Jurisprudencia
del Tribunal Supremo de P. R. del año 2000
Cont. 2000 DTS 091 PUEBLO V. AGOSTINI 2000TSPR091
Opinión Disidente emitida por la Juez
Asociada señor Naveira de Rodón a la cual se une el Juez Presidente señor
Andréu García.
San Juan, Puerto Rico a
19 de junio de 2000
I
El 3 de noviembre de 1994, a las
6:50 A.M., tuvo lugar un aparatoso accidente automovilístico en la Carretera
176, Camino Luciano Vázquez de Cupey, Área de San Juan.[1] Estuvieron involucrados un Honda del 1988
con tablilla número BKM 562, propiedad de la conductora Florimar Agostini
Rodríguez, y un Honda de 1982, tablilla número 40 A 189, propiedad de la conductora
Xiomara Rodríguez Aguilú. Ninguno de
los vehículos estaba asegurado al momento del accidente. El Policía Ángel Vázquez García preparó el
correspondiente informe como resultado de la investigación que realizó. Expresó que los daños no habían sido
estimados y que resultaron lesionadas las siguientes tres personas: la
conductora Xiomara Rodríguez Aguilú, la pasajera Xaymara Hernández Rodríguez,
quien acompañaba a la primera, y la conductora Florimar Agostini Rodríguez;
quienes fueron trasladadas al Hospital San Gerardo, donde recibieron atención
médica. El doctor que las atendió
diagnosticó a Xiomara Rodríguez Aguilú varios traumas en diferentes partes del
cuerpo, a la niña Xaymara Hernández Rodríguez herida en la frente y posible
trauma en el cráneo, y a Florimar Agostini Rodríguez traumas en el pecho y en
el brazo izquierdo.[2]
Con
fecha de 10 de diciembre de 1994 y ante el entonces Tribunal de Distrito de San
Juan, el Pueblo de Puerto Rico formuló la Denuncia Núm. 94-0012-00569 contra
Florimar Agostini Rodríguez por el delito menos grave de imprudencia o
negligencia temeraria, al amparo de la Sec. 5-201 de la Ley Núm. 141 de 20 de
julio de 1960 (conocida como la Ley de Vehículos y Tránsito de Puerto Rico),
según enmendada, 9 L.P.R.A. sec. 871.[3] Se le imputó conducir su vehículo de motor
con voluntario y malicioso desprecio por la seguridad de vidas y propiedades,
invadiendo el carril contrario y ocasionando de esta manera el accidente. El mismo 10 de diciembre quedó señalado el
juicio para el 28 de diciembre de 1994 a las 8:30 A.M., citándose en corte
abierta a la imputada y a los testigos Xiomara Rodríguez Aguilú y Ángel Vázquez
García. A solicitud de la
representación legal de la imputada, el 20 de diciembre de 1994 se reseñaló la
vista para el 1 de febrero de 1995.
Así
las cosas, llegado el día, tras haberse leído la denuncia y haber mediado una
alegación de no culpable, procedió el foro de instancia con la vista en el Caso
Criminal Núm. T94-6643. Surge de la
Minuta de 1 de febrero de 1995 que la prueba documental estipulada por el
Ministerio Público consistió en ocho (8) fotografías que reflejan los daños a
la parte delantera del vehículo de la perjudicada Rodríguez Aguilú (Exhibits 1
al 8, Ministerio Público), mientras que la prueba documental estipulada por la
defensa consistió en trece (13) fotografías que reflejan los daños al vehículo
de la imputada y el lugar donde ocurrieron los hechos (Exhibits 1 al 13,
Defensa), así como el Informe de Denuncia de la Policía de Puerto Rico (Exhibit
14, Defensa).[4] El Ministerio Público presentó los
testimonios de Xiomara Rodríguez Aguilú y Ángel Vázquez García, quienes
estuvieron sujetos al contrainterrogatorio de la defensa. Por su parte, la defensa presentó el
testimonio de la imputada, quien a su vez fue contrainterrogada por el
Ministerio Público.
Vista
la prueba presentada, el tribunal dictó una sentencia en la que declaró a
Florimar Agostini Rodríguez culpable de delito menos grave, según dispone la
Sec. 5-304 de la Ley de Vehículos y Tránsito de Puerto Rico, 9 L.P.R.A. sec.
895,[5]
por conversión de la falta administrativa consistente en la invasión de un
carril contrario, según la Sec. 16-102 de la Ley de Vehículos y Tránsito de
Puerto Rico, según enmendada, 9 L.P.R.A. sec. 1872. Condenó a ésta al pago de setenta y cinco dólares ($75) de multa
más costas, o a cumplir un día de cárcel por cada cinco dólares ($5) que dejare
de pagar. Una vez dictada la sentencia
de culpabilidad se señaló una vista de daños para el 17 de marzo de 1995 a las
8:30 A.M. Tanto Agostini Rodríguez como
la perjudicada Rodríguez Aguilú fueron citadas en corte abierta. Además, el tribunal advirtió a la
perjudicada que debía comparecer a la vista con la prueba que aportaría para
establecer los daños.
