2025 JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO 2025

2025 DTS 126 DACO V. LUMA ENERGY, 2025TSPR126

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Departamento de Asuntos del Consumidor

Peticionario

v.

Luma Energy, LLC; LUMA Energy ServCo, LLC;

Negociado de Energía de Puerto Rico; Autoridad de Energía Eléctrica

Recurridos

2025 TSPR 126

216 DPR ___, (2025)

216 D.P.R. ___, (2025)

2025 DTS 126, (2025)

Número del Caso:  CT-2025-0003

Fecha:  1 de diciembre de 2025

-Véase Opinión del Tribunal

Opinión Concurrente emitida por el Juez Asociado señor COLÓN PÉREZ a la que se une la Jueza Presidenta ORONOZ RODRÍGUEZ.

En San Juan, Puerto Rico, a 1 de diciembre de 2025.

En medio de la crisis energética por la que atraviesa el País, caracterizada por las continuas y constantes interrupciones en el servicio eléctrico, -- ocasionadas, en gran parte, debido al desconocimiento que ha demostrado tener la empresa privada que maneja el mismo --, alguien debe y tiene que responderle a las consumidoras y los consumidores puertorriqueños cuando, en escenarios como los antes descritos, sufren cuantiosas e innumerables pérdidas. Habiendo examinado cuidadosa y detenidamente los deberes y las responsabilidades que las empresas LUMA Energy, LLC y LUMA Energy ServCo., LLC  (en adelante  y  en conjunto,  “LUMA Energy”) contrajeron con el Pueblo de Puerto Rico, en el momento en que contractualmente se obligaron a proveer los servicios de transmisión, distribución y mantenimiento de nuestra red eléctrica, notamos que es la referida empresa privada la llamada a responder por las pérdidas antes descritas.[1] Cualquier interpretación en contrario que sobre esto último se haya realizado, particularmente aquella que realizó el Negociado de Energía de Puerto Rico (en adelante, “Negociado de Energía”), no tiene cabida en nuestro ordenamiento jurídico. Por ello, concurrimos con el resultado al que llega una mayoría de este Tribunal en el presente caso. Nos explicamos.

Los hechos que dan vida al presente litigio se recogen con particular precisión en la Opinión que hoy emite este Tribunal, razón por la cual hemos decidido adoptar los mismos por referencia. En esencia, y en lo que respecta a la causa de epígrafe, veníamos llamadas y llamados a resolver si cierta Resolución y Orden emitida por el Negociado de Energía excedía las facultades delegadas por la Asamblea Legislativa a la referida agencia administrativa y, en consecuencia, la misma era nula. Mediante dicho dictamen, y a grandes rasgos, el Negociado de Energía relevó a LUMA Energy y a la Autoridad de Energía Eléctrica (en adelante, “AEE”) de responsabilidad, tanto contractual como extracontractual, en aquellos casos en que, como consecuencia de su negligencia en el manejo de nuestra red eléctrica, se causasen daños a las consumidoras y los consumidores puertorriqueños.

Al acercarse a dicha controversia, una mayoría de mis compañeras y compañeros de estrado correctamente resuelven que, en efecto, la referida Resolución y Orden es nula, toda vez que el mencionado organismo administrativo no tiene la autoridad ni la facultad en ley para eximir o limitar la responsabilidad civil por la que una parte viene llamada a responder en escenarios donde ésta cause daños a otros como consecuencia de su negligencia. Y es que no podía ser de otra forma.

Como sabiamente lo ha ilustrado a lo largo de todo este litigio el Instituto de Competitividad y Sostenibilidad Económica, -- hábilmente representado por los licenciados Fernando E. Agrait y José L. Pou --, en Puerto Rico, la autoridad para eximir de responsabilidad civil, en escenarios como los aquí bajo estudio, corresponde exclusivamente a la Asamblea Legislativa, y no a organismos administrativos. Máxime, si tomamos en consideración que, el asunto de la delimitación de la responsabilidad civil, en el contexto de los temas que hoy nos ocupan, debe ser tomado como uno no tarifario. Con dicha apreciación, y con los muy bien elaborados fundamentos que desarrolló el Instituto de Competitividad y Sostenibilidad Económica en apoyo a ésta, coincidimos.

Recordemos que, en virtud de la doctrina de separación de poderes,[2] es la Asamblea Legislativa quien tiene la prerrogativa de crear, -- mediante la aprobación de una ley --, una agencia administrativa y delegarle a ésta ciertos poderes para que actúe conforme a los propósitos para los cuales fue creada. DACo v. AFSCME, 185 DPR 1, 12 (2012); López Nieves v. Méndez Torres, 178 DPR 803, 810 (2010); Caribe Comms., Inc. v. PRTCo., 157 DPR 203, 211 (2002). “Esa delimitación de poderes precisa la acción administrativa y las circunstancias en las que puede actuar la agencia”. López Nieves v. Méndez Torres, supra. Véase, D. Fernández Quiñones, Derecho administrativo y Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme, 2.^a ed., Bogotá, Ed. Forum, 2001, pág. 517. Así, cuando una agencia administrativa actúa por encima de los poderes que le fueron delegados, esa actuación se considera nula. R&B Power, Inc. v. Junta de Subastas de la Administración de Servicios Generales, 213 DPR 685, 701 (2024); FCPR v. ELA et al., 211 DPR 521, 536 (2023); Amieiro González v. Pinnacle Real Estate, 173 DPR 363, 371 (2008).

