Revista Jurídica de LexJuris de Puerto Rico

Volumen 18 Octubre 2013, Núm. 2

ALGUNAS CONTROVERSIAS DE NATURALEZA CIVIL PENDIENTES ANTE

EL TRIBUNAL SUPREMO FEDERAL PARA EL TÉRMINO DE OCTUBRE  2013

Por: Enrique Silva Avilés[1]

 

En este artículo reseño cuatro (4) de las controversias pendientes  de naturaleza civil ante el Tribunal Supremo federal para este término de octubre de 2013.  A mi entender, las mismas podrían ser de interés para nuestra comunidad jurídica particularmente porque todas abordan asuntos de naturaleza constitucional.

El primero de los casos que intereso comentar es Schuette v. Coalition to Defend Affirmative Action, Núm. 12-682. La controversia según planteada en la petición de certiorari es la siguiente: “[w]hether a state violates the Equal Protection Clause by amending its constitution to prohibit race-and sex-based discrimination or preferential treatment in a public-university admission decision”.

En el caso se cuestiona, a base de la Cláusula de la Constitución federal de Igual Protección de las Leyes, la propuesta número dos (2) para enmendar la Constitución de Michigan.  Dicha enmienda fue aprobada en el 2006 con el cincuenta y ocho por ciento (58%) de los votos.  La enmienda implicó prohibir el discrimen, o el conceder trato preferencial, en la educación pública, contratos gubernamentales y empleo en el gobierno a base de raza, sexo, etnicidad o país de origen. 

La Corte de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Este de Michigan sostuvo la validez de la enmienda constitucional estatal.  No obstante, una decisión en-banc (8-7) del Sexto Circuito de la Corte de Apelaciones de Estados Unidos revocó, y resolvió que la enmienda constitucional estatal violaba la Cláusula federal de Igual Protección de las Leyes.

Uno de los planteamientos del peticionario ante el Tribunal Supremo federal—el Secretario de Justicia de Michigan—es que no es concebible que una enmienda constitucional dirigida a prohibir el discrimen pueda violar la Cláusula federal de Igual Protección de las Leyes por discrimen a base de raza y/o sexo, y que al así resolver el foro apelativo federal dispuso por primera vez que un gobierno tiene que implementar acción afirmativa.

Así se expresó el referido Secretario de Justicia en las páginas 2 y 3 de su petición de certiorari:

     It is exceedingly odd to say that a statute which bars a state from “discriminat[ing] . . . on the basis of race” violates the Equal Protection Clause because it discriminates on the basis of race and sex. Yet that is precisely what the en banc majority held here, in conflict with the Ninth Circuit’s decision in Coalition for Economic Equity v. Wilson, 122 F.3d 692 (9th Cir.1997), and the California Supreme Court’s decision in Coral Construction, Inc. v. San Francisco, 235 P.3d 947 (Cal. 2010). Michigan recognizes that affirmative action has long been controversial; some state entities use it for some programs, some do not. But until now, no court has ever held that, apart from remedying specific past discrimination, a government must engage in affirmative action. This Court has said just the opposite, holding that all racial classification by government entities are presumptively invalid and subject to the strictest scrutiny. Parents Involved in Cmty. Sch. v. Seattle Sch. Dist. No. 1, 551 U.S. 701,720 (2007).

In the face of that exacting standard, the Sixth Circuit held that § 26 violates the Equal Protection Clause by denying minorities a “fair political process.” In reaching that conclusion, the court of appeals did not say that the process through which Michigan voters adopted the measure was unfair. Rather, what is “unfair” (according to the en banc majority) is that supporters of affirmative action can no longer obtain affirmative-action programs on a university-by university basis.  That conclusion cannot possibly be right.

 

Los marcadamente diferentes puntos de vista entre las partes surgen de sólo leer como cada una identifica la controversia en sus escritos.  La parte recurrida identifica la controversia de la siguiente forma: “[w]hether a state constitutional amendment violates the Equal Protection Clause by prohibiting black, Latina/o, Native American and other minority citizens from proposing through the democratic means that all other citizens may use that state university faculties and governing bodies adopt lawful, racially-conscious admissions plans in order to increase the opportunities for minority students to attend those universities?”

