
…
(h) Una vez
sea electo o reelecto se requiere que tome seminarios relacionados a la
administración de los municipios, los cuales serán preparados y ofrecidos por
la Oficina del Contralor de Puerto Rico y la Oficina de Ética Gubernamental.
Los Alcaldes deberán participar en los seminarios prescritos, los cuales
estarán dirigidos a fortalecer las áreas de administración de recursos humanos,
finanzas, ética, manejo de presupuesto y uso de fondos federales, entre otros.
Los Alcaldes podrán tomar los seminarios ofrecidos por la Federación y la
Asociación de Alcaldes. La participación en los seminarios dispuestos en este
Código no exime a los Alcaldes de participar y cumplir con los requisitos de
adiestramientos y seminarios establecidos en la Ley 58-2020, conocida como
“Código Electoral de Puerto Rico de 2020”.
El Alcalde
participará de un mínimo de dos (2) seminarios anuales. Esto también aplicará a
los directores de finanzas municipales y aquellos funcionarios encargados de
compras, adquisiciones y subastas municipales.”
Sección 4.- Se
enmienda el Artículo 1.012 de la Ley 107-2020, conocida como “Código Municipal para Puerto Rico”, para que lea
como sigue:
“Artículo
1.012 — Elección del Alcalde
El Alcalde
será electo por el voto directo de los electores cualificados del municipio a
que corresponda en cada elección general y ocupará dicho cargo por el término
de cuatro (4) años, contados a partir del segundo lunes del mes de enero del
año siguiente a la elección general en que sea electo, y ejercerá el cargo
hasta que su sucesor tome posesión del mismo.
Cuando el
Alcalde electo no tome posesión de su cargo en la fecha antes dispuesta en este
Código, se le concederá un término de quince (15) días adicionales para
juramentar y asumir su cargo.”
Sección 5.- Se
enmienda el Artículo 1.029 de la Ley 107-2020, conocida como “Código Municipal
para Puerto Rico”, para que lea como sigue:
“Artículo
1.029 — Residenciamiento de Legislador Municipal
Una vez hayan
tomado posesión, los miembros de la Legislatura Municipal solo podrán ser
separados de sus cargos mediante un proceso de residenciamiento, instado por
una tercera (1/3) parte del número total de sus miembros. Serán causales para
el residenciamiento el haber sido convicto de delito grave; haber sido convicto
de delito menos grave que implique depravación moral; haber incurrido en
conducta inmoral; o haber incurrido en actos ilegales que impliquen abandono,
negligencia inexcusable o conducta lesiva a los mejores intereses públicos en
el desempeño de sus funciones.
...”
Sección 6.- Se
enmienda el Artículo 1.042 de la Ley 107-2020, conocida como “Código Municipal
para Puerto Rico”, para que lea como sigue:
“Artículo
1.042 — Consulta con Otros Organismos
Cuando se
trate de ordenanzas o resoluciones autorizando empréstitos que autorice a los
municipios a incurrir en deudas que graven el margen prestatario dispuesto por
ley para dicho municipio, se requerirá que la Autoridad de Asesoría Financiera
y Agencia Fiscal de Puerto Rico (AAFAF), certifique que el municipio tiene
suficiente margen prestatario para cumplir con dicha obligación. La
certificación se emitirá dentro de los sesenta (60) días a partir de la fecha
de recibo de la solicitud del municipio a la AAFAF debidamente completada,
según certificada por esta última entidad. Además de la certificación, la AAFAF
emitirá un informe sobre la viabilidad del financiamiento, una vez presentado
por el municipio. El informe se emitirá en un término de sesenta (60) días a
partir de la fecha de presentación del municipio. De no emitirse el informe
dentro del término prescrito, se entenderá que el financiamiento es viable. En
ambos casos, de no emitirse la certificación e informe solicitados por los
municipios, descritos en este Artículo, dentro de los términos prescritos, los
municipios podrán acudir al tribunal en solicitud de una orden de mandamus
contra la AAFAF. Además, se dispone que los municipios podrán realizar préstamos
con cualquier entidad gubernamental u otras fuentes de financiamiento e
invertir sus fondos, a tenor con este Código.”
Sección 7.- Se
enmienda el inciso (h) del Artículo 2.005 de la Ley 107-2020, conocida como
“Código Municipal para Puerto Rico”, para que lea como sigue:
“Artículo
2.005— Deberes Generales de los Directores de Unidades Administrativas
Sin que se
entienda como una limitación, los directores de unidades administrativas
tendrán respecto de las mismas, los deberes que a continuación se establecen:
(a)
…
(h) Realizar
las gestiones necesarias y adecuadas para la entrega y transferencia ordenada
de todos los documentos, libros y propiedad bajo su custodia, previo inventario
al efecto, en todo caso que cese en sus funciones como director de la unidad
administrativa y en todo caso que se produzca un cambio de administración, como
lo disponen los Artículos 2.001 y el 2.013 de este Código.
…”
Sección 8.- Se
enmienda el Artículo 2.012 de la Ley 107-2020, conocida como “Código Municipal
para Puerto Rico”, para que lea como sigue:
“Artículo
2.012— Custodia y Control de la Propiedad Municipal
La custodia,
cuidado, control y contabilidad de la propiedad municipal adquirida y asignada
para uso por las Ramas Ejecutiva y Legislativa será responsabilidad del Alcalde
y la Legislatura Municipal o sus representantes autorizados, respectivamente.
Todo
funcionario o empleado municipal que haga uso o asuma la custodia, cuidado y
control físico de cualquier propiedad municipal, responderá al municipio por su
valor en casos de pérdida, deterioro indebido o daño ocasionado por negligencia
o falta de cuidado a la misma.
Será de
aplicación el Artículo 74-A del Código Político, el cual dispone que cuando una
agencia, incluyendo los municipios, determine que cualquiera de sus
funcionarios o empleados está al descubierto en sus cuentas, no ha rendido
cuenta cabal, o ha dispuesto de fondos o bienes públicos para fines no
autorizados por ley; o que cualquiera de sus funcionarios o empleados o persona
particular sin autorización legal ha usado, destruido, dispuesto, o se ha
beneficiado de fondos o bienes públicos bajo el dominio, control o custodia de
la agencia, lo notificará al Contralor de Puerto Rico para la acción que
corresponda, en un término no mayor de diez (10) días laborables desde que se
alcance la determinación. La agencia será responsable de realizar una
investigación a fin de determinar las causas y circunstancias en que se produjo
la pérdida o distribución de tales bienes y fondos públicos, tomar las medidas
administrativas que sean necesarias para corregir la deficiencia que propició
la pérdida y ordenar las acciones y sanciones que procedan contra los
funcionarios o empleados responsables de tal actuación; entre otras acciones.”
Sección 9.- Se
enmienda el Artículo 2.014 de la Ley 107-2020, conocida como “Código Municipal
para Puerto Rico”, para que lea como sigue:
“Artículo
2.014— Contratación de Servicios
El municipio
podrá contratar los servicios profesionales, técnicos y consultivos que sean necesarios
para llevar a cabo las actividades, programas y operaciones municipales o para
cumplir con cualquier fin público autorizado por este Código o por cualquier
otro estatuto aplicable. No obstante, todo contrato que se ejecute o suscriba
en contravención a lo dispuesto en este Artículo será nulo y no tendrá efecto,
y los fondos públicos invertidos en su administración o ejecución serán
recobrados a nombre del municipio mediante acción incoada a tal propósito.
…
Todo contrato
otorgado por el municipio, tendrá que cumplir con los siguientes requisitos:
(a) …
(b) …
(c) …
(d) …
(e) cualquier otro requisito contemplado por ley. Además, todo
contrato será registrado en la Oficina del Contralor de Puerto Rico, en
cumplimiento con la Ley Núm. 18 de 30 de octubre de 1975, según enmendada. Asimismo,
será nulo todo contrato que se ejecute o suscriba en contravención a las
siguientes disposiciones especiales:
(a) …
(b) Contratos para servicios de auditoría
El municipio
deberá contratar los servicios de un auditor externo debidamente cualificado y
certificado como contador público autorizado, quien deberá recibir orientación de
los recursos humanos de la Oficina del Contralor y será responsable del examen
anual de los estados financieros municipales. Dicho contrato será suscrito por
lo menos noventa (90) días antes del cierre del año fiscal a ser evaluado.
El informe
sobre los estados financieros municipales que deberá preparar el auditor
externo contratado por el municipio pasará su análisis sobre la confiabilidad y
corrección de dichos estados financieros, y el cumplimiento con las
disposiciones del Single Audit Act of 1984, (P.L. 98-502), según enmendada, con
las recomendaciones del Contralor y la corrección de las fallas señaladas en
sus informes previos. Los estados financieros auditados de los
municipios que hayan creado u organizado empresas municipales conforme al
Artículo 1.010(t) de este Código deberán incorporar como parte de dichos
estados auditados información sobre las operaciones fiscales y de negocios de
las empresas municipales incluyendo, sin limitación, todos los activos y toda
propiedad municipal usada por dichas empresas municipales y todos los activos y
propiedad municipal contribuida a las mismas, todo el efectivo, propiedad o
cualquier otro beneficio que reciban los municipios de dichas empresas
municipales, todos aquellos gastos pagados por los municipios para beneficio de
tales empresas municipales, y cualquier otra información relevante.