El
6 de febrero de 1995, la representación legal de Agostini Rodríguez solicitó al
foro de instancia, mediante una moción por escrito, que efectuara una
determinación adicional sobre negligencia comparada. Argumentó que esa determinación serviría para que el foro
ordenara en su día el correspondiente pago de daños, deduciendo del total de
daños ocasionados a la propiedad los daños proporcionales al grado de
negligencia incurrido por la perjudicada Rodríguez Aguilú. También solicitó ese día, mediante otra
moción por escrito, que se le permitiera cursar un interrogatorio a la
perjudicada Rodríguez Aguilú con respecto a los daños sufridos por su vehículo
y la manera en que ocurrió el accidente.
Expuso que la naturaleza civil de la vista de daños le confiere derecho
a utilizar los mecanismos provistos por las Reglas de Procedimiento Civil en
cuanto al descubrimiento de prueba.
Vistas las mociones presentadas, el 21 de febrero de 1995, el tribunal de
instancia declaró la primera sin lugar, disponiendo que la vista se celebraría
únicamente a los efectos de determinar daños con respecto a la parte
perjudicada; y declaró la segunda con lugar, permitiendo únicamente el
interrogatorio en cuanto a los daños sufridos por la perjudicada y la prueba
sobre los mismos.
Inconforme
con la orden del tribunal negándose a efectuar una determinación sobre
negligencia comparada, Agostini Rodríguez acudió al Tribunal de Circuito de
Apelaciones (en adelante Tribunal de Circuito) mediante petición de certiorari
de 16 de marzo de 1995. Los
señalamientos de error se circunscribieron a cuestiones constitucionales, específicamente:
(1) que la Sec. 16-102a de la Ley de Vehículos y Tránsito de Puerto Rico, 9
L.P.R.A. sec. 1872a, resulta inconstitucional en su aplicación porque crea una
clasificación discriminatoria y sospechosa al distinguir entre diversas
reclamaciones de daños en los ámbitos civil y criminal; (2) que la Sec.
16-102A, supra, resulta inconstitucional de su faz porque crea una
clasificación sospechosa por razón de status, origen, condición social o
económica, al distinguir entre personas aseguradas y no aseguradas; y (3) que
dicha sección resulta inconstitucional por contravenir el principio de igual
protección de las leyes, al crear un mecanismo judicial incompleto,
inequitativo e injusto para la reclamación de daños materiales en comparación
con el mecanismo civil ordinario. En
síntesis, solicitó que se declarase la inconstitucionalidad de la Sec. 16-102A,
supra, o que se le permitiese levantar la defensa de negligencia comparada en
la vista de daños.
La
expedición del recurso de certiorari fue denegada mediante resolución de 12 de
junio de 1995, notificada el 22 de junio de ese año. El Tribunal de Circuito fundamentó su decisión en la validez de
las clasificaciones socioeconómicas creadas por la Sec. 16-102A, supra, a la
luz del escrutinio correspondiente, en este caso el escrutinio racional; en que
el pago de daños constituye una compensación de naturaleza civil; y finalmente,
en que pese a la naturaleza civil de la vista de daños, es improcedente la
defensa sobre negligencia comparada para efectos de imponer daños conforme al
criterio de “cantidad razonable”, ya que la sección impugnada salvaguarda el
derecho de las partes a presentar sus defensas en un procedimiento civil
ordinario.
Por
su inconformidad con la determinación del foro apelativo, Agostini Rodríguez
acudió ante nos mediante petición de certiorari de 14 de julio de 1995.[6] Reiteró su solicitud de remedio para que
declaremos la inconstitucionalidad de la Sec. 16-102A, supra, o que le
permitamos levantar la defensa de negligencia comparada en la vista de
daños. Decidimos revisar y expedimos el
auto de certiorari solicitado.
II
El Código Civil de Puerto Rico
establece ciertos principios que son rectores cuando los tribunales tienen que
ejercer su función adjudicadora. Entre
éstos se encuentran las normas de interpretación de las leyes. Así, dispone el Código Civil que cuando la
ley es clara y libre de toda ambigüedad, se debe observar su letra. Art. 14 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sec.
14. Por otro lado, cuando las
expresiones de una ley son dudosas, la mejor forma de interpretación es buscar
su razón y espíritu, o las causas y motivos que indujeron a la Asamblea
Legislativa a aprobarla. Art. 19 del
Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 19.
Por esto, al interpretar una ley,
los tribunales deben considerar cuál fue el propósito o intención de la
Asamblea Legislativa para aprobarla, para que así se cumpla con el resultado
querido por el legislador. Piñero
González v. A.A.A., Op. de 22 de octubre de 1998, 146 D.P.R._____
(1998) 98 J.T.S. 140; García v. E.L.A., Op. de 13 de octubre de
1998, 146 D.P.R. _____ (1998), 98 J.T.S. 133.
