INTRODUCCIÓN
La Comisión Futurista de los
Tribunales fue creada por el
Hon. José A. Andréu García, Juez
Presidente del Tribunal Supremo de Puerto Rico en 1995 con el propósito de
analizar la realidad contemporánea, las tendencias que se vislumbran para este
nuevo siglo, el impacto que éstas tendrán en los tribunales y proponer una
visión de los tribunales para el nuevo siglo.
Compuesta
por ciudadanos representantes de diversos sectores de la sociedad y del Sistema
Judicial, la Comisión Futurista definió así su responsabilidad: elaborar y
proponer una visión sobre el futuro de los Tribunales de Puerto Rico indicando
sus características principales así como identificando instrumentos básicos que
impulsen dicha visión de manera que esta se haga realidad.
En la elaboración de este
Informe la Comisión contó con la participación y el sentir de la ciudadanía
sobre el sistema judicial. Unos 500
ciudadanos expresaron su sentir sobre su percepción de los tribunales, su
concepción ideal del sistema de justicia y las expectativas de cambio del
presente hacia el futuro. Esta es la
primera vez que se lleva a cabo una consulta a la ciudadanía de tal magnitud.
Del
resultado de dicha consulta surge que la sociedad puertorriqueña tiene una fe
básica en los tribunales de justicia y en la honradez, honestidad, integridad e
incorruptibilidad de sus jueces y juezas.
Además, que los puertorriqueños atesoran y confieren las más alta importancia
y prioridad a la independencia judicial.
VISIÓN
PARA LA RAMA JUDICIAL DE PUERTO RICO PARA EL SIGLO XXI
La Comisión Futurista de los Tribunales con el beneficio de una
serie de estudios y de consultas a expertos y con una amplia consulta a la
ciudadanía, propone que la visión para la Rama Judicial durante este siglo sea
la siguiente:
La Rama Judicial será independiente, accesible y prestará servicios
de manera equitativa, rápida, sensible, con un enfoque humanista. La judicatura estará altamente
cualificada, y dispondrá de medios de aprendizaje constantes. Contará con un liderazgo estratégico y
compartido, que permita el desarrollo de diseños y métodos administrativos
ágiles para responder a los cambios sociales, así como con una infraestructura
adecuada y tecnología avanzada. Promoverá una sociedad
menos litigiosa, fomentando otros métodos para solucionar controversias y una
amplia participación de todos los sectores.
Este
informe pretende ser un instrumento eficaz para la planificación estratégica y
contiene una serie de recomendaciones para implantar esta visión y preparar a
la Rama Judicial para el Siglo XXI.
Urge,
sin embargo, tomar medidas inmediatas que la fortalezcan, ya que debido a la
crítica situación económica, atraviesa por uno de sus momentos más
difíciles. El no hacerlo socava
peligrosamente la democracia.
EL TRASFONDO HISTÓRICO SOBRE EL PODER JUDICIAL DE PUERTO
RICO
La
fuente del Poder Judicial se encuentra en nuestra Constitución aprobada
en 1952 que crea el Tribunal Supremo como el tribunal de última instancia
y establece un sistema judicial unificado e integrado. Luego de la Constitución de 1952 se
aprobaron diversas leyes para poner en vigor los principios allí consignados.
La
Rama Judicial ha propiciado los estudios y las reformas necesarias para
instrumentar el mandato constitucional y lograr que el sistema de justicia sea
de la mejor calidad, rápido, económico y accesible. Dichos estudios recomendaron que se situara a la Rama Judicial en
la vanguardia con el uso de tecnología electrónica; con métodos alternos para
solucionar disputas, con desvío de casos de su entorno contencioso,
consolidación de sesiones del Tribunal de Primera Instancia y del Tribunal
Superior, una oportunidad de justicia apelativa que agilizara el manejo de los
casos y promoviera normas y estándares de tiempo para el procesamiento de los
casos.
Se
enfatizó, además, en la necesidad de fortalecer la independencia del poder
judicial y para que esta rama del gobierno fuera autónoma independiente y libre
de presiones indebidas. Se señaló una y
otra vez, la necesidad imperiosa de que se le concediera autonomía
presupuestaria a la Rama Judicial y que se estableciera un sistema autónomo
para la creación de la Sede de los Tribunales y se creara un sistema de verdadero mérito para la selección de los
jueces.
A
partir del 1992 comenzó una nueva etapa de reforma que no surgió de la Rama
Judicial. Entre ellas se aprobó una
nueva Ley de la Judicatura en 1994.
