Jurisprudencia
del Tribunal Supremo de P. R. del año 2003
Cont. 2004 DTS 004 COLEGIO DE ABOGADO V. ALMODOVAR MARCHANY
2004TSPR004
Opinión
Disidente emitida por la Jueza Presidenta señora NAVEIRA MERLY a la que se une
el Juez Asociado señor FUSTER BERLINGERI
San Juan, Puerto Rico a 8 de
enero de 2004
La adjudicación del presente recurso
amerita que hagamos un balance entre dos (2) intereses que inciden sobre la
relación familiar –-la obligación de alimentar a los hijos menores de edad y la
autonomía de la voluntad para estipular el régimen económico matrimonial. Por entender que la decisión de la mayoría
tiene el efecto de validar automáticamente unas capitulaciones matrimoniales
que podrían menoscabar el bienestar de los hijos menores de edad habidos en un
matrimonio previo y su derecho a recibir alimentos, disentimos.
I
El 6 de marzo
de 1992, el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Carolina, decretó
el divorcio por consentimiento mutuo de la Sra. Wanda Ivette Maldonado y el Sr.
Elwood Cruz Dávila. Conforme a la
petición de divorcio presentada por éstos, el tribunal determinó que la señora
Maldonado tendría la custodia de la hija menor procreada durante el matrimonio;
que la patria potestad sería compartida por ambos progenitores; y que el señor
Cruz Dávila pagaría una pensión alimentaria de ciento sesenta dólares ($160.00) mensuales.
El 28 de enero de 1995 el señor Cruz
Dávila contrajo nupcias con la Sra. Gladys Arce. Ocho (8) días antes de la celebración del
matrimonio, el 18 de enero de 1995, éstos otorgaron una escritura de
capitulaciones matrimoniales. En la
misma estipularon, entre otras cosas, que repudiaban los principios de la
sociedad legal de gananciales; que dichas reglas no aplicarían en su
relación consensual ni en el matrimonio a ser contraído por éstos; y que el
régimen económico de su relación consensual y de su matrimonio sería el de
separación de bienes. También
estipularon las deudas familiares y del hogar de las cuales se haría cargo uno
y otro cónyuge, así como las deudas privativas de éstos. Acordaron, además, que compartirían la
responsabilidad económica por los hijos que procrearan en común, pero que la
responsabilidad por alimentar los hijos o parientes de uno u otro cónyuge sería
privativa de éste.
El 7 de mayo de 1996 la señora
Maldonado presentó una moción solicitando aumento de pensión alimentaria a por
lo menos ochocientos dólares ($800.00) mensuales. Además, incluyó como parte demandada a la
señora Arce, quien fue debidamente emplazada.
La señora Maldonado adujo en la moción que, independientemente del
régimen económico bajo el cual la señora Arce y el señor Cruz Dávila hubiesen
contraído matrimonio, la actual esposa de éste era “parte realmente interesada
en este procedimiento, por cuanto es persona con ingresos mensuales
sustanciales provenientes de su empleo, con las aportaciones correspondientes a
la manutención del hogar conyugal que tiene establecido con el padre”.
La señora Arce presentó una moción de sentencia sumaria, en la cual
señaló que aunque de ordinario la responsabilidad por el sostenimiento de la
familia y la educación de los hijos comunes y de cualquiera de los cónyuges
corresponde a la sociedad legal de gananciales, habiéndose pactado expresamente
entre ella y el señor Cruz Dávila el régimen de separación de bienes y el
repudio al régimen económico ganancial, no procedía que se le impusiera
responsabilidad personal por los alimentos de la menor hija de su esposo, ni
que se tomaran en cuenta sus ingresos para computar la cuantía de la pensión
alimentaria que el señor Cruz Dávila debía satisfacer a favor de la menor.[1]
La señora Maldonado presentó una
oposición juramentada a la moción de sentencia sumaria. Alegó que de la propia escritura de capitulaciones
matrimoniales surgía su nulidad ya que: (1) regulaban la vida prematrimonial y
post divorcio de los esposos Cruz-Arce; (2) de sus propias cláusulas se
desprendía la existencia de una comunidad de bienes en la cual cada cónyuge
tenía asignados una serie de gastos del hogar y la familia; y (3) expresamente
señalaban que la señora Arce no tendría obligación de alimentar a los hijos del
señor Cruz habidos en otro matrimonio.
Señaló, además, que la controversia no era susceptible de resolverse por
la vía sumaria ya que era necesario celebrar una vista evidenciaria para
determinar si entre los cónyuges surgió una sociedad legal de gananciales. En la alternativa, adujo que precisaba
celebrar una vista evidenciaria, con la señora Arce como parte indispensable,
para cuantificar las aportaciones que ésta hacía al hogar y de esta forma
imputar la suma restante al señor Cruz Dávila como ingreso bruto a los fines de
fijar la cuantía de la pensión alimentaria.[2]
Así las cosas, el 5 de
marzo de 1997 la señora Maldonado y el señor Cruz Dávila presentaron una
estipulación ante el tribunal de instancia en la cual establecieron que el
señor Cruz Dávila pagaría una pensión alimentaria de quinientos dólares
($500.00) mensuales, más las mensualidades del colegio, gastos escolares
relacionados y el plan médico de la menor.
Luego de varios incidentes procesales, el foro de instancia dictó
sentencia de acuerdo con dicha estipulación, la cual fue notificada el 4 de
marzo de 1998.
