2026 JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO 2026

 2026 DTS 110 VELAZQUEZ FELICIANO V. VELAZQUEZ FELICIANO, 2026TSPR110

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Nancy Velázquez Feliciano y otros

Recurridos

v.

Víctor Manuel Velázquez Feliciano y otros

Peticionarios

Certiorari

2026 TSPR 110

218 DPR __, (2026)

218 D.P.R. __, (2026)
2026 DTS 110, (2026)

Número del Caso:  CC-2026-0815

Fecha:  28 de octubre de 2026

-Véase Resolución del Tribunal

Voto particular de conformidad emitido por la Jueza Asociada Rivera Pérez.

En San Juan, Puerto Rico, a 28 de octubre de 2026.

En In re Irizarry Centeno, 2026 TSPR 41, 218 DPR ___ (2026), dictaminamos que el uso de herramientas de inteligencia artificial no releva a los integrantes de la profesión legal de su deber de diligencia y competencia tecnológica, lo cual incluye verificar las fuentes jurídicas que invocan en los escritos presentados ante los foros judiciales. A su vez, en la Opinión de conformidad que emití en el referido caso, resalté que, en tiempos en que la tecnología permite generar textos con apariencia de autoridad, el compromiso con la verdad y la autenticidad del derecho exige particular rigor.

La controversia que hoy nos ocupa presenta una dimensión distinta, pues se trata de una parte que compareció por derecho propio y sustentó sus planteamientos en jurisprudencia inexistente. Bajo ese contexto, debo precisar que el derecho a litigar pro se no comprende la prerrogativa de invocar un derecho inexistente o alucinado, a expensas del deber de veracidad que sostiene la sana administración de la justicia. Ello constituye una falta que trasciende el incumplimiento de un deber procesal, pues compromete la integridad de la función adjudicativa y menoscaba la confianza pública en la administración de la justicia.

En vista de lo que antecede, estoy conforme con el curso de acción adoptado por esta Curia. El derecho a autorrepresentarse no exime a quien suscribe un escrito presentado ante los tribunales de la responsabilidad inherente a su presentación. No obstante, considero necesario precisar el fundamento de esa obligación y algunos criterios que pueden orientar el ejercicio de la facultad sancionadora de los tribunales. Veamos.

I

Dado que los hechos procesales fueron fielmente pormenorizados en el Voto Particular de conformidad del Juez Asociado señor Candelario López, basta con reafirmar que la parte peticionaria ha desplegado un patrón de actuaciones procesales que comprende la presentación de escritos invocando disposiciones legales inexistentes y la imputación de alteraciones de una grabación oficial de videoconferencia del Poder Judicial. Esto último sin ápice de prueba que le sustente. Este patrón no se limitó a sus comparecencias ante los foros inferiores, sino que, al acudir ante esta Curia mediante un recurso de certiorari, la parte peticionaria continuó sustentándose en autoridades que no corresponden a pronunciamientos de este Tribunal. Particularmente, invocó los siguientes casos: In re Marín Rivera, 169 DPR 896 (2007); Sanz v. Municipio de San Juan, 154 DPR 370 (2001); Pueblo v. Colón Lozada, 151 DPR 734 (2000) y Pueblo v. Casiano, 117 DPR 842 (1986).

Ciertamente, la verificación de la veracidad de estas y otras “referencias jurisprudenciales” requirió invertir tiempo y recursos de este Tribunal que, de otro modo, habrían podido destinarse a la atención de las controversias legítimamente sometidas ante nuestra consideración. Así, lejos de constituir una irregularidad inconsecuente, esta práctica impone a la función adjudicativa una carga indebida. No es tarea de los tribunales depurar escritos jurídicos que contienen derecho ficticio generado por inteligencia artificial, ni subsanar el incumplimiento con un estándar mínimo de sentido común que exige que todas las partes se abstengan de citar jurisprudencia inexistente y de atribuir a las decisiones judiciales expresiones que estas no contienen.^[1]

Dicho esto, pasamos a exponer el fundamento de la obligación de las partes que comparecen por derecho propio de revisar la veracidad y exactitud de las fuentes de derecho que citan en sus escritos y los criterios que deben orientar el ejercicio de la facultad sancionadora de los tribunales.

