Jurisprudencia
del Tribunal Supremo de P. R. del año 2003
2004 DTS
002 REBOLLO V. YIYI MOTORS 2004TSPR002
EN EL TRIBUNAL SUPREMO
DE PUERTO RICO
Socorro Rebollo Vda. de Liceaga
Querellante
v.
Yiyi Motors, Motor Ambar, Inc.
Querellada
Certiorari
2004 TSPR 2
160 DPR ____
Número del Caso: CC-2002-743
Fecha: 13 de enero de 2004
Tribunal de Circuito de
Apelaciones: Circuito Regional I
Juez Ponente: Hon.
Pierre E. Vivoni del Valle
Abogado de la Parte Querellante: Lcdo. Agustín Mangual
Hernández
Abogado de la Parte Querellada: Lcdo. Carlos Concepción Castro
Materia:
Revisión Administrativa de DACO, contrato de garantía, los daños de corrosión por
salitre en el vehículo están cubierta por la garantía extendida del vehículo.
ADVERTENCIA
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Opinión
del Tribunal emitida por el Juez Asociado señor Hernández Denton
En San Juan, Puerto Rico, a 13 de enero de 2004.
En el recurso de autos nos corresponde resolver si los
daños de corrosión causados al vehículo de la Sra. Socorro Rebollo Vda. de Liceaga estaban cubiertos bajo los términos de la garantía
que Yiyi Motors le extendió
a ella al adquirir dicho vehículo. En síntesis, la Sra. Rebollo Vda. de Liceaga nos solicita que revoquemos una sentencia del
Tribunal de Circuito de Apelaciones, confirmatoria la misma de una resolución
del Departamento de Asuntos del Consumidor mediante la cual se desestimó la
querella de la peticionaria. Por los fundamentos que expondremos a
continuación, revocamos.
I
El
17 de marzo de 1997, la señora Socorro Rebollo Vda. De Liceaga
(En adelante, “Sra. Rebollo Vda. de Liceaga”),
adquirió del concesionario de vehículos de motor, Yiyi
Motors, un auto marca Nissan,
modelo Máxima, del año 1997, por el precio de $31,275.00. Como parte del
negocio le ofrecieron una garantía cuyos términos se explican a continuación:
Nissan le ofrece una ventajosa
garantía, la cual se explica detalladamente en el manual “Información de
Garantía de los Nuevos Vehículos Nissan”.(Énfasis
suplido). La misma incluye:
5 años contra perforaciones por
corrosión.
5 años o 60,000 millas (lo que ocurra
primero), en el motor de transmisión y diferencial. Esto excluye los
mantenimientos recomendados en el manual del propietario, los cuales son
responsabilidad del propietario.
3 años o 36,000 millas, lo primero que
ocurra, en todas sus partes, excepto la batería, el sistema de aire
acondicionado y los ornamentos, cuyas garantías tienen alcances y condiciones
diferentes...
La pintura y corroción
[sic] superficial o cosmética está cubierta por el período de la garantía
básica de 3 años o 36,000 millas, lo que ocurra primero.
Los cinturones tienen garantía por la
vida útil del vehículo.
Controles electrónicos de motor,
transmisión y bolsas de aire, 5 años o 60,000 (lo que ocurra primero).
El
3 de julio de 2000, la Sra. Rebollo Vda. De Liceaga
llevó el vehículo al taller de servicio de Yiyi Motors para la reparación de la unidad de aire
acondicionado. Encontraron que el condensador de la unidad de aire estaba
corroído y que otras piezas estaban mohosas. Le informaron que la reparación
del aire acondicionado no estaba en garantía puesto que ésta había expirado al
cabo de los tres años. La recurrente pagó por dichos servicios. En cuanto al
problema de corrosión, Yiyi Motors
se negó a corregir dicho desperfecto y refirió a la recurrente al distribuidor
del vehículo, Motor Ambar, Inc.
