2026 JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO 2026

 2026 DTS 027 IN RE: VAZQUEZ GARCED, 2026TSPR027

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

In re: Wanda Vázquez Garced

2026 TSPR 27

217 DPR ___, (2026)

217 D.P.R. ___, (2026)

2026 DTS 27, (2026)

Número del Caso:  TS-8,709

Fecha:  16 de marzo de 2026

 

Representantes legales de la promovida:

Lcdo. José A. Andréu Fuentes

Lcdo. Edgardo Rivera García

 

Materia:  Conducta Profesional –

Resumen: Suspensión inmediata e indefinida del ejercicio de la abogacía y la notaría.

 

ADVERTENCIA

Este documento está sujeto a los cambios y correcciones del proceso de compilación y publicación oficial de las decisiones del Tribunal Supremo. Su distribución electrónica se hace como un servicio público a la comunidad.

 

El Juez Asociado Señor Feliberti Cintrón emitió la Opinión del Tribunal.

 

En San Juan, Puerto Rico, a 16 de marzo de 2026.

En el ejercicio de nuestra facultad inherente para reglamentar la profesión legal en Puerto Rico, nos corresponde determinar si la Lcda. Wanda Vázquez Garced (licenciada Vázquez Garced) debe ser objeto de medidas disciplinarias por parte de este Foro.  Esto, a raíz de su declaración de culpabilidad ante el Tribunal de Distrito Federal para el Distrito de Puerto Rico (Tribunal Federal), por un delito menos grave relacionado con el financiamiento de la campaña política primarista que llevó a cabo para   su elección a la gobernación en las Elecciones Generales de Puerto Rico de 2020,[1] sin que recayera una Sentencia condenatoria, y tras haber recibido y aceptado un perdón total e incondicional otorgado por el Presidente de Estados Unidos, Donald J. Trump, cuyo efecto jurídico resultó en la desestimación del proceso penal que se ventilaba en su contra.  Por las razones que expondremos a continuación, determinamos que sí procede la imposición de una sanción disciplinaria.  Veamos.

I

La licenciada Vázquez Garced fue admitida al ejercicio de la abogacía el 26 de junio de 1987 y juramentó como notaria el 28 de enero de 1988.  El 24 de mayo de 1989 cesó funciones notariales al ser nombrada a un cargo público incompatible con dicho ejercicio.  Transcurridos casi 35 años de la cesación, solicitó su readmisión a la notaría el 1 de marzo de 2024. Luego de cumplir los requisitos correspondientes,   el 4 de abril de 2024 autorizamos su readmisión a la práctica de la notaría.   

Con el propósito de contextualizar el asunto que nos ocupa, es necesario señalar que la licenciada Vázquez Garced asumió el cargo de gobernadora de Puerto Rico el 7 de agosto de 2019 y desempeñó sus funciones hasta el 1 de enero de 2021.[2]  El 4 de agosto de 2022, las autoridades federales la arrestaron por presuntos hechos vinculados a la campaña política primarista que llevó a cabo en el 2020 para su elección como gobernadora de Puerto Rico.  La licenciada Vázquez Garced fue acusada por un Gran Jurado federal (Indictment) en el Tribunal Federal, por los delitos de conspiración (conspiracy), soborno asociado con programas federales (federal program bribery) y fraude electrónico de servicios honestos (honest services wire fraud).[3]    

El 27 de agosto de 2025, luego de alcanzar un acuerdo de culpabilidad (Plea Agreement) con la Fiscalía Federal (Fiscalía),[4] la licenciada Vázquez Garced se declaró culpable de un delito menos grave por aceptar una promesa de aportación política de una persona de nacionalidad extranjera (contribution by a foreign national), en conexión con su candidatura primarista para el cargo de gobernadora en las Elecciones Generales de 2020, en violación al 52 USC secs. 30121 y 30109(d)(1)(A)(ii), así como al 18 USC sec. 2.[5]  En particular, dichas disposiciones establecen lo siguiente:    

52 USC sec. 30121 – Contribution and donations by foreign nationals

“(a) Prohibition

It shall be unlawful for—

(1) a foreign national, directly or indirectly, to make--

(A) a contribution or donation of money or other thing of value, or to make an express or implied promise to make a contribution or donation, in connection with a Federal, State, or local election;

(B) a contribution or donation to a committee of a political party; or

(C) an expenditure, independent expenditure, or disbursement for an electioneering communication (within the meaning of section 30104(f)(3) of this title); or

(2) a person to solicit, accept, or receive a contribution or donation described in subparagraph (A) or (B) of paragraph (1) from a foreign national.

(b) “Foreign national” defined

As used in this section, the term “foreign national” means—

(1) a foreign principal, as such term is defined by section 611(b) of Title 22, except that the term “foreign national” shall not include any individual who is a citizen of the United States; or

(2) an individual who is not a citizen of the United States or a national of the United States (as defined in section 1101(a)(22) of Title 8) and who is not lawfully admitted for permanent residence, as defined by section 1101(a)(20) of Title 8.”       

52 USC sec. 30109 – Enforcement

“(d) Penalties; defenses; mitigation of offenses

(1)(A) Any person who knowingly and willfully commits a violation of any provision of this Act which involves the making, receiving, or reporting of any contribution, donation, or expenditure—. . . . . . . .

(ii) aggregating $2,000 or more (but less than $25,000) during a calendar year shall be fined under such title, or imprisoned for not more than 1 year, or both.”  (Subrayado suplido).    

 

18 USC sec. 2 - Principal

“(a) Whoever commits an offense against the United States or aids, abets, counsels, commands, induces or procures its commission, is punishable as a principal.

(b) Whoever willfully causes an act to be done which if directly performed by him or another would be an offense against the United States, is punishable as a principal.”

 

Del acuerdo de aceptación de culpabilidad se desprende que la licenciada Vázquez Garced se declararía culpable de un cargo en el pliego acusatorio en el que se le imputaba la comisión de lo siguiente:

1.      Cargos de los cuales la Acusada se declarará culpable

 

La Acusada acuerda que se declarará culpable de un cargo en el Pliego Acusatorio que imputa la comisión de lo siguiente:

 

Primer Cargo:

Allí para marzo de 2020 hasta alrededor de junio de 2020, Wanda Vázquez Garced, en complicidad con otros, a sabiendas y con intención aceptó una promesa de aportación política por parte de una persona de nacionalidad extranjera, en conexión con su candidatura primarista por el Partido Nuevo Progresista para el cargo de Gobernador(a) en las elecciones generales de 2020, habiendo acumulado más de $2,000 pero no más de $25,000 durante el año natural. Todo ello en violación al 52 [USC] [sec.] 30121 (Contribution by Foreign National) and [sec.] 30109(d)(1)(A)(ii) (Penalties for violations) and 18 [USC] [sec.] 2.        (Traducción nuestra y negrilla y subrayado suplido).[6]

Asimismo, la licenciada Vázquez Garced estipuló y aceptó los hechos que se detallan:

ESTIPULACIÓN DE HECHOS

 

Junto con la presentación del Acuerdo de Aceptación de Culpabilidad que se acompaña en este caso, la Acusada, Wanda Vázquez Garced, admite que es culpable de lo que se le imputa en el Pliego Acusatorio y admite lo siguiente:

 

Allí para marzo de 2020 hasta alrededor de junio de 2020, la acusada, Wanda Vázquez Garced, fue candidata primarista por el Partido Nuevo Progresista para el cargo de Gobernador(a) de Puerto Rico en las elecciones generales de 2020. El acusado, Julio Herrera Velutini, de nacionalidad extranjera, prometió contribuir dinero y otras cosas de valor para apoyar la campaña de la señora Vázquez. Las partes estipulan para propósitos de las guías para la imposición de la pena que el valor de la aportación prometida fue de más de $15,000, pero no en exceso de $25,000. La acusada, Vázquez Garced, no aceptó la aportación política para su enriquecimiento personal, sino a nombre de su comité político en apoyo a su candidatura. Vázquez Garced tenía conocimiento de que las personas de nacionalidad extranjera no pueden contribuir dinero u otras cosas de valor y actuó a sabiendas y con intención al aceptar las aportaciones prometidas.  