(c) …
(1) …
(2) …
(3) …
…
Los municipios
mantendrán un registro de todos los contratos que otorguen, incluyendo las
enmiendas a los mismos y enviarán copia de éstos y de las escrituras de
adquisición y disposición de bienes a la Oficina del Contralor de Puerto Rico,
conforme a la Ley Núm. 18 de 30 de octubre de 1975, según enmendada, y su
Reglamento. También cumplirán con las disposiciones de la Ley 265-2003, según
enmendada, conocida como “Ley para reglamentar ciertos contratos
gubernamentales de financiamiento y arrendamiento de bienes muebles”, que le
sean aplicables.
...”
Sección 10.-
Se enmiendan los incisos (a) y (e) del Artículo 2.040 de la Ley 107-2020, conocida
como “Código Municipal para Puerto Rico”, para que lea como sigue:
“Artículo
2.040—Funciones y Deberes de la Junta
La Junta
entenderá y adjudicará todas las subastas que se requieran por ley, ordenanza o
reglamento y en los contratos de arrendamiento de cualquier propiedad mueble o
inmueble y de servicios, tales como servicios de vigilancia, mantenimiento de
equipo de refrigeración y otros.
a. Criterios
de adjudicación— Cuando se trate de compras, construcción o suministros de
servicios, la Junta adjudicará a favor del postor razonable más bajo. En el
caso de ventas o arrendamiento de bienes muebles e inmuebles adjudicará a favor
del postor más alto. La Junta hará las adjudicaciones tomando en consideración
que las propuestas sean conforme a las especificaciones, los términos de
entrega, la habilidad del postor para realizar y cumplir con el contrato, la
responsabilidad económica del licitador, su reputación e integridad comercial,
la calidad del equipo, producto o servicio y cualesquiera otras condiciones que
se hayan incluido en el pliego de subasta.
La Junta podrá
adjudicar a un postor que no sea necesariamente el más bajo o el más alto, según
sea el caso, si con ello se beneficia el interés público. En este caso, la
Junta deberá hacer constar por escrito las razones aludidas como beneficiosas
al interés público que justifican tal adjudicación.
La
adjudicación de una subasta será notificada a todos los licitadores
certificando el envío de dicha adjudicación mediante correo certificado con
acuse de recibo, o mediante correo electrónico, si así fue provisto por el
licitador o licitadores. En la consideración de las ofertas de los licitadores,
la Junta podrá hacer adjudicaciones por renglones cuando el interés público así
se beneficie. La Junta de Subasta notificará a los licitadores no agraciados
las razones por las cuales no se le adjudicó la subasta. Toda adjudicación
tendrá que ser notificada a cada uno de los licitadores, apercibiéndolos del
término jurisdiccional de diez (10) días para solicitar revisión judicial de la
adjudicación ante el Tribunal de Apelaciones, de conformidad con el Artículo
1.050 de este Código.
b. …
e. Adjudicación
de Subastas en momentos de emergencia o desastre-
En momentos en
que surjan emergencias o desastres declarados por el Presidente de Estados
Unidos, el Gobernador de Puerto Rico o el Alcalde, en los que el procedimiento
de subasta pública ponga en riesgo la salud o la seguridad, la adjudicación de
las subastas se llevarán a cabo de la siguiente manera:
1.
…
7. La
adjudicación de una subasta será notificada a todos los licitadores
certificando el envío de dicha adjudicación mediante correo certificado con
acuse de recibo, o mediante correo electrónico, si así fue provisto por el
licitador o licitadores. En la consideración de las ofertas de los licitadores,
la Junta podrá hacer adjudicaciones por renglones cuando el interés público así
se beneficie. La Junta de Subasta notificará a los licitadores no agraciados
las razones por las cuales no se le adjudicó la subasta. Toda adjudicación
tendrá que ser notificada a cada uno de los licitadores, apercibiéndolos del
término jurisdiccional de diez (10) días para solicitar revisión judicial de la
adjudicación ante el Tribunal de Apelaciones, de conformidad con el Artículo
1.050 de este Código.
…”
Sección 11.-
Se enmienda el Artículo 2.042 de la Ley 107-2020, conocida como “Código
Municipal para Puerto Rico”, para que lea como sigue:
“Artículo
2.042— Sistema de Recursos Humanos Municipal
Cada municipio
establecerá un sistema autónomo para la administración de los recursos humanos
municipales.
Dicho sistema
se regirá por el principio de mérito, de modo que promueva un servicio público
de excelencia sobre los fundamentos de equidad, justicia, eficiencia y
productividad, sin discrimen por razones de raza, color, sexo, nacimiento,
edad, orientación sexual, identidad de género, origen o condición social, ni
por ideas políticas o religiosas, ni por ser víctima de violencia doméstica, ni
por ser víctima de agresión sexual o acecho, ni por ser veterano(a) de las
Fuerzas Armadas, ni tampoco por impedimento físico o mental. Este sistema
deberá ser cónsono con las guías que prepare la Oficina de Administración y
Transformación de los Recursos Humanos del Gobierno de Puerto Rico (OATRH) en
virtud de la Ley 8-2017, según enmendada, conocida como “Ley para la
Administración y Transformación de los Recursos Humanos en el Gobierno de
Puerto Rico”.
…
Los municipios
podrán contratar los servicios de consultores privados especializados en la
administración de personal, cuando sus necesidades lo requieran y sus recursos
fiscales lo permitan. El contrato de servicio de consultaría contendrá, entre
otras cosas, una disposición contemplando la responsabilidad civil del
consultor. Podrán, además, utilizar los servicios de la OATRH mediante acuerdo
con esta. Si el servicio a contratarse responde a la preparación de Planes de
Clasificación y Retribución o a reglamentos para la administración de recursos
humanos, el contratista deberá estar autorizado para brindar tales servicios,
conforme a la facultad delegada a la OATRH.”
Sección 12.-
Se enmienda el Artículo 2.044 de la Ley 107-2020, conocida como “Código
Municipal para Puerto Rico”, para que lea como sigue:
“Artículo
2.044 — Composición del Servicio de los Recursos Humanos
El servicio
público municipal se compondrá del servicio de confianza, el servicio de
carrera, nombramiento transitorio o nombramiento irregular.
(a) …
(b) …
(c) …
(d) …
Los empleados
de las corporaciones o franquicias municipales no serán considerados como
empleados públicos mientras ocupen dichas posiciones y les serán aplicables las
leyes y normas que aplican a los empleados del sector privado.
…
En los casos
que el empleado haya sido destituido o suspendido de empleo y sueldo, y
posterior a ello, la Comisión Apelativa del Servicio Público (CASP) o un
Tribunal con jurisdicción ordene la restitución al puesto o a un puesto similar
al que ocupaba y se complete el proceso de retribución, el pago parcial o total
de salarios, desde la fecha de la efectividad de la destitución o de la
suspensión de empleo y sueldo, se eliminará del expediente de recursos humanos
toda referencia a la destitución o a la suspensión de empleo y sueldo de la que
fue objeto. En los casos de destitución también se notificará al Departamento
del Trabajo y Recursos Humanos para que allí se elimine cualquier referencia a
la destitución.
…”
Sección 13.-
Se enmienda el inciso (a) del Artículo 2.045 de la Ley 107-2020, conocida como
“Código Municipal para Puerto Rico”, para que lea como sigue:
“Artículo
2.045 — Estado Legal de los Empleados
Los empleados
municipales serán clasificados como de confianza, empleados regulares de
carrera, empleados probatorios de carrera, empleados transitorios o empleados
irregulares.
(a) Empleados de Confianza
…
En tales
casos, el empleado removido podrá solicitar su habilitación al Secretario del
Departamento del Trabajo y Recursos Humanos, según se establece en la Ley
8-2017, según enmendada, conocida como “Ley para la Administración y
Transformación de los Recursos Humanos en el Gobierno de Puerto Rico”, o
cualquier otra ley que la sustituya.
...”
Sección 14.-
Se enmienda el Artículo 2.048 de la Ley 107-2020, conocida como “Código
Municipal para Puerto Rico”, para que lea como sigue:
“Artículo
2.048 —Disposiciones sobre Reclutamiento y Selección
Todo municipio
deberá ofrecer la oportunidad de ocupar puestos de carrera o transitorios a
cualquier persona cualificada que interese participar en las funciones públicas
del municipio. Esta participación se establecerá en atención al mérito del
candidato, sin discrimen por razón de raza, color, sexo, nacimiento, edad,
orientación sexual, identidad de género, origen o condición social, ni por
ideas políticas o religiosas, ni por ser víctima de agresión sexual o acecho,
ni por ser veterano(a) de las Fuerzas Armadas, ni tampoco por impedimento
físico o mental.
(a) …
(1) …
(7) …
Las últimas
cinco (5) causales no se aplicarán cuando el candidato haya sido habilitado
para el servicio público por el Secretario del Departamento del Trabajo.
...”
Sección 15.-
Se enmienda el inciso (f) del Artículo 2.057 de la Ley 107-2020, conocida como
“Código Municipal para Puerto Rico”, para que lea como sigue:
“Artículo
2.057 — Beneficios Marginales
Los empleados
municipales tendrán derecho, adicionalmente a los beneficios marginales que se
establecen por leyes especiales, incluyendo las disposiciones vigentes sobre
días feriados, a los siguientes beneficios marginales:
(a) Días
feriados — Se considerarán días feriados aquellos declarados como tales por el Gobernador
de Puerto Rico o por ordenanza municipal.
(b) …
(c) …
...”