Asimismo, la interpretación de los diferentes artículos o secciones de
una ley y las leyes que se relacionen entre sí por su objetivo o propósito,
debe hacerse en conjunto, refiriéndose las unas con las otras, como un todo,
buscando la intención legislativa. Ojeda
v. El Vocero de P.R., 137 D.P.R. 315 (1994). Además, véase, García
v. E.L.A., supra.
También se debe tener en cuenta que
para interpretar una ley, los tribunales pueden recurrir a ayudas o medios
extrínsecos, es decir, datos, hechos, circunstancias y consideraciones que no
surjan de la misma ley, para encontrar su propósito:
In the
interpretation of a statute, if a doubt or uncertainty as to the meaning of the
legislature cannot be removed by a consideration of the act itself and its
various parts, recourse may be had to extraneous facts, circumstances, and
means of explanation, for the purpose of determining the legislative
intent; but those only are admissible which are logically connected with the
act in question, or authentic, or inherently entitled to respctful
consideration. (Énfasis nuestro.) Henry Campbell Black, Handbook on the
Construction and Interpretation of the Laws, sec. 90, pág. 275 (2da. ed.
1911).
Entre
estas ayudas o medios extrínsecos de interpretación de los estatutos se
encuentran tanto las leyes aprobadas con anterioridad a la disposición que se
está interpretando como las que se han aprobado con posterioridad. Jim Evans, Statutory
Interpretation: Problems of Communications 277 (1988); Vepa P. Sarathi, The
Interpretation of Statutes 345-46 (3ra. ed. 1986).
De
hecho, este Tribunal ha utilizado esta norma en múltiples ocasiones, como por
ejemplo, al intepretar leyes in pari materia. A estos efectos, véanse, Piñero González v. A.A.A.,
supra, (donde se interpretó la Ley Núm. 2 de 17 de octubre de 1961, según
enmendada, 32 L.P.R.A. sec. 3118 et seq., utilizando, entre otras, la
Ley Núm. 80 de 30 de mayo de 1976, según enmendada, 29 L.P.R.A. sec. 185a et
seq.); Villamil Suárez v. D.T.O.P., 133 D.P.R. 805 (1993)
(donde se interpretó la Ley Núm. 447 de 15 de mayo de 1951 utilizando la Ley
Núm. 78 de 25 de abril de 1949 y la Ley Núm. 26 de 22 de agosto de 1974); Asoc.
Drs. Med. Cui. Salud
v. Morales, 132 D.P.R. 567 (1993), (donde se interpretó la Ley Núm. 80
de 26 de junio de 1964, 20 L.P.R.A. sec. 531, utilizando la Ley Núm. 152 de 3
de junio de 1976, 20 L.P.R.A. sec. 2751); Zambrana Maldonado v. E.L.A.,
129 D.P.R. 740 (1992), 92 (donde se interpretaron los Arts. 1868 y 1873 del
Código Civil, 31 L.P.R.A. secs. 5298 y 5303, respectivamente, utilizando la Ley
Núm. 104 de 29 de junio de 1955, 32 L.P.R.A. sec. 3077 et seq.).
Con este marco doctrinal en mente,
pasemos a analizar las controversias ante nos.
III
Mediante la Ley Núm. 9 de 27 de
marzo de 1987, según enmendada, se incorporó la Sec. 16-102A a la Ley de
Vehículos y Tránsito de Puerto Rico. El
historial legislativo de esta sección se originó en el P. del S. 389 (26 de
marzo de 1985) y P. del S. 662 (21 de noviembre de 1985). Visto el contenido de esos proyectos, es
preciso aclarar que originalmente se propuso una enmienda al Art. 49A del
Código Penal, 33 L.P.R.A. sec. 3212.
Claramente, estuvo ante la consideración de los cuerpos legislativos el
que se le permitiese imponer la pena de restitución al convicto que hubiese
causado daños a una persona o a la propiedad de ésta, como consecuencia de un
accidente automovilístico por violaciones a la Ley de Vehículos y Tránsito de
Puerto Rico. Figuraron en ambos
proyectos una serie de criterios que el tribunal debía tomar en consideración al
momento de fijar el importe de la pena de restitución a ser satisfecho en
dinero. Habrían de tomarse en cuenta:
(1) el total de los daños a restituirse, (2) la participación prorroteada del
ofensor en cuestión, de haber sido varios los participantes en el acto
delictivo, (3) la capacidad del ofensor para pagar y (4) cualquier otra
circunstancia que permitiese una fijación adecuada. Claro está, en ningún caso el importe a ser fijado podría exceder
los límites establecidos para la pena de multa. En el caso de delitos graves, la pena de restitución no podría
exceder de cinco mil dólares ($5,000).
En el caso de delitos menos graves, inicialmente se dispuso que la pena
de restitución no podía exceder de mil dólares ($1,000), posponiéndose
posteriormente que la misma no podría exceder de quinientos dólares
($500). Los referidos proyectos fueron
sustituidos por el Sustitutivo a los P. del S. 389 y 662 (26 de marzo de 1986).
En el Sustitutivo a los P. del S.