Dicha ley creó el Tribunal de Circuito de Apelaciones, transformó las
áreas de competencia y aumentó el número de jueces. Se abolió el Tribunal Superior y el Tribunal de Distrito y en su
lugar se creó un Tribunal de Primera Instancia. Dicha transformación estructural tuvo un fuerte impacto en la
Rama Judicial. Se ha requerido un
proceso adaptativo muy intenso, la confección de nuevas normas y reglamentos y
un acelerado proceso de divulgación y educación para los componentes de la clientela
interna, así como para los sectores relacionados con la misma.
La
Rama Judicial ha tratado de instrumentar esta reforma sin que se le hayan
asignados los recursos presupuestarios necesarios para implementar la misma.
LA RAMA JUDICIAL DE
HOY
El
inicio del milenio encuentra a la Rama Judicial con una preocupante congestión
y demora en el trámite de los casos en el Tribunal de Primera Instancia. Más positiva es la situación en el Tribunal
Supremo y en el Tribunal de Circuito de Apelaciones. En los últimos años ambos han estado manejando en términos generales, eficientemente su
carga de trabajo, según refleja el índice de resolución de casos, la relación de los casos presentados y los
casos resueltos de cada tribunal.
El
Tribunal de Primera Instancia, en cambio confronta serias dificultades. Los datos indican que se están resolviendo
menos casos de los que se presentan por lo cual se anticipa un aumento en el
por ciento de casos pendientes. Su
capacidad se ha afectado por la aprobación de leyes, el resurgimiento de materias noveles a atenderse y el alza en el
número de casos. El aumento en casos
durante los últimos 35 años ha sido dramático.
Entre 1963 y 1998 hubo un alza de 90%. Actualmente se presentan más de 260,000 casos en el
Tribunal de Primera Instancia. El alza mayor
será en los casos civiles que han aumentado en un 181% cuando antes constituían
el 40% de los casos, ahora son el 60% de los casos.
Los
criminales aumentaron a un 25%. Las
querellas contra menores aumentaron a un 60%.
Por otra parte los casos son más complejos y han proliferado los casos
de impericia médica, violación de derechos civiles, violencia doméstica,
maltrato a menores, corrupción y derecho ambiental.
FACTORES EXTERNOS
QUE IMPACTAN LA RAMA JUDICIAL
Las
estrecheces presupuestarias han colocado a la Rama Judicial en una situación de
precariedad sin precedentes.
Por
un lado sus responsabilidades aumentan, pero no se le asignan fondos para
hacerle frente. El costo de implantar
nuevas leyes sin la correspondiente asignación legislativa es de más de $50
millones.
La
asignación a fondos a la Rama Judicial constituye una porción mínima de los
recursos fiscales anuales del Estado Libre Asociado. El presupuesto asignado en 1998-1999 fue de $155,346,000
para un 3.9% del presupuesto general.
Como
secuela se ha visto:
·
el cierre de algunos tribunales
·
congelación de todos los puestos
·
paralización en la modernización de la
infraestructura
·
alto en la adquisición de tecnología
moderna
·
estrecheces en los materiales
esenciales de trabajo
Al dramático aumento
en casos se suma la diversidad de la clientela y las materias noveles que tiene
que atender.
Todas estas
situaciones que afectan desde afuera la capacidad de la Rama Judicial seguirán
complicándose.
Así
continuarán exigiendo más del sistema de aprobación de leyes con beneficios
para veteranos, niños, envejecientes, indigentes, el aumento en la conducta
antisocial, la participación de los tribunales en la lucha contra el crimen y
la criminalización de conducta que antes no lo era.
TENDENCIAS DEL FUTURO
La
Comisión Futurista de los Tribunales identificó algunas tendencias mundiales y
de Puerto Rico que afectarán al sistema judicial en los próximo 25 años. Las principales se dan en el contexto de la
demografía, la economía global, lo social, lo ambiental y tecnológico. Se proyectan cambios demográficos
significativos para los próximos 25 años.
·
La inmigración ha sido una constante
en Puerto Rico desde hace décadas. Para
1990 se registró un aumento de 16.3% de la población no nacida en la Isla para
un total de 320,721 personas.
·
En ese mismo año uno de cada 5
inmigrantes estaba desempleado y más del 53% estaba a niveles de ingresos
de pobreza extrema.
·
El envejecimiento de la población y el
movimiento de las zonas rurales, las
zonas urbanas seguirán presentando retos hacia los tribunales.
