[1]
Alega, que
posteriormente el 7 de mayo de 2002 a eso de las 9:15 de la mañana acudió
nuevamente a la oficina de la Comisión de Salud de la Cámara de
Representantes, acompañado inicialmente del licenciado José Colón Rodríguez,
donde fueron recibidos por la Directora Ejecutiva de dicha comisión
legislativa, señora Inés Otero Figueroa. Inmediatamente después se
presentó al lugar el licenciado Ortiz Martínez, asesor legal de esa comisión
legislativa. Mientras éste último revisaba su ponencia escrita dirigida a
esa comisión se unió al grupo la licenciada Mirsonia Osorio, quien también lo
acompañaba. Expresó, que el licenciado Ortiz Martínez lo interrogó sobre
su ponencia escrita y manifestó su criterio sobre varios asuntos allí
contenidos.
Alegó, que posteriormente
advino al conocimiento de que el licenciado Ortiz Martínez, quien participaba
activamente como oficial de la Comisión de Salud de la Cámara de Representantes
en la investigación que se realizaba sobre el Tribunal Examinador de Médicos,
era a su vez asesor legal de éste último. Adujo que tal situación “materializa
un grave conflicto de interés al ser abogado de partes con intereses
encontrados”, y por tal razón presentó la queja ante nos.
El 20 de junio
de 2002 referimos al Procurador General la referida queja para la
correspondiente investigación e informe, a tenor con la Regla 14(d) de nuestro
Reglamento. El Procurador General rindió su informe el 16 de diciembre de
2002. El 14 de marzo de 2003 devolvimos el asunto al Procurador
General para ampliar su investigación y rendir informe, que debía ser
acompañado con las declaraciones juradas de los testigos.
El 10 de junio
de 2003 el Procurador General rindió un nuevo informe. Sostuvo, que a base de
su investigación y las declaraciones juradas de los testigos existe violación
del querellado a los Cánones 21, 35 y 38 de Ética Profesional.
El 30 de junio
de 2003 emitimos resolución concediéndole al querellado un término para
expresarse sobre el informe del Procurador General. El 9 de julio de 2003
compareció por escrito ante nos, el querellado y admitió que mientras
participaba como asesor legal de la Comisión de Salud de la Cámara de
Representantes de Puerto Rico en una investigación que ese organismo
legislativo realizaba sobre el Tribunal Examinador de Médicos, otorgó otro
contrato de servicios profesionales como asesor legal de éste último.
Acompañó con su escrito una certificación de la Oficina de Finanzas y
Presupuesto de la Cámara de Representantes de Puerto Rico a los efectos que
trabajó para ese cuerpo legislativo, bajo contrato de servicios profesionales,
adscrito a la oficina del honorable Rafael García Colón desde el mes de julio
de 2001 hasta el 23 de abril de 2002. Presentó, además, una certificación
del Tribunal Examinador de Médicos a los efectos que comenzó a prestar
servicios profesionales por contrato para esa dependencia de gobierno desde el
14 de marzo de 2002. De ésta última surge que cuando el licenciado Ortiz
Martínez solicitó ser considerado para prestar servicios profesionales al
Tribunal Examinador de Médicos informó que estaba prestando servicios
profesionales por contrato al Presidente de la Comisión de Salud de la Cámara
de Representantes de Puerto Rico. Surge de ese documento, además, que el querellado
nunca se le asignó ni intervino en el Tribunal Examinador de Médicos en ningún
asunto relacionado con investigaciones de la Cámara de Representantes sobre esa
entidad. El querellado admitió que prestó servicios profesionales a la
misma vez como asesor legal de la Comisión de Salud de la Cámara de
Representantes y del Tribunal Examinador de Médicos desde el 14 de marzo de
2002 hasta el 23 de abril de 2003. No obstante, afirma que a pesar de que
de la evidencia presentada por el Procurador General surge una fuerte impresión
de que medió un grave conflicto de intereses de su parte la realidad es que
contrario a la apariencia creada, en ningún momento el querellado incurrió en
un conflicto real de intereses. Puntualizó, que al aceptar el contrato de
servicios profesionales del Tribunal Examinador de Médicos puso en conocimiento
a esa entidad que tenía un contrato de servicios profesionales con la Comisión
de Salud de la Cámara de Representantes.
