2026 JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO 2026

 2026 DTS 074 DE LA CRUZ HERNANDEZ V. RIMAS ENTERTAINMENT, LLC, 2026TSPR074

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Carliz De La Cruz Hernández

Peticionaria

v.

Rimas Entertainment, LLC y otros

Recurridos

__________________________

Carliz De La Cruz Hernández

Recurrida

v.

Rimas Entertainment, LLC y otros

Peticionarios

___________________________

Carliz De La Cruz Hernández

Peticionaria

v.

Rimas Entertainment, LLC y otros

Recurridos

 

Certiorari

2026 TSPR 74

218 DPR __, (2026)

218 D.P.R. __, (2026)

2026 DTS 74, (2026)

Número del Caso:  CC-2025-0212

cons. con CC-2025-0214 y CC-2025-0228

Fecha:  8 de julio de 2026

 

Tribunal de Apelaciones: Panel Especial

 

CC-2025-0212

Representantes legales de la parte peticionaria:                     

Lcdo. José M. Marxuach Fagot

Lcda. Joanna Bocanegra Ocasio

Representantes legales de los recurridos:

Noah Asad Byrne

Lcdo. Joel Andrew Cosme Morales

Lcdo. Pedro Ortiz Álvarez

Benito A. Martínez Ocasio

Lcdo. Eugenio J. Torres Oyola

Lcdo. Jean G. Vidal Font

Lcda. Karla-In Encarnación Pak

Lcdo. Víctor Rodríguez Reyes

 

Rimas Entertainment LLC.

Lcdo. Oreste R. Ramos

Lcda. María D. Trelles Hernández

Lcda. María Elena Martínez Casado

Lcda. Marielena Melero Pardo

 

CC-2025-0214

Representantes legales de la parte peticionaria:         

Rimas Entertainment LLC.

Lcdo. Oreste R. Ramos

Lcda. María D. Trelles Hernández

Lcda. María Elena Martínez Casado

Lcda. Marielena Melero Pardo

Noah Asad Byrne

Lcdo. Joel Andrew Cosme Morales

Lcdo. Pedro Ortiz Álvarez

Benito A. Martínez Ocasio

Lcdo. Eugenio J. Torres Oyola

Lcdo. Jean G. Vidal Font

Lcda. Karla-In Encarnación Pak

Lcdo. Víctor Rodríguez Reyes

 

Representantes legales de la recurrida:

Lcdo. José M. Marxuach Fagot

Lcda. Joanna Bocanegra Ocasio

 

CC-2025-0228

Representantes legales de la parte peticionaria:                     

Lcdo. José M. Marxuach Fagot

Lcda. Joanna Bocanegra Ocasio

 

Representantes legales de los recurridos:

Noah Asad Byrne

Lcdo. Joel Andrew Cosme Morales

Lcdo. Pedro Ortiz Álvarez

 

Benito A. Martínez Ocasio

Lcdo. Eugenio J. Torres Oyola

Lcdo. Jean G. Vidal Font

Lcda. Karla-In Encarnación Pak

Lcdo. Víctor Rodríguez Reyes

 

Rimas Entertainment LLC.

Lcdo. Oreste R. Ramos

Lcda. María D. Trelles Hernández

Lcda. María Elena Martínez Casado

Lcda. Marielena Melero Pardo

 

Materia: Derechos Morales de Autor; Derecho sobre la Propia Imagen;  Procedimiento Civil, Regla 10.2-

Resumen: La relación entre varios derechos reconocidos por el ordenamiento jurídico sobre el uso no consentido de la voz de una persona en las Leyes de Derechos Morales de Autor y el Derecho sobre la propia imagen. Toda lesión a la personalidad es antijurídica salvo que concurra una causa de justificación. Ante la antijuricidad de que se actuara en contrario, procede el correspondiente resarcimiento de daños por la lesión al derecho a la propia imagen que la publicación le pudiera causar. El análisis que deben realizar los tribunales sobre la autoría y el requisito de originalidad de la obra al evaluar una moción de desestimación al amparo de la Regla 10.2 de Procedimiento Civil. No procede la desestimación y devuelve el caso al TPI.

 

ADVERTENCIA

Este documento está sujeto a los cambios y correcciones del proceso de compilación y publicación oficial de las decisiones del Tribunal Supremo. Su distribución electrónica se hace como un servicio público a la comunidad.

 

Opinión del Tribunal emitida por la Jueza Asociada señora Pabón Charneco. 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 8 de julio de 2026.

Por primera vez examinamos la relación entre varios derechos reconocidos por nuestro ordenamiento jurídico sobre el uso no consentido de la voz de un individuo. Así, en el contexto de una moción de desestimación, se alegan violaciones a los derechos morales de atribución e integridad sobre una obra y al derecho a la propia imagen por el uso de la voz de la parte demandante. Por consiguiente, las acciones presentadas se amparan en la Ley de Derechos Morales de Autor, infra, la Ley del Derecho sobre la Propia Imagen, infra, el Derecho a la Intimidad, el Art. 1536 del Código Civil, infra, y en principios generales de derecho.

Analizados los elementos de la causa de acción provista en la Ley de Derechos Morales de Autor, infra, destacamos que, a través de este estatuto, nuestro ordenamiento jurídico protege el derecho moral sobre las creaciones del intelecto. Para ello se requiere de una obra original y creativa. Así, tras examinar el origen y significado de estos conceptos, concluimos que la parte demandante presentó hechos plausibles en la Demanda sobre la existencia de una obra original y creativa en cuanto a su interpretación en la grabación sonora en controversia. Por lo tanto, no procedía la desestimación de la acción presentada bajo ese estatuto.

Segundo, en cuanto a la causa de acción por violaciones al derecho a la intimidad, en su vertiente del derecho a la propia imagen, sostenemos que basta la presentación de hechos demostrativos en la Demanda de que la imagen de una persona fue capturada, reproducida o publicada, entre otras formas de uso, sin su consentimiento expreso o tácito. Por ello, no procedía su desestimación en esta etapa de los procedimientos, toda vez que la falta de consentimiento fue expuesta en la Demanda y no prosperó la defensa presentada para justificar el uso de la imagen.

Tercero, reconocemos que la causa de acción sobre el uso no autorizado de la imagen de una persona al amparo de la Ley del Derecho sobre la Propia Imagen, infra, requiere de un propósito comercial, mercantil o publicitario. No obstante, en el contexto de una Moción de Desestimación, como la presentada en el caso de autos, concluimos que la parte demandante presentó hechos suficientes para sostener un uso comercial plausible, mientras que los demandados no lograron establecer con toda certeza que la demandante no tenía derecho a remedio alguno.  Por lo tanto, no erraron los tribunales inferiores al no desestimar la causa de acción presentada.

Por último, reconocemos la aplicación de la Regla de Publicación Única (“single publication rule”) en acciones relacionadas al derecho a la propia imagen. Por ello, no erraron los foros inferiores al concluir que las causas de acción relacionadas al uso de la voz de la demandante en la canción “Pa ti” publicada en el 2016 y cuya demanda fue presentada en el 2023, estaban prescritas.  

I.

El 1 de marzo de 2023, la Sra. Carliz De La Cruz Hernández (señora De la Cruz Hernández o parte demandante) presentó una Demanda contra Rimas Entertainment, LLC (Rimas); el Sr. Noah Kamil Assad Byrne (señor Assad Byrne); el Sr. Benito A. Martínez Ocasio, conocido por el nombre artístico “Bad Bunny” (señor Martínez Ocasio o artista); Rimas Classics, LLC; Noah Assad, LLC y otros de nombre sin identificar. En la Demanda, alegó daños al amparo de la Ley Núm. 55-2012, conocida como la Ley de Derechos Morales de Autor de Puerto Rico (31 LPRA sec. 1401i et seq.); la Ley Núm. 139-2011, conocida como Ley del Derecho sobre la Propia Imagen, (32 LPRA sec. 3151 et seq.); el Art. 1536 del Código Civil de 2020 (31 LPRA sec. 10801); las doctrinas de enriquecimiento injusto y actos propios, y en la alternativa, por la violación al derecho constitucional a la intimidad por el uso no autorizado de la propia imagen no comercial de la demandante.  