Sección 16.-
Se enmienda el Artículo 2.058 de la Ley 107-2020, conocida como “Código Municipal para Puerto Rico”, para que lea
como sigue:
“Artículo
2.058 — Licencias
(a) …
(b) Licencia por enfermedad — Todo empleado de carrera, de confianza y
transitorio que al momento de la vigencia de este Código se encuentre empleado,
tendrá derecho a licencia por enfermedad a razón de un día y medio (1½) por
cada mes de servicio. Los empleados a jornada parcial acumularán licencias por
enfermedad en forma proporcional al número de horas en que presten servicios.
Los municipios podrán conceder, mediante reglamento, beneficio mayor al aquí
indicado, el cual nunca excederá de uno y medio (1 1/2) día por mes de
servicio.
La licencia
por enfermedad se utilizará exclusivamente cuando el empleado se encuentre
enfermo, incapacitado o expuesto a una enfermedad contagiosa que requiera su
ausencia del trabajo para su protección o la de otras personas. La autoridad
nominadora podrá exigirle al empleado un certificado médico, expedido por un
médico autorizado a ejercer la medicina en Puerto Rico, donde se certifique que
estaba incapacitado para el trabajo durante el período de ausencia. Este
certificado especificará las razones médicas de la incapacidad y por cuánto
tiempo estará incapacitado. El municipio aprobará reglamentación concerniente a
los procedimientos de ausencia del trabajo por razón de enfermedad y del
certificado de incapacidad, cuando el período de ausencia se extienda por tres
(3) días laborables o más.
Todo empleado
podrá disponer de hasta un máximo de cinco (5) días al año de los días
acumulados por enfermedad, siempre y cuando mantenga un balance mínimo de doce
(12) días, para solicitar una licencia especial, con el fin de utilizar la
misma para las siguientes circunstancias:
(1) El cuidado y atención por razón de enfermedad de sus hijos o
hijas.
(2) Enfermedad o gestiones de persona de edad avanzada o con
impedimentos dentro del núcleo familiar, entiéndase cuarto grado de
consanguinidad, segundo de afinidad o persona que vivan bajo el mismo techo o
persona sobre las que se tenga custodia o tutela legal. Disponiéndose que las
gestiones a realizarse deberán ser cónsonas con el propósito de la licencia de
enfermedad; es decir, al cuidado y la atención relacionada a la salud de las
personas aquí comprendidas.
(i) Persona
de edad avanzada significará toda aquella persona que tenga sesenta (60) años o
más.
(ii) Persona
con impedimentos significará toda persona que tiene un impedimento físico,
mental o sensorial que limita sustancialmente una (1) o más actividades
esenciales de su vida.
(3) Primera
comparecencia de toda parte peticionada, víctima o querellante en
procedimientos administrativos y/o judiciales ante todo Departamento, Agencia,
Corporación o Instrumentalidad Pública del Gobierno de Puerto Rico en casos de
peticiones de pensiones alimentarias, violencia doméstica, hostigamiento sexual
en el empleo o discrimen por razón de género. El empleado presentará evidencia expedida
por la autoridad competente acreditativa de tal comparecencia.
La licencia
por enfermedad se podrá acumular hasta un máximo de noventa (90) días
laborables al finalizar cualquier año natural. El empleado podrá utilizar toda
la licencia por enfermedad que tenga acumulada durante cualquier año natural.
En casos en que el empleado no tenga suficiente licencia por enfermedad
acumulada, la autoridad nominadora podrá anticipar la misma por un lapso
razonable, según lo justifiquen las circunstancias y los méritos del caso,
hasta un máximo de dieciocho (18) días laborables.
No obstante,
siempre que la situación fiscal así lo permita, se faculta a los organismos
municipales, mediante ordenanza municipal adoptada a esos efectos, a pagar el
balance en exceso de los noventa (90) días laborables al finalizar cualquier
año natural.
(c) …
(d) …
(e) Licencia por Paternidad
Todo empleado
tendrá derecho a solicitar que se le conceda licencia con sueldo por
paternidad, siempre y cuando cumpla con los siguientes requisitos:
(1) La
licencia por paternidad comprenderá el período de quince (15) días laborables,
a partir de la fecha de nacimiento del hijo o hija.
(2) Al
reclamar este derecho,
(3) El
empleado solicitará la licencia por paternidad, y a la mayor brevedad posible,
someterá el certificado de nacimiento.
(4) Durante
el período de la licencia por paternidad, el empleado devengará la totalidad de
su sueldo.
(5) En el
caso de un empleado con estatus transitorio, la licencia por paternidad no
excederá del período de nombramiento.
(6) La
licencia por paternidad no se concederá a empleados que estén en disfrute de
cualquier otro tipo de licencia, con o sin sueldo. Se exceptúa de esta
disposición a los empleados a quienes se les haya autorizado licencia de
vacaciones o licencia por enfermedad.
(7) El
empleado que adopte a un menor de edad tendrá derecho a una licencia de
paternidad que comprenderá el período de quince (15) días, contados a partir de
la fecha en que se notifique el decreto judicial de la adopción y
simultáneamente se reciba al menor en el núcleo familiar, lo cual debe
acreditarse con una certificación de la agencia encargada del proceso de
adopción, en la cual se expresará la fecha de adopción. Al reclamar este
derecho, el empleado certificará que no ha incurrido en violencia doméstica,
delito de naturaleza sexual y maltrato de menores. Dicha certificación se
realizará mediante la presentación del formulario requerido por el municipio a
tales fines.
(8) Aquel
empleado que, individualmente, adopte a un menor de edad, tendrá derecho a una
licencia de paternidad que comprenderá el período de ocho (8) semanas, contados
a partir de la fecha en que se notifique el decreto judicial de la adopción y
simultáneamente se reciba al menor en el núcleo familiar, lo cual debe
acreditarse con una certificación de la agencia encargada del proceso de
adopción, en la cual se expresará la fecha de adopción. Al reclamar este
derecho, el empleado certificará que no ha incurrido en violencia doméstica ni
delito de naturaleza sexual ni maltrato de menores.
(9) Las
cláusulas (4) a la (6) de este inciso serán de igual aplicación en los casos en
que el empleado solicite los beneficios de la licencia establecida en los
incisos (7) y (8).
(f) Licencia por Adopción
Todo empleado o
empleada que adopte un menor de edad tendrá derecho a un descanso de ocho (8)
semanas, contados a partir del día de la adopción.
(1)
Sueldo completo y acumulación de otras
licencias
…
(2) Solicitud
de licencia
…
(3) Despido
sin justa causa
…
(g) …
(i)
Transferencia de Licencias
Se autoriza la
transferencia de licencias por vacaciones y por enfermedad acumulada por un
funcionario o empleado municipal, al pasar de un puesto a otro dentro de
cualquiera agencia o dependencia del Gobierno de Puerto Rico e incluyendo los
de la Rama Legislativa, la Rama Judicial y los municipios.
El municipio
certificará, y la agencia que adquiera los servicios aceptará y acreditará, el
número de días por vacaciones acumuladas por dicho funcionario o empleado hasta
un máximo de sesenta (60) días de licencia por vacaciones y de noventa (90)
días de licencia por enfermedad. Esto, siempre que al sumar las licencias
transferidas de conformidad con lo aquí provisto con los que el empleado haya acumulado,
en virtud del Artículo 2.050 de este Código no exceda los máximos de sesenta
(60) y noventa (90) días aquí dispuesto.
Asimismo, el
municipio que adquiera los servicios de un funcionario o empleado de cualquier
agencia o dependencia del Gobierno de Puerto Rico, incluyendo los de la Rama
Legislativa y la Rama Judicial u otro municipio, aceptará y acreditará el
número de días por vacaciones y por enfermedad acumulado por dicho funcionario
o empleado hasta un máximo de sesenta (60) días de licencia por vacaciones y
noventa (90) días por enfermedad.
(j) Cesión de
Licencias por Vacaciones y de Enfermedad
Uno (1) o más funcionarios
o empleados municipales o de cualquier otra rama del Gobierno de Puerto Rico o
corporación pública pueden ceder, como cuestión de excepción, a otro
funcionario, empleado municipal o a cualquier otro funcionario o empleado
gubernamental que trabaje en cualquiera de las tres (3) ramas del Gobierno de
Puerto Rico o corporación pública, licencias acumuladas por vacaciones y/o de
enfermedad, cuando:
(1)
…
Ningún
funcionario o empleado podrá transferir a uno o más funcionarios o empleados un
número mayor de cinco (5) días acumulados por licencia por vacaciones y cinco
(5) días acumulados por licencia por enfermedad para un total de diez (10) días
durante un (1) mes y el número de días a cederse de forma acumulativa no podrá
ser mayor de veinte (20) días al año.
…
A los efectos
de este Artículo, los siguientes términos tendrán el significado que a
continuación se expresa:
(i) Funcionario
o empleado municipal — Significa todo funcionario, empleado y personal que
trabaje para cualquier municipio de Puerto Rico.
(ii)
Funcionario o empleado cesionario — Significa un funcionario o empleado municipal,
o de cualquier otra rama del Gobierno de Puerto Rico o corporación pública al
cual se le ceden días de licencias por vacaciones y/o enfermedad por razón de
una emergencia personal.
(iii)
Funcionario o empleado cedente — Significa un funcionario o empleado municipal,
o de cualquier otra rama del Gobierno de Puerto Rico o corporación pública que
transfiere parte de sus días de licencias por vacaciones y/o enfermedad a favor
de un funcionario o empleado cesionario.
