Revista Jurídica de LexJuris

Volumen 1 Primavera 2000 Núm. 1

Visión en Ruta al Futuro

Resumen Ejecutivo

Informe de la

Comisión Futurista de los Tribunales

abril 2000

COMISIÓN FUTURISTA DE LOS TRIBUNALES

Presidente: Lcdo. Rafael Alonso Alonso

Abogado, Juez Asociado del Tribunal Supremo de Puerto Rico (1986-1995)

Comisionados y Comisionadas:

Hon. Lady Alfonso de Cumpiano

Jueza del Tribunal de Circuito de Apelaciones

Lcdo. Harry Anduze Montaño

Abogado, Presidente del Colegio de Abogados (1994-1996)

Sr. Richard Carrión

Presidente, Banco Popular de Puerto Rico

Sra. Vilma Colón

Presidenta, Corporate Communications, Inc.

Sr. Luis Alberto Ferré Rangel

Director, Periódico el Nuevo Día

Dr. José R. González

Presidente, Universidad Interamericana de Puerto Rico (1990-1999)

Dr. Norman Maldonado

Presidente, Universidad de Puerto Rico

Dr. Rafael Irizarry

Profesor, Escuela Graduada de Planificación, UPR

Dr. Manuel A. (Coco) Morales

Presidente, Quality for Business Success, Inc.

Srta. Marisara Pont

Presidenta, Comstat Rowland, Inc.

Dr. José Jaime Rivera

Presidente, Universidad del Sagrado Corazón

Hon. Víctor M. Rivera González

Juez Superior, Tribunal de Primera Instancia

Srta. Ana Milagros Santiago

Presidenta, HEEND-UPR (1982-1988) y (1994-1998)

Lcda. Olga Soler Bonnin

Profesora, Escuela de Derecho, PUCPR

Directoras Ejecutivas:

Dra. Celia E. Cintrón (1996-1998) Lcda. Patricia Otón Olivieri (1998-presente)

INTRODUCCIÓN

La Comisión Futurista de los Tribunales fue creada por el Hon. José A. Andréu García, Juez Presidente del Tribunal Supremo de Puerto Rico en 1995 con el propósito de analizar la realidad contemporánea, las tendencias que se vislumbran para este nuevo siglo, el impacto que éstas tendrán en los tribunales y proponer una visión de los tribunales para el nuevo siglo.

Compuesta por ciudadanos representantes de diversos sectores de la sociedad y del Sistema Judicial, la Comisión Futurista definió así su responsabilidad: elaborar y proponer una visión sobre el futuro de los Tribunales de Puerto Rico indicando sus características principales así como identificando instrumentos básicos que impulsen dicha visión de manera que esta se haga realidad.

En la elaboración de este Informe la Comisión contó con la participación y el sentir de la ciudadanía sobre el sistema judicial. Unos 500 ciudadanos expresaron su sentir sobre su percepción de los tribunales, su concepción ideal del sistema de justicia y las expectativas de cambio del presente hacia el futuro. Esta es la primera vez que se lleva a cabo una consulta a la ciudadanía de tal magnitud.

Del resultado de dicha consulta surge que la sociedad puertorriqueña tiene una fe básica en los tribunales de justicia y en la honradez, honestidad, integridad e incorruptibilidad de sus jueces y juezas. Además, que los puertorriqueños atesoran y confieren las más alta importancia y prioridad a la independencia judicial.

VISIÓN PARA LA RAMA JUDICIAL DE PUERTO RICO PARA EL SIGLO XXI

La Comisión Futurista de los Tribunales con el beneficio de una serie de estudios y de consultas a expertos y con una amplia consulta a la ciudadanía, propone que la visión para la Rama Judicial durante este siglo sea la siguiente:

La Rama Judicial será independiente, accesible y prestará servicios de manera equitativa, rápida, sensible, con un enfoque humanista. La judicatura estará altamente cualificada, y dispondrá de medios de aprendizaje constantes. Contará con un liderazgo estratégico y compartido, que permita el desarrollo de diseños y métodos administrativos ágiles para responder a los cambios sociales, así como con una infraestructura adecuada y tecnología avanzada. Promoverá una sociedad menos litigiosa, fomentando otros métodos para solucionar controversias y una amplia participación de todos los sectores.

Este informe pretende ser un instrumento eficaz para la planificación estratégica y contiene una serie de recomendaciones para implantar esta visión y preparar a la Rama Judicial para el Siglo XXI.

Urge, sin embargo, tomar medidas inmediatas que la fortalezcan, ya que debido a la crítica situación económica, atraviesa por uno de sus momentos más difíciles. El no hacerlo socava peligrosamente la democracia.

