2026 JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO 2026

 2026 DTS 110 VELAZQUEZ FELICIANO V. VELAZQUEZ FELICIANO, 2026TSPR110

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Nancy Velázquez Feliciano y otros

Recurridos

v.

Víctor Manuel Velázquez Feliciano y otros

Peticionarios

 

Certiorari

2026 TSPR 110

218 DPR __, (2026)

218 D.P.R. __, (2026)
2026 DTS 110, (2026)

Número del Caso:  CC-2026-0815

Fecha:  28 de octubre de 2026

 

-Véase Resolución del Tribunal

 

El Juez Asociado SEÑOR CANDELARIO LÓPEZ emite un Voto Particular de Conformidad al cual se unen la Jueza Asociada señora Pabón Charneco, el Juez Asociado señor Kolthoff Caraballo y la Jueza Asociada Rivera Pérez.

En San Juan, Puerto Rico, a 28 de octubre de 2026.

Hoy este Tribunal desestima dos recursos presentados por personas que acudieron a los foros judiciales en representación de sí mismas y les impone una sanción de $1,000 por inducir a error al Poder Judicial y prolongar los procesos adjudicativos injustificadamente. Al fijar la cantidad de la sanción en cuestión, tomamos en consideración el estado de litigante pro se, el propósito de los escritos, incluyendo los ataques frívolos realizados en contra de los funcionarios y los procesos del Poder Judicial, y el uso rampante de argumentación sustentada en citas legales inexistentes. Por esta razón, estoy conforme con la determinación que hoy emitimos, particularmente la advertencia que hemos realizado a la comunidad general, a los efectos de que el deber de diligencia y competencia tecnológica al momento de comparecer a los tribunales se extienda a todo el que pretenda litigar en nuestra jurisdicción, independientemente de que comparezca con representación legal o por derecho propio.

A mi juicio, esta Resolución es de alta envergadura para nuestro ordenamiento jurídico, pues tomamos un paso afirmativo para garantizar la integridad de los procesos judiciales en nuestros tribunales ante el desarrollo rampante de la inteligencia artificial, y por primera vez, tenemos la oportunidad de expresarnos sobre el tema en el contexto de litigantes pro se. Por un lado, reconocemos la importancia del derecho a la autorrepresentación, ya que para muchas personas es su única vía de acceso a los tribunales. Sin embargo, este derecho no se ejerce sin responsabilidades, y quien comparece por derecho propio no puede obtener un trato preferencial en cuanto al contenido de los escritos que presenta ante los tribunales.

En ese sentido, considero prudente recalcar que, bien utilizadas, las herramientas tecnológicas pueden ayudar a entender un trámite, ordenar ideas o redactar con mayor claridad, particularmente para aquellos que tienen los conocimientos mínimos sobre el tema. No obstante, en manos de quienes no pueden distinguir un precedente de su apariencia, produce lo contrario de lo que promete: escritos que lucen autorizados, pero descansan en decisiones que nunca se emitieron. Eso, precisamente, fue lo que sucedió en el caso ante nuestra consideración.

Cada cita falsa obliga al tribunal y a la parte contraria a refutar un derecho que nunca existió, y esa demora la paga el sistema. La sanción de hoy responde a esa conducta y la advertencia al riesgo de que se repita. Así, con aras de preservar el derecho que tiene la ciudadanía para comparecer a los tribunales pro se y, a la misma vez, proteger la dignidad de los procesos adjudicativos que administra el Poder Judicial, estoy conforme con la decisión que ha tomado esta Curia. Cualquier otra determinación en esta etapa procesal sería innecesaria e inoficiosa, pues no alteraría la realidad fáctica de la conducta desplegada por los litigantes y continuaría entorpeciendo la sana administración de la justicia.

Veamos el trámite procesal que nos trae a este desenlace.