Aproximadamente cuatro (4) meses más tarde, el 1 de julio de 1998, la
señora Maldonado presentó una nueva moción solicitando aumento de pensión
alimentaria en la cual incluyó como partes en el epígrafe al señor Cruz Dávila,
la señora Arce y la sociedad legal de gananciales compuesta por ambos. Alegó que luego de la fecha de la
estipulación sobre alimentos ocurrieron cambios significativos, sustanciales e
imprevistos que justificaban su petición de aumento de pensión. Señaló la señora Maldonado que los ingresos
del padre alimentante y de su sociedad de gananciales habían aumentado
sustancialmente, así como también los gastos de la menor, mientras que sus
ingresos habían disminuido significativamente luego de la fecha de la
estipulación. En consecuencia, solicitó
un aumento de pensión a por lo menos mil quinientos dólares ($1,500.00)
mensuales.
La señora Arce compareció nuevamente y presentó una moción de
desestimación de la demanda en cuanto a su persona. A esta moción incorporó por referencia las
alegaciones que hiciera en su solicitud de sentencia sumaria y reiteró que por
haber contraído matrimonio bajo el régimen de separación de bienes, sus
ingresos no deberían ser considerados al determinar la pensión alimentaria de
la menor.
Por su parte, el señor Cruz Dávila se opuso al aumento de pensión alimentaria
alegando que la cantidad solicitada era irrazonable, pues él cubría todos los
gastos de la menor, incluyendo la matrícula del colegio, las mensualidades
escolares, el plan médico, las clases de ballet y los deducibles
médico-hospitalarios. Indicó, además,
que si su esposa era incluida en el pleito, aun habiéndose casado bajo el
régimen de separación de bienes, sería entonces imperativo traer como parte
indispensable al nuevo esposo de la señora Maldonado, el Sr. Antonio Dorán, de
quien la peticionaria alegó que dependía económicamente.[3] El
tribunal de instancia celebró una vista el 22 de febrero de 1999 en la cual
estuvieron presentes el señor Cruz Dávila, la señora Maldonado y su esposo, el
señor Dorán. En ésta las partes llegaron
a una serie de acuerdos en torno a las relaciones paterno-filiales.
El 19 de marzo de 1999 el foro de
instancia dictó sentencia desestimando sumariamente la demanda en solicitud de
aumento de pensión alimentaria respecto a la señora Arce, por ésta haber
contraído matrimonio con el padre alimentante luego de otorgar capitulaciones
matrimoniales estableciendo el régimen de separación de bienes. De esta determinación recurrió la señora
Maldonado ante el Tribunal de Circuito de Apelaciones (en adelante Tribunal de
Circuito), alegando que las capitulaciones matrimoniales eran nulas y que era
necesario celebrar una vista evidenciaria para determinar cuál era el verdadero
régimen económico del matrimonio y si procedía que se le imputaran al señor
Cruz Dávila ingresos adicionales a raíz de las aportaciones económicas de la
señora Arce al hogar conyugal.
El Tribunal de Circuito dictó
sentencia en la que confirmó el dictamen del foro primario. Resolvió que la escritura de capitulaciones
no era nula y que, aun de existir alguna cláusula contraria a la ley, ésta se
tendría por no puesta y no afectaba el resultado del caso. Concluyó, además, que la obligación de
sostener a los hijos comunes y de cualquiera de los cónyuges correspondía a la
sociedad legal de gananciales, régimen que específicamente rechazaron los
esposos Cruz-Arce en sus capitulaciones, por lo que el sostenimiento de la
menor correspondía únicamente a su padre, el señor Cruz Dávila. Finalmente, el foro apelativo concluyó que no
era necesaria una vista evidenciaria para determinar cuál era el régimen
económico del matrimonio Cruz-Arce o para evaluar cuál era la aportación
económica de la señora Arce al matrimonio y así cuantificar los ingresos
adicionales que debían imputársele al señor Cruz Dávila.
Inconforme, la señora Maldonado recurrió ante nos mediante recurso de certiorari. Alegó, en síntesis: (1) que la escritura de
capitulaciones era nula en su forma y contenido, pues extendía la aplicación de
sus cláusulas a la relación pre y post matrimonial de los señores Cruz-Arce,
por contener cláusulas contradictorias entre sí y por contener cláusulas
contrarias a la ley; (2) que a la luz de las cláusulas de la escritura,
correspondía que se celebrase una vista evidenciaria a los fines de determinar
cuál era el verdadero régimen económico del matrimonio, pues la escritura
realmente establecía una comunidad de bienes entre los esposos Cruz-Arce; y (3)
que en las circunstancias del presente caso era de aplicación la doctrina de
imputación de ingresos, la cual requiere que en casos en que se haya pactado la
separación de bienes se determine en forma específica cuáles son las
aportaciones de cada cónyuge al hogar y la familia al momento de fijar la
pensión alimentaria.
Examinemos
los preceptos aplicables al recurso de autos.
II
La
controversia ante nos requiere que determinemos si actuaron correctamente el
foro de instancia y el apelativo al desestimar sumariamente la demanda en
cuanto a la señora Arce por entender que las capitulaciones matrimoniales
otorgadas entre ésta y su esposo eran válidas.[4]
La sentencia
sumaria es un remedio extraordinario y discrecional que sólo debe concederse
cuando no existe una controversia genuina sobre hechos materiales y lo que
resta es aplicar el Derecho, por lo que no hay necesidad de celebrar una vista
evidenciaria. Véanse Sánchez Montalvo
v. Autoridad de Puertos, res. el 7 marzo de 2001, 153 D.P.R. _____ (2001),
2001 T.S.P.R. 30, 2001 J.T.S. 34; Consejo de Titulares v. M.G.I.C. Financial,
128 D.P.R. 538, 548-549 (1991); Corp. Presiding Bishop v. Purcell, 117
D.P.R. 714, 719-723 (1986). Cualquier
duda sobre la existencia de una controversia sobre los hechos materiales debe
resolverse contra la parte promovente.