En la Demanda, la señora De la Cruz Hernández indicó que desde el 2011 sostuvo una relación de noviazgo con el señor Martínez Ocasio, quien para el 2014 manifestó su interés por incursionar en la industria musical y creaba “pistas, ritmos y canciones”.[1] Expresó que ella colaboró en distintos aspectos del inicio de su carrera. Asimismo, reconoció que era costumbre de los cantantes de música urbana mencionar sus nombres en las canciones, empero, ambos decidieron que sería una “idea cautivadora” que seguido al nombre artístico del señor Martínez Ocasio se incluyera la palabra “baby”, y que la frase se grabara con la “voz distinguible” de la señora De la Cruz Hernández.[2] Expresó que en el 2015, a petición del señor Martínez Ocasio, grabó con su voz la frase “Bad Bunny Baby” y que esta se utilizó en los “intros” (introducciones) de las canciones del señor Martínez Ocasio publicadas en una plataforma de música.[3]

Añadió que, tras una ruptura de su relación en mayo de 2016, la frase creada y el sonido de su voz fueron incluidos sin su consentimiento, sin su autorización por escrito, ni la correspondiente atribución en “canciones, discos, promociones, conciertos en el mundo entero y plataformas sociales y musicales, televisión y radio”.[4] Sostuvo que tal uso fue en violación a sus derechos morales de atribución e integridad sobre la obra y con propósitos comerciales en violación a su derecho de imagen.[5] Específicamente, indicó que el 26 de diciembre de 2016, la canción “Pa Ti” fue publicada bajo el sello discográfico de Rimas Entertainment, LLC y que la letra de la canción registrada incluye la frase y la voz de la señora De la Cruz Hernández sin su consentimiento, sin su autorización por escrito, ni atribución. Reconoció que para el 2017, el señor Martínez Ocasio y ella retomaron su relación, pero no discutieron sobre el uso de la grabación en las canciones. Eventualmente, la relación terminó, pero se comunicaban ocasionalmente hasta el 2019.

La señora De la Cruz Hernández añadió que en el 2022 los demandados publicaron la canción “Dos Mil 16”, en cuya letra registrada se incluye nuevamente la frase y su voz sin su consentimiento, sin su autorización por escrito, ni la correspondiente atribución. La señora De la Cruz Hernández señaló que para esta publicación, los representantes del artista, del señor Assad Byrne y de Rimas le enviaron unos contratos poco antes del lanzamiento y le ofrecieron comprar el uso retroactivo del “tag” en las canciones “Pa Ti” y “Dos Mil 16”, así como para su uso futuro por la cantidad de dos mil dólares ($2,000). Sin embargo, indica que estos publicaron y vendieron el álbum titulado “Un Verano Sin Ti” que contenía su voz, sin importar que ella todavía no había dado su consentimiento. Indicó que previo a alcanzar el acuerdo, deseaba escuchar la canción en la que se usaría su voz, así como analizar el contrato mediante el que se pretendía que concediera una licencia del uso de su voz. Además, requería que el contrato fuera por escrito. Explicó que las canciones con su voz también fueron utilizadas en los conciertos celebrados en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot los días 28, 29 y 30 de julio de 2022, así como en conciertos realizados en Estados Unidos y el extranjero. Sostuvo que este suceso provocó el acercamiento de “miles de personas” en sus redes sociales, por lo que requirió asistencia psicológica para manejar el sobresalto emocional producto de la situación.

En la alternativa, la señora De la Cruz Hernández expresó que “si el Tribunal entiende en su día que […] una canción o un disco no es una explotación comercial, entonces aplica el derecho de la imagen no comercial, el cual está protegido [por el derecho de intimidad]”, así como las normas derivadas del derecho general de responsabilidad extracontractual, las doctrinas de enriquecimiento injusto y actos propios.[6]

Así las cosas, el 8 de mayo de 2024, tanto el señor Martínez Ocasio como Rimas Entertainment, LLC y Rimas Classics, LLC presentaron sus correspondientes mociones de desestimación al amparo de la Regla 10.2(5) de Procedimiento Civil de 2009 (32 LPRA Ap. V).[7] En estas solicitudes arguyeron que de las alegaciones de la Demanda no se justificaba la concesión de un remedio. En esencia, sostuvieron que no procedía la reclamación al amparo de la Ley de Derechos Morales de Autor, supra, debido a que la etiqueta y la grabación en controversia no cumplían con los criterios mínimos de originalidad y creatividad de una obra, por ser una frase común generalmente utilizada en el género urbano y, por lo tanto, no estaba protegida jurídicamente bajo el estatuto. Además, alegaron que todas las reclamaciones que involucraran la obra musical “Pa Ti”, publicada en el 2016, estaban prescritas por haberse presentado en el 2023. Asimismo, sostuvieron que no procedían las reclamaciones por el uso de la etiqueta ni de la grabación en los conciertos fuera de la jurisdicción de Puerto Rico. En cuanto a la obra musical “Dos Mil 16”, expresaron que no había una causa de acción por derecho a la propia imagen, debido a que su uso no fue comercial o publicitario, aunque el señor Martínez Ocasio generara algún tipo de ingreso por ella y que tampoco había una causa de acción en cuanto al derecho a la intimidad, por no alegarse qué expectativa tenía sobre el uso de su voz. También expresaron que al haber la señora De la Cruz Hernández invocado leyes especiales, no procedía una acción en daños por ser duplicativa.[8]

El 27 de junio de 2024, el Sr. Noah K. Assad Byrne presentó una Moción de Desestimación en la que se hizo eco de los argumentos presentados por los codemandados.  Además, expresó que aunque administra la carrera del señor Martínez Ocasio y controla los activos corporativos, de las alegaciones de la Demanda no se desprendían hechos concretos y específicos sobre su participación directa, ni de que diera instrucciones por las que se le pueda imputar responsabilidad personal por las acciones llevadas a cabo por terceros. Añadió que la demandante tampoco presentó alegación alguna que indicara cómo responde por el hecho ajeno, ni responsabilidad objetiva alguna.

La señora De la Cruz Hernández presentó sus correspondientes oposiciones el 10 de junio de 2024 y el 2 de octubre de 2024. Mediante Sentencia Parcial de 13 de septiembre de 2024, el foro primario atendió las mociones de desestimación presentadas por los demandados. Finalmente, desestimó el pleito en cuanto a Rimas Classics, LLC y Noah Assad, LLC. Concluyó que la señora De la Cruz Hernández no tenía derecho de propiedad intelectual sobre la frase “Bad Bunny Baby”, por ser una frase compuesta de tres palabras que alude al nombre artístico del señor Martínez Ocasio y cuya transformación era insuficiente para colocarle en el escenario de la propiedad intelectual. Por ello, declaró con lugar de forma parcial las mociones presentadas y desestimó la causa de acción al amparo de la Ley de Derechos Morales de Autor, supra, en cuanto a ambas canciones. Asimismo, determinó que las causas de acción sobre la canción “Pa Ti” estaban prescritas al no alcanzar a satisfacer la teoría cognoscitiva del daño y su vertiente sucesiva en vista de que la demandante mantuvo comunicación con el señor Martínez Ocasio hasta el 2019.  No obstante, en cuanto a la canción “Dos Mil 16” concluyó que no procedía desestimar la causa en daños y perjuicios en su modalidad vicaria ni en cuanto a la de la Ley del Derecho sobre la Propia Imagen, supra, dado de que la Demanda expuso de manera plausible hechos que apuntan a un fin comercial de la grabación o la voz de la demandante en la canción. Sin embargo, desestimó la causa de acción sobre la alegada violación al derecho a la intimidad, al no revelarse en la Demanda cuál era la expectativa de intimidad que tenía la demandante en cuanto al uso de la grabación o su voz.[9] Por último, desestimó las causas de acción amparadas en las doctrinas de enriquecimiento injusto y actos propios, así como las relacionadas al uso de las canciones en los conciertos.

Por otro lado, en cuanto a la solicitud del señor Assad Byrne, el Tribunal de Primera Instancia no desestimó las causas de acción por daños y perjuicios en modalidad vicaria por el uso no consentido de la grabación en la canción “Dos Mil 16” y por el uso comercial de la imagen en la referida canción sin autorización de la demandante. Mediante Resolución de 13 de noviembre de 2024, notificada al día siguiente, el foro de instancia declaró No Ha Lugar la solicitud de desestimación solicitada por el señor Assad Byrne.

            La señora De la Cruz Hernández (KLAN202401123), Rimas (KLCE202401359) y el señor Assad Byrne (KLCE202500026) recurrieron al Tribunal de Apelaciones. Los primeros dos recursos fueron consolidados. Así, mediante Sentencia emitida el 14 de febrero de 2025, notificada el 18 de febrero de 2025, ese foro confirmó el dictamen de 13 de septiembre de 2024. No obstante, el 18 de febrero de 2025, el foro apelativo intermedio revocó la Resolución de 13 de noviembre de 2024 y desestimó todas las causas de acción presentadas contra el señor Assad Byrne.[10]

            Así las cosas, oportunamente la señora De la Cruz Hernández presentó ante nos los recursos CC-2025-0212 y CC-2025-0228, mientras que Rimas presentó el recurso CC-2025-0214.

