Jurisprudencia
del Tribunal Supremo de P. R. del año 2003
2003 DTS 097
ACOSTRA LEBRON V. REGISTADORA DE LA PROPIEDAD 2003TSPR097
EN
EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Isabel Acosta Lebrón y otros
Recurrentes
v.
Lcda. Sandra Valentín Díaz
Registradora de la Propiedad
Segunda Sección de San Juan
Recurrida
Recurso
Gubernativo
2003
TSPR 97
159 DPR
____
Número
del Caso: RG-2003-1
Fecha:
4 de junio de 2003
Abogado
de la Parte Peticionaria: Lcdo.
Francisco Rádinson Pérez
Abogada
de la Parte Recurrida: Por
Derecho Propio
Materia: Recurso Gubernativo, La parte interesada puede subsanar la falta que impide la inscripción una vez se ha radicado un recurso gubernativo
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PER CURIAM
San
Juan, Puerto Rico a 4 de junio de 2003
Nos corresponde
determinar si la parte interesada en la inscripción de un título en el Registro
de la Propiedad (en adelante Registro) puede subsanar la falta que impide la
inscripción una vez se ha radicado un recurso gubernativo.
I
El 27 de agosto de
1997 se presentó para inscripción en el Registro, Segunda Sección de San Juan,
la Escritura Núm. 101 de compraventa.
Mediante dicha escritura la Sra. Isabel Acosta Lebrón vendió un inmueble
a su hijo, el Sr. Josep Ríos Acosta, y a la esposa de éste, la Sra. Carmen Rita
Mendoza Pérez (en adelante esposos Ríos-Mendoza), por la suma de noventa y dos
mil quinientos dólares ($92,500.00). En
la escritura se hizo constar que la vendedora había recibido el pago con
anterioridad al otorgamiento. No
obstante, en realidad ésta no había recibido el precio de la compraventa ya que
acordaron que los compradores le pagarían una vez gestionaran un préstamo.
Los esposos
Ríos-Mendoza se vieron imposibilitados de conseguir el financiamiento necesario
para realizar el pago. Así las cosas,
las partes decidieron otorgar la Escritura Núm. 13 de resolución de compraventa
donde hicieron constar las condiciones reales del negocio jurídico. En dicha escritura compareció el Sr. Josep
Ríos Acosta, por sí y en representación de su esposa,[1]
y la señora Acosta Lebrón.
Presentadas las
escrituras en el Registro de la Propiedad, el 31 de enero de 2002 la
Registradora, Hon. Sandra Valentín Díaz, notificó un defecto que impedía la
inscripción y expuso:
Deberá explicar
en la escritura original que los $92,000.00 fueron recibidos. Así obra en la inscripción, ahora se indica
que los cuales [sic] no fueron recibidos.
La señora Acosta Lebrón
radicó un escrito de recalificación el 12 de febrero de 2002. El 31 de enero de 2003 la Registradora
notificó una nueva falta:
Con vista a su
Escrito de Recalificación le notifico nuevas faltas:
1.
No
hay mandato para la Resolución de la Compraventa. Art. 1604 Código Civil de Puerto Rico.
La señora
Acosta Lebrón radicó un recurso gubernativo el 19 de febrero de 2003. La Registradora compareció aduciendo que
este Tribunal carecía de jurisdicción para entender en el recurso porque la
parte recurrente no había presentado un escrito de recalificación ante la
segunda notificación de falta y, por ende, el recurso gubernativo era
prematuro. La Registradora alegó,
además, que la parte recurrente debió radicar un escrito de recalificación para
darle la oportunidad de reconsiderar la calificación dentro del término de
treinta (30) días establecido en la Ley Hipotecaria y que debió esperar hasta
que se anotara preventivamente la denegatoria de la inscripción para acudir
ante este Tribunal.
Mediante
Resolución de 14 de marzo de 2003, denegamos la solicitud de desestimación
radicada por la Registradora y le concedimos un término de veinte (20) días
para presentar su oposición. El 31 de
marzo de 2003 ésta compareció solicitando una prórroga para radicar su escrito.
El 9 de abril
de 2003 la Registradora radicó una moción donde adujo que el 19 de marzo de
2003 se había presentado para inscripción la Esc. Núm. 13 de ratificación
otorgada por la Sra. Carmen Rita Mendoza Pérez y que con la presentación de
dicha escritura quedaba subsanada la falta.
Además, expuso que la representación legal de la parte recurrente le
manifestó mediante carta que estaba dispuesta a desistir del recurso una vez se
realizara la inscripción. La
Registradora solicitó en su moción que le permitamos llevar a cabo la inscripción
de la escritura que subsanará la falta señalada y que se desestime el presente
recurso. La parte recurrente radicó una
moción el 14 de abril de 2003 dando su anuencia a que se lleve a cabo la
inscripción.[2]
Con el
beneficio de la comparecencia de las partes estamos en posición de resolver y
procedemos a así hacerlo.
II
El principio
de legalidad vigente en nuestro ordenamiento exige que los títulos que gocen de
la protección que confiere la inscripción en el Registro sean válidos y
perfectos. A tenor con tal principio,
se ha delegado a los Registradores de la Propiedad la facultad de calificar los
títulos cuya inscripción se solicite. Art. 63 Ley Hipotecaria de 1979, 20 L.P.R.A. § 2267; Cabrer v.
Registrador, 110 D.P.R. 424, 429-430 (1982). En el supuesto de que la calificación sea favorable porque no se
encuentren faltas en el título presentado, el Registrador procederá a llevar a
cabo la inscripción solicitada.
