El delito de fuga vis a vis el principio de legalidad, ¿Tienen los tribunales las manos atadas?

 Luis Daniel Muñiz Martínez^*

 Introducción

     La función del Derecho Penal es delimitar la conducta de los ciudadanos, de forma tal que pueda existir un orden de convivencia.  Es por ello que el Derecho Penal tiene como consecuencia lógica el controlar la conducta peligrosa en la sociedad, representar un determinado orden moral, mantener el orden público y darle virtualidad a los derechos constitucionales.¹  Por definición, el Estado es un componente activo en el Derecho Penal.  Dentro de ese marco de acción concedido al Estado, en virtud del contrato social que nosotros los ciudadanos establecemos con éste en un sistema democrático como el nuestro, está la privación de la libertad a una persona cuando ésta violenta alguna de las leyes establecidas, siempre y cuando se siga un debido proceso de ley.  Pero cabe preguntarnos, ¿qué sucede cuando una persona, una vez es privada de su libertad bajo un procedimiento justo, no acata la decisión del Estado e intenta desafiar esa autoridad evadiéndose?  Ciertamente se crea una situación de inestabilidad en el sistema que obliga a que este tipo de conducta sea considerada punible.

Siendo la libertad el derecho más preciado para los seres humanos, es fácil entender porque el castigo penal más común a través de la historia de la humanidad es la restricción de ésta por parte del Estado.  Por ello los códigos penales modernos contienen lo que se conoce como el delito de fuga.  La esencia de este delito lo constituye la fuga o evasión por parte del sujeto activo de la custodia legal a la cual está sometido.  El objeto jurídico de protección tutelar en este delito es el respeto que merece el Estado cuando impone límites a la libertad de sus ciudadanos por razón de haber resultado convictos de delito o por estar sujetos a responder en un juicio por una acusación pendiente.²

Como todo delito contenido en nuestro Código Penal, el delito de fuga está íntimamente relacionado al Principio de Legalidad, el cual establece: “No se instará acción penal contra persona alguna por un hecho que no esté expresamente definido por la ley como delito, ni se impondrán penas o medidas de seguridad que la ley no hubiere previamente establecido.  No se podrán crear por analogía delitos, penas ni medidas de seguridad.”³

Este artículo contiene la máxima de “nullum crimen, nulla poena sine lege,” lo que significa que sólo será delito lo que previamente a los actos se haya establecido como tal en la ley.  Este principio es una respuesta a los excesos en  las actuaciones, que en la historia han demostrado, los que ejercen el poder.  Esos excesos se manifestaban encarcelando o ejecutando sin disposiciones, reglas, o legislaciones previas.⁴  Su procedencia es la cláusula constitucional del Debido Proceso de Ley, que requiere que los estatutos penales sean claros y precisos es por ello que la norma de certeza aplicable es mucho más estricta que las que implican sanciones civiles.⁵

En este escrito presentaremos el desarrollo de la figura del delito de fuga en nuestro ordenamiento jurídico, analizaremos el estatuto vigente, partiendo de su historial legislativo, estudiaremos la casuística más relevante brindando especial énfasis a las restricciones que el Principio de Legalidad le impone a la interpretación judicial y finalmente someteremos recomendaciones a nuestra Asamblea Legislativa de aquello, que a nuestro entender, podría modificarse para atemperar la ley a la época en que vivimos.

 I.  Trasfondo Histórico

     El artículo de fuga vigente en nuestro Código Penal proviene del anterior Código Penal de 1937, que a su vez está basado en el Código Penal de California de 1929.  El Código Penal de California establecía:

Toda persona confinada en una prisión del Estado, por un término menor que perpetuo, y que se escape, será castigado con reclusión en una prisión del Estado por un término no menor de un año; éste término comenzará a partir de finalizado el término original por el que estaba recluido.⁶

Todo prisionero confinado en cualquier otra prisión que no sea una prisión del Estado, que se escape o atente a ello, será culpable de delito menos grave.⁷

