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LEY DE ÉTICA GUBERNAMENTAL

(Ley Núm. 12 de 24 de julio de 1985 – contiene las enmiendas incorporadas y son las siguientes)

Para promover y preservar la integridad de los funcionarios e instituciones públicas del Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico; establecer un Código de Ética para los funcionarios y empleados de la Rama Ejecutiva, establecer disposiciones referentes a los funcionarios y empleados de las Ramas Judicial y Legislativa y para los ex‑servidores públicos de las Ramas Ejecutiva, Legislativa y Judicial; crear la Oficina de Ética Gubernamental y determinar sus funciones; requerir que funcionarios gubernamentales que ocupen cargos electivos, de alto nivel y sensitivos sometan informes sobre sus finanzas personales para evitar posibles conflictos de intereses; imponer ciertos deberes y conceder ciertas facultades al Secretario de Justicia; establecer penalidades, proveer fondos para la ejecución de esta Ley, y para derogar la Ley Núm. 110 de 12 de mayo de 1943, según enmendada y la Ley Núm. 28 de 8 de junio de 1948, según enmendada.

EXPOSICION DE MOTIVOS

Nuestro pueblo creció históricamente con una ejemplar tradición cultural y una moralidad de corrección y de excelencia. Como pueblo, como personas y, aún más, como funcionarios públicos, no podemos alejarnos de esa orientación.

El Estado Libre Asociado de Puerto Rico, como cuerpo político, está comprometido con una responsabilidad moral y con una responsabilidad ética en el sentido de obrar de acuerdo a unas normas y principios que rigen la conducta del buen vivir de su gente. Esa responsabilidad ética obliga a un continuo examen del comportamiento social y público de sus ciudadanos.

En todo momento, tiene el Estado que garantizar el respeto al derecho y la obediencia a la ley. Esta misión le es fundamental especialmente cuando se trata de la conducta de aquellos funcionarios públicos que lo representan como servidores.

Hay ocasiones en que, por desventura, surgen unas acciones improcedentes por parte de algunos funcionarios que, al incurrir en claras faltas a las normas de ética, ponen en riesgo la estabilidad del soporte moral del Estado. Es intolerable que existan funcionarios públicos en representación de la administración del Gobierno que puedan lucrarse del patrimonio del pueblo. Los conflictos de intereses, especialmente financieros, en abierta violación a las leyes, son también intolerables.

Para restaurar la confianza del pueblo en su Gobierno y en sus funcionarios públicos, cuando muchos de ellos han rebasado el nivel de lo tolerable, es preciso adoptar nuevas medidas legislativas que sean eficaces para prevenir y para penalizar el comportamiento delictivo de aquellos funcionarios que, en el desempeño de sus labores gubernamentales, vulneren los principios básicos de una ética de excelencia.

En vista de estas consideraciones, entendemos que la aprobación de un Código de Ética para los funcionarios y empleados de la Rama Ejecutiva y la creación en esta Ley de la Oficina de Ética Gubernamental es una medida cuya aprobación es de trascendental importancia.

Decrétase por la Asamblea Legislativa de Puerto Rico:

CAPITULO I ‑ TITULO Y DEFINICIONES

Artículo 1.1‑ Esta ley se conocerá como la Ley de Ética Gubernamental del Estado Libre Asociado de Puerto Rico.

Artículo 1.2‑ Definiciones

Para propósitos de este capítulo, las palabras o frases que a continuación se enumeran tendrán el significado que aquí se indica, a menos que del contexto surja claramente otro significado:

(a) funcionario público - incluye aquellas personas que ocupan cargos o empleos en el Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico que están investidos de parte de la soberanía del Estado, por lo que intervienen en la formulación e implantación de la política pública.

(b) empleado público ‑ incluye aquellas personas que ocupan cargos o empleos en el Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico que no están investidas de parte de la soberanía del Estado y comprende los empleados públicos regulares e irregulares, los que prestan servicios por contrato que equivalen a un puesto o cargo regular, los de nombramiento transitorio y los que se encuentran en período probatorio.

(d) ex‑servidores públicos ‑ incluye a las personas que hayan servido como funcionarios o empleados públicos en las agencias ejecutivas del Gobierno de Puerto Rico, de la Rama Legislativa y de la Rama Judicial.