EL TRASFONDO HISTÓRICO SOBRE EL PODER JUDICIAL DE PUERTO RICO

La fuente del Poder Judicial se encuentra en nuestra Constitución aprobada en 1952 que crea el Tribunal Supremo como el tribunal de última instancia y establece un sistema judicial unificado e integrado. Luego de la Constitución de 1952 se aprobaron diversas leyes para poner en vigor los principios allí consignados.

La Rama Judicial ha propiciado los estudios y las reformas necesarias para instrumentar el mandato constitucional y lograr que el sistema de justicia sea de la mejor calidad, rápido, económico y accesible. Dichos estudios recomendaron que se situara a la Rama Judicial en la vanguardia con el uso de tecnología electrónica; con métodos alternos para solucionar disputas, con desvío de casos de su entorno contencioso, consolidación de sesiones del Tribunal de Primera Instancia y del Tribunal Superior, una oportunidad de justicia apelativa que agilizara el manejo de los casos y promoviera normas y estándares de tiempo para el procesamiento de los casos.

Se enfatizó, además, en la necesidad de fortalecer la independencia del poder judicial y para que esta rama del gobierno fuera autónoma independiente y libre de presiones indebidas. Se señaló una y otra vez, la necesidad imperiosa de que se le concediera autonomía presupuestaria a la Rama Judicial y que se estableciera un sistema autónomo para la creación de la Sede de los Tribunales y se creara un sistema de verdadero mérito para la selección de los jueces.

A partir del 1992 comenzó una nueva etapa de reforma que no surgió de la Rama Judicial. Entre ellas se aprobó una nueva Ley de la Judicatura en 1994. Dicha ley creó el Tribunal de Circuito de Apelaciones, transformó las áreas de competencia y aumentó el número de jueces. Se abolió el Tribunal Superior y el Tribunal de Distrito y en su lugar se creó un Tribunal de Primera Instancia. Dicha transformación estructural tuvo un fuerte impacto en la Rama Judicial. Se ha requerido un proceso adaptativo muy intenso, la confección de nuevas normas y reglamentos y un acelerado proceso de divulgación y educación para los componentes de la clientela interna, así como para los sectores relacionados con la misma.

La Rama Judicial ha tratado de instrumentar esta reforma sin que se le hayan asignados los recursos presupuestarios necesarios para implementar la misma.

LA RAMA JUDICIAL DE HOY

El inicio del milenio encuentra a la Rama Judicial con una preocupante congestión y demora en el trámite de los casos en el Tribunal de Primera Instancia. Más positiva es la situación en el Tribunal Supremo y en el Tribunal de Circuito de Apelaciones. En los últimos años ambos han estado manejando en términos generales, eficientemente su carga de trabajo, según refleja el índice de resolución de casos, la relación de los casos presentados y los casos resueltos de cada tribunal.

El Tribunal de Primera Instancia, en cambio confronta serias dificultades. Los datos indican que se están resolviendo menos casos de los que se presentan por lo cual se anticipa un aumento en el por ciento de casos pendientes. Su capacidad se ha afectado por la aprobación de leyes, el resurgimiento de materias noveles a atenderse y el alza en el número de casos. El aumento en casos durante los últimos 35 años ha sido dramático. Entre 1963 y 1998 hubo un alza de 90%. Actualmente se presentan más de 260,000 casos en el Tribunal de Primera Instancia. El alza mayor será en los casos civiles que han aumentado en un 181% cuando antes constituían el 40% de los casos, ahora son el 60% de los casos.

Los criminales aumentaron a un 25%. Las querellas contra menores aumentaron a un 60%. Por otra parte los casos son más complejos y han proliferado los casos de impericia médica, violación de derechos civiles, violencia doméstica, maltrato a menores, corrupción y derecho ambiental.

FACTORES EXTERNOS QUE IMPACTAN LA RAMA JUDICIAL

Las estrecheces presupuestarias han colocado a la Rama Judicial en una situación de precariedad sin precedentes.

Por un lado sus responsabilidades aumentan, pero no se le asignan fondos para hacerle frente. El costo de implantar nuevas leyes sin la correspondiente asignación legislativa es de más de $50 millones.

La asignación a fondos a la Rama Judicial constituye una porción mínima de los recursos fiscales anuales del Estado Libre Asociado. El presupuesto asignado en 1998-1999 fue de $155,346,000 para un 3.9% del presupuesto general.