      Utilizando esto como base, en 1937 nuestra Asamblea Legislativa adopta el Código Penal.  En aquel momento el delito de fuga estaba expresado así: “Toda persona que se fugase de una prisión mientras estuviere cumpliendo condena, será castigada por orden sumaria del tribunal competente, con prisión por un término adicional mínimo de una vigésima parte o máximo de una quinta parte de la primitiva sentencia.”⁸

Posteriormente en 1950 se enmendó dicho artículo para que leyera:  

Toda persona bajo custodia legal que se fugare mientras estuviere en sumaria, o en trámite de apelación, o cumpliendo sentencia, será castigada por orden sumaria del tribunal de Distrito de Puerto Rico con prisión por un término no menor de un año ni mayor de diez (10) en adición a la pena que se le impusiere por el otro delito, o a la que estuviere cumpliendo, según fuere el caso; disponiéndose que esa pena no será concurrente con ninguna otra.⁹

Esta enmienda trajo consigo cambios muy significativos.  No sólo se consideraría fuga para fines estatutarios, el evadirse estando en prisión, sino también cuando se estuviere esperando por juicio (sumariado), y en trámite de apelación.  Adicional a ello se sustituyó tribunal competente por Tribunal de Distrito.  También se estableció un término más sencillo para computar la pena, o sea, en lugar de ser basado en proporciones de la pena original, sería de un mínimo de un año a un máximo de diez años.  Pero el cambio más significativo fue que la pena impuesta por el delito de fuga sería consecutiva y no concurrente, al igual que el texto del código californiano.

A partir de esta enmienda tenemos los primeros casos resueltos por el Tribunal Supremo de Puerto Rico interpretando dicho estatuto.  En Pagán v. Torres, se estableció que la palabra prisión en el mencionado artículo significa tanto cárcel como presidio.¹⁰  Esta explicación surge a raíz de que cuando nos referíamos a cárcel estábamos hablando de “aquel edificio o local destinado para la custodia, protección y seguridad de los confinados por delitos menos graves;”¹¹ mientras que presidio era el “edificio penitenciario en el cual cumplen sus condenas los convictos de delito grave.”¹²  Estableció nuestro Tribunal Supremo que en aquellos casos donde la pena anterior era de cárcel la pena por el delito de fuga sería de cárcel, mientras que si la pena del delito que se estaba cumpliendo era de presidio, la de fuga debía ser de presidio.  En otras palabras, si se evadía cumplinedo la pena de un delito menos grave, la pena por el delito de fuga sería la de un delito menos grave, si era por un delito grave, la pena por el delito de fuga sería de un delito grave.

Años después, el Tribunal Supremo estableció dos doctrinas básicas que perduran hasta el día de hoy.  En Rivera v. Delgado,¹³ el Tribunal estableció:  

Es la fuga de la custodia legal, más bien que la fuga de un sitio de confinamiento, lo que constituye la esencia del delito.  Una persona cumpliendo por delito grave que se fugue, aunque posteriormente esa sentencia sea anulada o se declare una delito menos grave, comete un delito grave.¹⁴

Aquí el Tribunal Supremo lo que hace es definir cuál es la base del delito, o sea, el elemento del delito de fuga es evadirse de la custodia legal a la cual la persona está sometida.  Por otro lado reitera, en cuanto a la imposición de la pena, la doctrina del caso anterior, añadiendo que no importa si esa pena es modificada posteriormente, la pena que se toma como base para imponer la pena por el delito de fuga era la que se estaba cumpliendo al momento de evadirse.  El mensaje que nos lleva esto es que el Estado quiere salvaguardar su autoridad y poderes delegados, de forma tal que ninguna persona haga caso omiso a los procesos judiciales una vez son finales y firmes.  Lo que hace es imponer una pena basada en el estado jurídico de la persona al momento de evadirse, ya que no es el acusado quien puede determinar la naturaleza de la gravedad de su acción.

La segunda decisión es la de Pueblo v. Rodríguez Rojas.¹⁵  Para este tiempo, algunos confinados provenientes de la Corte Federal para el Distrito de Puerto Rico, cumplían sus penas en instituciones del Estado Libre Asociado Puerto Rico.  En Pueblo v. Rodríguez, supra, se determinó que si bien la reclusión de los confinados federales se efectúa en cárceles del Estado Libre Asociado de Puerto Rico en virtud de mandamiento federal, dichos confinados se encuentran bajo custodia legal a los fines del artículo 152 del Código Penal de Puerto Rico, por tanto, aunque sean confinados federales, si se evaden, pueden ser procesados bajo la ley de Puerto Rico.  