La sentencia sumaria puede dictarse a favor o en contra de la parte que
la solicita, según proceda en Derecho.
El propósito de este mecanismo procesal es "aligerar la tramitación
de un caso permitiendo que se dicte sentencia sin necesidad de que se tenga que
celebrar la vista en los méritos, cuando de los documentos no controvertidos
que se acompañan con la solicitud surge que 'no existe una legítima disputa de
hecho a ser dirimida, ... sólo resta aplicar el derecho.” Véanse Corp.
Presiding Bishop CJC of LDS v. Purcell, supra, pág. 720 (1986); Marín
v. American Int'l Ins. Co. of P.R., 137 D.P.R. 356 (1994); Soto v. Hotel
Caribe Hilton, supra; Pilot Life Ins. Co. v. Crespo Martínez,
136 D.P.R. 624 (1994).
“Como regla
general, se dicta sentencia sumaria a base de los documentos admisibles en
evidencia sometidos por el promovente con su moción, los documentos sometidos
por la parte promovida con su moción en oposición y aquellos que obran en el
expediente del tribunal”. Medina v.
Merck, Sharp & Dome, 135 D.P.R. 716, 726 (1994). La parte promovida solamente podrá derrotar
la moción de sentencia sumaria presentando oposición acompañada con prueba
admisible en evidencia que controvierta o rebata la evidencia afirmativa
presentada por el promovente ya que en la sentencia sumaria no se dirime
credibilidad. Id., págs. 732-733.[5]
Ahora
bien, por ser la sentencia sumaria un remedio discrecional, "[e]l sabio
discernimiento es el principio rector para su uso porque, mal utilizada, puede
prestarse para despojar a un litigante de 'su día en corte', principio
elemental del debido procedimiento de ley". Roig Com. Bank v. Rosario Cirino, 126
D.P.R. 613, 617 (1990). Así, pues,
existen litigios y controversias que por su naturaleza no hacen deseable o
aconsejable resolverlos mediante sentencia sumaria, porque difícilmente en
tales casos el tribunal puede tener ante sí toda la verdad de los hechos a
través de declaraciones juradas o deposiciones.
Soto v. Hotel Caribe Hilton, supra, pág. 301, citando a García
López v. Méndez García, 88 D.P.R. 363, 380 (1963).
A la luz de los
principios expuestos, corresponde que analicemos si la prueba que tuvo ante sí
el tribunal de instancia era suficiente para determinar sumariamente que la
escritura de capitulaciones matrimoniales de los esposos Cruz-Arce era válida
como cuestión de derecho y, además, concluir que no procedía imputarle ingresos
al señor Cruz Dávila en virtud de su matrimonio con la señora Arce. Para hacer esta determinación es necesario
examinar, en primer término, las disposiciones relacionadas con las
capitulaciones matrimoniales, en conjunto con el derecho de alimentos de los
hijos menores de edad.
III
Nuestro ordenamiento reglamenta los
efectos económicos del matrimonio respecto a los cónyuges y respecto a
terceros. De esta forma se admiten las
capitulaciones matrimoniales, que pueden definirse como el contrato celebrado
entre los futuros cónyuges, con anterioridad al matrimonio, “con el fin casi
exclusivo de fijar el régimen a que deben sujetarse los bienes del mismo”. Francisco Fortuny Comaposada, El régimen
de bienes en el matrimonio, Colección Nereo, 1962, pág. 9. El Art. 1267 del Código Civil, 31 L.P.R.A.
sec. 3551, dispone que “los que se unan en matrimonio podrán otorgar sus
capitulaciones antes de celebrarlo, estipulando las condiciones de la sociedad
conyugal relativamente a los bienes presentes y futuros sin otras limitaciones
que las señaladas en este título”.
Como regla general y dentro del principio de autonomía de la voluntad que
impera en nuestro sistema de contratación, las capitulaciones matrimoniales
admiten toda clase de pactos. Sin
embargo, en este contrato la autonomía de las partes no es absoluta ya que
están prohibidos los pactos que sean contrarios a la naturaleza y los fines del
matrimonio; que contravengan preceptos legales de carácter prohibitivo o
imperativos; y que sean depresivos de la autoridad que corresponde respectivamente
a los futuros cónyuges en la familia.
Art. 1268 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 3552; Domínguez
Maldonado v. E.L.A., 137 D.P.R. 954, 960 (1995).
En las capitulaciones matrimoniales los futuros cónyuges pueden optar
por: (1) la separación de los bienes pero con participación en ganancias; (2)
la sociedad de gananciales, para lo cual basta con guardar silencio; (3)
renunciar al régimen ganancial; (4) la total separación de bienes; o (5) elegir
cualquier otro régimen que combine estas posibilidades, siempre que no infrinja
las leyes, la moral o las buenas costumbres.
De otra parte, los futuros esposos pueden pactar, además del régimen
económico, acuerdos relativos a la gestión de cada uno de los cónyuges en sus bienes
propios y la intervención en ellos del otro e, inclusive, establecer donaciones
por razón de matrimonio. Umpierre v.
