Ley Núm. 45 del año 2017
(P. del S. 369); 2017, ley 45
(Conferencia)
Para enmendar los Artículos 3, 5, y 6 de la Ley Núm. 22 de 2012,
Ley Para Incentivar el Traslado de Individuos Inversionistas a Puerto Rico.
Ley Num. 45 de 11 de julio de 2017
Para enmendar los Artículos 3, 5, y 6 de la Ley
22-2012, según enmendada, conocida como “Ley Para Incentivar el Traslado de
Individuos Inversionistas a Puerto Rico”, a los fines de establecer como requisito que los inversionistas que posean un
decreto bajo esta Ley, tengan que hacer una aportación total anual de por lo
menos cinco mil dólares ($5,000) a entidades sin fines de lucro operando en
Puerto Rico; eliminar requisitos burocráticos y
restricciones que limitan la concesión de incentivos contributivos que buscan
atraer mayor inversión extranjera a Puerto Rico para fomentar el desarrollo
económico; establecer el requisito de que los inversionistas que previamente
eran residentes de los Estados Unidos y solicitan un decreto bajo esta Ley
tengan la obligación de presentar, dentro del término de un (1) año a partir de
la solicitud, evidencia de haber sometido el Formulario 8898 al Servicio de
Rentas Internas de los Estados Unidos, o su
equivalente en el caso de Individuos Residentes Inversionistas que previamente
eran residentes de otras jurisdicciones de cualquier jurisdicción foránea, notificando su intención de convertirse
en residente bona fide de Puerto Rico; y para otros fines
relacionados.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
A partir
de la década de los años setenta el desarrollo económico de Puerto Rico se
concentró en la promoción de industrias foráneas mediante la concesión de
incentivos contributivos federales y estatales. Desde ese momento, comenzó un
deterioro de la economía puertorriqueña que se tornó evidente al eliminarse
incentivos federales sobre los cuales el Gobierno de Puerto Rico no tenía
control y que estaban reñidos con el fortalecimiento y desarrollo de nuevas
empresas locales.
El
deterioro de la economía puertorriqueña se agudizó cuando el Gobierno incurrió
en gastos por encima de los ingresos, lo que a su vez provocó más impuestos y
cargos a las empresas locales, así como a todo el Pueblo, y por consiguiente se
redujo la actividad económica local. Con excepción del año fiscal 2012,
desde el año fiscal 2007, ha habido una contracción económica de un quince por
ciento (15%). Desde entonces, el Producto Nacional Bruto ha estado en números
negativos.
Resulta imperativo revertir, con carácter de urgencia, el
comportamiento negativo de nuestra economía y retomar el camino de la
prosperidad. Para ello, es menester realizar un cambio paradigmático en la
manera en que concebimos la función de nuestras instituciones públicas y
nuestro modelo de desarrollo económico. Precisamente, el Plan para Puerto
Rico que el Pueblo avaló el 8 de noviembre de 2016, recoge medidas para lograr
responsabilidad fiscal y desarrollar la economía de la Isla. Esta
Administración no se ha cruzado de brazos y en menos de cincuenta días ha aprobado,
más que en ninguna ocasión anterior para el mismo tiempo al comienzo de un
cuatrienio, más de una decena de leyes que buscan fomentar el desarrollo de
nuestra economía y atajar la crisis fiscal, para convertirnos en una
jurisdicción más competitiva. Véanse la Leyes Número 1-11 de 2017.
Puerto
Rico enfrenta el reto de alcanzar altos niveles de competitividad para lograr
sus metas de desarrollo económico en una economía globalizada e
interconectada. Según el Informe de Competitividad Global 2016-2017 del World Economic Forum, la competitividad se define como:
el conjunto de instituciones, políticas y factores que determinan el nivel de
productividad de una economía, lo que a su vez, marca el nivel de prosperidad
que un país puede alcanzar.
En aras de lograr desarrollar nuestra economía, durante la
administración del Gobernador, Hon. Luis Fortuño, el Gobierno de Puerto Rico
identificó la necesidad de estimular la inyección de capital extranjero a la Isla.
Como parte de la política pública de dicho Gobierno, se establecieron
incentivos para atraer a individuos no residentes que mantienen inversiones en
o fuera de Estados Unidos, a establecer su residencia en Puerto Rico. Para
lograr dichos objetivos se promulgó la Ley Para Incentivar el Traslado de Individuos
Inversionistas a Puerto Rico, Ley 22-2012, proveyendo exenciones a los ingresos
derivados de las inversiones, en particular a los intereses y dividendos, y
estableciendo unas tasas preferenciales a las ganancias de capital a largo
plazo.
Un estudio
realizado por la empresa “Estudios Técnicos”, publicado en diciembre de 2015,
reveló que a noviembre de dicho año se habían emitido 570 decretos de exención
contributiva bajo la Ley 22-2012; que las empresas operando bajo dicha Ley 22
crearon cerca de 2,500 empleos directos, 1,600 indirectos y 1,120 inducidos
para un total de 5,220.