II.  La Reforma del año 1974  

En el año 1974, el Código Penal puertorriqueño sufrió su más grande revisión, la cual culminó con la aprobación de la Ley Número 115 de 22 de julio de 1974.  De entrada el primer cambio que sufrió el delito de fuga fue su numeración, dejando de ser el Artículo 152¹⁶`y convirtiéndose en el Artículo 232.¹⁷  La redacción del articulado quedó como sigue:  

Toda persona sometida legalmente a detención preventiva, a reclusion, o a medida de seguridad de internación, que se fugare, será sancionada conforme a las siguientes penas:

a.     Si estuviese en detención preventiva será sancionada con pena de reclusión que no excederá de seis (6) meses.

b.     Si estuviese cumpliendo sentencia firme o en trámite de apelación por un delito menos grave, será sancionada con pena de reclusión que no excederá de seis (6) meses.

c.     Si estuviere cumpliendo sentencia firme o en trámite de apelación por un delito grave, será sancionada con pena de reclusión por un término mínimo de un año y máximo de diez años.  

Tanto el lenguaje, como el articulado sufrieron cambios sustanciales.  Se mantuvieron las tres circunstancias originales:  una persona está bajo custodia, entiéndase detención preventiva (sumaria), en trámite de apelación, o cumpliendo sentencia (reclusión).  Pero fueron incorporadas por primera vez en esta versión del Código Penal las medidas de seguridad de internación.  Adicional a esto, la nueva versión del Código distinguía entre la pena cuando se trataba de aquellas instancias en que se fugara al estar cumpliendo un delito grave, inciso (c), y cuando se trataba de delitos menos graves, inciso (b), pero no incluía referencia alguna en cuanto a la aplicación de la pena de forma concurrente o consecutiva, lo que sí estaba contemplado en el artículo de procedencia.  Ante este silencio legislativo debemos suponer que su aplicación quedaba al arbitrio de los jueces al imponer la pena.  

III.  Desarrollo Legislativo  

La primera enmienda al nuevo artículo 232 fue la Ley Número 3 de 11 de septiembre de 1979.  Dicha ley en su Exposición de Motivos exponía:  

Las disposiciones del Artículo 232 de nuestro Código penal no impiden que la sentencia que se imponga por el delito de fuga pueda cumplirse concurrentemente con la sentencia que ya estaba cumpliendo el recluso que cometió el delito de fuga.  Esta situación no es la más deseable y lógicamente no representa un elemento disuasivo contra esa conducta delictiva.

Como producto de ello el artículo quedó enmendado en dos áreas.  Primero, aumentó el número mínimo de años en el inciso (c), para que en lugar de ser un año fueran tres (3) y añadió un segundo párrafo que volvía a establecer, como en su artículo de procedencia, que en caso de que una persona cometiera el delito de fuga, la pena impuesta sería de forma consecutiva.  Definitivamente la inserción de este segundo párrafo devolvía el estatuto a su concepción original, que es uno que vela por el debido respeto a la autoridad del Estado, y al cumplimiento de sus órdenes.  De esa forma se mantiene el orden y se evita que un ciudadano se adscriba derechos que no le pertenecen, como lo es el de determinar hasta cuando quiere cumplir su condena, además de ser una herramienta disuasiva para aquellos que decidan retar la autoridad.

Posteriormente, y en virtud de la Ley Número 101 de 4 de junio de 1980, se volvió a enmendar el artículo, esta vez para atemperarlo al nuevo sistema de sentencias determinadas adoptado en Puerto Rico.  Este sistema adoptaba un sistema de penas fijas para cada delito.  Los incisos (a) y (b) permanecieron inalterados mientras que el inciso (c) quedó de la siguiente manera:  

(c) Si estuviere cumpliendo sentencia firme o en trámite de apelación por un delito grave, será sancionada con pena de reclusión por un término fijo de seis (6) años.  De mediar circunstancias agravantes, la pena fija establecida podrá ser aumentada hasta un máximo de diez (10) años; de mediar circunstancias atenuantes, podrá ser reducida hasta un mínimo de cuatro (4) años.  