 

De este asunto haberse dilucidado en juicio, los Estados Unidos hubiera presentado prueba en la forma de declaraciones de testigos, así como prueba física y documental, que hubiera probado más allá de toda duda razonable que la acusada, Vázquez Garced, en efecto, a sabiendas y con intención aceptó aportaciones políticas de parte de una persona de nacionalidad extranjera.  (Traducción nuestra y negrilla y subrayado suplido).[7]   

Finalmente, la licenciada Vázquez Garced también acordó las siguientes cláusulas:

13. Estipulación de Hechos

 

La Estipulación de Hechos que se acompaña y que lleva la firma de la Acusada se hace formar parte de este Acuerdo de Aceptación de Culpabilidad. La Acusada adopta la Estipulación de Hechos y acepta que los hechos que allí se incluyen son fieles y exactos en todos los aspectos.  La Acusada acuerda y acepta que, de haberse dilucidado el asunto en juicio, los Estados Unidos hubieran probado esos hechos más allá de toda duda razonable.  (Negrilla y subrayado suplido).[8] . . . . . . . .

 

CONOCIMIENTO DE DERECHOS

 

He consultado con mi representante legal y comprendo plenamente todos mis derechos con relación a los cargos presentados en mi contra. Además, he consultado con mi abogado y conozco completamente mis derechos con relación a las disposiciones de las Guías que aplican en mi caso. He leído este Acuerdo de Aceptación de Culpabilidad y he revisado cuidadosamente cada una de sus partes con mi abogado. Mi representante legal me ha traducido el Acuerdo de Aceptación de Culpabilidad al español y no tengo ninguna duda en cuanto al contenido del acuerdo.  Entiendo este acuerdo a cabalidad y lo suscribo voluntariamente.  (Negrilla y subrayado suplido).[9]

 

Luego de varios trámites procesales, pero antes de que el Tribunal Federal dictara Sentencia condenatoria, el Presidente de los Estados Unidos, Donald J. Trump, le concedió a la licenciada Vázquez Garced -y ésta aceptó- un perdón total e incondicional, tanto por los cargos por los cuales fue acusada en el 2022[10] como por el delito menos grave por el que se declaró culpable.[11]  Consecuentemente, el 27 de enero de 2026 el Tribunal Federal emitió Sentencias de desestimación en los casos United States v. Vázquez-Garced, et al., Caso Núm. 3:22-cr-00342 (SCC),[12] y United States v. Vázquez Garced, Caso Núm. 3:25-cr-00296 (SCC).[13]     

El 27 y 29 de enero de 2026, el Tribunal Federal remitió a este Foro copia de las referidas Sentencias de desestimación.  Así las cosas, el 4 de febrero de 2026, este Tribunal emitió una Resolución en la que le concedió término a la licenciada Vázquez Garced para mostrar causa por la cual no debía ser disciplinada por este Foro, tras haberse declarado culpable de la comisión del delito antes indicado.

El 3 de marzo de 2026, la licenciada Vázquez Garced compareció ante este Tribunal.  En esencia, detalló su extenso historial profesional, las incidencias procesales de los casos criminales ventilados en su contra ante el Tribunal Federal, así como el daño emocional, psicológico y económico experimentado tanto por ella como por su familia. 

En relación al delito menos grave por el cual se declaró culpable mediante alegación preacordada expuso, entre otros aspectos, que su conducta se limitó estrictamente a aceptar una promesa de contribución a su campaña política y no en beneficio personal pecuniario.  La licenciada Vázquez Garced argumentó, además, que los elementos del delito menos grave en cuestión no demuestran conducta deshonrosa ni de depravación moral, toda vez que no están presente los elementos de fraude y engaño.  Asimismo, destacó que dicho delito tampoco ocurrió en el desempeño de la profesión de la abogacía ni en su función pública, sino como “una ciudadana en un proceso político”.  Así mismo, la licenciada Vázquez Garced arguye que, de un análisis de los elementos del delito, se puede destacar que no demuestra una intención fraudulenta, ni implica corrupción gubernamental.  Por el contrario, se trata de un delito de naturaleza “estatutaria” que no conlleva depravación moral. 

Al abordar el estándar de “willfully” o a sabiendas en el derecho penal federal, expresa que el Tribunal Supremo de Estados Unidos lo ha definido como un conocimiento general de que la conducta es ilegal, no como conocimiento técnico específico del estatuto.  En ese contexto, citó el manual oficial del Departamento de Justicia de Estados Unidos, Federal Prosecution of Election Offenses (8th ed., 2017), que indica que, según el Federal Election Campaign Act, en la aludida modalidad de delito, el requisito penal es de conocimiento de ilegalidad y no de intención de defraudar.  Cónsono con ello, la licenciada Vázquez Garced sostiene que la naturaleza de la conducta tipificada es regulatoria, lo que implica que no es un delito constitutivo de corrupción gubernamental.  Es decir, la conducta objeto de la alegación preacordada está proscrita por disposición estatutaria específica, lo que significa que no implica una conducta inherentemente inmoral o deshonesta.  Finalmente, expresó que el perdón ejecutivo le fue concedido antes del acto de dictarse sentencia, por lo cual para ella implica que nunca recayó una convicción penal.  Así pues, la licenciada Vázquez Garced le solicita a este Tribunal que, considerando los antecedentes fácticos en su justa dimensión, determine que están presentes todos los fundamentos y atenuantes para declinar ejercer su facultad disciplinaria y proceder al “archivo de este asunto sin trámite ulterior”.  Adelantamos que no nos convence y declinamos su invitación.                        

Con este escenario en mente, y al amparo de nuestro poder inherente de reglamentar el ejercicio de la profesión legal, pasemos a discutir el derecho aplicable.

II

A.    El poder inherente del Tribunal Supremo de regular la profesión legal

 

Como parte del principio de separación de poderes que emana de la Sec. 2 del Art. I de la Constitución de Puerto Rico, Const. PR, LPRA, Tomo 1, se crea un sistema de pesos y contrapesos para asegurar un balance de poder entre las tres ramas de gobierno en la Isla, entiéndase las Ramas Ejecutiva, Legislativa y Judicial.  Con el fin de garantizar dicho balance, la Constitución de Puerto Rico delegó unas facultades específicas a cada una de esas ramas. En conformidad a esta delegación de poderes, cada rama de gobierno ha invocado ciertos poderes inherentes a sus facultades y funciones.  In re Pellot Córdova y otro, 204 DPR 814, 824 (2020).

