2025 JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO 2025

 2025 DTS 083 SARAH GREEN V. LUCIO BIASE 2025TSPR083

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Sarah Greene, et als.

Peticionaria

v.

Lucio Biase, et als.

Recurrido

______________________________

Lucio Biase

Recurrido

v.

Macdara G Flaherty, et als.

Peticionario

Certiorari

2025 TSPR 83

216 DPR ___(2025)

216 D.P.R. ___, (2025)

2025 DTS 83, (2025)

Número del Caso:  CC-2025-0093

Fecha:  21 de agosto de 2025

 

Tribunal de Apelaciones: Panel XII

Representes legales de la parte peticionaria:

Lcdo. Alfredo Fernández Martínez

Lcdo. Miguel G. Laffitte

Lcdo. José M. Martínez Rivera

Representes legales de la parte peticionaria:

Lcdo. Rubén Arroyo Brenes

Lcda. Cristina M. Berríos González

 

Materia:  Ley de Aranceles; Derecho Apelativo –

Resumen: Aranceles que deben pagarse cuando se apelan dos dictámenes en dos casos consolidados.

 

ADVERTENCIA

Este documento está sujeto a los cambios y correcciones del proceso de compilación y publicación oficial de las decisiones del Tribunal Supremo. Su distribución electrónica se hace como un servicio público a la comunidad.

 

El Juez Asociado señor Candelario López emitió la Opinión del Tribunal.

En San Juan, Puerto Rico, a 21 de agosto de 2025.

 

En esta ocasión tenemos la oportunidad de aclarar la normativa procesal cuando, mediante un solo recurso apelativo presentado ante el Tribunal de Apelaciones, una parte acumula varias sentencias parciales resueltas por el Tribunal de Primera Instancia. En específico, tenemos que resolver si el Tribunal de Apelaciones erró en desestimar por falta de jurisdicción un recurso de apelación donde se apelaron oportunamente dos dictámenes emitidos en casos consolidados. Ello surge porque la parte peticionaria pagó los aranceles correspondientes a un solo recurso apelativo, cuando, a juicio del Tribunal de Apelaciones, debía pagar por dos recursos distintos. Como resultado, el foro intermedio desestimó el recurso por entender que una apelación presentada en tales circunstancias era ineficaz y le privó de evaluar la controversia en sus méritos.

Por considerar que el foro apelativo intermedio erró al desestimar el recurso de apelación presentado por la parte peticionaria, adelantamos que procede revocar la Sentencia recurrida. A continuación, exponemos los hechos que originaron el asunto ante nuestra consideración.

I

            Los hechos de este recurso tienen su origen en la celebración de una fiesta de cumpleaños. Durante la noche del 25 de noviembre de 2022, la señora Sarah Greene y el señor Michael Flaherty (parte peticionaria) celebraron el vigésimo cumpleaños de su hijo, en el Restaurante Melao by Mario Pagán, localizado en la urbanización Dorado Beach East. Al culminar la cena y tras haberse intoxicado con alcohol, el cumpleañero caminó del restaurante hasta su antigua residencia, ubicada en la misma urbanización.

Al momento de los hechos, la casa estaba ocupada por sus nuevos dueños, el señor Lucio Biase y la señora Monika Gilmore (parte recurrida). Según surge del expediente, el joven irrumpió ilegalmente en la propiedad mientras la Sra. Gilmore se encontraba adentro. Acto seguido, la Sra. Gilmore contactó a la compañía de seguridad privada de la urbanización, y sus guardias acudieron a la residencia, con la posterior intervención de la Policía de Puerto Rico. Por lo sucedido, el joven fue arrestado, y se le radicaron cargos criminales por violaciones al Código Penal de Puerto Rico.[1]

A raíz de los hechos esbozados, surgieron dos (2) casos ante el Tribunal de Primera Instancia (TPI), que son medulares para atender la controversia ante nos.

Primero, el 28 de agosto de 2023, la parte peticionaria presentó una Demanda sobre libelo, calumnia y difamación, en contra de la parte recurrida y MAPFRE Praico Insurance Company (MAPFRE).[2] Mediante esta, alegó que, tras lo sucedido en la noche del 25 de noviembre de 2022, la parte recurrida emprendió una campaña de difamación en la comunidad de Dorado Beach East, en su contra, ocasionándole daños y mancillando su nombre.[3] Por su parte, el 3 de noviembre de 2023, la codemandada MAPFRE interpuso una Reconvención reclamando a la parte peticionaria los daños a la propiedad perpetrada.