Como vemos, el propósito de la enmienda fue clarificar el tiempo a cumplir por la pena, de forma tal que no dependiera de la arbitrariedad del juzgador, sino que el transgresor de la ley pudiera conocer de antemano la pena a la que se exponía en caso de violentar la ley.

Luego de esto, la Ley Número 7 del 17 de enero de 1995, incorporó el delito de fuga a aquellas situaciones en las que un confinado abandonaba un programa de desvío.  Hasta este momento cuando una persona se acogía a un programa de desvío y se retiraba de éste, se consideraba como un abandono al programa, pero no fuga.  Por tanto sus consecuencias jurídicas no iban más allá de suspenderle el privilegio otorgado.  Es por ello que la Asamblea Legislativa, considerando el peligro que esto constituye, así como la utilización de recursos del Estado Libre Asociado de Puerto Rico cuando se procesa a una persona y se decide enviarlo a ciertos programas de desvío a cumplir su pena, decide incluir dentro del delito de fuga el abandono a dichos programas incluidos en la Reglas de Procedimiento Criminal¹⁸ y en la Ley de Sustancias Controladas.¹⁹  Cabe señalar que ambos métodos de desvío proceden antes de la convicción, previa alegación de culpabilidad del acusado, y es, una vez finalizado el programa, que se le dicta sentencia.  

De esta forma el articulado sufrió ciertos cambios: se reclasificaron los incisos (b ) y (c) como incisos (d) y (e), y se añadieron dos nuevos incisos (b) y (c) que leen como sigue:  

(b). Si estuviere sometida a tratamiento y rehabilitación en un programa del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, o privado, supervisado y licenciado por una agencia del mismo conforme a un procedimiento especial de desvío bajo la Regla 247.1 de Procedimiento Criminal y el delito imputado fuere grave, o el artículo 404 (b) de la Ley Núm. 4 de 23 de junio de 1971, según enmendada, será sancionada con pena de reclusión por término fijo de seis (6) años.  De mediar circunstancias agravantes, la pena fija establecida podrá ser aumentada hasta un máximo de diez (10) años; de mediar circunstancias atenuantes, podrá ser reducida hasta un mínimo de cuatro (4) años.²⁰

(c)  Si estuviere sometida a tratamiento y rehabilitación en un programa del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, o privado, supervisado y licenciado por una agencia del mismo conforme a un procedimiento especial de desvío bajo la Regla 247.1 de Procedimiento Criminal y el delito imputado fuere menos grave, será sancionada con pena de reclusión que no excederá de seis (6) meses.²¹

El legislador decidió elevar al mismo grado de importancia los programas de desvío a las otras circunstancias contenidas en la ley, entiéndase detención preventiva, medida de seguridad, trámite de apelación y reclusión.  Para ello se impusieron las mismas penas que en estos casos, incluyendo la misma proporción en caso de delitos graves o menos graves, pero haciéndose la salvedad que la evasión del programa de desvío en el caso de Sustancias Controladas será considerada siempre como delito grave, mientras que en cuanto a la Regla 247.1 de Procedimiento Criminal dependerá de la naturaleza del delito.  Este cambio es uno muy importante, sirviendo como herramienta disuasiva, de modo que no se utilicen los programas de desvío, en los cuales se le da una oportunidad al convicto a rehabilitarse, como una forma de evadir la responsabilidad penal.