389 y 662 se propuso la incorporación de una sección a la propia Ley de
Vehículos y Tránsito de Puerto Rico, a los efectos de hacer aplicable la pena
de restitución únicamente a casos en que se hubiere causado daños a la
propiedad. El tribunal no impondría
dicha pena si el convicto le demostrase poseer un seguro de responsabilidad
pública cubriendo los daños ocasionados por él y que los mismos ya hubiesen
sido compensados por la compañía aseguradora.
Con relación a este proyecto y sobre el alcance de la medida, las
Comisiones de los Jurídico y de Transportación y Obras Públicas prepararon el
Informe Conjunto de 26 de marzo de 1986, en el cual recomendaron favorablemente
su adopción. Desde entonces quedó
expresamente consignado el propósito de ésta, consistente en atender “la
preocupación de la comunidad puertorriqueña por la falta de un sistema para
compensar a todo ciudadano que sufre pérdidas a su propiedad debido a la
negligencia de parte de muchos conductores [sin seguro] que transitan sus
vehículos en las carreteras de Puerto Rico”, pues “no exist[ía] un mecanismo
adecuado que permit[isese] al perjudicado recobrar en el término más inmediato
compensación alguna por los daños sufridos, principalmente, a su vehículo”.
Este proyecto estableció la cuantía
de quinientos dólares ($500) como máximo importe de la pena de restitución en
casos de delitos menos grave. Pendiente
de aprobación ante el Senado, uno de sus miembros sugirió eliminar los
quinientos dólares ($500) como importe máximo de la pena de restitución para
sustituirlo por mil dólares ($1,000). A
raíz de la sugerencia, se planteó la posible inconstitucionalidad de la medida
en atención al hecho de que se estaría imponiendo una pena superior a los
quinientos dólares ($500), sin proveerse para juicio por jurado. Diario de Sesiones, 1986, Núm. 32, págs.
2041-2043. Por razón del planteamiento
constitucional relacionado con el Sustitutivo a los P. del S. 389 y 662, la
Comisión de Conferencia intervino y preparó el Informe de Conferencia de 2 de
marzo de 1987. Constaron en este
informe varias enmiendas, quedando finalmente eliminadas las anteriores
referencias a la pena de restitución y disponiéndose en su lugar que el
tribunal debía fijar una cantidad razonable para el pago de daños. Así quedó aprobado el Sustitutivo a los P.
del S. 389 y 662 (Conferencia), mediante la Ley Núm. 9 de 27 de marzo de 1987.
Posteriormente, en un intento por
facilitar a la parte perjudicada el obtener la ejecución de una sentencia
imponiendo el pago de daños causados a su propiedad, la Legislatura aprobó una
enmienda a la Sec. 16-102A, supra. Esta
se originó en el P. de la C. 401 (15 de marzo de 1989), el cual fue recomendado
favorablemente por las Comisiones de los Jurídico Civil y Jurídico Penal de la
Cámara de Representantes, mediante Informe de 10 de octubre de 1989. Básicamente, expresaron que la enmienda
tendría “el efecto de señalar la disponibilidad del mecanismo procesal de la
ejecución de sentencia siguiendo el procedimiento ordinario que consigna la
Regla 51 de Procedimiento Civil.” Bajo
este esquema se trataría la ejecución de una sentencia autorizando el pago de
daños y pérdidas a la propiedad, como una ejecución de sentencia en un pleito
civil ordinario. Al favorecer su
aprobación, dichas comisiones tomaron en consideración y evaluaron varias
comparecencias escritas, incluyendo la del entonces Secretario del Departamento
de Transportación y Obras Públicas. Su
testimonio escrito de 22 de agosto de 1989 respaldó la adopción de la medida
como recurso remediativo para agilizar el procedimiento, apuntando la deseabilidad
de adoptar en un futuro un seguro de responsabilidad obligatorio para todo
poseedor de un vehículo de motor.
Esta idea se convirtió en realidad
el 27 de diciembre de 1995, cuando la Asamblea Legislativa aprobó la Ley Núm.
253, 26 L.P.R.A. sec. 8051 et seq., conocida como la Ley de Seguro de
Responsabilidad Obligatorio para Vehículos de Motor, vigente desde el momento
de su aprobación.[7] Sin embargo, este sistema de seguro de
responsabilidad obligatorio comenzó a ser exigible a partir del 1ro de enero de
1998.
Es menester que nos expresemos brevemente
sobre la Ley de Seguro de Responsabilidad Obligatorio, ya que utilizando
únicamente la Sec. 16-102A de la Ley de Vehículos y Tránsito, supra, no podemos
resolver en derecho el caso ante nuestra consideración. Analizaremos, pues, dicha ley, ya que tiene
una relación estrecha con el ordenamiento procesal vigente al momento de
ocurrir los hechos del presente caso.