(e) agencias ejecutivas ‑ incluye los organismos y entidades de la Rama Ejecutiva del Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico incluyendo las corporaciones públicas, los municipios y las agencias que estén bajo el control de esta Rama.

(f) persona privada ‑ incluye las personas naturales y las jurídicas o grupos de personas.

(g) unidad familiar ‑ incluye al cónyuge del funcionario o empleado público, a los hijos dependientes de éste, o aquellas personas que comparten con el servidor público su residencia legal, o cuyos asuntos financieros están bajo el control de jure o de facto del funcionario o empleado público.

(h) acción oficial ‑ incluye, entre otros, las decisiones o acciones ejecutivas o administrativas tales como la concesión de permisos, licencias, órdenes, autorizaciones, exenciones, resoluciones y contratos. No incluye la aprobación de legislación estatal.

(i) contribución ‑ incluye pago, regalo, suscripción, préstamo adelantado y cualquier promesa o acuerdo de concederlo.

(j) ingreso ‑ significa todo ingreso de cualesquiera procedencia incluyendo, pero no limitado, a las siguientes categorías: salarios, remuneración por servicios, ingreso bruto derivado de un negocio, ganancias derivadas de transacciones en propiedad, intereses, rentas, dividendos, regalías, anualidades, ingreso de contratos de seguros de vida y dotales, pensiones, participación proveniente de una sociedad e ingreso correspondiente a un interés en una sucesión o fideicomiso. No se considerará "ingreso" o "regalo" las contribuciones hechas a organizaciones políticas o candidatos conforme a la autorización provista por las leyes electorales vigentes.

(k) regalo ‑ incluye, entre otros, dinero, bienes o cualquier objeto, oportunidades económicas, propinas, descuentos, o atenciones especiales.

(l) interés o participación controlante ‑ la propiedad de más del cincuenta por ciento de una entidad, negocio o bien o la propiedad de una parte suficiente para otorgar el control efectivo de las decisiones.

(m) Gobierno de Puerto Rico ‑ significa Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico.

(n) Rama Legislativa ‑ significa la Cámara de Representantes y el Senado de Puerto Rico, el Contralor de Puerto Rico, el Procurador del Ciudadano (Ombudsman) y cualquier oficina o dependencia conjunta de ambos cuerpos legislativos.

(o) Rama Judicial - significa los Jueces del Tribunal de Primera Instancia, los Jueces del Tribunal de Circuito de Apelaciones y los Jueces del Tribunal Supremo.

(p) Oficina ‑ significa la Oficina de Ética Gubernamental de Puerto Rico creada por esta ley.

(q) Director ‑ significa el Director de la Oficina de Ética Gubernamental de Puerto Rico creada por esta ley.

(r) contrato - significa un convenio o negocio jurídico para hacer o dejar de hacer determinado acto, otorgado con el consentimiento de las partes contratantes, en relación con un objeto cierto que sea materia del contrato y por virtud de la causa que se establezca.

(s) conflicto de intereses - significa aquella situación en la que el interés personal o económico del servidor público o de personas relacionadas con éste, está o puede razonablemente estar en pugna con el interés público.

CAPITULO II ‑ CREACION DE LA OFICINA DE ETICA GUBERNAMENTAL

Artículo 2.1- Creación

Se crea la Oficina de Ética Gubernamental de Puerto Rico, en adelante denominada Oficina, la cual tendrá a su cargo velar por que se cumplan estrictamente las disposiciones de ley que establecen determinadas prohibiciones a los funcionarios y empleados públicos por razón de sus cargos o empleos o que exigen a determinados funcionarios la divulgación de información financiera.

A fin de promover la independencia administrativa que es indispensable para ejercer la delicada función que se le encomienda, la Oficina estará excluida de la Ley Núm. 5 del 14 de octubre de 1975, según enmendada, conocida como Ley de Personal del Servicio Público de Puerto Rico, de la Ley Núm. 230 del 23 de julio de 1974, según enmendada, conocida como Ley de Contabilidad del Gobierno de Puerto Rico y de la Ley Núm. 164 del 23 de julio de 1974, según enmendada, conocida como Ley de la Administración de Servicios Generales.

