2026 JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO 2026

 2026 DTS 020 FREYRE MARTINEZ V. CONSEJO DE TITULARES, 2026TSPR020

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Rubén Freyre Martínez

Recurrido

v.

Consejo de Titulares y/o

Junta de Directores del Condominio Sol y Playa

Peticionario

Certiorari

2026 TSPR 20

217 DPR ___, (2026)

217 D.P.R. ___, (2026)

2026 DTS 20, (2026)

Número del Caso:  CC-2024-0784

Fecha:  5 de marzo de 2026

 

Tribunal de Apelaciones: Panel XI

Representantes legales de la parte peticionaria:                     

Lcdo. Ramón Pérez González

Lcda. Amy A. Ruiz Goyco

Representante legal de la parte recurrida:

Lcdo. José G. Barea Fernández

 

Materia: Derecho Administrativo; Propiedad Horizontal –

Resumen: Figura de la rebeldía en el contexto administrativo. La interpretar la Sección 3.10 de la Ley Núm. 38-2017, según enmendada, Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme del Gobierno de Puerto Rico, 3 LPRA sec. 9650, y examinar su interrelación con los principios procesales aplicables a la rebeldía, conforme a las Reglas de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V. Procede la desestimación sumaria de una querella presentada en el DACo ante el incumplimiento con los requisitos dispuestos en el Art. 65 de la Ley de Condominios.

 

ADVERTENCIA

Este documento está sujeto a los cambios y correcciones del proceso de compilación y publicación oficial de las decisiones del Tribunal Supremo. Su distribución electrónica se hace como un servicio público a la comunidad.

 

Opinión del Tribunal emitida por la Jueza Asociada Rivera Pérez.

 

En San Juan, Puerto Rico, a 5 de marzo de 2026.

            En esta ocasión, tenemos la oportunidad de expresarnos, por primera vez, sobre la figura de la rebeldía en el contexto administrativo. En específico, nos corresponde interpretar la Sección 3.10 de la Ley Núm. 38-2017, según enmendada, Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme del Gobierno de Puerto Rico, 3 LPRA sec. 9650, y examinar su interrelación con los principios procesales aplicables a la rebeldía, conforme a las Reglas de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V.

Por otro lado, en el presente caso, nos corresponde determinar si procedía la desestimación sumaria de la Querella presentada por el Sr. Rubén Freyre Martínez (recurrido) ante el Departamento de Asuntos al Consumidor (DACo), por alegado incumplimiento con los requisitos del Art. 65 de la Ley Núm. 129-2020, según enmendada, Ley de Condominios, 31 LPRA sec. 1923j, para presentar una acción de impugnación de acuerdos del Consejo de Titulares. En otras palabras, debemos evaluar si el recurrido cumplió con los requerimientos de participación en la asamblea y votación en contra del acuerdo o, en su defecto, si justificó adecuadamente su incomparecencia, según dispone la referida disposición legal, como condición previa para ejercer dicha acción impugnatoria.

Anticipamos que, evaluada la Querella instada por el señor Freyre Martínez, de esta no surge alegación alguna que justificara su incomparecencia a las asambleas. De igual manera, destacamos que tampoco el expediente del caso contiene alegación o documentación alguna que acredite que el señor Freyre Martínez compareció a las asambleas y que votó en contra de los acuerdos alcanzados en estas, ni evidenció justa causa para su incomparecencia. A su juicio, este consideraba estar exento del pago de las derramas en virtud de un dictamen judicial previo que declaró nula la reconstrucción de varias áreas comunes. Sin embargo, concluimos que esto no constituye la justa causa que requiere el Art. 65 de la Ley Núm. 129-2020, supra. Por lo cual, procedía la desestimación sumaria de la Querella.

Por lo tanto, en este caso, el DACo actuó correctamente al desestimar la causa de acción por incumplimiento con el Art. 65 de la Ley Núm. 129-2020, supra. En vista de ello, el Tribunal de Apelaciones erró al revocar dicha determinación.

I

El caso que nos ocupa guarda estrecha relación con el caso civil Junta de Planificación del Gobierno de Puerto Rico v. Condominio Sol y Playa y otros.[1] En ese caso, el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Aguadilla, declaró nulo un permiso de construcción otorgado para la remodelación de una piscina, jacuzzi, baños, gazebos, la reparación de aceras existentes y la construcción de nuevas aceras, en un área ocupada por las facilidades recreativas del Condominio Sol y Playa, localizado en el municipio de Rincón.[2] En consecuencia, el foro primario ordenó la paralización de las obras de construcción iniciadas en el Condominio. Además, ordenó la demolición de toda estructura construida al amparo del referido permiso, la remoción de los escombros de la propiedad y la restitución del área a su estado natural.

Por otra parte, mientras el caso se ventilaba en el Tribunal de Primera Instancia, el DACo atendía de forma simultánea varias querellas radicadas por titulares del Condominio, entre ellas, una del recurrido, contra la Junta de Directores y el Consejo de Titulares (peticionarios). En dichas querellas se impugnaba la derrama aprobada por el Consejo en la asamblea celebrada el 5 de octubre de 2019, destinada a la reconstrucción de la verja, la piscina, los gazebos, los baños recreativos y el cuarto de máquinas para la piscina, los cuales habían sido destruidos por los huracanes Irma y María.[3]

El 28 de febrero de 2023, el DACo emitió una Resolución Sumaria con relación a las querellas presentadas por el señor Freyre Martínez y los demás titulares del Condominio.[4] En esa ocasión, la agencia administrativa determinó que el proyecto de reconstrucción, para el cual se había aprobado la derrama, no contaba con los permisos de construcción requeridos. Fundamentó su determinación en la Sentencia emitida por el TPI en el caso Junta de Planificación del Gobierno de Puerto Rico v. Condominio Sol y Playa y otros. Por tal razón, concluyó que la obra de construcción no podía llevarse a cabo en la forma en que fue aprobada y presentada en la asamblea. En consecuencia, el DACo declaró nula, y dejó sin efecto, la derrama aprobada el 5 de octubre de 2019 para la reconstrucción de las áreas comunes.

En lo que respecta al caso que nos ocupa, el 23 de octubre de 2023, el señor Freyre Martínez presentó la Querella Núm. C-SAN-2023-0017236 ante el DACo en contra de los peticionarios.[5] Cabe mencionar que la Notificación de Querella les apercibió a los peticionarios lo siguiente:

[e]l término que usted tiene para contestar la querella o enmienda es de veinte (20) días calendarios, a partir de la notificación de la querella. De no recibirse una contestación a la querella en dicho término se le anotará la rebeldía.

 

En lo pertinente a sus alegaciones, el señor Freyre Martínez indicó que había recibido cartas de cobro por parte de los peticionarios, relacionadas con cargos adicionales sobre la verja que fue construida ilegalmente. Señaló que se había opuesto a su construcción desde el principio, es decir, desde su oposición a la derrama aprobada en la asamblea del 5 de octubre de 2019, y que el DACo lo había eximido del pago de esta, por cuanto la declaró nula.[6] Alegó, además, que los peticionarios intentaban desvincular esa derrama inicial para la construcción de la verja, de las derramas relacionadas a los costos de demolición, remoción de escombros, restauración del hábitat y costos legales. Por tanto, solicitó ser eximido de toda responsabilidad financiera y legal, relacionada a las acciones y omisiones vinculadas al referido proyecto de demolición.