…
(k) Pago
Global por Licencia Acumulada
…
De igual
forma, a todo funcionario y empleado municipal se le pagará la licencia por
enfermedad que tenga acumulada, hasta un máximo de noventa (90) días
laborables, a su separación del servicio para acogerse a la jubilación si es
participante de algún sistema de retiro auspiciado por el Gobierno de Puerto
Rico. Si no lo fuere a su separación definitiva del servicio, debe haber
prestado, por lo menos, diez (10) años de servicio. Esta suma global por
concepto de ambas licencias se pagará a razón del sueldo que el funcionario o
empleado estuviere devengando al momento de su separación del servicio,
independientemente de los días que hubiere disfrutado de estas licencias
durante el año.
…”
Sección 17.-
Se enmienda el inciso (e) del Artículo 2.060 de la Ley 107-2020, conocida como
“Código Municipal para Puerto Rico”, para que lea como sigue:
“Artículo
2.060 —Expedientes
Cada municipio
mantendrá un expediente de sus empleados que refleje el historial completo de
estos, desde la fecha de su ingreso original en el servicio público hasta el
momento de su separación definitiva del servicio en dicho municipio.
(a)
…
(e) En los
casos que el empleado haya sido destituido o suspendido de empleo y sueldo,
cuando la Comisión Apelativa del Servicio Público o un Tribunal con
jurisdicción ordene la restitución al puesto o a un puesto similar al que
ocupaba y se complete el proceso de retribución, el pago parcial o total de
salarios y se concedan los beneficios marginales dejados de percibir por este
desde la fecha de la efectividad de la destitución o de la suspensión de empleo
y sueldo, se eliminará del expediente de recursos humanos del empleado toda
referencia a la destitución o a la suspensión de empleo y sueldo de la que fue
objeto. En los casos de destitución, también se notificará al Departamento del
Trabajo y Recursos Humanos del Gobierno de Puerto Rico para que allí se elimine
cualquier referencia a la destitución.
…”
Sección 18.-
Se enmienda el Artículo 2.062 de la Ley 107-2020, conocida como “Código
Municipal para Puerto Rico”, para que lea como sigue:
“Artículo
2.062 — Funciones de la Oficina de Administración y Transformación de los
Recursos Humanos
…
Toda persona
que se someta al procedimiento de reclutamiento para ingresar al Gobierno
Municipal y resulte inelegible por haber incurrido en las causas de
inelegibilidad establecidas por ley y todo empleado de carrera, transitorio o
irregular que haya sido destituido por cualquier Gobierno Municipal, podrá
solicitar su habilitación al Secretario del Departamento del Trabajo y Recursos
Humanos, según se establece en la Ley 8-2017, según enmendada, conocida como
“Ley para la Administración y Transformación de los Recursos Humanos en el
Gobierno de Puerto Rico”.”
Sección 19.-
Se enmienda el Artículo 2.066 de la Ley 107-2020, conocida como “Código
Municipal para Puerto Rico”, para que lea como sigue:
“Artículo
2.066 — Retiro Temprano
El Alcalde,
con la aprobación de la Legislatura Municipal, podrá llevar a cabo el proceso
de retiro temprano de los funcionarios y empleados municipales, según dispone la
legislación aplicable a estos fines.”
Sección 20.-
Se enmienda el Artículo 2.085 de la Ley 107-2020, conocida como “Código
Municipal para Puerto Rico”, para que lea como sigue:
“Artículo
2.085 — Prohibición de Discrimen
No se podrá
establecer, en la implementación u operación de las disposiciones de este
Capítulo VII del Libro II, discrimen alguno por motivo de la raza, color, sexo,
nacimiento, orientación sexual, identidad de género, origen o condición social,
ni ideas políticas o religiosas, ni por ser víctima de agresión sexual o acecho,
ni por ser veterano(a) de las Fuerzas Armadas, ni tampoco por impedimento
físico o mental.”
Sección 21.-
Se enmiendan los subincisos (6) y (7) del inciso (f) del Artículo 2.110 de la
Ley 107-2020, conocida como “Código Municipal para Puerto Rico”, para que lea
como sigue:
“Artículo
2.110 — Pago del Arbitrio de Construcción - Reclamaciones y Otros
Los municipios
aplicarán las siguientes normas con relación al arbitrio de construcción:
(a) …
(f) Exenciones
— Mediante ordenanza aprobada al efecto, la Legislatura Municipal podrá eximir
total o parcialmente el pago de arbitrio de construcción a:
(1) …
(6) Las
instituciones cívicas o religiosas que operen sin fines de lucro, dedicadas al
desarrollo y bienestar de la ciudadanía en general, registradas como tales en
el Departamento de Estado del Gobierno de Puerto Rico y que, al momento de
solicitar la exención, estén operando como tales. Dichas instituciones deberán
contar con una certificación federal, conforme a la Sección 501(c)(3) del
Código de Rentas Internas de Estados Unidos. La ordenanza municipal que la
Legislatura Municipal apruebe, conforme a este inciso, requerirá del voto
afirmativo de la mayoría del número total de los miembros que componen la
Legislatura Municipal.
(7) La
construcción, mejoras o ampliación de lo siguiente:
(i) farmacias,
(ii)
hospitales y centros de salud,
(iii)
laboratorios clínicos,
(iv) plantas
manufactureras,
(v) centros
comerciales (incluyendo comercios de venta al detal y otros servicios
comerciales que formen parte de un centro comercial),
(vi) centros
de distribución de artículos,
(vii) centros
de llamadas,
(viii) centros
de oficinas corporativas,
(ix) hoteles,
(x)
paradores, y
(xi) centros
educativos.
Quedan exentas
del pago de arbitrio de construcción aquellas obras hechas mediante el método
conocido como administración, es decir, como parte de los programas de
construcción que realice una agencia del Gobierno estatal o sus
instrumentalidades, una corporación pública, un municipio o una agencia del
Gobierno federal. No obstante, esta exención no aplica a las obras de
construcción llevadas a cabo por una persona natural o jurídica, actuando a
favor o en representación de o por contrato o subcontrato suscrito con una
agencia pública o corporación pública o instrumentalidad del Gobierno estatal o
Municipal o Gobierno federal. Tampoco aplica dicha exención cuando se trate de
obras de construcción llevadas a cabo por una persona natural o jurídica
actuando a favor o en representación de o por contrato o subcontrato suscrito
con una agencia del Gobierno federal, cuando las leyes o reglamentos federales
aplicables así lo permitan.
(g) …”
Sección 22.-
Se enmiendan los subincisos (1), (2) y (3) del inciso (f) del Artículo 3.026 de
la Ley 107-2020, conocida como “Código Municipal para Puerto Rico”, para que
lea como sigue:
“Artículo
3.026— Nombramientos; Normas de Recursos Humanos; Período Probatorio; Rangos
(a) …
(f) Los
rangos de los miembros de la Policía Municipal serán con sujeción al siguiente
Sistema Uniforme de Rangos:
(1) Cadete
—Miembro de la policía municipal que no haya cumplido el requisito de
adiestramiento básico.
(2) Policía
Auxiliar— Miembro de la policía municipal que no ha sido certificado por el
Comisionado del Negociado de la Policía de Puerto Rico como miembro del cuerpo
de la policía municipal.
(3) Policía
Municipal —Significa el personal que directamente desempeña las tareas
encaminadas a mantener el orden y proteger la vida y propiedad de los
ciudadanos y del municipio, así como aquellas otras asignadas al Cuerpo en
virtud de este Código y su reglamento.
…”
Sección 23.-
Se enmienda el subinciso (5) del inciso (b) del Artículo 6.008 de la Ley
107-2020, conocida como “Código Municipal para Puerto Rico”, para que lea como
sigue:
“Artículo
6.008 — El Memorial, el Programa y la Reglamentación del Plan Territorial
El Plan
Territorial se desarrollará a través de tres (3) conjuntos de documentos: el
Memorial, el Programa y la Reglamentación.
(a) El
Memorial contendrá los siguientes documentos:
(1) …
(b) El
Programa contendrá los siguientes documentos:
(1) …
(5) Programa
de Proyectos de Inversión. El municipio y las correspondientes agencias del
Gobierno estatal, incluyendo las corporaciones públicas, estarán sujetas en
primera instancia a los planes y programación de inversión del gobierno central,
acordarán los proyectos, la fecha en que deben comenzarse y el costo de los
mismos para la realización de los objetivos del Plan de Ordenación. La
aprobación del Plan de Ordenación por el Gobernador constituirá un compromiso
de naturaleza contractual entre el Estado, las agencias, las corporaciones
públicas y el municipio, para la realización de dichos proyectos en las fechas
programadas, disponiéndose, sin embargo, que la realización de dichos proyectos
quedará sujeta en última instancia a los presupuestos anuales aprobados por la
Legislatura de Puerto Rico.
(c) …
(d) …”
Sección 24.- Se
enmienda el Artículo 6.010 de la Ley 107-2020, conocida como “Código Municipal
para Puerto Rico”, para que lea como sigue:
“Artículo
6.010 — Plan de Área
El Plan de
Ordenación Territorial requerirá un Plan de Área para ordenar el uso del suelo
de áreas que requieran atención especial y programar los proyectos de
rehabilitación en el centro urbano.
Todo Plan de
Área requerirá:
(a) Documento
de inventario, diagnóstico, estudios especializados y recomendaciones y una
enunciación de las metas y objetivos del Plan.
(b) El
programa de obras para lograr las metas y objetivos, incluyendo los Planes de
Área para los centros urbanos. Además, donde aplique, se incluirá un Programa
de Proyectos de Inversión certificados por las agencias públicas
correspondientes.