Sin embargo, puede ocurrir que la calificación sea desfavorable y se
notifique alguna falta en el título. En
tales circunstancias, la parte interesada en la inscripción puede radicar un
escrito de recalificación dentro del término improrrogable de veinte (20) días
contados a partir de la notificación de la falta. Art. 70 de la Ley Hipotecaria de 1979, 30 L.P.R.A. § 2273.[3] Una vez solicitada la recalificación del
título, el Art. 76 de la Ley Hipotecaria, 30 L.P.R.A. § 2279, faculta a la
parte interesada en que se lleve a cabo la inscripción a recurrir ante este
Tribunal contra la calificación final efectuada por el Registrador, bien porque
se haya denegado la inscripción o porque no se le haya reconocido a un título
todo su valor y efecto legal.
El propósito del recurso gubernativo es darle oportunidad a la
parte interesada en una inscripción para impugnar la calificación llevada a
cabo por el Registrador. A su vez
permite que este Tribunal determine la existencia o no de las faltas
aducidas. Rivera Rivera, supra,
en las págs. 303-304. En Housing
Inv. Corp. v. Registrador,
110 D.P.R. 490, 501 (1980), señalamos:
La
jurisdicción gubernativa de este Tribunal, a falta de una Dirección General de
Registros con esa facultad, es de amplia competencia para una vez el
recurso esté propiamente ante nuestra consideración, conocer de y resolver de
un todo el conflicto registral, ilustrando tanto al recurrente como al
Registrador sobre cuál sea el curso registral correcto de los documentos
pendientes de inscripción. Con ese
método preceptivo aligeramos la solución total de la discrepancia, le
impartimos eficacia a nuestra intervención; y nada malo hay en que evitemos una
segunda o tercera confrontación entre parte y Registrador. (Énfasis suplido.)
Con el
anterior trasfondo doctrinal, pasemos a determinar si procede que ordenemos la
desestimación del recurso por haber sido subsanada la falta que dio lugar al
mismo. En el presente caso, la señora
Acosta Lebrón acudió ante este Foro luego de haber radicado un escrito de
recalificación y de habérsele notificado una nueva falta por la Registradora.[4] Pendiente el recurso, fue presentada ante el
Registro una escritura de rectificación que subsana la falta aducida por la
Registradora a los efectos de que el señor Ríos Acosta carecía de mandato para
representar a su esposa en un acto de enajenación.[5] La Registradora ha comparecido aceptando que
la falta ha quedado subsanada. Por otro
lado, la parte recurrente, señora Ríos Acosta, ha manifestado su interés en
desistir del recurso ya que su objetivo es que se lleve a cabo la inscripción
de la escritura de resolución de compraventa, de manera que conste a su nombre
la titularidad del inmueble.
No encontramos en la Ley Hipotecaria, su Reglamento, ni en la
jurisprudencia, disposición alguna que prohíba a la parte interesada en la
inscripción subsanar la falta señalada por el Registrador una vez se ha
radicado un recurso gubernativo. Ante
la ausencia de tal prohibición, resolvemos que la parte con interés en
la inscripción puede subsanar dicha falta.
En tales circunstancias, se entenderá que la parte recurrente ha
consentido la falta tácitamente, ya que ha decidido corregirla. Además, se entenderá que dicha parte ha
perdido el interés en que este Tribunal se pronuncie sobre la existencia o no
de las faltas aducidas. Por otro lado,
la subsanación conllevará la pérdida del interés por parte del Registrador de
sustentar la calificación impugnada ya que lo único que le restará por hacer es
calificar los documentos presentados para la subsanación. La ausencia de interés del Registrador
resulta más patente cuando éste acepta que la falta ha quedado subsanada y que
procede la inscripción, como ha ocurrido en el caso de autos.
Derrotado el
fin último del recurso gubernativo, que es impugnar la calificación y
determinar la existencia de la falta señalada, el remedio adecuado es la
desestimación para permitirle al Registrador que lleve a cabo la
inscripción. Al ejercer una vez más la
amplia competencia de este Foro en lo concerniente a los recursos gubernativos,
conviene recordar nuestros pronunciamientos en Housing Inv. Corp. v.
Registrador, supra, en la pág. 502: “[l]a indebida restricción de la
jurisdicción gubernativa de este Tribunal, además de recortar su utilidad, va
contra la naturaleza jurídica de este tipo de recurso, y contra la norma
general de usar la competencia de los organismos de decisión para resolver, y
no para posponer decisiones”.
En virtud de
lo anterior, resolvemos que al haberse consentido y subsanado la falta en el
recurso de epígrafe, procede que ordenemos su desestimación para permitirle a
la Registradora que lleve a cabo la inscripción solicitada.
Se dictará
sentencia de conformidad.
SENTENCIA
San Juan, Puerto Rico a 4 de
junio de 2003
Por
los fundamentos expuestos en la Per Curiam que antecede se desestima el recurso
gubernativo interpuesto y se ordena a la Registradora que lleve a cabo la
inscripción solicitada.
Lo
pronunció, manda el Tribunal y certifica la Secretaria del Tribunal Supremo. Los
Jueces Asociados señores Hernández Denton y Rivera Pérez disienten por entender
que esta Curia no tiene jurisdicción para adjudicar el presente recurso
gubernativo. Ello, en vista que la
peticionaria de autos no presentó un escrito de recalificación ante la segunda
notificación de falta, a tenor con lo dispuesto en el Art. 70 de la Ley
Hipotecaria, por lo que el recurso gubernativo presentado ante nos es
improcedente. Estimamos además que la controversia de epígrafe se tornó
académica en el momento que la parte peticionaria subsanó la falta notificada
dentro del término dispuesto por ley para ello. Los Jueces Asociados señores Rebollo López y Fuster Berlingeri no
intervinieron.
Patricia Otón Olivieri
Secretaria
del Tribunal Supremo
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