Como secuela se ha visto:

· el cierre de algunos tribunales

· congelación de todos los puestos

· paralización en la modernización de la infraestructura

· alto en la adquisición de tecnología moderna

· estrecheces en los materiales esenciales de trabajo

Al dramático aumento en casos se suma la diversidad de la clientela y las materias noveles que tiene que atender.

Todas estas situaciones que afectan desde afuera la capacidad de la Rama Judicial seguirán complicándose.

Así continuarán exigiendo más del sistema de aprobación de leyes con beneficios para veteranos, niños, envejecientes, indigentes, el aumento en la conducta antisocial, la participación de los tribunales en la lucha contra el crimen y la criminalización de conducta que antes no lo era.

TENDENCIAS DEL FUTURO

La Comisión Futurista de los Tribunales identificó algunas tendencias mundiales y de Puerto Rico que afectarán al sistema judicial en los próximo 25 años. Las principales se dan en el contexto de la demografía, la economía global, lo social, lo ambiental y tecnológico. Se proyectan cambios demográficos significativos para los próximos 25 años.

· La inmigración ha sido una constante en Puerto Rico desde hace décadas. Para 1990 se registró un aumento de 16.3% de la población no nacida en la Isla para un total de 320,721 personas.

· En ese mismo año uno de cada 5 inmigrantes estaba desempleado y más del 53% estaba a niveles de ingresos de pobreza extrema.

· El envejecimiento de la población y el movimiento de las zonas rurales, las zonas urbanas seguirán presentando retos hacia los tribunales.

· Transformaciones en la familia, una brecha mayor entre pobres y ricos. La economía de la droga y el reclamo para que se armonice la protección del ambiente con el desarrollo económico son algunos de los factores que traerán alzas en las controversias y más presión sobre los tribunales.

· La globalización de la tecnología informática como fuerza unificadora conllevará a una reestructuración de la economía que implicará grandes cambios en el derecho procesal.

· Se contempla que todos los trámites administrativos y secretariales de un caso estén automatizados y que las personas puedan tramitar sus asuntos mediante medios electrónicos. El uso del papel, vehículo importante en los tribunales, disminuirá considerablemente.

CONSULTA A LA CIUDADANÍA

Un total de 500 personas - ciudadanos, ciudadanas, jueces, juezas, abogados, abogadas, procuradores, procuradoras, policías, trabajadores o trabajadoras sociales, personal de secretaría, alguaciles, alguacilas, acusados, acusadas, menores intervenidos e intervenidas y víctimas del crimen - tomaron parte en el ejercicio de participación ciudadana más abarcador sobre la rama judicial.

La consulta, realizada a través de grupos focales, tuvo el propósito de identificar la percepción sobre los tribunales, la concepción de un sistema de justicia ideal y las expectativas de cambio.

El ejercicio produjo el siguiente consenso:

· Puerto Rico enfrenta un futuro de crisis general y el presente se percibe negativamente. No se visualiza futuro alguno que no sea una proyección agravada del presente.

· Las dificultades económicas, los asuntos relacionados con la conducta social y un sentido de desamparo ciudadano son los problemas que presagian para los consultados un futuro cada vez más negativo.

· Las fuerzas llamadas a encauzar la vida económica y social son la familia y el gobierno, pero la familia se encuentra afectada profundamente por todo tipo de personas y se percibe al gobierno como incapaz, carente de compromiso social y corrupto.

· Los medios de comunicación son vitales a la buena marcha de los asuntos colectivos, pero alientan litigios y controversias, contribuyendo así a la discordia social y exacerbación de problemas en Puerto Rico.

· Los tribunales son el bastión de la democracia y el único lugar a donde acudir en busca de remedio. Son la esperanza de que prevalezca un orden básico en el país y asumirán irremediablemente responsabilidades que antes eran de la familia y otras instituciones.

· Los tribunales cuentan con tres fortalezas: la fe básica de los puertorriqueños en ellos, la honradez de los jueces y la independencia judicial.

· Sus dificultades principales son la falta de recursos presupuestarios, la lentitud en los procesos judiciales y la erosión de la independencia judicial.

· Hay una serie de impedimentos a la consecución de justicia a tiempo y para todos. Destacan la escasez de representación legal adecuada para los indigentes y para los menores.

· Se perciben diferencias en el trato en función de la base socioeconómica.

· El acceso a la justicia está limitado por falta de información básica para las partes y por la lentitud de los procesos judiciales.

· La población carece de un entendimiento básico sobre el sistema de justicia.

· Parte de la judicatura presenta estilos de arrogancia, prepotencia y actitudes grandiosas.

· Hay un enfoque equivocado en el manejo de la criminalidad mediante el cual hay una criminalización exagerada de la conducta y una ausencia de oportunidades de rehabilitación.