Torres Díaz, 114 D.P.R. 449, 460 (1983). Véanse José Castán Tobeñas, Derecho civil
español, común y foral, Tomo V, Vol. I, 11ma ed., Reus, 1987, págs. 331-332; Manuel Albaladejo, Compendio
de Derecho civil, Ed. Bosch, 3ra ed., 1976, págs. 516-517.[6] Anteriormente hemos reconocido que
aunque el propósito fundamental de realizar un pacto de capitulaciones es
establecer el régimen económico que ha de imperar en el matrimonio, este tipo
de contrato puede tener otras finalidades ajenas al régimen económico conyugal. Domínguez Maldonado v. E.L.A., supra,
págs. 960-961.
La razón para que se reconozca cierta liberalidad en
relación a la clase de pactos que pueden establecerse mediante capitulaciones
matrimoniales es que nuestro Código Civil, aunque reconoce el régimen económico
matrimonial de separación de bienes, no dispone expresamente cuales serán las
reglas que han de seguirse para atender las cargas económicas del matrimonio en
estos casos, ni para disponer de los bienes en caso de disolución del
matrimonio. Lo contrario ocurre en
cuanto a la sociedad de gananciales, la cual está regulada extensamente por el
Código Civil. Es por ello que al
interpretar una escritura de capitulaciones matrimoniales, hay que examinar
cuidadosamente aquellos acuerdos que los cónyuges han establecido para
reglamentar su relación económica.
Lo anterior cobra fundamental importancia ante el hecho de que en nuestro
ordenamiento aún impera el principio de inmutabilidad de las capitulaciones
matrimoniales. Según éste, una vez
celebrado el matrimonio, las capitulaciones no pueden ser modificadas, ni
siquiera con el mutuo acuerdo de los cónyuges.
Arts. 1271 y 1272 del Código Civil, 31 L.P.R.A. secs. 3555 y 3556. La vigencia de esta doctrina en nuestro
ordenamiento ha dado lugar a varias controversias presentadas ante este Foro en
las cuales uno o ambos cónyuges, que han otorgado capitulaciones matrimoniales,
han querido establecer o probar que durante su matrimonio no han seguido tal
régimen de separación de bienes.[7]
En Domínguez Maldonado v. E.L.A., supra, un matrimonio
presentó una solicitud de sentencia declaratoria para que el tribunal decretase
que entre ellos existía una sociedad legal de gananciales, aunque habían
otorgado capitulaciones matrimoniales en las cuales guardaron silencio con
relación al régimen económico del matrimonio, pero indicaron que no regiría la
sociedad legal de gananciales. En estas
circunstancias resolvimos, de acuerdo al principio de inmutabilidad, que cuando
una pareja otorga un contrato de capitulaciones y expresamente pacta que no
desea que surja el régimen ganancial, el hecho de que durante el matrimonio
lleven a cabo actos de administración y esfuerzo común, no genera entre dichos
cónyuges una sociedad legal de gananciales.[8]
De otra parte, en Umpierre v. Díaz, 114 D.P.R. 449 (1983),
atendimos el reclamo de una ex esposa que alegaba que entre ella y su ex
cónyuge había surgido una sociedad legal de gananciales aun cuando éstos habían
otorgado capitulaciones matrimoniales.
En ese caso, de acuerdo con la evidencia presentada, reconocimos la
existencia de una sociedad legal de gananciales ya que, contrario a Domínguez,
en la escritura de capitulaciones no se rechazó expresamente el régimen
ganancial, como tampoco se estableció específicamente que existiría entre los
cónyuges una total separación de bienes.
Como se puede apreciar, no ha sido
tarea fácil para este Tribunal trazar los contornos del régimen económico de la
separación de bienes durante el matrimonio cuando uno o ambos cónyuges han
pretendido impugnar la validez de sus capitulaciones matrimoniales y los
acuerdos establecidos en éstas.[9] Dicha tarea se hace aún más difícil cuando,
como en el caso de autos, se trata de una tercera persona, ajena al matrimonio
y que no ha sido parte del contrato de capitulaciones, quien intenta impugnar
la validez de éstas y establecer que en la realidad el matrimonio no ha seguido
el régimen económico de separación de bienes pactado.
No es la primera vez que se presenta
ante nos una controversia similar a la de autos. En Cepeda v. García, 132 D.P.R. 698
(1993), la señora Cepeda, ex esposa del señor García, solicitó un aumento en la
pensión alimentaria que éste pagaba.
Como parte de dicho procedimiento, se le cursó al señor García un
interrogatorio solicitándole información sobre los ingresos, gastos y ocupación
de su nueva esposa, con la cual se había casado bajo capitulaciones
matrimoniales estableciendo el régimen de separación de bienes. El señor García se negó a proveer dicha
información aduciendo que ésta era inmaterial pues había contraido matrimonio
bajo capitulaciones matrimoniales y, además, su esposa no era parte en el
procedimiento.
El foro de instancia concluyó que, aun existiendo separación de bienes,
era menester contestar las preguntas del interrogatorio referentes a los
ingresos de la nueva esposa ya que ambos cónyuges eran responsables de los
alimentos de los menores procreados en matrimonios anteriores. Inconforme, el señor García recurrió ante nos
señalando que había incidido el tribunal al concluir que los ingresos de su
nueva esposa tenían que ser considerados para determinar la cuantía de aumento
de la pensión y que, además, él carecía de autoridad para representar a su
esposa en el pleito, quien no había sido emplazada. Al resolver la controversia, no nos
expresamos sobre si procedía o no incluir o tomar en consideración los ingresos
de la nueva esposa, ya que concluimos que antes de hacer cualquier
determinación sobre el particular, era necesario que ésta fuese emplazada, por
ser parte indispensable. Así, pues,
nuestra jurisprudencia no ha confrontado previamente la impugnación de unas
capitulaciones matrimoniales por un tercero y, específicamente, cuando se alega
que el contrato capitular menoscaba el derecho de una menor de edad de recibir
alimentos.