Habiendo transcurrido poco más de siete meses desde la presentación de la Querella, el 6 de junio de 2024, los peticionarios presentaron su Contestación a Querella y Solicitud de Desestimación.[7] En esencia, argumentaron que las asambleas celebradas en el 2023 fueron debidamente convocadas y contaron con el quorum requerido. Además, indicaron que el señor Freyre Martínez no participó —ni personalmente ni mediante proxy — de la asamblea celebrada el 8 de julio de 2023.[8] Igualmente, sostuvieron que el recurrido no presentó justa causa para su incomparecencia, según exige el Art. 65 de la Ley de Condominios de Puerto Rico, 31 LPRA sec. 1923j. En consecuencia, solicitaron la desestimación de la Querella presentada en su contra.

El 12 de junio de 2024, el DACo emitió una Resolución Sumaria mediante la cual desestimó la Querella Núm. C-SAN-2023-0017236 presentada por el recurrido, ordenando su cierre y archivo.[9] En la referida resolución, el DACo formuló varias determinaciones de hechos entre ellas las siguientes:

1.      La parte querellante Rubén Freyre Martínez es titular del apartamento 307 en el Condominio Sol y Playa, localizado en Rincón, Puerto Rico. Adquirió dicha propiedad mediante la escritura número 9 otorgada en Mayagüez, Puerto Rico el 10 de marzo de 2000 ante el notario Luis M. Ferrer Dávila.

 

2.      El [C]ondominio Sol y Playa se encuentra sometido al régimen de Propiedad Horizontal.

 

3.      El día 26 de octubre de 2023, la parte querellante presentó por internet la querella de epígrafe. En la misma, alega en síntesis que en febrero de 2023 a través de una determinación del DACO fue eximido del pago de una derrama relacionada a la construcción de una verja ilegal. No obstante, posteriormente ha recibido cartas de cobro relacionadas con derramas posteriores relacionadas a la verja ilegalmente construida. Se le indicó que dichos cargos adicionales o derramas están relacionadas […] con un proyecto de demolición de la verja, por lo que se le indicó que es una derrama distinta a la que fue eximida la parte querellante originalmente.

 

4.      El 2 de octubre de 2023 la parte querellada a través de la tesorera de la Junta de Directores remitió una carta a la parte querellante. En la misma [indicó], que éste se encuentra en atraso de las derramas aprobadas. Una de las derramas es por concepto de gastos de abogados aprobada el 1 de noviembre de 2021; otra es la derrama de Demolición #1 con fecha de 7/8/2023 cuya deuda es de $12,002.36; y otra derrama Demolición #2 con fecha de 9/17/2023 cuya deuda es de $10,673.71. Por último, se le informa que de no recibirse el pago […] [en] 30 días, se estaría aplicando lo dispuesto en el Artículo 39 de la Ley de Condominios para la suspensión de los servicios de agua y energía eléctrica.[10]

 

El DACo concluyó que no existía controversia de hechos materiales que ameritara la celebración de una vista administrativa. En particular, señaló que las derramas en controversia fueron aprobadas en asambleas celebradas en las siguientes fechas: gastos legales con fecha del 1 de noviembre de 2022; derrama de demolición núm. 1 del 8 de julio de 2023; y derrama de demolición núm. 2 del 17 de septiembre de 2023.[11] Además, determinó que el señor Freyre Martínez incumplió con el requisito de impugnar las derramas y los acuerdos alcanzados en dichas asambleas.

En específico, el DACo resolvió que el recurrido no expresó en la Querella haber comparecido a las asambleas ni haber votado en contra de las derramas que se negó a pagar. Señaló que el señor Freyre Martínez solo se limitó a solicitar la exención en el pago de dichas derramas, por entender que había sido eximido previamente del pago correspondiente para la construcción de la verja. Además, indicó que no surgía de la Querella fundamento alguno que justificara eximirlo del pago de las derramas impugnadas. De igual modo, la agencia concluyó que el señor Freyre Martínez presentó su impugnación fuera del término de treinta días establecido en el Art. 65 de la Ley de Condominios de Puerto Rico, 31 LPRA sec. 1923j, por lo que estaba impedido de impugnar los acuerdos.

El 2 de julio de 2024, el recurrido presentó ante el DACo una Moción solicitando reconsideración y para asumir representación legal.[12] Mediante esta, sostuvo que se le privó de la oportunidad de exponer su posición respecto a la solicitud de desestimación. Además, argumentó que era falso el planteamiento sobre la falta de justa causa por la cual estuvo ausente en las asambleas, pues había alegado que estaba exento del pago de todas las derramas aprobadas por los peticionarios con posterioridad a la asamblea celebrada el 5 de octubre de 2019. Sostuvo, una vez más, que la Resolución Sumaria emitida por el DACo el 28 de febrero de 2023, lo eximió del pago de la derrama aprobada el 5 de octubre de 2019 para la construcción de la verja, dado que el permiso de construcción había sido declarado nulo.

De igual forma, el recurrido señaló que los peticionarios no justificaron su demora al presentar su contestación a la Querella fuera del término de veinte días que establece la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme del Gobierno de Puerto Rico, 3 LPRA sec. 9601 et seq., y la Regla 8.1 del Reglamento de Procedimientos Adjudicativos del DACo, Reglamento Núm. 8034 de 13 de junio de 2011. Asimismo, indicó que, conforme establece la Regla 10.1 de dicho reglamento, la agencia debió señalar una vista administrativa para garantizar el debido proceso de ley. Por otro lado, indicó que el 6 de agosto de 2023 presentó la Querella Núm. C-SAN-2023-0015678 para impugnar la derrama de la demolición, la cual aún no había sido resuelta por el DACo.[13] Finalmente, argumentó que el término aplicable a su reclamación era de dos años y no el de treinta días. Atendidos los planteamientos esbozados por el recurrido, la agencia denegó de plano su solicitud.

Inconforme con la determinación administrativa, el señor Freyre Martínez acudió ante el Tribunal de Apelaciones mediante un recurso de revisión judicial, en el que solicitó que se revocara la Resolución Sumaria emitida por el DACo el 12 de junio de 2024.[14] En su recurso, argumentó que el DACo erró al resolver la Querella de forma sumaria, sin brindarle oportunidad para mostrar causa por la cual no debía ser desestimada, pese a que indicó que existía controversia de hechos materiales que debían ser dilucidados en una vista. Además, señaló que la agencia incidió en su proceder al no anotarle la rebeldía al Consejo y aplicar un término prescriptivo de treinta días, en lugar de dos años, al considerar —a su juicio — que se trataba de una acción que violentó la Ley de Condominios, 31 LPRA sec. 1921 et seq.

