Jurisprudencia
del Tribunal Supremo de P.R. del año 2001
2001 DTS 148 CAFÉ RICO V. MUNICIPIO DE MAYAGÜEZ 2001TSPR148
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO
RICO
Café Rico, Inc.
Demandante-recurrido
v.
Municipio de Mayagüez
Demandado-peticionario
Certiorari
2001
TSPR 148
155 DPR
____
Número
del Caso: CC-2000-496
Fecha:
31/octubre/2001
Tribunal
de Circuito de Apelaciones:Circuito Regional IV
Juez
Ponente: Hon.
Jocelyn López Vilanova
Abogado
de la Parte Peticionaria: Lcdo.
Iván Crespo Arroyo
Abogado
de la Parte Recurrida: Lcdo.
José Luis Villamil Casanova
Materia: No Exento de Patentes Municipales, Ley de Incentivos
Contributivos Agrícolas.
ADVERTENCIA
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Opinión del Tribunal emitida
por el Juez Asociado señor FUSTER BERLINGERI.
San Juan, Puerto Rico, a 31
de octubre de 2001.
El recurso ante nuestra
consideración plantea la interrogante de si en virtud de la Ley de Incentivos
Contributivos Agrícolas, Ley Núm. 225 de 1 de diciembre de 1995, según
enmendada, 13 L.P.R.A. sec. 10402 et seq., un contribuyente que
se dedica a la torrefacción de café está exento del pago de patentes
municipales para los años fiscales de 1996-97 y 1997-98.
I
Café Rico Inc. (en adelante
Café Rico) es una corporación organizada bajo las leyes del Estado Libre
Asociado de Puerto Rico. Conforme a una certificación emitida el 16 de mayo de
1996 por el Departamento de Agricultura del Estado Libre Asociado de Puerto
Rico, Café Rico es un “agricultor bona fide” que se dedica a la torrefacción de café.
Véase Artículo 3(a) de la Ley de
Incentivos Contributivos Agrícolas, supra, 13 L.P.R.A. sec. 10402(a). El
año de contabilidad de Café Rico comienza el 1 de octubre de un año y termina
el 30 de septiembre del próximo año.
El 15 de septiembre de 1997 el
Municipio de Mayagüez (en adelante el Municipio) le notificó a Café Rico una
deficiencia de $36,466 en el pago de patentes municipales correspondientes a
los años fiscales de 1996-97 y 1997-98.
Actuó así por entender que no le aplicaban a esos años la exención
contributiva dispuesta por la Ley de Incentivos Contributivos Agrícolas. Café
Rico solicitó la reconsideración de la deficiencia, así como la celebración de
una vista administrativa. Luego del procedimiento administrativo, el 9 de
febrero de 1998 el Municipio le notificó a Café Rico la determinación final sobre
deficiencia contributiva, que ascendía a $37,547 incluyendo intereses y
recargos adicionales.
El 10 de marzo de 1998 Café Rico instó
una demanda en el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Mayagüez,
para impugnar la determinación final de deficiencia contributiva para los años
antes mencionados. Luego de varios trámites procesales, ambas partes
solicitaron que se dictara sentencia en forma sumaria. El 28 de abril de 1999
el Tribunal de Primera Instancia dictó una sentencia sumaria a favor de Café
Rico, y declaró con lugar la demanda de impugnación de notificación de
deficiencia contributiva incoada por éste. El Tribunal entendió que la Ley de
Patentes Municipales, 21 L.P.R.A. secs. 651 et seq, dispone que
las patentes se pagan por anticipado cada semestre del año económico aunque el
punto de referencia sea el año anterior. Por ello el Tribunal concluyó que, en
virtud de la Ley de Incentivos Contributivos Agrícolas, supra, Café Rico
estaba exento del pago de patentes municipales para los años fiscales de
1996-97 y 1997-98.
Inconforme con el referido dictamen del
foro de instancia, el Municipio presentó un recurso de apelación ante el
Tribunal de Circuito de Apelaciones. El 28 de abril de 2000 el foro apelativo
dictó una sentencia y confirmó el dictamen del Tribunal de Primera Instancia.
Oportunamente, el Municipio acudió antes nos y señaló que:
Erró
el Tribunal de Circuito de Apelaciones en lo siguiente:
1.