En el Recurso CC-2025-0212 la señora De la Cruz Hernández presentó cinco señalamientos de error. Primero, señaló que el foro recurrido erró al confirmar la desestimación de varias causas de acción tras exigirle un estándar mayor en las alegaciones de la Demanda y añadir requisitos de derecho ajenos al examen correspondiente, tales como requerirle que especificara cuál era su expectativa de intimidad en la causa de acción por violación al derecho de imagen no comercial, o al interpretar el significado del concepto “obra” de la Ley de Derechos Morales de Autor, supra, utilizando de referencia el Copyright Act, infra.[11] Segundo, señaló como error que confirmara la desestimación de la causa de acción de daños morales a pesar de que la voz, la frase y la combinación de ambas estaban protegidas por una ley especial. Tercero, indicó que erró el foro recurrido al confirmar la desestimación por prescripción de las causas de acción relacionadas a la canción “Pa Ti”. Cuarto, señaló como error que se confirmara la desestimación de la causa de acción sobre violaciones al derecho de imagen no comercial que surgen del derecho constitucional de la intimidad. Quinto, indicó que erró el foro recurrido al confirmar la desestimación de las causas de acción sobre el uso de las canciones “Pa Ti” y “Dos Mil 16” en la gira de conciertos, ya que el derecho sobre el uso de su voz y frase en ambas canciones son acciones independientes a la grabación del disco.

Por último, en el Recurso CC-2025-0228 la señora De la Cruz Hernández señaló como error la determinación de que las alegaciones presentadas en la Demanda carecían de la especificidad y de fundamentos necesarios para establecer una relación causal entre los actos imputados y las alegaciones en contra del señor Assad Byrne.

Por otro lado, en el Recurso CC-2025-0214 Rimas señaló como error que se confirmara la no desestimación de la causa de acción al amparo de la Ley del Derecho sobre la Propia Imagen, supra, a pesar de la ausencia de hechos demostrativos en la Demanda de que el uso de la voz de la demandante fue para propósitos comerciales.[12]

Expedimos y consolidamos los tres recursos. Contando con la comparecencia de todas las partes, estamos en posición de resolver.

II.

Previo a contestar una demanda presentada en su contra, la parte demandada puede solicitar la desestimación cuando de las alegaciones de la demanda surge que alguna defensa afirmativa derrotará la pretensión del demandante. Díaz Vázquez et al. v. Colón Peña et al., 214 DPR 1135 (2024); Costas Elena y otros v. Magic Sport y otros, 213 DPR 523, 533 (2024); Eagle Security v. Efrón Dorado et al., 211 DPR 70 (2023). Así, la Regla 10.2 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, establece como fundamentos o defensas por los que se puede solicitar la desestimación de la demanda: la falta de jurisdicción sobre la materia o la persona, la insuficiencia del emplazamiento o su diligenciamiento, el dejar de exponer una reclamación que justifique la concesión de un remedio o el dejar de acumular una parte indispensable. Díaz Vázquez et al. v. Colón Peña et al., supra; Rivera, Lozada v. Universal, 214 DPR 1007 (2024); Costas Elena y otros v. Magic Sport y otros, supra; Conde Cruz v. Resto Rodríguez et al., 205 DPR 1043 (2020). 

Cuando la moción de desestimación se fundamenta específicamente en que la demanda dejó de exponer una reclamación que justifique la concesión de un remedio, esta se dirige a los méritos de la controversia por lo que corresponde a la parte demandada establecer con toda certeza que la parte demandante no tiene derecho a remedio alguno bajo cualquier estado de derecho que pueda ser probado en apoyo a su reclamación. Rivera, Lozada v. Universal, supra; Eagle Security v. Efrón Dorado et al., supra. Esto es así aun interpretando la demanda de la forma más liberal posible a su favor, pues lo que ataca es un vicio intrínseco de la demanda y no los hechos aseverados. Díaz Vázquez et al. v. Colón Peña et al., supra, pág. 1150; Cobra Acquisitions v. Mun. Yabucoa et al., 210 DPR 384 (2022).

Al evaluar una moción de desestimación bajo la Regla 10.2 de Procedimiento Civil, supra, los tribunales tienen que dar por ciertos todos los hechos bien alegados en la demanda y que hayan sido aseverados de manera clara y concluyente por lo que de su faz no den margen a dudas. Díaz Vázquez et al. v. Colón Peña et al., supra; Rivera, Lozada v. Universal, supra. A su vez, deben identificar y eliminar de su análisis aquellos hechos o alegaciones concluyentes, es decir, las “conclusiones de derecho no apoyadas por hechos o alegaciones redactadas de manera general para referirse a los elementos de una causa de acción o que su contenido resulte hipotético, y alegaciones descarnadas de hechos que apoyen las aseveraciones”. S. Steidel Figueroa, Controversias en el Ordenamiento Procesal Civil: A propósito del Seminario de Procedimiento Civil, 47(3) Rev. Jur. UIPR 793, 800 (2012-2013). Además, deberán evaluar estas alegaciones conjuntamente y de la forma más favorable a la parte demandante. Rivera, Lozada v. Universal, supra. Cumplido con lo anterior, los tribunales tienen entonces que examinar si los hechos aceptados son suficientes para constituir una reclamación válida contra el demandado, es decir, que la demanda establece una reclamación plausible de que el demandado es responsable de lo que se le imputa más allá de un nivel especulativo y por lo que se justifica la concesión de un remedio. Este análisis debe ser guiado por la experiencia y el sentido común del juzgador.[13] Costas Elena y otros v. Magic Sport y otros, supra, pág. 534. Véase además, R. Hernández Colón, Práctica jurídica de Puerto Rico: derecho procesal civil, 6ta ed., San Juan, Ed. LexisNexis, 2017, pág. 307. La controversia no es si el demandante va a finalmente prevalecer, sino, si asumiendo como ciertos los hechos bien alegados en la demanda, tiene derecho a ofrecer prueba que justifique su reclamación. J. A. Cuevas Segarra, Tratado de derecho procesal civil, 2da ed., San Juan, Pubs. JTS, 2011, T. II, pág. 530. “La posibilidad de obtener los hechos necesarios mediante el descubrimiento de prueba no subsana la deficiencia de una alegación conclusoria”. R. Hernández Colón, op. cit., pág. 307, n. 7. Por el contrario “no se puede permitir que proceda una demanda insuficiente bajo el pretexto de que se podrán probar las alegaciones conclusorias con el descubrimiento de prueba”. Costas Elena y otros v. Magic Sport y otros, supra, pág. 534.   

Como acertadamente resume el Pleno de Numerarios por voz del Numerario Hon. Rafael Martínez Torres,

“se requiere que los tribunales identifiquen los elementos que establecen la causa de acción, que acepten por ciertos todos los hechos bien alegados en la demanda, que elimine del análisis las conclusiones legales que omita los elementos apoyados por aseveraciones conclusorias. Luego debe determinar si, a base de los hechos bien alegados, la demanda establece una reclamación plausible que justifique que el demandante tiene derecho a un remedio, guiado en su análisis por la experiencia y el sentido común. De determinar que no cumple con el estándar de plausibilidad, el tribunal debe desestimar y no permitir que una demanda insuficiente proceda bajo el pretexto de que el descubrimiento de evidencia se pudieran probar las alegaciones conclusorias”. R. Martínez Torres, Dictamen del Pleno de Numerarios sobre el Estándar de Plausibilidad y la Regla 6 de Procedimiento Civil, Dictamen 2024-01, XXV Rev. Acad. PR Juris. & Legis. 79, 95(2025).    

 

Con esto en mente, procedemos a examinar cada causa de acción presentada y de cuya desestimación se recurre.

III.

