2026 JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO 2026

2026 DTS 031 CENTRO DE PERIODISMO V. GONZALEZ COLON, GOBERNADORA 2026TSPR031

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Centro de Periodismo Investigativo, Inc.;

Luis J. Valentín Ortiz; Noel Algarín Martínez

Recurridos

v.

Jenniffer González Colón, en su capacidad oficial como Gobernadora del Estado Libre Asociado de Puerto Rico; Marieli Padró Raldiris, en su capacidad oficial como Secretaria de Prensa de la Gobernadora del Estado Libre Asociado de Puerto Rico; Oficina de la Gobernadora del Estado Libre Asociado de Puerto Rico; Departamento de Estado; Estado Libre Asociado de Puerto Rico

Peticionarios

2026 TSPR 31

218 DPR ___, (2026)

218 D.P.R. ___, (2026)

2026 DTS 31, (2026)

Número del Caso:  CT-2026-0001

Fecha:  27 de marzo de 2026

Véase Resolución del Tribunal

Voto particular de conformidad emitido por el Juez Asociado señor COLÓN PÉREZ.

En San Juan, Puerto Rico, a 27 de marzo de 2026.

En extrema síntesis, el presente caso tiene su génesis en una Demanda sobre sentencia declaratoria, e injunction preliminar y permanente, presentada, el pasado 29 de diciembre de 2025, ante el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de San Juan, por el Centro de Periodismo Investigativo, y los periodistas Sres. Luis J. Valentín y Noel Algarín Martínez (en adelante y en conjunto, “CPI”) en contra de la Gobernadora del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, Hon. Jenniffer González Colón; la Sra. Marieli Padró Raldiris, en su capacidad oficial como Secretaria de Prensa de la Gobernadora; la Oficina de la Gobernadora; el Departamento de Estado; y el Estado Libre Asociado de Puerto Rico (en adelante y en conjunto, “el E.L.A.”).

En esencia, en su recurso, el CPI impugnó cierta actuación del E.L.A. al requerirle una certificación de prensa vigente, expedida por el Departamento de Estado, como condición para asistir a las conferencias de prensa celebradas en La Fortaleza. Conforme a dicho proceder, argumentó que tal limitación constituía una violación al derecho constitucional a la libertad de prensa.

Enterado de lo anterior, el E.L.A. presentó, ante el foro primario, una Moción de desestimación y/o petición de sentencia sumaria, en la que sostuvo, entre otras cosas, que los requisitos de registro y certificación a los periodistas aquí en controversia no violentaban derecho constitucional alguno, sino que perseguían fines de seguridad y el orden; y que dicha medida era de aplicación neutral y general. Por tal razón, solicitó que se desestimase la Demanda por no existir una reclamación plausible que justificase la concesión de un remedio.

Evaluados los planteamientos de las partes, el 23 de febrero de 2026 el Tribunal de Primera Instancia emitió una Sentencia en virtud de la cual concedió los remedios solicitados por el CPI. Según su razonamiento, la actuación del E.L.A. coarta e incide sustancialmente sobre el derecho a la libertad de prensa al denegar a periodistas y entidades periodísticas, -- como el CPI --, el acceso a información gubernamental, máxime cuando el requerimiento de dicha certificación perseguía un propósito distinto que aquel autorizado por ley.[1]

Inconforme con dicho proceder, el 20 de marzo de 2026 el E.L.A. recurrió ante el Tribunal de Apelaciones. Sin embargo, en esa misma fecha compareció ante este Tribunal mediante un Recurso urgente de certificación intrajurisdiccional.[2]

En dicho escrito, el E.L.A. sostiene que existen circunstancias que justifican la intervención inmediata de este Foro, pues la Sentencia recurrida: (1) invalida una política administrativa del Poder Ejecutivo mediante una interpretación constitucional, a su juicio, contradictoria a lo resuelto en Disidente Universal de Puerto Rico v. Departamento de Estado, 145 DPR 689 (1998); y, por consiguiente, (2) plantea cuestiones constitucionales sustanciales sobre la naturaleza de los foros gubernamentales y el alcance del derecho a la libertad de prensa.

A su vez, el E.L.A. alega que el Tribunal de Primera Instancia erró al conceder remedios extraordinarios sin la celebración de una vista evidenciaria. Al respecto, argumenta que no se le permitió presentar prueba ni se llevó a cabo el desarrollo ordinario del procedimiento judicial.

Hoy, este Tribunal acuerda denegar la petición de certificación ante nuestra consideración. Con dicho proceder, estamos de acuerdo. Empero, el juez que suscribe considera necesario exponer las dos principales razones, -- una procesal y una sustantiva --, que lo mueven a ello. Nos explicamos.