Examinados los alegatos de ambas partes, el 3 de octubre de 2024, el Tribunal de Apelaciones emitió una Sentencia mediante la cual revocó la Resolución Sumaria emitida por el DACo. Concluyó que la agencia administrativa no debió disponer del caso por la vía sumaria, debido a que existía controversia respecto a si el recurrido fue debidamente notificado de la celebración de las asambleas en las que se aprobaron las derramas impugnadas. Asimismo, determinó que existía controversia sobre la existencia de causa justificada para la incomparecencia del recurrido a las asambleas. Además, el foro apelativo resolvió que el DACo incurrió en error al no declarar en rebeldía a los peticionarios por no haber contestado la Querella dentro del término de veinte días, dispuesto en la Regla 8.1 del Reglamento de Procedimientos Adjudicativos del DACo, supra.

El 18 de octubre de 2024, los peticionarios presentaron una Moción de Reconsideración, a la cual se opuso el señor Freyre Martínez el 17 de noviembre de 2024.[15] Así pues, el 13 de noviembre de 2024, el Tribunal de Apelaciones emitió una Resolución mediante la cual reafirmó su determinación inicial.[16]

Insatisfechos, el 10 de diciembre de 2024, los peticionarios acudieron ante este Tribunal mediante una petición de certiorari, en la que esbozaron los errores siguientes:

Erró el Honorable Tribunal de Apelaciones al anotar la rebeldía automáticamente a pesar de que la querella se había contestado previo a que el Departamento de Asuntos del Consumidor emitiera la Resolución Sumaria, razón por lo cual se había tornado académico el planteamiento de la rebeldía.

 

Erró el Honorable Tribunal de Apelaciones al revocar la Resolución Sumaria emitida por el DACO y ordenar la anotación de rebeldía, cuando es la agencia administrativa quien tiene la discreción sobre dicho asunto conforme el Artículo 3.10 de la Ley 38-2017, según enmendada, Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme del Gobierno de Puerto Rico.

 

Erró el Honorable Tribunal de Apelaciones al darle la oportunidad a la parte querellante de explicar las razones por las cuales no compareció a la asamblea en una vista, permitiendo de esta forma que se enmienden las alegaciones de una querella, en contravención a la Regla 16.2 del Reglamento núm. 8034, Reglamento Adjudicativo, que impide que se enmiende una querella en la vista en los casos en rebeldía.

 

            Expedido el auto de certiorari, y contando con el beneficio de la comparecencia de ambas partes, procedemos a resolver, no sin antes exponer el derecho aplicable al caso ante nuestra consideración.

II

A. Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme.

            La Ley Núm. 38-2017, según enmendada, Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme del Gobierno de Puerto Rico (LPAU), 3 LPRA sec. 9601 et seq., regula los procedimientos administrativos conducidos por las agencias que no están exceptuadas por ley. Los procedimientos administrativos formulan los procesos de reglamentación, adjudicación, concesión de licencias e investigación que llevan a cabo las agencias. Sección 1.3 (i) de la LPAU, 3 LPRA sec. 9603. Véase J. A. Echevarría Vargas, Derecho Administrativo Puertorriqueño, 5ta ed. rev., San Juan, Ed. SITUM, 2023, págs. 19-20. Asimismo, la política pública de la LPAU fomenta la solución informal de las controversias administrativas. Sección 1.2 de la LPAU, 3 LPRA sec. 9602. El referido estatuto establece que “[l]as disposiciones de esta Ley se interpretarán liberalmente, de forma tal que garanticen que los procedimientos administrativos se efectúen en forma rápida, justa y económica y que aseguren una solución equitativa en los casos bajo la consideración de la agencia”. Íd.

            Como parte de sus facultades adjudicativas, y en lo que nos concierne, la LPAU faculta a las agencias administrativas para dictar órdenes o resoluciones sumarias, cuando no existan hechos materiales o esenciales en controversia. En específico, la Sección 3.7 de la LPAU dispone que:

(a) Si la agencia determina que es necesario celebrar una vista adjudicativa, podrá citar a todas las partes o sus representantes autorizados e interventores, ya sea por su propia iniciativa o a petición de una de las partes, a una conferencia con antelación a la vista, con el propósito de lograr un acuerdo definitivo o simplificar las cuestiones o la prueba a considerarse en la vista. Se podrán aceptar estipulaciones, siempre que la agencia determine que ello sirve a los mejores intereses públicos.

 

(b) Si la agencia determina a solicitud de alguna de las partes y luego de analizar los documentos que acompañan la solicitud de orden o resolución sumaria y los documentos incluidos con la moción en oposición, así como aquéllos que obren en el expediente de la agencia, que no es necesario celebrar una vista adjudicativa, podrá dictar órdenes o resoluciones sumarias, ya sean de carácter final, o parcial resolviendo cualquier controversia entre las partes, que sean separable de las controversias, excepto en aquellos casos donde la ley orgánica de la agencia disponga lo contrario.

La agencia no podrá dictar órdenes o resoluciones sumarias en los casos en que (1) existen hechos materiales o esenciales controvertidos; (2) hay alegaciones afirmativas en la querella que no han sido refutadas; (3) surge de los propios documentos que se acompañan con la petición una controversia real sobre algún hecho material y esencial; o (4) como cuestión de derechos no procede. (Negrilla suplida). 3 LPRA sec. 9647.

 

Así pues, las agencias administrativas pueden emitir órdenes o resoluciones sumarias de carácter final o parcial cuando, entre otras cosas, no existan hechos materiales que estén en controversia. En ese caso, no será necesario celebrar una vista administrativa.

Por otro lado, la LPAU faculta a las agencias administrativas para declarar a una parte en rebeldía. Sección 3.10 de la LPAU, 3 LPRA sec. 9650. La rebeldía ha sido definida como “la posición procesal en que se coloca la parte que ha dejado de ejercitar su derecho a defenderse o de cumplir un deber procesal”. R. Hernández Colón, Práctica Jurídica de Puerto Rico: Derecho Procesal Civil, 6ta ed., San Juan, LexiNexis, 2017, pág. 327. En específico, la LPAU establece que:

Si una parte debidamente citada no comparece a la conferencia con antelación a la vista, o a cualquier otra etapa durante el procedimiento adjudicativo el funcionario que presida la misma podrá declararla en rebeldía y continuar el procedimiento sin su participación, pero notificará por escrito a dicha parte su determinación, los fundamentos para la misma y el recurso de revisión disponible. (Negrilla suplida). Sección 3.10 de la LPAU, supra.

 

Surge de lo anterior que, una parte que ha sido debidamente citada y que no compareció a la conferencia con antelación a la vista, o a cualquier etapa de procedimiento adjudicativo, podrá ser declarada en rebeldía por el funcionario que preside los procedimientos administrativos. Además, dicho funcionario podrá continuar los procedimientos sin la participación de la parte declarada en rebeldía. No obstante, deberá notificar por escrito a dicha parte de su determinación, los fundamentos de esta y el recurso de revisión disponible.

Este Tribunal no ha tenido la oportunidad de pronunciarse sobre el texto de la Sección 3.10 de la LPAU, supra. Ahora bien, en el pasado hemos señalado que, aunque como norma general las Reglas de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, no aplican automáticamente a los procesos administrativos, estas resultan aplicables a los procedimientos ante las agencias cuando propicien una solución justa, rápida y económica. Moreno Lorenzo y otros v. Depto. Fam., 207 DPR 833, 840-841 (2021); SLG Saldaña-Saldaña v. Junta, 201 DPR 615, 623 (2018); Pérez v. VPH Motors Corp., 152 DPR 475, 484-485 (2000).