En particular, nuestra Constitución deposita en el Poder Judicial la facultad de regular todo lo relativo a la administración del sistema de justicia. Al respecto, este Tribunal consecuentemente ha reiterado que intrínseco a dicha facultad constitucional está el poder o autoridad inherente de regular la profesión legal en Puerto Rico.  Íd.  Véase, además, In re Pérez Pérez II, 2026 TSPR 3, págs. 3-4 esc. 2, 217 DPR __ (2026).   

B.     El proceso disciplinario en contra de un abogado

i.

En esa dirección, la Sec. 9 de la Ley de 11 de marzo de 1909 (Ley de 1909), 4 LPRA sec. 735, constituye uno de los mecanismos mediante los cuales este Tribunal puede ejercer su facultad disciplinaria. Dicha disposición establece un procedimiento de separación sumaria de la profesión legal en aquellos casos en los que recaiga un dictamen de culpabilidad en contra de un abogado. In re Carrasco Castillo, 2025 TSPR 31, 215 DPR ___ (2025); In re Peluzzo Perotín,     195 DPR 323, 327 (2016) (citando a S. Steidel Figueroa,    Ética y responsabilidad disciplinaria del abogado, San Juan, Pubs. JTS, 2010, pág. 356).  En consecuencia, el mecanismo allí dispuesto torna innecesario el trámite disciplinario ordinario previsto en la Regla 14 del Reglamento de este Tribunal, 4 LPRA Ap. XXI-B, R. 14.  In re Carrasco Castillo, supra; In re Velilla Reyes, 200 DPR 248, 252 (2018); In re Peluzzo Perotín, supra, págs. 327-328.  En lo pertinente, la aludida disposición expone que:

[e]l abogado que fuere culpable de engaño, conducta inmoral (malpractice), delito grave (felony) o delito menos grave (misdemeanor), en conexión con el ejercicio de su profesión o que fuere culpable de cualquier delito que implicare depravación moral, podrá ser suspendido o destituido de su profesión por el Tribunal Supremo de Puerto Rico.  La persona que siendo abogado fuere convicta de un delito grave cometido en conexión con la práctica de su profesión o que implique depravación moral, cesará convicta que fuere, de ser abogado o de ser competente para la práctica de su profesión.  A la presentación de una copia certificada de la sentencia dictada al Tribunal Supremo, el nombre de la persona convicta será borrado, por orden del Tribunal, del registro de abogados. Al ser revocada dicha sentencia, o  mediante el perdón del Presidente de los Estados Unidos o del Gobernador de Puerto Rico, el Tribunal Supremo estará facultad[o] para dejar sin efecto o modificar la orden de suspensión. (Negrilla suplida).  Sec. 9 de la Ley de 1909, supra.[14]    

              

Es sabido que las funciones inherentes al profesional del Derecho como oficial del Tribunal provocan que un abogado convicto según lo dispuesto en la Sec. 9 de la Ley de 1909, supra, no pueda descargar sus deberes éticos profesionales. In re Peluzzo Perotín, supra, pág. 328; In re Zúñiga López, 177 DPR 385, 389 (2009).   Por consiguiente, cuando un abogado se declara culpable de un delito relacionado con el ejercicio de la profesión legal, y cuyos hechos implican depravación moral[15] y falta de honradez, procede su separación de la profesión.  In re Catalá Suárez, 213 DPR 131, 135 (2023); In re Castro Ward, 202 DPR 168, 170 (2019); In re Vázquez Torres II, 182 DPR 853, 855 (2011).    

No obstante, este Tribunal ha reiterado que en nuestra jurisdicción la determinación de separar a un abogado del ejercicio de la profesión constituye una facultad inherente de este Foro.  In re De la Texera Barnes, 165 DPR 526, 532 (2005).  En el ejercicio de dicha prerrogativa, podemos ordenar la separación de un abogado por razones distintas a aquellas que la Asamblea Legislativa haya decretado expresamente por ley.  Íd.  En otras palabras, la causa para sancionar a un abogado no tiene que ser necesariamente de origen legislativo.  Íd.  Asimismo, hemos resuelto que esta facultad puede ejercerse aun cuando las actuaciones del abogado no estén relacionadas con el ejercicio de su profesión, si se demuestra que su conducta lo hace indigno de pertenecer a este Foro. Íd.  Basta con que las actuaciones del abogado menoscaben sus condiciones morales. Íd., págs. 532-533.

i.                     

En esa línea, la Sec. 12 de la Ley de 1909,  4 LPRA sec. 737, reconoce la facultad de este Tribunal para desaforar o suspender a un abogado por mala conducta en el ejercicio de la profesión o por cualquier otra causa que justifique su suspensión o destitución.  Véase, además, Steidel Figueroa, op. cit., pág. 415.  Aun cuando la aludida disposición enuncia normas de carácter general, la Regla 14 del Reglamento del Tribunal Supremo, supra, precisa el procedimiento disciplinario aplicable a abogados y notarios, al establecer el trámite procesal que deberá seguirse cuando se presente una queja escrita y juramentada ante este Foro o cualquiera de sus jueces respecto a su conducta.  Íd.

Sobre este particular, el juez Sigfrido Steidel Figueroa explica que el proceso disciplinario contra un miembro de la profesión legal consta de dos (2) etapas: la investigativa y la adversativa disciplinaria.  Steidel Figueroa, op. cit., pág. 413.  La etapa investigativa, por lo general, se activa tras la presentación de una queja en la que se imputa al abogado una violación a los principios éticos que rigen la profesión legal.  Íd.  No obstante, dicho proceso también puede iniciar con un referido de carácter general o individualizado.  Íd.[16]

Ahora bien, este Tribunal ha expresado que, en virtud de su poder inherente para regular el ejercicio de la abogacía, posee amplia discreción para seleccionar el procedimiento apropiado para disciplinar a un abogado, ya que está liberado de toda rutina procesal sin más limitación que la garantía de un debido proceso de ley.   In re Reichard Hernández, 180 DPR 604, 614 (2011).  Asimismo, hemos advertido que este Foro puede iniciar motu proprio una acción disciplinaria contra un miembro de la profesión.  Íd., pág. 620.  De igual modo, no prescindimos de la presentación de una queja para que la conducta de un abogado sea objeto de nuestra atención.  Íd.

A modo ilustrativo, en In re Reichard Hernández, supra, el proceso disciplinario comenzó cuando el propio abogado notificó a este Tribunal, mediante carta dirigida al Juez Presidente, que se había iniciado un procedimiento administrativo en su contra ante la Junta Examinadora de Florida. Dicho procedimiento surgió porque omitió información relevante tanto en su solicitud ante la Junta Examinadora de Florida como en la de Puerto Rico, relacionada con ciertas denuncias en su contra por conducir bajo los efectos del alcohol y por negarse a firmar un documento que certificaba su negativa a realizarse una prueba de aliento, cargos que fueron archivados posteriormente. Ante esta situación, el Tribunal emitió una orden para que el abogado mostrara causa por la cual no debía ser suspendido de inmediato del ejercicio de la abogacía, sin trámite ulterior.  Tras su comparecencia y la evaluación del asunto, se le suspendió del ejercicio de la abogacía por seis (6) meses.  Este Tribunal concluyó que el abogado había incumplido los requisitos de la Junta Examinadora al omitir en la Declaración Informativa su arresto en Florida, conducta que generaba dudas sobre su honestidad y probidad moral.[17]  Véase, también, Steidel Figueroa, op. cit., págs. 413-414.