El
querellado aceptó que para el 7 de mayo de 2002, aunque ya no estaba
trabajando para la referida comisión legislativa, estuvo presente en las
oficinas de ese organismo legislativo y discutió aspectos de la ponencia
escrita del doctor Humberto Vázquez Oliveras con éste último. Aunque catalogó
de imprudente su proceder le restó importancia porque la información contenida
en la ponencia escrita del doctor Vázquez Oliveras no contenía información
confidencial. Puntualizó, que de la investigación del Procurador General
no surge evidencia que demuestre que él haya incurrido en deslealtad hacia
alguno de sus clientes, que haya representado intereses encontrados entre sus
clientes, o divulgado información confidencial en poder de alguno de
ellos. Solicitó de este Tribunal la desestimación de la queja o en alternativa
que consideremos lo expuesto por él como atenuante, en vista de su buen récord
como abogado por espacio de once (11)años.
I
El
Procurador General concluyó que el aquí querellado incurrió en violación al
Canon 21 de Ética Profesional. Le asiste la razón. Veamos
El Canon 21
de Ética Profesional[2] dispone
lo siguiente:
El abogado
tiene para con su cliente un deber de lealtad completa. Este deber
incluye la obligación de divulgar al cliente todas las circunstancias de sus
relaciones con las partes y con terceras personas, y cualquier interés en la
controversia que pudiera influir en el cliente al seleccionar su consejero.
Ningún abogado debe aceptar una representación legal cuando su juicio
profesional pueda ser afectado por sus intereses personales.
No es propio
de un profesional el representar intereses encontrados. Dentro del
significado de esta regla, un abogado representa intereses encontrados cuando,
en beneficio de un cliente, es su deber abogar por aquello a que debe oponerse
en cumplimiento de sus obligaciones para con otro cliente.
La
obligación de representar al cliente con fidelidad incluye la de no divulgar
sus secretos o confidencias y la de adoptar medidas adecuadas para evitar su
divulgación. Un abogado no debe aceptar la representación de un cliente en
asuntos que puedan afectar adversamente cualquier interés de otro cliente
anterior ni servir como árbitro, especialmente cuando el cliente anterior le ha
hecho confidencias que puedan afectar a uno u otro cliente, aún cuando ambos
clientes así lo aprueban. Será altamente impropio de un abogado el utilizar las
confidencias o secretos de un cliente en perjuicio de éste.
Un abogado
que representa a una corporación o sociedad le debe completa lealtad a la
persona jurídica y no a sus socios, directores, empleados o accionistas y
solamente puede representar los intereses de dichas personas cuando los mismos
no vengan en conflicto con los de la corporación o sociedad.
Cuando un
abogado representa a un cliente por encomienda de otra persona o grupo, quien
le paga al abogado por dicho servicio, debe renunciar la representación de
ambos tan pronto surja una situación de conflicto de intereses entre la persona
o grupo que le paga sus honorarios y la persona a quien representa. (Énfasis
nuestro).
El propósito
esencial de la referida norma ética es reglamentar la conducta profesional que,
de alguna forma, puede poner en peligro el principio de confidencialidad que
caracteriza la relación fiduciaria de abogado-cliente y de esa forma menoscabar
la imagen de la justicia y la confianza que el ciudadano tiene en el sistema.[3] El conflicto de intereses
contemplado con el Canon 21, supra presenta tres (3) situaciones que deben
evitarse por los abogados, a saber: que en beneficio de un cliente se abogue
por aquello a lo que el letrado debe oponerse en cumplimiento de sus
obligaciones para con otro cliente; que un abogado acepte la representación de
un cliente en asuntos que puedan afectar adversamente cualquier interés
de un cliente anterior; y que un abogado acepte una representación legal, o que
continúe en ella, cuando su juicio pueda ser afectado por sus intereses personales.[4]
El Canon 21,
supra prohibe la representación legal cuando existe la posibilidad de
que el abogado incurra en conflicto de intereses.[5]
Hemos resuelto que existe un conflicto de intereses cuando hay alguna
circunstancia que impide la representación libre y adecuada por parte del
abogado y vulnera la lealtad absoluta que le debe todo abogado a su cliente.[6]
Para
determinar la existencia de un conflicto de intereses por razón de
representación dual de un abogado de clientes con intereses encontrados deberá
utilizarse la formula de la relación sustancial entre los asuntos presentados
por cada uno de los clientes al abogado. No tiene que tratarse de asuntos