A.     Derechos Morales de Autor

La propiedad intelectual es el conjunto de derechos que la ley reconoce al autor sobre las obras que ha producido con su inteligencia. Sucn. Rosado v. Acevedo Marrero, 196 DPR 884 (2016); Harguindey Ferrer v. U.I., 148 DPR 13, 21 (1999); Cotto Morales v. Ríos, 140 DPR 604, 611 (1996). Particularmente, los derechos de autor se agrupan en dos categorías que protegen facultades distintas: los derechos patrimoniales (copyrights) -que consisten en el monopolio de la explotación económica de la obra- y los derechos personales o morales -que protegen la relación personalísima del autor y su obra, particularmente la paternidad sobre la misma y su integridad.[14]  S.L.G. Negrón-Nieves v. Vera Monroig, 182 DPR 218 (2011). Los primeros están protegidos por la Copyright Act,[15] mientras que los segundos, lo están por la Ley de Derechos Morales de Autor, supra.[16]

Por consiguiente, la protección de los derechos morales en nuestro ordenamiento requiere de un “autor” y de una “obra”.   Esto, pues, la “(a)utoría es una condición sine qua non para cualquier reclamo de derechos de autor”. Harguindey Ferrer v. UI, supra, pág. 21.  No obstante, previo a la promulgación de la Ley de Derechos Morales de Autor, supra, estos términos (“autor” y “obra”) no estaban definidos estatutariamente,[17] lo que conllevó que acudiéramos tanto a tratadistas como al derecho federal para comprender su extensión.

Así, hemos expresado que el “autor es quien, como cuestión de hecho, crea la obra; esto es, la persona que transforma una idea a una expresión tangible, merecedora de protección por la ley de propiedad intelectual”.   Harguindey Ferrer v. U.I., supra, pág. 22. Aclarado que el concepto “obra” protege una expresión tangible,[18] esta “debe ser original del autor, en el sentido de que no sea copia de otra persona”. Es decir, debe ser independiente, aunque no novedosa. Íd., pág. 24. Asimismo, hemos reconocido que la creación debe tener un grado mínimo de creatividad. Íd., citando a Feist Publications, Inc. v. Rural Telephone Service Co., 499 US 340, 345 (1991).

No obstante, con la promulgación de la Ley de Derechos Morales de Autor, supra, en el 2012, este nuevo cuerpo normativo incorporó varias definiciones relacionadas a estos conceptos. Así, “autor” es la “persona natural que genera una obra”, y “obra” es la

“creación original literaria, musical, visual (plástica o gráfica), dramática o de las artes interpretativas, artística, o de cualquier otro tipo de las que se producen con la inteligencia y que sea creativa, expresada en un medio, tangible actualmente conocido o que se invente en el futuro”. 31 LPRA sec. 1401j(d).

 

Como podemos observar, la Ley de Derechos Morales de Autor, supra, especifica que la obra debe ser original y creativa. Del texto y de su historial legislativo podemos apreciar que la ley absorbió nuestra jurisprudencia, y que también se nutrió de la ley federal. Esto último tuvo el objetivo de minimizar posibles choques con el esquema estatutario del Copyright Act.[19] Por consiguiente, la definición de “obra” protegida por la Ley de Derechos Morales de Autor, supra, no solo requiere que sea producto de la inteligencia, sino que acoge los criterios federales que ya fueron adelantados en Harguindey Ferrer v. U.I., supra, de “originalidad” y “creatividad” de la obra.

Cabe señalar que, aunque la protección del derecho moral del autor es un ámbito de protección diferente al de los derechos patrimoniales y nuestro ordenamiento jurídico no ciñe la obra a los criterios del Copyright Act para gozar de su protección, la normativa federal respecto a estas definiciones es persuasiva.[20] Así, para que una obra esté protegida por el derecho de copyright, debe ser original, es decir, ser una creación independiente de la persona autora y debe ser mínimamente creativa. Feist Publications, Inc. v. Rural Telephone Service Co., supra. “El grado de creatividad para que una obra pueda ser protegida no tiene que ser sustancial, pero tampoco puede ser negligible o trivial”.[21] P.G. Salazar, La protección legal del Autor puertorriqueño, 2da ed., San Juan, InterJuris, 2013, pág. 18. Véase, 1 Nimmer on Copyright Sec. 2.01[B][2], pág. 2-17(“[I]t refers to matter bearing a spark of distinctiveness in copyrightable expression”.). Por consiguiente, como norma general en el derecho de copyright, las palabras y frases cortas, como nombres, títulos o slogans se consideran que no contienen la creatividad mínima que amerite la protección de la ley federal, aunque podrían ser protegidas por el régimen de marcas de fábrica o de servicio.[22] Esto es así pues, por su brevedad se consideran que no son suficientemente independientes o creativas, o ambas. 1 W.F. Patry, Copyright Law and Practice 333 (1994). No obstante, la brevedad de la frase no conlleva que automáticamente se catalogue como no protegible, pues los tribunales siguen sujetos a examinar si la frase o unión de estas cumple con los criterios de originalidad y creatividad. Oracle America Inc. v. Google, Inc., 750 F.3d 1339, 1362 (Fed. Cir. 2014); Society of Holy Transfiguration Monastery, Inc. v. Gregory, 689 F.3d 29, 52 (1^st Cir. 2012). Véase, 1 Nimmer on Copyright Sec. 2.01[B][3], pág. 2-20.1 (“[E]ven a short phrase may command copyright protection if it exhibits sufficient creativity.”).

Por otro lado, y de particular importancia al caso de autos, abundemos sobre la protección de la “voz” bajo el derecho de autor. Esto surge a diferencia del tratamiento que el derecho a la propia imagen le da y que próximamente evaluaremos. 

La voz es un atributo natural de la persona que la identifica, es un instrumento de comunicación y expresión, como también puede ser un instrumento musical y de trabajo con un valor económico protegible.[23] No obstante, la “voz” per se, no goza de protección intelectual en los distintos ordenamientos consultados, aunque sí lo pudiera tener bajo el derecho a la intimidad, a la propia imagen, marcas y competencia desleal.  Midler v. Ford Motor Co., 849 F.2d 460, 462 (9th Cir. 1988). Véase, 2 Entertainment Law 3d: Legal Concepts and Business Practices Sec. 19:158.

Así, en el derecho de copyright, la voz no goza de protección.  Midler v. Ford Motor Co., supra, (“Copyright protects 'original works of authorship fixed in any tangible medium of expression.' 17 USC Sec. 102(a). A voice is not copyrightable. The sounds are not 'fixed.' What is put forward as protectible here is more personal than any work of authorship.”). Véase además, 1 Nimmer on Copyright, sec. 2.10(A)(1)(b). (“no statutory copyright may be claimed in sounds not embodied in any tangible medium”).  Como norma general, tampoco es protegible la interpretación que con la voz se haga.[24] Sin embargo, desde el 1972, las grabaciones sonoras, que pueden incluir aquellos sonidos emitidos por la voz humana, sí cuentan con alguna protección del derecho de copyright, sujeto a los requisitos de originalidad y creatividad.[25] Estos pueden surgir de la interpretación que en tales casos capture la grabación.[26]

 Reseñado lo anterior y ya identificada la autoría sobre una obra, la Ley de Derechos Morales de Autor, supra, reconoce un nexo personal entre el autor y la obra independiente del valor monetario de la misma, a través de los derechos exclusivos e intransferibles de atribución, retracto, integridad y acceso a su obra, los cuales surgen al fijar la obra original en un medio tangible.[27] La violación de cualquiera de estos derechos morales faculta al autor o a sus derechohabientes a solicitar interdictos temporales o permanentes para vindicar sus derechos, al resarcimiento de los daños y a obtener una indemnización económica, siempre que se presente la acción correspondiente dentro del término de tres (3) años de conocer los hechos que dan base a la misma. 31 LPRA secs. 1401s-t.

B.     Derechos morales y la moción de desestimación

Aclarada la normativa vigente relacionada a los derechos morales de autor, examinemos el análisis que deben realizar los tribunales sobre la autoría -y en particular sobre el requisito de originalidad de la obra- al evaluar una moción de desestimación al amparo de la Regla 10.2 de Procedimiento Civil, supra.

Como expresáramos, la Regla 10.2 de Procedimiento Civil, supra, requiere que los tribunales identifiquen los elementos que establecen la causa de acción como parte del análisis para conceder o rechazar este tipo de solicitud. En un caso de derechos de autor, la autoría de una obra es parte de estos elementos. Así, aceptados como ciertos los hechos bien alegados en la demanda e interpretados lo más favorablemente posible para la parte demandante, el tribunal debe determinar si la demanda establece una reclamación válida por el autor de una obra que justifique el derecho al remedio solicitado, guiado por la experiencia y el sentido común.