C.    Los cánones de ética profesional[18]

La facultad disciplinaria de este Foro tiene como propósito asegurar que los profesionales del Derecho reflejen, mediante su conducta, los valores y principios deontológicos depurados en los cánones de ética profesional.  In re Pellot Córdova y otro, supra, pág. 825.  Como hemos reiterado, el objetivo de la función disciplinaria de este Tribunal no es castigar al abogado, sino proteger a la comunidad y a la propia profesión legal.  Íd.; In re Rivera Rodríguez, 202 DPR 1026, 1053 (2019); In re Huertas Soto, 195 DPR 234, 240 (2016); In re García Aguirre, 175 DPR 433, 441 (2009).  Así, la obligatoriedad de los postulados éticos recogidos en los cánones o reglas de ética profesional está garantizada precisamente por la autoridad de sancionar que tiene este Tribunal.  In re Pellot Córdova y otro, supra, pág. 826.

Cabe destacar que el Canon 38 del Código de Ética Profesional (Canon 38), 4 LPRA Ap. IX, C. 38 (derogado), establece los valores principales que todo abogado debe observar en el desempeño de su gestión profesional y en su vida privada, a saber, el honor y la dignidad. In re Maldonado de Jesús, 208 DPR 601, 617 (2022); In re Raffucci Caro, 206 DPR 589, 611 (2021); In re Villalona Viera, 206 DPR 360, 375-376 (2021); In re Reyes Coreano, 190 DPR 739, 756-757 (2014); In re Gordon Menéndez, 183 DPR 628, 642 (2011).  

En otras palabras, el canon exige que el abogado se conduzca de manera que exalte la dignidad y el honor de su profesión, evitando toda conducta impropia en su vida profesional y personal, tanto en la realidad como en la apariencia.  In re García Vega, 189 DPR 741, 757 (2013).    Como hemos reiterado en innumerables ocasiones, los abogados son el espejo en el que se refleja la imagen de la profesión legal, por lo cual deben actuar con el más escrupuloso sentido de responsabilidad que impone la función social que ejercen.  In re Maldonado de Jesús, supra, págs. 617-618.  

En esa línea, todo abogado debe desempeñarse con dignidad y honor, y aunque ello conlleve sacrificios personales,     debe conducirse de forma digna y honorablemente, tanto en la vida privada como en el desempeño de su profesión. In re Reyes Coreano, supra, pág. 757.  Este deber responde a la confianza depositada en el abogado como miembro de la profesión legal.  Íd.   

Por consiguiente, la conducta imputada a un abogado como violación al Canon 38, supra, será aquella que lo haga verdaderamente indigno de pertenecer a este Tribunal.  Íd., págs. 757-758.  Para determinarlo, debe evaluarse si dicha conducta afecta realmente las condiciones morales del abogado.  Íd., pág. 758.

D.    La clemencia ejecutiva en Estados Unidos y Puerto Rico,     y sus efectos

 

1. Estados Unidos

 

En el ámbito federal, el Art. II, Sec. 2, Cl. 1 de la Constitución de Estados Unidos concede al presidente el poder total para suspender la ejecución de sentencias y conceder indultos por delitos cometidos en contra de Estados Unidos, excepto en casos de juicio político (residenciamiento o impeachment).  Pueblo v. Arlequín Vélez, 204 DPR 117, 132 (2020).  Específicamente, dicha disposición constitucional establece lo siguiente:

“The President shall […] have Power to grant Reprieves and Pardons for Offenses against the United States, except in Cases of Impeachment.” USCA Const., Art. II, Sec. 2, Cl. 1.

 

En conformidad a lo reiterado por el Tribunal Supremo de Estados Unidos, la norma prevaleciente dispone que la clemencia ejecutiva o perdón es un acto de gracia que emana del poder para ejecutar las leyes del cual está investido el presidente de Estados Unidos y por medio del cual se exime al beneficiario de cumplir la pena impuesta por un delito cometido.  Pueblo v. Arlequín Vélez, supra, pág. 132 (citando a United States v. Wilson, 32 US 150, 160 (1833)).  Asimismo, conviene señalar que en la esfera federal el poder para otorgar una clemencia ejecutiva o perdón es amplio e incluye la autoridad para otorgarlo sujeto al cumplimiento de ciertos requisitos.  Pueblo v. Arlequín Vélez, supra, pág. 132 (citando a Ex parte: William Wells, 59 US 307, 313-314 (1855)).

El también llamado “perdón presidencial” (presidential pardon) permite al presidente conceder u otorgar diversas formas para eximir de responsabilidad penal. Entre las más comunes se encuentran: (1) el perdón total o absoluto (para individuos); (2) la amnistía (para grupo de personas), y (3) la conmutación.[19]  En particular, el perdón total o absoluto (full pardon o absolute pardon) libera al infractor del castigo o pena y restablece sus derechos civiles sin reservas. [20]  Además, el perdón puede concederse en cualquier momento antes de la presentación de cargos criminales, antes de la convicción o luego de ésta,[21] pero se entiende que para que éste sea efectivo debe ser aceptado o rechazado.[22]

En Ex parte Garland, 71 US 333, 342 (1866), el Tribunal Supremo federal expuso que el indulto absoluto absuelve al infractor de todas las consecuencias, ya sean directas o colaterales, de los delitos cometidos y, por consiguiente,   de la condena, por lo que queda liberado de cualquier castigo en el ámbito penal.  Pueblo v. Arlequín Vélez, supra, pág. 136.  Véase, además, O.E. Resumil de Sanfilippo, Derecho procesal penal, New Hampshire, Butterworth Legal Publishers, 1993, T. 2, Sec. 24.5, págs. 210–211.

2. Puerto Rico

 

Por su parte, en el ámbito local, el Art. IV, Sec. 4, de la Constitución de Puerto Rico también otorga al gobernador el poder de conceder indultos.  En lo pertinente, la referida disposición constitucional dispone que entre las atribuciones que tendrá el gobernador está la facultad de “[s]uspender la ejecución de sentencia en casos criminales, conceder indultos, conmutar penas y condonar total o parcialmente multas y confiscaciones por delitos cometidos en violación de las leyes de Puerto Rico[,] [excepto que dicha] facultad no se extiende a procesos de residencia”.  Art. IV, Sec. 4, Const. PR, LPRA, Tomo 1, ed. 2023, pág. 424.

Este Foro ha expresado que la facultad de otorgar clemencias ejecutivas es una prerrogativa exclusiva del Poder Ejecutivo, que surge de la ley fundamental del Estado, y a la cual accede el acusado, no como parte de derecho alguno que el ordenamiento jurídico vigente le reconozca, sino mediante la concesión de una gracia otorgada por el gobernador.  Pueblo v. Arlequín Vélez, supra, pág. 134 (citando a Reynolds v. Jefe Penitenciaría, 91 DPR 303, 313 (1964)); Pueblo v. Albizu, 77 DPR 888, 893 (1955); Emanuelli v. Tribl. de Distrito, 74 DPR 541, 548 (1953).