Al
establecer que el Apelante confunde la manera en que se pagan las
contribuciones sobre ingresos y las patentes municipales.
2.
Al
establecer que el pago de las patentes municipales que cubren los años fiscales
1996-97 y 1997-98 corresponden a períodos contributivos comenzados después del
1 de enero de 1996.
3.
Al
concluir que la patente es un tributo que se paga por adelantado y que esa es
la razón por la cual no se cobrará patentes alguna a negocios o industria en
los semestres subsiguientes a aquél en que cesare de operar.
4.
Al
señalar que el término “año económico”, según definido en la Ley de Patentes
Municipales, se refiere al año fiscal de gobierno que comienza el 1 de julio y
termina el 30 de junio del año subsiguiente.
5.
Al
concluir que el Municipio de Mayagüez no puede requerirle al demandante, Café
Rico, Inc. el pago de patentes municipales correspondientes a los años fiscales
1996-97 y 1997-98 toda vez que éstos años se iniciaron con posterioridad al 1
de enero de 1996 y que la Ley de Incentivos Contributivos Agrícolas de 1 de
diciembre de 1995 los exime de dicho pago.
El 18 de julio de 2000 expedimos el
recurso. El 22 de noviembre de 2000 el Municipio nos solicitó que se le
permitiera someter el asunto sin presentar alegato alguno, a lo que accedimos
el 14 de diciembre de 2000. El 16 de enero de 2001 Café Rico presentó su
alegato, por lo que nos encontramos en posición de resolver.
II
De conformidad con nuestro
ordenamiento constitucional la facultad para imponer contribuciones compete
primordialmente a la Rama Legislativa. Constitución del Estado Libre Asociado
de Puerto Rico, Art. VI, sec. 2. Esa autoridad contributiva es fundamental a la
vida del Estado y por lo tanto el poder fiscal gubernamental es
constitucionalmente de naturaleza amplia y abarcadora. Continental Insurance
Company v. Secretario de Hacienda, res. el 7 de mayo de 2001, ___ D.P.R
___, 2001 TSPR ___, 2001 JTS 71; F.D.I.C. v. Mun. de San_Juan,
134 D.P.R. 385 (1993); Coca- Cola Bottling v. Srio. de Hacienda, 112
D.P.R. 707 (1982); U.S. Brewers Association v. Srio de Hacienda, 109
D.P.R. 456 (1980); RCA v. Gobierno de la Capital, 91 D.P.R.416 (1964); Miranda
v. Srio. de Hacienda, 77 D.P.R. 171 (1961).
Nuestra Constitución también le
confiere al poder legislativo la autoridad para “crear, suprimir, consolidar y
reorganizar municipios, modificar sus límites territoriales y determinar lo
relativo a su régimen y función....” Constitución del Estado Libre Asociado,
Art. VI, sec. 1; F.D.I.C. v. Mun. de San Juan, supra ; Colón
v. Municipio de Guayama, 114 D.P.R. 193 (1983). Aunque los municipios no
tienen facultad propia para imponer contribuciones, al amparo de los poderes
antes citados, la Asamblea Legislativa mediante mandato claro y expreso puede
delegar en éstos la autoridad para imponer y cobrar contribuciones, derechos,
arbitrios e impuestos razonables dentro de sus límites territoriales y sobre
materias no incompatibles con la tributación impuesta por el Estado. F.D.I.C.
v. Mun. de San Juan, supra ; American Express Co. v. Mun. de San
Juan, 120 D.P.R. 339, 345 (1988).
En Puerto Rico se favorece una
interpretación amplia del poder impositivo delegado a los municipios. Tal
interpretación responde a una filosofía que tiende a conceder mayores poderes
tributarios a los municipios de forma que puedan proveer más servicios directos
a sus ciudadanos. First Bank de P.R. v. Mun. de Aguadilla, supra;
Lever Bros. Export Corp. v. Alcalde de San Juan 140 D.P.R. 152 (1996); F.D.I.C.
v. Mun. de San Juan, supra.
