2026 JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO 2026

 2026 DTS 084 RODRIGUEZ NEGRON V. E.L.A. Y OTROS, 2026TSPR084

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

María Mercedes Rodríguez Negrón

Peticionaria

v.

Estado Libre Asociado de Puerto Rico y otros

Recurridos

Certiorari

2026 TSPR 84

218 DPR __, (2026)

218 D.P.R. __, (2026)

2026 DTS 84, (2026)

Número del Caso:  CC-2025-0453

Fecha:  4 de agosto de 2026

 

Tribunal de Apelaciones: Panel III

Representante legal de la parte peticionaria:              

Lcdo. Gaspar Martínez Mangual

Representante legal de la parte recurrida:

Lcda. Priscila Luna Rivera

Oficina del Procurador General:

Hon. Omar Andino Figueroa

Procurador General

Lcdo. Frank A. Rosado Méndez

Subprocurador General

Lcda. Mariela Reyes Huertas

Procuradora General Auxiliar

 

Materia: Municipios- Daños y Perjuicios- Ley Núm. 143-2019 –

Resumen: Inmunidad de los municipios por reclamaciones en daños y perjuicios por accidentes que ocurran en carreteras o aceras estatales que transcurren dentro de sus límites territoriales, siempre y cuando la entidad pública no adquiera un seguro de responsabilidad que se extienda a cubrir ese riesgo.

 

ADVERTENCIA

Este documento está sujeto a los cambios y correcciones del proceso de compilación y publicación oficial de las decisiones del Tribunal Supremo. Su distribución electrónica se hace como un servicio público a la comunidad.

Opinión del Tribunal emitida por la Jueza Asociada señora Pabón Charneco.

 

En San Juan, Puerto Rico, a 4 de agosto de 2026. 

 

            En González Meléndez v. Mun. San Juan et al., 212 DPR 601 (2023), determinamos que a partir de la aprobación de la Ley Núm. 143-2019, infra, los municipios gozan de inmunidad por reclamaciones en daños y perjuicios por accidentes que ocurran en carreteras o aceras estatales que transcurren dentro de sus límites territoriales. Hoy adjudicamos que, siempre y cuando la entidad pública no adquiera un seguro de responsabilidad que se extienda a cubrir ese riesgo, reflejando así una renuncia a su inmunidad, su aseguradora tampoco responderá en una acción directa.

I

            El 18 de enero de 2024, la Sra. María Mercedes Rodríguez Negrón (señora Rodríguez Negrón o peticionaria) presentó una Demanda sobre daños y perjuicios en contra del Municipio Autónomo de San Juan (Municipio), el Gobierno de Puerto Rico (Gobierno o Estado) y varias personas y entidades de nombres desconocidos. En su reclamación, la señora Rodríguez Negrón alegó que el 16 de noviembre de 2023 sufrió una caída en una acera ubicada en la Avenida Ponce de León, frente al Edificio Nacional en Hato Rey. Expuso que la acera en cuestión se encontraba en una condición “totalmente erosionada y destruida” y presentaba, además, “orificios y ondulaciones”, por lo que era previsible, a su entender, que en el lugar ocurrieran accidentes.[1]

            El Estado compareció mediante una Moción solicitando exposición más definida, en la que solicitó que se especificara con más detalle el lugar en donde había ocurrido el incidente. Por su parte, el Municipio presentó una Solicitud de Desestimación y/o Sentencia Sumaria Parcial. Alegó que la Avenida Ponce de León y sus aceras no están bajo su jurisdicción, control y mantenimiento, toda vez que el lugar le pertenece al Gobierno. De igual forma, expuso que de acuerdo con lo resuelto en González Meléndez v. Mun. San Juan et al., supra, la peticionaria estaba impedida de continuar con su causa de acción, pues las reclamaciones de daños y perjuicios en contra de municipios por accidentes ocurridos en carreteras o aceras estatales están prohibidas expresamente. Por tanto, solicitó que se desestimara la Demanda instada en su contra.

            Como consecuencia de lo expuesto, la señora Rodríguez Negrón presentó una Demanda Enmendada.[2] A su vez, instó una Moción en reacción a solicitud de sentencia sumaria en la que indicó no tener reparo en que se desestimara sin perjuicio la causa de acción presentada en contra del Municipio. Así las cosas, el 6 de mayo de 2024, el Tribunal de Primera Instancia notificó una Sentencia Parcial a esos efectos.

            Posteriormente, el Estado presentó una Contestación a Demanda Enmendada. Entre las defensas a su favor, reclamó, en lo pertinente, que conforme a la Ley Núm. 49 de 1 de diciembre de 1917, según enmendada, conocida como Ley de Travesías, 9 LPRA sec. 12 et seq. (Ley de Travesías), la Carretera PR-25 (Avenida Ponce de León) es travesía del Municipio desde el kilómetro 0.57 al kilómetro 4.20. Por lo tanto, adujo que ni el Gobierno ni el Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP) eran responsables del mantenimiento de la acera donde alegadamente ocurrió el accidente objeto del caso.

            Por su parte, la señora Rodríguez Negrón presentó una Moción solicitando enmendar Demanda por segunda ocasión y una Segunda Demanda Enmendada. Solicitó que, al amparo de la acción directa que contempla la Ley Núm. 77 de 19 de junio de 1957, según enmendada, conocida como Código de Seguros de Puerto Rico, 26 LPRA sec. 101 et seq. (Código de Seguros), se le permitiera acumular a Mapfre Praico Insurance Company (Mapfre) como aseguradora del Municipio. De igual forma, esta vez incluyó a Claro Puerto Rico (Claro) como parte demandada. Alegó que el Municipio o el Estado habían sido negligentes al supervisar los trabajos que ellos mismos o Claro llevaron a cabo para remover unos postes que contenían líneas de comunicación en el área en cuestión.

