Ley Núm. 74 del año 2002


(P. del S. 1159) 2002, ley 74

Para enmendar el Art. 9 de la Ley Núm. 97 de Rehabilitación Vocacional de 2000

LEY NUM. 74 DE 3 DE JUNIO DE 2002

 

Para enmendar el Artículo 9 de la Ley Núm. 97 de 10 de junio de 2000, según enmendada, conocida como “Ley de Rehabilitación Vocacional de Puerto Rico”, a los fines de disponer que el nombramiento del Administrador, será efectuado por el Gobernador, con el consejo y consentimiento del Senado del Estado Libre Asociado de Puerto Rico.

 

EXPOSICION DE MOTIVOS

 

El 16 de agosto de 1936, se estableció en Puerto Rico el Programa de Rehabilitación Vocacional como una Unidad de la División de Instrucción Vocacional del Departamento de Educación. Este promovía la instrucción vocacional de la población con impedimentos.

 

Nueve años más tarde, el 14 de mayo de 1947, la Ley Núm. 414, conocida como “Ley de Rehabilitación de Puerto Rico”, reorganizó el Programa de Rehabilitación Vocacional y lo convirtió en parte de la Junta Estatal de Instrucción Vocacional del Departamento de Instrucción Pública.

 

El 30 de junio de 1968, mediante la Ley Núm. 171, pasó a ser parte del Departamento de Servicios Sociales. Luego, el 28 de julio de 1995, mediante el Plan de Reorganización Núm. 1, se convirtió en la Administración de Rehabilitación Vocacional (ARV), un componente del Departamento de la Familia.

 

Debido a que las metas y propósitos de la ARV van dirigidas a lograr el empleo de las personas con impedimentos, la Ley Núm. 97 de 10 de junio de 2000, conocida como “Ley de Rehabilitación Vocacional de Puerto Rico”, autorizó la transferencia de la Administración de Rehabilitación Vocacional del Departamento de la Familia al Departamento del Trabajo y Recursos Humanos.

 

El Artículo 6 de la Ley Núm. 97 de 2000, supra, establece la autonomía administrativa y fiscal de la Administración de Rehabilitación Vocacional, aun cuando se transfirió como un componente operacional del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos. El propósito de esta autonomía es para que la Administración pueda operar efectivamente, conforme a las leyes federales las cuales disponen que la agencia que sea la unidad estatal designada tendrá la obligación de determinar el uso y desembolso de los fondos destinados al programa.

 

Según la Administración de Rehabilitación Vocacional, actualmente, prestan servicios a cerca de 24,678 personas con impedimentos que requieren rehabilitación para lograr un resultado de empleo. En la actualidad la Administración cuenta con 1,548 empleados que se distribuyen en 1,260 empleados regulares, 147 transitorios, 2 personal de confianza, 26 personal irregular y 113 maestros. Del total de empleados de la Administración de Rehabilitación Vocacional 242 son consejeros en rehabilitación quienes ocupan diferentes posiciones en la prestación de servicios.

 

Tanto la Sección 16 del Artículo III como la Sección 6 del Artículo IV, de la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, reconocen la facultad de la Asamblea Legislativa para crear, reorganizar y consolidar departamentos ejecutivos de gobierno, así como definir sus funciones. Más aún, la Sección 5 del Artículo IV, establece que “para el ejercicio del Poder Ejecutivo el Gobernador estará asistido de Secretarios de Gobierno que nombrará con el consejo y consentimiento del Senado”.

 

Como vemos, no existe impedimento legal alguno, y mucho menos constitucional, para establecer como requisito que el nombramiento del Administrador de la Administración de Rehabilitación Vocacional sea confirmado por el Senado de Puerto Rico. No existe invasión alguna del Poder Legislativo sobre las facultades del Poder Ejecutivo, pues la misma Constitución del E.L.A. establece que los Secretarios de Gobierno serán confirmados por el Senado. Para todos los fines legales y gubernamentales la Administración de Rehabilitación Vocacional es un organismo gubernamental[1], de la misma forma que lo es la Oficina del Procurador de las Personas con Impedimentos, la Oficina de Asuntos de la Juventud, la Administración de Familias y Niños, la Administración para el Sustento de Menores, entre otras, las cuales son dirigidas por un Director Ejecutivo, que en algunos casos retiene dicho título, y en otros se le denomina el de Secretario, Director Ejecutivo, Presidente, Procurador, Administrador, entre otros.

 

A manera de ejemplo, cabe mencionarse que en la legislación habilitadora de algunos organismos gubernamentales adscritos a otras agencias del gobierno, se ha ido incorporando el requisito de que los nombramientos de sus directores estén sujetos al consejo y confirmación del Senado de Puerto Rico, como mecanismo para impartir mayor pureza a la designación del candidato a dicha posición gubernamental. El Artículo 5 de la Ley Núm. 34 de 13 de julio de 1978, según enmendada, creó la Oficina de Asuntos de la Juventud, dirigida por un Director Ejecutivo, adscrita a la Oficina del Gobernador. Dispone el Artículo 6 de dicha Ley, en su primer párrafo, que “el Gobernador, previo el consejo y consentimiento del Senado, nombrará y le fijará el sueldo al Director Ejecutivo quien ejercerá su cargo a voluntad de la autoridad nominadora.”