No obstante lo anterior, las operaciones fiscales de la Oficina serán auditadas y examinadas por el Contralor de Puerto Rico. La Oficina tendrá capacidad para demandar y ser demandada.

Artículo 2.2‑ Nombramiento y Destitución del Director Ejecutivo.

(1) La Oficina estará dirigida por un Director Ejecutivo, en adelante denominado Director. Tan pronto se apruebe esta ley, el Secretario de Justicia deberá convocar a los ex‑Jueces del Tribunal Supremo de Puerto Rico con la encomienda de que éstos recomienden al Gobernador una lista de por lo menos tres (3) posibles candidatos para ocupar el cargo de Director.

En caso de que el número de ex‑Jueces del Tribunal Supremo de Puerto Rico sea menor de cinco, el Secretario de Justicia nombrará ex‑Jueces del Tribunal Superior para que, conjuntamente con los ex‑Jueces del Tribunal Supremo, constituyan un panel de cinco miembros con la encomienda de recomendar por lo menos tres (3) posibles candidatos para ocupar el cargo de Director.

Cuando no haya ex‑Jueces del Tribunal Supremo de Puerto Rico el Secretario de Justicia nombrará un panel de cinco ex‑Jueces del Tribunal Superior para que recomienden al Gobernador por lo menos tres (3) posibles candidatos para ocupar el cargo de Director.

En caso de que los ex‑Jueces no sometan al Gobernador el listado de candidatos recomendados dentro de treinta (30) días luego de ser convocados por el Secretario de Justicia, el Gobernador realizará la designación.

Nada de lo aquí dispuesto se entenderá como una limitación a la facultad constitucional del Gobernador para ejercer con absoluta discreción su poder de nombramiento. El Director será nombrado por el Gobernador, sujeto al consejo y consentimiento del Senado y de la Cámara de Representantes.

(2) El Director servirá por un término de diez (10) años o hasta que su sucesor sea nombrado y tome posesión. La persona designada para ocupar tal cargo no podrá ser nombrada por más de un (1) término. En caso de que surja una vacante antes de expirar el término de diez (10) años en el cargo de Director, el nuevo nombramiento se extenderá por el término de diez (10) años.

En todos los nombramientos sucesivos se seguirá el mismo proceso de nombramiento establecido en el inciso anterior. Tan pronto ocurra una vacante en este cargo, el Secretario de Justicia convocará los ex‑Jueces del Tribunal Supremo de Puerto Rico y nombrará los ex‑Jueces del Tribunal Superior en los casos previstos en el inciso anterior.

(3) El Director no podrá:

(a) aportar dinero, en forma directa o indirecta, a organizaciones o partidos políticos.

(b) desempeñar o hacer campaña para ocupar cargo alguno en la dirección u organización de un partido político ni postularse para un cargo público electivo.

(d) influenciar en alguna decisión de algún funcionario gubernamental, excepto cuando ello corresponda dentro de sus funciones oficiales.

(4) El Director podrá ser destituido de su cargo sólo por las siguientes causas:

(a) conducta inmoral, ilícita o reprensible, o la violación de las prohibiciones relativas a su cargo que establece esta ley;

(b) incompetencia o inhabilidad profesional manifiesta en el desempeño de sus funciones y deberes;

(d) abuso manifiesto de la autoridad o la discreción que le confieren ésta u otras leyes;

(e) abandono de sus deberes.

El Director podrá ser separado de su cargo por causa de incapacidad física o mental. La separación se considerará como una renuncia voluntaria a todos los efectos y consecuencias legales.

El Director sólo podrá ser destituido o separado de su cargo, mediante la debida formulación de cargos ante el Tribunal Supremo, el cual establecerá el procedimiento a seguir y tomará la decisión correspondiente.

Artículo 2.3- Requisitos y Sueldo

El cargo de Director sólo podrá ser desempeñado por un individuo mayor de edad, ciudadano de los Estados Unidos y ciudadano y residente bona‑fide de Puerto Rico, que sea de reconocida capacidad profesional, probidad moral y tenga conocimientos de la administración pública y la gestión gubernamental.

En los últimos cuatro años inmediatamente anteriores a su nombramiento, la persona no podrá haber sido candidata en un proceso de primarias o en elecciones generales o especiales.