El foro primario autorizó la presentación de la Segunda Demanda Enmendada. En respuesta, Claro y Mapfre, como su aseguradora, presentaron una Solicitud de Desestimación Parcial y/o Sentencia Sumaria. Según reclamaron, no existía relación alguna entre Claro y los elementos que provocaron los hechos descritos en la Demanda. Añadieron que los presuntos tubos u ondulaciones que provocaron la alegada caída de la señora Rodríguez Negrón no le pertenecían ni fueron provocados por sus actos.

Ante ello, la peticionaria presentó una Moción de desistimiento voluntario sin perjuicio parcial en la que informó que desistía voluntariamente, sin perjuicio, de la causa de acción contra Claro y su aseguradora, Mapfre. Al mismo tiempo, la señora Rodríguez Negrón presentó una Moción solicitando permiso para enmendar la Demanda y una Tercera Demanda Enmendada. Expuso que, debido a los argumentos que hizo el Gobierno, se le hacía imperativo traer nuevamente al Municipio al pleito, ya que se le imputaba a este tener jurisdicción sobre la acera en controversia.

 El 14 de noviembre de 2024, el Tribunal de Primera Instancia autorizó la enmienda solicitada. De igual forma, ese mismo día, el foro primario notificó una Sentencia Parcial en la que concedió el desistimiento sin perjuicio de la reclamación en contra de Claro y Mapfre, como su aseguradora.[3]

Así las cosas, Mapfre compareció mediante una Solicitud de Desestimación y/o Sentencia Sumaria Parcial. Alegó que, en ausencia de causa de acción contra el Municipio, no respondía por los daños reclamados por la peticionaria.

Por su parte, el Estado se opuso y solicitó que se dictara sentencia sumaria a su favor. Sostuvo que la Ley de Travesías les impone a los municipios la responsabilidad de conservar y mantener las aceras en zonas urbanizadas. Por tanto, entendía que, a pesar de que la Avenida Ponce de León es una carretera estatal bajo la jurisdicción del DTOP, la acera donde ocurrió el incidente está en el tramo que le corresponde al Municipio, por lo que este viene obligado a mantenerla en condiciones seguras para los peatones. Añadió que, aunque el ayuntamiento goza de inmunidad estatutaria, el tribunal debía evaluar si la falta de mantenimiento fue la causa directa del incidente. Señaló que, de ser así, entonces el tribunal tenía que considerar si el Municipio incurrió en negligencia al incumplir con su deber de mantener la acera en condiciones seguras y, en consecuencia, si a la peticionaria le asistía una indemnización por los daños sufridos. Adujo que la desestimación a favor del Municipio y su aseguradora no era automática porque, aunque el Municipio no respondía económicamente, sí estaría sujeto a la imposición de una porción de responsabilidad, lo que lo hacía parte indispensable.

La señora Rodríguez Negrón también presentó una oposición. Expresó que Mapfre presentó una Certificación no juramentada en la que afirmó que la acera le pertenecía al DTOP, mientras que el Gobierno, por su parte, presentó una Certificación no juramentada alegando que el mantenimiento le pertenecía al Municipio. Por lo cual, argumentó que, con esas Certificaciones diametralmente contradictorias, el foro primario estaba impedido de dictar sentencia sumaria y, por el contrario, debía ordenar un descubrimiento de prueba.

Evaluados los escritos, el 17 de diciembre de 2024, el Tribunal de Primera Instancia notificó una Resolución Interlocutoria y Orden mediante la cual acogió los argumentos de la peticionaria y denegó las mociones dispositivas. Al así proceder concluyó que existía controversia sobre la jurisdicción, control y mantenimiento del lugar donde ocurrió la caída de la señora Rodríguez Negrón.

Ulteriormente, el Municipio presentó un Aviso de comparecencia y en unión a solicitud y postura de Mapfre Praico Insurance Company.[4] Al mismo tiempo, Mapfre y el Municipio presentaron una Moción de Reconsideración. En esta expusieron que de acuerdo con lo dispuesto en el Art. 1.053(g) de la Ley Núm. 107-2020, según enmendada, conocida como Código Municipal de Puerto Rico, 21 LPRA sec. 7084 (Código Municipal), y el caso de González Meléndez v. Mun. San Juan et al., supra, la peticionaria carecía de una causa de acción contra el Municipio, aun cuando se determinara que este último tenía a cargo el mantenimiento de la acera estatal. Argumentaron que, teniendo inmunidad el Municipio, no era posible que se reclamara contra su aseguradora.[5]

Tanto la señora Rodríguez Negrón como el Estado se opusieron a la solicitud de reconsideración del Municipio y Mapfre.