IV.  Estado de Derecho Vigente y Desarrollo Jurisprudencial  

Luego de toda la explicación del desarrollo estatutario del delito de fuga, pasaremos ahora a ver el estado de derecho vigente y su interpretación jurisprudencial.  En las decisiones del Tribunal Supremo podemos apreciar el choque de ideas entre los jueces de nuestra alta curia en cuanto a la posible expansión del Principio de Legalidad respecto a este delito.  El  primer caso resuelto por el Tribunal Supremo de Puerto Rico respecto a este tema fue Pueblo v. Morales Roque.²²  Aquí un acusado se fugó al recibir un permiso para salir, custodiado por un oficial, a comprar ropa.  Huyó a Estados Unidos dónde fue arrestado tres años después.  Presentó como defensa el hecho de que estaba siendo amenazado de muerte en la cárcel, lo cuál creó un estado de necesidad²³ basado en la intimidación²⁴ de la que era objeto.  El Tribunal Supremo determinó que en Puerto Rico pueden invocarse las defensas de estado de necesidad e intimidación en casos de fuga, pero por tratarse, en este caso, de una situación en la que el acusado no pudo probar ninguna de ellas, la sentencia se confirmó.  En la opinión de este caso se mencionó la decisión del Tribunal de California, People v. Lovercamp,²⁵ donde se resolvió que para poder invocar la defensa de estado de necesidad tienen que concurrir una serie de requisitos,²⁶ pero el Tribunal Supremo de Puerto Rico no decide adoptarlos en este momento en nuestra jurisdicción.

Posteriormente en Pueblo v. Medina Lugo,²⁷ se volvió a encontrar con una situación parecida.  Aquí el acusado se evadió de la institución luego de varias alegadas amenazas de los oficiales custodios, pero la evasión se dió una vez trasladado a otra institución.  En este caso, el Tribunal adopta la doctrina de US v. Bailey,²⁸ resuelto por el Tribunal Supremo de Estados Unidos luego de People v. Lovercamp,²⁹ el cual estableció los siguientes requisitos para invocar la defensa de estado de necesidad: (1) el evadido debe probar la inminencia de las amenazas, (2) debe probar que su fuga era la única alternativa disponible, y (3) debe justificar la continuación de su estado de fuga.³⁰  Como Medina no pudo probar el primer requisito, el Tribunal determinó que no podía invocar la defensa porque la posible amenaza había cesado al momento de la transferencia de institución.  

Posteriormente el caso de Pueblo v. Figueroa Garriga se interpretó por primera vez el articulado del delito de fuga con referencia a los incisos (b) y (c) y su directa relación al principio de legalidad.³¹  Aquí el acusado fue sentenciado a cumplir tres años en probatoria.  Como parte de las condiciones especiales de dicha probatoria se le obligó ingresar a un centro de tratamiento de drogas por dos años.  La Administración de Corrección emitió un certificado de excarcelación para que el acusado fuera dirigido a dicho centro.  En el transcurso del viaje abandonó el vehículo que lo transportaba, siendo detenido por agentes de la policía poco tiempo después.  El Ministerio Público presentó la debida acusación por el delito de fuga, y celebrado juicio en su fondo fue condenado por el Tribunal de Primera Instancia.  La defensa acude al Tribunal Supremo argumentando que al encontrarse en probatoria (sentencia suspendida) no estaba legalmente bajo reclusión.  El Tribunal Supremo acogió este planteamiento y resolvió que Figueroa, al momento de escaparse no estaba bajo custodia legal, además de que había sido excarcelado.  Expuso el Tribunal Supremo que cuando el Código Penal habla de reclusión en instituciones adecuadas³² se refiere a instituciones carcelarias o penales de la Administración de Corrección y ciertamente no a las instituciones en las que opera y lleva a cabo trabajo de rehabilitación un centro de tratamiento de drogas.  La decisión incluye una opinión disidente del Juez Asociado Negrón García en la que en resumen expone que toda persona a que se le otorgue una sentencia suspendida y libertad a prueba quedará bajo la custodia del Tribunal según la ley de sentencias suspendidas de 1995,³³ por tanto se entiende que cometió el delito.  El Juez Negrón García también expone que no debería utilizarse el principio de legalidad como base para interpretar la ley de forma tan restrictiva.