Esta norma responde “a la necesidad de que los organismos administrativos funcionen sin la inflexibilidad que generalmente caracteriza a los tribunales”. SLG Saldaña-Saldaña v. Junta, supra, pág. 623; Pérez v. VPH Motors Corp., supra, pág. 484. Lo anterior también comprende las interpretaciones que hagamos de las Reglas de Procedimiento Civil, siempre que sean compatibles con los principios que rigen el procedimiento administrativo. M. Izquierdo Encarnación, Introducción al Derecho Administrativo, 5ta ed., San Juan, Ed. SITUM, 2020, pág. 191.

Tratadistas de la materia han señalado que los principios procesales de la rebeldía establecidos en las Reglas de Procedimiento Civil aplican a los procesos adjudicativos de los foros administrativos. Echevarría Vargas, op. cit., pág. 222; Izquierdo Encarnación, op. cit., pág. 191; D. Fernández Quiñones, Derecho Administrativo y Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme, 3ra ed., Colombia, FORUM, 2013, pág. 823.

Por su parte, el tratadista Demetrio Fernández Quiñones comenta sobre las instancias en que puede anotarse la rebeldía en el contexto administrativo y señala que: “son en esencia las mismas que se reconocen por las Reglas de Procedimiento Civil. El conjunto de las decisiones que interpretan y aplican las disposiciones contenidas en las Reglas de Procedimiento Civil debe ser las que regulen y revisen la actuación administrativa”. (Negrilla suplida). Fernández Quiñones, op. cit., pág. 823.

            En vista de que la figura de la rebeldía ha sido incorporada expresamente a los procesos administrativos mediante la Sección 3.10 de la LPAU, supra, y considerando que este Tribunal aún no se ha expresado sobre dicha disposición, resulta pertinente repasar las interpretaciones que hemos realizado sobre la rebeldía bajo las Reglas de Procedimiento Civil, supra. Pues hoy pautamos que dichos pronunciamientos son compatibles con el procedimiento administrativo.

B. La rebeldía.

La Regla 45 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, regula la anotación de rebeldía en los procesos judiciales. En específico, la Regla 45.1 de Procedimiento Civil establece que:

Cuando una parte contra la cual se solicite una sentencia para conceder un remedio afirmativo haya dejado de presentar alegaciones o de defenderse en otra forma según se dispone en estas reglas, y este hecho se pruebe mediante una declaración jurada o de otro modo, el Secretario o la Secretaria anotará su rebeldía.

 

El tribunal, a iniciativa propia o a moción de parte, podrá anotar la rebeldía a cualquier parte conforme a la Regla 34.3(b)(3).

 

Esta anotación tendrá el efecto de que se den por admitidas las aseveraciones de las alegaciones afirmativas, sujeto a lo dispuesto en la Regla 45.2(b).

 

La omisión de anotar la rebeldía no afectará la validez de una sentencia dictada en rebeldía. 32 LPRA Ap. V.

 

Según surge, esta regla atiende las situaciones en las que el demandado no comparece a contestar la demanda o no se defiende de ninguna otra forma. El propósito de la anotación de rebeldía es disuadir a la parte que incurre en la dilación de los procesos como estrategia de litigio. González Pagán v. SLG Moret-Brunet, 202 DPR 1062, 1068-1069 (2019); Ocasio v. Kelly Servs., 163 DPR 653, 670-671 (2005). Véase, además, J. A. Cueva Segarra, Tratado de Derecho Procesal Civil, 2da ed., San Juan, Publicaciones JTS, 2011, T. IV, pág. 1339. Es decir, “el mismo opera como remedio coercitivo contra una parte adversaria a la cual, habiéndosele concedido la oportunidad de refutar la reclamación, por su pasividad o temeridad opta por no defenderse”. Ocasio v. Kelly Servs., supra, pág. 671. Véase Álamo v. Supermercado Grande, Inc., 158 DPR 93, 101 (2002). La consecuencia jurídica de la anotación de rebeldía es que se admitan como ciertos todos los hechos correctamente alegados. Ocasio v. Kelly Servs., supra, pág. 671.

En esa línea, la rebeldía constituye un mecanismo procesal discrecional para el foro de instancia. Rivera Figueroa v. Joe’s European Shop, 183 DPR 580, 590 (2011). No obstante, “tal discreción no se sostiene ante el ejercicio burdo o injusto”. (Negrilla suplida). Íd. “De manera que la anotación de rebeldía o dictar sentencia en rebeldía a una parte como sanción por su incumplimiento con una orden del tribunal siempre se debe dar dentro del marco de lo que es justo, y la ausencia de tal justicia equivaldría a un abuso de discreción”. (Negrilla suplida). Íd.

En J.R.T. v. Missy Mfg. Corp., 99 DPR 805 (1971), este Tribunal examinó una controversia sobre la figura de la rebeldía en el contexto administrativo, antes de la entrada en vigor de la Ley Núm. 170 de 12 de agosto de 1988, según enmendada, Ley de Procedimiento Administrativo del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, 3 LPRA ant. sec. 2101 et seq. En esa ocasión, nos enfrentamos a la controversia sobre si la Junta de Relaciones del Trabajo debía poner en vigor una orden dictada en rebeldía contra la parte querellada. Así, para resolver la controversia, aplicamos por analogía la Regla 45 de Procedimiento Civil de 1958 (Derogada) y su jurisprudencia interpretativa. De este modo, razonamos que:

Cuando, como en este caso, se aduce una buena defensa y la reapertura no ocasiona perjuicio alguno, constituye un claro abuso de discreción el denegarla. Como regla general, una buena defensa debe siempre inclinar la balanza a favor de una vista en los méritos, a menos que las circunstancias del caso sean de tal naturaleza que revelen un ánimo contumaz o temerario por parte del querellado. Con más razón, cuando el trámite del caso demuestra que la reapertura no ocasiona perjuicio alguno. Sociedad de Gananciales v. Tribunal Superior, 85 D.P.R. 892 (1962); Latoni v. Tribunal de Expropiaciones, 71 D.P.R. 413 (1950); cf. Southern Construction Co. v. Tribunal Superior, 87 D.P.R. 913 (1963). Son normas justas y razonables que se han formulado en bien de la justicia para atenuar los rigores del trámite judicial al derecho fundamental de su día en corte. Por su justicia inmanente deben ser y son de aplicación insoslayable tanto a los procedimientos ante el tribunal como a los procedimientos de adjudicación administrativa. Cf. Martínez v. Tribunal Superior, 83 D.P.R. 717 (1961). J.R.T. v. Missy Mfg. Corp., supra, págs. 811–812.