IV
Sabido es que en nuestra
jurisdicción la obligación de los progenitores de proveer alimentos a sus hijos
se manifiesta a la luz del derecho a la vida consagrado en el Carta de Derechos
de la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. L.P.R.A., Tomo I; Chévere v. Levis I,
res. el 15 de marzo de 2000, 150 D.P.R. _____ (2000), 2000 J.T.S. 56, 2000
T.S.P.R. 42. La obligación de los
padres de proveer alimentos a sus hijos menores está revestida del más alto
interés público y, por tanto, el Estado ha legislado ampliamente para
segurar su cumplimiento. Martínez
Vázquez v. Rodríguez Laureano, res. el 13 de agosto de 2003, 160 D.P.R.
_____ (2003), 2003 J.T.S. 134, 2003 T.S.P.R. 134; López v. Rodríguez, 121
D.P.R. 23, 28 (1988); Ex parte Negrón Rivera y Bonilla, 120 D.P.R. 61
(1987). Esta obligación incluye todo lo
que es indispensable para el sustento, habitación, vestido y asistencia médica,
según la posición social de la familia. Art.
142 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 561.
Existe una clara política pública de
procurar que los padres o las personas legalmente responsables contribuyan a la
manutención de sus hijos en la medida en que sus recursos se lo permitan. Véanse Ley Núm. 5 de 30 de diciembre de 1986,
según enmendada, Ley Orgánica de la Administración para el Sustento de Menores,
8 L.P.R.A. sec. 8; Soto Cabral v. E.L.A., 138 D.P.R. 298 (1995). El deber de alimentar, de educar y de criar a
los hijos menores es producto de ser padre o madre y se origina desde el momento
en que la paternidad o maternidad quedan establecidos. Chévere v. Levis I, supra; Chévere
v. Levis II, res. el 3 de noviembre de 2000, 152 D.P.R. _____ (2000), 2000
J.T.S. 175, 2000 T.S.P.R. 163.
La obligación de los padres de proveer alimentos a sus hijos tiene
esencialmente dos (2) fuentes estatutarias en el Código Civil. Una de ellas surge del Art. 153, 31 L.P.R.A.
sec. 601, que establece como parte de los deberes y obligaciones del padre y la
madre el alimentar a sus hijos menores.
Este deber no depende del estado de necesidad del hijo, sino que emana
directamente del hecho de la paternidad o maternidad y se ha interpretado como
parte del conjunto de derechos y obligaciones que emanan de la patria
potestad. Chévere v. Levis, supra. La segunda fuente de los alimentos para los
hijos menores de edad surge del Art. 143, 31 L.P.R.A. sec. 562, que dispone que
los ascendientes y descendientes están obligados a darse alimentos. Esta obligación no requiere que el hijo sea
menor de edad. En tales casos, el
derecho a recibir alimentos se fundamenta en el estado de necesidad del hijo y
depende de la condición económica del padre alimentante. Ch[evere v. Levis I, supra.
De otra parte, el Art. 1308 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 3661,
impone a la sociedad de bienes gananciales la obligación de velar por
“el sostenimiento de la familia y la educación de los hijos comunes y de
cualquiera de los cónyuges”.
(Énfasis suplido.) Más aún,
cualquier nueva sociedad de gananciales que se cree será responsable del
sustento y de los alimentos de los hijos menores de edad habidos en un
matrimonio anterior de alguno de sus componentes. En consecuencia, cuando cualquiera de los
padres constituye un nuevo matrimonio bajo el régimen ganancial, el tribunal,
al fijar o de alguna manera modificar una pensión alimentaria que deba pagar
uno de los cónyuges, deberá tomar en consideración la capacidad económica de la
nueva sociedad conyugal, ya que puede presumirse razonablemente que bajo el
régimen ganancial el padre o madre que se ha casado habrá de beneficiarse de
los ingresos y bienes adquiridos por la sociedad y/o su cónyuge. Art. 145 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sec.
564; López v. Rodríguez, 121 D.P.R. 23, 30-31 (1988). A tenor de lo anterior, hemos resuelto que
cuando los padres se separan o divorcian, la obligación de alimentar a los
hijos menores es una personal de cada uno de los ex cónyuges que
deberá ser satisfecha de su propio peculio, a excepción de aquellos
casos en que el padre o madre alimentante haya contraído nuevas nupcias, en que
la obligación será imputable a la nueva sociedad de gananciales que se
haya constituido. Figueroa
Robledo v. Rivera Rosa, res. el 22 de octubre de 1999, 149 D.P.R. 565, 578
(1999).
Ahora bien, el pacto de una pareja de establecer la separación de sus
bienes mediante capitulaciones matrimoniales, tiene el efecto de que con el
subsiguiente matrimonio no surge una sociedad legal de bienes
gananciales sobre la cual pueda recaer la responsabilidad económica por los
alimentos de los hijos de uno de los cónyuges.[10] Sobre el particular, en la doctrina española
se ha expresado que en el régimen de separación de bienes ninguno de los hijos
de uno sólo de los cónyuges está incluido dentro de las cargas del matrimonio,
entendiendo que “es congruente con la economía de separación la aplicación pura
y simple de los preceptos sobre alimentos entre ascendientes y descendientes que
no conocen ningún caso de deuda alimenticia entre parientes por afinidad”. (Énfasis suplido.) Jesús Delgado Echevarría, El régimen
matrimonial de separación de bienes en Cataluña, Tecnos, 1974, pág. 177.