El Director devengará un sueldo anual equivalente a setenta y cinco mil (75,000) dólares, o el sueldo equivalente al de un Juez del Tribunal de Circuito de Apelaciones, lo que resulte mayor.

El Director tendrá la opción de ingresar, darse de baja o reingresar al Sistema de Retiro de acuerdo a lo dispuesto en el Artículo 4 de la Ley Núm. 447 aprobada el 15 de mayo de 1951, según enmendada, y al Fondo de Ahorro y Préstamo creado por la Ley Núm. 133 de 28 de junio de 1966, según enmendada.

Artículo 2.4- Facultades y Poderes

El Director tendrá los siguientes deberes y poderes:

(a) Promover y formular políticas y programas de conducta ética y moral para los servidores públicos dirigidos a la consecución de los siguientes objetivos:

1. el establecimiento de criterios de excelencia, integridad personal, honestidad, responsabilidad y veracidad en las gestiones públicas para inspirar, fomentar y restituir la confianza de los ciudadanos en las instituciones gubernamentales.

2. el compromiso por parte de todos los servidores públicos de que los intereses personales no sustituirán los intereses públicos y de que se eliminará toda norma de ilegalidad, discriminación, fraude o impericia administrativa.

3. el apoyo continuo y la realización de talleres y programas de adiestramiento para facilitar el cumplimiento del sistema de mérito y para que se logre la excelencia y el profesionalismo en el servicio público.

4. el comportamiento de todos los servidores públicos con actitud de respeto, cortesía y preocupación por las necesidades de los ciudadanos más allá de la conveniencia personal del funcionario o empleado y más allá de la complacencia con el estado de situación.

5. la protección de toda aquella información confidencial a la que privilegiadamente tenga acceso el servidor público como parte de sus responsabilidades.

6. la motivación en todos los servidores públicos para que ejerzan el máximo de la discreción que le sea permitida para promover la eficiencia gubernamental y el interés público.

(b) Interpretar, aplicar y hacer cumplir las disposiciones de esta ley y las reglas y reglamentos que establecen determinadas prohibiciones respecto a la conducta de ciertos funcionarios y empleados públicos o que rigen las cuestiones de ética, de conflicto de intereses y de radicación de informes financieros.

(d) Establecer y administrar procedimientos para identificar violaciones a la ética y a la honestidad, para prevenir los conflictos de intereses y para tomar u ordenar las medidas disciplinarias administrativas o civiles autorizadas por esta ley, luego de las correspondientes investigaciones y vistas en las que las partes afectadas tengan adecuada oportunidad de ser oídas y de defenderse.

(e) Examinar y obtener copia de toda la prueba relevante relacionada con cualquier asunto que esté investigando, estudiando, o que esté en controversia ante la Oficina y designar oficiales examinadores para celebrar vistas y recibir prueba.

(f) Tomar juramentos, por sí o a través de cualquier funcionario de su Oficina en quien delegue, y solicitar del Tribunal Superior citaciones requiriendo la comparecencia y declaración de testigos, y la presentación de documentos y toda prueba que se relacione con un asunto pendiente ante la Oficina.

(g) Emitir las órdenes que sean necesarias y convenientes para cumplir con sus funciones, responsabilidades y deberes bajo esta ley.

(h) Promulgar los reglamentos que sean necesarios y convenientes para cumplir con los propósitos de esta medida, incluyendo reglas de procedimiento para las vistas e investigaciones que celebre, las cuales tendrán fuerza de ley.

(i) Llevar a cabo la revisión de los informes financieros que se radiquen, a fin de determinar si dichos informes revelan posibles violaciones a las leyes o reglamentos aplicables a conflictos de intereses, y recomendar la acción correspondiente para corregir cualquier conflicto de intereses o cuestión de ética revelado por dicha revisión.

(j) Establecer por reglamento la información que deberá incluirse en los informes financieros, y la accesibilidad de los mismos para pública inspección. Estos reglamentos tendrán vigencia con respecto a personas de la Rama Ejecutiva y los alcaldes, a partir de la fecha en que sean aprobados por el Gobernador, y promulgados; con respecto a los miembros de la Asamblea Legislativa, a partir de la fecha en que sean aprobados por el Senado y por la Cámara de Representantes, según sea el caso, y promulgados.