En el 1953, resolvimos Emanuelli v. Tribl. de Distrito, supra.  Allí señalamos que “[e]l indulto borra para siempre la convicción del delito cometido, quedando de ahí en adelante el indultado tan limpio de ella como si nunca hubiera sido convicto”.  Íd., pág. 548.  Más adelante, en el 1955, atendimos Pueblo v. Albizu, supra, en el cual expusimos que el gobernador podrá ejercitar la clemencia ejecutiva “concediendo el indulto en forma total y absoluta, o en forma condicionada, […] no teniendo otra limitación […] para imponer condiciones que la de que éstas no vayan contra la ley, la moral, o sean imposibles de cumplir”. (Citas omitidas).  Íd., pág. 893.  A su vez, indicamos que “[c]uando un indulto está sujeto al cumplimiento de una condición previa, ésta debe cumplirse, para que el indulto adquiera plenitud jurídica, dentro del término fijado en el mismo -o dentro de un término razonable si no se hubiere éste fijado […]”.  (Citas omitidas).  Íd.  De igual manera, planteamos que “[c]uando [un indulto] está sujeto al cumplimiento de una condición subsiguiente, [éste] adquiere plenitud jurídica tan pronto es aceptado, pero estando latente la condición, el incumplimiento de ésta lo expone a la revocación”.  (Citas omitidas).  Íd., págs. 893-894.

Por otro lado, el Código Penal de Puerto Rico de 2012 (Código Penal), Ley Núm. 146-2012, según enmendada, 33 LPRA sec. 5001 et seq., establece que el indulto u otra acción de clemencia ejecutiva constituyen causas de extinción de la acción penal (Art. 86, inciso (b), del Código Penal, 33 LPRA sec. 5131), así como de la pena (Art. 91, inciso (b), del Código Penal, 33 LPRA sec. 5136).  A su vez, la Regla 64(g) de Procedimiento Criminal, 34 LPRA Ap. II, R. 64(g), dispone como fundamento para la desestimación de la acusación o la denuncia que el acusado haya sido indultado del delito que se le imputa.  No obstante, las referidas disposiciones legales no establecen claramente cuáles son los efectos de la concesión o aceptación del indulto o clemencia ejecutiva.  Pueblo v. Arlequín Vélez, supra, pág. 140.

A manera de resumen, referente a los efectos de una clemencia ejecutiva, validamos la regla que dispone que los indultos absolutos e incondicionales, una vez concedidos y sin necesidad de que sean aceptados, absuelven al infractor de todas las consecuencias directas o colaterales; extinguen la acción penal en su contra; constituyen fundamento suficiente para la desestimación de la acusación o denuncia; borran la condena como si nunca hubiera existido, y lo liberan de cualquier castigo en el ámbito penal.  Íd., pág. 141. Véanse, además, Ex parte Garland, supra; Emanuelli v. Tribl. de Distrito, supra, pág. 548; Arts. 86 y 91 del Código Penal, supra; Regla 64(g) de Procedimiento Criminal, supra.

Mientras, los indultos condicionales adquieren su plenitud jurídica cuando el acusado o convicto los acepta y no desde su concesión.  Claro está, los efectos jurídicos de la sentencia se mantienen en suspenso mientras se cumpla fielmente con las limitaciones impuestas, por lo que en caso de que se infringiera alguna de éstas, entonces podrá revocarse el indulto y, en consecuencia, reactivarse todos los efectos de la sentencia dictada.  Pueblo v. Arlequín Vélez, supra, pág. 141.  Véanse, además, Pueblo v. Albizu, supra; Resumil de Sanfilippo, op. cit., pág. 211.

Respecto al tema del indulto, el profesor Luis Mariano Negrón Portillo expone que “[a] pesar de que el indulto borra la convicción del acusado, la concesión de éste no tiene la facultad de borrar los actos cometidos, a los fines de determinar la suspensión o desaforo, cuando éste es abogado”. (Negrilla y subrayado suplido). L.M. Negrón Portillo,      Trece lecciones sobre Ética y Responsabilidad Profesional, 6.^a ed. rev., San Juan, Ed. SITUM, 2022, pág. 154 (citando a In re Silva Iglecia, infra).  Añade que ello “significa que el ejercicio de la jurisdicción disciplinaria del Tribunal Supremo rebasa y es irrespectivo del indulto o perdón del poder ejecutivo a un abogado convicto de un delito”.  Íd.

Por su parte, el juez Steidel Figueroa plantea que el indulto de la pena que otorgue el gobernador de Puerto Rico no priva a este Foro de la facultad para ejercer su jurisdicción disciplinaria al amparo del procedimiento sumario que establece la Sec. 9 de la Ley de 1909, supra.    No obstante, puede considerarlo para denegar ejercer su jurisdicción, en caso de que mediante esa forma se contribuya a los fines rehabilitadores del indulto.  Steidel Figueroa, op. cit., pág. 429.

E.     Los precedentes sobre indultos emitidos por el Tribunal Supremo de Puerto Rico

 

En nuestra jurisdicción, conviene repasar cuatro (4) casos que forman parte de la jurisprudencia que aborda el tema de los indultos en Puerto Rico.  Veamos.

1.      In re Casablanca, 30 DPR 399 (1922)

Este caso se dio en el contexto de un aspirante o candidato a la admisión al ejercicio de la abogacía en    Puerto Rico.  Específicamente, este Foro proveyó No Ha Lugar a la solicitud de admisión y el Sr. Justo A. Casablanca solicitó reconsideración. 

Al considerar su petición, este Tribunal advino en conocimiento de que el candidato fue convicto y cumplió condena por el delito grave de falsificación, y que el gobernador de Puerto Rico le otorgó un perdón completo e incondicional en cuanto al delito y la pena, y así se le restituyeron sus derechos civiles y privilegios.  No obstante, mientras la solicitud de admisión estaba siendo evaluada por la Comisión de Reputación de Aspirantes al Ejercicio de la Abogacía (Comisión), se tuvo conocimiento de que el señor Casablanca había sido convicto nuevamente por otro delito grave y había apelado su sentencia.  Luego de un tiempo, dicha apelación fue denegada y la Comisión envió a este Tribunal una certificación de buena conducta moral.  Referente a ese otro delito grave, fue declarado culpable, sentenciado a pena de cárcel -la cual cumplió- e indultado. 

Finalmente, proveímos No Ha Lugar a la petición de reconsideración presentada por el señor Casablanca. Allí enfatizamos que aun prescindiendo de las condenas y que fue indultado por el gobernador, aún quedaban los hechos y éstos no reflejaban que estuviera en condiciones de ejercer la profesión legal.

2.      In re Varona Pacheco, 115 DPR 701 (1984)

En este caso el abogado fue desaforado por este Tribunal en 1950,[23] tras ser sentenciado en el Tribunal Federal por el delito de conspirar para comprar, recibir, transferir y pasar billetes falsificados.  El abogado cumplió las sentencias criminales en 1956.  Posteriormente, en 1965, el entonces presidente Lyndon B. Johnson le concedió un indulto completo e incondicional.  Desde entonces solicitó sin éxito su reinstalación al ejercicio de la abogacía.  No fue hasta 1983 que presentó una nueva solicitud de reinstalación, la cual fue referida al Procurador General y a la Comisión, cuyos informes fueron favorables.  Así, 34 años después de su desaforo, fue reinstalado en la profesión.

3.      In re Rodríguez Zayas, 151 DPR 532 (2000) (Resolución)

 

El presente caso se desarrolló en el contexto de una querella presentada por la Oficina del Procurador General en contra del juez Gilberto Rodríguez Zayas (juez Rodríguez Zayas) por infringir, entre otros, el Código de Ética Judicial y el Reglamento del Sistema de Personal de la Rama Judicial.