IV
Con el seguro de responsabilidad
obligatorio se ofrece una cubierta por los daños a la propiedad vehicular
únicamente hasta un máximo de tres mil dólares. Así se evita la imposición de una carga onerosa al dueño del
vehículo que de otro modo, y con probabilidad, confrontaría problemas para
recibir con prontitud una compensación que, aunque pueda resultar mínima, la
podrá recibir con mayor celeridad. Bajo
esta ley, la compensación se concede bajo una determinación inicial de
responsabilidad, que no “coartará el derecho que asiste a los reclamantes de
acudir a los tribunales cuando el sistema [de] determinación inicial de
responsabilidad así lo permita, o cuando cualquiera de las partes involucradas
en una reclamación procure obtener compensación adicional a la satisfecha a
virtud de dicho sistema”. (Énfasis
nuestro.) 26 L.P.R.A. sec. 8057.
Esta nueva legislación recoge la
preocupación gubernamental de que toda persona que sufra un accidente en el que
esté involucrado un vehículo de motor tenga una compensación inicial
rápida. Además ésta intenta llenar el
vacío de un sistema de transportación pública poco efectivo. En específico, prescribe que incurrirá en
delito menos grave quien maneje, opere, conduzca o permita el tránsito por las
vías públicas de un vehículo de motor que no esté asegurado. En caso de que el conductor de un vehículo
no asegurado ocasione daños a uno asegurado, el tribunal impondrá el pago
de daños, al amparo de la Sección 16-102A de la Ley de Vehículos y Tránsito de
Puerto Rico, supra. Art. 11(a) de la
Ley de Seguro de Responsabilidad Obligatorio, 26 L.P.R.A. sec. 8060(a).
Podemos mencionar algunas situaciones
en las que un vehículo de motor podría no estar cubierto por el seguro de
responsabilidad obligatorio, según mencionáramos en el párrafo anterior, lo que
ocasionaría la aplicación de la Sec. 16-102A de la Ley de Vehículos y Tránsito
de Puerto Rico, supra. En primer lugar,
tenemos la situación del dueño de un vehículo de motor que no ha renovado u
obtenido por primera vez la licencia de su vehículo, ya sea por descuido o
porque simplemente no le interese cumplir con la ley. Asimismo, podría ocurrir que los dueños de dos o más vehículos de
motor no estuvieran asegurados y se involucran en un accidente automovilístico
donde sufran daños a la propiedad. En
tal caso, la Sec. 16-102A, supra, sería de aplicación. También podemos mencionar a las personas que la propia Ley
de Vehículos y Tránsito de Puerto Rico excluye. Dicha ley dispone, en específico, que será deber de toda persona
devolver al Secretario del Departamento de Transportación y Obras Públicas la
licencia que le haya sido expedida cuando el vehículo de motor o arrastre para
el cual se expidió dicha licencia va a ser utilizado exclusiva y
permanentemente en una finca privada. 9
L.P.R.A. sec. 486. Asimismo, dispone
esta ley que los vehículos de motor que no tengan la correspondiente
autorización del Secretario no podrán transitar por las vías públicas del país,
excepto aquellos vehículos que se utilicen en fincas privadas con el propósito
de trasladarlos de una propiedad privada a otra. 9 L.P.R.A. sec. 401. Como
se puede apreciar, la Ley de Vehículos y Tránsito de Puerto Rico provee
excepciones a la norma de que todos los vehículos deben contar con una
autorización del Estado para poder transitar por las vías públicas. Esto ocurre cuando dichos vehículos se utilizan
en fincas privadas exclusivamente, pero los mismos pueden tener un contacto
incidental con las vías públicas del país al moverse de una finca privada a
otra, lo que acarrea un posible riesgo de accidente. Estos vehículos, al no tener una licencia o autorización del
Secretario de Transportación y Obras Públicas, no están cubiertos por las
disposiciones de la Ley de Seguro de Responsabilidad Obligatorio. A estos efectos nótese que al Art. 4 de
dicha ley, en sus incisos (a) y (e), 26 L.P.R.A. sec. 8053 (a) y (e)
respectivamente, relaciona el que se obtenga la correspondiente licencia del
vehículo de motor con la obligación de pagar y obtener el seguro de
responsabilidad obligatorio.”[8]
Por último, cabe destacar que la Ley
de Seguro de Responsabilidad Obligatorio, al definir lo que significa “seguro
de responsabilidad obligatorio”, dispone que dicho seguro “responde[rá] por los
daños causados a vehículos de motor de terceros [asegurados] como resultado de
un accidente de tránsito, por los cuales es legalmente responsable el dueño
del vehículo asegurado por este seguro, y a causa de cuyo uso se ocasionan
dichos daños.” (Énfasis nuestro.) 26 L.P.R.A. sec. 8052(j).
Por su parte, la Sec. 13-101 de la
Ley de Vehículos y Tránsito, 9 L.P.R.A. sec. 1751, dispone lo siguiente:
El dueño de cualquier vehículo de motor será responsable
de los daños y perjuicios que se causen mediante la operación de dicho
vehículo, interviniendo culpa o negligencia, cuando el referido vehículo sea
operado o esté bajo el control físico y real de cualquier persona que, con el
fin principal de operarlo, o de hacer o permitir que el mismo sea operado por
tercera persona, obtenga su posesión mediante la autorización expresa o tácita
del dueño. En todo caso se presumirá,
salvo prueba en contrario, que la persona que opera o tiene bajo su dominio o
control un vehículo de motor, ha obtenido su posesión con la autorización de su
dueño, con el fin principal de operarlo, o de hacer o permitir que el mismo sea
operado por tercera persona.