· Se necesita un sistema que permita evaluar el funcionamiento de la rama judicial.

RECOMENDACIONES

Implantar la visión futurista requiere el desarrollo de planes estratégicos a corto y a largo plazo. Estas son las recomendaciones que a esos efectos propone la Comisión:

1. Fortalecer la Independencia Judicial en todas sus dimensiones. Es indispensable y prioritario proveer a la Rama Judicial de mayor autonomía fiscal y recursos.

La Rama debe tener facultad exclusiva sobre la determinación de las sedes y salas de tribunales, para aceptar o rechazar cualquier legislación que afecte su competencia y los nombramientos a la judicatura deben ser a base de méritos y capacidad.

2. Los tribunales deben promover el más amplio acceso a la ciudadanía a su sistema de justicia y el disfrute de la igualdad de derechos mediante la educación ciudadana y la orientación a las partes.

Deben dirigirse materiales educativos a la ciudadanía, incluyendo niños y jóvenes.

Deben establecerse accesos electrónicos para que los ciudadanos conozcan la etapa en que se encuentran sus asuntos ante el tribunal.

3. Promulgar y promover el trato equitativo sin diferenciación por motivo de género, raza, origen étnico, condición económica, religión o creencias políticas.

Toda persona que se sienta agraviada por discrimen debe contar con un mecanismo para informarlo y hacer valer sus derechos; establecerse estrategias para asegurar representación a los que carecen de medios para pagar honorarios de abogados; de estimularse la autorrepresentación y considerarse la viabilidad de establecer seguros de servicios legales semejantes a los planes de servicios de salud.

4. Mantener a todos los recursos humanos de la Rama Judicial informados y educados. Se recomienda específicamente la creación de una Escuela Judicial con el fin de hacer mandatorio un sistema de capacitación profesional y que atienda las necesidades de educación continua a diversos funcionarios, incluyendo a jueces.

5. Trabajo en Equipo del Sistema de Justicia se recomienda la creación de un organismo permanente mediante el cual las tres ramas de gobierno la Ejecutiva, Legislativa y Judicial – puedan intercambiar información y coordinar su labor.

6. La organización administrativa de los tribunales debe ser flexible, receptiva al cambio, ágil y contar con el uso máximo de la tecnología.

Su sistema automatizado debe proveer información sobre el status de los casos.

7. La rama judicial debe contar con los mecanismos para responder rápidamente a los cambios y proveer procesos judiciales expeditos. Deben tomarse pasos encaminados a fortalecer y agilizar los trámites en las secretarías, un componente importante del sistema y medidas para la tramitación rápida de los casos.

Los jueces deben adoptar estándares de tiempo para la solución de los casos.

8. Atender los reclamos ciudadanos con eficiencia, honestidad y responsabilidad.

Evaluar regularmente a los jueces y otros funcionarios del sistema.

El sistema deberá evidenciar ante el país la forma y grado en que ejerce su responsabilidad.

9. La Rama Judicial debe institucionalizar la planificación estratégica y los procesos de investigación, informática y evaluación sobre los que ésta descansa. Debe articularse una filosofía gerencial con ese enfoque y un plan gerencial concreto.

10. La Rama Judicial debe asegurar que los procesos judiciales y administrativos dispongan de la infraestructura y tecnología necesarias para facilitarlos y agilizarlos.

Debe contar, además, con el poder de contratación y formas apropiadas para adquirir facilidades físicas o construir las necesarias ajustadas a las necesidades de espacio y tecnología.

IMPLANTACIÓN DE RECOMENDACIONES

Las recomendaciones de la Comisión Futurista requieren la preparación de un plan estratégico, así como de acciones específicas encaminadas a llevar a la realidad la visión propuesta.

Para facilitar esta tarea la Comisión propone:

1. La creación por el Juez Presidente de un Comité Estratégico para trabajar sobre el futurismo y preparar planes específicos para implantar las recomendaciones que acercarán a la rama judicial a la visión propuesta.

2. Nombrar una Comisión Permanente Asesora del Juez Presidente sobre futurismo. Su papel será orientar y educar sin participar directamente en la implantación de medidas.

3. Evaluar el funcionamiento de la nueva Ley de la Judicatura de 1994 con miras a realizar los ajustes necesarios para que responda a las necesidades presentes y sus proyecciones futuras, al igual que a las recomendaciones de este Informe que sean adoptadas por la rama judicial.

4. Las recomendaciones que sean adoptadas por el Juez Presidente deben divulgarse ampliamente a través de un plan de comunicaciones sobre lo que enfrentan y proyectan los tribunales en el futuro.

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