 

Por otro lado, la Ley Núm. 5 de 30 de diciembre de 1986, según enmendada, crea la Administración para el Sustento de Menores, adscrita al Departamento de la Familia, “como una de sus componentes operacionales y programáticas, bajo la coordinación, supervisión, evaluaciones y fiscalización del Secretario."  El Administrador de la Administración para el Sustento de Menores será nombrado por el Gobernador, con el consejo y consentimiento del Senado de Puerto Rico. Incluso, en la propia Ley Núm. 5, supra, en su Artículo 7B, se dispone que habrá de nombrarse jueces administrativos, por el Gobernador, con el consejo y consentimiento del Senado de Puerto Rico.

 

La Ley Núm. 7 de 15 de mayo de 1959, según enmendada, crea el cargo del Procurador General, adscrito al Departamento de Justicia, nombrado por el Gobernador, con el consejo y consentimiento del Senado de Puerto Rico. Dicho funcionario, según dispone el Artículo 2 de la Ley, supra, habrá de representar al Estado Libre Asociado de Puerto Rico en todos los asuntos civiles y criminales en que sea parte o esté interesado el Gobierno.

 

Por otro lado, la Ley Núm. 23 de 24 de julio de 1952, según enmendada, en su Artículo 1 dispone la creación de varios cargos de fiscales y procuradores adscritos al Departamento de Justicia. Incluso el Artículo 3 de esta Ley dispone que “el Gobernador nombrará, con el consejo y consentimiento del Senado, los Fiscales Auxiliares III, los Fiscales Auxiliares II, los Fiscales Auxiliares I, los Fiscales de Distrito, los Procuradores Especiales de Relaciones de Familia y los Procuradores para Asuntos de Menores.”

 

El más reciente de los ejemplos lo vemos en la Ley Núm. 1 de 1 de marzo de 2001, según enmendada, conocida como “Ley para el Desarrollo Integral de las Comunidades Especiales de Puerto Rico”, en la cual se crea la Oficina del Coordinador General para el Financiamiento Socio-Económico y la Autogestión, adscrita a la Oficina del Gobernador del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, dirigida por el Coordinador, nombrado por el Gobernador de Puerto Rico, con el consejo y consentimiento del Senado de Puerto Rico.

 

Incluso, en la actual Asamblea Legislativa se aprobó, tanto por el Senado como por la Cámara de Representantes, el P. del S. 285 a los fines de que el Procurador de las Personas con Impedimentos, adscrito a la Oficina del Gobernador, sea confirmado por el Senado del Estado Libre Asociado de Puerto Rico.

 

En el caso específico del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos cabe mencionar que, actualmente, todos los directores y administradores de los Componentes del Departamento del Trabajo, incluyendo al propio Secretario del Departamento, tienen que pasar por el proceso de designación por parte de la Gobernadora, con el consejo y consentimiento del Senado de Puerto Rico.

 

Por tanto, esta legislación armoniza, en cuanto al proceso, los nombramientos de cada uno de los Componentes del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos.  Los Componentes a que hacemos referencia son los siguientes: Administración de Derecho al Trabajo, Consejo de Desarrollo Ocupacional y de Recursos Humanos y la Administración de Futuros Empresarios y Trabajadores.

 

Con esta legislación se le brinda la oportunidad a la ciudadanía, en especial a aquéllos a quienes habrá de prestársele servicios, de participar del proceso de nombramiento del Administrador de la Administración de Rehabilitación Vocacional.

 

Esta Asamblea Legislativa, responsable de velar por el bienestar y la igualdad de todos los sectores poblacionales, reconoce la necesidad de que se delegue en el Senado del Estado Libre Asociado de Puerto Rico la confirmación del nombramiento del Administrador de la Administración de Rehabilitación Vocacional de Puerto Rico. Este cedazo a dicho nombramiento, redundará en el beneficio de los cientos de miles de ciudadanos con impedimentos en nuestro país, los cuales recibirán mejores servicios, más oportunidades, y tendrán una vida más digna y productiva.

 

DECRÉTESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

 

Artículo 1.- Se enmienda el Artículo 9 de la Ley Núm. 97 de 10 de junio de 2000, según enmendada, conocida como “Ley de Rehabilitación Vocacional de Puerto Rico”, para que se lea como sigue:

 

“Artículo 9.- Dirección de la Administración.-

 

El Gobernador nombrará al Administrador, con el consejo y consentimiento del Senado, y le fijará un sueldo o remuneración, de acuerdo con las normas acostumbradas en el Gobierno de Puerto Rico para cargos de igual o similar naturaleza. El Administrador le responderá directamente al Secretario.”

 

Artículo 2.- Esta Ley comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación.

 

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ADVERTENCIA

Este documento constituye un documento de las leyes del Estado Libre Asociado de P.R. que está sujeto a los cambios y correcciones del proceso de compilación y publicación oficial de las leyes de Puerto Rico. Su distribución electrónica se hace como un servicio público a la comunidad. Siempre busque leyes posteriores para posibles enmiendas a esta ley.

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[1] Agencia del Gobierno – Instrumentalidades del Gobierno: Una criatura subordinada al soberano creada para llevar a cabo una función gubernamental. Rivera García, I., Diccionario de Términos Jurídicos, 2da. Ed. Revisada, Michie, Oxford, New Hampshire, U.S.A., 1989, Págs. 8 y 138.