(c) Preparación
de Reglamentos y Planos de Ordenación. — Los reglamentos para los Planes de
Área del centro urbano proveerán para la protección de las estructuras, plazas,
calles y demás componentes del centro urbano conforme a su tipología y
atenderá, entre otros factores, a los usos del suelo, los niveles de
intervención de la edificación, la restauración y reestructuración de
inmuebles, las nuevas construcciones, las construcciones comerciales o de
oficinas profesionales, los espacios abiertos y vegetación, la vialidad, los
accesos y estacionamientos, las obras e instalaciones en infraestructura y
equipamiento de la vía pública, y los procedimientos de permisos. Las
disposiciones sustantivas y procesales de las nuevas competencias para
viabilizar la ordenación territorial que se utilicen en los planes de
ordenación, formarán parte de los Reglamentos y Planos de Ordenación.
Además de los
Planes de Área para los centros urbanos, podrán desarrollarse varios tipos de
Planes de Área para el municipio, entre los cuales podrán encontrarse, los
siguientes:
(a) Plan de
Área para áreas urbanas de valor arquitectónico especial.
(b) Plan de
Área para la protección de áreas naturales, así como las áreas de valor
agrícola.
(c) Plan de
Área de reforma interior en áreas urbanas.
(d) Plan de
Área para urbanizar extensos terrenos baldíos en el suelo urbano.
(e) Plan de
Área para la ordenación de asentamientos aislados.
(f) Plan de
Área para asentamientos localizados en áreas con potencial a desastres
naturales, tales como áreas inundables o susceptibles a deslizamientos.
Los
reglamentos de los Planes de Área para los centros urbanos aprobados bajo este
Artículo no les aplicarán las disposiciones del Reglamento Conjunto,
“Reglamento de Sitios y Zonas Históricas”, y serán preparados por las
correspondientes oficinas municipales. Disponiéndose además, que dichos Planes
de Área contendrán todas aquellas disposiciones reglamentarias necesarias para
la ordenada planificación urbana necesaria de aplicabilidad a los centros
urbanos.
No podrá
elaborarse un Plan de Área para convertir suelo rústico en suelo urbano o
urbanizable. Esta acción requerirá de la revisión del Plan Territorial.”
Sección 25.- Se
enmienda el Artículo 6.011 de la Ley 107-2020, conocida como “Código Municipal
para Puerto Rico”, para que lea como sigue:
“Artículo 6.011 —
Elaboración, Adopción y Revisión de Planes de Ordenación
Los Planes de
Ordenación serán elaborados o revisados por los municipios en estrecha
coordinación con la Junta de Planificación y con otras agencias públicas
concernidas, para asegurar su compatibilidad con los planes estatales,
regionales y de otros municipios. Estos documentos serán certificados por un
Planificador licenciado bajo las normas del Gobierno de Puerto Rico. Los
municipios podrán entrar en convenios con la Junta de Planificación, para la
elaboración de dichos planes o parte de estos.
Como instrumento
indispensable para la evaluación de los Planes de Ordenación que se sometan a
la consideración de la Junta de Planificación, las agencias públicas
concernidas mantendrán actualizado, y pondrán a disposición de dicha agencia un
inventario físico que incluya, entre otros, la ubicación de los recursos
naturales que se deben proteger, el uso del suelo, las áreas susceptibles a
riesgos naturales, las zonas de valor agrícola, histórico, arqueológico o turístico,
así como el detalle disponible de la infraestructura.
Todo municipio que
decida desarrollar o revisar integralmente un Plan de Ordenación deberá así
notificarlo a la Junta de Planificación, antes de comenzar sus trabajos. Cuando
un municipio notifique a la Junta de Planificación su intención de elaborar o
revisar integralmente un Plan Territorial, o de elaborar o revisar
integralmente un Plan de Ordenación que tenga un impacto significativo sobre
otro municipio, la Junta de Planificación determinará, mediante resolución al
efecto, el conjunto de factores que se considerarán en el Plan, pudiendo
incluir, pero sin limitarse a, lo siguiente: densidades mínimas a requerirse en
la ocupación del suelo, morfología urbana, sistemas de transportación, sistemas
de infraestructura regional, vertederos regionales, represas e interrelación
general con su región. La Junta de Planificación tendrá un término de sesenta
(60) días luego de presentada la notificación por el municipio para cumplir con
esta obligación. Disponiéndose que, transcurrido dicho término sin que la Junta
de Planificación haya actuado, el municipio podrá continuar los procedimientos.
Dos (2) o más
municipios podrán acordar la elaboración de Planes de Ordenación en conjunto
mediante convenio al efecto, previa autorización de sus correspondientes
Legislaturas Municipales y el endoso de la Junta de Planificación. Dicha Junta
velará porque el territorio que cubra tal Plan sea razonablemente contiguo, que
los municipios tengan características similares, que se cumplan con los
objetivos y requisitos dispuestos en este Capítulo y que no se afecten
adversamente otros municipios. La Junta de Planificación aprobará mediante
resolución aquellas disposiciones complementarias que sean necesarias para
regir la forma y contenido de los Planes de Ordenación que se elaboren en forma
conjunta por dos (2) o más municipios. La Junta de Planificación tendrá un
término de sesenta (60) días luego de presentada la notificación por los
municipios para cumplir con esta obligación. Disponiéndose que, transcurrido
dicho término sin que la Junta de Planificación haya actuado, los municipios
podrán continuar los procedimientos.
La elaboración o
revisión de los Planes de Ordenación se desarrollará en una (1) sola etapa y a
través de la preparación secuencial o concurrente de una serie de documentos.
La misma seguirá un proceso de participación ciudadana mediante vistas
públicas, de acuerdo a lo dispuesto en este Capítulo. Se cumplirá, además, con
lo establecido en la Ley 38-2017, según enmendada, conocida como “Ley de
Procedimiento Administrativo Uniforme del Gobierno de Puerto Rico”. El
municipio celebrará vistas públicas en los casos que a continuación se
detallan.
Durante la
elaboración o revisión integral del Plan Territorial se requerirán vistas
públicas para la evaluación de los siguientes documentos:
(a) Enunciación de
Objetivos, Plan de Trabajo, Memorial y Programa;
(b) Avance del
Plan Territorial; y
(c) Plan
Territorial (Final).
Las vistas públicas
para la evaluación de los documentos contenidos en los incisos (a) y (b), o (b)
y (c), arriba mencionados, podrán ser celebradas por el municipio el mismo día.
(d) En la
preparación o revisión integral del Plan de Ensanche se requerirán vistas
públicas con respecto a los siguientes documentos:
(1) Enunciación de
Objetivos y Plan de Trabajo, y Programa de Ensanche;
(2) Propuesta de
Plano de Ensanche y de Reglamentos de Ordenación; y
(3) Plan de
Ensanche (Final).
El municipio podrá
celebrar el mismo día las correspondientes vistas públicas con respecto a los
documentos contenidos en los incisos (1) y (2) o (2) y (3) relacionados con el
Plan de Ensanche.
(e) En la
elaboración o revisión integral del Plan de Área se requerirán vistas públicas
para analizar los siguientes documentos:
(1) Enunciación de
Objetivos y Plan de Trabajo;
(2) Inventario,
Diagnóstico y Recomendaciones, y Programa y Propuesta del Plan; y
(3) Plan de Área
(Final).
El municipio podrá
celebrar el mismo día las correspondientes vistas públicas con respecto a los
documentos contenidos en los incisos (1) y (2) o (2) y (3) relacionados con el
Plan de Área.
El municipio
notificará a la Junta de Planificación de todas las vistas públicas y le
enviará copia de los documentos a presentarse en estas. La Junta de
Planificación ofrecerá comentarios al municipio sobre los documentos recibidos
en un término no mayor de sesenta (60) días, posterior al recibo de estos.
Para entrar en
vigor, los Planes de Ordenación requerirán su aprobación por la Legislatura
Municipal, su adopción por la Junta de Planificación y su aprobación por el
Gobernador. En el caso de Planes de Ordenación que incluyan más de un
municipio, estos deberán ser aprobados por las Legislaturas Municipales de cada
uno de los municipios participantes. Si la Junta de Planificación no considera
adecuado un Plan, expresará mediante resolución los fundamentos de su
determinación. De no producirse un acuerdo de adopción por la Junta de
Planificación, se someterá el Plan al Gobernador con las posiciones asumidas
por la Junta de Planificación y el municipio; el Gobernador tomará la acción
final que corresponda.
Los Planes de
Ordenación se revisarán en el plazo que se determine en los mismos o cuando las
circunstancias lo ameriten. El Plan Territorial se revisará de forma integral
por lo menos cada ocho (8) años.
Los Planes de
Ordenación podrán revisarse de forma parcial. La revisión parcial de los Planes
de Ordenación requerirá la celebración de al menos una (1) vista pública en el
municipio correspondiente; la aprobación por la Legislatura Municipal mediante
ordenanza; su adopción por la Junta de Planificación; y la ratificación por el
Gobernador de los elementos que se detallan más adelante. En el caso de planes
adoptados en conjunto por más de un municipio, en cada uno de ellos se
requerirá vista pública y la aprobación por la Legislatura Municipal de cada
uno. En los casos de revisión parcial a los que hace referencia este párrafo,
se requerirá la vista pública y las aprobaciones correspondientes para los
siguientes elementos:
(f) Plan
Territorial:
(l) Documento de
las Políticas del Plan incluido en el Memorial;
(2) Los planos de
infraestructura, plan vial y dotaciones generales incluidos en el Programa;
(3) La sección del
Programa de Proyectos de Inversión, certificados por las agencias públicas;
(4) Plano de
Clasificación de Suelos;
(5) Planos de
Ordenación (excepto las enmiendas a los planos en conformidad con lo
establecido en el Artículo 6.015 de este Código); y
(6) Reglamentos de
Ordenación.