I

Este caso tuvo su origen el 26 de diciembre de 2024, cuando se presentó una demanda sobre división y liquidación de caudal hereditario en contra del Sr. Víctor Manuel Velázquez Feliciano y la Sra. Mercedes Velázquez Feliciano (parte peticionaria o peticionarios).[1] Tras varias incidencias procesales y una segunda demanda presentada en contra de estos,[2]  ambos casos fueron consolidados.[3]

En lo pertinente a lo que nos concierne, desde los comienzos del pleito legal en cuestión, las partes comparecieron por conducto de sus respectivas representaciones legales. Sin embargo, el 23 de junio de 2026, el Lcdo. Luis H. Rodríguez Pérez (licenciado Rodríguez Pérez), abogado de los peticionarios, solicitó el relevo de la representación legal por diferencias sobre la dirección del caso y las acciones correspondientes.[4] Del mismo modo, el 29 de julio de 2026, la parte peticionaria compareció por derecho propio y solicitó que se relevara al licenciado Rodríguez Pérez como su abogado, pues la comunicación y la confianza entre ambos se habían visto laceradas.[5] Evaluados los escritos presentados, el TPI accedió al relevo de la representación legal del letrado y concedió un término de treinta días para que los peticionarios informaran su nueva representación legal.[6]

No obstante, el 4 de agosto de 2026, los peticionarios presentaron una Moción de notificación de comparecencia conjunta por derecho propio (Pro se) y solicitud de término, mediante la cual informaron su deseo de representarse pro se en los casos consolidados.[7] Además, ese mismo día presentaron una segunda moción en la que solicitaron que se expidiera una orden de citación duces tecum a un tercero ajeno a los procedimientos.[8] Evaluadas ambas peticiones, el TPI emitió dos órdenes notificadas el 4 de agosto de 2026. Mediante la primera, denegó la solicitud de expedición de citación duces tecum.[9] Por conducto de la segunda, citó a las partes a una vista argumentativa, a celebrarse el 18 de agosto de 2026 mediante videoconferencia, para auscultar si los peticionarios satisfacían los criterios de la Regla 9.4 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 9.4.[10]

Surge de la Minuta que, durante la vista argumentativa, el juez de instancia formuló una serie de preguntas a los peticionarios para cualificar su conocimiento en relación con las Reglas de Procedimiento Civil y determinar si se podían representar por derecho propio.[11] Al culminar la vista, el TPI notificó una Orden en la que concluyó que, tras una lectura de las mociones presentadas y la evaluación de las argumentaciones realizadas durante la vista, ninguno de los peticionarios estaba apto para representarse por derecho propio.[12] En extrema síntesis, el adjudicador del foro primario esbozó que los peticionarios no tenían los conocimientos mínimos necesarios para representarse adecuadamente, y que resolver lo contrario contribuiría a una demora indebida en los procedimientos, causando que se entorpeciera la adecuada administración de la justicia.

En el caso particular del Sr. Víctor Manuel Velázquez Feliciano (señor Velázquez Feliciano), indicó que, ante las preguntas realizadas durante la vista, este demostró poseer conocimiento legal previo y que, por esta razón, autorizó inicialmente que pudiese representarse pro se. Sin embargo, explicó que la argumentación oral realizada por el peticionario a medida que continuó la vista y su comportamiento hacia la representación legal de la contraparte fueron suficientes para convencer al TPI de que, tomando en consideración todos los criterios esbozados en la Regla 9.4 de Procedimiento Civil, supra, era improcedente autorizar su comparecencia por derecho propio. Por lo tanto, el TPI concedió un término de treinta días para que los peticionarios comparecieran por conducto de representación legal. Asimismo, le apercibió de que el incumplimiento de esta Orden podría acarrear la imposición de sanciones como la eliminación de alegaciones y la anotación de rebeldía.

Inconformes, el 17 de septiembre de 2026, los peticionarios acudieron al Tribunal de Apelaciones (TA) mediante una solicitud en auxilio de jurisdicción y un recurso de certiorari para, entre otras cosas: (a) impugnar la orden denegatoria emitida el 4 de agosto de 2026 sobre la citación duces tecum; (b) impugnar la orden emitida el 18 de agosto de 2026 pertinente a su comparecencia por derecho propio; y (c) solicitar que el caso fuese asignado a otro juez por presuntas cuestiones éticas.[13] En cuanto a este último asunto, la parte peticionaria anejó un documento intitulado como Queja ética urgente […] dirigido a la Oficina de Asuntos Legales de la Oficina de Administración de Tribunales (OAT), suscrito el 15 de septiembre de 2026.[14] Por medio de esta, el señor Velázquez Feliciano alegó que el audio oficial de la vista argumentativa había sido manipulado para eliminar contenido de esta, configurando “un patrón de prevaricación y falsificación ideológica” para despojarles de su derecho a representarse por derecho propio. Como parte de este alegado patrón, adujo que el juez de instancia se inventó reglas jurídicas, alteró deliberadamente el tracto procesal del pleito “con el fin de manipular y desvirtuar” el caso y omitió hechos esenciales arbitrariamente.