·
Transformaciones en la familia, una
brecha mayor entre pobres y ricos. La
economía de la droga y el reclamo para que se armonice la protección del
ambiente con el desarrollo económico son algunos de los factores que traerán
alzas en las controversias y más presión sobre los tribunales.
·
La globalización de la tecnología
informática como fuerza unificadora conllevará a una reestructuración de la
economía que implicará grandes cambios en el derecho procesal.
·
Se contempla que todos los trámites
administrativos y secretariales de un caso estén automatizados y que las
personas puedan tramitar sus asuntos
mediante medios electrónicos. El uso
del papel, vehículo importante en los tribunales, disminuirá considerablemente.
CONSULTA A LA
CIUDADANÍA
Un total de 500 personas
- ciudadanos, ciudadanas, jueces, juezas, abogados, abogadas, procuradores,
procuradoras, policías, trabajadores o trabajadoras sociales, personal de
secretaría, alguaciles, alguacilas, acusados, acusadas, menores intervenidos e
intervenidas y víctimas del crimen - tomaron parte en el ejercicio de
participación ciudadana más abarcador
sobre la rama judicial.
La
consulta, realizada a través de grupos focales, tuvo el propósito de
identificar la percepción sobre los tribunales, la concepción de un sistema de
justicia ideal y las expectativas de cambio.
El
ejercicio produjo el siguiente consenso:
·
Puerto Rico enfrenta un futuro de
crisis general y el presente se percibe negativamente. No se visualiza futuro alguno que no sea una
proyección agravada del presente.
·
Las dificultades económicas, los
asuntos relacionados con la conducta social y un sentido de desamparo ciudadano
son los problemas que presagian para los consultados un futuro cada vez más
negativo.
·
Las fuerzas llamadas a encauzar la
vida económica y social son la familia y el gobierno, pero la familia se encuentra
afectada profundamente por todo tipo de personas y se percibe al
gobierno como incapaz, carente de compromiso social y corrupto.
·
Los medios de comunicación son vitales
a la buena marcha de los asuntos colectivos, pero alientan litigios y
controversias, contribuyendo así a la discordia social y exacerbación de
problemas en Puerto Rico.
·
Los tribunales son el bastión de la
democracia y el único lugar a donde acudir en busca de remedio. Son la esperanza de que prevalezca un orden
básico en el país y asumirán irremediablemente responsabilidades que antes eran
de la familia y otras instituciones.
·
Los tribunales cuentan con tres
fortalezas: la fe básica de los puertorriqueños en ellos, la honradez de los
jueces y la independencia judicial.
·
Sus dificultades principales son la
falta de recursos presupuestarios, la lentitud en los procesos judiciales y la
erosión de la independencia judicial.
·
Hay una serie de impedimentos a la
consecución de justicia a tiempo y para
todos. Destacan la escasez de
representación legal adecuada para los indigentes y para los menores.
·
Se perciben diferencias en el trato en
función de la base socioeconómica.
·
El acceso a la justicia está limitado
por falta de información básica para las partes y por la lentitud de los
procesos judiciales.
·
La población carece de un
entendimiento básico sobre el sistema de justicia.
·
Parte de la judicatura presenta estilos
de arrogancia, prepotencia y actitudes grandiosas.
·
Hay un enfoque equivocado en el manejo
de la criminalidad mediante el cual hay una criminalización exagerada de la
conducta y una ausencia de oportunidades de rehabilitación.
·
Se necesita un sistema que permita
evaluar el funcionamiento de la rama judicial.
RECOMENDACIONES
Implantar la visión futurista requiere el desarrollo
de planes estratégicos a corto y a largo plazo. Estas son las recomendaciones que a esos efectos propone la
Comisión:
1.
Fortalecer la Independencia Judicial en
todas sus dimensiones. Es indispensable
y prioritario proveer a la Rama Judicial de mayor autonomía fiscal y recursos.
La Rama debe
tener facultad exclusiva sobre la determinación de las sedes y salas de
tribunales, para aceptar o rechazar cualquier legislación que afecte su
competencia y los nombramientos a la judicatura deben ser a base de méritos y
capacidad.
2.
Los tribunales deben promover el más amplio acceso a la ciudadanía a su sistema de justicia y el disfrute de la igualdad de derechos
mediante la educación ciudadana y la orientación a las partes.
Deben
dirigirse materiales educativos a la ciudadanía, incluyendo niños y jóvenes.