(g) Plan de
Ensanche:
(l) Plano de
Ensanche;
(2) Planos de
Ordenación (excepto las enmiendas a los planos en conformidad con lo
establecido en el Artículo 6.015 de este Código); y
(3) Reglamentos de
Ordenación.
(h) Plan de Área:
(l) Planos de
Ordenación (excepto las enmiendas a los planos en conformidad con lo
establecido en el Artículo 6.015 de este Código); y
(2) Reglamentos de
Ordenación.
La revisión de los
Planes de Ordenación en otros asuntos, incluyendo las enmiendas a los Planos de
Ordenación según facultado en el Artículo 6.015 de este Código, solo requerirá
la celebración de al menos una (1) vista pública en el municipio
correspondiente, y en el caso de planes adoptados en conjunto por más de un
municipio en cada uno de ellos, así como la aprobación de la Legislatura o
Legislaturas Municipales mediante ordenanza y una notificación de la revisión
aprobada a la Junta de Planificación. Dicha revisión será efectiva sesenta (60)
días, después de la notificación a la Junta de Planificación, según conste en
el correspondiente acuse de recibo. Durante ese período la Junta podrá
determinar que la revisión parcial está en contra de las políticas del Plan o
que tiene revisión parcial. En este caso la Junta realizará dicha determinación
a través de resolución y notificación de ésta al municipio. Este término podría
prorrogarse por justa causa por un término adicional final de treinta (30) días
laborables, mediante resolución de la Junta de Planificación donde señale las
razones que motivan la extensión del término.
La Junta de
Planificación podrá determinar, mediante resolución, que la revisión parcial
que solicita el municipio requiere una revisión integral del Plan de Ordenación
en su totalidad, solo cuando dicha revisión incluye un cambio en la
clasificación del suelo o cuando, aun sin incluir cambio en la clasificación
del suelo, la revisión parcial impacta suelos rústicos comunes, especialmente
protegidos o suelos urbanos no programados. Dicha determinación deberá estar
debidamente explicada.
El Reglamento
Conjunto de Permisos regirá todos los asuntos y aspectos procesales
relacionados a la evaluación y adjudicación de una solicitud por parte de un
municipio.”
Sección 26.- Se
enmienda el Artículo 6.012 de la Ley 107-2020, conocida como “Código Municipal
para Puerto Rico”, para que lea como sigue:
“Artículo 6.012 —
Moratoria
Se faculta a la
Junta de Planificación y a los municipios a decretar moratorias para la
suspensión total o parcial de nuevas autorizaciones o permisos de uso,
construcción o instalación de rótulos o anuncios. La moratoria podrá decretarse
para la elaboración o revisión total o parcial de Planes de Ordenación, según
corresponda, de acuerdo a lo dispuesto en este Artículo. El municipio solo podrá
decretar dichas moratorias para aquellas autorizaciones o permisos comprendidos
dentro de las facultades de ordenación territorial que le hayan sido
transferidas de acuerdo al Artículo 6.015 de este Código. La Junta de
Planificación decretará la moratoria cuando el municipio no haya recibido la
transferencia de facultades sobre las autorizaciones o permisos de que se
trate. En ambos casos el procedimiento será el siguiente:
(a) Proceso para
declarar moratoria cuando el municipio no tiene las facultades de ordenación
territorial. Un municipio que interese elaborar o revisar un Plan de Ordenación
y que no haya obtenido la transferencia total o parcial de las facultades de
ordenación territorial por virtud del Artículo 6.015 de este Código podrá
solicitar a la Junta de Planificación que decrete mediante resolución una
moratoria para la suspensión parcial o total de nuevas autorizaciones o
permisos que sean de la competencia de la Junta o de la OGPe. La moratoria
podrá aplicarse a un área determinada o en la totalidad de su territorio y
podrá conllevar la suspensión de trámites aún pendientes sobre casos radicados
en la Junta de Planificación o en la OGPe, excepto la otorgación de permisos de
uso a construcciones legalmente emprendidas previo a la fecha en que entre en
vigor una moratoria. En los casos en que más de un municipio acuerden elaborar
en conjunto un Plan de Ordenación, o revisar uno en vigor, la solicitud de
moratoria deberá formularse y suscribirse por cada uno de ellos.
La moratoria a
decretarse por la Junta de Planificación deberá cumplir con lo siguiente:
(1) La solicitud
de moratoria del municipio a la Junta de Planificación requerirá ser aprobada
por la Legislatura Municipal mediante ordenanza y estar acompañada por un
informe detallado y abarcador de todos los fundamentos que justifiquen la
misma. De haber más de un municipio elaborando o revisando un Plan de
Ordenación en conjunto se requerirá la aprobación de las distintas Legislaturas
Municipales de los municipios envueltos. Dicha solicitud e informe estarán
disponibles en la Casa Alcaldía, del municipio o municipios solicitantes, y en
la oficina central de la Junta de Planificación para examen público.
(2) La Junta de
Planificación evaluará la solicitud y podrá solicitar información o estudios
adicionales sobre aquellos asuntos que estime pertinentes, así como celebrar
vistas públicas para recibir información sobre la misma. Luego de evaluar la
solicitud y toda la información recopilada, las políticas públicas, la
legislación y los reglamentos aplicables, la Junta podrá emitir una resolución
ordenando la moratoria según solicitada por el municipio o podrá modificarla o
rechazarla en su totalidad, señalando los fundamentos en apoyo de su
determinación.
(3) La designación
de una moratoria por la Junta de Planificación habrá de publicarse en por lo
menos uno (1) de los periódicos de circulación general en Puerto Rico y será
notificada al municipio o municipios solicitantes, según sea el caso, a la
Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe), y a las otras agencias gubernamentales
concernidas. La moratoria será puesta en vigor por la Oficina de Gerencia de
Permisos (OGPe) y demás agencias concernidas.
(b) Proceso para
decretar moratoria cuando el municipio tiene las facultades de ordenación
territorial. Un municipio podrá, con posterioridad a obtener total o
parcialmente la transferencia de facultades de ordenación territorial de
conformidad al Artículo 6.015 de este Código, ordenar una moratoria para la
suspensión total o parcial de nuevas autorizaciones o permisos comprendidos
dentro de las facultades que haya adquirido para elaborar o revisar un Plan de
Ordenación. Dicha moratoria, que podrá aplicar a todo el territorio municipal o
a una parte del mismo, según sea el caso, podrá conllevar la suspensión de
trámites aún pendientes sobre casos radicados, excepto la otorgación de
permisos de uso a construcciones legalmente emprendidas previo a la fecha en
que entre en vigor una moratoria. Toda moratoria que se decrete por un
municipio, y toda aquella que se decrete por más de un municipio, cuando hayan
de elaborar un Plan de Ordenación conjuntamente, deberá cumplir con lo
siguiente:
(1) La moratoria
requerirá ser aprobada por la Legislatura Municipal mediante ordenanza y estar
acompañada por un informe detallado y abarcador de todos los fundamentos que
justifiquen la misma. De haber más de un municipio elaborando o revisando un
Plan de Ordenación en conjunto se requerirá la aprobación de las distintas
Legislaturas Municipales de los municipios envueltos. El informe se hará
disponible en la Casa Alcaldía del municipio o los municipios solicitantes.
(c) Otras
consideraciones. — Toda moratoria que se ordene por virtud de este Artículo
tendrá una vigencia que no podrá exceder un plazo de un (1) año y su objetivo
será facilitar la preparación o revisión de los Planes de Ordenación. La
moratoria establecerá las condiciones, si algunas, que permitan eximir de sus
disposiciones a ciertas obras o proyectos. La Junta de Planificación
establecerá los procesos y limitaciones de la moratoria por reglamento.
Se faculta, además,
a la Junta de Planificación, de esta entenderlo deseable o necesario, a
decretar moratorias, totales o parciales, para la realización o revisión de los
Planes de Usos del Terreno y de sus reglamentos.”
Sección 27.-
Se enmienda el Artículo 6.018 de la Ley 107-2020, conocida como “Código
Municipal para Puerto Rico”, para que lea como sigue:
“Toda notificación
de decisiones cuya facultad de evaluación se haya transferido a un municipio, se
realizará en estricta conformidad con lo dispuesto en el Reglamento Conjunto y
la Ley de Reforma de Permisos, Ley 161-2009 según enmendada. Los acuerdos que
requieran variaciones o excepciones y su evaluación por el Comité de Permisos,
se notificarán a través de una Resolución de la Oficina de Permisos que
establezca las razones de su decisión. Los permisos ministeriales se
notificarán a través de un permiso oficial. La Oficina de Permisos remitirá a
toda agencia pública, persona o funcionario interesado cuya dirección aparezca
en el expediente, copia certificada de todos los acuerdos adoptados que les
conciernan.”
Sección 28.-
Se enmienda el Artículo 6.023 de la Ley 107-2020, conocida como “Código
Municipal para Puerto Rico”, para que lea como sigue:
“Artículo 6.023 —
Reglamentos Vigentes
Los reglamentos de
la Junta de Planificación o la Oficina de Gerencia de Permisos continuarán en
vigor y se aplicarán a los municipios.
La reglamentación
establecerá los criterios para extender la vigencia de las consultas de
ubicación, autorizaciones o permisos de uso, construcción o instalación de
rótulos o anuncios autorizados anterior a la vigencia del Plan.”