Así las cosas, el 18 de septiembre de 2026, el TA emitió una Resolución mediante la cual denegó la expedición del certiorari y declaró No Ha Lugar la solicitud en auxilio de jurisdicción.[15] En lo pertinente a la solicitud para intervenir con la orden denegatoria emitida por el TPI el 4 de agosto de 2026, el foro apelativo intermedio indicó no tener la jurisdicción para atenderla por haber sido presentada de manera tardía. Sobre la orden emitida el 18 de agosto de 2026, el TA denegó la expedición del certiorari pues, a su juicio, el juez de instancia ejerció su discreción conforme a derecho y no incurrió en arbitrariedad, prejuicio ni abuso craso de discreción al ordenar a los peticionarios contratar representación legal conforme a las Reglas de Procedimiento Civil.

En lo que respecta a las imputaciones éticas contra el juez de instancia, el TA optó por no pronunciarse al respecto. Cabe resaltar, además, que el 21 de septiembre de 2026, los peticionarios presentaron una Moción en solicitud de inhibición y recusación voluntaria […] para que el adjudicador del TPI se inhibiera inmediatamente por alegada imparcialidad y acusaciones de fraude.[16] Ante ello, ese mismo día, el juez de instancia emitió una Orden de inhibición para referir el expediente del caso a su juez pareja y así evitar cualquier imagen de imparcialidad.[17]

En desacuerdo con el dictamen del TA, el 19 de octubre de 2026, la parte peticionaria presentó el Recurso de Certiorari y la Moción Urgente en Solicitud de Auxilio de Jurisdicción que nos lleva a expresarnos en la tarde de hoy. A saber, los peticionarios señalan que el TA abusó crasamente de su facultad discrecional al denegar la expedición del recurso de certiorari ante sí, pues, según argumentó, el TPI revocó de manera punitiva y arbitraria su derecho a representarse por derecho propio. Además, señaló que el TA fue cómplice al avalar un “récord viciado por la omisión y supresión deliberada de las incidencias reales de sala” y al “refrendar el andamiaje de malicia procesal e incongruencias fácticas del récord de instancia”. En específico, sostuvo que las fechas del sistema SUMAC fueron alteradas “para encubrir deficiencias en el desempeño judicial y el retraso del pleito”, y que un audio oficial del Poder Judicial fue “materialmente amputado en su origen”. Por todo lo anterior, solicitó que ordenáramos la paralización de los procedimientos judiciales en el caso de autos; que revoquemos las órdenes interlocutorias emitidas por el TPI el 4 y el 18 de agosto de 2026; y que refiramos las incidencias señaladas a las diferentes instrumentalidades del Poder Judicial con el fin de realizar investigaciones éticas en contra del juez de instancia.

II

En Puerto Rico, el derecho a la representación por derecho propio se reconoce para toda persona natural y se extiende tanto al ámbito civil como al criminal. Para viabilizar el acceso a la justicia de quienes comparecen por derecho propio, el Poder Judicial creó los Centros Pro Se, mediante los cuales se ofrecen servicios de orientación a quienes interesen representarse por sí mismos en procesos judiciales. A través del Programa de Acceso para Litigantes por Derecho Propio, este provee las herramientas necesarias para contribuir a que la comunidad general pueda tener una autorrepresentación efectiva ante los tribunales.[18]