La persona por cuya
negligencia haya de responder el dueño de un vehículo de acuerdo con las
disposiciones del párrafo anterior vendrá obligada a indemnizar a éste.
Con respecto a esta sección hemos
resuelto que, para imponerle responsabilidad al dueño de un vehículo de motor
cuando dicho vehículo sea operado o esté bajo el dominio o control de un
tercero, esta tercera persona debe haber obtenido la posesión del vehículo
mediante autorización expresa o tácita del dueño. Mcgee Quiñones v. Palmer, 91 D.P.R. 464 (1964); Cordero
Santiago v. Lizardi Caballero, 89 D.P.R. 150 (1963). Es decir, para que exista responsabilidad
legal del dueño del vehículo de motor por los daños ocasionados por un tercero,
es menester que dicho tercero haya tenido la autorización para conducirlo, ya
sea tácita o expresa, del dueño del vehículo de motor. Si no media dicha autorización, el dueño del
vehículo no respondería por los daños causados, en cuyo caso, según establece
la Ley de Seguro de Responsabilidad Obligatorio, dicho seguro tampoco
respondería.
Sin embargo, debemos destacar que
mediante la Ley Núm. 201 de 7 de agosto de 1998,[9]
se enmendaron los Arts. 4 y 11 de la Ley de Seguro de Responsabilidad
Obligatorio. Con esto, el legislador
intentó subsanar lo que estimó eran deficiencias de la ley. En específico, intentó corregir la laguna
que existía cuando una persona que no es el dueño del vehículo de motor (y
dicho vehículo no posee seguro) lo utiliza en las vías públicas de Puerto
Rico. La enmienda estableció como
delito menos grave el que un “conductor incidental” maneje un vehículo de motor
que no tenga seguro por las vías públicas.[10]
Además, es preciso indicar que las
enmiendas introducidas por la Ley Núm. 201 de 1998 denotan que el legislador
está consciente que pueden ocurrir situaciones, no previstas en la ley, donde
haya un accidente con vehículos de motor asegurados y no asegurados.[11] A estos efectos, véase el Art. 11(b), según
enmendado por la Ley Núm. 201 de 7 de agosto de 1998, que dispone lo siguiente:[12]
Cualquier
persona que no hubiere cumplido con lo establecido en el Art. 4(b), cuyo
vehículo de motor no esté asegurado y esté involucrado en un accidente de
tránsito con un vehículo de motor asegurado conforme a esta Ley, no tendrá
derecho a los beneficios del seguro de responsabilidad obligatorio por los
daños que sufriere su vehículo de motor.
Asimismo, el dueño de un vehículo de motor asegurado de acuerdo a esta
Ley, que causare daños a un vehículo de motor no asegurado, estará exento de
responsabilidad por los daños que cubre el seguro provisto por esta Ley, hasta
el límite del mismo. De igual manera un
conductor autorizado de un vehículo de motor asegurado que causare daño a un
vehículo de motor no asegurado, disfrutará de la misma exención que disfrutará
el dueño del vehículo. (Énfasis nuestro.)
Como conclusión lógica de la
discusión que precede, surge con meridiana claridad que la sección 16-102A de
la Ley de Vehículos y Tránsito, supra, no ha perdido vigencia ni se ha vuelto
inoperante con la aprobación de la Ley de Seguro de Responsabilidad Obligatorio.[13]
V
Actualmente el texto de la Sec.
16-102A de la Ley de Vehículos y Tránsito, supra, dispone lo siguiente:
En adición a la pena que se imponga al conductor por la
infracción cometida bajo las disposiciones de este Capítulo, el tribunal deberá
fijar una cantidad razonable para el pago de daños. El pago de daños consiste en la obligación
impuesta al conductor por el tribunal de pagar a la parte perjudicada una suma
en compensación por los daños y pérdidas que hubiere causado a su propiedad,
como consecuencia de su acto delictivo.
Dicho pago deberá ser fijado para ser satisfecho en
dinero o la entrega de bienes equivalentes a los que fueron destruidos o
dañados o por pago de reparación directa de los daños. Las cantidades así pagadas o de los bienes
entregados se deducirán de la suma que el tribunal pueda imponer por sentencia
en caso de surgir de los hechos una demanda de daños y perjuicios. El pago de daños que autoriza esta sección
no incluye daños a la persona o los sufrimientos y angustias mentales.
No se fijará el pago de daños en aquellos casos en que el
conductor demuestre al tribunal que posee un seguro de responsabilidad pública
que cubre los daños causados por él o que la víctima ya ha sido compensada.
Podrá procederse a la ejecución de la sentencia
imponiendo el pago de daños que autoriza esta sección, en igual forma que si se
tratare de una sentencia dictada en un pleito civil ordenando el pago de una
cantidad, según se establece en la Regla 176 de las de Procedimiento Criminal de
1963, Ap. II del Título 34. (Énfasis
suplido.)