Por hechos relacionados con el cobro de dinero por oficiar matrimonios en horas laborables en el tribunal y la posterior conducta destemplada mostrada por el juez, la Comisión de Disciplina y de Separación del Servicio por Razón de Salud de Jueces o Juezas (Comisión) imputó al juez Rodríguez Zayas violaciones a varios cánones de ética judicial, disposiciones estatutarias y reglamentarias aplicables a las actuaciones de los jueces en Puerto Rico.  A raíz de esto, la Comisión refirió el caso a la Oficina del Procurador General para la formulación de querella.  Como consecuencia de esto, dicha Oficina refirió el asunto a la División de Investigaciones y Procesamiento Criminal del Departamento de Justicia de Puerto Rico para que se evaluara la presentación de cargos criminales en contra del juez Rodríguez Zayas.

Así las cosas, un Fiscal Especial Independiente (FEI) comenzó un proceso criminal en contra del referido juez, lo que concluyó con veredictos de culpabilidad en contra de éste por delitos relacionados con retención y destrucción de documentos públicos, y soborno en su modalidad de haber exigido el pago y cobrado dinero para realizar un acto regular de su cargo (celebrar matrimonios durante horas laborables).

Más adelante, en la fecha en que fue sentenciado por tales delitos, el juez Rodríguez Zayas renunció a su cargo y fue indultado por el gobernador en relación con todos los delitos por los cuales resultó convicto.  En vista de lo anterior, las sentencias dictadas quedaron sin efecto. En el procedimiento disciplinario que se había paralizado mientras se esperaba por el resultado de la acción penal, este Foro expresó lo siguiente:

Debe de quedar claro que el indulto concedido por el señor Gobernador en este caso no priva a este Tribunal de su jurisdicción disciplinaria sobre el licenciado Rodríguez Zayas.  Tampoco su renuncia al cargo de Juez de Distrito nos privó de dicha facultad.  No obstante, a pesar de estar conscientes de las graves faltas imputadas a dicho abogado en los dos procedimientos disciplinarios iniciados en su contra, actuaciones en las cuales incurrió en sus funciones como Juez de Distrito a cuyo cargo ha renunciado; y considerando además, la circunstancia específica de que las sentencias dictadas en su contra nunca se convirtieron en firmes por resultar académico apelar en virtud del indulto de que fuera objeto el querellado por parte del señor Gobernador; y por entender que se cumplen mejor los objetivos rehabilitadores perseguidos por el referido indulto, otorgando de este modo nuestra deferencia a la autoridad constitucional del Gobernador de Puerto Rico, quien concediera dicho perdón después de considerar todos los factores presentes en el caso de marras, se declina el ejercicio de nuestra jurisdicción disciplinaria en este asunto. In re Rodríguez Zayas, supra, págs. 542-543.

  

Finalmente, este Foro no ejerció su jurisdicción disciplinaria, y decretamos la desestimación y archivo de la querella presentada. 

4.      In re Silva Iglecia, 162 DPR 105 (2004)

Este caso surgió en el escenario de una querella sobre conducta profesional presentada por la Oficina del Procurador General en contra del Lcdo. Rolando Silva Iglecia (licenciado Silva Iglecia), por éste haber sido declarado culpable de cuatro (4) cargos menos graves en un procedimiento de naturaleza criminal.

Los hechos se originaron en el 1990 cuando el licenciado Silva Iglecia ocupaba un cargo público en el Senado de    Puerto Rico.  A raíz de una auditoría de la Oficina del Contralor de Puerto Rico relacionada sobre las operaciones fiscales del mencionado cuerpo legislativo, se designó un FEI para que investigara las actuaciones del licenciado Silva Iglecia.  Esta auditoría cubrió todas las operaciones fiscales sobre el reclutamiento y la administración del personal asignado. Dicha auditoría reflejó que el querellado, en su función de senador, utilizó para su beneficio personal los trabajos y servicios pagados por el Gobierno de Puerto Rico para realizar trabajos y servicios relacionados a su práctica privada de la abogacía y su negocio de bienes raíces.

Así pues, el FEI presentó cuatro (4) cargos de carácter grave. Como parte del procesamiento criminal, el licenciado Silva Iglecia realizó una alegación preacordada mediante la cual se reclasificaron los delitos y se declararía culpable de cuatro (4) cargos por infracción al Art. 214 del derogado Código Penal.  Además, restituiría al erario público la suma de $40 mil en concepto de sueldos pagados y/o gastos incurridos por el FEI en la tramitación de los casos criminales.  A su vez, cumpliría tres (3) meses de cárcel por cada uno de los cuatro (4) cargos a cumplirse de forma consecutiva, un año en total, en la libre comunidad bajo el régimen de sentencia suspendida.

Ante este escenario, el licenciado Silva Iglecia se declaró culpable y fue sentenciado a cumplir cuatro (4) penas de tres (3) meses, de forma consecutiva, bajo el régimen de sentencia suspendida.  Luego de tres (3) años de impuesta la sentencia, el entonces gobernador de Puerto Rico le concedió un indulto total y absoluto.

Previo al indulto, se había comenzado el proceso disciplinario y la Oficina del Procurador General presentó una querella en contra del licenciado Silva Iglecia. Posteriormente, la Comisionada Especial asignada a atender el asunto recomendó que, a tenor de la doctrina pautada en In re Rodríguez Zayas, supra, procedía decretar la desestimación y el archivo de la querella. Cónsono con dicha recomendación, este Tribunal decretó el archivo del caso expresando lo siguiente:

Desde hoy le hacemos claro a la clase togada que el ejercicio de nuestra jurisdicción disciplinaria rebasa y es irrespectivo del indulto o perdón del Poder Ejecutivo a un abogado convicto de un delito.  Basta con que la conducta del abogado en su condición de juez, legislador o en cualquier otra actividad, irrespectivo del delito que resulte convicto, sea incompatible con los cánones del Código de Ética Profesional que rigen la conducta de los miembros de la clase togada, para que este Tribunal ejerza su jurisdicción disciplinaria. In re Silva Iglecia, supra,      pág. 122.

 

A la luz de la normativa antes esbozada, procedemos a disponer del presente asunto disciplinario.        

III

No cabe duda de que la licenciada Vázquez Garced se declaró culpable de un delito menos grave ante el Tribunal Federal, tras alcanzar un acuerdo con la Fiscalía.  Este hecho es incuestionable. Ahora bien, el perdón presidencial tornó académico el que el Tribunal Federal emitiera una Sentencia condenatoria, pues las consecuencias de la pena a ser impuesta quedaron sin efecto. Como resultado, este Foro debe evaluar y determinar si procede disciplinar la conducta de la licenciada Vázquez Garced conforme al Derecho expuesto.

Sabido es que este Foro posee la facultad de iniciar,  motu proprio, una acción disciplinaria contra un abogado cuando lo considere meritorio.  Asimismo, este Tribunal tiene plena discreción para determinar el procedimiento disciplinario más adecuado, sin estar sujeto a rutinas procesales específicas, siempre y cuando se respete el debido proceso de ley. 

Habiendo concedido término a la licenciada Vázquez Garced para exponer las razones por las cuales no debía ser disciplinada por este Tribunal, tras haberse declarado culpable de la comisión del delito en cuestión, y contando con el beneficio de su comparecencia, evaluemos si los hechos por los cuales se declaró culpable ante el Tribunal Federal contravienen los principios éticos que rigen la profesión legal. 