En efecto, la Ley de Municipios
Autónomos dispone que “[l]os poderes y facultades conferidos a los municipios
[...] se interpretarán liberalmente [...]de forma tal que se propicie el
desarrollo e implantación de la política pública enunciada en este subtítulo de
garantizar a los municipios [las] facultades necesarias en el orden jurídico,
fiscal y administrativo”. 21 L.P.R.A. sec. 4002; First Bank de P.R. v. Mun.
de Aguadilla, supra. Hemos resuelto anteriormente que los impuestos
municipales “responden a la premisa de que los negocios sitos en su territorio
se benefician de la organización local para efectuar sus actividades de interés
pecuniario y, por tal razón, contribuyen al sostenimiento de la misma”. Id;
Banco Popular v. Mun. de Mayagüez, 120 D.P.R. 692,700 (1988). A estos
efectos, la sección 3 de la Ley de Patentes Municipales autoriza a las
asambleas municipales de todos los municipios de nuestra Isla a imponer y
cobrar patentes. 21 L.P.R.A. sec. 651b. Véase First Bank de P.R. v. Mun. de
Aguadilla, res. el 17 de enero de 2001,
153 D.P.R.____, 2001 TSPR 6, 2001 JTS 9. La Ley de Patentes Municipales,
supra, establece en su sección 651(f)(a), cómo se realiza el cómputo de
la patente:
La patente impuesta por
autorización de las secs. 651 et seq. de este título será computada por
la persona sujeta a patente tomando como base el volumen de negocios realizado
durante su año de contabilidad terminado dentro del año calendario
inmediatamente anterior. El año de contabilidad debe ser igual al utilizado
para preparar y rendir la planilla de contribución sobre ingresos al
Departamento de Hacienda. Si no rinde dicha planilla de contribución sobre
ingresos, entonces el año de contabilidad será el año natural. ....(Énfasis
suplido)
La sección 651(j) dispone sobre el método de pago de las patentes
municipales:
Toda persona sujeta al pago
de patente que impone este Capítulo pagará a los recaudadores oficiales de los
municipios en que radiquen sus negocios o industrias la patente que autoriza
imponer dichas secciones. Dicha patente se pagará por anticipado dentro de los
primeros quince (15) días de cada semestre del año económico, tomando como base
el volumen de negocios efectuado durante el año inmediatamente anterior, según
se dispone en la sec.651f de este título, excepto en casos de nuevas industrias
o negocios que se pagará, según lo dispuesto en la sección 651 l de este
título.... (Énfasis suplido)
Por
otro lado, la sección 651a en su inciso diez (10) define año de contabilidad
como [] el año natural, o año económico terminado dentro de dicho año natural
sobre cuya base se determina el volumen de negocios bajo la secs. 651 a 652y de
este título o bajo los reglamentos este término significa el período por el
cual se rinde la declaración. También,
en el inciso once (11) se define año económico como un período de contabilidad
de doce (12) meses terminado en el último día de cualquier mes que no sea
diciembre.
La Ley de Incentivos Contributivos Agrícolas
tiene el propósito de declarar como política pública del Estado Libre Asociado
de Puerto Rico el dar prioridad a la agricultura en toda gestión del gobierno,
los municipios y sus instrumentalidades mediante el alivio del pago de
contribuciones.[1]
Mediante el artículo 9 de la referida Ley, el legislador eximió del pago de
patentes municipales a todos aquellos agricultores bona fide. A esos
fines establece el artículo lo siguiente:
Para los años contributivos
comenzados a partir del 1ro de enero de 1996 se exime a los agricultores bona
fide del pago de toda clase de patentes, cargos, e imposiciones municipales
sobre sus negocios de actividad agrícola intensiva.
En el caso de agricultores o
agroempresarios nuevos se regirán por lo dispuesto en la sec. 10404a de este
título.[2]
A
la luz de los principios antes reseñados, la cuestión ante nos se reduce
esencialmente a determinar si para los años fiscales de 1996-97 y 1997-98, para
los cuales se han notificado deficiencias contributivas, aplica la exención sobre patentes municipales
que establece la Ley de Incentivos Contributivos Agrícolas, supra, para
agricultores bona fide. De esta manera tenemos la oportunidad de
analizar cómo interactúan dos legislaciones contributivas, la Ley de Patentes
Municipales, supra, y la Ley de Incentivos Contributivos Agrícolas, supra.
III
Por
estar todos los señalamientos de error íntimamente relacionados procederemos a
discutirlos en forma conjunta.