 

            Por otro lado, resaltamos que la rebeldía no garantiza una adjudicación favorable para la persona que reclama. Echevarría Vargas, op. cit., pág. 222. Ello se debe a que los tribunales no somos meros autómatas obligados a conceder indemnizaciones por estar dilucidándose un caso en rebeldía. Mitsubishi Motor v. Lunor y otros, 212 DPR 807, 826 (2023). Véase, además, Continental Ins. Co. v. Isleta Marina, 106 DPR 809, 817 (1978). Por ende, la parte que solicita un remedio deberá alegar los hechos correctamente. Álamo v. Supermercado Grande, Inc., supra, pág. 102; Rivera v. Insular Wire Products Corp., 140 DPR 912, 931 (1996). Los remedios en rebeldía “no priva[n] al tribunal de evaluar si en virtud de tales hechos, no controvertidos, existe válidamente una causa de acción que amerita la concesión del remedio reclamado”. (Negrilla suplida). Rivera v. Insular Wire Products Corp., supra, pág. 931.

C. El Departamento de Asuntos del Consumidor (DACo) y su función adjudicativa.

                                                                      

La Ley Núm. 5 de 23 de abril de 1973, según enmendada, Ley Orgánica del Departamento de Asuntos del Consumidor, 3 LPRA sec. 341 et seq., (Ley Núm. 5), creó el DACo con el propósito primordial de vindicar e implementar los derechos del consumidor, frenar las tendencias inflacionarias, y establecer y fiscalizar los precios sobre los artículos y servicios de uso y consumo.

El referido precepto legal faculta al DACo para “[e]stablecer las reglas y normas necesarias para la conducción de los procedimientos administrativos, tanto de reglamentación como de adjudicación, que celebre el Departamento”. Art. 6 (g) de la Ley Núm. 5, 3 LPRA sec. 341e. Cónsono con ello, el DACo creó el Reglamento de Procedimientos Adjudicativos, Reglamento Núm. 8034 de 13 de junio de 2011. En lo pertinente, este dispone en la Regla 8.1 que:

El Departamento notificará a todos los querellados la querella radicada en su contra. Esta notificación será un aviso escrito de que el querellado deberá contestar la querella en el término de veinte (20) días a partir de la notificación, advirtiendo además que de no recibirse la contestación a la querella en dicho término se le anotará la rebeldía. La notificación consistirá en copia de la querella y un aviso escrito de:

 

a) Cualquier vista que señale el Departamento las partes podrán comparecer con abogado, intérpretes, transcriptor de r[é]cord y deberán comparecer todas las personas citadas bajo el apercibimiento de la imposición de sanciones en caso de incomparecencias injustificadas.

 

b) Una invitación para relacionarse con el expediente.

 

c) Cuando de la relación de hechos contenida en la querella se desprenda una violación a los reglamentos y leyes que administra el Departamento, se podrá referir a la División de Protección para su investigación y la acción correspondiente. (Negrilla suplida). Reglamento de Procedimientos Adjudicativos, pág. 9.

 

A su vez, la Regla 11.1 del referido reglamento también establece que:

El Departamento ordenará el cumplimiento de lo que proceda conforme a Derecho sin la celebración de vista administrativa, cuando luego de las partes haber hecho sus planteamientos y de haber evaluado la evidencia, no surja una controversia real de hechos. En tal caso, si una de las partes solicita reconsideración, se citará a vista en reconsideración siempre que se establezca la existencia de una controversia real sobre hechos pertinentes. (Negrilla suplida). Reglamento de Procedimientos Adjudicativos, pág. 12.

 

D. Revisión Administrativa.

En cuanto al alcance de la revisión judicial de las decisiones de las agencias administrativas, la Sección 4.5 de la LPAU dispone que:

El tribunal podrá conceder el remedio apropiado si determina que el recurrente tiene derecho a un remedio.

Las determinaciones de hechos de las decisiones de las agencias serán sostenidas por el tribunal, si se basan en evidencia sustancial que obra en el expediente administrativo.

Las conclusiones de derecho serán revisables en todos sus aspectos por el tribunal. (Negrilla suplida). 3 LPRA sec. 9675.

 

Así pues, será nuestro deber revisar las conclusiones de derecho en todos sus aspectos, guiados por los mecanismos interpretativos propios del Poder Judicial. Sección 4.5 de la LPAU, supra.

E. Principios generales de la Ley de Condominios de Puerto Rico.

 

Una de las fuentes rectoras del régimen de propiedad horizontal es la Ley Núm. 129-2020, según enmendada, Ley de Condominios de Puerto Rico, 31 LPRA sec. 1921 et seq. El citado estatuto tiene como propósito “permitir el disfrute de un apartamiento de vivienda o unidad comercial como una unidad o propiedad individualizada, aunque el mismo sea parte, junto con otros apartamientos o unidades, de un mismo edificio o inmueble”. M. J. Godreau y M. I. Hernández Gutiérrez, El condominio: el régimen de propiedad horizontal en Puerto Rico, 3ra ed., San Juan, Ediciones SITUM, 2023, pág. 130.

La Ley de Condominios le otorga al Consejo de Titulares —integrado por todos los titulares del condominio— la autoridad suprema “sobre la administración del inmueble sometido al Régimen de Propiedad Horizontal”. Exposición de Motivos de la Ley de Condominios, supra. Véase Pérez Riera v. Con. Tit. Cond. Marymar, 197 DPR 197, 204 (2017). Por lo tanto, es a través del Consejo que se hace viable la administración y el funcionamiento del inmueble. Consejo Titulares v. Ramos Vázquez, 186 DPR 311, 326 (2012). Sus acuerdos son vinculantes y serán de ineludible cumplimiento por cada uno de los titulares. Art. 48 de la Ley de Condominios, 31 LPRA sec. 1922t; Consejo de Titulares v. Ramos Vázquez, supra, pág. 326. Dicha visión responde a que el Consejo es “el órgano supremo de la propiedad horizontal, a través del cual se manifiesta la voluntad de los propietarios singulares y en el que radican las fa[c]ultades rectoras de este régimen jurídico, para el mejor logro de los intereses comunes”. (Negrilla suplida). Álvarez Figueredo v. González Lamela, 134 DPR 374, 382 (1993) citando a M. Fernández Martín Granizo, La Ley de Propiedad Horizontal en el Derecho español, Madrid, Ed. Edersa, 1983, pág. 908. Véase, además, Cond. Prof. S.J. H. Centre v. P.R.F., Inc., 133 DPR 488 (1993).

            De conformidad con el Art. 49 de la Ley de Condominios, le corresponde al Consejo elegir a la Junta de Directores y al Agente Administrador, así como aprobar el presupuesto y los estados financieros anuales. 31 LPRA sec. 1922u. Igualmente, le corresponde aprobar la ejecución de obras extraordinarias y mejoras, y recabar los fondos para su realización. Asimismo, es al Consejo de Titulares a quien le corresponde tomar aquellas decisiones sobre asuntos de interés general para la comunidad.

Cabe destacar que la Ley de Condominios, supra, está enmarcada por un principio de gobernanza que permite la participación de los condóminos en los asuntos que afecten a la comunidad. Godreau y Hernández Gutiérrez, op. cit., pág. 237. Cada uno de los titulares tendrá derecho al voto durante las deliberaciones del Consejo, independientemente del número de apartamentos que sean propietarios. Art. 51 de la Ley de Condominios, 31 LPRA sec. 1922w. La asistencia a las asambleas puede ser personal o por representación legal o voluntaria. Íd.