Sección 29.-
Se enmiendan los incisos (e) y (g) del Artículo 7.003 de la Ley 107-2020,
conocida como “Código Municipal para Puerto Rico”, para que lea como sigue:
“Artículo 7.003
—Facultades y Deberes Generales
El CRIM tendrá las
siguientes facultades y deberes:
(a)
…
…
(e) Entrar en
convenios o acuerdos, con cargo a sus fondos operacionales, con agencias
públicas, instituciones financieras o cooperativas de ahorro y crédito para la
recaudación de las contribuciones municipales sobre la propiedad. De igual
manera se faculta al CRIM a establecer acuerdos colaborativos y/o intercambios de
información con cualquier instrumentalidad o agencia del Gobierno de Puerto Rico
con el propósito de lograr los objetivos bajo este Código.
(f) …
(g) Desarrollar
conjuntamente con los municipios, procesos administrativos para agilizar el
cobro de la contribución sobre la propiedad, mediante la promulgación de
reglamentación al efecto. De igual manera, se faculta a los municipios para
que, previa notificación al CRIM, lleven a cabo gestiones de cobro de cualquier
contribución y cualquier acción de embargo y ejecución sobre la propiedad
mueble y/o inmueble, contra cualquier contribuyente que adeude contribuciones
sobre la propiedad, por la vía administrativa o judicial, previo cumplimiento
de los procedimientos de ley aplicables. Los fondos recaudados por los municipios
a raíz de esta disposición serán depositados en el CRIM. Además, los municipios
podrán realizar tasaciones de toda propiedad mueble o inmueble dentro de su
jurisdicción con personal del municipio o mediante la contratación de
evaluadores profesionales de bienes raíces y bienes muebles debidamente
autorizados a ejercer dicha profesión en Puerto Rico, previa certificación del
CRIM para tales efectos. El CRIM mantendrá la reglamentación necesaria para
viabilizar las facultades aquí conferidas y para evitar duplicidad de funciones
en las gestiones de cobro a contribuyentes, así como de tasaciones de propiedad
que serán realizadas por los municipios; y proveerá el adiestramiento necesario
y certificará al personal del municipio y evaluadores profesionales, en el uso
de los sistemas y métodos de valoración a utilizarse. A tales efectos, el CRIM
podrá establecer un cargo razonable por los servicios de adiestramientos a
evaluadores profesionales y de requerirse la adquisición de algún artefacto o
equipo para realizar las tasaciones, los costos serán cubiertos por el
municipio o el evaluador profesional, eximiéndose al municipio del pago por
adiestramiento al personal municipal. El CRIM establecerá mediante Reglamento
los parámetros y procesos mediante los cuales se llevarán a cabo dichas
gestiones. Cuando el municipio realice las gestiones establecidas en
este Artículo, el CRIM no recibirá la comisión de hasta un máximo de un cinco
por ciento (5%) del total de lo recaudado. Disponiéndose, sin embargo, que hasta
tanto el CRIM no adopte un reglamento a tales efectos, promulgado en virtud de
las disposiciones de este Código, esta disposición no surtirá efecto alguno.
(h) …”
Sección 30.- Se
enmienda el Artículo 7.008 de la Ley 107-2020, conocida como “Código Municipal
para Puerto Rico”, para que lea como sigue:
“Artículo
7.008 — Director Ejecutivo — Facultades y Deberes
El Director
Ejecutivo tendrá las siguientes facultades y deberes, entre otros:
(a) …
(b) Contratar los servicios profesionales y técnicos que fueren
necesarios para el cumplimiento de las funciones del CRIM. Cuando los
honorarios, compensación o remuneración excedan de treinta y seis mil dólares
($36,000.00) anuales por servicio, el Director Ejecutivo deberá obtener el
consentimiento de la Junta.
(c) …
(x) ...”
Sección 31.-
Se enmienda el Artículo 7.012 de la Ley 107-2020, conocida como “Código
Municipal para Puerto Rico”, para que lea como sigue:
“Artículo
7.012 — Compras y Suministros
Todas las
compras de bienes y servicios se efectuarán de acuerdo a las normas y reglamentos
que adopte la Junta. …
…
No será
necesaria la celebración de una subasta en caso de emergencias, según definidas
en este Código, que requieran la entrega inmediata de materiales, efectos y
equipo o la prestación de determinados servicios, ni para los casos de
convenios o contratos con Agencias Públicas, instituciones financieras o
cooperativas de ahorro y crédito para la recaudación de contribuciones. Las
emergencias podrán ser decretadas por el Presidente de Estados Unidos, por el
Gobernador de Puerto Rico o por el Alcalde del municipio correspondiente.
Los municipios
podrán, de forma voluntaria, realizar sus compras y subastas de bienes, obras y
servicios no profesionales conforme a la Ley 73-2019, según enmendada, conocida
como “Ley de la Administración de Servicios Generales para la Centralización de
las Compras del Gobierno de Puerto Rico de 2019”.
El CRIM estará
sujeto al cumplimiento de la Ley 14-2004, según enmendada, conocida como “Ley
para la Inversión en la Industria Puertorriqueña”.”
Sección 32.-
Se enmienda el Artículo 7.033 de la Ley 107-2020, conocida como “Código
Municipal para Puerto Rico”, para que lea como sigue:
“Artículo
7.033 —Asignación de Fondos al Catastro Digital de Puerto Rico
Por acuerdo
entre la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) y el Centro de Recaudación de
Ingresos Municipales (CRIM) se asignará una cantidad no menor de un millón de
dólares ($1,000,000.00) para garantizar la operación y mantenimiento del
catastro digital de Puerto Rico.”
Sección 33.-
Se enmienda el Artículo 7.041 de la Ley 107-2020, conocida como “Código
Municipal para Puerto Rico”, para que lea como sigue:
“Artículo 7.041 —
Revisión de Propiedad Inmueble; Propiedad no Tasada
El CRIM mantendrá
un plan que permita la revisión constante de la propiedad inmueble, a fin de
mantenerla al día, bien por modificaciones por depreciación debido al uso, por
mejoras no tasadas, o por cualesquiera, factores indicados en este Artículo.
Esta revisión deberá efectuarse de acuerdo a las normas de valoración que estén
vigentes al momento de la revisión de la tasación.
En cuanto a la
propiedad no tasada, el CRIM en su obligación continua de mantener al día el
catastro, la clasificación y tasación de la propiedad inmueble, deberá tasar:
(a) propiedades que no hayan sido anteriormente tasadas;
(b) construcciones nuevas;
(c) mejoras, ampliaciones o reconstrucciones sustanciales no tasadas,
realizadas a una propiedad inmueble que haya sido tasada anteriormente;
(d) segregaciones y lotificaciones.
Entendiéndose que
en el caso de bienes inmuebles sujetos a regímenes de derechos de
multipropiedad o clubes vacacionales bajo la Ley 204-2016, conocida como “Ley
de Propiedad Vacacional de Puerto Rico”, la tasación de dichos inmuebles no
tomará en consideración los derechos de multipropiedad o clubes vacacionales
constituidos sobre los mismos.
La imposición,
notificación y cobro de las contribuciones tasadas por el CRIM en virtud de
este Artículo solo podrá ser retroactiva hasta cinco (5) años contados desde la
fecha en que se realice la tasación a dicha propiedad.”
Sección 34.-
Se enmiendan los subincisos (3), (4) y (11) del inciso (c) del Artículo 7.062 de
la Ley 107-2020, conocida como “Código Municipal para Puerto Rico”, para que
lean como sigue:
“Artículo
7.062 — Propiedad que Garantice un Préstamo; Depósito de la Contribución con el
Acreedor; Tasación Preliminar por el Acreedor Hipotecario; Auto tasación por el
Propietario
(a)
…
(b)
…
(c) Auto tasación por el Propietario
Cuando no
medie un acreedor hipotecario, cualquier persona, natural o jurídica, podrá
elegir contratar los servicios de un Evaluador Profesional Autorizado (EPA) con
licencia vigente en Puerto Rico para tasar su propiedad inmueble a los fines de
determinar su clasificación y la contribución sobre la propiedad inmueble que
no haya sido previamente tasada en virtud de este Capítulo, incluyendo las
mejoras no tasadas previamente. El EPA contratado para realizar la tasación no
podrá ser el propietario, un empleado del propietario, ni estar relacionado con
este dentro del cuarto grado de consanguineidad ni segundo de afinidad. Esta
tasación contratada se regirá por los siguientes parámetros:
(1)
…
(2)
…
(3)
El valor de tasación, según el párrafo (2) de
este apartado (c), será el valor de tasación sobre el cual se determinará la
contribución sobre la propiedad y será efectivo el año contributivo que esté en
curso cuando se haya realizado la tasación y los tres (3) años contributivos
anteriores a dicha fecha de tasación.
(4)
Las contribuciones correspondientes
determinadas por la tasación contratada serán de aplicación al año contributivo
que esté en curso cuando se realice la tasación, los tres (3) años
contributivos anteriores a dicha fecha de tasación, y periodos contributivos
subsiguientes a la fecha en que se realice la tasación.
(5)
…
…
(11) Para
poder acogerse a las disposiciones de este apartado (c), la tasación contratada
por el propietario deberá ser sometida al CRIM en o antes de 30 de junio de 2021,
para propiedad existente al momento de entrar en vigor este Código, o, luego de
esta fecha, dentro de los seis (6) meses luego de la adquisición de la
propiedad o luego de la nueva construcción.”