En cuanto al aspecto procesal de los asuntos traídos ante nuestra consideración, y similar al raciocinio empleado por el Tribunal de Primera Instancia, somos del criterio que en este caso no era indispensable la celebración de una vista evidenciaria para emitir el injunction preliminar y permanente solicitado. Lo anterior, toda vez que no había necesidad de descubrir prueba alguna.

Al respecto, conviene recordar aquí que este Tribunal en innumerables ocasiones ha sentenciado que “el propósito [de la referida vista evidenciaría] es, [en efecto], recibir evidencia para dilucidar hechos en controversia”. Torres Ponce v. Jiménez, 113 DPR 58, 60 (1982). Cónsono con ello, también hemos dicho que es innecesario celebrar una vista evidenciaria como requisito previo para emitir un injunction cuando no existen controversias de hechos materiales. Íd., en la pág. 61; J. A. Cuevas Segarra, Tratado de derecho procesal civil, 2da ed., San Juan, Pubs. JTS, 2011, Tomo V, págs. 1675-1676. Véase, también, Next Step Medical v. Biomet, Inc., 195 DPR 739, esc. 14 (2016); AMPR et als. v. Sist. Retiro Maestros II, 190 DPR 88, 90 (2014) (Resolución); Rivera Schatz v. ELA, 191 DPR 449, 451 (2014).[3] Tal es el caso de autos.

            Y es que, en lo que respecta a la causa de epígrafe, en este caso, según adelantamos, el foro primario venía llamado a responder una cuestión estrictamente de derecho y sobre la cual no existía controversia medular sobre hechos esenciales, a saber: si procedía, o no, el exigir determinada certificación, expedida por el Departamento de Estado, como condición para permitirle el acceso a periodistas a las conferencias de prensa celebradas en La Fortaleza.

            Siendo ello así, y de conformidad con la normativa antes expuesta, el Tribunal de Primera Instancia, como correctamente lo hizo, podía atender la solicitud de injuction preliminar y permanente ante su consideración sin la necesidad de escuchar directamente a las partes en una vista evidenciaria.[4] En ese sentido, para el juez que suscribe, este señalamiento de error no fue cometido.

Dicho ello, respecto al aspecto sustantivo de los asuntos traídos ante nuestra consideración, la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico establece que no se aprobará ley alguna que restrinja la libertad de palabra o de prensa. Art. II, Sec. 4, Const. ELA. PR, LPRA, Tomo 1. Cabe señalar que, en reiteradas ocasiones, este Tribunal ha reconocido, -- como corolario de la libertad de prensa --, el derecho de acceso, el derecho de recopilar y el derecho a publicar como herramientas claves para el libre flujo de información, intercambio de ideas y el ejercicio eficaz del referido derecho constitucional. Véase, por ejemplo, Disidente Univ. de P.R. v. Depto. de Estado, supra; Villanueva v. Hernández Class, 128 DPR 618 (1991); Soto v. Srio. de Justicia, 112 DPR 477 (1982). De ahí, que “la libertad de prensa es un derecho fundamental de todos los puertorriqueños y puertorriqueñas, y proteger dicho derecho goza del más alto interés público”. Izquierdo II v. Cruz, 213 DPR 607, 635 (2024) (Op. de conformidad del Juez Asociado señor Colón Pérez).

Es por ello que, cuando tenemos ante nos controversias sobre libertad de palabra o de prensa, estamos llamados a resguardar celosamente las protecciones de estos derechos, por su valor de la más alta jerarquía constitucional. OCS v. Point Guard Ins., 205 DPR 1005, 1019 (2020); U.P.R. v. Laborde Torres y otros I, 180 DPR 253, 286 (2010); Muñiz v. Admor. Deporte Hípico, 156 DPR 18, 23 (2002). Debemos reconocer, sin embargo, que el derecho a la libertad de palabra y de prensa podría estar sujeto a limitaciones, siempre y cuando éstas “no abarquen más de lo necesario”. OCS v. Point Guard Ins., supra.  

Así las cosas, y conforme con lo aquí expuesto, somos del criterio que, -- tal como lo determinó la Jueza del Tribunal de Primera Instancia, la Hon. Iris L. Cancio González --, el exigir la certificación previamente mencionada, como condición para permitir el acceso de periodistas a las conferencias de prensa celebradas en La Fortaleza, viola el derecho constitucional a la libertad de prensa. Lo anterior así, toda vez que ello representa una actuación irrazonable, la cual incide sustancialmente en las funciones periodísticas de éstos y éstas, quedando limitados los derechos de acceso, de recopilación y de publicación de información, que, según mencionamos, están íntimamente ligados al referido derecho constitucional. Por ende, para el juez que suscribe, este señalamiento de error tampoco fue cometido.

En fin, nos encontramos ante un dictamen, emitido por el foro primario, a todas luces, correcto. Es, pues, por los fundamentos expuestos que estamos conformes con la determinación que hoy toma este Tribunal.   

Ángel Colón Pérez

Juez Asociado