2025 LEYES DE PUERTO RICO 2025

Ley Núm. 118 del año 2025

(P. de la C. 587); 2025, ley 118

Para enmendar el Artículo 18.1, Artículo 8, Artículo 17 y Artículo 18 de la Ley Núm. 121 de 2019, Carta de Derechos y la Política Pública del Gobierno de Puerto Rico a Favor de los Adultos Mayores.

Ley Núm. 118 de 2 de octubre de 2025

Para enmendar el Artículo 18.1, Artículo 8, Artículo 17 y Artículo 18 de la Ley 121-2019, según enmendada, conocida como “Carta de Derechos y la Política Pública del Gobierno de Puerto Rico a Favor de los Adultos Mayores”, a los fines de añadir al Negociado de Investigaciones Especiales de Puerto Rico, como una de las instituciones a las que se le podrá hacer un referido en casos de explotación financiera de adultos mayores y para otros fines relacionados.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Como resultado del aumento en la expectativa de vida promedio de las personas, la población mundial está envejeciendo, lo que se ha reflejado en un crecimiento mundial, en el número y la proporción de personas mayores en su población. Entre el 2010 y el 2020, la expectativa de vida de los puertorriqueños aumentó 2 años: de 79 años a 81 años. Según el Censo, Puerto Rico ha atravesado por un descenso alarmante en la tasa de natalidad, de 11.3 nacimientos por cada mil habitantes en el 2010 a 7.9 nacimientos por cada mil habitantes en el 2020; y se proyecta que ese número baje a 6.6 nacimientos vivos por cada mil habitantes para el 2050.

Para nuestro Gobierno, es medular el fortalecer los mecanismos de protección contra fraudes y abusos financieros, así como programas educativos para adultos mayores sobre gestión financiera. Esto incluye el desarrollo de campañas y alianzas para la protección de los activos y prevención del fraude, aumentando la colaboración entre las agencias de ley y orden (estatales y federales), las instituciones financieras y otras entidades.

En nuestra jurisdicción, existen diferentes leyes que condenan la explotación financiera de adultos mayores, como lo es el Artículo 127-C, del Código Penal de Puerto Rico, el cual tipifica como delito menos grave, la explotación financiera de fondos o bienes que no sobrepasen los dos mil quinientos dólares ($2,500). No obstante, cuando los fondos, activos o propiedad objeto de la explotación sobrepasan dicha cantidad, esta conducta es tipificada como delito grave.[1] Además, la explotación financiera es considerada como una modalidad de abuso y maltrato a personas de edad avanzada.[2] Dicho acto delictivo en contra de un envejeciente puede ser llevado a cabo por cualquier persona, incluyendo familiares, cuidadores, personas de confianza de la víctima, entre otros.

Ante esta problemática, resulta necesario tomar acciones concretas con miras a la prevención e implementación de la legislación vigente. Esta Asamblea Legislativa reconoce la importancia que tiene la población de adultos mayores, y el asegurarle la tranquilidad en esta etapa de su vida. Por ello, considera meritorio aprobar toda legislación necesaria, que redunde en fortalecer las entidades del Estado que puedan sumarse en los procesos investigativos, en aquellos casos de explotación financiera de adultos mayores. 

DECRÉTASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

Sección 1.— Se enmienda el Artículo 18.1 de la Ley 121-2019, según enmendada, para que se lea como sigue:

“Artículo 18.1. — Otras Personas que Informarán – Instituciones Financieras, Cooperativas y Compañías de Seguros.

“…

Para propósitos de este Artículo, se entenderá que sospecha razonable es la creencia de una persona prudente y razonable de que un tercero que acude a solicitar el desembolso de fondos lo está haciendo de forma impropia, sin consentimiento del dueño de la cuenta, mediante falsas pretensiones, engaño, intimidación, coerción y/o con fines de malversar los mismos en posible detrimento de los intereses económicos del adulto mayor. De retener provisionalmente los fondos deberá, en un término no mayor de cinco (5) días laborables:

(1)   …

(2)   hacer un referido al Negociado de Investigaciones Especiales, a la Policía de Puerto Rico, al Departamento de la Familia y a la Oficina de la Procuradora de las Personas de Edad Avanzada…

Cualquier retención de un desembolso, según autorizado en este Artículo no podrá extenderse por más de quince (15) días, contados a partir de la fecha en que se solicitó el desembolso, a menos que una de las agencias notificadas, según requiere esta Ley, solicite extender el término por diez (10) días adicionales o un tribunal con competencia lo extienda.

…

…

…”

Sección 2.— Se enmienda el Artículo 8 (d) de la Ley 121-2019, según enmendada, para que se lea como sigue:

“Artículo 8. — Responsabilidades y Coordinación con otros componentes del Gobierno.