Luego de celebrar una Vista Argumentativa sobre el asunto, el 28 de febrero de 2025, el Tribunal de Primera Instancia notificó una Sentencia Parcial y Orden. A través de esta, y luego de expresar que no había controversia en cuanto a que la acera ubicaba en una avenida estatal, determinó reconsiderar únicamente con respecto al Municipio, y desestimó con perjuicio la reclamación en su contra. En lo que respecta a Mapfre, el foro primario le ordenó que mostrara causa por la cual no debía denegar su solicitud, a tenor con lo dispuesto en el Art. 20.050 del Código de Seguros, 26 LPRA sec. 2004. Particularmente, le requirió que expusiera la razón por la cual, aun bajo la defensa de inmunidad de su asegurado, Mapfre no debía responder conforme a la póliza expedida en este caso, cuando estatutariamente existe una acción directa en contra del asegurador.

Según ordenado, Mapfre presentó una Moción en Cumplimiento de Orden. A grandes rasgos, expuso que, decretada la inexistencia de una causa de acción en contra del Municipio, no podía existir una reclamación en su contra. Adujo que el Código de Seguros establece que la aseguradora únicamente responde si su asegurado viene obligado legalmente a hacerlo. Además, añadió que mediante la Ley Núm. 143-2019 (2019 [Parte 2] Leyes de Puerto Rico 2017) —la cual enmendó la Ley Núm. 81-1991, conocida como Ley de Municipios Autónomos de Puerto Rico, 21 LPRA ant. sec. 4001 et seq. (Ley de Municipios Autónomos)— la Asamblea Legislativa pretendía proteger los recursos fiscales de los municipios, incluyendo aquellos incurridos en el pago de las primas a aseguradoras por casos de daños y perjuicios. Por lo cual, entendía que obligarle a permanecer en el pleito atentaba directamente contra el fin legislativo.

Tras concedérsele un término, la señora Rodríguez Negrón se opuso nuevamente. Alegó que Mapfre no logró establecer razón alguna por la cual el Tribunal de Primera Instancia debía dejar de aplicar el Art. 20.050 del Código de Seguros, supra. Esto, en cuanto a que, para que una póliza de seguro de una entidad gubernamental sea válida, la misma debe disponer que el asegurador no podrá aducir la defensa de inmunidad gubernamental en ninguna acción que sea incoada en su contra con arreglo a dicha póliza o en virtud de la misma. Concluyó que, al amparo de lo anterior, el foro primario no podía extenderle a Mapfre una inmunidad que, por mandato de ley, se le prohibía levantar como defensa.

El 10 de abril de 2025, el Tribunal de Primera Instancia notificó una Resolución en la que denegó reconsiderar su decisión de no desestimar el caso a favor de Mapfre, como aseguradora del Municipio. Expresó que nuestro ordenamiento busca proteger al perjudicado y garantizar que este pueda ser indemnizado según el límite de responsabilidad establecido en la póliza de seguro. Añadió que, según el Art. 20.050 del Código de Seguros, supra, en los casos que se trate de la aseguradora del Estado, sus dependencias, municipios u otras subdivisiones políticas, aun cuando estos respondan por el límite de responsabilidad establecido por ley, la aseguradora responde hasta el grado de indemnización cobrable real provisto por el Contrato de Seguro. Haciendo alusión a Rodríguez v. Maryland Casualty Company, 369 F. Supp. 1144 (1971) y a Mintatos v. Municipality of San Juan ACE, 322 F. Supp. 2d 143 (D.P.R. 2004), el foro primario expresó que en el ámbito federal se ha interpretado que el límite de responsabilidad de un municipio no se extiende a su aseguradora, pues fue creado para el beneficio y protección del municipio únicamente. Comparó la situación del caso de autos con lo ocurrido en Aetna Life & Cas. Co. v. Americana of P.R., 103 DPR 681 (1975), en donde se manifestó que la exención estatutaria de responsabilidad concedida a un hotel no beneficiaba a la aseguradora de este por tratarse de un privilegio y una defensa personal o privativa del primero.

En vista de lo expuesto, el Tribunal de Primera Instancia razonó que le parecía impertinente si el Municipio poseía inmunidad por sus acciones u omisiones en la administración, mantenimiento o conservación de las aceras estatales, pues entendía que la responsabilidad de la aseguradora provenía de una acción directa e independiente. En consecuencia, y en ausencia de evidencia de que la póliza excluyera específicamente cubierta a acciones u omisiones culposas o negligentes, el foro primario concluyó que no procedía extender la inmunidad del Municipio como defensa en la acción directa contra la aseguradora.

Inconforme, el 9 de mayo de 2025, Mapfre presentó una petición de certiorari ante el Tribunal de Apelaciones. El 29 de mayo de 2025, el foro apelativo intermedio notificó una Sentencia mediante la cual revocó la Resolución Interlocutoria y Orden del Tribunal de Primera Instancia. Al así hacerlo, coligió que el foro primario había errado al mantener a Mapfre en el pleito, puesto que la ley y los hechos del caso reflejaban la inexistencia de una causa de acción en contra del Municipio por el accidente ocurrido en la acera estatal. Por lo cual, no habiendo una reclamación en contra del Municipio, consideró que no existía una razón por la que Mapfre tuviera que responder al amparo de su póliza. Según el Tribunal de Apelaciones, nuestro ordenamiento presupone la existencia de una causa de acción en contra de la entidad pública para que una parte perjudicada tenga la opción de presentar una acción directa contra su aseguradora.