El corazón de la argumentación de la parte recurrida es que la enmienda a la Constitución estatal viola la Cláusula constitucional federal de Igual Protección de las Leyes porque ahora las universidades no pueden considerar raza para autorizar admisiones de estudiantes que no cualifican bajo los estándares objetivos de admisión (e.g., promedio obtenido previamente en la escuela y un examen estandarizado), pero sí pueden considerar otros criterios para conceder admisiones que no cumplan con los criterios objetivos mencionados. 

Se argumenta que el efecto de la enmienda es hacer más difícil a los negros, latinos o nativos norteamericanos seguir el proceso democrático dentro de cada universidad para promover que se utilice raza como criterio de admisión; en otras palabras, se plantea que se restringieron selectivamente los derechos políticos de las minorías raciales en violación del principio constitucional de la Igual Protección de las Leyes. 

Algunas de las expresiones en las páginas 4 y 5 del escrito en oposición al recurso, y que adecuadamente ilustran sus argumentos, las cito a continuación:

In analyzing these proposals, we begin with the real world that the Attorney General has completely ignored. As this Court knows, and as is set forth in more detail below, Michigan’s universities, like most in the nation, have adopted adjusted grade point averages and scores on standardized tests as the baseline criteria for admissions. But over the course of decades, the universities have identified numerous factors that justify departures from those criteria. Until the passage of Proposal 2, the elected university governing boards had complete control over all admission criteria, and the state’s residents could therefore add to, change, or delete any of those factors through a simple majority vote by the faculties or by the elected governing boards who supervised those faculties.

Proposal 2, like Proposition 209 before it, selectively changed that. The universities may now adopt any factors authorizing departures from their baseline criteria of grades and test scores for any purpose—except that they may not consider race for the purpose of admitting black, Latina/o or Native American applicants. Thus, Michigan’s black, Latina/o and Native American residents may no longer even propose that the governing boards adopt the exact plan that this Court held was the only practical means by which their children could be admitted to the state’s leading universities. Grutter v. Bollinger, 539 U.S. 306, 332 (2003).

The Sixth Circuit rightly decided that this selective restriction on the political rights of racial minorities—and of black, Latina/o and Native American residents in particular—violated the guarantee of political equality protected by this Court’s decisions in Hunter v Erickson, 393 U.S. 385 (1969) and Washington v. Seattle School District No. 1, 458 U.S. 457 (1982). On that issue, Wilson held directly to the contrary.

 

La argumentación oral en este caso está señalada para el 15 de octubre de 2013.

El próximo caso que comento es Anthony Walden v. Gina Fiore and Keith Gipson, Núm. 12-574. La controversia que reseño en dicho caso es la siguiente: “[w]hether due process permits a court to exercise personal jurisdiction over a defendant whose sole “contact” with the forum State is his knowledge that the plaintiff has connections to that State”.

        El contexto fáctico del caso tiene su génesis en parte en Puerto Rico. Los demandantes recurridos son apostadores profesionales.  Cargaban con $97,000 dólares en efectivo—alegadamente producto de ganancias en casinos de San Juan y New Jersey—cuando iban a tomar un vuelo en el aeropuerto Luis Muñoz Marín (“LMM”) en Carolina hacia Atlanta, Georgia con destino final en Las Vegas, Nevada.

        En el aeropuerto LMM fueron cuestionados por agentes de la Drug Enforcement Administration (“DEA”), pero los agentes autorizaron que los demandantes abordaran el avión hacia Atlanta con el dinero.  No obstante, fueron advertidos de que podría haber cuestionamientos de otros agentes subsiguientemente al llegar a la ciudad de Atlanta. 

        Ya en el aeropuerto de Atlanta, se alega que el peticionario demandado (un agente estatal asignado a trabajar con la DEA en dicho aeropuerto) cuestionó a los demandantes sobre el dinero, los sometió a un examen externo con un perro entrenado en detección de sustancias controladas, y cuando dicho perro marcó, se ocuparon los fondos.  El agente demandado indicó a los demandantes que si querían su dinero, tenían que proveer documentos que acreditaran la legitimidad de su origen.