Algunos se han planteado si esto sucederá siempre o si debe dársele
alguna consideración al hecho de si los hijos de uno de los cónyuges conviven o
no en el hogar familiar.[11] De acuerdo con Puig Ferriol y Roca Trías, los
gastos de mantenimiento de los hijos de uno de los cónyuges corren por cuenta
de éste aunque convivan en compañía del matrimonio, de tal manera que si un
cónyuge concurre con los gastos respecto a los hijos de otro, adquiere un
crédito contra él. Puig Ferriol y Roca
Trías, Fundamentos del derecho civil en Cataluña, Derecho familiar Catalán,
Tomo II, Bosch, 1979, pág 125. Otros
tratadistas opinan que el mantenimiento y educación de los hijos de uno sólo de
los cónyuges que conviven en el hogar, aun mediando el régimen de separación de
bienes, debe ser considerado una carga del matrimonio a la que ambos cónyuges
están obligados a contribuir. Delgado
Echevarría, supra, pág. 351. Sin
embargo, se considera que “si los hijos no conviven en el hogar familiar, su
sostenimiento y educación estará a cargo exclusivamente [d]el cónyuge
progenitor”. Ángel Luis Rebolledo
Valera, La separación de bienes en el matrimonio: El régimen convencional de
separación, Montecorvo, 1983, pág. 374.
Este tema también ha sido objeto de alguna discusión en Puerto Rico. Se ha señalado que una de las razones,
posiblemente la principal, que tienen los futuros consortes para otorgar
capitulaciones matrimoniales es, precisamente, que el nuevo cónyuge no responda
por las deudas alimentarias del otro y que cláusulas en este sentido deben ser
declaradas contrarias al orden público.
Migdalia Fraticelli Torres, Un nuevo acercamiento a los regímenes
económicos en el matrimonio: La sociedad legal de gananciales en el derecho
puertorriqueño, 19 Rev. Jur. U.I.P.R.
413, 434 y 500-501 (1995). Es necesario
poner en perspectiva estas expresiones.
De entrada, debemos reconocer que nuestro ordenamiento permite al nuevo
cónyuge que no desea ver comprometido su patrimonio con las deudas del otro cónyuge,
inclusive las alimentarias, la alternativa de no contraer matrimonio bajo el
régimen de sociedad legal de gananciales.
En lo que aquí nos concierne, es decir, la responsabilidad del nuevo
matrimonio casado bajo el régimen de separación de bienes por los alimentos que
deba satisfacer uno de los cónyuges a favor de sus hijos menores que no
conviven en el hogar del nuevo matrimonio, y a la luz de lo que hasta ahora
hemos discutido, debemos concluir que la separación de bienes y el repudio a la
sociedad de gananciales trae como consecuencia que la deuda de alimentos de uno
de los cónyuges respecto a sus hijos se mantenga como una de carácter privativo
y exclusivo de dicho padre o madre, que éste debe satisfacer de su
patrimonio.
Lo anterior no es, de por sí,
contrario al orden público, pues el ordenamiento impone la responsabilidad
principal por los alimentos de los menores al padre y la madre y en cuanto a
esta obligación el nuevo cónyuge es un tercero.[12] Si éste quiere asumir dicha obligación
alimentaria, así puede hacerlo optando por el régimen de la sociedad legal de
gananciales, pero si ese no es su deseo, el ordenamiento permite separar su patrimonio
del de su cónyuge alimentante.
Sin embargo, como cuestión de política pública, no
podemos perder de perspectiva que las deudas en concepto de alimentos tienen un
carácter especial, en virtud de la protección debida a los menores y el deber
de sus padres de proveerles alimentos con arreglo a su fortuna. La declaración de política pública de la Ley
Núm. 5 de 30 de diciembre de 1986, según enmendada, Ley Orgánica de la
Administración para el Sustento de Menores, 8 L.P.R.A. sec. 8, indica que:
El incumplimiento de las
obligaciones morales y legales por parte de uno o ambos padres para con sus
hijos constituye uno de los problemas más apremiantes en nuestra sociedad. Causas de este problema lo son el deterioro de
los valores sociales, la desintegración de la unidad familiar, el aumento en el
número de niños nacidos fuera del matrimonio, el alto número de divorcios y el
desempleo.
Ante el grave problema
del incumplimiento de la obligación alimentaria hacia los hijos es necesario
poner en vigor una política pública de paternidad responsable. Además, es posible hacerlo porque, en la
mayoría de los casos el padre incumplidor tiene la capacidad económica para
satisfacer su obligación. (Énfasis suplido.)
En atención al alto interés publico del que está revestido el derecho de
alimentos de los hijos menores de edad, la reclamación de un menor alimentista
a los efectos de que su padre o madre que se ha casado bajo capitulaciones
realmente no sigue el régimen de separación de bienes, debe ser analizada con
mucha cautela. No se trata de que los
futuros cónyuges no puedan pactar que sólo el padre o madre se hará cargo de la
deuda alimentaria con respecto a los hijos propios, sino de evitar que el
pacto de separación de bienes tenga realmente el único propósito de que el otro
cónyuge evada una posible responsabilidad por alimentos, mientras que
en realidad los nuevos cónyuges, con respecto a todas sus demás deudas y la
administración de todos sus bienes, se conduzcan realmente como una sociedad
legal de gananciales, la cual, de ordinario, sí es responsable por los
alimentos de los hijos de cualquiera de los cónyuges. Dentro de este contexto, debe reconocérsele
al alimentista un derecho a inquirir sobre si los nuevos esposos siguen
realmente el régimen de separación de bienes pactado.[13] En tales casos el tribunal debe auscultar
cuál es el régimen que realmente existe entre la pareja a los fines de
asegurarse que las capitulaciones matrimoniales no son un subterfugio para que
el padre o madre alimentante se libere en alguna proporción de su obligación
alimentaria por el hecho de que las capitulaciones contengan pactos que tengan
el propósito deliberado o el efecto de reducir su capacidad para
cumplir con la obligación alimentaria preexistente.