Cabe señalar que en Harguindey Ferrer v. U.I., supra, y bajo el estándar normativo aplicable en ese momento,[28] tuvimos la oportunidad de examinar la corrección de la desestimación de una causa de acción por violación a los derechos morales presentada por el editor de la traducción de una obra literaria ya protegida por el Copyright Act.  Particularmente, se cuestionaba la jurisdicción sobre la materia de los tribunales estatales para atender la alegada violación. En vista de que previamente no nos habíamos expresado sobre la autoría de un trabajo de edición, examinamos este elemento, y en particular, el concepto de “obra”.

Sin guías estatutarias sobre las definiciones de estos conceptos, nuestro análisis en Harguindey Ferrer v. U.I., supra, se benefició del estudio de tratadistas, así como de la amplia discusión sobre el tema en el derecho federal; lo que nos llevó a concluir que el trabajo de edición es una labor intelectual independiente de la obra editada susceptible de protección del derecho moral de atribución, pues requería la depuración neta del texto. Dando por ciertas y buenas todas las alegaciones hechas en la demanda, determinamos que se había presentado una acción sobre la que los tribunales tenían jurisdicción, específicamente sobre el derecho moral de atribución de la creación editorial.

Con ello en mente, procedamos a examinar la aplicación de estos conceptos y la Regla 10.2 de Procedimiento Civil, supra, al caso de autos bajo el derecho vigente.[29]

De particular importancia para la desestimación de la primera causa de acción presentada en el caso de autos sobre la violación de los derechos morales de atribución e integridad de la demandante, el foro de instancia determinó que en la letra y la grabación examinada no existía una obra protegida.  Para ello, el Tribunal a quo dio por ciertos los hechos presentados en la Demanda. Específicamente, reconoció que mientras la demandante era novia del señor Martínez Ocasio, ambos tuvieron la idea de añadir la palabra “baby” seguido del nombre artístico seleccionado por él; que a petición de este, la demandante grabó su voz diciendo la frase y que la grabación sería utilizada para fines de “intro” en las canciones de Martínez Ocasio, siendo esta práctica usual entre los exponentes del género urbano. No obstante, al examinar la Ley de Derechos Morales de Autor y el derecho federal de copyright, el foro primario determinó que la grabación y la frase en cuestión se componía de tres palabas que aluden al nombre artístico del señor Martínez Ocasio, por lo que tenía el propósito de seguir la costumbre de otros exponentes de mencionar sus nombres al inicio de la canción, aunque pretendía transformar tal costumbre en algo más creativo.  Por consiguiente, concluyó que la demandante sostuvo su reclamo en un bien carente de propiedad intelectual, al ser uno común y no original.

Al respecto, la demandante sostiene la existencia de una obra original. Añade que los foros recurridos erraron al utilizar criterios de derecho apoyados en las definiciones del Copyright Act para desestimar la acción, a pesar de que los derechos morales de autor son protecciones adicionales o separadas de las que puedan existir en la legislación federal. Por el contrario, recomienda recurrir a la definición de “original” provista por la Real Academia Española, es decir, aquella “obra científica, artística, literaria o de cualquier otro género: [q]ue resulta de la inventiva de su autor”.[30] Amparada en esta definición, sostiene que dado que la frase en disputa no existía antes de que ella la grabara, esta es una creación original. Añade que “[a] diferencia del derecho federal citado por los demandados, nuestra ley no requiere que la obra cumpla con determinado grado de creatividad para estar cubierta por la ley”.[31] Además, expresa que surge de sus alegaciones, las cuales deben ser tomadas como ciertas, que es la autora, así como la descripción de la originalidad y la creatividad de la obra. En particular, sostiene que “no hay nadie más en el mundo [que] puede decir la frase “Bad Bunny Baby” como” ella, pues es la combinación de su voz, su entonación y la frase la que está protegida por los derechos morales de la Ley.[32] Por lo tanto, podemos observar que la demandante reclama derechos de autor por la frase y por la vocalización de la misma en la grabación sonora.

En primer lugar, no nos convencen los argumentos de la demandante de limitar nuestro análisis a la definición de “original” de la Real Academia Española. No cabe duda y en múltiples ocasiones hemos sostenido, que nuestro ordenamiento protege las creaciones del intelecto, por lo que requiere de una obra original que contenga un mínimo de creatividad. El significado de estos conceptos se ha nutrido del desarrollo del derecho civil, de nuestra jurisprudencia y de su coexistencia con el derecho federal de copyright. Como expresáramos, con la adopción de la Ley de Derechos Morales de Autor, supra, la Asamblea Legislativa ha acogido expresamente los criterios federales de “originalidad” y “creatividad” que adelantáramos en Harguindey Ferrer v. U.I., supra. Por lo tanto, aunque las protecciones que provee el derecho moral de autor son distintas a las del derecho de copyright, los tribunales tienen a su disposición estas fuentes para guiar su análisis sobre si se configuran los elementos de la causa de acción, tal y como hemos hecho en ocasiones anteriores. Harguindey Ferrer v. U.I., supra. Por consiguiente, es la interpretación de la parte demandante la que se aparta de nuestro análisis previo sobre estos conceptos.

Examinemos entonces el reclamo de derecho de autor que hace la demandante por la frase y su vocalización en la grabación. Tal y como reconoció en la Demanda, la frase se creó para comunicar la costumbre de los artistas del género urbano de incluir el nombre artístico en sus canciones. Al nombre artístico del señor Martínez Ocasio solamente se le añadió la palabra “baby”. Concluimos que tal frase no goza de protección de derechos de autor, pues aparte de su brevedad, la parte demandante no pudo demostrar la existencia de una creación intelectual mínimamente creativa. 

Ahora bien, la demandante dirige nuestro análisis a proteger un derecho moral sobre la grabación per se, lo que incluye la entonación de la frase que con su voz hizo al decirla, es decir, la grabación de su interpretación.   La voz, como rasgo o atributo natural de una persona, no es protegible como derecho de autor, pues no cumple con la definición de obra antes reseñada al no ser una creación de la mente humana original y creativa fijada en un medio tangible. Tampoco lo es la prestación artística y creativa que con su voz la demandante pudiera lograr.  Sin embargo, en tanto esa prestación con su voz sea fijada en un medio tangible, reconocemos que pueden germinar derechos de autor sobre la grabación. Dicho esto, la señora De la Cruz Hernández reclamó en su Demanda que se utilizó indebidamente la grabación de su interpretación personal, distinguible e incomparable de la frase y que fue utilizada sin la debida atribución. Por lo tanto, concluimos que la demandante ha presentado hechos suficientes para ofrecer en su día la prueba que justifique este reclamo. En vista de ello, erraron los foros inferiores al desestimar la causa de acción bajo la Ley de Derechos Morales de Autor, supra.  

IV.

A.    Derecho a la propia imagen

La Carta de Derechos de la Constitución de Puerto Rico protege la dignidad de las personas y el derecho fundamental a la intimidad, el cual es un derecho de la personalidad que goza de la más alta protección constitucional.  Art. II, Secs. 1 y 8, Const. PR, LPRA, Tomo 1, ed. 2023, págs. 227 y 328. Vigoreaux Lorenzana v. Quizno’s, 173 DPR 254 (2008). Debido a la primacía y envergadura de este derecho fundamental, hemos señalado que opera ex proprio vigore y es ejercitable entre personas privadas. Íd.

Hace poco más de cuatro décadas, reconocimos el derecho a la propia imagen como vertiente del derecho a la intimidad. Colón v. Romero Barceló, 112 DPR 573 (1982). Esto surgió, pues “la imagen propia constituye un atributo fundamental con el cual se individualiza socialmente a la persona; es decir, es parte integral de la identidad del representado”. Vigoreaux Lorenzana v. Quizno’s, supra, citando a López Tristani v. Maldonado, 168 DPR 838 (2006). Más recientemente, en Vigoreaux Lorenzana v. Quizno’s, supra, afirmamos su extensión patrimonial (derecho a la publicidad). Por lo tanto, una persona tiene el derecho y la expectativa de controlar dónde, cuándo y cómo se capta, reproduce o publica su imagen, así como a participar económicamente de su comercialización. Esto ocurre aun cuando no se interfiera con la esfera íntima y privada de su vida. Vigoreaux Lorenzana v. Quizno’s, supra. Por todo lo anterior, la propia imagen es digna de tutela ante la indebida apropiación de la misma, ya sea o no para fines lucrativos o comerciales. Íd. Este derecho se puede hacer valer o resarcir mediante una acción en daños y perjuicios al amparo de las normas de responsabilidad extracontractual del Código Civil.[33] Para ello basta que se capture, reproduzca o publique, entre otras formas, la imagen de una persona por otra que no cuenta con su consentimiento expreso o tácito.