Así las cosas, el 24 de abril de 2024, la Sra. Greene presentó una Demanda Contra Tercero en la cual planteó que Multinational Insurance Company (Multinational) había emitido una póliza de seguros a su nombre, e incumplió con los términos y condiciones de esta. No obstante, el 25 de junio de 2024, Multinational solicitó la desestimación de la demanda en su contra, mediante una Moción de Sentencia Sumaria Parcial en Torno a la Demanda Contra Tercero.[4] El 17 de septiembre de 2024, el TPI notificó una Sentencia Parcial y desestimó con perjuicio la Demanda Contra Tercero presentada por la parte peticionaria en contra de Multinational.[5] En desacuerdo, el 2 de octubre de 2024, la parte peticionaria presentó una Moción de Reconsideración.[6]

El segundo pleito atendido por el TPI, referente a los hechos previamente esbozados, comenzó el 22 de noviembre de 2023. En esta ocasión, el Sr. Lucio Biase presentó una Demanda sobre daños y perjuicios en contra de la parte peticionaria y otros.[7] Alegó que sufrió daños como consecuencia de los actos realizados por el joven al irrumpir en su residencia de manera ilegal y violenta.

Por su parte, el 25 de abril de 2024, la parte peticionaria presentó otra Demanda Contra Tercero en contra de Multinational.[8] De la misma forma, el 25 de junio de 2024, Multinational presentó una Solicitud de Sentencia Sumaria Parcial.[9] Al igual que en el caso anterior, el foro primario emitió una Sentencia el 17 de septiembre de 2024, notificada el 19 de septiembre de 2024. Mediante esta, el TPI desestimó la Demanda Contra Tercero presentada en contra de Multinational por los mismos fundamentos esbozados en el caso núm. BY2023CV4757. De igual manera, el 4 de octubre de 2024, la parte peticionaria presentó una Moción de Reconsideración.[10]

Mediante Orden notificada el 19 de septiembre de 2024, el TPI ordenó la consolidación del caso SJ2023CV10926 con el caso de mayor antigüedad BY2023CV04757, al amparo de la Regla 38.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 38.1 y la Regla 15 de las Reglas para la Administración del Tribunal de Primera Instancia del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, 4 LPRA Ap. II-B, R. 15.[11]

En atención a las dos solicitudes de reconsideración presentadas por la parte peticionaria, el 30 de octubre de 2024, el TPI notificó una Resolución y Orden en la que atendió y rechazó ambas mociones simultáneamente. El foro expresamente sostuvo que “[e]xaminados los escritos de las partes, el Tribunal declara NO HA LUGAR las reconsideraciones presentadas por Sarah Greene”. Es decir, en un mismo dictamen, el TPI atendió dos mociones de reconsideración pertinentes a dos casos previamente consolidados.

Inconforme, el 2 de diciembre de 2024, la parte peticionaria presentó un (1) recurso de Apelación ante el Tribunal de Apelaciones (TA). Mediante su escrito, solicitó la revocación de las dos (2) Sentencias Parciales emitidas por el TPI en cada uno de los pleitos previamente consolidados.

El 18 de diciembre de 2024, el TA notificó la Sentencia recurrida y desestimó el recurso de apelación.[12] Indicó que la parte peticionaria presentó un solo recurso con el propósito de apelar dos sentencias parciales, pero sin pagar los aranceles correspondientes. Explicó que la parte peticionaria presentó dos demandas contra tercero en contra de Multinational, una en el caso sobre difamación (BY2023CV04757) y otra en el caso sobre daños y perjuicios (SJ2023CV10926). Al respecto, esbozó lo siguiente:

Evaluadas las mociones y sus respectivas oposiciones, el foro primario determinó con lugar las solicitudes de desestimación vía dos sentencias parciales, ambas emitidas el 17 de septiembre de 2024 con los requisitos expuestos en la Regla 42.3 de Procedimiento Civil. Si bien el foro primario consolidó los referidos casos el 19 de septiembre de 2024 y resolvió las respectivas solicitudes de reconsideración de la apelante en una sola Resolución y Orden, las sentencias parciales en controversia no son determinaciones interlocutorias, más que fueron emitidas y notificadas separadamente, cada una conteniendo un lenguaje parcialmente distinto al otro.