En Pueblo v. Ríos Dávila tenemos la aplicación del delito de fuga a las leyes de menores.³⁴  En opinión suscrita por el Juez Asociado Negrón García se establece que el delito sugiere dos presupuestos: (1) que el imputado haya incurrido previamente en conducta constitutiva de delito y (2) que se encontrare bajo custodia legal del Estado al momento de fugarse.  Establece el caso que un menor que cometa una falta y se le impone una medida dispositiva, si se evade al obtener un pase de visita, comete el delito de fuga.  En su opinión, el Juez dice que una medida dispositiva es igual a una sentencia, además de que una falta es igual a un delito.  Por consecuencia directa de esto el menor se encuentra en una institución disciplinaria que envuelve necesariamente la privación de la libertad.  El sistema en el caso de menores es igual al de adultos, en cuanto a que una pena de reclusión equivale a privación de la libertad, en una institución adecuada por virtud de una sentencia.  En opinión disidente, el Juez Rebollo dice que el adoptar esta norma vulnera el principio de legalidad.  Vemos en este caso como comienza a haber un choque de ideas entre los jueces del Tribunal Supremo respecto a la visión de este delito y su relación al principio de legalidad.  En la opinión de este caso, el Juez Negrón García expande la doctrina para poder cubrir los casos de menores, utilizando subyacentemente su opinión disidente en Pueblo v. Figueroa Garriga,³⁵ donde exponía que no debía usarse el Principio de Legalidad para interpretar la ley tan restrictivamente.  Mientras, el Juez Rebollo quien se encontraba con la mayoría del Tribunal Supremo en el caso de Pueblo v. Figueroa Garriga, supra, aquí disiente exponiendo que se vulnera ese mismo principio.  Vamos a ver cómo esta dinámica es la que expande nuestro ordenamiento jurídico, convirtiendo opiniones disidentes en la voz de la mayoría posteriormente.

Otra de las consideraciones del delito de fuga se da en aquellas situaciones en las que un convicto de delito se encuentra en trámite de apelación.  El caso de Pueblo v Esquilín Díaz³⁶ discute esta situación.  En resumen, el Tribunal Supremo de Puerto Rico, en opinión suscrita por el Juez Asociado Hernández Denton, determinó que el derecho de apelación es de naturaleza estatutaria, disponible sólo para aquellos que cumplen con los requisitos disponibles en las leyes y las reglas que lo regulan.  Se determinó que no viola el Debido Proceso de Ley un Estado que de acuerdo a su reglamentación apelativa, desestima la apelación de un fugitivo y rehúsa instalar dicha apelación una vez es capturado.  Una vez el convicto se evade de la jurisdicción, renuncia a su derecho de apelación, incluso en aquellas circunstancias en que el juicio en primera instancia se celebró en ausencia.  Contrario sería si se entrega o es capturado mientras todavía está vigente el proceso de primera instancia, ya que al ser capturado, la fuga no conllevaría tal renuncia por no haberse instado apelación alguna hasta ese momento.

En 1999 surgieron tres importantes decisiones que ayudan a redondear el estado de derecho actual así como darnos una idea de hacia donde se dirige el Tribunal Supremo de Puerto Rico.  La primera de éstas decisiones es Pueblo v. González Vega.³⁷  González Vega fue convicto por violación a la Ley de Sustancias Controladas.³⁸  Mientras cumplía pena de reclusión, fue enviado a su casa por conducto de un programa de desvío, a terminar su sentencia con un brazalete electrónico.  Estando en su casa se le hizo una evaluación para enviarlo a rehabilitación a Hogares CREA, un hogar para rehabilitación de adictos a droga, pero antes de ser enviado a CREA, se escapó.  Al ser capturado se le radicaron cargos por el delito de fuga.  El Tribunal de Primera Instancia desestimó la acusación.  El Ministerio Público acudió al tribunal de Circuito de Apelaciones, quien revocó la decisión de Primera Instancia.  Basaron su decisión en que lo sucedido es una situación parecida a la contemplada en el inciso (b) del artículo referente al delito de fuga,³⁹ que González Vega se encontraba bajo un programa de desvío, en una institución adecuada y que por el hecho de que el tribunal conservaba jurisdicción sobre su persona, procedía la acusación.  El Tribunal Supremo de Puerto Rico revoca.  En opinión suscrita por el Juez Presidente Andreu García dictaminó que el Principio de Legalidad prohíbe crear delitos por analogía, por tanto el Tribunal de Circuito de Apelaciones lo que hizo fue una analogía entre ésta situación y la contemplada en el inciso (b) del mencionado artículo del Código Penal.  Lo que procedía era revocar el privilegio otorgado y devolver a González Vega a la cárcel.  Dice el tribunal: “El injusto penal no ocurre con la evasión de cualquier custodia legal, sino conforme con el Principio de Legalidad, con la evasión de la custodia legal prevista específicamente en la descripción literal de tipo establecido en el Artículo 232.”⁴⁰  El Juez Asociado Negrón García, en opinión disidente a la cual se unió el Juez Asociado Corrada del Río, vuelve a criticar la rigurosidad del tribunal al aplicar el Principio de Legalidad.  Expresa en su opinión:

Una prolija interpretación restrictiva del principio de legalidad cimentada en una literalidad que mata el espíritu que impregna toda ley y en la visión arcaica de que la reclusión solo se da en una prisión o cárcel rodeada de muros, verjas y vigiladas por guardias, ha llevado a la mayoría a erróneamente concluir que no comete el delito de fuga¼[el acusado en este caso]”.⁴¹

Posteriormente reitera que la norma adoptada por el Tribunal Supremo de Puerto Rico en Rivera v Delgado,⁴² de que la “fuga de la custodia legal mas bien que de un sitio de confinamiento es lo que constituye la esencia del delito,”⁴³ es la que debe ser adoptada por el Tribunal.  Estamos totalmente de acuerdo con el honorable Juez Negrón García.  Mientras la persona esté bajo la custodia del Estado, más aún en casos como el de autos donde se trata de sentencias a ser cumplidas bajo supervisión electrónica, la persona se encuantra restringida de su libertad.  Su capacidad para decidir a donde ir, está totalmente controlada por el Estado y hasta tanto no cumpla con los requisitos de su sentencia no recupera esa libertad.  Además, cabe preguntarnos, ¿qué credibilidad tendría el Estado en rehabilitar una persona a través de un Programa de Desvío si van a ser utilizados como una forma de evadir la responsabilidad penal?  No podemos permitir que una persona que ha infrigido la ley, utilice las herramientas que el propio Estado le concede para reintegrarse a la sociedad, como una forma de evadir su responsabilidad.

La segunda de esas decisiones es Pueblo v. Báez Ramos,⁴⁴ suscrita por el Juez Asociado Hernández Denton.  La controversia en dicho caso es: ¿podría una persona convicta, que se encuentra en la libre comunidad mediante el Programa de Pases Extendidos a Hogares de Adaptación Social de la Administración de Corrección^,45 cometer el delito de fuga si incumple con el requisito administrativo de acudir regularmente a la institución que le concedió tal beneficio?  Veamos primeramente en que consiste el programa.  Un pase extendido es el permiso que se otorga a un residente de un Hogar de Adaptación Social para residir en un hogar propuesto mientras cumpla las disposiciones impuestas y hasta que se le conceda la libertad bajo palabra, o extinga su condena, lo que ocurra primero.  En el caso de los Hogares de Adaptación Social, la ley establece que cuando una persona a la cual se le ha otorgado un pase extendido, no regrese en el tiempo establecido, podría procesarse por fuga.  Para ello la primera evaluación que tendría que hacer el Tribunal es si la persona estaba bajo reclusión.  El Tribunal Supremo de Puerto Rico determinó que con la egresión del convicto de la institución penal y la concesión de un pase extendido o permanente, cesa su reclusión.  A pesar de que su libertad se encuentra limitada o restringida en alguna forma, el hogar de la persona no es una institución adecuada de las contempladas por el Artículo 232.  En conclusión, serían instituciones adecuadas según el artículo 232, aquellas instituciones de la Administración de Corrección, o aquellas entidades incluídas en la ley para los programas de desvío de la Ley de Sustancias Controladas o las Reglas de Procedimiento Criminal.  También decide que como en el caso de autos no se le había impuesto a Báez término de regreso alguno, o sea, su pase era permanente y no temporero, el hecho de no acudir regularmente a la institución que le otorgó el beneficio no configura el delito de fuga.