En lo referente al Negociado de Energía, y según se desprende de su ley habilitadora, a la referida agencia administrativa se le delegaron, entre otros, los siguientes poderes: (1) establecer e implementar los reglamentos, así como las acciones regulatorias necesarias para garantizar la capacidad, confiabilidad, seguridad, eficiencia y razonabilidad en tarifas del sistema eléctrico; (2) fiscalizar todo lo relacionado con la calidad, eficiencia y confiabilidad del servicio eléctrico provisto por las compañías de energía en el País; (3) garantizar el acceso universal al servicio eléctrico; (4) implementar estrategias para cumplir con los objetivos de la ley en cuestión, incluyendo la reducción y estabilización de los costos energéticos permanentemente y controlar la volatilidad del precio de electricidad, entre otros; (5) emitir órdenes y otorgar los remedios legales necesarios para hacer efectivos los propósitos del precitado estatuto y hacer que se cumplan sus reglas, reglamentos, órdenes y determinaciones; y (6) revisar decisiones finales emitidas en querellas y solicitudes de investigación presentadas por las consumidoras y los consumidores puertorriqueños ante las compañías de energía. Ley Núm. 57 de 27 de mayo de 2014, mejor conocida como la Ley de Transformación y ALIVIO Energético, 22 LPRA sec. 1051 et seq., incisos (c)-(f), (pp), (rr). Como se puede apreciar, entre las facultades delegadas al Negociado de Energía, no estuvo, -- como correctamente sostiene una mayoría de este Tribunal --, el poder de conceder inmunidad a una entidad privada en reclamaciones por responsabilidad civil, como consecuencia de su negligencia.

En ese sentido, cualquier cláusula contractual contenida en el Puerto Rico Transmission and Distribution System Operation and Maintenance Agreement que viabilice o pudiese viabilizar tal proceder, -- como lo sería la Sección 4.1(g) del mismo --, tendría una presunción de nulidad por considerarse ultra vires.[3] Lo anterior así, ya que, según mencionamos, un organismo administrativo, -- en este caso, el Negociado de Energía --, no tiene la autoridad ni la facultad para eximir o limitar la responsabilidad civil por la que una parte viene llamada a responder en escenarios donde ésta cause daños a otros como consecuencia de su negligencia. Ello, como ha sido previamente sentenciado por este Tribunal en innumerables ocasiones, recae bajo los poderes de la Asamblea Legislativa.[4]

Por último, es norma reiterada que, en los sistemas civilistas como el nuestro, los contratos constituyen ley entre las partes. Carmen Carrasquillo Pérez v. Asociación Consejo de Titulares del Condominio Parque 352, 214 DPR 1033, 1050 (2024); Efraín Echandi v. Stewart Title Guaranty Co., 174 DPR 355, 369 (2008); Wanda Monteagudo Pérez v. Estado Libre Asociado de Puerto Rico, 172 DPR 12, 20 (2007). Así pues, como regla general, se hará valer la voluntad de los contratantes, según expresado en el acuerdo habido entre éstos. Carmen Carrasquillo Pérez v. Asociación Consejo de Titulares del Condominio Parque 352, supra; Jiménez López v. SIMED, 180 DPR 1, 10 (2010); López v. Atlantic Southern Ins. Co., 158 DPR 562, 569 (2003). Ahora bien, lo anterior será así siempre y cuando el contrato, -- o alguna de sus cláusulas --, no sea contrario a la ley, la moral o el orden público. Art. 342, Código Civil de Puerto Rico de 2020, 31 LPRA sec. 6312. Véase también Vélez v. Izquierdo, 162 DPR 88, 98 (2004); S.L.G. Irizarry v. S.L.G. García, 155 DPR 713, 724-725 (2001). En dichos escenarios, el contrato en su totalidad o la cláusula de la que se trate se considerara nula. Íd. No albergamos duda alguna que la Sección 4.1(g) del Puerto Rico Transmission and Distribution System Operation and Maintenance Agreement es una de éstas últimas, lo que, a nuestro juicio, también abona a la conclusión a la que hoy llegan una mayoría de mis compañeras y compañeros de estrado, con la cual el juez que suscribe concurre.

En fin, como ha quedado claramente demostrado a lo largo de este escrito, en nuestro ordenamiento jurídico, es el Poder Legislativo el que tiene la prerrogativa de eximir, a modo de excepción, a una parte de responsabilidad civil, -- o establecer los límites hasta los que responderá --, ante la eventualidad de que, por su culpa o negligencia, le cause daño a otra. Esto es así, pues, para otorgar tal privilegio, es indispensable la aprobación de una ley a esos efectos; un poder que, como indicamos, recae, única y precisamente, sobre este último.

No podía, pues, el Negociado de Energía, ejerciendo poderes que sólo le competen a la Asamblea Legislativa, -- y que, dicho sea de paso, tampoco le fueron delegados al referido ente mediante su ley habilitadora --, eximir a LUMA Energy de responsabilidad cuando, por sus propios actos negligentes, cause daños a las consumidoras y los consumidores puertorriqueños. Al así hacerlo, el Negociado de Energía, sin lugar a dudas, se extralimitó de las facultades que le fueron concedidas por el legislador y la legisladora para lograr su encomienda, actuando de una manera que no tiene cabida en nuestro sistema jurídico.

Por tanto, procedía, tal y como lo hizo una mayoría de este Tribunal, declarar la nulidad de la Resolución y Orden emitida por el Negociado de Energía el 31 de mayo de 2021. LUMA Energy, como cualquier otra persona, natural o jurídica, -- en ausencia de legislación que disponga lo contrario --, tiene la obligación de responder ante las consumidoras y los consumidores puertorriqueños para reparar aquellos daños que, por sus actos negligentes, le haya causado a éstos. El error señalado fue cometido.

Es, pues, por todo lo antes expuesto que concurrimos con el resultado al que hoy llega una mayoría de este Tribunal.

Ángel Colón Pérez

Juez Asociado