Conviene
indicar que una determinación a los efectos que existe realmente un régimen de
separación de bienes y, por consiguiente, el cónyuge no alimentante no será
responsable con su propio patrimonio por la deuda de alimentos del otro, no
necesariamente excluye la posibilidad de que puedan tomarse en cuenta los
ingresos de ambos
cónyuges al determinar el monto de la pensión alimentaria a concederse en
beneficio del hijo de uno de éstos.
Recuérdese que los padres tienen el deber de alimentar a sus hijos
menores con arreglo a su fortuna.
Podría darse el caso de que un padre o madre obligado a alimentar a un
hijo contraiga nupcias bajo el régimen de separación de bienes, pero que, en
virtud de dicho matrimonio, como cuestión de realidad, el alimentante se vea
relevado de toda una serie de responsabilidades económicas por el hecho de que
el otro cónyuge se haga cargo de éstas.
En tales casos, el padre o madre obligado a prestar alimentos estaría
obteniendo un beneficio o alivio económico sustancial y al hijo alimentista
debe reconocérsele un derecho a participar de dichos beneficios. También podría ocurrir que, aunque exista la
separación de bienes, el cónyuge alimentante sea el que tenga la responsabilidad
económica mayor por las cargas del matrimonio, de manera que la distribución de
las responsabilidades económicas resulte irrazonable y tenga el efecto de
empobrecer el patrimonio del alimentante.
En estos casos, los tribunales deberán evaluar cuidadosamente las
alegaciones y la evidencia que tenga ante sí de manera que se protejan
adecuadamente los derechos del alimentista.
Repetimos que lo esencial es asegurar que los acuerdos de la nueva
pareja no tengan el efecto ni el propósito de reducir la capacidad del
alimentante para cumplir su obligación de proveer alimentos a un hijo menor de
edad habido en una relación anterior.
A la luz de lo expuesto anteriormente, corresponde que analicemos los
hechos del caso de marras.
V
En su primer
planteamiento, la recurrente alega que, como cuestión de derecho, la escritura
de capitulaciones matrimoniales es nula en su forma y contenido, esencialmente
porque ésta extiende la aplicación de sus cláusulas a la relación pre y post
matrimonial del señor Cruz y la señora Arce; por contener cláusulas contradictorias
entre sí; y por eximir expresamente a la señora Arce de la responsabilidad
alimentaria por la menor aquí concernida.
La señora Maldonado alega que es necesaria la celebración de una vista
evidenciaria para resolver este particular.
No le asiste la razón. Aunque las
capitulaciones matrimoniales son un contrato que está dirigido principalmente a
regular el régimen económico matrimonial, ello no impide que se disponga en
éstas para otro tipo de arreglos, que pueden incluir acuerdos pre matrimoniales
y post divorcio. Se trata de asuntos que
la pareja ha preferido consignar en la escritura de capitulaciones. Nada hay en derecho que impida tales pactos,
siempre que no sean contrarios a las leyes, la moral o el orden público.
Por otra parte, las cláusulas G(10) e I de la escritura de capitulaciones
matrimoniales, en las que se establece que el señor Cruz Dávila será el único
responsable por la deuda alimentaria de su hija habida con la señora Maldonado,
tampoco son nulas de su faz, a tenor del análisis precedente en esta
Opinión. No obstante, la efectividad de
aquella parte de la cláusula I en la cual se dispone que “bajo ningún concepto
podrán tomarse o computarse los bienes e ingresos de la [señora Arce] para
determinar la capacidad de pago del [señor Cruz Dávila] en cualquier aportación
futura que venga obligado a satisfacer por concepto de alimentos, ya sea para
los hijos o para cualquier ex cónyuge” estaría sujeta al escrutinio judicial
sobre la verdadera relación existente entre los cónyuges. Veamos.
La señora Maldonado alegó que en las circunstancias del presente caso,
era necesaria la celebración de una vista evidenciaria para determinar si
realmente existe entre el matrimonio Cruz-Arce el régimen de separación de
bienes o una sociedad legal de gananciales, que invalidaría las
capitulaciones. Para justificar la
necesidad de dicha vista, la señora Maldonado hace referencia a: (1) las
planillas de información económica sometidas por el señor Cruz Dávila y la
señora Arce a principios de 1997 y (2) las cláusulas de la escritura donde se
consignan las aportaciones que hará uno y otro cónyuge al hogar familiar. De las planillas de información económica
rendidas por el señor Cruz Dávila y la señora Arce surge que éste tenía unos
gastos médicos y de otra índole que eran similares a los reportados por la
señora Arce en su correspondiente planilla.[14]
Por su parte, la señora Arce indicó en
su planilla que era estudiante y la totalidad de sus gastos eran sufragados por
su esposo.
Según la señora
Maldonado, la coincidencia en los gastos de uno y otro cónyuge y el hecho de
que el señor Cruz Dávila, al menos durante 1996, aparentemente pagó los gastos
de su esposa por ésta ser estudiante, sugiere la existencia de una sociedad
legal de gananciales o, al menos, una comunidad de bienes.