En relación a los miembros de la Rama Judicial, a partir de la fecha en que sean aprobados por el Hon. Juez Presidente del Tribunal Supremo y promulgados.

(k) Desarrollar y adoptar mediante reglamentos consistentes con esta ley, las normas para regir los procedimientos de radicación y revisión de los informes financieros que radiquen los funcionarios y empleados que tengan la obligación legal de rendir dichos informes.

(l) Supervisar e investigar el cumplimiento individual o agencia con cualesquiera requisitos de informes financieros o de revisión interna establecidos por ley.

(m) Estudiar los informes del Contralor de Puerto Rico y de la Comisión Conjunta Sobre Informes Especiales del Contralor con el fin de identificar posibles violaciones a las disposiciones de esta ley, llevar a cabo las investigaciones que estime necesarias y tomar las acciones pertinentes aquí autorizadas.

(n) Establecer un servicio de opiniones emitidas sobre los asuntos de su incumbencia que sean de aplicación general o sobre asuntos específicos que se le consulten. Las opiniones del Director deberán ser recopiladas, publicadas y estar disponibles tanto para los organismos de gobierno así como para el público en general. El Director podrá fijar y cobrar al público un cargo razonable para compensar los costos de impresión y distribución de estas opiniones.

(ñ) Solicitar de las agencias aquellos informes que estime necesarios.

(o) Colaborar con el Secretario de Justicia en la evaluación de la efectividad de las disposiciones legales que rigen los conflictos de intereses y hacer las recomendaciones pertinentes.

(p) Evaluar la necesidad de introducir enmiendas a las reglas y reglamentos relativos al conflicto de intereses y a las cuestiones de ética en el Gobierno con el propósito de atemperarlos, o de que suplementen adecuadamente, a las leyes sobre estos conflictos.

(q) Desarrollar las normas generales relativas a la prevención de conflictos de intereses por los funcionarios y empleados en el servicio público y un sistema efectivo para informar al Secretario de Justicia sobre posibles violaciones a las leyes sobre estos conflictos.

(r) Proveer información y promover la difusión y comprensión de las normas de ética en las agencias para orientar al público y para educar y enterar a los servidores públicos y a los ciudadanos sobre las funciones de la Oficina y sobre la ética gubernamental en general.

(s) Delegar, bajo su supervisión, en cualquier funcionario de su agencia o de cualquier otra agencia gubernamental que al efecto designe, cualquier facultad o poder, cuando ello fuere necesario, excepto el poder de reglamentación. Estos delegados serán reconocidos, para todo efecto legal, como si sus funciones las estuviese ejerciendo directamente el Director.

(t) Organizar la Oficina y nombrar o contratar el personal que sea necesario para llevar a cabo las funciones y deberes que se establecen en esta ley de acuerdo a los criterios que aseguren la prestación de servicios de la mejor calidad, sin estar sujeto a las leyes de personal.

(u) Tomar cualquier otra acción o medida que sea necesaria y conveniente para cumplir con los propósitos de esta ley.

Artículo 2.5- Acceso a Información y Servicios

A requerimiento del Director toda agencia deberá:

(a) poner a disposición del Director, al máximo posible, sus servicios, personal y facilidades para llevar a cabo las disposiciones de esta ley.

(b) excepto cuando esté expresamente prohibido por ley, suplir al Director toda la información en su poder que el Director estime necesaria para llevar a cabo sus funciones.

(c) considerar las enmiendas a la reglamentación de personal que esté en vigor y que a juicio del Director sean necesarias para incorporar las disposiciones relacionadas con la ética, para prevenir los conflictos de intereses de los servidores públicos, para tipificar la conducta que constituirá violación a los reglamentos vigentes y para establecer las sanciones administrativas correspondientes que no estén cubiertas por tal reglamentación o cuando proceda suprimir las discrepancias existentes.

Artículo 2.6- Comités de Ética Gubernamental

A requerimiento del Director toda agencia ejecutiva y gobiernos municipales creará un Comité de Ética Gubernamental, en adelante “el Comité”, compuesto por los servidores públicos que ocupen los siguientes puestos o similares:

(a) Ayudante Especial del Jefe de la agencia ejecutiva, o del alcalde o en su defecto aquella persona en quien éste delegue.