idénticos o similares. Basta que los asuntos de los que emane el
conflicto que está vedado estén sustancialmente relacionados entre sí.[7] No puede aceptarse por un
abogado la representación de un cliente en asuntos que puedan afectar
adversamente cualquier interés de otro cliente anterior, independientemente de
que ambos lo aprueben.[8] El Canon 21, supra, prohíbe
tanto la representación concurrente como la sucesiva, siempre que exista una
“relación sustancial” entre ambos asuntos, que implica intereses adversos.[9]
Al aplicar las disposiciones del Canon 21, supra,
ante un planteamiento de representación sucesiva de clientes con intereses
adversos, hemos resuelto que no tiene que demostrarse que de hecho ocurrió una
violación al principio de confidencialidad. Sólo se requiere que se
demuestre que el abogado mantuvo una relación de abogado-cliente
con una persona que al tiempo presente tiene una controversia con otra persona
que el representa; que la representación legal de su cliente anterior está
sustancialmente relacionada con la representación profesional de su cliente
actual; y que la representación legal actual resulta adversa a los intereses de
su cliente original.[10]
Para determinar
la situación de posible conflicto de intereses en cualquiera de las situaciones
antes indicadas, es indispensable tener en mente que la prohibición del Canon
21, supra requiere no sólo la existencia actual del conflicto, sino que
se extiende igualmente a conflictos aparentemente existentes, pero que llevan
consigo la semilla de un posible o potencial conflicto futuro. Es decir,
está también vedado al abogado asumir la representación legal de clientes
cuando resulta razonablemente anticipable un futuro conflicto de
intereses, aún cuando sea inexistente al momento de la aceptación de la
representación legal.[11]
Resulta
imprescindible para que entre en vigor la prohibición sobre conflicto de
intereses dispuesta en los Cánones de Ética Profesional, la existencia de una
relación abogado-cliente dual sobre un asunto o tema.[12]
El querellado
subscribió el contrato de servicios profesionales y consultivos, número
2002-000043 para brindar asesoría legal, legislativa, parlamentaria y
administrativa a la Comisión de Salud de la Cámara de Representantes de Puerto
Rico. Dicho contrato tenía una vigencia del 3 de julio de 2001 al 30 de
junio de 2002. El contrato otorgado era para la prestación de servicios
profesionales por el querellado a dicha comisión legislativa y a su presidente,
honorable Rafael García Colón.
El 2 de
mayo de 2001 la Cámara de Representantes de Puerto Rico ordenó a su Comisión de
Salud lo siguiente:
...realizar una investigación exhaustiva
sobre el funcionamiento del Tribunal Examinador de Médicos de Puerto Rico
incluyendo el proceso de revisión de exámenes de reválida, lista de aprobados,
lista de suspendidos y lista de aprobados por revisión, hallazgos en
auditorias del contralor, acreditación de universidades extranjeras,
certificación de especialistas y otras funciones de su cargo.
Surge de las
facturas por servicios profesionales prestados por el querellado a la Comisión
de Salud de la Cámara de Representantes que éste trabajó directamente con la
investigación que esa Comisión Legislativa realizaba sobre el Tribunal Examinador
de Médicos. Los servicios profesionales prestados por el licenciado Ortiz
Martínez en torno a dicha investigación, según surge de las facturas
presentadas por éste, son las siguientes:
Julio 2001
Revisar la información recopilada en torno
a las investigaciones que se están realizando en torno al Tribunal Examinador
de Médicos (TEM) y del programa WIC del Departamento de Salud.
Entrevistas a los Sres. Ramón Almodóvar y Levy
Arroyo y a la Sra. Edna Morales respecto a la investigación realizada al TEM.
Entrevistas al Sr. Francisco Acevedo y a la
Sra. Jeannette Pérez respecto a la investigación realizada al TEM.
Continuación del análisis de la información
obtenida en las investigaciones que están efectuando, específicamente en torno
a la información obtenida de una computadora relacionada con trabajos
efectuados para el TEM.
Agosto 2001
Revisar la información recopilada en torno
a las investigaciones que se están realizando en torno al Tribunal Examinador
de Médicos (TEM) y del programa WIC del Departamento de Salud. Establecer
un plan de trabajo para el mes; informar al legislador sobre los hallazgos
encontrados hasta el momento, redactar correspondencia para nuevas citaciones,
preparación para comenzar vistas sobre la investigación del TEM.
Entrevistas a los Sres. Ramón Almodóvar y Levy
Arroyo y a la Sra. Edna Morales respecto a la investigación realizada al TEM.