            En lo aquí pertinente, el Art. 65 de la Ley de Condominios establece que las acciones u omisiones de la Junta de Directores, del Administrador Interino, del Agente Administrador, o los acuerdos del Consejo de Titulares podrán ser impugnados por los titulares en los siguientes supuestos:

[…]

a) cuando sean contrarios a esta Ley, la escritura matriz y reglamento del condominio;

 

b) cuando resulten gravemente perjudiciales a los intereses de la comunidad o a un titular;

 

c) cuando resulten gravemente perjudiciales para algún titular que no tenga obligación jurídica para soportarlo y no haya sido previsible al momento de la compra. […]. (Negrilla suplida). 31 LPRA sec. 1923j.

 

Cónsono con esto, el Art. 65 también dispone los plazos para la impugnación de los acuerdos del Consejo de Titulares en las asambleas. A manera ilustrativa, sobre ese particular, la Ley de Condominios establece que:

[…]

Para todo tipo de impugnación se tendrán treinta (30) días contados a partir de la fecha en que se tomó dicho acuerdo o determinación, si se hizo en su presencia, o dentro de los treinta (30) días siguientes a la fecha en que recibe la notificación del acuerdo, si el titular afectado no estuvo presente en el momento en que se llegó a tal acuerdo o determinación.

 

En el caso de que la acción de impugnación de acuerdos, acciones u omisiones de la Junta de Directores, del Administrador Interino, del Agente Administrador o del Consejo de Titulares, constituyan violaciones a las disposiciones de esta Ley, de la escritura matriz o del reglamento del condominio, prescribirá a los dos (2) años. El término se computará a partir de la fecha en que se tomó la acción, omisión o acuerdo si fue en la presencia del titular o a partir de la notificación de este si no fue en su presencia. El acuerdo tiene que haberse notificado conforme a las disposiciones de esta Ley.

 

El titular que quiera impugnar una acción u omisión de la Junta de Directores, del Administrador Interino, del Agente Administrador o un acuerdo del Consejo de Titulares tendrá que demostrar que no tiene ningún tipo de deuda con el Consejo de Titulares y que entregó copia del documento mediante el cual adquirió su apartamento a la Junta de Directores. Será excepción al requisito de no deuda, cuando la impugnación sea para cuestionar la deuda que alegadamente tiene. En el caso de la impugnación de acuerdos del Consejo de Titulares tendrá que acreditar que estuvo presente o representado en la asamblea en que se tomó el acuerdo que impugna y que votó en contra de este. Si estuvo ausente a pesar de que fue debidamente notificado deberá probar que su ausencia estuvo justificada. […]. (Negrilla suplida). Art. 65 de la Ley de Condominios, supra.

 

Del precitado articulado surge que el término para impugnar las determinaciones donde se aleguen violaciones a las disposiciones de la Ley de Condominios, a la escritura matriz o al reglamento del condominio, prescribirá a los dos años. Todas las demás impugnaciones en las que la parte alegue que resultó gravemente perjudicado tendrán un término de treinta días. Godreau y Hernández Gutiérrez, op. cit., pág. 301.

En Pereira Suárez v. Jta. Dir. Cond., 182 DPR 485, 508 (2011),[17] destacamos que el establecer un término para presentar las impugnaciones a los acuerdos alcanzados por el Consejo de titulares, persiguieron “precisamente frenar el afán obstruccionista de algunos titulares que, por intereses particulares, ponen en juego la estabilidad de toda una comunidad”. Íd., pág. 502.

Por otro lado, el Art. 65 de la Ley de Condominios, supra, claramente dispone que el titular que impugne los acuerdos del Consejo de Titulares tendrá que acreditar, como requisito estatutario, que estuvo presente o representado en la asamblea en que se tomó el acuerdo que impugna y que votó en contra de este. Si estuvo ausente, a pesar de que fue debidamente notificado, deberá probar que su ausencia estuvo justificada. Sobre este particular, la profesora Margarita García Cárdenas también señala que, cuando se acude al DACo, es requerido incluir en las alegaciones si el titular estuvo presente o debidamente representado en la asamblea en la que se adoptó el acuerdo impugnado, así como que votó en contra del mismo. M. García Cárdenas, Propiedad Horizontal: Ley de Condominios 2020, San Juan, MJ Editores, 2023, págs. 195-196.

Conforme al Art. 66 de la Ley de Condominios, 31 LPRA sec. 1923k, el DACo promulgó el Reglamento de Condominios, Reglamento Núm. 9386 de 6 de junio de 2022. Dicho reglamento dispone sobre la información que el titular, o grupo de titulares debe incluir en la querella, entre estas, copia de la correspondencia cursada entre las partes sobre la controversia reclamada, si alguna. Regla 25, inciso (9), del Reglamento de Condominios, supra.

Además, la Regla 27 del citado Reglamento de Condominios, supra, claramente establece que:

[e]l incumplimiento por parte del titular o grupo de titulares de cualquiera de los requisitos establecidos en la Ley o este Reglamento, facultarán al Secretario a disponer sumariamente el archivo de la querella presentada. (Negrilla suplida).

 

III

 

En el caso ante nuestra consideración, el Consejo de Titulares sostiene que erró el Tribunal de Apelaciones al anotarle la rebeldía, toda vez que habían presentado su contestación a la Querella antes de que el DACo emitiera la Resolución Sumaria. Argumentan, además, que dicha determinación era un asunto discrecional de la agencia administrativa. De igual modo, sostienen que, aun cuando se considerara válida la anotación de la rebeldía, procedía la desestimación sumaria de la Querella, por no existir controversia de hechos materiales. Por otro lado, plantean que el señor Freyre Martínez presentó la Querella fuera del término de treinta días dispuesto en el Art. 65 de la Ley de Condominios, supra.

Por su parte, el recurrido arguye que las derramas objeto de controversia son ilegales, debido a que son derivadas de la derrama aprobada el 5 de octubre de 2019, la cual ya había sido declarada nula por el DACo. Asimismo, argumenta que el término aplicable en este caso es de dos años, por violentar la Ley de Condominios, supra. Además, alegó que procedía la anotación de rebeldía, por el incumplimiento de los peticionarios con las disposiciones del Reglamento de Procedimientos Adjudicativos del DACo.

De entrada, es menester señalar que las determinaciones de hechos del DACo solo se sostendrán por este Tribunal, si se basan en evidencia sustancial que obra en el expediente administrativo. Por otro lado, las conclusiones de derecho serán revisables en todos sus aspectos, guiadas por nuestros mecanismos interpretativos. Sección 4.5 de la LPAU, supra.

Como bien señalamos, la Sección 3.10 de la LPAU, supra, concede discreción al funcionario que presida la vista administrativa para anotarle la rebeldía a una parte que, habiendo sido debidamente citada, no compareció a la conferencia con antelación a la vista, o cualquier etapa de procedimiento adjudicativo. Como consecuencia de dicha anotación de rebeldía, se admitirán como ciertos todos los hechos correctamente alegados. Ocasio v. Kelly Servs., supra. Asimismo, al igual que el proceso judicial, la anotación de la rebeldía constituye un mecanismo procesal discrecional de la agencia administrativa. Rivera Figueroa v. Joe's European Shop, supra. No obstante, dicha discreción no se sostiene ante el ejercicio burdo o injusto. Íd.