Por tanto, y por lo dispuesto en nuestro ordenamiento, la apelante dejó de pagar los aranceles correspondientes a lo que debían ser dos recursos distintos y, en consecuencia, la apelación presentada en tales circunstancias es ineficaz y priva a este Tribunal de Apelaciones de jurisdicción para evaluar la controversia en sus méritos.

Nuevamente en desacuerdo, el 2 de enero de 2025, la parte peticionaria presentó una Moción de Reconsideración, la cual fue rechazada mediante Resolución notificada el 15 de enero de 2025.

Así las cosas, el 14 de febrero de 2025, la parte peticionaria presentó el recurso de epígrafe y esbozó los siguientes señalamientos de error:

PRIMER ERROR: ERRÓ El TRIBUNAL DE APELACIONES AL DESESTIMAR EL RECURSO DE APELACIÓN POR FALTA DE JURISDICCIÓN CUANDO LA CIRCUNSTANCIA QUE TENÍA ANTE SÍ ERA PRÁCTICAMENTE IDÉNTICA A SILVA BARRETO V. TEJADA MARTELL, 199 DPR 311 (2017): OPORTUNAMENTE Y EN UN SOLO RECURSO, UNA PARTE SOLICITÓ LA REVISIÓN DE DOS DICTÁMENES EMITIDOS EN UN MISMO PLEITO.

 

SEGUNDO ERROR: ERRÓ EL TRIBUNAL DE APELACIONES AL CASTIGAR CON LA FATAL DESESTIMACIÓN DE SU RECURSO A UNA PARTE QUE FUE DILIGENTE Y PRESENTÓ EL ARANCEL CORRESPONDIENTE DE $102.

 

TERCER ERROR: ERRÓ EL TRIBUNAL DE APELACIONES AL NEGARSE A RECONSIDERAR LA DESESTIMACIÓN QUE DECRETÓ MOTU PROPRIO, PESE A QUE EN RECONSIDERACIÓN SE LE ADVIRTIÓ QUE LA SECRETARÍA DEL TRIBUNAL DE APELACIONES ACEPTÓ EL RECURSO DE APELACIÓN CON EL ARANCEL DE $102 CON EL QUE SE SOMETIÓ Y PESE A QUE EN RECONSIDERACIÓN -Y EN ARAS DE SALVAGUARDAR SU DERECHO A REVISAR DOS DICTÁMENES MANIFIESTAMENTE ERRÓNEOS EMITIDOS EN EL MISMO PLEITO- LA PROMOVENTE PRESENTÓ UN SEGUNDO ARANCEL DE $102, DISIPANDO CON ELLO EL ESCOLLO ECONÓMICO EXIGIDO POR LA MAYORÍA DEL PANEL DEL TRIBUNAL DE APELACIONES.

 

CUARTO ERROR: EN LA ALTERNATIVA, ERRÓ EL TRIBUNAL DE APELACIONES AL -SI SE TOMARA COMO CIERTA SU DETERMINACIÓN DE INAPLICABILIDAD DE SILVA BARRETO V. TEJADA MARTELL, SUPRA- NEGARSE A DESESTIMAR POR PREMATURO EL RECURSO DE APELACIÓN POR FALTA DE NOTIFICACIÓN ADECUADA DEL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA DE LAS DENEGATORIAS DE LAS DOS MOCIONES DE RECONSIDERACIÓN EMITIDAS EN EL CASO CONSOLIDADO.

Examinado el recurso, el 28 de marzo de 2025 expedimos el auto solicitado. Procedemos a resolver.

II

A.    Jurisdicción

La jurisdicción es "el poder o autoridad con que cuenta un tribunal para considerar y decidir los casos y las controversias ante su consideración". Metro Senior v. AFV, 209 DPR 203, 208-209 (2022); Beltrán Cintrón et al. y. ELA et al., 204 DPR 89, 101 (2020). En función de ello, los tribunales deben ser celosos al constatar su jurisdicción y carecen de discreción para asumirla si no la poseen. Allied Mgmt. Group v. Oriental Bank, 204 DPR 374, 386 (2020).