Entrevistas a la Sra. Elba Flores Villegas,
Secretaria del TEM, respecto a la investigación realizada al TEM.
Revisión del Reglamento del TEM.
Entrevista a Sra. Ivonne M. Fernández
Colón, exdirectora ejecutiva del TEM, y a Yolanda Rodríguez Torres, Recaudadora
del TEM.
Entrevista al Lcdo. Pablo Valentín,
Director Ejecutivo del TEM.
Septiembre 2001
Revisar la información recopilada en torno
a las investigaciones que se están realizando del Tribunal Examinador de
Médicos (TEM) y preparación para las vistas públicas a celebrarse este
mes.
Analizar varios documentos legales en las
facilidades del TEM, escoger los documentos necesarios para nuestra
investigación y hacerlos formar parte del expediente.
Entrevista al Dr. Humberto Vázquez respecto
a la investigación realizada sobre el TEM, redacción de cartas y llamadas
telefónicas para el comienzo de las vistas públicas, organización de la
información recopilada para comenzar las vistas públicas.
Asistencia y asesoramiento en la primera
vista pública en torno a la investigación efectuada al TEM.
El querellado
participó activa e intensamente en la investigación que realizaba la Comisión
de Salud de la Cámara de Representantes de Puerto Rico sobre el Tribunal
Examinador de Médicos. Obtuvo una gran cantidad de información de esa
entidad. Examinó un extenso número de documentos de la misma, incluyendo
la revisión de su Reglamento. Entrevistó varios funcionarios y ex-funcionarios
de la entidad. Asistió y asesoró al Presidente de esa comisión
legislativa en la primera vista pública celebrada en torno a la referida investigación.
De la cláusula
novena del contrato de servicios profesionales otorgado entre el querellado y
la Comisión de Salud de la Cámara de Representantes de Puerto Rico se desprende
claramente la intención de ese cuerpo legislativo de que el querellado, como su
abogado, no prestara servicios profesionales a otra dependencia de gobierno que
pudiera presentar un conflicto de intereses. La cláusula novena del referido
contrato reza de la forma siguiente:
Novena:
Conflicto de Intereses: El Consultor certifica a La Cámara de
Representantes que no presta servicios profesionales de asesoría bajo
nombramiento o contrato en otra agencia, departamento, dependencia, oficina,
negociado, administración, corporación pública o municipio del Estado Libre
Asociado de Puerto Rico que constituya o represente un conflicto de interés al
asumir posiciones contradictorias en los servicios a que se obliga a prestar
bajo el presente contrato de servicios profesionales.
De esa cláusula
contractual se desprende claramente la obligación del querellado de no prestar
servicios profesionales a ninguna dependencia de gobierno que constituya o
represente un conflicto de interés. El 7 de marzo de 2002 el querellado
otorgó un contrato de servicios profesionales y consultivos con el Departamento
de Salud de Puerto Rico para ofrecer asesoría legal al Tribunal Examinador de
Médicos con vigencia del 7 de marzo de 2002 al 30 de junio de 2002. Para la
fecha en que se otorgó el referido contrato estaba vigente el contrato de
servicios profesionales con la Comisión de Salud de la Cámara de
Representantes. Al otorgar ese contrato con el Tribunal Examinador de
Médicos el querellado comenzó a trabajar con la dependencia de gobierno que
estuvo investigando durante varios meses a tenor con el contrato vigente que
mantenía con la Cámara de Representantes. El querellado no informó de esa
situación al Presidente ni a la Directora Ejecutiva de la Comisión de Salud del
referido cuerpo legislativo. La carta de renuncia del querellado a sus
funciones como asesor legal de la Comisión de Salud de la Cámara de
Representantes y dirigida a su Presidente, honorable Rafael García Colón tiene
fecha del 10 de mayo de 2002. En dicho escrito el querellado señala que
dio por terminado su contrato con la Comisión de Salud de ese cuerpo
legislativo, retroactivamente al 23 de abril de 2002, y de que había informado
al Presidente de la referida comisión legislativa que había otorgado el
contrato de servicios profesionales con el Tribunal Examinador de Médicos. No
obstante, lo declarado por la señora Otero, Directora Ejecutiva de la Comisión
de Salud lo contradice.