Desde Lizarríbar v. Martínez Gelpí, 121 DPR 770 (1988), esta Curia reconoció que el derecho de las personas a comparecer por derecho propio en el ámbito civil goza de rango constitucional. R. Hernández Colón, Práctica Jurídica de Puerto Rico - Derecho procesal civil, 6ta ed., San Juan, Ed. LexisNexis, 2017, pág. 83. Esto, pues, tras un análisis de la jurisprudencia norteamericana, se concluyó que, a la luz de la Sexta Enmienda de la Constitución de Estados Unidos,[19] el derecho constitucional de renunciar a la asistencia de abogado en la esfera criminal implicaba un reconocimiento implícito del derecho a la autorrepresentación. Lizarríbar v. Martínez Gelpí, supra, pág. 784. Por consiguiente, en lo pertinente al ámbito civil, pronunciamos que “toda vez que en esta esfera no se reconoce el derecho a asistencia de abogado a los litigantes, resulta más apremiante aún el derecho a la representación por sí mismo en tales casos […] que por lo general los intereses afectados no gozan de la misma jerarquía o no revisten de ordinario la misma importancia [que en lo criminal]”. Íd., pág. 785.

Sin embargo, la constitucionalidad de este derecho no lo hace absoluto, pues con el fin de la mejor administración de la justicia, delineamos un listado de criterios que el Tribunal debía considerar y balancear al momento de reconocer el derecho a la representación pro se.[20] Posteriormente, la Asamblea Legislativa incorporó estos factores mediante legislación a las Reglas de Procedimiento Civil.

Así, la Regla 9.4 de Procedimiento Civil, supra, reconoce el derecho de toda persona natural a comparecer por derecho propio en casos civiles ordinarios. No obstante, este derecho no es ilimitado ni absoluto, pues su ejercicio está condicionado a una evaluación judicial de los criterios establecidos en la referida regla. Véase Pueblo v. Cruzado, 161 DPR 840, 846 (2004). A saber, el estatuto establece que el tribunal debe considerar: (a) si la persona está representada por abogado; (b) si la decisión de autorrepresentación es voluntaria e inteligente, con pleno conocimiento de que será tratada como cualquier otra parte representada por abogado o abogada; (c) si la persona puede representarse a sí misma de manera adecuada, de acuerdo a la complejidad de la controversia a adjudicarse; (d) si la persona posee la capacidad y conocimientos mínimos para defender sus intereses, cumplir con las reglas procesales y alegar el derecho sustantivo aplicable; (e) si su comparecencia pro se entorpecerá la adecuada administración de la justicia, o atentará contra la dignidad del tribunal, las partes o sus abogados. 32 LPRA Ap. V, R. 9.4.

De este modo, surge con meridiana claridad que la Regla 9.4 de Procedimiento Civil, supra, impone un deber afirmativo al TPI de evaluar que la persona cumpla con los requisitos previamente esbozados durante todo el proceso. Después de todo, el fundamento principal que promulga esta regla es que todos los litigantes son iguales ante la ley. Asimismo, la regla dispone que el incumplimiento de alguno de estos requisitos será causa suficiente para que el tribunal suspenda la autorrepresentación y le ordene que comparezca con representación legal en un plazo determinado. Por tanto, el foro judicial habrá de lograr un justo balance de estos criterios y, al mismo tiempo, atender las circunstancias particulares del caso, los intereses de las partes y la eficiencia en la administración de la justicia, antes de determinar que procede suspender la autorrepresentación. Íd. Véase, además, Lizarríbar v. Martínez Gelpí, supra, pág. 786 (1988).

A tenor de lo esbozado, esta regla también dispone que toda persona que comparezca por derecho propio estará sujeta a los requisitos de conducta que rigen la profesión legal, incluyendo la imposición de sanciones establecidas por la Regla 9.3 de Procedimiento Civil, supra. Es decir, toda persona que comparezca de manera pro se deberá ejercer un cumplimiento continuo de los factores esbozados en la Regla 9.4, so pena de enfrentarse a las consecuencias procesales provistas para las partes que ostentan representación legal, como, por ejemplo, la imposición de sanciones económicas o de otra naturaleza. 32 LPRA Ap. V, R. 9.3. Dicho de otro modo, ante los ojos de los tribunales, quien opta por representarse por derecho propio, lo hace consciente de que será tratado como cualquier parte con representación legal, y el tribunal no está obligado a ilustrarle acerca de las leyes o reglas, ni a nombrarle abogado o abogada que le asesore durante el proceso. Íd., R. 9.4.