Sobre este aspecto, la Regla 8.1 del Reglamento de Procedimientos Adjudicativos del DACo, supra, establece claramente que la notificación de la querella deberá advertirle a la parte querellada que, de no contestar la querella dentro del término de veinte días a partir de la notificación, se le anotará la rebeldía. Por su parte, como vimos, la Sección 3.10 de la LPAU, supra, concede discreción al funcionario que preside para declarar a una parte en rebeldía.[18]

En este sentido, en el caso que nos ocupa procedía que el DACo, en un sano ejercicio de su discreción, anotara la rebeldía, por ser esta una agencia cobijada por la LPAU, pues el cuadro fáctico del caso ante nuestra consideración, así como el derecho aplicable, nos permite concluir de esta manera. Por ende, actuó correctamente el Tribunal de Apelaciones, al aplicar al presente caso los principios procesales de la rebeldía. Como indicáramos, la Querella fue presentada por el recurrido el 23 de octubre de 2023. Por su parte, los peticionarios, sin justa causa, y sin previa autorización del DACo, contestaron la Querella el 6 de junio de 2024, es decir, transcurrido más de siete meses desde la presentación de la Querella y sin que se solicitara una prórroga de forma oportuna. Este razonamiento adquiere mayor fuerza cuando en este caso no existe controversia respecto a que la Notificación de Querella advirtió debidamente a los peticionarios que contaban con un término de veinte días para presentar su contestación.

No obstante, lo anterior, si bien el DACo pudo haber incurrido en un abuso de discreción al no anotarle la rebeldía a los peticionarios, su omisión no tuvo una consecuencia en cuanto al resultado final. Como es conocido, en el ordenamiento procesal civil la anotación de rebeldía tiene el efecto de que se den por admitidas las aseveraciones de las alegaciones afirmativas.[19] En el presente caso, y conforme a las alegaciones de la Querella, resultaba indispensable examinar los requisitos dispuestos en el Art. 65 de la Ley de Condominios, supra, ya que se tratan de requerimientos estatutarios esenciales para disponer de la causa de acción presentada ante la agencia y que, como veremos, disponen de la controversia.

Cónsono con lo anterior, estimamos pertinente puntualizar que a los foros administrativos le corresponde determinar si las partes comparecieron oportunamente y manejar diligentemente sus términos procesales, de modo que las controversias se atiendan con la prontitud y celeridad que caracteriza el trámite administrativo.

Según expusimos, el Art. 65 de la Ley de Condominios, supra, reconoce el derecho de los titulares a impugnar las acciones u omisiones de la Junta de Directores o los acuerdos del Consejo de Titulares, cuando estos sean contrarios a la ley, la escritura matriz o el reglamento del condominio o cuando resulten gravemente perjudiciales para algún titular que no tenga obligación jurídica para soportarlo y no haya sido previsible al momento de la compra. No obstante, cuando se trate de impugnaciones de acuerdos del Consejo de Titulares, el titular “tendrá que acreditar que estuvo presente o representado en la asamblea en que se tomó el acuerdo que impugna y que votó en contra de este. Si estuvo ausente a pesar de que fue debidamente notificado deberá probar que su ausencia estuvo justificada”. Íd. Debido a que en el presente caso el recurrido no cumplió con este requisito de umbral procedía la desestimación sumaria de la querella. En otras palabras, al considerar las alegaciones de la querella presentada por el recurrido forzoso era conceder su desestimación sumaria.

En consecuencia, debemos determinar si el Tribunal de Apelaciones erró al concluir que existía controversia respecto a la incomparecencia del recurrido a las asambleas, lo cual hacía procedente la celebración de una vista evidenciaria, a los fines de determinar si mediaba justa causa. En ese aspecto, adelantamos que el análisis realizado por el Tribunal de Apelaciones resulta contradictorio y contrario a derecho. Veamos.

Como indicamos, el Art. 65 de la Ley de Condominios, supra, impone a la parte querellante el deber de acreditar que estuvo presente o debidamente representada en la asamblea en la que se adoptó el acuerdo que impugna, y que votó en contra de este. Asimismo, dicha disposición legal establece que, si el titular estuvo ausente a pesar de haber sido debidamente notificado, deberá probar que su incomparecencia estuvo justificada.

Del expediente surge que el DACo desestimó y archivó la Querella presentada por el señor Freyre Martínez, debido a que no expresó haber comparecido a las asambleas y haber votado en contra de las derramas aprobadas. No obstante, el Tribunal de Apelaciones revocó al DACo, por entender que incidió al no anotar la rebeldía a los peticionarios, sin embargo tomó en consideración las alegaciones del “rebelde” (los peticionarios) para concluir que existía controversia en cuanto a la debida notificación sobre la celebración de las asambleas en las que se aprobaron las derramas impugnadas en la Querella, y sobre la inexistencia de causa justificada para no comparecer a estas.[20] En cuanto a este aspecto, ni la Querella ni el expediente del caso contienen alegación o documentación alguna que acredite que el señor Freyre Martínez compareció a las asambleas y que votó en contra de los acuerdos alcanzados en estas, ni hizo alegación alguna respecto a su falta de notificación.[21]

De hecho, en ningún momento el recurrido controvirtió el hecho de no haber comparecido a las asambleas que impugna en el presente caso. Tampoco surge que este haya alegado justificación alguna para su incomparecencia. Nótese que el recurrido solo se limitó a argumentar que estaba exento de pagar las derramas que habían sido aprobadas en esas asambleas por cuanto en la asamblea que se llevó a cabo el 5 de octubre de 2019 se opuso a la reconstrucción. De igual modo, en su Moción de reconsideración presentada ante el DACo, reiteró que las derramas aprobadas eran ilegales, ya que el permiso de construcción había sido declarado nulo y él fue eximido de pagar dicha derrama de construcción, aprobada en la asamblea del 5 de octubre de 2019.

Asimismo, en su Recurso de Revisión ante el Tribunal de Apelaciones, el señor Freyre Martínez, frente al señalamiento sobre su incomparecencia a las asambleas, se limitó a expresar lo siguiente: “[e]ste es solo otro acto más de parte de la Querellada-Recurrida para continuar infringiendo sobre los derechos del Querellante-Recurrente, quien continuamente y en repetidas ocasiones ha levantado sus preocupaciones y oposición a las medidas unilaterales de la Junta de Directores”.[22] Incluso, en su Oposición a Moción de Reconsideración presentada ante el foro intermedio, únicamente expresó que era incorrecto afirmar que la Querella no adujera justificación alguna para su incomparecencia, pues alegó que se opuso desde un principio a la construcción de la verja.