Sin embargo, la protección constitucional de la intimidad no es absoluta y cede ante valores fundamentales, en circunstancias especiales e intereses apremiantes y ante la ausencia de otros medios alternos para lograr sus objetivos. Particularmente, hemos reconocido que el derecho a la propia imagen está sujeto a la amplitud del consentimiento del portador del derecho,[34] a las distintas formas de apropiación que pudieran afectar este derecho con menor o mayor intensidad,[35] y a diversas causas de justificación. En cuanto a estas últimas, hemos identificado: la esfera de historia contemporánea, el interés público, el interés artístico, la accesoriedad de la imagen o el que prevalezca el ejercicio legítimo de otro derecho en el balance de intereses, entre otros.[36] Vigoreaux Lorenzana v. Quizno’s, supra; Colón, Ramírez v. Televicentro de P.R., 175 DPR 690, 709 (2009), citando a Clavell v. El Vocero de P.R., 115 DPR 685 (1984); Castro v. Tiendas Pitusa, 159 DPR 650 (2003); Bonilla Medina v. P.N.P., 140 DPR 294 (1996); Colón v. Romero Barceló, supra.

Señalado lo anterior, la protección al derecho patrimonial a la propia imagen (derecho a la publicidad),[37] también ha sido plasmada en la Ley del Derecho sobre la Propia Imagen, supra, estatuto que adopta nuestra jurisprudencia con relación a la manifestación patrimonial o económica que tal derecho ampara y conllevó el estudio de las legislaciones promulgadas en los Estados Unidos entonces vigentes.[38] Este estatuto reconoce la facultad del individuo, aunque no sea figura pública, de participar en la comercialización de su imagen mientras ofrece herramientas para protegerla del uso no autorizado con fines comerciales, mercantiles o publicitarios.   

Específicamente, el término imagen comprende el “nombre, fotografía, retrato, voz, firma, atributo o cualquier representación de una persona que sirva para identificar a esa persona, ante un observador o escucha promedio, mediante cualquier procedimiento o técnica de reproducción”. 32 LPRA sec. 3151(c). La imagen, así definida, es protegida de la explotación comercial, mercantil y publicitaria.

A diferencia de otras jurisdicciones estatales en las que estos conceptos no han sido definidos individualmente y son categorías superpuestas, en Puerto Rico la Asamblea Legislativa optó por definir dos de estos tipos de explotación: “propósito comercial” y “propósitos publicitarios”. El primero se define como “el uso de la imagen de una persona en conexión con el anuncio, la oferta de venta o la venta de un producto, mercancía, bien o servicio en el mercado” y el segundo como “el uso de la imagen de una persona al difundir o informar al público sobre un bien o servicio en el mercado a través de los medios de comunicación, incluyendo el uso en los anuncios institucionales”. 32 LPRA Sec. 3151.

Aunque la línea entre una expresión y un uso comercial puede ser difícil de delimitar, hay concierto en que estos conceptos requieren más que una simple ganancia por la venta del material publicado que utiliza la imagen del demandante,[39] pues lo que se examina es el uso, y particularmente si este es para atraer la atención o transmitir el mensaje de que el demandante endosa un trabajo (“work”), producto o servicio. 1 Nimmer on Copyright sec. 1.17[B][3][a], págs. 1-180 y 1-182 citando Restatement (Third) of Unfair Competition, Sec. 47 comment c.   

Ante el uso no consentido, la ley provee como remedios: el recurso de interdicto y la causa de acción en daños y perjuicios a la persona cuya imagen fue utilizada de forma no consentida. Esta causa de acción “aplica a cualquier acto o evento que ocurra dentro de los límites territoriales de Puerto Rico, independientemente del domicilio, residencia o ciudadanía de la persona”. 32 LPRA sec. 3151 nota.  No obstante, debido a su componente propietario (comercial), este derecho es enajenable mediante transferencia escrita. Friger Salgueiro v. Mech-Tech College LLC. y otros, op. res. el 20 de marzo de 2026.  

El estatuto también reconoce ciertas excepciones en las que no aplica. En estas excepciones permea que la imagen no sea usada con propósitos comerciales o publicitarios, entre otras. “Esta exclusión, sin embargo, no significa que la imagen o la identidad puedan utilizarse en esos contextos sin permiso; lo que implica es que esas situaciones seguirán siendo sancionadas conforme a la jurisprudencia interpretativa de la [C]onstitución y del articulado del Código Civil por responsabilidad civil extracontractual”. P. Cabán Vales y L.N. Cruz Rivera, El Right of Publicity Estadounidense en la Ley del Derecho sobre la Propia Imagen, 53 Rev. Jur. UIPR 495, 501 (2019).

B.     La Moción de desestimación y la Ley del Derecho Sobre la Propia Imagen, supra.

 

En el Recurso CC-2025-0214, Rimas sostiene que la demandante no logró exponer una reclamación con relación al uso no consentido de su voz para propósitos comerciales, mercantiles o publicitarios, según definidos por la Ley del Derecho sobre la Propia Imagen, supra. Esto surge al no proveer ningún hecho o evidencia que sustente su uso para “el anuncio, la oferta de venta o la venta” de la canción, pues no basta que su voz fuera objeto de beneficio económico para los demandados. Además, señala que el estatuto exime de su aplicación cuando se utilice la imagen de una persona de manera accesoria. Por lo tanto, sostiene que la causa de acción amparada en este estatuto también debe ser desestimada.

En cambio, la demandante expresa que incluyó en sus alegaciones que los demandados utilizaron su voz: en promociones, plataformas sociales y musicales, televisión y radio, entre otros, relacionadas a un disco que rompió récord de ventas.  Añade que su voz se utilizó para agregar valor a un bien comercial y así venderlo, como gancho de ventas del disco debido a la historia sentimental con el señor Martínez Ocasio relacionada al tema del mismo y que se apropiaron de su voz con ánimo de lucro sin haberle compensado.

Atendidos los argumentos de ambas partes, el foro primario concluyó que la demandante “expuso de manera plausible hechos que apuntan al fin comercial detrás del uso de la grabación, o su voz, en la canción “Dos Mil 16”.[40]  Así, consideró como un hecho cierto que, el 6 de mayo de 2022, el señor Martínez Ocasio publicó el álbum titulado “Un Verano Sin Ti” y que este incluyó la grabación con la voz de la demandante en la canción “Dos Mil 16”. Esto ocurrió a pesar de que la demandante y los representantes de las partes codemandadas todavía no habían alcanzado un Acuerdo por escrito para tal uso.[41] También dio por cierto que este era un distintivo que se escuchaba en las canciones del señor Martínez Ocasio cuando comenzó su carrera musical. Por lo tanto, al utilizarse nuevamente después de tanto tiempo y divulgarse en las redes sociales que la voz de la grabación pertenecía a la demandante, se “causó mucha conmoción y euforia entre sus fanáticos” y provocó que miles de ellos realizaran suposiciones sobre que el álbum y la canción eran dedicados a la demandante.[42]

Como expresáramos, ante una moción de desestimación, debemos asumir como ciertos los hechos bien alegados en la demanda y evaluar las alegaciones conjuntamente y de la forma más favorable para la parte demandante. Así las cosas, el tribunal, guiado por su experiencia y sentido común, debe examinar si los hechos alegados demuestran una reclamación más allá de un nivel especulativo que justifique la concesión de un remedio. Para ello, no se requiere evidencia de cada elemento de la acción o como pretende la parte demandada sobre cada evento de promoción, entre otros. St. Mary v. Denton, 2026 TSPR 35; 218 DPR __ (2026). Por lo tanto, concluimos que los tribunales inferiores guiados por su experiencia y sentido común no erraron al determinar suficientes los hechos presentados sobre la explotación comercial o mercantil de la voz de la señora De la Cruz Hernández para atraer la atención sobre el bien en cuestión o para informar al público de este a través de los medios de comunicación. Asimismo, no erraron al no aceptar como justificación en esta etapa la accesoriedad del uso de la imagen de la demandante.