II

Como punto de partida se encuentra la Regla 9.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, la cual impone a quien suscribe un escrito el deber afirmativo de realizar una investigación razonable sobre los hechos y el derecho que sustentan sus planteamientos. Véase, además, In re Irizarry Centeno, supra. La firma de un escrito no constituye una mera formalidad procesal, pues certifica que quien comparece examinó su contenido y que, conforme a su mejor conocimiento, información y creencia, formada después de una investigación razonable, sus alegaciones encuentran sustento en los hechos y respaldo por el derecho vigente. Regla 9.1 de Procedimiento Civil, supra; Pagán Rodríguez v. Pres. Cáms. Legs., 206 DPR 277, 289 (2021).

Por su parte, la Regla 9.4 de Procedimiento Civil, supra, regula la representación por derecho propio. Esta exige, entre otras condiciones, que la persona posea los conocimientos y capacidades mínimos para defender sus intereses y cumplir con las normas procesales, y que su comparecencia no entorpezca la adecuada administración de la justicia. Íd. Asimismo, el inciso (b) de la referida Regla exige que la parte tenga conocimiento pleno de que la persona será tratada como cualquier otra parte representada por abogado o abogada. Íd.

Como corolario, las personas que se representan por derecho propio quedan sujetas a las sanciones contempladas en la Regla 9.3 de Procedimiento Civil, supra, de determinarse que su conducta obstaculiza la sana administración de la justicia o infringe sus deberes hacia el Tribunal. Por lo tanto, quien decide asumir su propia representación también asume las responsabilidades procesales inherentes a esa determinación. Dicho de otro modo, la ausencia de representación legal no convierte en facultativo el cumplimiento de las reglas procesales ni obliga a los foros adjudicativos a tolerar actuaciones que comprometan la integridad de los procedimientos. Véase Febles v. Romar, 159 DPR 714, 722 (2003).

En definitiva, el deber procesal de ceñirse a la veracidad de las fuentes citadas en los escritos judiciales es diáfano. No obstante, estimo pertinente identificar algunas consideraciones que pueden contribuir a una evaluación ponderada de cada caso al determinar la sanción que deberá aplicarse a raíz de su incumplimiento.[2]

En mi Opinión de conformidad del caso In re Irizarry Centeno, supra, distinguí entre el ejercicio legítimo de formular argumentos jurídicos novedosos y la presentación de autoridades ficticias como si constituyeran precedentes auténticos. Nuevamente, reafirmo esta distinción y preciso que es extensible a las partes que se representan por derecho propio. Por lo cual, reitero que una interpretación desacertada del derecho no equivale, necesariamente, a una representación falsa de su contenido. En cambio, cuando se invoca una decisión inexistente para sustentar una postura, se introduce al proceso adjudicativo una fuente de autoridad que carece de fuerza normativa. Esta última es la práctica que no podemos tolerar.

Tal actuación no solo dificulta el examen de la controversia, sino que, conforme adelanté, impone a los tribunales y a la parte adversa la carga de identificar y desmentir un derecho que nunca debió incorporarse al procedimiento. Así pues, aunque la comparecencia por derecho propio puede constituir una circunstancia pertinente al determinar la severidad de la sanción, esto no desplaza el deber mínimo de verificar que las autoridades invocadas realmente existen.

Ahora bien, la controversia que hoy examinamos no es novel en la jurisdicción federal, por lo que contamos con el insumo de distintos tribunales que han evaluado las consecuencias de presentar escritos que contienen citas inexistentes con apariencia de haber sido generadas mediante inteligencia artificial. Por ejemplo, en Kulkarni v. Merit Sys. Prot. Bd., No. 2025-1597, 2025 WL 3627611, decidido el 15 de diciembre de 2025, el Tribunal de Apelaciones para el Circuito Federal reconoció que, aunque los litigantes por derecho propio reciben ordinariamente un trato procesal menos riguroso, todos están sujetos al deber mínimo de abstenerse de citar jurisprudencia inexistente o atribuir a las decisiones judiciales expresiones que estas no contienen. Consecuentemente, el referido Foro ordenó el desglose de los escritos que adolecían de este defecto.