Por tanto, cuando un tribunal determina que carece de jurisdicción, lo único que puede hacer es declararlo y desestimar el caso en sus méritos. Beltrán Cintrón et al. v. ELA et al., supra, en la pág. 102; Cancel Rivera v. González Ruiz, 200 DPR 319, 329-330 (2018). Así, los asuntos jurisdiccionales deben ser resueltos con preferencia, pues una sentencia dictada sin jurisdicción es nula y se considera inexistente. Metro Senior v. AFV, supra, en la pág. 209; Shell v. Srio. Hacienda, 187 DPR 109, 123 (2012).

B.     Derecho Arancelario

Sabido es que, siempre que una parte presenta un escrito de apelación o certiorari ante el Tribunal de Apelaciones, viene obligada a pagar los derechos arancelarios correspondientes. Silva Barreto v. Tejada Martell, 199 DPR 311, 316 (2017); M-Care Compounding et al. v. Depto. Salud, 186 DPR 159, 176 (2012). Como norma general, el pago de los aranceles de presentación es un requisito sine qua non para el perfeccionamiento de los recursos apelativos. De lo contrario, conforme dispone la Ley de Aranceles de Puerto Rico, Ley Núm. 17 de 11 de marzo de 1915, según enmendada, 32 LPRA sec. 1481 (2017), el documento se reputará nulo y se tendrá por no presentado.

A esos efectos, nuestro ordenamiento reconoce una serie de excepciones a la nulidad por falta de pago de aranceles: (1) si la persona es indigente; (2) cuando la deficiencia arancelaria ocurre sin intervención de la parte ni intención de defraudar, sino por inadvertencia de un funcionario judicial, quien acepta por equivocación un escrito sin pago alguno o por una cantidad menor de los aranceles que corresponden; y (3) si el Secretario del tribunal correspondiente instruyó erróneamente a la parte, sin intervención de esta última, colusión o intención de defraudar. M-Care Compounding et al. v. Depto. Salud, supra, en las págs. 176-177, citando la Sec. 6 de la Ley de Aranceles de Puerto Rico, 32 LPRA sec. 1482. No obstante, toda vez que el error en el pago de aranceles se deba a la parte o su abogado, no se reconocerá excepción alguna, por lo cual el documento será nulo y, en efecto, carecerá de validez. Íd.

C.    Economía procesal: recursos conjuntos y consolidaciones

Nuestro ordenamiento jurídico siempre se ha destacado por la aspiración de facilitar el acceso a los tribunales y el manejo de los procesos judiciales, garantizando una solución justa, rápida y económica para todas las partes. La primera regla de las Reglas de Procedimiento Civil, supra, establece lo propio para todos los procedimientos de naturaleza civil ante el Tribunal General de Justicia. A esos efectos, la Regla 38.1 de Procedimiento Civil dispone que, ante pleitos que comprendan cuestiones comunes de hechos o de derecho, el TPI podrá ordenar que todos los pleitos sean consolidados y podrá dictar aquellas órdenes que eviten gastos o dilaciones innecesarias.

Por su parte, el Tribunal de Apelaciones también está llamado a cumplir con el objetivo de la Ley de la Judicatura del Estado Libre Asociado de Puerto Rico de 2003, Ley Núm. 201-2003, 4 LPRA sec. 24u, y dar mayor acceso a la ciudadanía a los procesos judiciales. En específico, el Tribunal de Apelaciones debe ofrecer acceso fácil, económico y efectivo a sus procedimientos, eliminando obstáculos y barreras que impidan impartir justicia apelativa a los ciudadanos con reclamos válidos. Véase, también, la Regla 2 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 2.

A tenor con lo esbozado, la Regla 17 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones permite que varias personas afectadas por una misma sentencia, y cuyos derechos en alzada sean compatibles, presenten un solo recurso de apelación conjuntamente. Además, el foro intermedio tiene la facultad de consolidar apelaciones que hayan sido presentadas individualmente, por iniciativa propia, o a solicitud de parte. Silva Barreto v. Tejada Martell, supra, en las págs. 316-317. Igualmente, la Regla 80.1 del referido Reglamento le confiere al TA la potestad de consolidar resoluciones u órdenes motu proprio o a solicitud de parte. Véase, también, Silva Barreto v. Tejada Martell, supra, en la pág. 317.