A la luz del historial legislativo y
del texto final de la sección transcrita, es forzoso concluir que la Asamblea
Legislativa forjó un esquema remediativo novel, sui géneris, mediante el cual
se satisfaría de una manera más ágil, menos onerosa y adecuada, una cantidad
razonable para el pago de los daños infligidos a la propiedad, resultado de una
violación a la Ley de Vehículos y Tránsito de Puerto Rico. La eliminación de toda referencia a la pena
de restitución y su sustitución por la fijación de una cantidad razonable
para el pago de daños, unido a la enmienda disponiendo que se trate la
sentencia como una dictada en un pleito civil ordinario, nos permiten
interpretar que la Sec. 16-102A, supra, implementa un procedimiento de
naturaleza civil sumario. De resultar
convicto el conductor de un automóvil por violaciones a la Ley de Vehículos y
Tránsito de Puerto Rico, el tribunal procederá subsiguientemente, sin necesidad
de que medie solicitud de la parte perjudicada, con el procedimiento civil
sumario. En dicho procedimiento se
utilizará la determinación sobre negligencia criminal que se deriva de la
declaración de culpabilidad, para proceder con la fijación de los daños.
Como regla general, “[los hechos
probados en una causa penal, aun cuando no son concluyentes al punto de excluir
su relitigación en la acción civil de daños y perjuicios originada de aquéllos,
constituyen evidencia prima facie de su existencia, admisible en el pleito
civil.” Toro Lugo v. Ortiz
Martínez, 105 D.P.R. 229, 231 (1976).
En este sentido, manifestamos a la página 234 que “[c]onocido en la
esfera criminal un hecho que reviste los caracteres de culpa o negligencia, a
cuya causa se puso término con sentencia, no queda prejuzgada la
responsabilidad civil que del mismo pueda derivarse, ni excluido el pleito
civil, toda vez que la anterior sentencia no constituye obstáculo de cosa
juzgada.” Sin embargo, recientemente
reconocimos que la norma de admisibilidad consagrada en Toro Lugo había
sido modificada por la Regla 65(V) de Evidencia, 32 L.P.R.A. Ap. IV. Maysonet v. Granda, 133 D.P.R.
676 (1993). Tal modificación limitó la
admisibilidad de una sentencia de convicción a los casos de delitos
graves. La exclusión de una sentencia de
convicción por la comisión de delitos menos graves obedeció al escaso valor
probatorio que la misma representa, ausente un incentivo económico y libertario
para litigar. A estos efectos,
señalamos en Maysonet v. Granda, supra, pág. 686, que “la
exclusión de los delitos menos graves se concibió principalmente para
considerar los casos por infracción a la ley de tránsito, donde el ciudadano
promedio, muchas sin consultar un abogado, prefiere, aún cuando considere que
tiene la razón, pagar una multa y continuar con su rutina diaria.”
La aprobación de la Sec. 16-102A,
supra, alteró el estado de derecho en materia probatoria, con relación al
efecto de la declaración de culpabilidad que medie por la comisión de un delito
menos grave, conforme a la Ley de Vehículos y Tránsito de Puerto Rico. A manera de excepción, la negligencia
criminal derivable de una declaración de culpabilidad, es concluyente para
efectos de fijar en el subsiguiente procedimiento de carácter civil sumario una
cuantía razonable para los daños causados a la propiedad. En las circunstancias particulares del
presente caso, la determinación sobre negligencia criminal derivable de la
declaración de culpabilidad, facilitará y aligerará el procedimiento para fijar
dichos daños. Cónsono con la intención
legislativa, yace como premisa que por requerirse un mayor grado de prueba para
establecer la negligencia criminal, la negligencia civil debe entenderse
subsumida en la primera, por exigir menor rigor y grado de prueba. Así las cosas, es permisible la utilización
de una determinación sobre negligencia criminal para fijar los daños a la
propiedad.
Ahora bien, la existencia de
negligencia criminal no obsta para que el tribunal determine el grado de
negligencia incurrido por el conductor convicto, a los fines de establecer los
daños. En el contexto de la Ley de
Vehículos y Tránsito de Puerto Rico, comete un delito menos grave el conductor
de un vehículo de motor o de arrastre que al incurrir en una falta administrativa,
a su vez causa o contribuye a causar un accidente que ocasiona la lesión
de alguna persona o daños a la propiedad ajena, 9 L.P.R.A. sec. 1872.[14] Obsérvese que esta sección tipifica como
conducta constitutiva de delito menos grave, tanto la de quien resulta único
causante del accidente como la del quien contribuye a causarlo. Entiéndase por esto que la determinación de
culpabilidad que pueda mediar en el ámbito criminal con relación al accidente
no necesariamente excluye la posible existencia de cocausantes del delito o
acto negligente, como tampoco es necesariamente excluyente de la culpa o
negligencia civil en que hayan podido incurrir otras personas involucradas en
el mismo.