        Los demandantes semanas después proveyeron documentos que acreditaban el origen legal del dinero.  Sin embargo, el   demandado hizo una declaración jurada falsa para un Fiscal federal en Georgia, para de esta manera apoyar la ocupación final del dinero.  El Fiscal eventualmente concluyó que no había causa para retener los fondos, y en una fecha subsiguiente se devolvió el dinero a los demandantes. 

Los demandantes-recurridos presentaron una causa de acción tipo Bivens en la Corte de Distrito de Estados Unidos para el Distrito de Nevada por (1) el demandado haber ocupado el dinero sin causa probable, (2) retenerlo a pesar de prueba que acreditaba su legalidad, (3) preparar una declaración jurada falsa, o que inducía a error, y (4) referir dicha declaración a un Fiscal para retener el dinero ocupado.

El agente demandado presentó inmediatamente una moción de desestimación (razón por la cual en todas las etapas del proceso, incluyendo esta etapa a nivel del Tribual Supremo federal, se toman por ciertos los hechos bien alegados en la demanda), y la corte de distrito declaró ha lugar la solicitud de desestimación por entender que no había jurisdicción sobre la persona.  La Corte de Apelaciones de Estados Unidos para el Noveno Circuito revocó, y el demandado presentó una petición de certiorari ante el Tribunal Supremo. 

            En el recurso, el demandado cuestionó que se ejerciera jurisdicción in personam sobre él en Nevada y explicó, entre otras cosas, que el dictamen del Noveno Circuito es incorrecto a base principalmente de Calder v. Jones, 465 U.S. 783 (1984).  En ese sentido planteó en las páginas 22 y 23 de su escrito de certiorari lo siguiente:

The Ninth Circuit paid lip service to Calder’s “three-part test” in the ruling below. App. 9a. But that was where that court’s adherence to Calder ended. By equating express aiming with an “action[] taken outside the forum state for the purpose of affecting a particular forum resident or a person with strong forum connections,” App. 17a–18a, the Ninth Circuit for all intents and purposes eliminated the express-aiming requirement. Whenever a plaintiff alleges that a defendant commited an intentional act aimed at the plaintiff with the knowledge that it will harm the plaintiff in the forum state—i.e., whenever the plaintiff can meet the first and third prongs of Calder’s three-prong test—the Ninth Circuit would necessarily conclude that the second part of Calder’s test, the express-aiming test, was also satisfied. Calder’s three requirements thus collapse into two.

That cannot be the law. If it were, the Court in Calder would not have emphasized that the defamatory article was “drawn from California sources” and concerned the plaintiff’s “California activities,” or that the plaintiff’s “career was centered in California.” 465 U.S. at 788. Likewise, if the location of the plaintiff’s harm were all that mattered, the Court would not have stressed that “California [was] the focal point both of the story and of the harm suffered,” id. at 789 (emphasis added); that California was the focal point of the harm alone would have sufficed. For this reason, other courts— such as the Third Circuit—have explained that, to satisfy Calder, the forum state must be “the focal point of the harm suffered by the plaintiff as a result of the tort” and “the focal point of the tortious activity.” Imo Indus., 155 F.3d at 256 (emphasis added). Calder’s three-part test really does have three parts, and the Ninth Circuit’s collapsing of the second and third parts is erroneous. See App. 47a.

 

            Por su parte, los demandantes-recurridos en su alegato en oposición al recurso, en sus páginas 22 y 23, sostienen que la decisión del foro apelativo es correcta y consistente con el caso de Calder, supra. Citamos algunas de sus expresiones:

Significantly, although petitioner attempts to focus on the ways in which the story in Calder was itself related to California, Pet. 23, this Court made clear that those  facts were relevant only as evidence indicating that the defendants knew that the story would harm the plaintiff there. See Calder, 465 U.S. at 790 (“An individual injured in California need not go to Florida to seek redress from persons who, though remaining in Florida, knowingly cause the injury in California.”). This case is on all fours with Calder: by purposely depriving respondents of money that he knew they needed for their business in Nevada, petitioner intended to injure them in Nevada, and respondents can seek redress for their injuries there.