En M-Care Compounding et al. v. Depto. Salud, supra, en las págs. 182-183, decretamos que las normativas procesales esbozadas en la Regla 17 del Reglamento del foro intermedio únicamente contempla la presentación conjunta cuando más de una persona pretende recurrir de un mismo dictamen. Sin embargo, en Silva Barreto v. Tejada Martell, supra, en las págs. 321-322, resolvimos que una (1) parte sí puede apelar varias determinaciones interlocutorias del TPI simultáneamente, siempre y cuando provengan de un mismo caso y que el recurso se presente dentro del término dispuesto en ley. Es decir, autorizamos que una (1) parte acumulara en un solo recurso apelativo varias determinaciones interlocutorias del foro primario en un mismo pleito, condicionado a que el recurso fuese presentado oportunamente en alzada. Íd.

III

En el recurso ante nuestra consideración, la parte peticionaria sostiene que el Tribunal de Apelaciones erró al decretarse sin jurisdicción y desestimar su recurso de apelación. A saber, señaló que el foro intermedio debió aplicar por analogía la doctrina que establecimos en Silva Barreto v. Tejada Martell, supra, por tratarse de circunstancias similares en donde se utilizó un (1) recurso apelativo para solicitar la revisión de dos (2) dictámenes emitidos en un mismo proceso judicial. Le asiste la razón.

En primer lugar, comenzamos por reafirmar el alcance de lo resulto en Silva Barreto v. Tejada Martell, supra, con el propósito de distinguir de la controversia que hoy nos ocupa los pronunciamientos esbozados en aquella ocasión. En el referido caso, una parte elevó a la atención del Tribunal de Apelaciones dos (2) resoluciones interlocutorias emitidas como parte de un (1) procedimiento judicial. Es decir, mediante un solo recurso apelativo, el peticionario cuestionó (2) dos determinaciones interlocutorias promulgadas por un mismo tribunal, en un mismo proceso judicial y notificadas en una misma fecha. Al momento de resolver, revocamos la determinación del Tribunal de Apelaciones al declararse sin jurisdicción para atender los reclamos presentados. Guiados por consideraciones de justicia y economía procesal, establecimos que una parte podía acumular en un mismo recurso apelativo varias determinaciones interlocutorias del foro primario, emitidas en un mismo caso, condicionado a que el recurso se presentara oportunamente en alzada.

Por otro lado, en el presente caso, tenemos un (1) recurso apelativo mediante el cual se apelaron (2) dos dictámenes emitidos en la misma fecha, por la misma juzgadora, en un caso consolidado. A saber, el tracto procesal de ambos pleitos consolidados fue prácticamente idéntico: (1) la parte peticionaria presentó una Demanda Contra Tercero con el propósito de incluir a Multinational en el pleito; (2) Multinational solicitó la desestimación de la demanda en su contra mediante Solicitud de Sentencia Sumaria; (3) el 17 de septiembre de 2024, el TPI emitió una Sentencia Parcial, resolviendo a favor de Multinational; y (4) el 19 de septiembre de 2024, el foro primario ordenó la consolidación de ambos casos, al amparo de la Regla 38.1 de Procedimiento Civil.

A pesar de que la parte peticionaria solicitó la reconsideración de ambas sentencias individualmente, el TPI, habiendo consolidado ambos casos, optó por atendarlas y rechazarlas mediante una sola Resolución y Orden.[13]

Es en ese momento que, siguiendo el curso de acción del foro primario, la parte peticionaria decidió apelar ambas determinaciones mediante la presentación de un solo recurso apelativo.[14] En otras palabras, la parte peticionaria pagó el arancel de $102.00, ante el Tribunal de Apelaciones, por un (1) recurso de apelación en el que solicitó revisar dos (2) sentencias emitidas por la misma jueza del TPI de Bayamón, en la misma fecha, y en un caso consolidado. Esto ocurrió después de que el foro primario denegara la solicitud de reconsideración de ambas sentencias, mediante un solo dictamen.

Aún así, evaluado el recurso apelativo, el TA determinó que no era de aplicación el precedente establecido en Silva Barreto v. Tejada Martell, supra, por razón de que no fueron impugnadas determinaciones interlocutorias. Por tanto, desestimó el recurso por falta de jurisdicción, al entender que la parte peticionaria pretendía apelar dos sentencias parciales pagando los aranceles correspondientes a la apelación de una solamente.[15]