A esos efectos, las personas que se representan por derecho propio están sujetas a las mismas sanciones establecidas por las Reglas de Procedimiento Civil para los abogados y para las partes debido a que ejercen un rol dual en el pleito. Hernández Colón, op. cit., pág. 85. Entre estas posibles sanciones, se encuentran las establecidas por concepto de costas y honorarios de abogados. A saber, en Nieves Huertas et al. v. ELA I (Sentencia), 189 DPR 611 (2013), impusimos una sanción de $10,000 en honorarios de abogados a unos litigantes pro se por presentar un caso frívolo. De este modo, cabe resaltar que la Regla 44.2 de Procedimiento Civil, supra, faculta al tribunal a imponer sanciones económicas en cualquier etapa del proceso a una parte o a su representante legal por conducta constitutiva de demora, inacción, abandono, obstrucción o falta de diligencia en perjuicio de la eficiente administración de la justicia. Al amparo de esta regla, el tribunal puede imponer una variedad de sanciones económicas que incluyen cualquier multa de índole punitiva con el propósito de penalizar determinado comportamiento. Hernández Colón, op. cit., pág. 432.

III

Este Tribunal optó por declarar no ha lugar ambos recursos presentados por la parte peticionaria, pues estos no lograron argumentar efectivamente que estuviesen ante una situación excepcional en la que existan circunstancias de verdadera urgencia ni un daño sustancial o irreparable a las partes. Asimismo, justipreciamos que, en lo pertinente al certiorari, los peticionarios no presentaron un caso fuerte con probabilidades de prevalecer. Esto, así pues, según obra en el expediente, ante la solicitud de los peticionarios para comparecer pro se, el TPI celebró la vista argumentativa correspondiente, formuló una serie de preguntas para calificar su conocimiento y determinar si se podían representar por derecho propio, y tomó en consideración las argumentaciones y el comportamiento desplegado en la vista para arribar a su conclusión. Así, el TPI actuó dentro de la sana discreción que le confiere la Regla 9.4 de Procedimiento Civil, supra, y concluyó que los peticionarios no tienen los conocimientos mínimos necesarios para representarse adecuadamente y concedió un término de treinta días para que comparecieran por conducto de representación legal.

De ordinario, este tipo de caso culminaría con la evaluación de la petición, su determinación correspondiente y la notificación a las partes. Sin embargo, tras una evaluación exhaustiva del expediente electrónico en los foros inferiores, al igual que los documentos presentados por los peticionarios ante nos, la conducta empleada por la parte peticionaria durante las diferentes etapas del proceso judicial no puede quedar impune ni despacharse con un mero no ha lugar.

Hoy nos vemos forzados a emitir un mensaje a la comunidad general, pues pudimos identificar que, desde su primera comparecencia pro se, los peticionarios estuvieron induciendo a error a los tribunales mediante el uso de citas falsas y jurisprudencia ficticia. A saber, los peticionarios incurrieron en un patrón frívolo de atacar injustificadamente a los foros inferiores con alegaciones constitutivas de delito, mientras, a su vez, incurren en una falta de diligencia por el mal uso de herramientas tecnológicas e inteligencia artificial en sus comparecencias. Esto surge tras una evaluación minuciosa de los escritos presentados por derecho propio por los peticionarios, en donde identificamos una serie de irregularidades que atentan contra la dignidad de nuestros tribunales:

1.      En su Moción solicitando relevo de representación legal […],[21] la parte peticionaria citó tres casos para hacer sus argumentos y redactó unas supuestas expresiones emitidas por este Tribunal: In re Rivera Ramos, 178 DPR 651, 666 (2010); In re Ramos Hernández, 183 DPR 647, 655 (2011); y In re Alvelo San Miguel, 166 DPR 341. Los primeros dos casos constan en las decisiones emitidas por esta Curia, pero las expresiones citadas ad verbatim en el documento no existen. En cuanto al tercer caso, In re Alvelo San Miguel, 166 DPR 341, resulta que este no consta en las decisiones emitidas por este foro.

 

2.      Lo mismo sucedió en su Moción de notificación de comparecencia conjunta por derecho propio (Pro se) […],[22] en donde citó dos casos que no existen en nuestras colecciones de Decisiones de Puerto Rico: Ex parte López Mendoza, 121 DPR 673 (1988) y Asociación de Propietarios v. Solimar, 142 DPR 159 (1977).