C.    La moción de desestimación y el derecho a la propia imagen como vertiente del Derecho de intimidad

 

En el caso de autos, la parte demandante optó por presentar alegaciones alternativas con relación al derecho a la propia imagen. Es decir, en primera instancia solicitó la aplicación de la Ley del Derecho sobre la Propia Imagen, supra, por la explotación económica de su voz. No obstante, de entenderse que el uso de su imagen no fue comercial, solicitó, que en la alternativa, se considerara como una violación a su derecho de intimidad.[43] Esta última causa de acción fue desestimada por los foros recurridos tras concluir que no se presentaron los factores que revelaran cuál era la expectativa de intimidad que tenía la demandante en cuanto al uso de la grabación o su voz.[44]

En Colón v. Romero Barceló, supra, tuvimos la oportunidad de examinar la aplicación de la Regla 10.2 de Procedimiento Civil, supra, a una acción por violación al derecho a la propia imagen como vertiente del derecho a la intimidad. Allí, atendimos la corrección de la desestimación de una causa de acción en daños y perjuicios por la publicación de la fotografía de una persona asesinada. Su imagen fue utilizada en un anuncio relacionado a una consulta para una enmienda constitucional y con el alegado propósito de difundir un suceso con carácter noticioso y público para “crear conciencia en el pueblo sobre la alta criminalidad en el país”.  Íd., pág. 577. Así, por primera vez reconocimos el derecho de toda persona o sus herederos a oponerse a que su imagen se reproduzca y publique sin su consentimiento o sin existir justificación por la cual “el interés del agente público o privado sea de mayor valor o rango”. Colón v. Romero Barceló, supra, pág. 580.  Es decir, “[t]oda lesión a la personalidad es antijurídica salvo que concurra una causa de justificación”. Íd. Ante la antijuricidad de que se actuara en contrario, procede el correspondiente resarcimiento de daños por la lesión al derecho a la propia imagen que la publicación le pudiera causar. Concluimos que aun aceptando como válido el interés público indicado, este no justificaba la desestimación del caso. Esto es así, pues la intromisión a la intimidad no fue necesaria, inevitable ni constituyó el medio más adecuado para obtener un fin lícito justificable por el interés público. Ante los hechos expuestos, también concluimos que el derecho a lo privado era de superior jerarquía que la libertad de expresión aducida.

De la jurisprudencia discutida se deduce que un individuo tiene una expectativa de intimidad sobre su imagen. Por lo tanto, habrá cierto grado de intromisión a la intimidad cuando su imagen sea utilizada sin autorización.  Corresponde, entonces, examinar si existe una justificación o interés de mayor rango. Ante el balance entre los intereses en juego, esta intromisión puede considerarse “leve” como en Bonilla Medina v. P.N.P., supra, en cuanto aplicamos la justificación de “figura accesoria” a una imagen tomada en un evento de interés público y en un lugar a la vista del público general, oponible a la preeminencia de la expresión política. Por otro lado, puede considerarse “grave” como en Colón v. Romero Barceló, supra, caso en el que concluimos que se intentó capitalizar con la imagen de un individuo a costa del dolor ajeno.

En el caso de autos, alegado que la imagen de la señora De la Cruz Hernández fue usada o apropiada por la parte demandada sin su consentimiento y presentándose como única defensa el uso accesorio de la imagen, el cual fue descartado por los foros recurridos, concluimos que los foros inferiores erraron al desestimar la causa de acción.

D.    Derecho a la Propia Imagen y la prescripción

Procedamos a examinar si se encuentran prescritas las causas de acción relacionadas a la canción “Pa ti” presentadas al amparo de la Ley del Derecho sobre la Propia Imagen, supra, y el Art. 1536 del Código Civil, infra. Aclaramos que solamente realizamos este examen en cuanto a la canción “Pa ti”, mas no en cuanto el uso de la grabación en otros discos o con relación a otras canciones, pues esas causas de acción relacionadas al uso posterior de la voz de la parte demandante no han sido desestimadas.

Aclarado lo anterior, la prescripción extintiva es una forma de extinción de los derechos por la inercia de su ejercicio dentro del plazo determinado por ley y ante la ausencia de algún acto interruptor que permita que este comience a transcurrir nuevamente, entiéndase, la presentación de una acción judicial, la reclamación extrajudicial y el reconocimiento de la deuda por el deudor. Arts. 1189 y 1197 del Código Civil, 31 LPRA secs. 9481 y 9489. Véase, Rivera Ruiz et al. v. Mun. de Ponce et al., 196 DPR 410, 415 (2016). La prescripción está regulada por el Código Civil y se fundamenta en la necesidad de que haya estabilidad en las relaciones y la seguridad en el tráfico jurídico. Cacho González et al. v. Santarrosa et al., 203 DPR 215, 228 (2019). No obstante, esta defensa es una afirmativa por lo que opera si es alegada por quien quiere aprovecharse de ella. Art. 1192 del Código Civil, 31 LPRA sec. 9484. Véanse, Conde Cruz v. Resto Rodríguez et al., supra, pág. 1067;  Meléndez v. El Vocero de Puerto Rico, 144 DPR 389, 399 (1997)(Per Curiam).

En materia de daños y perjuicios, ordinariamente opera un término prescriptivo de un año sujeto a la teoría cognoscitiva del daño. Toro Rivera  et als. v. ELA et al., 194 DPR 393 (2015). Por lo tanto, el término comienza a transcurrir desde que el agraviado conoce o debió conocer del daño que sufrió, quién lo causó y los elementos necesarios para ejercitar la causa de acción. Arts. 1190 y 1191, 1204 del Código Civil, 31 LPRA secs. 9482, 9483 y 9496. Igual término establece el Art. 7 de la Ley del Derecho sobre la Propia Imagen, supra, al expresar que:

[t]oda acción o procedimiento que se lleve a cabo para hacer cumplir cualquier disposición de esta Ley deberá iniciarse no más tarde de un (1) año a partir de la fecha en que la persona afectada adquirió o debió haber adquirido conocimiento del surgimiento de los hechos que dan pie a la causa de acción que sirve de base para dicha acción o procedimiento. 32 LPRA sec. 3156.

 

Sin embargo, para atender la relación entre publicaciones, las causas de acción sobre el material publicado y el término prescriptivo, hemos acogido la regla de la publicación única, la cual hemos sujetado a la idiosincrasia puertorriqueña, y por lo tanto, a la teoría cognoscitiva del daño.[45] Colón, Ramírez v. Televicentro de P.R., supra; Ojeda v. El Vocero de P.R., 137 DPR 315 (1994). Así, hemos expresado que:

La dignidad del ciudadano y la libertad de palabra son sujetos del ordenado equilibrio de intereses que informa el régimen constitucional. Estos valores preeminentes están resguardados por la “regla de la publicación única” o unitaria que adoptamos, según la cual la edición completa del periódico, revista o libro se considera una sola publicación que da lugar en caso de libelo, a una sola causa de acción, quedando la extensión del agravio, la distribución y circulación como elementos valorativos de daños.[46] Díaz Segarra v. El Vocero, 105 DPR 850 (1977).

  

En vista de que estos valores también se afectan con la publicación no consentida de la imagen de un individuo en publicaciones a través de medios de comunicación masiva, extendemos la Regla de Publicación Única a casos como el de autos.[47]  De esta forma, esta regla previene la multiplicidad de acciones, el potencial de acoso y responsabilidad excesiva y el agotamiento de los recursos judiciales. Firth v. State of New York, 98 N.Y.2d 365, 369-70 (2002). Por lo tanto, la publicación completa y masiva de un disco, también se considera una sola causa de acción y no así cada ejemplar vendido o accedido (unidad de la acción).  

En el caso de autos, la demandante argumenta que como parte de su derecho a la propia imagen informó a Rimas Entertainment, LLC su rechazo a que se continuara utilizando su voz en esta canción mediante un correo electrónico del 4 de mayo de 2022.[48] Por lo tanto, expresa que desde entonces cada vez que se toque, suene o utilice su voz en la canción “Pa ti” nace una nueva causa de acción bajo la doctrina de daños sucesivos.[49] Por otro lado, los demandados levantaron la defensa de prescripción e indicaron que el término correspondiente a las acciones presentadas sobre la obra musical “Pa’ Ti” comenzó con la primera distribución pública en el 2016.

Aceptado que en Puerto Rico aplica la Regla de Publicación Única sujeta a la teoría cognoscitiva del daño, no podemos sino concluir que la amplitud propuesta por la demandante al sostener que nace una nueva causa de acción cada vez que la canción “Pa ti” se toque o suene, conlleva que aceptemos la regla de derecho común de Causa de Acción Múltiple, regla que ya hemos rechazado en nuestro ordenamiento para los casos de difamación y hoy para los casos de propia imagen por el uso de la voz sin consentimiento en una expresión musical.

En vista de que la canción “Pa ti” fue publicada en el 2016 y de que se considera una sola publicación aunque se toque o suene en múltiples ocasiones, el término prescriptivo para presentar las acciones correspondientes comenzó a correr en el 2016.