El querellado
incurrió en violación a lo dispuesto en el Canon 21, supra. Otorgó
un contrato de servicios profesionales con el Tribunal Examinador de Médicos
estando vigente su contrato con la Comisión de Salud de la Cámara de
Representantes y, mientras continuaba vigente la referida investigación
legislativa sobre esa dependencia de gobierno. El querellado tenía acceso y
obtuvo información privilegiada del Tribunal Examinador de Médicos como asesor
de la Comisión de Salud de la Cámara de Representantes. Se personó
a la oficina de la Directora Ejecutiva de la referida Comisión de Salud, en
ocasión de que estaban llevando a cabo funciones propias de esa investigación
legislativa. Intervino con un deponente a ser escuchado en vista pública y con
sus abogados, todos ex-funcionarios del Tribunal Examinador de Médicos, cuando
ya éste trabajaba para éste último. Su comportamiento dio la impresión al
quejoso que para el 7 de mayo de 2002 éste trabajaba para esa comisión
legislativa. Obtuvo una copia de la ponencia escrita que habría de vertir el
doctor Vázquez Oliveras durante la celebración de la vista pública, le hizo
preguntas al referido galeno sobre la misma y discutió con éste y sus
acompañantes asuntos contenidos en la misma, formulando criterio sobre algunos
de ellos.
Es éticamente
insostenible que un abogado ostente en realidad o en apariencia la
representación simultánea o sucesiva de partes con intereses encontrados, o con
un potencial conflicto de los mismos. El conflicto de intereses no tiene
que estar establecido claramente, basta con que el mismo sea potencial.[13] El cuadro fáctico que surge
del informe del Procurador General y del escrito del propio querellado refleja
claramente la presencia de un grave conflicto de interés de éste último.
II
El Procurador General concluyó que el querellado
incurrió en violación al Canon 35 de Ética profesional. Le asiste la
razón. Veamos:
El canon 35 de Ética Profesional[14] dispone,
en lo aquí pertinente, lo siguiente:
Sinceridad y honradez
La conducta de
cualquier miembro de la profesión legal ante los tribunales, para con sus
representados y en las relaciones con sus compañeros debe ser sincera y
honrada.
No es sincero ni honrado el utilizar medios
que sean inconsistentes con la verdad ni se debe inducir al juzgar a
error utilizando artificios o una falsa relación de los hechos o del
derecho. Es impropio variar o distorsionar las citas jurídicas, suprimir
parte de ellas para transmitir una idea contraria a la que el verdadero
contexto establece u ocultar alguna que le es conocida.
El abogado debe ajustarse a la sinceridad
de los hechos al examinar los testigos, al redactar affidávit u otros
documentos, y al presentar causas. El destruir evidencia documental
o facilitar la desaparición de evidencia testifical en un caso es también
altamente reprochable.(Énfasis Suplido).
No es sincero ni
honrado el utilizar medios que sean inconsistentes con la verdad. Esta
norma ética le impone a los abogados unas normas mínimas de
conducta que sólo pretenden preservar el honor y la dignidad de la profesión.[15]
Todo abogado tiene la ineludible obligación
de ajustarse a la fidelidad de los hechos. Ceñirse a la verdad va más allá que
ocasionar perjuicio a tercero o deliberadamente defraudar o engañar.
La verdad es un atributo inseparable del ser abogado y, sin la misma, no
podría la profesión jurídica justificar su existencia.[16]
No actuó con
sinceridad el querellado al no informarle al Presidente y a la Directora
Ejecutiva de la Comisión de Salud de la Cámara de Representantes de Puerto Rico
que estando vigente el contrato con ese cuerpo legislativo otorgó otro contrato
de servicios profesionales con el Tribunal Examinador de Médicos, organismo
sujeto a investigación por esa comisión legislativa. Tampoco actuó con
sinceridad el 7 de mayo de 2002 al no informarle, al deponente doctor
Vázquez Oliveras, exfuncionario del Tribunal Examinador de Médicos y a los
abogados que lo acompañaban que para esa fecha él era asesor legal de ese
organismo, aclaración que él estaba obligado a hacer pues dichas personas
lo conocían como asesor legal de la Comisión de Salud de la Cámara de Representantes.
III
El Procurador
General concluyó que el querellado incurrió en violación al Canon 38 de Ética Profesional.[17] Le asiste la razón. Veamos.
El Canon 38, supra, en lo pertinente
dispone, lo siguiente:
Preservación del honor y dignidad de la
profesión
El abogado deberá esforzarse, al máximo de
su capacidad en la exaltación del honor y dignidad de su
profesión, aunque el así hacerlo conlleve sacrificios
personales y debe evitar hasta la apariencia de conducta
profesional impropia.