No obstante, mediante un solo recurso apelativo, al igual que en Silva Barreto v. Tejada Martell, supra, la parte peticionaria cuestionó dos (2) determinaciones promulgadas por un mismo tribunal, en un mismo proceso judicial y notificadas en una misma fecha. Para aquel entonces, al cuestionarnos qué justificación existía para obligar al peticionario a presentar dos recursos por separado, esta Curia expresó que “[e]n la eventualidad del foro primario haber dispuesto de los asuntos en cuestión en una misma resolución, se hubiesen podido atender esas determinaciones a través de un solo recurso. Es decir, bajo este supuesto, era viable impugnar estos asuntos, aunque diversos, dentro de un mismo trámite en alzada”. Íd., en la pág. 320. Por tanto, estando ante una situación en la que se apelaron dos sentencias resueltas en una misma Resolución y Orden, no identificamos razón alguna para obligar a la parte peticionaria a tener que presentar recursos separados ante el Tribunal de Apelaciones. La exigencia con este curso de acción, bajo estas circunstancias, laceraría el principio de economía procesal que permea todo nuestro ordenamiento y el cual debemos tener como norte al descargar nuestras funciones de implementar la forma y manera de acceder al Tribunal de Apelaciones. Íd., en la pág. 321.

Es menester que tengamos presente que nuestros pronunciamientos deben fomentar la agilización de los trámites judiciales y promover la economía procesal, para dar paso a un proceso justo, rápido y económico. Conforme establecen las Reglas de Procedimiento Civil, la Ley de la Judicatura, y el Reglamento del Tribunal de Apelaciones, los procesos que se instauren deben viabilizar un acceso dinámico, económico y efectivo ante el foro apelativo intermedio. Silva Barreto v. Tejada Martell, supra, en la pág. 321. Ante una situación que no ha sido atendida expresamente por el Reglamento del Tribunal de Apelaciones, ni la jurisprudencia, no estamos impedidos de delinear los criterios necesarios y equitativos para abordar un asunto como el que nos ocupa. A esos efectos, estamos encomendados a establecer pautas que promuevan que los trámites judiciales se efectúen de manera ágil, accesible y justa. Íd.

Así las cosas, en vista de continuar fomentando la justicia y economía procesal, y en aras de promover el acceso a los tribunales, coincidimos con la apreciación del Voto Disidente del Tribunal de Apelaciones a los efectos de que procedía aplicar, por analogía, la norma establecida en Silva Barreto v. Tejada Martell, supra. A saber, que, en un (1) recurso apelativo, un apelante podrá acumular varias sentencias parciales emitidas en un caso, sujeto a que el recurso se presente oportunamente en alzada.[16] Dicho de otro modo, las partes tendrán la oportunidad de acudir al foro apelativo intermedio, mediante un solo recurso, para impugnar varias sentencias del TPI, siempre y cuando hayan sido presentadas dentro del término apelativo correspondiente.

En vista a lo anterior, erró el Tribunal de Apelaciones al declararse sin jurisdicción para atender los reclamos de la parte peticionaria por considerar que esta dejó de pagar los aranceles correspondientes a lo que, a su juicio, debían ser dos recursos distintos.

IV.

Por los fundamentos antes expuestos, se revoca la sentencia del Tribunal de Apelaciones y se devuelve el caso para que atienda el recurso en sus méritos. A tenor con lo esbozado, se extiende la norma de Silva Barreto v. Tejada Martell, supra, por analogía, a efectos de permitir que, en un (1) recurso apelativo, un apelante acumule varias sentencias parciales emitidas en un caso, sujeto a que el recurso se presente oportunamente en alzada.

Se dictará Sentencia de conformidad.

Raúl A. Candelario López

Juez Asociado

SENTENCIA

 

En San Juan, Puerto Rico, a 21 de agosto de 2025.

 

Por los fundamentos expuestos en la Opinión que antecede, los cuales se hacen formar parte de esta Sentencia, se revoca la Sentencia del Tribunal de Apelaciones y se devuelve el caso para que atienda el recurso en sus méritos. A tenor con lo esbozado, se extiende la norma de Silva Barreto v. Tejada Martell, supra, por analogía, a efectos de permitir que, en un (1) recurso apelativo, un apelante acumule varias sentencias parciales emitidas en un caso, sujeto a que el recurso se presente oportunamente en alzada.

 

Lo acordó el Tribunal y certifica el Secretario del Tribunal Supremo. La Jueza Asociada señora Pabón Charneco emite una Opinión Disidente. La Jueza Asociada Rivera Pérez no interviene.

 

Javier O. Sepúlveda Rodríguez

Secretario del Tribunal Supremo