Esta Ley
fue refrendada por la Administración García Padilla, por medio del exsecretario
de Desarrollo Económico y Comercio, Alberto Bacó Bagué, quien se convirtió en
su principal promotor y reconoció que la misma ha sido fuente de inversión
extranjera en Puerto Rico.
No
obstante, durante el cuatrienio pasado la Ley 22-2012 fue enmendada en varias
ocasiones para establecer cortapisas que, en lugar de estimular el traslado de
individuos a Puerto Rico, desalientan a posibles inversionistas de considerar a
Puerto Rico como su lugar de residencia permanente.
Para lograr los objetivos aquí descritos, esta Asamblea Legislativa
entiende necesario promulgar enmiendas a la “Ley Para Incentivar el Traslado de
Individuos Inversionistas a Puerto Rico” para eliminar los obstáculos
burocráticos impuestos por la pasada Administración y establecer, en vez, un
simple requisito de que los inversionistas que previamente eran residentes de
los Estados Unidos y solicitan un decreto bajo esta Ley tengan la obligación de
presentar, dentro del término de un (1) año a partir de la solicitud, evidencia
de haber sometido el Formulario 8898 al Servicio de Rentas Internas de los
Estados Unidos (“IRS”, por sus siglas en inglés), o
su equivalente en el caso de Individuos Residentes Inversionistas que
previamente eran residentes de cualquier jurisdicción foránea, notificando su intención de convertirse en residente bona fide
de Puerto Rico. Además, reconocemos que el tercer
sector, compuesto por entidades sin fines de lucro, es un componente vital para
el desarrollo económico y social de Puerto Rico. Por tal razón se establece
como requisito que los inversionistas que posean un decreto bajo la Ley 22-2012
deberán hacer una aportación total anual de por lo menos cinco mil dólares ($5,000.00)
a entidades sin fines de lucro operando en Puerto Rico y debidamente
certificadas bajo la Sección 1101.01 (a) (2) del Código de Rentas Internas de Puerto
Rico de 2011, según enmendado. Esto, a su vez, promoverá que más entidades sin
fines de lucro, para ser acreedores de la aportación de cinco mil dólares ($5,000),
traten de estar certificadas bajo el Código de Rentas Internas Federal y puedan
ser recipientes de más fondos federales.
Constituye un principio programático de esta Administración,
que la función del Gobierno tiene que estar basada en fomentar, incentivar y
facilitar el desarrollo económico. Dicho compromiso contempla la implementación
de un modelo de desarrollo basado en los principios globales de competitividad
y sustentabilidad, que permita al sector privado ser protagonista y
líder de nuestro desarrollo económico. Este
Gobierno está comprometido con eliminar todo obstáculo para que
Puerto Rico pueda competir favorablemente con otras jurisdicciones.
DECRÉTASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE
PUERTO RICO:
Artículo 1.- Se deroga el inciso (a) del Artículo 3 de la
Ley 22-2012, según enmendada, y se sustituye por un nuevo inciso (a) para que
lea como sigue:
“Artículo 3.-
Procedimientos.
a) Para beneficiarse de los
incentivos provistos en esta Ley, todo Individuo Residente Inversionista deberá
solicitar al Secretario la emisión de un decreto de exención contributiva
conforme a esta Ley, mediante la radicación de una solicitud debidamente
juramentada ante la Oficina de Exención.
Al momento de la radicación,
el Director cobrará los derechos por concepto del trámite correspondiente que
se disponga por reglamento. Los mismos serán pagados mediante la forma y
manera que establezca el Secretario. Luego de que la Oficina de Exención
emita una recomendación favorable, el Secretario emitirá un decreto de exención
contributiva, en el cual se detallará todo el tratamiento contributivo
dispuesto en esta Ley. Los decretos bajo esta Ley se considerarán un contrato
entre el concesionario y el Gobierno de Puerto Rico, y dicho contrato será
considerado ley entre las partes. El decreto será efectivo durante el periodo
de efectividad de los beneficios concedidos en esta Ley, pero nunca luego de 31
de diciembre de 2035, salvo que con anterioridad al vencimiento
de dicho período el decreto sea revocado conforme al apartado (b) de este
Artículo. El decreto será intransferible.
(b) …”
Artículo 2.- Se enmienda el inciso (a) del Artículo 5 de
la Ley 22-2012, según enmendada, para que lea como sigue:
“Artículo
5.- Contribución Especial a Individuo Residente
Inversionista sobre Ganancia Neta de Capital.
(a)
Apreciación antes de convertirse en residente
de Puerto Rico.