Deben
establecerse accesos electrónicos para que los ciudadanos conozcan la etapa en
que se encuentran sus asuntos ante el tribunal.
3. Promulgar y promover el trato equitativo sin diferenciación por motivo
de género, raza, origen étnico, condición económica, religión o creencias
políticas.
Toda persona que se sienta agraviada
por discrimen debe contar con un mecanismo para informarlo y hacer valer sus
derechos; establecerse estrategias para asegurar representación a los que
carecen de medios para pagar honorarios de abogados; de estimularse la
autorrepresentación y considerarse la viabilidad de establecer seguros de
servicios legales semejantes a los planes de servicios de salud.
4. Mantener a todos los recursos humanos de la Rama Judicial informados y
educados. Se recomienda
específicamente la creación de una Escuela Judicial con el fin de hacer mandatorio un sistema de capacitación
profesional y que atienda las necesidades de educación continua a diversos
funcionarios, incluyendo a jueces.
5.
Trabajo en Equipo del Sistema de Justicia se recomienda la creación de un organismo permanente mediante el
cual las tres ramas de gobierno la Ejecutiva, Legislativa y Judicial – puedan
intercambiar información y coordinar su labor.
6.
La organización administrativa de los
tribunales debe ser flexible, receptiva al cambio, ágil y contar con el uso
máximo de la tecnología.
Su sistema
automatizado debe proveer información sobre el status de los casos.
7.
La rama judicial debe contar con los
mecanismos para responder rápidamente a
los cambios y proveer procesos judiciales expeditos. Deben tomarse pasos encaminados a fortalecer y agilizar los
trámites en las secretarías, un componente importante del sistema y medidas
para la tramitación rápida de los casos.
Los jueces
deben adoptar estándares de tiempo para la solución de los casos.
8. Atender los reclamos ciudadanos con eficiencia, honestidad y
responsabilidad.
Evaluar regularmente a los
jueces y otros funcionarios del sistema.
El sistema deberá
evidenciar ante el país la forma y grado en que ejerce su responsabilidad.
9. La Rama Judicial debe institucionalizar la planificación estratégica
y los procesos de investigación, informática y evaluación sobre los que ésta
descansa. Debe articularse una
filosofía gerencial con ese enfoque y un plan gerencial concreto.
10.
La Rama Judicial debe asegurar que los procesos judiciales y
administrativos dispongan de la infraestructura y tecnología necesarias para
facilitarlos y agilizarlos.
Debe contar,
además, con el poder de contratación y formas apropiadas para adquirir facilidades
físicas o construir las necesarias ajustadas
a las necesidades de espacio y tecnología.
IMPLANTACIÓN DE
RECOMENDACIONES
Las recomendaciones de la
Comisión Futurista requieren la preparación de un plan estratégico, así como de
acciones específicas encaminadas a llevar a la realidad la visión propuesta.
Para
facilitar esta tarea la Comisión propone:
1.
La creación por el Juez Presidente de
un Comité Estratégico para trabajar
sobre el futurismo y preparar planes específicos para implantar las recomendaciones
que acercarán a la rama judicial a la visión propuesta.
2.
Nombrar una Comisión Permanente Asesora del Juez Presidente sobre
futurismo. Su papel será orientar y
educar sin participar directamente en la implantación de medidas.
3.
Evaluar el funcionamiento de la nueva
Ley de la Judicatura de 1994 con miras a realizar los ajustes necesarios para
que responda a las necesidades presentes y sus proyecciones futuras, al igual
que a las recomendaciones de este Informe que sean adoptadas por la rama
judicial.
4.
Las recomendaciones que sean adoptadas
por el Juez Presidente deben divulgarse ampliamente a través de un plan de comunicaciones sobre lo que
enfrentan y proyectan los tribunales en el futuro.
Nuestro
auspiciador principal, presione aquí
para ver el "Home Page" en la Internet.
| Leyes y Jurisprudencia | Información | Agencias | Pueblos de Puerto Rico| Servicios Futuros |
|Publicidad | Directorios | Compras | Eventos | Noticias | Entretenimiento |Publicaciones CD|
La información, las imágenes, gráficas u otro
contenido en todos los documentos preparados por Lexjuris son propiedad de
LexJuris. Otros documentos disponibles en nuestras conecciones son propiedad de
sus respectivos dueños. Derechos Reservados. Copyright (c) 1997 Revista de
LexJuris de Puerto Rico y Publicaciones CD, Inc..