La apariencia de
conducta impropia puede resultar muy perniciosa al respeto de la ciudadanía a
sus instituciones de justicia y a la confianza que los clientes
depositan en sus abogados. La apariencia de conducta impropia o
conflicto de intereses puede tener un efecto tan dañino sobre la imagen,
confianza y respeto del público por su gobierno, como la verdadera
impropiedad ética. No obstante, este tipo de conducta impropia tiene que
sostenerse sobre la apariencia que se da al público de la
violación efectiva de alguno de los Cánones de Ética Profesional.[18] Ciertamente,
la conducta del querellado constituye, en la realidad y en apariencia,
una impropia a tenor con el Canon 38, supra. Dicho
comportamiento no sólo atentó contra la relación de fiducia y confidencialidad
idónea de toda relación abogado–cliente, sino que también perjudicó
el respeto y confianza del pueblo en nuestro sistema de gobierno.
En el caso
ante nos la conducta del querellado fue altamente impropia
al otorgar un contrato de servicios profesionales con el
Tribunal Examinador de Médicos, dependencia de gobierno que estaba investigando
como asesor legal de la Comisión de Salud de la Cámara
de Representantes. Fue impropia, además, la conducta del querellado al reunirse
en la oficina de la Directora Ejecutiva de la Comisión de Salud de la Cámara de
Representantes con el doctor Vázquez Oliveras y los abogados que lo
acompañaban, examinar su ponencia, que era parte del proceso de la
investigación en curso sobre el Tribunal Examinador de Médicos, ocultándoles a
éstos que ya él era asesor legal de esa dependencia.
IV
Por los
fundamentos antes expuestos procede que decretemos la suspensión inmediata del
licenciado Juan Ortiz Martínez del ejercicio de la profesión de abogado por un
término de tres (3) meses, a partir de la notificación a las partes con
copia de la sentencia a dictarse y hasta que otra cosa disponga este Tribunal.
Le imponemos al querellado el deber de
notificar a todos sus clientes de su presente inhabilidad de seguir
representándoles, devolver cualesquier honorarios recibidos por trabajos no
realizados, e informar oportunamente de su suspensión a los distintos foros
judiciales y administrativos del País.
Deberá, además,
certificarnos dentro del término de treinta (30) días, a partir de
su notificación el cumplimiento de estos deberes,
notificando también de ello al Procurador General.
El alguacil de este Tribunal procederá a
incautarse de la obra notarial de el abogado Juan Ortiz Martínez,
incluyendo su sello notarial, debiendo entregar la misma a la
Oficina de Inspección de Notarías para el correspondiente examen e
informe a este Tribunal
Se dictará
Sentencia de conformidad.
SENTENCIA
San Juan, Puerto Rico, a 6 de abril de 2004
Por los
fundamentos antes expuestos procede que decretemos la suspensión inmediata del
licenciado Juan Ortiz Martínez del ejercicio de la profesión de abogado por un
término de tres (3) meses, a partir de la notificación a las partes con
copia de la sentencia a dictarse y hasta que otra cosa disponga este Tribunal.
Le imponemos al
querellado el deber de notificar a todos sus clientes de su presente
inhabilidad de seguir representándoles, devolver cualesquier honorarios
recibidos por trabajos no realizados, e informar oportunamente de su suspensión
a los distintos foros judiciales y administrativos del País.
Deberá, además,
certificarnos dentro del término de treinta (30) días, a partir de
su notificación el cumplimiento de estos deberes,
notificando también de ello al Procurador General.
El alguacil de
este Tribunal procederá a incautarse de la obra notarial de el abogado
Juan Ortiz Martínez, incluyendo su sello notarial, debiendo
entregar la misma a la Oficina de Inspección de Notarías para el
correspondiente examen e informe a este Tribunal.
Así lo pronunció, manda el Tribunal y
certifica la Secretaria del Tribunal Supremo.
Notifíquese personalmente al querellado con
copia de la Opinión que antecede y de esta Sentencia.
Patricia Otón Olivieri
Secretaria del Tribunal Supremo
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ADVERTENCIA
Este documento constituye un documento oficial del Tribunal Supremo
que está sujeto a los cambios y correcciones del proceso de compilación y
publicación oficial de las decisiones del Tribunal. Su distribución electrónica
se hace como un servicio público a la comunidad.
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