De otra parte, en Jones v. Kankakee Cnty. Sheriff's Dep't, 164 F.4th 967 (7mo Cir. 2026), un litigante pro se compareció mediante un escrito de apelación que contenía expresiones incorrectamente atribuidas a decisiones judiciales. El referido Foro emitió una orden de mostrar causa, a la cual el señor Jones respondió negando haber usado inteligencia artificial. Ante ello, el Séptimo Circuito razonó lo siguiente:

While AI presents great overall promise, the experience so far in litigation has revealed instances of inaccurate factual and legal representations to courts. How to respond both in individual cases and at the broader level of court rules and policies is a challenge fully upon the judiciary, federal and state. Where all of this lands for pro se litigants—parties who represent themselves and who do so almost always without any legal training—is an important component of the ongoing dialogue and one implicated by our reaction to the quotation errors in Jones’s brief.

[…]

Whether we are right or Jones is right need not detain us, for we have no reason to believe his misstatements of law were knowing or intentional. Nor do we have any reason to believe he has the training necessary or resources available to check the accuracy of legal citations. In the circumstances before us, then, and mindful that before today’s decision we have not supplied any guidance on the use of AI by pro se litigants, we stop short of imposing any form of sanction on Jones. Íd.

En otras palabras, el Foro optó por no sancionarle al considerar, entre otros factores, la ausencia de indicios de faltar a la verdad intencionalmente, la posible falta de preparación y recursos para verificar las autoridades, así como la ausencia de orientación judicial previa sobre el uso de inteligencia artificial. Íd.

Estas decisiones, aunque persuasivas, nos ilustran sobre el deber de verificar las fuentes citadas y su extensión tanto a los abogados, abogadas, como a los litigantes por derecho propio. Sin embargo, la razonabilidad de la investigación y la severidad de la sanción deben evaluarse a la luz de las circunstancias particulares de quien comparece. A modo de ejemplo, los tribunales pueden considerar el carácter aislado o reiterado de la conducta, la investigación razonablemente exigible al compareciente considerando su preparación o conocimientos previos en derecho y los recursos disponibles (ej. confinados), así como la suficiencia de las medidas menos severas tomadas por los tribunales para disuadir su repetición.

Estos criterios orientadores no son sustitutos del ejercicio prudente de la discreción judicial, sino que permiten distinguir entre un error atribuible a la falta de conocimientos en derecho y una conducta que, por su gravedad, persistencia o consecuencias, amerita una respuesta más rigurosa.

III

En el caso ante nos, la parte peticionaria no se limitó a invocar una sola autoridad incorrecta o a cometer un error aislado de citación. Por el contrario, conforme surge del expediente, su actuación forma parte de un patrón procesal más amplio, el cual comprende la presentación de disposiciones legales inexistentes ante las tres instancias judiciales. En vista de la conducta reiterada desplegada por la parte peticionaria, concluyo que no estamos ante una situación aislada de mera inadvertencia o de interpretación debatible del derecho. Más bien, nos encontramos ante un incumplimiento persistente del deber mínimo de verificar las fuentes jurídicas utilizadas para comparecer ante los foros inferiores y para solicitar nuestra intervención. Tampoco puede pasar desapercibido que, en el presente caso, los litigantes por derecho propio incurrieron en un patrón frívolo y temerario caracterizado por imputar actuaciones constitutivas de delito sin mérito alguno y sustentado en citas falsas.

Reconocer lo contrario supondría trasladar al foro adjudicador la responsabilidad principal de comprobar la autenticidad de cada autoridad invocada por quien comparece, cuando se supone que al firmar el escrito esa persona certifica haber realizado una investigación razonable. Ello, a su vez, es insostenible e incompatible con la función adjudicativa y con el respeto a los tribunales. Por lo tanto, la sanción que hoy imponemos encuentra su justificación en el incumplimiento de las obligaciones procesales y en las repercusiones que ello tiene para la sana administración de la justicia.

IV

Por los fundamentos antes expuestos, estoy conforme con el curso de acción adoptado por una mayoría de este Tribunal. La comparecencia por derecho propio constituye una manifestación legítima del acceso a la justicia. Sin embargo, no supone el derecho a sustituir el derecho vigente y vinculante por uno alucinado. La flexibilidad procesal que le ha sido reconocida a quienes comparecen por derecho propio no les inmuniza del deber de diligencia que exige la presentación de un escrito ante los foros judiciales.

Por ello, y en consideración al patrón de conducta desplegado por la parte peticionaria, estoy conforme con la denegatoria de expedición del recurso de certiorari, de la moción en auxilio de jurisdicción y la imposición de una sanción económica de $500.00 a cada parte aquí peticionaria, la cual juzgo proporcional a las circunstancias particulares del caso.

Camille Rivera Pérez

Jueza Asociada