Como indicáramos, para marzo de 2020 hasta alrededor de junio de 2020, la licenciada Vázquez Garced, en complicidad con otros, a sabiendas y con intención, aceptó una promesa de aportación política por parte de una persona de nacionalidad extranjera, en conexión con su candidatura primarista para el cargo de gobernadora en las Elecciones Generales de 2020. Según se desprende de los hechos estipulados en el acuerdo de culpabilidad, suscrito por la licenciada Vázquez Garced,     su representante legal y la Fiscalía, una persona de nacionalidad extranjera prometió contribuir dinero y otras cosas de valor para apoyar su campaña política.  Aunque la licenciada Vázquez Garced no aceptó la aportación política para su enriquecimiento personal, sí lo hizo a nombre de su comité político en respaldo a su candidatura.  Añádase que ésta tenía conocimiento de que personas de nacionalidad extranjera no podían contribuir dinero u otras cosas de valor, pero actuó a sabiendas y con intención al aceptar las aportaciones prometidas.  Por último, la licenciada Vázquez Garced también aceptó que, del asunto haberse dilucidado en juicio, el Gobierno de Estados Unidos hubiera presentado prueba en la forma de declaraciones de testigos, así como prueba física y documental, que hubiera probado más allá de toda duda razonable que ésta, a sabiendas y con intención, aceptó aportaciones políticas de parte de una persona de nacionalidad extranjera. 

Con estos hechos en mente, y a luz del derecho aplicable, concluimos que la conducta desplegada por la licenciada Vázquez Garced es contraria al Canon 38, supra.  Nótese que, conforme a los hechos admitidos por ella, aceptó la aportación de una persona extranjera con el propósito de beneficiar su campaña política primarista, a sabiendas de que tal actuación era ilegal.  Al actuar de esta manera, se apartó del deber ético de exaltar el honor y la dignidad de la profesión legal. De igual forma, el delito de financiamiento de campañas políticas por el cual se declaró culpable mientras ejercía sus funciones como gobernadora, menoscaba gravemente la confianza de la ciudadanía en los procesos electorales, así como la integridad y credibilidad que deben caracterizar a la profesión legal. 

Y es que nos encontramos ante un caso en el que la conducta deshonrosa de la abogada, ocurrida mientras se encontraba en funciones como gobernadora, vulnera las normas de conducta profesional que deben observar celosamente todos los abogados lacerando, además, la confianza del Pueblo en los funcionarios públicos y en los procesos electorales democráticos.  Como bien lo hemos expresado, “la condición de ser sólo los licenciados los que pueden practicar la abogacía en Puerto Rico hace que la clase togada disfrute de ciertos privilegios.  Esta posición privilegiada en nuestra sociedad le impone al abogado la obligación de mantener su imagen sin reproche legal o moral, irrespectivamente de la función que realice”.  In re Peña Peña, 153 DPR 642, 659, (2001). Sin duda, la conducta desplegada por la licenciada Vázquez Garced amerita la imposición de una sanción.  

Ahora bien, al realizar la tarea de fijar una sanción disciplinaria debemos considerar: (1) el historial del abogado; (2) su reputación; (3) si constituye su primera falta; (4) si se trata de una conducta aislada; (5) la aceptación de la falta y su sincero arrepentimiento; (6) el ánimo de lucro que medió en la actuación; (7) el resarcimiento al cliente, y cualquier otro factor pertinente, sea atenuante o agravante.  In re Rafols Van Derdys, 211 DPR 34, 44 (2022).  Dicha faena implica, además, observar como guía las sanciones impuestas a otros abogados por infracciones disciplinarias análogas. Íd. “Claro está, las circunstancias particulares de cada caso son determinantes”.  Íd.    

Por ejemplo, en In re Castro Ward, supra, suspendimos de forma permanente e indefinida a la abogada mediante el procedimiento sumario previsto en la Sec. 9 de la Ley de 1909, supra, luego de que ésta se declarara culpable, en conexión con el ejercicio de la abogacía, de dos (2) cargos menos graves (intento de introducir contrabando en una cárcel federal) tras alcanzar un preacuerdo con la Fiscalía y ser sentenciada por el Tribunal Federal. 

Por otro lado, en In re Falcón López, 189 DPR 689 (2013), este Tribunal suspendió indefinidamente a la abogada después de que se declarara culpable de cinco (5) delitos menos graves (consistentes en no conservar constancias suficientes para determinar su responsabilidad contributiva) tras alcanzar un preacuerdo y ser sentenciada por el foro primario, el cual le impuso una multa y una pena especial de $100 por cada cargo.  A raíz de estos hechos, y tras la designación de una Comisionada Especial, concluimos que la abogada había actuado en contravención de la Sec. 9 de la Ley de 1909, supra, así como del Canon 38, supra.         

En otro caso, In re Vázquez Torres II, supra, este Tribunal mediante una Opinión emitida en reconsideración, suspendió a la abogada por un término de seis (6) meses debido a hechos ocurridos con anterioridad a su admisión al ejercicio de la profesión.  Específicamente, tras alcanzar un acuerdo con la Fiscalía, la abogada se declaró culpable de perjurio ante el Tribunal Federal y fue sentenciada a cumplir un (1) año de probatoria.  Como circunstancias atenuantes, este Foro consideró el tiempo transcurrido entre la conducta imputada y la eventual aceptación de culpabilidad, el hecho de que la abogada completó verazmente la solicitud de admisión al ejercicio de la abogacía y que ejerció por más de dos (2) años sin señalamientos previos.[24]   

En In re Vega Morales, 167 DPR 331 (2006), la abogada fue declarada culpable por el tribunal de primera instancia de un delito menos grave (tentativa de apropiación ilegal agravada) por apropiarse de varias piezas de ropa interior de una tienda, por lo cual se dictó sentencia y se le impuso una multa de $200.  A raíz de estos hechos, el Procurador General presentó una querella contra la abogada al amparo de la     Sec. 9 de la Ley de 1909, supra, y del Canon 38, supra,      tras lo cual este Tribunal decretó su suspensión indefinida del ejercicio de la profesión.   

Además, en In re De la Texera Barnes, supra, suspendimos a dos abogados por el término de un (1) mes como consecuencia de un incidente por el cual fueron hallados culpables del delito menos grave de alteración a la paz y cada uno fue sentenciado al pago de una multa de $100. En este caso, este Tribunal dispuso del asunto al amparo del Canon 38, supra, ya que el incidente no ocurrió en el ejercicio de la profesión legal, por lo que no procedía la suspensión de los abogados conforme a la Sec. 9 de la Ley de 1909, supra.  

Asimismo, en In re Deynes Soto, 164 DPR 327 (2005), el abogado alcanzó un acuerdo con el Ministerio Público y se declaró culpable de varios delitos contra fondos públicos cometidos mientras ejercía como senador.  Por estos cargos se le impuso una pena de cuatro (4) años, con el beneficio de sentencia suspendida, además de una pena de restitución de $48,000.  Tras evaluar el informe del Comisionado Especial designado, este Tribunal ordenó su suspensión del ejercicio de la abogacía por un término de seis (6) meses, al amparo del Canon 38, supra.               