En reconocimiento de las
innumerables circunstancias que puedan suscitarse al ocurrir un accidente
automovilístico y de la naturaleza remedial del procedimiento civil sumario,
cuyo propósito es conceder a la parte perjudicada una cantidad razonable
para el pago de los daños causados a su propiedad, se debe permitir a
la representación legal de la conductora Agostini Rodríguez levantar la defensa
sobre negligencia comparada en el procedimiento de carácter civil sumario. Esto no tiene el efecto de desvirtuar
automáticamente el carácter sumario del procedimiento. A manera de ejemplo, cabe mencionar el
procedimiento sumario para la reclamación de salarios, al amparo de la Ley Núm.
2 de 17 de octubre de 1961, según enmendada, 32 L.P.R.A. secs. 3118-3133. En éste se le permite al querellado levantar
todas las defensas y objeciones al momento de presentar su alegación
responsiva. 32 L.P.R.A. sec. 3120.
Debemos destacar que, contrario a la
Ley de Seguro de Responsabilidad Obligatorio, la Sec. 16-102A, supra, no provee
un tope o cantidad máxima a ser concedida.
Esta sección solamente expresa que la cuantía a concederse será una “suma
razonable”. Por su parte, la Ley de
Seguro de Responsabilidad Obligatorio establece específicamente que la cuantía
máxima a concederse será de tres mil dólares ($3,000). Asimismo, dispone que el sistema de
compensación que se establece no coartará el derecho que tenga cualquier
reclamante de acudir a los tribunales de justicia cuando quiera obtener
compensación adicional a la que le provea el seguro. Esto significa que la parte perjudicada puede acudir al Tribunal
de Primera Instancia con una acción ordinaria de daños y perjuicios o con la
acción apropiada. De otra parte, la
Sec. 16-102A, supra, establece que “[n]o se fijará el pago de daños en aquellos
casos en que el conductor demuestre al tribunal que posee un seguro de
responsabilidad pública que cubre los daños causados por él o que la
víctima ya ha sido compensada”.
(Énfasis nuestro.) 9 L.P.R.A.
sec. 1872a. Esto se podría interpretar
de dos maneras, teniendo en mente la relación entre estas dos leyes y el
propósito de la Asamblea Legislativa al aprobarlas: primero, que si los daños
causados en un accidente a la propiedad de una persona resultan ser mayores a
la cubierta que ofrece el seguro, el conductor responsable podría estar sujeto
al procedimiento sumario de la Sec. 16-102A, supra, por la compensación debida,
a pesar de estar cubierto por el seguro de responsabilidad obligatorio; o
segundo, que la compensación razonable a la que se refiere la Sec. 16-102A,
supra, es una suma que no excederá de tres mil dólares ($3,000), según dispuso
el legislador en la Ley de Seguro de Responsabilidad Obligatorio. Si excediere esta suma, la única opción
disponible para el reclamante sería presentar una acción ordinaria para
recobrar el exceso a los tres mil dólares ($3,000) y así poder obtener la
cuantía total de daños a que tenga derecho.
Esta segunda alternativa nos parece la más razonable y la que mejor
cumple con el propósito legislativo tanto de la Ley de Vehículos y Tránsito de
Puerto Rico como de la Ley de Seguro de Responsabilidad Obligatorio. Por lo tanto, la “cantidad razonable” a la
que se refiere la Sec. 16-102A de la Ley de Vehículos y Tránsito de Puerto
Rico, como compensación para el pago de daños a la propiedad, no deberá exceder
del máximo dispuesto en la Ley de Seguro de Responsabilidad Obligatorio, que en
la actualidad es de tres mil dólares ($3,000).
VI
Con relación al descubrimiento de
prueba que se permitiría en un procedimiento al amparo de la Sec. 16-102A,
supra, el foro de instancia tiene amplia discreción para limitar el mismo de
forma tal que se evite el que se desvirtúe su carácter sumario. El tribunal vendrá obligado a supervisar
directamente los mecanismos de descubrimiento de prueba que habrán de
permitirse, tomando en consideración la complejidad o sencillez de las reclamaciones
involucradas,[15] el derecho de
las partes a tener una defensa adecuada y sobre todo el carácter remedial de la
Sec. 16-102A, supra. Recuérdese que la
determinación que el tribunal efectuare en un procedimiento de esta índole,
opera sin perjuicio de que las partes incoen una acción civil ordinaria para
reclamar daños y perjuicios, en la cual disfrutarán de las más amplias
garantías procesales. Dada la naturaleza
remedial especial sumaria del procedimiento civil que establece la Sec.
16-102A, supra, no constituirá cosa juzgada la referida determinación sobre
negligencia comparada. Para armonizar y
viabilizar este esquema, dicha sección permite que se deduzcan las cantidades
pagadas de la suma que el tribunal pueda imponer como resultado de la acción
civil ordinaria. En todo caso, la
acción civil ordinaria provee para un ajuste de las cantidades
correspondientes.
VII
Por las razones anteriormente
esbozadas, disentimos de la sentencia emitida por este Tribunal.
MIRIAM
NAVEIRA DE RODÓN
Juez
Asociada