La parte de la ganancia
neta de capital a largo plazo generada por un Individuo Residente Inversionista
que sea atribuible a cualquier apreciación que tuviesen valores poseídos por
éste antes de convertirse en residente de Puerto Rico, que sea reconocida luego
de transcurridos diez (10) años de convertirse en residente de Puerto Rico, y
antes del 1 de enero de 2036, estará sujeta al pago de una contribución de
cinco por ciento (5%), en lugar de cualesquiera otras contribuciones impuestas
por el Código, y no estará sujeta a la contribución básica alterna provista por
el Subtítulo A del Código. Si dicha apreciación es reconocida en cualquier otro
momento, la ganancia neta de capital a largo plazo en relación con dichos
valores, estará sujeta al pago de contribuciones sobre ingresos conforme al
tratamiento contributivo provisto en el Código. El monto
de esta ganancia neta de capital a largo plazo estará limitado a la porción de
la ganancia que se relacione a la apreciación que tuvieron los valores mientras
el Individuo Residente Inversionista vivía fuera de Puerto Rico. Disponiéndose
que, para años contributivos comenzados luego del 31 de diciembre de 2016,
dicha ganancia de capital será considerada ingreso de fuentes fuera de Puerto
Rico para propósitos de la contribución sobre ingresos dispuesta en el Código.
(b) ....”
Artículo 3.- Se enmienda el Artículo 6 de la Ley 22-2012,
según enmendada, para que lea como sigue:
“Artículo 6.- Informes Requeridos al Individuo Residente Inversionista.
Todo Individuo Residente
Inversionista que posea un decreto concedido bajo esta Ley, radicará anualmente
un informe autenticado, en la Oficina de Exención, con copia al Secretario de
Hacienda, treinta (30) días luego de haber radicado la planilla de contribución
sobre ingresos ante el Departamento de Hacienda, incluyendo cualquier prórroga.
El Director de la Oficina de Exención podrá conceder una prórroga de treinta
(30) días en los casos que la misma sea solicitada por escrito antes de vencido
el periodo para radicar el Informe, siempre que exista justa causa para ello y
así se exprese en la solicitud. En el caso del Informe para el primer año como
residente bona fide de Puerto Rico con decreto de exención contributiva
bajo esta Ley, dicho informe deberá contener una relación de datos que reflejen
el cumplimiento de las condiciones establecidas en el decreto para el año
contributivo inmediatamente anterior a la fecha de radicación, incluyendo, en
el caso de Individuos Residentes Inversionistas que previamente eran residentes
de otras jurisdicciones de los Estados Unidos, evidencia de haber presentado el
Formulario 8898 ante el Servicio de Rentas Internas de los Estados Unidos (“IRS”,
por sus siglas en inglés), o su equivalente en el caso de Individuos Residentes
Inversionistas que previamente eran residentes de cualquier jurisdicción
foránea, notificando su intención de convertirse en residente bona fide
de Puerto Rico y, junto con los informes a ser radicados anualmente, someter
evidencia de haber hecho una aportación anual de por lo menos cinco mil dólares
($5,000.00) a entidades sin fines de lucro operando en Puerto Rico y
debidamente certificadas bajo la Sección 1101.01 (a) (2) del Código de Rentas
Internas de Puerto Rico de 2011, según enmendado, que no sea controlada por la
misma persona, así como cualquier otra información que se pueda requerir por
Reglamento, incluyendo el pago de derechos anuales. Los derechos serán pagados
mediante la forma que establezca el Secretario. La información ofrecida en este
informe anual será utilizada para propósitos de estadísticas y estudios
económicos. De igual forma, la Oficina de Exención habrá de realizar cada dos
(2) años una auditoría de cumplimiento respecto a los términos y condiciones
del decreto otorgado bajo esta Ley.”
Artículo 4.- Separabilidad
Si cualquier cláusula,
párrafo, subpárrafo, oración, palabra, letra, artículo, disposición, sección,
subsección, título, capítulo, subcapítulo, acápite o parte de esta Ley fuera
anulada o declarada inconstitucional, la resolución, dictamen o sentencia a tal
efecto dictada no afectará, perjudicará, ni invalidará el remanente de esta
Ley. El efecto de dicha sentencia quedará limitado a la cláusula, párrafo,
subpárrafo, oración, palabra, letra, artículo, disposición, sección,
subsección, título, capítulo, subcapítulo, acápite o parte de la misma que así
hubiere sido anulada o declarada inconstitucional. Si la aplicación a una
persona o a una circunstancia de cualquier cláusula, párrafo, subpárrafo,
oración, palabra, letra, artículo, disposición, sección, subsección, título,
capítulo, subcapítulo, acápite o parte de esta Ley fuera invalidada o declarada
inconstitucional, la resolución, dictamen o sentencia a tal efecto dictada no
afectará ni invalidará la aplicación del remanente de esta Ley a aquellas
personas o circunstancias en que se pueda aplicar válidamente. Es la voluntad
expresa e inequívoca de esta Asamblea Legislativa que los tribunales hagan
cumplir las disposiciones y la aplicación de esta Ley en la mayor medida
posible, aunque se deje sin efecto, anule, invalide, perjudique o declare
inconstitucional alguna de sus partes, o aunque se deje sin efecto, invalide o
declare inconstitucional su aplicación a alguna persona o circunstancia. La
Asamblea Legislativa hubiera aprobado esta Ley sin importar la determinación de
separabilidad que el Tribunal pueda hacer.
Artículo 5.- Vigencia de la Ley
Esta Ley comenzará a regir
inmediatamente después de su aprobación.
Notas Importantes:
1. Esta ley es
copia de la ley original cuando fue aprobada, no incluye enmiendas posteriores.
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