Sección 35.-
Se añade un inciso (g) al Artículo 7.162 de la Ley 107-2020, conocida como “Código
Municipal para Puerto Rico”, para que lea como sigue:
“Artículo
7.162 -- Publicidad de Planillas; Documentos Públicos e Inspección- En General
(a)...
(b)...
(c)…
(d)…
(e)…
(f)…
(g) El
Secretario de Hacienda y cualesquiera otras agencias o instrumentalidades del
Gobierno de Puerto Rico quedan autorizados para facilitar al CRIM, a instancias
del CRIM, aquella información de las planillas de la contribución sobre
ingresos o de cualquier otra documentación que sea necesaria para determinar
las contribuciones sobre la propiedad mueble e inmueble que se autoriza imponer
y cobrar por este Código.”
Sección 36.-
Se enmienda el Artículo 7.163 de la Ley 107-2020, conocida como “Código
Municipal para Puerto Rico”, para que lea como sigue:
“Artículo
7.163- Divulgación Prohibida
Será ilegal
que cualquier colector, agente, inspector u otro funcionario o empleado del
CRIM o su representante autorizado divulgue o dé a conocer información o datos
expuestos o revelados en las planillas de contribución sobre propiedad mueble,
en perjuicio de los mejores intereses del contribuyente o que suministre
cualquier planilla o copia de la misma, así como cualquier información que
suministre el Secretario de Hacienda o cualquiera otra agencia o
instrumentalidad del Gobierno de Puerto Rico, según provee este capítulo,
libro, conteniendo resumen o detalles de dichas planillas, sin estar autorizado
por el CRIM, excepto según se provee en este Capítulo. Será ilegal que
cualquier persona imprima o publique en forma alguna, no provista por ley,
planilla o parte de estas o cualquier información, datos o particulares
contenidos en ellas, así como cualquier información que suministre el
Secretario de Hacienda o cualquier otra agencia o instrumentalidad del Gobierno
de Puerto Rico, según provee este capítulo.
Todo
colector, agente, inspector u otro funcionario o empleado del CRIM o de su
representante autorizado que infrinja las disposiciones precedentes incurrirá
en delito grave y convicta que fuere será sancionado con multa de cinco mil, (5,000)
dólares o pena de reclusión de cinco (5) años, o ambas penas a discreción del
Tribunal.
Si el
infractor fuera un funcionario o funcionario del CRIM o de su representante
autorizado y resultare convicto, será, además, destituido del cargo o empleo
que ocupare”.
Sección 37.-
Se enmienda el Artículo 7.196 de la Ley 107-2020, conocida como “Código
Municipal para Puerto Rico”, para que lea como sigue:
“Artículo
7.196 — Reglas y Reglamentos
Sujeto a lo
dispuesto en el Artículo 7.130 de este Código, la Junta de Gobierno del CRIM
prescribirá y promulgará las reglas y reglamentos necesarios para el
cumplimiento, ejecución y debida interpretación de los Capítulos I y II del
Libro VII de este Código. Además, podrá prescribir aquellos otros reglamentos
que se hagan necesarios por razón de cualquier alteración de ley en relación
con contribuciones sobre la propiedad.
La Agencia del
Financiamiento Municipal prescribirá y promulgará las reglas y reglamentos que
garanticen la estabilidad y continuidad de sus operaciones y personal bajo el
Capítulo IV del Libro VII de este Código.
La Corporación
de Financiamiento Municipal prescribirá y promulgará las reglas y reglamentos
que garanticen la estabilidad y continuidad de sus operaciones y personal bajo el
Capítulo VII del Libro VII de este Código.
Hasta tanto la
Junta de Gobierno del CRIM, la Agencia del Financiamiento Municipal y la Corporación
de Financiamiento Municipal no promulgue la referida reglamentación bajo este
Código, continuarán en vigor todas las reglas, reglamentos, normas y
directrices que hayan sido emitidas anteriormente por el CRIM, la Agencia del
Financiamiento Municipal y la Corporación de Financiamiento Municipal, siempre
y cuando correspondan a disposiciones de este Código que sean similares a las
disposiciones correspondientes bajo leyes predecesoras y que no estuvieren en
conflicto con las disposiciones de este Código.”
Sección 38.-
Se enmienda el subinciso (6) del inciso (c) del Artículo 7.274 de la Ley
107-2020, conocida como “Código Municipal para Puerto Rico”, para que lea como
sigue:
“Artículo
7.274 — Disposiciones de las Ordenanzas o Resoluciones
(a) …
(b) …
(c) En el caso de obligaciones evidenciadas por Bonos de Rentas, la
ordenanza deberá establecer, además:
(1) …
(6) las disposiciones para que un banco o compañía de fideicomiso,
localizada dentro o fuera del Gobierno de Puerto Rico, actúe como depositario
de las rentas pignoradas de los proyectos generadores de rentas; y
(7) … ”
Sección 39.-
Se enmiendan los incisos (b) y (d) del Artículo 7.275 de la Ley 107-2020,
conocida como “Código Municipal para Puerto Rico”, para que lea como sigue:
“Artículo
7.275— Aprobación de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal
(a) …
(b) La
AAFAF deberá evaluar la obligación propuesta para determinar si cumple con
los requisitos de este Código y aquellos requisitos que establezca mediante
reglamento. La AAFAF deberá comunicar su decisión al municipio no más tarde de
sesenta (60) días después de recibir la solicitud de aprobación debidamente
completada. En la evaluación de toda obligación propuesta, podrá requerir al
municipio su último estado financiero auditado por contadores públicos
autorizados y cualquier otra información o documento que la AAFAF estime
necesario para poder evaluar la obligación propuesta.
(c) …
(d) La AAFAF,
en consulta con la Oficina de Gerencia Municipal, vendrá obligado a establecer
unos requisitos que los municipios deberán cumplir para demostrar que tienen la
estructura contable y fiscal adecuada para recibir anticipos del producto de
las obligaciones cuyo propósito es desarrollar obras permanentes. Una vez la
AAFAF determine que un municipio cumple con dichos requisitos, los fondos le
serán transferidos al municipio conforme a lo que se establezca en los
documentos del financiamiento.
(e) ...”
Sección 40.-
Se enmienda el inciso (e) del Artículo 7.284 de la Ley 107-2020, conocida como
“Código Municipal para Puerto Rico”, para que lea como sigue:
“Artículo
7.284 — Disposición para el Pago de Obligaciones Generales Municipales: Primer
Gravamen.
(a)
…
(e) Una vez
asegurada la reserva o la porción equivalente al pago durante los doce (12)
meses siguientes del principal y de los intereses de los empréstitos, y una vez
garantizado el pago de la deuda pública municipal, según lo determine el
Fiduciario Designado, de existir un exceso en el Fondo de Redención el mismo se
utilizará, en primer lugar, para el pago de deudas estatutarias vencidas,
líquidas y exigibles del municipio incluyendo deudas con el Centro de
Recaudación de Ingresos Municipales o deudas con cualquier entidad
Gubernamental o corporaciones públicas. En caso de que el municipio haya
provisto para el pago de tales deudas, podrá utilizar el Exceso del Fondo de
Redención para cualquier obligación o actividad que persiga un fin municipal
legítimo.
…”
Sección 41.-
Se enmienda los incisos (4) y (202) del Artículo 8.001 de la Ley 107-2020, conocida
como “Código Municipal para Puerto Rico”, para que lea como sigue:
“Artículo
8.001 —Definiciones
Los términos
utilizados en este Código tendrán los significados que a continuación se
expresa, excepto donde el contexto claramente indique otra definición; los
términos en singular incluyen el plural y en la acepción masculina se incluye
la femenina:
1.
…
4. Actividad
de Construcción: El acto o actividad de construir, reconstruir, remodelar,
reparar, remover, trasladar o relocalizar cualquier edificación, obra, estructura,
casa o construcción de similar naturaleza fija y permanente, pública o privada,
incluyendo, cualquier acto o actividad inherente o
directamente relacionada a la formalización y ejecución de estas, realizada entre los límites territoriales de un municipio, y para
la cual se requiera o no un permiso de construcción expedido por la Oficina de
Gerencia de Permisos. Incluyendo, la pavimentación o repavimentación,
construcción o reconstrucción de estacionamientos, puentes, calles, caminos,
carreteras, aceras y encintados, tanto en propiedad pública como privada dentro
de los límites territoriales de un municipio, y en las cuales ocurra cualquier
material compactable, agregado o bituminoso que cree o permita la construcción
de una superficie uniforme para el tránsito peatonal o vehicular. Incluye
cualquier obra de excavación para instalación de tubería de cualquier tipo o
cablería de cualquier naturaleza y que suponga la apertura de huecos o zanjas
por donde discurrirán las tuberías o cablerías dentro de los límites
territoriales de un municipio.
5. …
202. Principio
de Mérito: Se refiere al concepto de que todos los empleados públicos serán
seleccionados, ascendidos, retenidos y tratados en todo lo referente a su
empleo sobre la base de la capacidad, sin discrimen por razones de raza, color,
sexo, nacimiento, edad, origen o condición social, ni por sus ideas políticas o
religiosas, condición de veterano, ni por impedimento físico o mental,
orientación sexual, identidad de género, o por ser víctima de violencia
doméstica, agresión sexual o acecho.
…”
Sección. 42-Vigencia
Esta Ley
entrará en vigor inmediatamente después de su aprobación.
Notas Importantes:
1. Este
documento es una copia de la ley original cuando fue aprobada, no incluye
enmiendas posteriores.
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