Dicho distribuidor, por su parte, negó obligación alguna aduciendo que la
garantía no cubría ocasiones en que el vehículo estaba en exposición excesiva
al salitre. Le recomendaron a la Sra. Rebollo Vda. de Liceaga
que le diera un tratamiento contra la corrosión.
Así
las cosas, la Sra. Rebollo Vda. de Liceaga presentó
una querella ante el Departamento de Asuntos del Consumidor (en adelante,
“DACO”), por alegado incumplimiento con la garantía del vehículo. En síntesis,
alegó que Yiyi Motors y
Motor Ambar, Inc., se
negaban a honrar la garantía correspondiente a daños por corrosión del
vehículo. Solicitó que se le repararan las piezas con corrosión y se le diera
un tratamiento o se remplazaran las mismas.
Posteriormente, un
funcionario del DACO llevó a cabo una inspección del vehículo y concluyó que
“el vehículo presentó algunas partes con salitre”. La Sra. Rebollo Vda. de Liceaga objetó el referido informe, pero DACO no se expresó
sobre ese particular. Oportunamente, se celebró la vista evidenciaria
ante dicho foro administrativo. En la misma, testificaron la Sra. Rebollo Vda.
de Liceaga y el perito traído por ésta, el señor Peter Hernández, perito
mecánico y hojalatero.
La
Sra. Rebollo Vda. de Liceaga, en síntesis, declaró
que residía en el Condominio Paseo de Don Juan #379 en Condado, San Juan desde
el año 1982. Explicó que antes de comprar el vehículo en controversia había
poseído dos vehículos y los estacionaba, igual que al vehículo en cuestión, en
el área soterrada de dicho condominio, y que nunca tuvo problema de que se le
enmohecieran dichos vehículos. Testificó además que en ese condominio residen
33 familias, que todas ellas poseen vehículos de motor y que nadie se había
quejado de un problema similar. Relató, según indicáramos previamente, que
tanto Yiyi Motors como
Motor Ambar negaron honrarle la garantía. Por último,
narró que el Gerente de Servicios de Motor Ambar Inc. le confirmó que al
vehículo no le habían dado un tratamiento especial anticorrosivo antes de
vendérselo.
Por
otro lado, el perito de la querellante declaró que en su opinión y conforme su
experiencia, la corrosión sufrida por el vehículo de la Sra. Rebollo Vda. de Liceaga se podía deber al baño de agua de mar que
ordinariamente sufren estos vehículos de motor en la travesía por barco hasta
llegar a Puerto Rico. Identificó además 25 fotografías tomadas por él de
distintas partes del vehículo que ilustran las áreas del vehículo que tenían
problemas de enmohecimiento. Las querelladas Yiyi Motors y Motor Ambar no
ofrecieron prueba testifical ni documental alguna para contradecir dichos
testimonios.
El
DACO emitió resolución mediante la cual desestimó la querella. En síntesis,
determinó que de la prueba desfilada durante la vista administrativa se
desprendía que la corrosión que presentaba el vehículo había sido causada por
el salitre. A la luz de lo anterior, y fundamentándose en lo que surgía del
manual de Garantía y Vehículos de Motor Nuevos Nissan
1997, desestimó la querella.
Inconforme
con dicha determinación, la Sra. Rebollo Vda. de Liceaga
acudió ante el Tribunal de Circuito de Apelaciones quien confirmó la decisión
del DACO, confiriéndole así deferencia a la determinación administrativa.
De
esta resolución acudió ante nos la Sra. Rebollo Vda. de Liceaga
y solicitó que se revoque la determinación del foro apelativo, y se decrete que
la corrosión causada al automóvil está cubierta bajo la Garantía de la Nissan. Examinadas las comparecencias de las partes,
procedemos a revocar la decisión del Tribunal de Circuito de Apelaciones.