Insatisfecha con el revés judicial, la peticionaria presentó una Moción de Reconsideración, pero la misma fue denegada por el foro apelativo intermedio mediante Resolución notificada el 20 de junio de 2025. Todavía inconforme, el 18 de julio de 2025, la señora Rodríguez Negrón presentó un recurso de certiorari ante nos y reclamó que el Tribunal de Apelaciones incurrió en los errores siguientes:

PRIMER ERROR: ERRÓ EL TRIBUNAL DE APELACIONES AL INTERPRETAR EL ARTÍCULO 20.050(2) DEL C[Ó]DIGO DE SEGURO[S] TITULADO SEGURO DE RESPONSABILIDAD SOBRE ENTIDADES PÚBLICAS, Y RESOLVER QUE EL SIGNIFICADO DE LA PROHIBICI[Ó]N LEGAL EXPRESA DE DICHO ESTATUTO DE LEVANTAR POR EL ASEGURADOR LA DEFENSA DE INMUNIDAD GUBERNAMENTAL SE REFIERE [Ú]NICAMENTE A LOS TOPES DE RESPONSABILIDAD DE $75,000 Y $150,000 Y NO AL T[É]RMINO DE [SIC] LEGAL INMUNIDAD DEFINIDO POR ESTE HONORABLE TRIBUNAL SUPREMO.

 

SEGUNDO ERROR: ERRÓ EL TRIBUNAL DE APELACIONES AL RESOLVER QUE UN PERJUDICADO QUE SUFRE UN ACCIDENTE EN UNA ACERA ESTATAL, PERO QUE ESA ACERA ES MANTENIDA POR EL MUNICIPIO, NO TIENE DERECHO A ENTABLAR UNA ACCI[Ó]N DIRECTA CONTRA SU COMPA[ÑÍ]A DE SEGURO, QUIEN POR DISPOSICI[Ó]N EXPRESA DEL C[Ó]DIGO DE SEGURO[S] 20.050(2) NO PUEDE LEVANTAR, NI INCLUIR EN SU P[Ó]LIZA LA DEFENSA DE INMUNIDAD GUBERNAMENTAL DE SU ASEGURADO EL MUNICIPIO, QUIEN ES EL [Ú]NICO QUE GOZA DE ESA INMUNIDAD.

 

            Contando con la comparecencia de las partes, y habiéndose expedido el auto de certiorari, nos encontramos en posición de resolver.

II

A.    Inmunidad Municipal

 

El Código Municipal consiste “de una compilación sistemática, ordenada y actualizada de toda legislación municipal aprobada por la Asamblea Legislativa de Puerto Rico referente a la organización, gobierno, administración y funcionamiento de los municipios”. Art. 1.002 del Código Municipal, 21 LPRA sec. 7002. Este cuerpo de normas “describe y ofrece el marco legal y jurídico para el descargue y ejecución de sus facultades, competencias y funciones”. Íd.

Entre las capacidades reconocidas a los municipios en esta legislación se encuentran las de “[d]emandar y ser demandado”. Art. 1.008(b) del Código Municipal, 21 LPRA sec. 7013. Así pues, como norma general, las reclamaciones de daños y perjuicios en contra de los municipios están permitidas, sujetas a unos requisitos de notificación y ciertos límites estatutarios. Arts. 1.051 y 1.052 del Código Municipal, 21 LPRA secs. 7082 & 7083. Sin embargo, existen instancias en las que la Asamblea Legislativa ha prohibido la presentación de reclamaciones extracontractuales en contra de estos entes públicos y, en cambio, les concedió inmunidad. Entre ellas, se encuentran las ocasiones en que ocurren accidentes en carreteras y aceras estatales. Art. 1.053(g) del Código Municipal, 21 LPRA sec. 7084. Debemos recordar que “la inmunidad supone la inexistencia de una causa de acción, mientras que la imposición de límites de responsabilidad meramente establece un tope a la compensación que la parte demandante debe recibir”. (Énfasis suprimido). Negrón Castro et al. v. SLG et al., 2025 TSPR 96, págs. 19-20, 216 DPR __ (2025). Véanse, además, Ortiz et al. v. Hosp. San Lucas et al., 205 DPR 222, 229 (2020); Rodríguez Figueroa et al. v. Centro de Salud, 197 DPR 876, 884-885 (2017). Por ende, “ambas figuras, aunque persiguen un fin similar, son excluyentes, dado que la aplicación de una necesariamente excluye la aplicación de la otra”. Íd.

En González Meléndez v. Mun. San Juan et al., supra, adjudicamos la controversia de si los municipios deben responder por reclamaciones en daños y perjuicios instadas en su contra por accidentes ocurridos en carreteras o aceras pertenecientes al Estado, pero que transcurren dentro de los límites territoriales municipales. Para ello, examinamos la derogada Ley de Municipios Autónomos y la enmienda que introdujo a ese estatuto la Ley Núm. 143-2019. Al así hacerlo, precisamos que el inciso (g) del Art. 15.005 (idéntico al ahora inciso (g) del Art. 1.053 del Código Municipal, supra) fue incorporado con el propósito de “proteger a los municipios contra acciones o reclamaciones por daños y perjuicios cuando ocurran accidentes en las carreteras o aceras propiedad del gobierno estatal”. González Meléndez v. Mun. San Juan et al., supra, pág. 614. Esto surge pues, “[e]l legislador consideró que la presentación de dichas acciones en contra de los municipios impactaría la precaria situación fiscal de estos últimos y provocaría un aumento significativo en los costos de las pólizas de responsabilidad pública”.[6] Íd., págs. 614-615.