Por lo tanto, dando como ciertos los hechos alegados de que los demandados no contaban con el consentimiento escrito, expreso o tácito de la demandante para utilizar su voz al publicar la Canción “Pa ti” en el 2016, han transcurrido seis años desde su publicación hasta la presentación de la demanda. No existiendo alegaciones en la misma a tenor con la Regla de la Única Publicación sobre nuevas publicaciones de la canción “Pa ti”, a diferencia de las alegaciones del uso de la grabación en otras canciones o contextos, no erró el tribunal recurrido al sostener la desestimación de las causas de acción relacionadas a esta canción.

V.

Por último, la demandante señala que alegó con suficiente especificidad los hechos que fundamentan tanto la negligencia personal como vicaria del señor Assad Byrne, y que los distingue de la actuación corporativa. Por ello, sostiene que el foro apelativo intermedio erró al desestimar todas las causas de acción en contra de este codemandado. Por otro lado, el señor Assad Byrne sostiene que en la Demanda solo se incluyeron alegaciones genéricas y conclusorias en las que no se le menciona ni tampoco vincula en ninguna capacidad con los actos que le causaron daños a la demandante ni con los supuestos representantes que se comunicaron con ella. Por lo tanto, indica que no se le puede imputar responsabilidad personal ni por hecho ajeno. Expresa que la mera administración de la carrera del artista Martínez Ocasio y el control de los activos corporativos no es base suficiente para imputarle responsabilidad.

El Artículo 1536 del Código Civil, supra, dispone que, “[l]a persona que por culpa o negligencia causa daño a otra, viene obligada a repararlo”. Por lo tanto, la responsabilidad civil al amparo de esta disposición requiere la concurrencia de tres elementos: la existencia de un daño real; el nexo causal entre el daño y la acción u omisión del demandado y el acto u omisión, el cual tiene que ser culposo o negligente. Sucn. Mena Pamias et al. v. Meléndez et al., 212 DPR 758, 768 (2023). Como excepción al principio de responsabilidad personal por los actos propios, mediante el Art. 1540 del Código Civil, supra, se codifica la responsabilidad vicaria. Se reconocen así, ciertas relaciones por las que se es llamado a responder por la culpa o negligencia de otro, entre ellas, la responsabilidad de “los patronos públicos o privados, por los daños que causan sus empleados en el servicio de las ramas en que los tengan empleados o con ocasión de sus funciones”.[50] Véase, Cruz Flores et al. v. Hosp. Ryder et al., 210 DPR 465, 486 (2022). Para ello, un demandante debe establecer: (1) que existe una relación de dependencia entre el patrono y el empleado, (2) que el empleado actuó en el desempeño de las ramas de su oficio con el propósito de servir y proteger los intereses del patrono, y (3) que el empleado incurrió en culpa o negligencia en el desempeño de esas funciones. Pérez et al. v. Lares Medical et al., 207 DPR 965, 983 (2021). Véase además, C. Zeno Santiago, La responsabilidad civil extracontractual acorde con el Código Civil de Puerto Rico de 2020 y la Jurisprudencia puertorriqueña, Tomo I, Bibliográficas, San Juan, 2024, pág. 456.

Ciertamente, la parte demandante presentó 188 alegaciones en la demanda incorporando los elementos de las distintas causas de acción presentadas.  A través de estas se requiere establecer la reclamación contra cada demandado y sostener su responsabilidad por las violaciones que se le imputan, ya sea por hecho propio o por los actos de terceros. No obstante, las alegaciones en la demanda se limitan a expresar que el señor Assad Byrne es “quien maneja la carrera del artista Benito A. Martínez Ocasio y controla de forma las cuentas, dineros, activos, ingresos, frutos, acciones y/o participaciones propietarias en entidades que pertenecen a él, el artista o ambas partes”; que ”es dueño y/o mantiene una participación propietaria sustancial” en Rimas Entertainment, LLC, y que “el 3 de mayo de 2022, Jomar D. Dávila Narváez (“Dávila”), en representación de Noah Assad, Rimas y Martínez, se comunicó con De la Cruz mediante la plataforma social de Instagram” para comprar la grabación con su voz”.[51] Aun evaluando las alegaciones conjuntamente y de la forma más favorable a la parte demandante, la demanda no expresa qué participación tuvo el señor Assad Byrne en los hechos ni cómo el señor Dávila Narváez tenía capacidad para hacer representaciones en su nombre o como su empleado, de forma que de los hechos alegados surjan las causas de acción en su contra. Por lo tanto, concluimos que la demanda no logró establecer una reclamación válida contra el señor Assad Byrne de que este era responsable personal y/o vicariamente de la actuación de los empleados o contratistas de Rimas. Por todo lo anterior, el foro recurrido no erró al desestimar las causas de acción presentadas contra el señor Assad Byrne.

VI.

Por los fundamentos expresados, se confirma en parte y se revoca en parte la Sentencia emitida por el Tribunal de Apelaciones el 14 de febrero de 2025 en los casos KLAN202401123 y KLCE202401359. Por consiguiente, se revoca aquella parte que desestima la causa de acción por violaciones al derecho moral sobre la grabación con la voz de la demandante, así como en cuanto al derecho a la intimidad en su vertiente del derecho a la propia imagen. Asimismo, se confirma la Sentencia emitida por el Tribunal de Apelaciones el 14 de febrero de 2025 en el caso KLCE202500026 mediante la que se desestima la Demanda instada en contra del señor Assad Byrne y las acciones relacionadas a la canción “Pa ti” y los conciertos del artista.  Se devuelve el caso al foro de instancia para la continuación de los procedimientos.

Se dictará Sentencia en conformidad.

Mildred G. Pabón Charneco     

Jueza Asociada

SENTENCIA

 

En San Juan, Puerto Rico, a 8 de julio de 2026.

 

Por los fundamentos expuestos en la Opinión que antecede, los cuales se hacen formar parte de esta Sentencia, se confirma en parte y se revoca en parte la Sentencia emitida por el Tribunal de Apelaciones el 14 de febrero de 2025 en los casos KLAN202401123 y KLCE202401359. Por consiguiente, se revoca aquella parte que desestima la causa de acción por violaciones al derecho moral sobre la grabación con la voz de la demandante, así como en cuanto al derecho a la intimidad en su vertiente del derecho a la propia imagen. Asimismo, se confirma la Sentencia emitida por el Tribunal de Apelaciones el 14 de febrero de 2025 en el caso KLCE202500026 mediante la que se desestima la Demanda instada en contra del señor Assad Byrne y las acciones relacionadas a la canción “Pa ti” y los conciertos del artista.  Se devuelve el caso al foro de instancia para la continuación de los procedimientos.

 

Lo acordó el Tribunal y certifica el Secretario del Tribunal Supremo. La Jueza Presidenta Oronoz Rodríguez emite las expresiones siguientes:

 

Estoy conforme con las determinaciones sobre el derecho a la propia imagen, la aplicación de la Regla de la Publicación Única y la desestimación de las causas contra el Sr. Noah Assad Byrne. No obstante, disiento en parte del resultado al cual arriba hoy este Tribual en cuanto a suficiencia de las reclamaciones de la Sra. Carliz De La Cruz Hernández (señora De La Cruz Hernández) sobre derechos morales de atribución e integridad sobre la obra.

A mi juicio, nos encontramos en la etapa adecuada para determinar si la causa de acción sobre derechos morales sobrevive una moción de desestimación, puesto que la Ley de Derechos Morales de Autor, Ley Núm. 55-2012, 31 LPRA sec. 1401j et seq. (Ley de Derechos Morales), establece que estos derechos “[s]urgen al momento en que el autor fija la obra original en un medio tangible de expresión”. 31 LPRA sec. 1401j(b).

Aún si tomamos como ciertas las alegaciones de la señora De La Cruz Hernández para dilucidar si existe tal causa de acción, entiendo que no hay manera de probar que esta ostenta un derecho moral sobre el estribillo, puesto que este no cumple con los requisitos establecidos de creatividad y originalidad para que una obra se considere protegible bajo el estatuto citado. Por tanto, no estoy conforme con la determinación de revocar al Tribunal de Apelaciones a los efectos de conservar la causa de acción bajo la Ley de Derechos Morales.

El Juez Asociado señor Colón Pérez emite Opinión Disidente. 

 

Javier O. Sepúlveda Rodríguez

Secretario del Tribunal Supremo

 

-Véase Opinión Disidente emitida por el Juez Asociado señor COLÓN PÉREZ.