II
La
función revisora de los tribunales con respecto a las determinaciones de los
organismos administrativos es una de carácter limitado. La sección 4.5 de
la Ley Núm. 170 del 2 de agosto de 1988, 3 L.P.R.A. sec. 2175, mejor conocida como la Ley de Procedimiento
Administrativo Uniforme de Puerto Rico, (en adelante, “LPAU”) dispone que,
"[l]as determinaciones de hechos de las decisiones de las agencias serán
sostenidas por el tribunal, si se basan en evidencia sustancial que obra en el
expediente administrativo. Las determinaciones de derecho serán
revisables en todos sus aspectos por el tribunal".
Al
interpretar la sección 4.5 de la LPAU hemos resuelto que, en cuanto a las
determinaciones de hecho, el criterio bajo el cual un tribunal debe de revisar
las determinaciones e interpretaciones de una agencia administrativa es el
criterio de razonabilidad. Ahora bien, en armonía con la finalidad
perseguida, la revisión judicial de decisiones administrativas debe limitarse a
determinar si la agencia actuó arbitraria o ilegalmente, o en forma tan irrazonable
que su actuación constituye un abuso de discreción. Véase, Fuertes y
otros vs. A.R.P.E., 134 D.P.R.
947, 953 (1993); Murphy Bernabe
vs. Tribunal Superior, 103 D.P.R. 692, 699
(1975).
A tales efectos, el estándar
de revisión judicial en materia de decisiones administrativas se circunscribe a
determinar si existe una base racional respaldada por evidencia sustancial que
sostenga la decisión o interpretación impugnada. A estos fines,
"evidencia sustancial" es aquella relevante que una mente razonable
podría aceptar como adecuada para sostener una conclusión. Misión Ind.
P. R. v. J.P., 98 J.T.S.
79, Pág. 1160; Hilton Hotels
v. Junta de Salario Mínimo, 74 D.P.R. 670, 687
(1953). Si la totalidad del expediente administrativo sostiene las
determinaciones adoptadas por el foro administrativo, los tribunales no deben
sustituirlas por su propio criterio.
Es
además un principio firmemente establecido que las decisiones de las agencias
administrativas tienen a su favor una presunción de legalidad y corrección, la
cual debe ser respetada por los tribunales mientras la parte que las impugna no
produzca suficiente evidencia para derrotarlas. Misión Ind. P. R. v. J.P., supra, Pág. 1159. Henríquez v.
Consejo Educación Superior, 120 D.P.R. 194, 210
(1987). La parte afectada debe demostrar que con base en la prueba
presentada, claramente la decisión del ente administrativo no está justificada
por una evaluación justa del peso de la prueba que tuvo ante su consideración.
Con
respecto de las determinaciones de derecho, este foro ha decretado que las
conclusiones de derecho de la agencia, distinto de las determinaciones de
hechos, pueden ser revisadas en todos sus aspectos por el tribunal, sin
sujeción a norma o criterio alguno. Véase, Miranda v. Comisión
Estatal de Elecciones, 141 D.P.R. 775 (1996),
además, LPAU, sec. 4.5, 3 L.P.R.A.
§ 2175 (1992). Esto no significa, sin embargo, que al ejercer su función
revisora, el tribunal pueda descartar libremente las conclusiones e
interpretaciones de la agencia, sustituyendo el criterio de ésta por el
propio. Al contrario, hemos reiterado
consistentemente-antes y después de la vigencia de la LPAU-que, de ordinario,
los tribunales deben deferencia a las interpretaciones y conclusiones de los
organismos administrativos. Puerto
Rico Telephone Company v.
Junta Reglamentadora de Telecomunicaciones de Puerto
Rico, 2000 TSPR 83, res el 12 de junio de 2000. a la Pág. 1266.
El
criterio rector para los tribunales, será la razonabilidad en la actuación de
la agencia recurrida. Así pues, al
realizar su función revisora el tribunal está compelido a considerar la
especialización y experiencia de la agencia sobre las cuestiones que tuviera
ante sí. Por tanto, en el descargo de su
función deberá caracterizar entre asuntos de discernimiento estatutario o
cuestiones de especialización administrativa.