           

Añaden los demandantes-recurridos que el agente peticionario exagera la  existencia de una supuesta distinción entre “conducta contra la persona que de casualidad vive en un estado” versus “conducta dirigida al estado mismo”, aparte de no reconocer que los casos de daños y perjuicios (“torts”) pueden conferir jurisdicción a un tribunal aunque no haya conducta del demandado dentro del estado donde se presentó el pleito.  En ese sentido argumenta lo siguiente en las págs. 25 y 26 de su escrito:

…As Burger King recognized, this Court has “consistently rejected the  notion that an absence of physical contacts can defeat personal jurisdiction” if the defendant purposefully directs his activities at “residents of another state.” 471 U.S. at 476; see also J. McIntyre Mach., Ltd. v. Nicastro, 131 S. Ct. 2780, 2787 (2011) (plurality opinion) (describing “intentional tort[s]” as an exception to the general principle that defendants must conduct activities within the forum state for jurisdiction to lie there). The rule could not be otherwise. Under petitioner’s theory, a Georgia resident who singled out a Nevada resident and illegally withdrew the entire contents of her California bank account could not be sued in Nevada. As the circuits uniformly agree, Calder does not require this absurd result. As long as the defendant intends harm within the forum state, jurisdiction there is proper and does not offend the Constitution.

 

La argumentación oral de este caso está pautada para el 4 de noviembre de 2013.

            El próximo caso que reseño también presenta una controversia constitucional de jurisdicción in personam.  El caso es DaimlerChrysler AG v. Bauman, Núm. 11-965.  La controversia según identificada en la petición de certiorari es la siguiente:   “[w]hether it violates due process for a court to exercise general personal jurisdiction over a foreign corporation based solely on the fact that an indirect corporate subsidiary performs services on behalf of the defendant in the forum State”.

La demanda fue presentada contra una compañía pública de Alemania que manufactura vehículos Mercedes-Benz en dicho país.  La demanda fue presentada en la Corte de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Norte de California por demandantes de origen Argentino.  La reclamación judicial se deriva de alegada conducta de una subsidiaria de la referida compañía Alemana.  La referida conducta ocurrió en Argentina cuando esa subsidiaria operaba en dicho país latinoamericano. 

            La Corte de Apelaciones de Estados Unidos para el Noveno Circuito revocó a la corte de distrito, la cual había desestimado la demanda por falta de jurisdicción in personam.  La mencionada corte  de apelaciones resolvió que existía jurisdicción personal general sobre la compañía Alemana porque dicha entidad tiene otra subsidiaria (no la subsidiaria que operaba en Argentina) que distribuye sus vehículos en California.  La empresa alemana, a la que haré referencia en el artículo como Daimler AG, cuestionó ante el Tribunal Supremo federal el ejercicio de jurisdicción general sobre su persona.

            Algunas de las expresiones en el recurso de certiorari presentado ante el Tribunal Supremo federal, en sus páginas 23 a la 25, a continuación:

Here, it would be equally unreasonable for a federal court in California to exercise personal jurisdiction over a German defendant in a case brought by Argentine plaintiffs concerning the alleged conduct in Argentina of one of the defendant’s Argentine subsidiaries. The allegations in this case have nothing to do with California (or the United States, for that matter), and litigating in California—which is not home to any of the parties, witnesses, or evidence—would unduly burden Daimler AG. Moreover, “German courts have expressed some concern that this suit may impinge upon German sovereignty”—a concern that the Ninth Circuit simply refused to give credence (Pet. App. 34a)—and, as the district court found, “both Argentina and Germany provide [respondents] with an adequate alternative forum for their claims.” Id. at 85a.

.

.

.

Nor is the Ninth Circuit’s holding limited to the human-rights setting. The Ninth Circuit’s boundless notion of general personal jurisdiction would potentially empower California federal courts to hear all manner of disputes involving foreign corporate defendants with U.S. subsidiaries—including, for example, an intellectual property dispute regarding infringement of a European patent in Europe, a dispute involving a contract made and performed in Australia, or a products-liability claim arising out of an accident in Asia.