Por último tenemos el caso de Pueblo v. Barreto Rivera.⁴⁶  Barreto se encontraba preso por desacato civil al no pagar pensión alimentaria.  Después de pasar un tiempo en cárcel, fue trasladado a un Hogar de Adaptación Social de donde salió con un pase temporal y no regresó.  Una vez capturado, fue acusado por el delito de fuga e ingresado en prisión.  Este solicitó desestimación al Tribunal de Primera Instancia quien se la denegó.  Recurrió al Tribunal de Circuito de Apelaciones, que revocando al de Instancia, se la otorgó.  El Ministerio Público acudió al Tribunal Supremo de Puerto Rico, que en opinión del Juez Asociado Rebollo López, revocó al Circuito de Apelaciones.  Resuelve el Tribunal Supremo que el propósito del desacato civil es uno eminentemente reparador; la reclusión estará vigente hasta tanto se cumpla con la condición resolutoria: el cumplimiento de la orden del tribunal.  El permiso otorgado a Barreto era uno temporero, por tanto al no regresar al Hogar de Adaptación, éste estaba cometiendo el delito de fuga ya que todavía se consideraba que estaba bajo reclusión.  Por otro lado, Barreto aduce que el desacato civil no es una de las posibles situaciones en las que una persona se encuentra bajo reclusión según el delito de fuga.  El segundo párrafo del artículo 232 dice: “Esta pena será en adición a la sentencia que se le impusiere por el otro delito o a la que estuviere cumpliendo, según sea el caso”.  El Tribunal Supremo determinó que cuando el legislador incluyó la frase “o la que estuviere cumpliendo, según sea el caso”, quiso incluir cualquier otra situación en la que una persona estuviere bajo reclusión, como por ejemplo el desacato civil.  Finalmente decide que procede la acusación por fuga y que además, por el desacato civil tener una pena indeterminada, se le impondrá por la fuga aquella pena impuesta en aquellos casos en que no hubiese pena estatuida.⁴⁷

V.  Conclusión y Recomendaciones  

La discusión jurisprudencial que antecede nos demuestra que nuestro Tribunal Supremo ha sido muy escéptico para expandir la doctrina en cuanto al delito de fuga se refiere.  Vimos como sólo en dos ocasiones la norma fue expandida, específicamente para incluir los menores y en aquellas instancias en que la pena primitiva se trate de un desacato civil.  La razón para ello la tenemos como premisa articulada en todos los casos discutidos anteriormente: el Principio de Legalidad.  Por tanto, sólo hay una manera de darle a la Rama Judicial las herramientas necesarias para lidiar con las situaciones que crearon controversia en estos casos, a través de legislación al respecto.  La solución para esto sería atemperar la ley a la realidad social que vivimos.

Las condiciones carcelarias de nuestro país, la falta de equipo y guardias penales, así como la gran cantidad de población penal que cumple fuera de instituciones carcelarias demandan cambios en el estado de derecho vigente.  Es por ello que recomendamos varias medidas.   Coincidiendo con el Juez Asociado Negrón García en su opinión disidente en el caso de Pueblo v. Figueroa Garriga,⁴⁸ en el hecho que una persona en probatoria está bajo la jurisdicción del tribunal, debería incluirse que todo aquel que evada las condiciones de una probatoria, en cuanto a la restricción de movimiento se refiere, comete el delito de fuga.  No vemos otra forma de disuadir a aquella persona que aprovechándose de un privilegio concedido por el Estado, evada su responsabilidad y no pueda ser sancionado más allá que la revocación del privilegio.  Se deben incluir aquellas situaciones en las que la persona es excarcelada para enviarla a un programa de desvío, y por último que se considere institución adecuada el hogar de una persona cuando ésta es enviada a cumplir allí el resto de su sentencia.

Consideramos que con estas recomendaciones se refuerza mas la labor del Estado como vigilante de la paz para sus ciudadanos.  Pretendemos con ello crear conciencia en nuestra Asamblea Legislativa para que se atempere la legislación a la realidad social de forma tal que exista una tranquilidad en los ciudadanos de que sus leyes serán cumplidas y de que aquel que las violente será castigado.