…

…

…

…

El Departamento de la Familia, la Oficina del Procurador de las Personas de Edad Avanzada y las demás agencias y entidades del Gobierno elaborarán y adoptarán la reglamentación y los acuerdos colaborativos necesarios para la implantación de esta Ley, como se dispone a continuación, conforme a los recursos que tengan disponible: 

(a)    …

(b)   …

(c)    …

(d)   Departamento de Seguridad Pública hará lo siguiente: 

(1)   Asistir y colaborar con el personal del Departamento de la Familia cuando la seguridad de estas se encuentre en riesgo y así lo solicite. 

(2)   Colaborar activamente con el Departamento de la Familia en cualquier gestión afirmativa dirigida a ejercer la custodia de un adulto mayor y otros servicios relacionados con la protección de estos.

(3)   Comparecer a vistas judiciales para testificar sobre procedimientos investigativos en casos de maltrato, maltrato institucional, negligencia y/o negligencia institucional.

(4)   Policía de Puerto Rico: Desarrollar y apoyar a los consejos vecinales, sobre todo en comunidades donde existe una población numerosa de adultos mayores. Adiestrar a los efectivos de la policía para el manejo de casos de maltrato y otros que involucran a un adulto mayor.

(5)   Sistema 9-1-1: Adiestrar y capacitar al personal para atender las llamadas de los adultos mayores. Implementación de los protocolos necesarios para atender a esta población.

(6)   Manejo de Emergencias y Administración de Desastres: Incorporar en sus planes de trabajo medidas para estar debidamente organizados y preparados para el manejo de la población adulta mayor durante desastres y situaciones de emergencia.

(7)   Cuerpo de Bomberos: Adiestrar y capacitar a los integrantes del cuerpo para el manejo de situaciones de emergencia que involucran a un adulto mayor.

(8)   Emergencias Médicas: Adiestrar y capacitar al personal para atender las emergencias médicas que involucran al adulto mayor, incluyendo a la figura del cuidador formal o informal/familiar, el cual debe ser parte de atender la situación.

(9)   Negociado de Investigaciones Especiales: Colaborar activamente con el Departamento de la Familia en toda investigación y procesamiento de los casos de explotación financiera de adultos mayores, incluyendo aquellos en los que estén involucrados personal de un establecimiento residencial, hogar sustituto, o instituciones dedicadas al cuido de adultos mayores durante las veinticuatro (24) horas del día o parte de éstas.

(10)  Implantar e integrar en todos sus servicios, estrategias y acciones, aquellas medidas dirigidas al bienestar del adulto mayor y a un envejecimiento activo e inclusivo.”

(e) …

(f) …

(g) …

(h) …

(i) …

(j) …

(k) …

(l) …

(m)…

(n) …

Sección 3.— Se enmienda el Artículo 17 de la Ley 121-2019, según enmendada, para que se lea como sigue:

“Artículo 17. — Informes Profesionales y funcionarios obligados a informar.

Estarán obligados a informar aquellos casos donde exista o se sospeche que existe una situación de  maltrato, maltrato institucional, maltrato por negligencia,  o maltrato físico, emocional, financiero, explotación o abuso sexual entre otros, por negligencia institucional, hacia una persona adulta mayor: los profesionales o funcionarios públicos, instituciones médicohospitalarias, entidades públicas o privadas y privatizadas que, en su capacidad profesional y en el desempeño de sus funciones, tuvieren conocimiento o sospecha de que  una persona adulta mayor es, ha sido, o está en riesgo de ser víctima de  maltrato, maltrato institucional, maltrato por negligencia o maltrato por negligencia institucional; los profesionales de la salud, de la educación, del trabajo social, del orden público, las personas dedicadas a labores de dirección o trabajo en instituciones o establecimientos de cuidado que ofrezcan servicios de cuido durante un día de veinticuatro (24) horas o parte de este. Informarán tal hecho a través de la Unidad de Investigaciones Especiales (UIE) del Departamento de la Familia, a la Oficina del Procurador de las Personas de Edad Avanzada, a la Policía de Puerto Rico y al Negociado de Investigaciones Especiales del Departamento de Seguridad Pública.”

Sección 4.— Se enmienda el Artículo 18 de la Ley 121-2019, según enmendada, para que se lea como sigue:

“Artículo 18. — Otras Personas que Informarán

Cualquier persona que tuviere conocimiento o sospecha de que una persona adulta mayor es víctima de maltrato, maltrato institucional, maltrato por negligencia o maltrato por negligencia institucional informará tal hecho a través de la Unidad de Investigaciones Especiales (UIE) del Departamento de la Familia, a la Oficina del Procurador de las Persona de Edad Avanzada, a la Policía de Puerto Rico y al Negociado de Investigaciones Especiales del Departamento de Seguridad Pública en la forma que se dispone en esta Ley. La información así suministrada será mantenida en estricta confidencialidad, así como la identidad de la persona que suministró la información.”

Sección 5.—Vigencia.