 The inevitable result will be a proliferation of suits in American courts by foreign plaintiffs suing foreign defendants based on foreign conduct. These suits will enmesh American courts in potentially complex international disputes and provide a strong incentive for foreign companies facing the prospect of such litigation to limit their commercial ties to the United States or pull out of the U.S. market altogether. The sweeping jurisdictional reach of the Ninth Circuit’s holding may also breed retaliatory rulings by courts of other nations applying similarly capacious jurisdictional standards to American companies with foreign subsidiaries…

           

Los demandantes por su parte sostienen que la decisión del Noveno Circuito es correcta.  Explican en la página 28 de su escrito en oposición al recurso que la corte de apelaciones actuó correctamente pues “in some circumstances, a company may create sufficient contacts with a forum state by forming and controlling a wholly owned subsidiary to conduct essential operations in the state entirely for the benefit of the parent corporation”.

            Se elabora por los demandantes que las distinciones legales, u operacionales, entre una entidad corporativa y una de sus subsidiarias, pueden ser ignoradas para efectos del análisis constitucional de debido proceso de ley en cuanto a si se ejercita jurisdicción personal sobre una entidad corporativa. En ese sentido, argumentaron en la página 29 de su escrito, lo siguiente:

               Those same constitutional purposes permit a court to exercise jurisdiction when a company conducts an essential part of its business in the state through a wholly owned subsidiary over which it retains pervasive authority. In this case, petitioner sent a wholly owned subsidiary to California to conduct business on its behalf. The subsidiary was owned entirely by petitioner; it operated only for the benefit of petitioner; and petitioner had the pervasive right to control its subsidiary’s operations. For all practical – and constitutional – purposes, the subsidiary operated no differently than would a subdivision. Any separation between parent and subsidiary was purely formal. And as a result, petitioner, through its subsidiary, maintained “continuous and systematic general business contacts,” Helicopteros, 466 U.S. at 416, that make exercise of jurisdiction over it entirely fair. Indeed, [Daimler AG] persistently reaped significant benefits and protections from California’s laws, including bringing suit in its courts and making billions of dollars of sales in that state alone.

           

La argumentación oral en este caso se pautó para el 15 de octubre de 2013.

El objeto de la última reseña es el caso de McCullen v. Coakley, Núm. 12-1168.  El mismo presenta una controversia sobre el derecho a la libertad de expresión en los alrededores de clínicas donde se ofrece el servicio de aborto.

 El ataque constitucional—instado por demandantes que quieren ubicarse cerca de la entrada de las clínicas para comunicarse con mujeres que posiblemente llegan a la entidad para un aborto—cuestiona la validez constitucional de una ley de Massachusetts que en esencia establecía un perímetro de treinta y cinco (35) pies en los alrededores de las clínicas.  La Corte de Distrito de Estados Unidos para el Distrito de Massachusetts sostuvo la validez de la ley. 

Los demandantes acudieron a la Corte de Apelaciones de Estados Unidos para el Primer Circuito.  Dicho foro apelativo sostuvo la constitucionalidad de la referida ley estatal en su aplicación, pues ya en 2009 dicho tribunal la había declarado constitucional de su faz.  Los demandantes acudieron al Tribunal Supremo federal mediante un recurso de certiorari.

La petición de los demandantes plantea, entre otras cosas, que las limitaciones que impone la ley a los manifestantes en las afueras de las clínicas son incompatibles con el caso Hill v. Colorado, 530 U.S. 703 (2000).  En ese sentido se argumenta lo siguiente en la pág. 18 de la petición de certiorari:

          The First Circuit also erred in upholding a law that goes far beyond the outer limits on speech restriction marked out by this Court Hill v. Colorado, 530 U.S. 703. Hill relied on three critical safeguards: equal applicability to all healthcare facilities, equal applicability to all speakers, and narrow-tailored application only to close, unwanted physical approaches. All are absent here. Massachusetts’ 2007 Act [la ley objeto del recurso de certiorari] applies only at abortion clinics; permits speech by clinic agents while excluding speakers who advocate alternatives to abortion; and completely excludes disfavored speakers from otherwise public areas, banning even consensual speech with willing listeners. Moreover, in addressing petitioners’ as-applied challenge the First Circuit, unlike this Court in Hill, gave no weight at all to petitioners’ right to offer leaflets within a normal reach and to engage listeners from a normal conversational distance. No decision of this Court has ever permitted so absolute a prohibition of speech in the public forum.