El contribuyente, en este caso, tiene un año de
contabilidad irregular que comienza el 1 de octubre de un año y termina el 30
de septiembre del próximo año. El Municipio le ha notificado al demandante
deficiencias de patentes municipales para sus años contributivos o contables
terminados el 30 de septiembre de 1995 y el 30 de septiembre de 1996,
correspondientes a los años fiscales 1996-97 y 1997-98. El Municipio alega que
ambos años contables o contributivos comenzaron antes del 1 de enero de 1996
por lo que no les aplica la exención contributiva de la Ley de Incentivos
Contributivos Agrícolas, supra. El Municipio se basa en que las patentes
son contribuciones sobre el volumen de negocio de un año de operaciones
anterior al que se informan y pagan, también anterior al año fiscal en que lo
utiliza el Municipio.
Por otro lado, Café Rico alega que está exento del pago
de patentes municipales desde el 1 de enero de 1996, y por consiguiente exento
del pago de patentes correspondientes a los años fiscales de 1996-97 y 1997-98,
de acuerdo con lo preceptuado en el Artículo 9 de la Ley de Incentivos
Contributivos Agrícolas, supra.
La Ley de Patentes Municipales, supra, define
patente como la contribución impuesta y cobrada por un municipio bajo las
disposiciones que establece la Ley, a toda persona dedicada con fines de lucro
a la prestación de cualquier servicio, a la venta de cualquier bien, a
cualquier negocio financiero o negocio en los municipios del Estado Libre
Asociado de Puerto Rico. Véase Ley de Patentes Municipales, supra, 21
L.P.R.A. sec.651a (16). Toda persona sujeta al pago de patente está obligada a
rendir una declaración de volumen de negocio según se dispone en la Ley de
Patentes Municipales en o antes de los cinco días laborables siguientes al 15
de abril de cada año. Véase 21 L.P.R.A. sec. 651i(a)(1). Como
señaláramos anteriormente, la patente se computa tomando como base el volumen
de negocios realizado durante el año de contabilidad terminado dentro del año
calendario inmediatamente anterior a la fecha que se rinde la declaración.[3]
Dicha patente se pagará por anticipado dentro de los primeros quince (15) días
de cada semestre del año económico, tomando como base el volumen de negocios
efectuado durante el año anterior. Por ello, el pago de patentes municipales
vence en plazos semestrales, el 1 de julio y el 2 de enero de cada año. Véase
Ley de Patentes Municipales, supra, 21 L.P.R.A. sec. 651j.
De un examen de las copias de las
Planillas de Declaración de Volumen de Negocio que obran en el expediente del
caso de autos surge claramente que los años contributivos que Café Rico está
informando y pagando para los años fiscales de 1996-97 y 1997-98 son los años
comenzados el 1 de octubre de 1994 y el 1 de octubre de 1995, y terminados el
30 de septiembre de 1995 y el 30 de septiembre de 1996 respectivamente. Para el
año contributivo finalizado el 30 de septiembre de 1995, el contribuyente debió
radicar su declaración de volumen de negocio en abril de 1996, y realizar los
pagos por adelantado el 1 de julio de 1996 y el 2 de enero de 1997. El
Municipio utilizaría el pago de esas patentes para su año fiscal de 1996-97.
Para el año contributivo terminado el 30 de septiembre de 1996, el
contribuyente debió radicar su declaración en abril de 1997, y realizar los
pagos por adelantado el 1 de julio de 1997 y 2 de enero de 1998. Así mismo, el Municipio utilizaría el pago
de esas patentes para su año fiscal de 1997-98. Los pagos de patentes
municipales se realizan por adelantado, en el sentido de que se efectúa el pago
al principio de cada semestre del año fiscal del Municipio. Esto no
convierte el año fiscal del Municipio en el año contributivo para propósito de
las patentes municipales y del contribuyente. Un análisis integral de todas
las disposiciones referidas de la Ley de Patentes Municipales, supra, y
de su historial legislativo nos llevan a tal conclusión. Conforme a lo
anterior, es claro que ambos años contributivos en cuestión comenzaron antes
del 1 de enero de 1996, por lo que no los cobija la exención que establece el
Art.9 de la Ley de Incentivos Contributivos Agrícolas.