(b) Director de la División Legal o su representante.

(d) Director de Auditoría Interna o Finanzas o su representante.

(e) Oficial de Enlace de la agencia ejecutiva o del gobierno municipal con la Oficina, si no fuera uno de los anteriores.

(f) Cualquier otra persona nombrada por el jefe de la agencia ejecutiva o el alcalde según entienda necesario.

Los Comités tendrán las siguientes funciones y deberes, entre otros:

(1) Mantener informado al jefe de la agencia ejecutiva o al alcalde, según sea el caso, sobre los trabajos llevados a cabo por el Comité.

(2) Velar que se dé seguimiento y se cumpla con los señalamientos en informes de intervención de la Oficina del Contralor, así como en informes de auditorías internas y externas realizadas en las agencias ejecutivas y gobiernos municipales.

(3) Velar que se establezcan controles administrativos que impidan y desalienten al personal a incurrir en violaciones a esta Ley, sus reglamentos y cualquier otra ley dirigida a atacar la corrupción en el servicio público.

(4) Velar que el personal cumpla con las disposiciones de esta Ley, así como constatar, de tiempo en tiempo, la efectividad de los controles administrativos establecidos y velar que se cumpla con los mismos.

(5) Realizar cualquier otra función que a juicio del Director de la Oficina sea necesaria para lograr el objetivo de prevenir la corrupción gubernamental.

(6) Los Comités coordinarán sus acciones de conformidad con las normas que establezca la Oficina.

(7) Las agencias ejecutivas y los gobiernos municipales informarán al Director de la Oficina los nombres de los miembros de sus Comités. De surgir cualquier cambio o puesto vacante sobre los componentes del Comité deberán informar los mismos al Director, durante los treinta (30) días siguientes a la fecha de efectuados los cambios.

Artículo 2.7- Centro para el Desarrollo del Pensamiento Ético

Con el propósito de ampliar e intensificar la política pública de prevención, a través de la educación, delegada a la Oficina, se crea el Centro para el Desarrollo del Pensamiento Ético (en adelante el “Centro”).

El Centro tiene como misión alcanzar, entre otros, los siguientes objetivos:

1. Proveer a los servidores públicos adiestramientos en servicios que promueva una adecuada formación académica y operacional sobre la ética gubernamental y la sana administración de los recursos públicos.

2. Ofrecer un programa formativo de cursos que tenga como objetivo estudiar los aspectos sustantivos y procesales específicos y generales de la Ley de Ética Gubernamental.

3. Diseñar adiestramientos en los cuales se analice y discuta la importancia de la ética en los procesos gubernamentales y privados.

4. Examinar el problema de la corrupción desde una metodología interdisciplinaria que explique los componentes económicos, políticos y socio-culturales que lo constituyen.

5. Fomentar la investigación sobre todos los aspectos relacionados a la ética, entre éstos, la inherencia que el factor ético tiene sobre las gestiones estatales internas y su pertinencia e impacto en las relaciones internacionales contemporáneas.

6. Difundir mediante el mecanismo de publicación los hallazgos de una investigación actualizada sobre el proceso ético público y social.

La Oficina será la entidad responsable de diseñar, ofrecer y coordinar los cursos provistos por el Centro.

A los fines de realizar dicha encomienda, el Director de la Oficina se encuentra facultado para:

1. Coordinar el desarrollo de dichos cursos con la Universidad de Puerto Rico y la Oficina del Contralor.

2. Requerir a la Oficina Central de Asesoramiento Laboral y Administración de Recursos Humanos y a toda otra agencia o dependencia gubernamental ayuda técnica, propiedad, personal, tecnología y otros recursos para hacer posible el ofrecimiento de estos cursos.

3. Contratar la prestación de servicios, adiestramientos y talleres de personas u organizaciones privadas en y fuera de Puerto Rico con el propósito de promover los objetivos del Centro.

4. Contratar personal docente de la Universidad de Puerto Rico a tono con las necesidades del Centro.

5. Revisar el currículo de los cursos a fin de atemperar el mismo a las necesidades que surjan en el servicio público.

6. Aceptar donaciones o asignaciones legislativas del Gobierno de los Estados Unidos de América. Las emisoras de radio y televisión del Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, operadas por la Corporación para la Difusión Pública, asignará, libre de costo, espacio de tiempo permanente, de por lo menos dos horas mensuales, para la difusión de los programas, proyectos e iniciativas que promuevan la ética y la política pública de la Oficina.