La deferencia reconocida no equivale a la renuncia de la función
revisora del Tribunal en instancias apropiadas y meritorias, como resulta ser
cuando el organismo administrativo ha errado en la aplicación de la ley. Reyes Salcedo v. Policía de P.R., 143 D.P.R. 85 (1987).
Según
expuesto en Adorno Quiles v. Hernández, 126 D.P.R. 191 (1990), a la Pág. 195, "al evaluar los
casos es necesario distinguir entre cuestiones de interpretación estatutaria,
en la que los tribunales son especialistas, y cuestiones propias para la
discreción o pericia administrativa".
Véase además, Quiñones v. San Rafael Estates, S.E., 143 D.P.R. 756 (1997); Álvarez
v. Junta de Directores, Cond. Villa
Caparra, 140 D.P.R. 763 (1996); Fuertes v. A.R.P.E., supra.
Finalmente, el foro judicial
podrá sustituir el criterio del organismo administrativo por el propio, sólo en
aquellas ocasiones que no encuentre una base racional que fundamente la
actuación administrativa. No
obstante, es axioma judicial que ante la prueba pericial y documental, el
tribunal revisor se encuentra en igual posición que el foro recurrido y por
tanto, está facultado para apreciar la prueba apoyándose en su propio criterio.
Dye
Tex de P.R. v. Royal Ins. Co., 2000 TSPR 54, res.
el 27 de marzo de 2000; Rodríguez Roldán v. Municipio de Caguas, 133 D.P.R. 694 (1993).
Aclarado el alcance de
nuestra función revisora, evaluemos los señalamientos de error indicados por la
parte recurrente.
III
La
controversia de autos es relativamente sencilla. En síntesis, procede resolver
si los daños al vehículo de la Sra. Rebollo Vda. de Liceaga
están cubiertos por la garantía que le fue otorgada al comprar el auto.
La
garantía ofrecida por Yiyi Motors
y Motor Ambar, Inc. para el
vehículo de la Sra. Rebollo Vda. de Liceaga dispone,
en lo pertinente:
Nissan le ofrece una ventajosa
garantía, la cual se explica detalladamente en el manual ‘Información de
Garantía de los Nuevos Vehículos Nissan’. La misma
incluye:
5
años contra perforaciones por corrosión.
...
La pintura y corrosión
superficial o cosmética está cubierta por el período de la garantía básica de 3
años o 36,000 millas, lo que ocurra primero.
...
La garantía señala además
que:
Cualquier panel de chapa
metálica de la carrocería que haya sufrido una perforación debido a la
corrosión durante el uso normal está cubierta durante 60 meses, sin importar la
cantidad de millas recorridas.
Esta garantía no cubre:
Daños, fallos o corrosión como
consecuencia de: picaduras de piedra, precipitación de productos químicos,
savia de árboles, sal, granizo, tormentas de tierra, tormentas
eléctricas y otras condiciones ambientales.
De entrada debemos advertir
que la propia Nissan caracterizó la garantía como una
ventajosa y detallada. En la misma se ofrece, sin calificación
ulterior, 5 años contra perforaciones por corrosión. Seguidamente, la propia
garantía dispone las excepciones y limitaciones de dicha garantía de 5 años.
Así, resalta que la garantía sobre la pintura y corrosión superficial o cosmética
se limita a 3 años o 36,000 millas, lo que ocurra primero.
Cabe
señalar que la corrosión en los vehículos se clasifica en tres categorías:
funcional, estructural y cosmética. El daño es estructural y/o funcional cuando
la corrosión causa una pérdida en el desempeño operacional o en la integridad
estructural del vehículo. Ejemplos de esto son las perforaciones en los paneles
estructurales, corrosión en el sistema de frenos y deterioro en la armadura que
sostiene el parachoques. La corrosión cosmética, por otra parte, afecta
meramente la apariencia del vehículo, como por ejemplo, las manchas de moho en
los paneles pintados, y la decoloración o picadura en las molduras metálicas.