 

3.      En su Moción en solicitud urgente de paralización […],[23] los peticionarios citaron Vargas v. Alco, 162 DPR 450 (2004), un caso que tampoco consta en las decisiones de este Tribunal.

 

4.      Posteriormente, en su Moción en solicitud de inhibición y recusación […],[24] la parte peticionaria volvió a citar dos casos que tampoco existen como parte de las decisiones emitidas por el Tribunal Supremo de Puerto Rico: Sucesión de Carrasquillo v. Cruz, 156 DPR 328 (2002) y Vargas v. Alco, 162 DPR 450 (2004) por segunda vez.

 

5.      Asimismo, en su Moción urgente en solicitud de suspensión y prórroga […],[25] los peticionarios citaron In re Almodóvar Marchany, 172 DPR 954 (2008), pero surge tras una investigación exhaustiva que la cita correcta es In re Almodóvar Marchany, 167 DPR 400 (2006). Por otro lado, citaron otro caso que no consta en nuestras decisiones: Soc. de Gananciales v. G. P. Real Estate, 173 DPR 921 (2008).

 

6.      Luego, en su recurso de certiorari ante el TA,[26] los peticionarios volvieron a citar diez casos que no obran en nuestras decisiones: Sucesión de Carrasquillo v. Cruz, 156 DPR 328 (2002) por segunda vez; Ex Parte Suro, 124 DPR 220 (1989); Sucesión Bravo v. Sucesión Marín, 141 DPR 24 (1996); Rivera v. L. G. S. Corp., 183 DPR 814 (2011); Felician Alvarado v. De Jesús, 192 DPR 740 (2015); Pueblo v. Flores, 134 DPR 395 (1993); S. L. G. Rivera v. Martínez, 170 DPR 814 (2007); Vargas v. Alco, 162 DPR 450 (2004) por tercera vez; Sucesión de Santos v. Santos, 154 DPR 872 (2001); Soc. de Gananciales v. G. P. Real Estate, 173 DPR 921 (2008) por segunda vez. A su vez, citaron a Mora Development v. Sandin, 118 DPR 484 (1987), un caso citado incorrectamente pero que, tras una investigación exhaustiva, presumimos que pretendía citar a Mora Dev. Corp. v. Sandín, 118 DPR 733 (1987).

 

7.      Finalmente, en su recurso de certiorari ante nos, la parte peticionaria continuó con su patrón de citaciones ficticias y citó los siguientes cuatro casos que tampoco obran en nuestros dictámenes:  In re Marín Rivera, 169 DPR 896 (2007); Pueblo v. Casiano, 117 DPR 842 (1986); Sanz v. Municipio de San Juan, 154 DPR 370 (2001); y Pueblo v. Colón Lozada, 151 DPR 734 (2000).

Dicho de otro modo, la parte peticionaria compareció pro se y basó su argumentación legal en jurisprudencia que simple y sencillamente no existe. De su faz, podemos concluir que los casos fueron creados artificialmente por herramientas tecnológicas que emplearon los peticionarios para preparar sus escritos.

En In re Irizarry Centeno, 2026 TSPR 41, 218 DPR ____ (2026), atendimos un caso en el que dos abogadas citaron ad verbatim varios casos que supuestamente pertenecían a la jurisprudencia de este Tribunal. Ante señalamientos de citaciones falsas por su contraparte, las abogadas admitieron el uso de citas inexistentes y el foro primario les impuso una sanción de $1,000 por causar dilaciones injustificadas en el manejo del caso. En su Resolución, el tribunal de instancia concluyó que las actuaciones de las abogadas causaron perjuicio a la otra parte, alteraron el curso del litigio y retrasaron la solución definitiva del pleito. Posteriormente, al evaluar la conducta profesional de las abogadas, tomamos en consideración la totalidad de las circunstancias y les apercibimos a estas de que, de incurrir en conducta antiética ulterior, se podrían exponer a sanciones disciplinarias más severas. Asimismo, advertimos a la clase togada sobre su deber de actuar con competencia y diligencia tecnológica en todo momento, incluyendo el deber de validar el contenido generado mediante herramientas tecnológicas.