Por último, repasemos lo ocurrido en In re Peña Peña, supra.  En ese caso, el abogado fue acusado del delito de apropiación ilegal grave por hechos ocurridos mientras se desempeñaba como senador.  Posteriormente, alcanzó un acuerdo con el Departamento de Justicia de Puerto Rico mediante el cual la Fiscalía reclasificó los delitos imputados al delito menos grave de omisión en el cumplimiento del deber. En consecuencia, el abogado se declaró culpable y el foro primario dictó sentencia, imponiéndole una multa de $100.  Dado que el senador era abogado, el Procurador General presentó un informe ante este Foro para que tomáramos conocimiento de los referidos sucesos.  En cumplimiento de nuestras órdenes, se presentó una querella al amparo del Canon 38, supra, y de la Sec. 9 de la Ley de 1909, supra.  Luego de concluir que la Sec. 9 de la Ley de 1909 no aplicaba (principalmente porque no se trataba de un delito grave, no ocurrió en conexión con el ejercicio de la abogacía ni tampoco podía determinarse que la omisión en el cumplimiento del deber constituía un delito menos grave que implicara depravación moral), atendimos el asunto exclusivamente bajo el Canon 38, supra. Al disponer del caso, decretamos la suspensión indefinida del abogado por entender que su conducta mancilló la toga y deshonró el buen nombre de la profesión legal.    

Como vemos, existe una gama de casos que presentan algunos hechos similares al que nos ocupa, en los cuales se han impuesto sanciones de diversa duración.  Esta particularidad, en unión a otros elementos que discutiremos, resulta relevante en nuestra evaluación de la sanción a imponer en esta ocasión.  

En ese contexto, consideramos la trayectoria profesional de la licenciada Vázquez Garced como servidora pública en Puerto Rico a lo largo de casi 39 años en puestos como abogada en el Departamento de la Vivienda (1987-1988), fiscal (1989-2010), Procuradora de las Mujeres (2011-2016), Secretaria del Departamento de Justicia (2017-2019) y, finalmente, como gobernadora de Puerto Rico  (agosto 2019-enero 2021).  También tomamos en consideración el hecho de que nunca ha sido disciplinada por este Foro,   sus actuaciones constituyen su primera falta y se trata de un hecho aislado no relacionado a la práctica de la profesión legal.  Igualmente, aceptó su culpa al declararse culpable de sus actos,[25] y recibió un perdón presidencial total e incondicional.  Por otro lado, no podemos ignorar el hecho de que, dado a su amplia experiencia como abogada, fiscal, Secretaria de Justicia y funcionaria pública, la licenciada Vázquez Garced debía tener plena conciencia[26] de las consecuencias de sus actos al haber cometido un delito como el aquí envuelto (cuya comisión admitió), en violación a la ley.  Aún más, al momento de los hechos en cuestión, la licenciada Vázquez Garced ostentaba el máximo cargo en el Gobierno de Puerto Rico al desempeñarse como gobernadora. Como mencionamos anteriormente, su conducta menoscabó gravemente la confianza de la ciudadanía en los procesos electorales atentando contra la integridad misma del sistema electoral, mancillando igualmente la toga y deshonrando el buen nombre de la profesión legal.

Así, en virtud de nuestra facultad plenaria para disciplinar a un abogado cuando su conducta resulte contraria a los postulados éticos que rigen la profesión legal, independientemente del cargo que ocupe, suspendemos a la licenciada Vázquez Garced del ejercicio de la abogacía y la notaría de forma inmediata e indefinida.  Según ella misma admitió, la licenciada Vázquez Garced violó la ley a sabiendas y con intención de ello y, como dice el dicho en inglés,  “only has herself to blame”.[27] 

IV

Por los fundamentos antes expuestos, se suspende inmediata e indefinidamente a la licenciada Vázquez Garced del ejercicio de la abogacía y la notaría.

En consecuencia, se ordena al Alguacil de este Tribunal incautar la obra notarial que se encuentra bajo la custodia de la señora Vázquez Garced al igual que su sello notarial para entregarlos al Director de la Oficina de Inspección de Notarías para el correspondiente examen e Informe. 

Asimismo, la señora Vázquez Garced deberá notificar inmediatamente a todos sus clientes sobre su inhabilidad para continuar representándoles.  Además, deberá devolver a sus clientes los expedientes de los casos pendientes, así como los honorarios recibidos por trabajos no realizados. De igual manera, deberá informar inmediatamente de su suspensión a cualquier foro judicial y administrativo en los que tenga algún asunto pendiente y acreditar a este Tribunal el cumplimiento con lo anterior, dentro del término de treinta (30) días, contado a partir de la notificación de esta Opinión y su correspondiente Sentencia.  No hacerlo pudiera conllevar que no se le reinstale a la práctica de la profesión legal, de así solicitarlo en el futuro.

Por otro lado, en virtud de la suspensión de la práctica de la notaría, la fianza que garantiza las funciones notariales de la señora Vázquez Garced queda automáticamente cancelada.[28]  Esta fianza se considerará buena y válida por tres (3) años después de su terminación, en cuanto a los actos realizados durante el periodo en que ésta estuvo vigente.

Se dictará Sentencia en conformidad.

ROBERTO FELIBERTI CINTRÓN

Juez Asociado

SENTENCIA

 

En San Juan, Puerto Rico a 16 de marzo de 2026.

 

Por los fundamentos expuestos en la Opinión que antecede, la cual se hace formar parte íntegra de la presente Sentencia, se suspende de forma inmediata e indefinida a la Lcda. Wanda Vázquez Garced del ejercicio de la abogacía y la notaría. 

 

En consecuencia, se ordena al Alguacil de este Tribunal a incautar la obra notarial que se encuentra bajo la custodia de la señora Vázquez Garced al igual que su sello notarial para entregarlos al Director de la Oficina de Inspección de Notarías para el correspondiente examen e Informe. 

 

Asimismo, la señora Vázquez Garced deberá notificar inmediatamente a todos sus clientes sobre su inhabilidad para continuar representándoles.  Además, deberá devolver a sus clientes los expedientes de los casos pendientes, así como los honorarios recibidos por trabajos no realizados.    De igual manera, deberá informar inmediatamente de su suspensión a cualquier foro judicial y administrativo en los que tenga algún asunto pendiente y acreditar a este Tribunal el cumplimiento con lo anterior, dentro del término de treinta (30) días, contado a partir de la notificación de la Opinión y Sentencia. 

 

No hacerlo pudiera conllevar que no se le reinstale a la práctica de la profesión legal, de así solicitarlo en el futuro.

 

Por otro lado, en virtud de la suspensión de la práctica de la notaría, la fianza que garantiza las funciones notariales de la señora Vázquez Garced queda automáticamente cancelada.  Esta fianza se considerará buena y válida por tres (3) años después de su terminación, en cuanto a los actos realizados durante el periodo en que ésta estuvo vigente.

 

Notifíquese.

 

Lo acordó el Tribunal y certifica el Secretario del Tribunal Supremo.  El Juez Asociado señor Kolthoff Caraballo emitió una Opinión de Conformidad a la cual se unió la Jueza Asociada señora Pabón Charneco. El Juez Asociado señor Colón Pérez emitió una Opinión de Conformidad.

 

Javier O. Sepúlveda Rodríguez 

Secretario del Tribunal Supremo

 

-Opinión de Conformidad emitida por el Juez Asociado señor Kolthoff Caraballo a la que se une la Jueza Asociada señora Pabón Charneco

-Opinión de Conformidad emitida por el Juez Asociado señor COLÓN PÉREZ.