En ese sentido, tras tomar en cuenta las expresiones previas de este Foro y las disposiciones de la Ley de Travesías y de otros estatutos pertinentes,[7] arribamos a la conclusión de que el factor determinante para que los municipios no respondan por daños y perjuicios en casos como estos es que exista un vínculo directo entre un accidente y el hecho de que el mismo ocurra en una carretera o acera propiedad del Estado. Es decir, una vez se determine que la carretera (y, por ende, su acera) es estatal, resulta inmaterial si el Municipio mantuvo la servidumbre de paso en condiciones razonables, pues la Asamblea Legislativa limitó la responsabilidad de este como cuestión de política pública y no contempló excepción alguna en ley. 

B.     Derecho de Seguros

 

i.        Contrato de Seguros en general

El negocio de los seguros está revestido de un alto interés público. Serrano Picón v. Multinational Life Ins., 212 DPR 982, 988-989 (2023); W.M.M., P.F.M. et al. v. Colegio et al., 211 DPR 871, 884 (2023); San Luis Center Apts. et al. v. Triple-S, 208 DPR 824, 831 (2022). Esto, se debe a la importancia, la complejidad y el efecto que tiene en la economía y la estabilidad de nuestra sociedad. Carrasquillo Pérez et. al. v. CSM, 214 DPR 1033, 1049 (2024); Consejo Titulares v. MAPFRE, 208 DPR 761, 773 (2022); Maderas Tratadas v. Sun Alliance et al., 185 DPR 880, 896 (2012).

En Puerto Rico, esta actividad se encuentra regulada extensamente en el Código de Seguros. Serrano Picón v. Multinational Life Ins., supra, pág. 989; Consejo Titulares v. MAPFRE, supra, pág. 773. A su vez, está sujeta, de manera supletoria, a las disposiciones del Código Civil. Íd. Incluso, en vista de que nuestro Código de Seguros integra elementos de diversos sistemas de derecho, es posible recurrir a las normas más avanzadas del derecho civil y angloamericano por su valor persuasivo. Consejo de Titulares v. Triple-S, 2025 TSPR 82, 216 DPR __ (2025) (citando a SLG Albert-García v. Integrand Asrn., 196 DPR 382, 389 (2016)). Véase, además, CSMPR v. Carlo Marrero et als., 182 DPR 411, 424 (2011).

El Código de Seguros define el “seguro” como “el contrato mediante el cual una persona se obliga a indemnizar a otra o a pagarle o a proveerle un beneficio específico o determinable al producirse un suceso incierto previsto en el mismo”. Art. 1.020 del Código de Seguros, 26 LPRA sec. 102. Por su parte, cataloga la “póliza” como “el instrumento escrito en que se expresa [el] contrato de seguro”. Art. 11.140 del Código de Seguros, 26 LPRA sec. 1114.

La póliza de seguro contiene “los derechos y obligaciones de las partes contratantes, el nombre del asegurador y asegurado, la naturaleza de los riesgos que cubre, la cantidad del seguro, la declaración de la prima y las condiciones y exclusiones correspondientes al seguro”.  R. Cruz, Derecho de Seguros, San Juan, Pubs. JTS, 1999, pág. 4. En lo pertinente, las exclusiones son las que “limitan o excluyen el alcance de las cubiertas”. R. Cruz, op. cit., pág. 10. Es decir, estas excluyen de la cubierta general los riesgos o peligros que el asegurador así exprese. Íd. Por su parte, las condiciones contienen los derechos y las obligaciones tanto del asegurador como del asegurado. Íd., pág. 11. Es en esta parte “donde el asegurador condiciona su obligación indemnizatoria y también expresa cuáles son sus derechos y los del asegurado”. Íd.

El contrato de seguro debe “[i]nterpretarse globalmente, a base del conjunto total de sus términos y condiciones, según se expresen en la póliza y según se hayan ampliado, extendido, o modificado por aditamento, endoso o solicitud adherido a la póliza y que forme parte de [e]sta”. Art. 11.250 del Código de Seguros, 26 LPRA sec. 1125. Ahora bien, debido a que este acuerdo es uno típico de adhesión, ante cualquier cláusula oscura con algún tipo de ambigüedad, dicho contrato será interpretado liberalmente en favor del asegurado y restrictivamente en contra del asegurador redactor del contrato. Art. 1248 del Código Civil 2020, 31 LPRA sec. 9802; R. Cruz, op. cit., pág. 2.

ii.      Seguros públicos y la inmunidad gubernamental

Cuando una entidad gubernamental goza de inmunidad y adquiere un seguro de responsabilidad civil es posible que se generen diversas interrogantes. 7A Couch on Insurance 3d Sec. 103:3 (2025). Entre ellas, y de particular importancia al caso de epígrafe, puede preguntarse: ¿indica la adquisición del seguro la intención de renunciar a la inmunidad? Existen dos corrientes de opinión al respecto. Una de ellas sostiene que la inmunidad de una entidad gubernamental frente a responsabilidad extracontractual no se ve afectada por la contratación de un seguro destinado a protegerla de tal responsabilidad. Íd. Otras jurisdicciones, sin embargo, han aprobado legislación o resuelto judicialmente que la inmunidad gubernamental frente a la responsabilidad extracontractual se renuncia mediante la contratación de un seguro de indemnización y que el asegurador no puede invocar la defensa de inmunidad del ente gubernamental. Íd. En esos casos, la renuncia que se deriva de la contratación del seguro pudiera limitarse en su alcance a la cubierta que provea la póliza. Íd. Un análisis de los artículos pertinentes del Código de Seguros y de la jurisprudencia interpretativa al respecto refleja que en Puerto Rico hemos adoptado ese último escenario. Veamos.