En el aspecto de que la ley es selectiva en cuanto a cuáles expresiones permite en el área restringida, se expresa lo siguiente en la pág. 19 de la petición:

Massachusetts’ 2007 Act restricts speech on public streets and sidewalks by creating no-entry zones around entrances to abortion clinics. It then specifically permits entry into the zones by, among others, “employees or agents of [a clinic] acting within the scope of their employment.” § 120E½(b)(2). Accordingly, while petitioners face prison if they use public sidewalks in the zone to engage in peaceful, non-confrontational speech about alternatives to abortion, clinic agents may enter and speak with impunity so long as they are there on clinic business. This exemption, with its scope-of-employment limitation, is inescapably viewpoint-based. The speech it permits within the exclusion zone will necessarily express the clinic’s view.

 

La parte recurrida sostiene que el Primer Circuito actuó correctamente al sostener la constitucionalidad de la ley.  Plantean que el dictamen es consistente con Hill v. Colorado, supra, y que el estatuto es una reglamentación que no regula el contenido de expresión alguna, sino que sólo aborda el tiempo, lugar y manera en que se puede llevar a cabo.

            De igual manera, la recurrida rechaza que la ley sea inconstitucional por sólo dirigirse a facilidades donde se practican abortos en vez de a todo tipo de facilidad médica.  En ese sentido, en la pág. 18 del escrito en oposición a la petición, indica lo siguiente: 

Petitioners insist that, because the Act was narrowly tailored to apply only outside RHCF [reproductive health care facilities], it is an “abortion-specific” restriction. Pet. 4, 26, 31. The mere fact that the statute in Hill applied to all medical facilities, while the Massachusetts statute applies only to RHCFs where abortions are offered or performed, does not mean that the court of appeals’ decision “conflicts with Hill’s content-neutrality analysis.” Pet. 28. A legislature may ensure that a content-neutral time, place, or manner restriction is narrowly tailored by confining its application to “the place where the restriction is most needed.” Hill, 530 U.S. at 730. That is what the Massachusetts Legislature did here.

           

La recurrida también rechaza que la excepción en la ley—que dispone que la ley no cobija a empleados de la clínica que actúen dentro del alcance de su trabajo—tenga el efecto de crear zonas donde sólo se permiten expresiones en favor del aborto, mientras se prohíben expresiones en contrario.  Así lo expresó la parte recurrida en las págs. 21 y 22 de su escrito en oposición el recurso de certiorari: 

The exemption for clinic employees acting within the scope of their employment does not “create[] zones in which speech facilitating abortion access is permitted while speech about alternatives is banned.” Cf. Pet. 19. “On its face, the statute does not permit advocacy of any kind in the zone. Moreover, the Attorney General’s enforcement position expressly and unequivocally prohibits any advocacy by employees and agents of the RHCF’s in the buffer zone.” Pet. App. 173a. See Pet. App. 15a. The Massachusetts Attorney General informed law enforcement personnel that this exemption only allows “clinic personnel to assist in protecting patients and ensuring their safe access to clinics,” and does not allow them to engage in the sort of pro-choice speech that Petitioners say would destroy the Act’s viewpoint neutrality. Id. 173a-174a. Thus, the exemption does not convert the statute into a viewpoint-based regulation of speech. Pet. App. 105a-107a; 168a-174a; McGuire I, 260 F.3d at 45-47; McGuire II, 386 F.3d at 52 & n.1, 64.

The court below properly took cognizance of the Attorney General’s content-neutral interpretation of the exemption. Pet. App. 119a. See Ward, 491 U.S. at 795-96 (“[i]n evaluating a facial challenge to a state law, a federal court must . . . consider any limiting construction that a state court or enforcement agency has proffered”), quoting Hoffman Estates v. The Flipside, Hoffman Estates, Inc, 455 U.S. 489, 494 n.5 (1982). Accord, Wash. State Grange v. Wash. State Repub. Party, 552 U.S. 442, 456 (2008). Petitioners, however, ask the Court to ignore the Attorney General’s guidance and construe the exemption to invite, not avoid, constitutional difficulties. Pet. 19-21.

 

La argumentación oral de este caso todavía no ha sido señalada comprensiblemente.  Tan reciente como el 16 de septiembre de 2013, el Tribunal Supremo federal recibió trece (13) alegatos de distintos amicus curiae, aparte de otros diez (10) que había recibido en fechas previas.[2]