Todo funcionario o empleado público tendrá que tomar cada dos (2) años un mínimo de diez (10) horas de cursos otorgados por la Oficina para mantener un proceso de Educación Continua.

A petición de una agencia o de un servidor público, el Centro podrá convalidar para efectos de esta legislación las horas cursos ofrecidas por la Oficina tomadas por un servidor público desde el primero (1ro) de mayo de 2000 hasta la fecha en que se implante formalmente lo dispuesto en este Artículo.

Todo Jefe de una agencia ejecutiva concederá tiempo, sin cargo a licencias, a sus servidores públicos para cumplir con la obligación que le impone esta Ley.

CAPITULO III ‑ CODIGO DE ETICA PARA LOS FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DE LA RAMA EJECUTIVA; RESTRICCIONES PARA LAS ACTUACIONES DE EX‑SERVIDORES PUBLICOS, DISPOSICIONES RELATIVAS A LOS FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DE LAS RAMAS JUDICIAL Y LEGISLATIVA

Artículo 3.1- Jurisdicción y Alcance

Este Código reglamenta la conducta de los funcionarios y empleados de la Rama Ejecutiva del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, incluyendo sus corporaciones públicas y las agencias que estén bajo el control de dicha Rama, sus municipios, corporaciones y consorcios municipales. También este Código establece algunas restricciones para las actuaciones de ex‑servidores públicos de las Ramas Ejecutiva, Legislativa y Judicial.

Además de lo que dispongan la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, las leyes, los reglamentos y las órdenes ejecutivas en vigor, se establecen ciertas disposiciones en cuanto a la aprobación de normas para regir la conducta de los servidores públicos de la Rama Legislativa y Judicial.

Artículo 3.2- Prohibiciones Éticas de Carácter General

(a) Ningún funcionario o empleado público desacatará, ya sea personalmente o actuando como servidor público, las leyes en vigor ni las citaciones u órdenes de los Tribunales de Justicia, de la Rama Legislativa o de las agencias de la Rama Ejecutiva que tengan autoridad para ello.

(b) Ningún funcionario o empleado público dilatará la prestación de los servicios que las agencias ejecutivas del Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico están obligadas a ofrecer ni entorpecerá el funcionamiento eficiente de la Rama Ejecutiva.

(c) Ningún funcionario o empleado público utilizará los deberes y facultades de su cargo ni la propiedad o fondos públicos para obtener, directa o indirectamente para él, para algún miembro de su unidad familiar, ni para cualquier otra persona, negocio o entidad, ventajas, beneficios o privilegios que no estén permitidos por ley.

(d) Ningún funcionario o empleado público solicitará ni aceptará bien alguno de valor económico como pago por realizar los deberes y responsabilidades de su empleo aparte del sueldo, jornal o compensación a que tiene derecho por su función o empleo público.

(e) Ningún funcionario o empleado público aceptará o solicitará de persona alguna, directa o indirectamente, para él, para algún miembro de su unidad familiar, ni para cualquier otra persona, negocio o entidad, bien alguno de valor económico, incluyendo regalos, préstamos, promesas, favores o servicios a cambio de que la actuación de dicho funcionario o empleado público esté influenciada a favor de esa o cualquier otra persona.

(f) Ningún funcionario o empleado público que esté regularmente empleado en el Gobierno, recibirá paga adicional o compensación extraordinaria de ninguna especie del Gobierno de Puerto Rico o de cualquier municipio, junta, comisión u organismo que dependa del Gobierno, en ninguna forma, por servicio personal u oficial de cualquier género, aunque sea prestado en adición a las funciones ordinarias de dicho funcionario o empleado a menos que la referida paga o compensación extraordinaria esté expresamente autorizada por el Artículo 177 del Código Político o por alguna otra disposición de ley.

(g) Ningún funcionario o empleado público revelará o usará información confidencial, adquirida por razón de su empleo, para obtener, directa o indirectamente, ventaja o beneficio económico para él, para un miembro de su unidad familiar o para cualquier otra persona, negocio o entidad.