Los seguros de responsabilidad son considerados un tipo de seguro contra accidentes. Véase, Art. 4.080 del Código de Seguro, 26 LPRA sec. 408. Las disposiciones relativas a los seguros contra accidentes están contenidas dentro del Capítulo 20 del Código de Seguros. En cuanto a la responsabilidad del asegurador, el Art. 20.010 dispone que:

El asegurador que expidiere una póliza asegurando a una persona contra daños o perjuicios, por causa de responsabilidad legal por lesiones corporales, muerte o daños a la propiedad de una tercera persona, será responsable cuando ocurriere una pérdida cubierta por dicha póliza, y el pago de dicha pérdida por el asegurador hasta el grado de su responsabilidad por la misma, con arreglo a la póliza, no dependerá del pago que efectué el asegurado en virtud de sentencia firme dictada contra él con motivo del suceso, ni dependerá de dicha sentencia. (Negrillas y subrayado suplidos).[8] 26 LPRA sec. 2001.

 

Con respecto a los litigios contra el asegurado y el asegurador, el Art. 20.030 del Código de Seguros, añade lo siguiente:

(1) La persona que sufriere los daños y perjuicios tendrá, a su opción, una acción directa contra el asegurador conforme a los términos y limitaciones de la póliza, acción que podrá ejercitar contra el asegurador solamente o contra [e]ste y el asegurado conjuntamente. La acción directa contra el asegurador se podrá ejercer solamente en Puerto Rico. La responsabilidad del asegurador no excederá de aquella dispuesta en la póliza, y el tribunal deberá determinar no solamente la responsabilidad del asegurador, sino que también la cuantía de la pérdida. Cualquier acción incoada conforme a esta sección estará sujeta a las condiciones de la póliza o contrato y a las defensas que pudieran alegarse por el asegurador en acción directa instada por el asegurado.

(2) En una acción directa incoada por la persona que sufriere los daños y perjuicios contra el asegurador, [e]ste está impedido de interponer aquellas defensas del asegurado basadas en la protección de la unidad de la familia u otras inmunidades similares que estén reconocidas en el ordenamiento jurídico de Puerto Rico.

(3) […].[9] (Negrillas suplidas). 26 LPRA sec. 2003.

 

            Por su parte, y en lo relacionado a los seguros de responsabilidad sobre entidades públicas, el Art. 20.050 detalla que: 

(1) La obtención de un seguro de responsabilidad por el Estado Libre Asociado de Puerto Rico, sus dependencias o entidades, y por los municipios y otras subdivisiones políticas, no constituirá ni se estimará que constituye una renuncia de inmunidad gubernamental, si la hubiere, en la responsabilidad por actos u omisiones en que hubiere mediado culpa o negligencia por agentes y empleados públicos, excepto hasta el grado de la indemnización cobrable real y efectivamente provista por dicho seguro en cuanto a un suceso en particular. Sin embargo, no se considerará que existe tal renuncia de inmunidad en cuanto a ninguna reclamación o demanda contra tal entidad pública, a menos que dicha entidad renuncie expresamente a la inmunidad.

(2) Todas dichas pólizas de seguro deberán disponer que el asegurador no podrá aducir la defensa de inmunidad gubernamental en ninguna acción incoada contra el asegurador con arreglo a dicha póliza o en virtud de la misma.

(3) […].[10]  (Negrillas y subrayado suplidos). 26 LPRA sec. 2004.

 

En el pasado, al interpretar los Art. 20.010 y 20.030 del Código de Seguros, supra, reconocimos “que [un] asegurador solo será responsable, según una póliza de seguros de responsabilidad civil, si el asegurado ha sido culposo o negligente”. SLG Albert-García v. Integrand Asrn., supra, pág. 394. Véase, además, Almonte De Mejía v. Díaz, 86 DPR 111, 114 (1962). De igual forma, hemos establecido que cuando no existe una causa de acción en contra de un asegurado por este ser inmune, el asegurador también carece de responsabilidad legal ante un tercero reclamante. Sobre el particular, hemos dispuesto que:

No se trata […] de una defensa que pudiera levantar el asegurado y que, por consiguiente, esté impedida de derivar beneficio de ella la compañía aseguradora. Se trata, por el contrario, […] de la inexistencia de una causa de acción contra el Municipio asegurado. Por imperativo del arte de razonar correctamente—lógica—debemos concluir que no existiendo una causa de acción ejercitable contra el Municipio, no puede venir a responder una aseguradora por lo que en derecho es inexistente. El contrato de seguros no se puede extender para cubrir una responsabilidad que no tiene el asegurado.[11] (Negrillas suplidas, bastardillas en el original). Admor F.S.E. v. Flores Hnos. Cement Prods., 107 DPR 789, 794 (1978).

 

Ahora bien, en casos como el citado no se han evaluado las controversias atendidas a la luz de lo dispuesto en el Art. 20.050 del Código de Seguros, supra.[12] Por lo cual, hoy aclaramos que, bajo la mencionada disposición, lo determinante será si la entidad pública contrajo una póliza de responsabilidad cuyas disposiciones reflejen la intención de renunciar a la inmunidad que posee. Para ello, habrá que examinar las disposiciones del seguro adquirido con el fin de precisar el grado de indemnización cobrable al amparo del mismo. En particular, se deberá observar si la póliza brinda cubierta por el acto por el cual el ente público es inmune.[13] De ser así, la aseguradora quedará sujeta a responder en una acción directa hasta el grado de indemnización cobrable real y efectivamente provisto por el seguro.