De igual manera, el pasado 6 de octubre de 2026, emitimos una Resolución en donde le impusimos una multa de $1,000 a una abogada por realizar dos representaciones falsas al atribuir a este Tribunal citas y determinaciones que nunca se han emitido.[27]

Cónsono con nuestro proceder en los dos casos citados y la jurisprudencia que se ha desarrollado sobre el tema en otras jurisdicciones estadounidenses, coincido en que “la inclusión de citas inexistentes o tergiversadas atribuidas a decisiones de este Tribunal constituye conducta sancionable, no por la adopción de argumentos novedosos o interpretaciones extensivas del derecho, sino por presentar como precedente vigente pronunciamientos que este Tribunal nunca emitió. Ello entorpece la función adjudicativa, obliga al foro y a la parte adversa a desmentir derecho ficticio y erosiona la confianza en la administración de la justicia”. Opinión de Conformidad de la Jueza Asociada Rivera Pérez en In re Irizarry Centento, 2026 TSPR 41, 218 DPR ____ (2026).

En el pasado, las sanciones económicas que hemos impuesto en relación con citaciones ficticias han sido dirigidas a personas admitidas a la práctica de la abogacía en nuestra jurisdicción. Distinto es el trato para aquellos litigantes pro se a quienes no necesariamente les aplican las Reglas de Conducta Profesional de Puerto Rico. No obstante, tal y como establece nuestro ordenamiento jurídico, toda persona que comparezca por derecho propio estará sujeta a los mismos estándares que rigen la profesión legal, incluyendo la imposición de sanciones económicas o de otra naturaleza por conducta que constituya la dilación injustificada de los procesos. Por lo tanto, hoy promulgamos categóricamente que la inclusión de citas ficticias o tergiversadas tiene el efecto práctico de inducir a error al Tribunal y constituye razón suficiente para sancionar a todo litigante, independientemente de que se represente por derecho propio.

Además de lo esbozado, considero que la conducta de los peticionarios fue frívola en el sentido de que, mediante sus escritos pro se, se dedicaron a realizar imputaciones descontextualizadas e infundadas basadas en un craso desconocimiento de los procedimientos judiciales y de nuestro estado de derecho.[28] Por lo tanto, me parece que las imputaciones realizadas, mediante escritos plagados con citaciones falsamente atribuidas a este Tribunal, atentan contra la dignidad del Poder Judicial. De esta manera, estoy satisfecho con la sanción económica impuesta a los peticionarios, pues no podemos permitir que los litigantes que comparezcan por derecho propio prolonguen los procedimientos injustificadamente con distorsiones de derecho y alegaciones infundadas que comprometan la integridad de nuestro sistema judicial. Además, esta es consistente con las sanciones económicas que hemos impuesto en los últimos meses por cuestiones similares.

Asimismo, cabe recalcar que este Tribunal continúa alerta para identificar a litigantes que comparecen ante los tribunales mediante mociones y recursos que evidentemente han sido confeccionados con el uso de herramientas de inteligencia artificial. Esto por sí solo no es razón para sanciones. Después de todo, estamos ante una tecnología que ha revolucionado y continúa evolucionando todos los quehaceres de nuestra sociedad, incluyendo la profesión legal. Sin embargo, lo que sí es motivo de censura y sanciones es que estas herramientas sean utilizadas para inducir a error al Tribunal con representaciones falsas de citas y determinaciones que nunca se han emitido, tal y como hicieron los peticionarios en el pleito ante nos: siete documentos con decenas de citaciones inexistentes para fundamentar sus posturas, sin haber corroborado la veracidad de estas.

Anticipamos que esta no será la última vez en la cual personas que no han sido admitidas a la abogacía optarán por utilizar estas herramientas para comparecer pro se en lugar de adquirir representación legal. Por lo tanto, la advertencia que hoy emite este Tribunal va dirigida a todos esos litigantes pro se que consideran que con el uso de inteligencia artificial tienen un conocimiento legal supremo en la palma de su mano. Adviértase que deberán emplear los mismos niveles de diligencia y competencia tecnológica que obedece la comunidad legal de Puerto Rico al presentar sus escritos. De lo contrario, estarán expuestos a las sanciones previstas por nuestro ordenamiento procesal civil.

Por los fundamentos expuestos, estoy conforme.

Raúl A. Candelario López

Juez Asociado