(h) Ningún funcionario público podrá intervenir en forma alguna en cualquier asunto en el que él o algún miembro de su unidad familiar tenga un conflicto de intereses.

(i) Ningún funcionario público o empleado público podrá nombrar, promover o ascender a un puesto de funcionario o empleado público, o contratar por sí, o a través de otra persona natural o jurídica, negocio o entidad en la que tenga interés en la agencia ejecutiva en la que trabaje o tenga la facultad de decidir o influenciar, a cualquier persona que sea pariente de dicho funcionario o empleado público dentro del cuarto grado de consanguinidad o del segundo grado por afinidad. Cuando el funcionario público o empleado público con facultad para decidir o influenciar entienda que es imprescindible por el bienestar del servicio público y el buen funcionamiento de la agencia contratar, nombrar, promover o ascender a un pariente suyo dentro de los grados de parentesco antes mencionados, en un puesto de funcionario público o empleado público, tendrá que solicitar una autorización por escrito al Director Ejecutivo de la Oficina de Ética Gubernamental donde exponga las razones específicas que justifican tal contrato, nombramiento, o ascenso en ese caso en particular, previo a llevar a cabo dicha acción, de conformidad a la reglamentación que adopte la Oficina de Ética Gubernamental. La Oficina de Ética Gubernamental deberá, dentro del término directivo de treinta (30) días desde la fecha de haberse radicado la solicitud de dispensa, autorizar o denegar la misma. La Oficina de Etica Gubernamental notificará al solicitante de la aprobación de la dispensa o de su denegación. En caso de denegar la solicitud de dispensa deberá fundamentar dicha decisión presentando un informe escrito. La prohibición que aquí se establece no será de aplicación a la situación de un funcionario o empleado público que nombre, promueva o ascienda en un puesto de carrera en la agencia en que trabaje o sobre la cual ejerza jurisdicción, a un funcionario o empleado público que sea su pariente dentro de los referidos grados, cuando el funcionario o empleado público, nombrado, promovido o ascendido haya tenido la oportunidad de competir en igualdad de condiciones con otros aspirantes mediante un proceso de selección a base de pruebas, exámenes o evaluaciones de preparación y experiencia, y se haya determinado objetivamente que es el candidato idóneo o mejor calificado en el registro de elegibles para el puesto en cuestión y el pariente con facultad no haya intervenido en el mismo. Asimismo, las prohibiciones antes descritas, con excepción de la de nombramiento, serán de aplicación a aquellos empleados o funcionarios públicos que advengan a la relación de grado de parentesco dispuestos en esta Ley después de su nombramiento o designación.

Artículo 3.3- Prohibiciones relacionadas con otros empleos, contratos o negocios

(a) Ningún funcionario o empleado público aceptará o mantendrá un empleo o relaciones contractuales o de negocio, o responsabilidades adicionales a las de su empleo o cargo público, ya sea en el Gobierno o en la esfera privada que, aunque legalmente permitidos, tenga el efecto de menoscabar su independencia de criterio en el desempeño de sus funciones oficiales.

(b) Ningún funcionario o empleado público aceptará o mantendrá relaciones contractuales de negocio, con una persona, negocio o entidad que esté reglamentada por o que haga negocios con la agencia gubernamental para la cual él trabaja cuando el funcionario o empleado público participe en las decisiones institucionales de la agencia o tenga facultad para decidir o influenciar las actuaciones oficiales de la agencia que tengan relación con dicha persona, negocio o entidad.

(c) Ningún funcionario o empleado público que esté autorizado para contratar a nombre de la agencia ejecutiva para la cual trabaja, podrá llevar a cabo un contrato entre su agencia y una entidad o negocio en que él o algún miembro de su unidad familiar tenga o haya tenido durante los últimos cuatro (4) años antes de ocupar su cargo, directa o indirectamente, interés pecuniario.

(d) Ninguna agencia ejecutiva podrá llevar a cabo un contrato en el que cualquiera de sus funcionarios o empleados o algún miembro de las unidades familiares de éstos, tenga o haya tenido durante los últimos cuatro (4) años antes de ocupar su cargo, directa o indirectamente, interés pecuniario, a menos que el Gobernador, previa recomendación del Secret