La
de Ley Incentivos Contributivos Agrícolas establece claramente que la exención
concedida a agricultores bona fide es para los años contributivos
comenzados a partir del 1 de enero de 1996. La exención aplicada a Café Rico se
extiende a partir del año contributivo o contable comenzado el 1 de octubre de
1996 y terminado el 30 de septiembre de 1997. Dicho año contributivo se
tributaría en el Municipio para el año fiscal de 1998-99.
Erraron
tanto el Tribunal de Primera Instancia como el Tribunal de Circuito de
Apelaciones al confundir y aplicar los términos año contributivo y año fiscal
bajo la Ley de Patentes Municipales, supra. No podemos concluir que los
años fiscales 1996-97 y 1997-98 del Municipio son los años contributivos del
contribuyente y que los mismos están exentos bajo la Ley de Incentivos
Contributivos Agrícolas, porque corresponden a períodos contributivos
comenzados después del 1 de enero de 1996. El año contributivo para el que se
impone el pago de las patentes municipales es el año de operaciones o de
contabilidad del contribuyente. Dicho año contributivo puede ser el año natural
que termina el 31 de diciembre, como también puede ser un año económico, el cual
es un período de contabilidad de doce meses terminado el último día de
cualquier mes que no sea diciembre. Véase Ley de Patentes Municipales, supra,
21 L.P.R.A. sec.651a. Es a base de ese año que se determina el volumen de
negocio para el año contributivo que se informa en la declaración.
El propósito del legislador al aprobar la Ley de Patentes Municipales, supra,
fue el proveer un mecanismo a los municipios para generar ingresos y
fortalecerlos económicamente para que cumplan sus funciones en beneficio y para
el bienestar general de todos los habitantes de su jurisdicción. F.D.I.C. v.
Mun. de San Juan, supra. Tomando dicho propósito en consideración,
debemos interpretar correspondientemente la exención de patentes municipales
que establece la Ley de Incentivos Contributivos Agrícolas para los
“agricultores bona fide”. Reconocemos la importancia de los incentivos
contributivos para el desarrollo de nuestra agricultura, pero no podemos obviar
que una de las principales fuentes de ingreso de los municipios lo constituyen
las patentes municipales. Antes hemos señalado que un tribunal no debe
interpretar la legislación contributiva en forma extensiva, sino que debe
interpretarla en forma justa a tenor con sus propios y expresos términos. Continental
Insurance Company v. Secretario de Hacienda, supra; Tall Cott
Interamerican Corp. v. Registrador, 104 D.P.R. 254 (1975). Además, las exenciones contributivas, por
ser privilegios excepcionales que concede el Estado, no deben extenderse más
allá de los términos expresos y exactos del estatuto que las otorga y toda duda
debe resolverse en contra de la existencia de la exención, como lo hemos hecho
aquí. Véase
Texas Co. (P.R.) Inc. v. Tribl. De Contribuciones, 82
D.P.R. 134,161 (1961); Cía. Ferroviaria v. Secretario de Hacienda, 80
D.P.R. 524 (1958); Francis v. Tribunal de Contribuciones y Tesorero, 74
D.P.R. 19 (1952).
IV
Por lo anterior, procede la notificación de deficiencias
contributivas, en el caso de autos, por la cantidad de $37,547 por concepto de
patentes municipales para los años fiscales de 1996-97 y 1997-98
Por
los fundamentos antes expuestos, deben revocarse las sentencias dictadas, en el
caso de autos, por el Tribunal de Circuito de Apelaciones y el Tribunal de
Primera Instancia, Sala Superior de Mayagüez.
Se
dictara sentencia de conformidad.
JAIME B.FUSTER BERLINGERI
JUEZ
ASOCIADO
SENTENCIA
San
Juan, Puerto Rico, a 31 de octubre de 2001.
Por los fundamentos
expuestos en la Opinión que antecede, la cual se hace formar parte de la
presente Sentencia, se revocan las sentencias dictadas, en el caso de autos,
por el Tribunal de Circuito de Apelaciones y el Tribunal de Primera Instancia,
Sala Superior de Mayagüez.
Lo
pronunció, manda el Tribunal y certifica la Secretaria del Tribunal
Supremo. El Juez Asociado señor
Hernández Denton concurre con el resultado sin opinión escrita.
Isabel Llompart Zeno
Secretaria del Tribunal Supremo