Expuesto el marco jurídico aplicable, pasemos a resolver.

III

En este caso, no existe controversia en cuanto a que la acera en donde ocurrió el accidente alegado por la señora Rodríguez Negrón ubica en una carretera estatal. Por tanto, conforme a nuestras expresiones en González Meléndez v. Mun. San Juan et al., supra, aun cuando el Municipio fuese responsable por el mantenimiento de la acera en cuestión, el ente público goza de inmunidad frente a reclamos de terceros. Ante ello, la interrogante a adjudicar es si Mapfre, como su aseguradora, debe permanecer en el pleito con el fin de responder de determinarse que hubo negligencia por parte del Municipio. Para contestar dicha premisa, y conforme al derecho antes expuesto, debemos examinar si existía alguna póliza de responsabilidad expedida a favor del Municipio que cubra el riesgo reclamado en el caso, a saber: un accidente ocurrido en una acera estatal, para la cual el ayuntamiento pudiese tener el deber de cuidar y mantener al amparo de la Ley de Travesías.

Sobre el particular, si bien del expediente observamos que para el periodo en que acontecieron los hechos alegados había una póliza de responsabilidad emitida por Mapfre, la cubierta y las condiciones especiales del acuerdo en torno a la responsabilidad pública del Municipio comprendía, en lo pertinente, lo siguiente:

SECTION I - COVERAGES

COVERAGE A - BODILY INJURY AND PROPERTY DAMAGE LIABILITY

1. Insuring Agreement

a. We will pay those sums that the insured becomes legally obligated to pay as damages because of “bodily injury” or “property damage” to which this insurance applies”. […]

SPECIAL CONDITIONS

[…]

II. COMMERCIAL GENERAL LIABILITY CONDITIONS

[…]

3. EXTENSION ENDORSEMENT

It is hereby understood and agreed that any and all premises owned, newly acquired, leased, borrowed, and/or occupied by the Municipality of San Juan are covered to office buildings municipality, streets, avenues, highways, sidewalks and other paved surfaces, roads, recreational facilities, including swimming pools, beaches, gymnasiums, coliseums, basketball, volleyball and tennis courts, baseball stadiums and parks, playgrounds, plazas, day care and elderly care centers, head start centers, health facilities, schools, municipal police stations and firing ranges, museums, theater, hotels, parking, cemeteries, waste landfills and/or garbage or refuse dumps, recycling collection centers, water treatment plants, sewers, public housing building, warehouses, land and vacant lands will be covered under this policy all while located in [sic] anywhere in Puerto Rico.

It is here by understood and agreed that any and all of the Municipality of San Juan’s operations are covered under this policy to those listed on the attached classification schedule those [sic] related to the above mentioned premises, such as cleaning, maintenance, construction, and repairs of the insured premises, fairs (fiestas patronales) carnivals, sporting contests, (wherever conducted), summer camps, recreational and cultural activities, athletic games and exhibitions sponsored by the Insured, construction activities, excavations works, contractor’s and mobile equipment operation, unless specifically excluded.

[…]

11. HOUSING PROJECTS, STATE SCHOOLS, AND STATE ROADS COVERAGE

This policy shall apply to claims or “suits” against the Insured alleging bodily injury or property damage arising in connection with any Housing Project, State School, or State Road for which the Insured is, or may become, responsible under a current or future management or administration contract. (Negrillas y subrayado suplidos). Apéndice del Certiorari, págs. 302, 346, 348-349 & 352.

 

Así pues, una lectura de la póliza de seguro y, particularmente, de las cláusulas citadas, permite colegir que el grado de indemnización provisto en el acuerdo no incluía reclamaciones por daños ocurridos en carreteras o aceras pertenecientes al Estado cuyo deber de conservar o mantener le correspondiese al Municipio por ser una travesía dentro de su límite territorial. Contrario a ello, la Póliza refleja que la misma brindaba cubierta, de manera general, por reclamaciones en las que el ente público estuviese “obligado a pagar legalmente” alguna cuantía.[14] En otras palabras, la misma cubría instancias en las que surgiese alguna reclamación válida de responsabilidad en contra del Municipio, lo que aquí no sucede. Si bien observamos que las condiciones especiales del acuerdo extendieron la cubierta para incluir ciertos riesgos particulares (tales como accidentes ocurridos en aceras o carreteras pertenecientes al Municipio o que fuesen del Estado, pero que el ayuntamiento hubiese pactado manejar o administrar) en este caso no se ha alegado afirmativamente ni se ha puesto en controversia que estemos ante alguno de esos escenarios.

En vista de ello, entendemos que Mapfre no debe permanecer en este pleito. Como expusimos previamente, la responsabilidad de una aseguradora en situaciones como la presente está condicionada a que el Municipio haya adquirido una póliza de seguro que cubra el riesgo reclamado, de manera que se constituya una renuncia a la inmunidad del ayuntamiento en la extensión que contempla el Art. 20.050 del Código de Seguros, supra. De no acreditarse la existencia de dicha cubierta, no es posible sujetar a una aseguradora a responder en acción directa por un asunto que no pactó.