Como es patente, no hallamos alegación o argumento alguno en dichas instancias que nos muevan a determinar que el DACo en este extremo abusó de su discreción al no celebrar una vista evidenciaria. En este caso, no hay base para asumir que el señor Freyre Martínez contara con justificación para no presentarse a las asambleas y oponerse a las derramas allí aprobadas cuando estos eran requisitos indispensables para la concesión de un remedio tal cual dispone el Art. 65 de la Ley de Condominios, supra. Es evidente que la única justificación del recurrido fue a los efectos de que se había opuesto a la derrama aprobada el 5 de octubre de 2019 para la construcción de la verja y que ello, a su entender, lo había eximido de su pago. Por ende, el recurrido pretende vincular la derrama declarada nula para la construcción de la verja, de las derramas aprobadas para la demolición de lo construido y para los gastos de abogado, cuando estas fueron aprobadas en asambleas distintas, para propósitos distintos. Además, contrario a lo resuelto por el Tribunal de Apelaciones, en ninguna etapa de los procedimientos, seguidos en este caso, se argumentó que existiera controversia sobre la adecuada notificación de las asambleas.

Así, tratándose de un requisito estatuido por ley, y no habiendo controversia sobre su incumplimiento, reiteramos que actuó correctamente el DACo al desestimar de forma sumaria la Querella. Para ello, el DACo estaba facultado por la Sección 3.7 de la LPAU, supra, y la Regla 27 del Reglamento de Condominios, supra. La primera le permite disponer del caso sumariamente cuando no existan hechos materiales en controversia, y la segunda, cuando se incumple con los requisitos indispensables establecidos en la Ley de Condominios, supra, respecto a la impugnación de los acuerdos del Consejo de Titulares. Destacamos que ni la Ley Núm. 5 del DACo, ni su Reglamento Adjudicativo, ni el de Condominios, obligaban al DACo a celebrar una vista evidenciaria en el caso de epígrafe. Por el contrario, ante el incumplimiento con la ley el DACo, en su discreción, podía preterir la celebración de dicha vista y disponer de la controversia de forma sumaria.

Por último, en el presente caso las partes se enfrascaron en una discusión en torno a cuál término prescriptivo debía aplicar en este caso. Sobre este particular, queremos puntualizar que, en sus determinaciones de hechos, el DACo hace referencia a la carta de cobro dirigida al señor Freyre Martínez en la cual se consignó que las derramas fueron aprobadas en distintas asambleas. Sin embargo, aunque de la carta no surge la fecha en que los acuerdos fueron notificados a los titulares, ni surgen del expediente, la realidad fáctica es que el recurrido tampoco alegó no ser notificado de los acuerdos alcanzados en las respectivas asambleas, ni anejó copia de alguna correspondencia cursada a la Junta de Directores del Condominio impugnando las derramas.

No obstante, conforme al análisis antes realizado forzoso es concluir que esta discusión no era necesaria, pues como expresamos procedía la desestimación sumaria de la Querella ante el craso incumplimiento del recurrido con los requisitos indispensables para impugnar ante el DACo los acuerdos del Consejo de Titulares, como en este caso son las derramas impugnadas.

De otra parte, y como adelantamos, el análisis realizado por el Tribunal de Apelaciones sobre el aspecto de la rebeldía resulta contradictorio y errado. Por un lado, anotó la rebeldía al Consejo de Titulares, y por el otro utilizó las alegaciones del “rebelde” para concluir que era necesario la celebración de una vista evidenciaría para dilucidar sus defensas afirmativas.[23] Una vez resuelto que procedía la anotación de rebeldía a los peticionarios, entonces correspondía dar por admitidos y como ciertos todos los hechos correctamente alegados en la Querella. Por lo tanto, erró el Tribunal de Apelaciones al revocar al DACo para que celebrara una vista evidenciaria para dilucidar las defensas afirmativas traídas por el peticionario en su tardía contestación a la Querella. Anotada la rebeldía, según dispuesto por el Tribunal de Apelaciones, en contra del Consejo de Titulares, esta no podía presentar prueba para impugnar los méritos de la Querella y levantar defensas afirmativas.[24]

De igual manera el DACo erró al concluir que la impugnación estaba prescrita a pesar de que la Querella, de su faz, no cumplía con el requisito de umbral antes señalado. Este único asunto era suficiente para adjudicar sumariamente la Querella.

En fin, las alegaciones sobre comparecencia y oposición al acuerdo, o en su defecto, la acreditación de justa causa para la ausencia son indispensables para establecer que se tiene una causa al amparo de la ley. Recuérdese que esa vía de impugnación brinda la oportunidad de alterar el marco jurídico que rige a todos los integrantes del Condominio. Es decir, son los titulares presentes en las asambleas, los que tendrán autoridad para determinar, discutir o dar por discutidos los asuntos contenidos en la agenda. Art. 52 de la Ley de Condominios, supra. De este modo, sus acuerdos, adoptados en asambleas debidamente convocadas y constituidas, serán de ineludible cumplimiento por todos y cada uno de los titulares. Art. 48 de la Ley de Condominios, supra. Todo ello está atado a las facultades rectoras del Consejo de Titulares para la sana convivencia que debe permear en los condominios.

En vista de lo anterior, es forzoso concluir que erró el Tribunal de Apelaciones al determinar que existía controversia de hechos materiales que impedía disponer de este caso de forma sumaria, sin la celebración de una vista evidenciaria. Como bien señalamos, en el caso ante nos no existe controversia respecto a que el señor Freyre Martínez incumplió con el requisito estatuario de justificar su incomparecencia a las asambleas impugnadas, por lo que actuó correctamente el DACo al desestimar la Querella sumariamente.

IV

Por los fundamentos antes expuestos, revocamos el dictamen recurrido, toda vez que no existe controversia de hechos materiales que impidan disponer de este caso sumariamente. En consecuencia, reinstalamos la Resolución Sumaria del DACo en cuanto al incumplimiento de la parte recurrida con lo dispuesto en el Art. 65 de la Ley de Condominios, supra, respecto al requisito de acreditar que estuvo presente o representado en las asambleas que se tomaron los acuerdos impugnados, y que votó en contra de estos; así como por la falta de justificación de su ausencia a las asambleas.

Se dictará Sentencia en conformidad.

Camille Rivera Pérez

Jueza Asociada

SENTENCIA

En San Juan, Puerto Rico, a 5 de marzo de 2026.

Por los fundamentos expuestos en la Opinión que antecede, la cual se hace formar parte de esta Sentencia, revocamos el dictamen recurrido, toda vez que no existe controversia de hechos materiales que impidan disponer de este caso sumariamente. En consecuencia, reinstalamos la Resolución Sumaria del DACo en cuanto al incumplimiento de la parte recurrida con lo dispuesto en el Art. 65 de la Ley de Condominios, supra, respecto al requisito de acreditar que estuvo presente o representado en las asambleas que se tomaron los acuerdos impugnados, y que votó en contra de estos; así como por la falta de justificación de su ausencia a las asambleas. 

Lo acordó el Tribunal y lo certifica el Secretario del Tribunal Supremo. El Juez Asociado señor Candelario López emitió una Opinión concurrente y disidente, a la cual se unió la Jueza Asociada señora Pabón Charneco. 

Javier O. Sepúlveda Rodríguez

Secretario del Tribunal Supremo