Para atender
este planteamiento es necesario indicar que el hecho de que una pareja casada
bajo separación de bienes reporte unos gastos similares, no significa que no
siguen la separación de bienes. Más
bien, refleja que ambos tienen un nivel de vida y gastos similares, lo cual no
es extraño en la vida en pareja. Por
otra parte, en el caso específico de los esposos Cruz-Arce, el hecho de que
durante el año 1996 aparentemente el señor Cruz Dávila cubría los gastos de su
esposa, tampoco tiene la consecuencia de convertir su matrimonio en una
sociedad de gananciales. De hecho, los
esposos Cruz-Arce contemplaron la posibilidad de que en algún momento uno de
ellos tuviese que hacerse cargo de los gastos del otro. A estos efectos estipularon, en la cláusula H
de la escritura, que “únicamente mientras dure su matrimonio, y en la
eventualidad de que uno de ellos se enferme de cama o quede temporeramente
incapacitado u imposibilitado de generar suficientes ingresos para satisfacer
su aportación al hogar conyugal, el otro asumirá esa responsabilidad hasta
tanto cese el impedimento o incapacidad del primero”.
Como
se puede notar, aunque no se menciona específicamente el asumir los gastos de
un cónyuge mientras el otro esté estudiando, la cláusula citada puede
razonablemente aplicarse a esta situación ya que todo parece indicar que los
estudios de la señora Arce imposibilitaban, al menos para 1996, que ésta
hiciera mayores aportaciones al hogar conyugal.
Dicha asunción de gastos por parte del señor Cruz Dávila, que pudo haber
sido temporal, no significa de por sí, que los esposos Cruz-Arce incumplen el
régimen económico pactado.
Sin embargo, la
recurrida señala que de acuerdo a la escritura de capitulaciones, la señora
Arce hará aportaciones al hogar familiar, por lo que “al alimentante habrá de
imputársele un ahorro en sus gastos propios”.
Por otra parte, también alega que “en la medida en que el alimentante
aporta al sostenimiento del hogar conyugal, según la escritura aludida, se está
empobreciendo su patrimonio disponible....
[y que l]a medida y alcance de la imputación de ingresos aquí planteada
es pertinente a la investigación de la situación económica”.
Al
analizar la escritura de capitulaciones, encontramos que ésta efectivamente
establece las cargas del hogar de las cuales se hará cargo uno y otro cónyuge
con sus respectivos ingresos. Por
ejemplo, en la cláusula F se indica que la señora Arce se hará cargo de la compra
de comestibles y alimentos, los cargos de electricidad, agua, teléfono y cable
y los gastos de jardinería y reparaciones del hogar, mientras que el señor Cruz
Dávila se hará cargo de los gastos personales y de ropa de ambos cónyuges,
hipoteca, renta, mensualidad de la casa en que ambos residan, así como
reparaciones y mejoras a la misma, además de los gastos de entretenimiento y
viaje, entre otros extremos.
Consideramos,
en principio, que este tipo de acuerdos son parte de la vida en común de la
pareja que reflejan la manera en que ésta ha decidido organizarse
económicamente. Por tanto, no se puede
deducir de éstos, sin más, que los esposos Cruz-Arce no han seguido el régimen
económico de separación de bienes. Se trata
simplemente de una consignación en la escritura de las deudas y cargas del
hogar por las cuales será responsable cada uno de los cónyuges.
No obstante, la
particular división de las cargas económicas del matrimonio Cruz-Arce sugiere
que podría ser el señor Cruz Dávila quien ha asumido la mayor parte de los
gastos del matrimonio y del hogar o, al menos, los de mayor envergadura. En estas circunstancias, entendemos que el
tribunal no tuvo ante sí toda la verdad para poder adjudicar con la totalidad
de los elementos la reclamación relativa a la imputación de ingresos, máxime
cuando el señor Cruz Dávila se ha opuesto al aumento de pensión
solicitado. Por lo anterior, ni el foro
primario ni el apelativo contaron con todos los elementos para determinar si
los acuerdos de la pareja han tenido el efecto o el propósito de menoscabar la capacidad
económica del señor Cruz Dávila, en alguna medida, para cumplir su obligación
alimentaria. De ser tal la situación,
las capitulaciones no podrían ser validadas.
En atención a
las anteriores circunstancias, era improcedente resolver sumariamente el
presente caso. Por el contrario, debía
permitírsele a la alimentista auscultar la distribución de responsabilidades
económicas del matrimonio y el efecto de ésta, si alguno, sobre el patrimonio a
disposición del padre alimentante para atender las necesidades de ésta. Al adjudicar un reclamo de alimentos de un
hijo menor de edad los tribunales no podemos aplicar fórmulas aritméticas de
forma automática o preceptos estatutarios sin indagar responsablemente sobre el
posible menoscabo del derecho de alimentos que cobija a dicho menor. Validar automáticamente tales capitulaciones
constituiría, además, una actuación en abierta contravención a la política
pública que existe en nuestro país de asegurar que los padres y madres
alimentistas cumplan con este deber responsablemente. No podemos suscribir el curso de acción
seguido por la mayoría de aplicar unos preceptos legales de forma técnica, de
espaldas al hecho que posiblemente la verdadera relación económica del nuevo
matrimonio podría afectar en la práctica al alimentante para cumplir su
obligación.
En vista de los
fundamentos antes expuestos, revocaríamos y devolveríamos el caso al foro de
instancia para que celebre una vista evidenciaria sobre este particular con la
intervención de la señora Arce como parte indispensable.
MIRIAM
NAVEIRA MERLY
Jueza Presidenta
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