Revisado de novo el expediente, y luego de verificar que se cumplen los requisitos de forma y que no existen hechos materiales en controversia, entendemos que el Tribunal de Primera Instancia se equivocó en su razonar. Véase: Regla 36 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V; Meléndez González et al. v. M. Cuebas, 193 DPR 100, 117-119 (2015). Al amparo del derecho aplicable, y de los documentos que obran en los autos del caso, procedía la desestimación de la causa de acción en contra de Mapfre. Por ende, confirmamos el dictamen del foro apelativo intermedio. No obstante, el pleito continuará en contra del Estado.

IV

            Por los fundamentos antes expuestos, se confirma la Sentencia recurrida del Tribunal de Apelaciones. Se devuelve el caso al Tribunal de Primera Instancia para que continúen los procedimientos de acuerdo con lo aquí resuelto.

            Se dictará Sentencia en conformidad.

Mildred G. Pabón Charneco

Jueza Asociada

SENTENCIA

 

En San Juan, Puerto Rico, a 4 de agosto de 2026. 

 

             Por los fundamentos expuestos en la Opinión que antecede, los cuales se hacen formar parte de esta Sentencia, se confirma la Sentencia recurrida del Tribunal de Apelaciones. Se devuelve el caso al Tribunal de Primera Instancia para que continúen los procedimientos de acuerdo con lo aquí resuelto.

           

Lo acordó el Tribunal y certifica el Secretario del Tribunal Supremo. La Jueza Presidenta Oronoz Rodríguez y el Juez Asociado señor Estrella Martínez disienten con Opinión escrita.  El Juez Asociado señor Colón Pérez disiente del curso de acción seguido por una mayoría de este Tribunal en el presente caso y hace constar las siguientes expresiones:

 

En esta ocasión, estábamos llamadas y llamados a justipreciar si procede, o no, una acción directa instada en contra de una aseguradora de un municipio por un accidente ocurrido en una acera estatal dentro de su jurisdicción. Lo anterior, ante una alegada inmunidad que cobija a la referida entidad pública asegurada. A nuestro juicio, dicha interrogante ya fue contestada, -- con meridiana claridad --, por la Asamblea Legislativa: “[E]l asegurador no podrá aducir la defensa de inmunidad gubernamental en ninguna acción incoada contra el asegurador con arreglo a dicha póliza o en virtud de la misma”. (Énfasis suplido). Art. 20.050 de la Ley Núm. 77 de 19 de junio de 1957, mejor conocida como el Código de Seguros de Puerto Rico (en adelante, “Código de Seguros”), 26 LPRA secs. 101 et seq.

 

No empece a ello, hoy una mayoría de mis compañeras y compañeros de estrado, en un lamentable proceder, decide ignorar el lenguaje inequívoco de la precitada disposición estatutaria, bajo el pretexto de cumplir su supuesto espíritu. Ello, en un empeño forzado de liberar de responsabilidad a las compañías aseguradoras, en perjuicio de quienes han sufrido accidentes a causa de actuaciones u omisiones negligentes de las administraciones municipales en el desempeño de su deber de mantener condiciones seguras en las vías peatonales dentro de su demarcación territorial.

 

Conocido es el principio de hermenéutica que instaura nuestra legislación civil de que “[c]uando la ley es clara y libre de toda ambigüedad, su texto no debe menospreciarse bajo el pretexto de cumplir su espíritu”. Art. 19 del Código Civil, 31 LPRA 5341. En lo que a la causa de epígrafe se refiere, no vemos qué valor o principio de mayor jerarquía podría justificar apartarse de esa norma tan fundamental de interpretación estatutaria.

 

Y es que, tal como expusimos recientemente al enfrentarnos a una controversia similar a la de autos, incluir una cláusula en una póliza para limitar, -- sin hacer excepción alguna --, la responsabilidad de una compañía aseguradora a aquella a la que su entidad pública asegurada realmente termine obligada a indemnizar tiene el efecto práctico de circunvenir la referida prohibición expresa del Código de Seguros, supra, por lo que se tiene que considerar nula al ser contraria a la ley y al orden público. Negrón Castro et. al. v. SLG et al., 2025 TSPR 96, págs. 32-36, 216 DPR __ (2025) (Colón Pérez, opinión concurrente). Ello, toda vez que la ley y la jurisprudencia prohíben que las aseguradoras, al ser demandadas directamente por daños y perjuicios, interpongan defensas personales de sus entidades públicas aseguradas, las cuales fueron creadas para proteger a estas últimas, y no a las primeras. Íd., pág. 36. Véase, además, Rodríguez v. Integrand Assurance Company, 196 DPR 382, 393 (2016); Torres Pérez v. Colón García, 105 DPR 616, 627 (1977); Cortés Román v. Estado Libre Asociado De Puerto Rico, 106 DPR 504, 506; Vázquez v. Northern Assurance Co., 92 DPR 245, 253 (1965).

 

Siendo ello así, somos del criterio de que, -- como correctamente sentenció el Tribunal de Primera Instancia --, en el presente litigio, no procedía desestimar sumariamente una acción directa incoada en contra de una aseguradora que se ha querido beneficiar de una exoneración legal que, simple y sencillamente, no fue creada para ella ni está a su alcance, por mandato legislativo expreso. Como ese no fue el curso de acción aquí seguido, respetuosamente, no nos queda más que disentir del dictamen que hoy emite este Tribunal.

 

Javier O. Sepúlveda Rodríguez

Secretario del Tribunal Supremo

 

-La Jueza Presidenta ORONOZ RODRÍGUEZ emitió una Opinión disidente

-Opinión disidente del Juez Asociado Señor ESTRELLA MARTÍNEZ.